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César Ricaurte (Fundamedios), Leslie Lafuente (ANP Bolivia) y Guillermo Medrano (Fundación Violeta Barrios de Chamorro – Nicaragua) participaron en la mesa redonda: ¿Cómo reportar sobre agresiones a la prensa?, donde analizaron las experiencias de países que conforman Voces del Sur y cómo el trabajo realizado ha permitido que los casos de bloqueo de información en la región sean incorporados a realidades internacionales a través de la plataforma. La mesa se llevó a cabo en las instalaciones del Comittee to Protect Journalists (CPJ) en Nueva York, este 16 de julio 2019.

Como preámbulo a las intervenciones, el Director Ejecutivo de Fundamedios, puntualizó que el fin de realizar un monitoreo en la región sobre bloqueos de la información trasciende la generación de alertas, “no es el objetivo principal, más que producir datos, se busca generar resultados a partir de lo que reportamos y mejorar el ambiente para el ejercicio del periodismo en la región. En ese sentido, los expositores de Bolivia y Nicaragua describieron el impacto de este trabajo. 

La representante de Asociación Nacional de Prensa (ANP) Bolivia habló sobre cómo el apoyo de Voces del Sur ha permitido que la Asociación promueva cambios en la normativa en su país. «A través del trabajo articulado con otros países de la región, logramos que el presidente Evo Morales promulgue una ley que elimina la difusión de avisos gratuitos, los mismos que eran obligatorios y bajo advertencia de sanciones. Ahora, al menos, esta reproducción es ´voluntaria”, describió Lafuente.

La situación de Nicaragua fue descrita a través de la experiencia de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Miguel Medrano explicó que la colaboración entre países logró sacar la información sobre la realidad del país. “Vivimos una situación que se ha deteriorado en los últimos 11 años. Hay un contexto que se puede describir en tres fases: agresiones a la prensa, que incluyen asesinato y desapariciones, persecución y ataques sistemáticos a la libertad de prensa”, comentó. Asimismo, explicó que aún existe trabajo por hacer sobre todo en el reporte real de la situación de periodistas exiliados y cómo las alertas, asesinatos y desapariciones deben ser consideradas violaciones perpetradas por el Estado.

Adicionalmente, en un espacio de diálogo abierto representantes de distintas organizaciones regionales como Ipys Perú e Ipys Venezuela, analizaron la dificultad del acceso a la información, como uno de los principales problemas que encuentra la labor periodística y la importancia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Guy Berger, director del área de Libre Expresión y Desarrollo de Medios de UNESCO, resaltó el trabajo articulado de la plataforma, como único en su tipo en la región y cómo herramientas como el Informe Sombra sobre el Cumplimiento del ODS 16.10.1 en 8 Países de Latinoamérica logran tener mayor incidencia globalmente. Además, destacó que este tipo de iniciativas tiene alta influencia en otros estados para motivarlos a promover el mismo tipo de trabajo. Paralelamente, mencionó que se está considerando promover la implementación de otras aristas a al ODS 16.10.1.

Como conclusión se recalcó cómo la labor de Voces del Sur permite generar información estandarizada que contribuye a la promoción de sociedades más abiertas e inclusivas, a través del ejercicio del derecho a la difusión de la información. Matt Potter, de la Pan American Development Foundation (PADF) concluyó destacando la naturaleza colaborativa del trabajo en la región y cómo los principios de la plataforma trascienden los intereses particulares de las organizaciones que la conforman.  

INFORME ESPAÑOL/INGLÉS

INFORME INGLÉS/ESPAÑOL

 

 

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FUNDAMEDIOS y la FUNDACIÓN MIL HOJAS presentaron este 16 de mayo el informe sombra sobre el acceso a la información pública en Ecuador. La garantía de ese derecho está vinculado al objetivo 16.10.2, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

En el reporte, que se enviará a Unesco, se observa el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), que data de 2004. Para ello, se desarrollaron cinco ejes de análisis:

  • Contexto: Información que se desprende de los informes de gestión de la Defensoría del Pueblo
  • Comparativo: Avances/Retrocesos entre los dos últimos períodos
  • Cumplimiento del Plan Estratégico que incluye en su objetivo 8 la transparencia
  • Estándares Internacionales y Lotaip
  • Casos emblemáticos

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determina que la ley debe garantizar el acceso efectivo y más amplio posible a la información pública. En ese contexto, la Lotaip no funciona en los términos establecidos en el estándar internacional.

