Un periodista ecuatoriano abandonó el país hace un mes tras sufrir una secuencia de hechos delincuenciales, y una amenaza de muerte.
Con él, son seis los periodistas que han debido autoexiliarse para resguardar su seguridad y la de su familia en los últimos siete meses, un hecho inédito en la historia reciente del periodismo en Ecuador, y que responde a la negligencia de las autoridades estatales para contener la inseguridad y violencia que afectan el desarrollo del trabajo periodístico.
La víctima, quien pidió mantener su identidad bajo reserva, residía en la región amazónica. Según relató a las organizaciones que integran esta Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), en julio pasado un encapuchado armado se le acercó por la espalda y le exigió con amenazas que le entregara su computador y un disco duro.
En un momento de descuido y confusión durante el incidente, el periodista empujó al agresor y entró rápidamente a su domicilio, donde había cosas revueltas -como si alguien hubiese estado buscando algo- y un gran agujero entre el techo y en una pared, por donde el sospechoso habría ingresado, y por el cual habría sustraído algunos electrodomésticos.
Como esta no era la primera vez que el periodista sufría intimidaciones por su trabajo, las fuentes que cubría y las investigaciones que realizaba, acudió inmediatamente a una Unidad de Policía Comunitaria de su sector, en donde le solicitaron referencias físicas del agresor para la elaboración de un parte y reporte.
No obstante, el parte policial jamás se levantó y la denuncia formal en la Fiscalía General del Estado no prosperó, pues, de forma ilegal, le habrían pedido al periodista proveer los nombres y apellidos del atacante que, evidentemente, desconocía. Esta no es la primera vez que la MAPP registra obstáculos en el proceso de presentación de denuncias en casos de agresiones al ejercicio periodístico.
Desde la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas exigimos a la Fiscalía General del Estado que revise sus mecanismos de atención a periodistas que se encuentran en riesgo, y cree un protocolo específico para atención de este tipo de casos, que garanticen mayor celeridad y un enfoque diferenciado en relación con el oficio periodístico.
Demandamos, además, la implementación de programas de capacitación para su personal, con el objetivo de que situaciones como las mencionadas sean judicializadas y se procure la debida reparación integral a víctimas directas e indirectas.
Rechazamos la pasividad de las autoridades frente a estos casos, que merecen una política integral de protección para el desarrollo del trabajo periodístico. La autocensura y las situaciones de exilio forzado merman directamente la libertad de expresión, de prensa y la institucionalidad democrática.
No queremos más periodistas exiliados, obligados a decidir entre continuar haciendo periodismo o seguir con vida.