En Ecuador, el desconocimiento de las autoridades sobre el derecho de acceso a la información es notorio. Además, los mecanismos administrativos, burocráticos y el sometimiento de las solicitudes de acceso a calidad de trámite físico, a pesar de las nuevas tecnologías, es vulneratorio. Se requiere con urgencia regulación expresa y actualizar el marco normativo.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, afirmó que la «cultura del ocultamiento y del secretismo» que se impuso durante la década pasada se mantiene. En ese contexto, el periodista Juan Carlos Calderón, presidente de la organización, insistió en que “La primera condición para luchar contra la corrupción es la transparencia, el acceso a la información”; e instó al Gobierno a cumplir la Lotaip. «Sin acceso a información no podemos tomar decisiones. Eso merma la calidad de la democracia», añadió Martha Roldós, directora de MIL HOJAS. 

En 2018, la Defensoría del Pueblo creó cinco estrategias para que la Ley se cumpla: 1) un documento que recopila estándares internacionales y contenidos mínimos esenciales respecto de este derecho; 2) se planteó que las solicitudes sean físicas y electrónicas; 3) se incorporó el enfoque de Derechos Humanos, género y diversidades; 4) se ordenó que las entidades del sector público implementen programas de difusión y capacitación del derecho de acceso a la información; 5) se planteó que se cumpla el objetivo 8 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

Sin embargo, ha  resultado insuficiente. El trabajo de los periodistas en Ecuador se ha visto afectado por el ocultamiento de datos. La negativa expresa o tácita de entregar información pública, como queda anotado en este informe, impide el ejercicio de otros derechos, como la participación ciudadana en la toma de decisiones en actos y resoluciones de interés público. También da paso a la corrupción, pues se carece de transparencia.

Informe español

Informe en inglés

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En Ecuador se oculta información. Es complejo acceder a datos que reposan en instituciones públicas. Más aún si están vinculados a la construcción de obras, presupuestos, funcionarios que toman decisiones y autoridades de gobiernos seccionales.

En el país se viola la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lotaip, aprobada en 2004 y cuyo objetivo es que todo ciudadano pueda acceder a la información pública, esa que se archiva en entidades estatales, instituciones que perciben rentas del Estado y en las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben fondos públicos.

Las instituciones públicas no responden a los pedidos de información

Para esta investigación se realizaron 24 solicitudes de acceso a la información a 11 instituciones del Estado. De estas, solo tres respondieron y ninguna entregó la información completa.

El resto de instituciones contestó parcialmente, con negativas, direccionó a sus páginas web, entregó información que no correspondía a la solicitud y, en el caso de los ministerios de Defensa, de Salud, Consejo de la Judicatura y Secretaría de Comunicación (Secom), hasta ahora guardan silencio.


El director general de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, indicó que en el país existe una cultura de ocultar información, de creer que los funcionarios son sus dueños. Y, precisamente, es la Defensoría la responsable de velar por el ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

Sistema de corrupción detrás de negativas para acceder a la información pública

Luego de solicitar información pública a las 11 instituciones del Estado, se procedió a ubicar casos de ciudadanos y periodistas a quienes se les negó información. Sus historias revelan que la negativa oculta un sistema deshonesto que juega con los recursos económicos de los ecuatorianos e incluso, con sus vidas.

Exalumno de la FACSO quiere saber qué hicieron con el dinero que canceló por sus derechos de grado  

En 2014, Diego Castro, exalumno de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central del Ecuador, pidió información sobre el destino del dinero que pagó por los derechos de grado para obtener su título, pues este rubro no se debía cobrar. Según el artículo 10 del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación superior pública, aprobado por el Consejo de Educación Superior, CES, durante toda la carrera, incluyendo la obtención del título, se prohíbe a ese tipo de instituciones cobrar directa o a través de terceros algún rubro. Todavía se desconoce el paradero del dinero cobrado para su titulación y el de sus compañeros.

En 2018, con base en lo que determina la ley, la Defensoría del Pueblo acogió su denuncia y la judicializó, luego de haberla archivado en 2015. En la audiencia celebrada a finales de 2018, la Universidad Central expuso ante el juez parte de la información solicitada; sin embargo no fue entregada al solicitante. Solo le permitieron tomar fotos de las hojas expuestas.

Castro considera que la información que se presentó fue incompleta e incorrecta. El juez indicó que su única responsabilidad era constatar que se presentó la documentación. El demandante, junto al abogado de la Defensoría, apeló. Actualmente el caso está en espera a que la Corte Provincial cumpla con seis medidas de reparación, una de las cuales es la entrega total de la información.  

Burbano enfatiza en que los servidores públicos no cumplen con la Lotaip. Pero, si se quiere hacer respetar el derecho, se debe acudir a la Defensoría del Pueblo y solicitar un abogado que acompañe el proceso. Toda información debe ser entregada al ciudadano, salvo la que se considera reservada, secreta y secretísima. Sin embargo, incluso la Constitución dictamina que no puede invocarse reserva cuando se trata de investigaciones sobre violaciones a Derechos Humanos.

Los ministerios se niegan a dar información sobre temas polémicos

Susana Morán, periodista del portal Plan V, cuenta que ha realizado innumerables pedidos para acceder a información pública. En el régimen de Rafael Correa, estos no tuvieron cabida y, actualmente, la información que se entrega es parcial. Para ella, el Ministerio de Justicia fue una de las fuentes que se convirtió en inaccesible durante el gobierno anterior.

Los datos a los que no se podía acceder estaban relacionados a violencia contra la mujer y niños; situación de las cárceles de Ecuador, específicamente la de Latacunga. En el último año, el tema catalogado como reservado ha sido el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

La ley es clara. El artículo 4 de la Lotaip señala que la información es de los ciudadanos y el Estado y las instituciones privadas depositarias de archivos públicos son solo sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información. Sin embargo, la ciudadanía lo desconoce. Hay quienes incluso la confunden con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Paradójicamente, el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina que el sistema educativo, público y privado debe desarrollar programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de este derecho.

Información vinculada al desastre del 16 de abril de 2016 se oculta

El terremoto que sufrió Ecuador, el 16 de abril de 2016 de 7.8 grados dejó 671 fallecidos, 248​ desaparecidos y 6.274 heridos. Ante la tragedia, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa anunció que se desarrollaría un plan de vivienda para los damnificados. Dos años después, en abril de 2018, cientos de casas que figuraban en los contratos no se construyeron.

Los periodistas Desirée Yépez y Jean Cano investigaron el tema y solicitaron información al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre la construcción de 45.455 obras, entre casas y reparaciones.

Tras el silencio de las autoridades, a inicios de 2018, luego de realizar solicitudes de información y no obtener resultados, se presionó por la información a través de Twitter. La respuesta del Gobierno llegó 69 días después de realizado el pedido.

La información que se negaban a dar guardaba datos reveladores de los incumplimientos. En el reportaje titulado “A dos años del terremoto en Ecuador, se encienden las alertas por corrupción con los fondos de la reconstrucción”, difundido en el portal Univisión, los periodistas exponen que:

  • Alrededor de 1.000 contratos no se fiscalizaron.
  • 44 contratistas incumplieron los contratos en su totalidad
  • El perjuicio económico supera los 15 millones de dólares
  • 75.000 damnificados se inscribieron para recibir ayuda, pero esta solo llegó al 50% de inscritos.  

En el artículo se revela que hubo contratistas que recibieron el dinero y no levantaron ninguna casa.

Se dictaminó reserva para 37 casos archivados que comprometen a Jimmy Jairala  

Martha Roldós, exintegrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, solicitó en enero de 2018 los archivos de las denuncias por corrupción correspondiente a la prefectura de Jimmy Jairala, actual candidato para la alcaldía de Guayaquil. Los 37 casos están archivados; sin embargo, se negó el acceso aduciendo que en la sentencia para el archivo se dijo que esa información era reservada porque existen indicios de responsabilidad penal. El juez habría dictaminado reserva sobre los mismos para que no se atente contra la honra del exprefecto,

Para la Directora del Portal Mil Hojas, esta sentencia es “inaudita”, ya que todo caso que esté archivado puede ser revisado al no corresponder a una etapa de investigación que pueda interferir con el proceso. Por esta razón se apeló a la resolución y, a pesar que la última audiencia se realizó el 30 de enero, se desconoce la sentencia.

Por solicitar información en este caso, miembros de la Comisión, incluida ella, han sufrido agresiones y robos.

FUNDAMEDIOS solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que responda en qué normativa se basó para declarar la reserva de los archivos de las investigaciones relacionadas al exprefecto. La respuesta fue que el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica que “el informe con indicios de responsabilidad penal se mantendrá en reserva de terceros ajenos a su trámite y del público en general, pero se garantiza el derecho a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a éste, por parte del ofendido, de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados…”.

Una reforma necesaria

15 años después de aprobada la Lotaip, se habla de la necesidad de un proyecto de reforma o el diseño de una nueva norma que se ajuste de manera efectiva a los estándares internacionales. Permanentemente, FUNDAMEDIOS ha impulsado un cambio a esta ley. César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, considera que existe la necesidad de emprender reformas integrales para incorporar avances normativos.

El periodista señala que se debe revisar y reforzar el papel de cumplimiento de la entidad encargada de velar por su cumplimiento. Ricaurte sugiere que dicha autoridad debe ser independiente, con autonomía económica y facultades para sancionar a quien la incumpla. Y agrega que los pedidos para acceder a la información pública deben hacerse en línea, para que sean más ágiles y queden debidamente registrados.

Por otro lado, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), anuncia que se trabajará con la sociedad civil un cuerpo legal renovado con base a la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA. “El acceso a la información es una condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto de un derecho”, afirma.

Sanciones a quien viola la LOTAIP

Existen sanciones para quienes no entreguen información: multas, suspensión de sus funciones por 30 días sin derecho a sueldo o, incluso, la destitución. Pero la Defensoría del Pueblo no tiene un dato de cuántos funcionarios han sido, si es que los hay, sancionados.

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Incentivar a la sociedad civil, a los periodistas y a los medios de comunicación a denunciar la denegación de acceso a la información pública es el objetivo de la campaña #LaInfoEsTuya. Desde este 4 de diciembre, FUNDAMEDIOS registrará los casos en que se desde el sector público se ha vulnerado este derecho.

 

Para lograrlo, se habilitó un formulario en línea que integra seis preguntas básicas. A través de las respuestas que se obtengan, se visibilizarán las restricciones que enfrenta la ciudadanía en general en el momento de obtener información. Dichos obstáculos obstaculizan la consolidación de un sistema democrático y la lucha contra la corrupción.

 

El artículo 91 de la Constitución protege el libre ejercicio de este derecho. “La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley”.

 

Además, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) determina que “el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado”.

 

Durante el segundo semestre de 2018, se han expuesto obstáculos en el acceso a la información pública, que recaen en responsabilidad de los distintos ministerios del poder Ejecutivo, miembros del poder judicial y funcionarios en general. Medios como diario El Universo han denunciado el atropello a este derecho, al solicitar información a la empresa pública TAME. Lo mismo ocurrió con la Comisión Anticorrupción del Guayas, quienes hasta el momento no pueden obtener datos de la Fiscalía.

 

Los servidores públicos no son dueños de la información, sino custodios. Aquellos funcionarios que nieguen el acceso pueden enfrentar sanciones administrativas e incluso la destitución.

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EN LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA 2018, organizaciones de la sociedad civil, gremios, periodistas y representantes de medios de comunicación denunciamos las restricciones crecientes para el acceso a la información. Consideramos que las mismas son incompatibles con la consolidación de un sistema democrático y la lucha contra la corrupción, por lo cual declaramos lo siguiente:

  1. El libre acceso a la información pública es mandato constitucional establecido en el artículo 91 que dice: La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.
  2. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) determina que “el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado”.
  3. Resulta preocupante que, en ese contexto y con base en la normativa vigente, en las últimas semanas se haya reportado una serie de trabas y violaciones para el ejercicio y cumplimiento de dicho derecho:

El pasado 9 de noviembre la jueza Ruth Jacqueline Quevedo Perez falló en contra de la acción de acceso a la información pública interpuesta por la Comisión Nacional Anticorrupción de Guayas en contra de la Fiscalía de la Provincia del Guayas. La organización solicitó la entrega de 37 informes de Contraloría que determinan indicios de responsabilidad penal en contra del prefecto Jimmy Jairala.

Cuatro días después, el 13 de noviembre, varios periodistas denunciaron la restricción de acceso e ingreso a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Quito. Los comunicadores señalaron a Robert Carrera, director de Comunicación de la institución, como responsable de los impedimentos.

El reporte más reciente se dio el 19 de noviembre, cuando Luis Muñoz, periodista de Cotopaxi Noticias, informó sobre el impedimento de la Policía Nacional para realizar coberturas en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Latacunga. Esta sería una constante desde que Jorge Glas está recluido en la institución.

  1. Los hechos descritos configuran un retroceso en la política de transparencia, impulsada por el presidente Lenín Moreno, que ha llevado que incluso el Ecuador haya pedido su ingreso a la Alianza de Gobierno Abierto. De hecho, el pasado 13 de noviembre, el Jefe de Estado publicó en Twitter que «transparencia y libertad de expresión» son «las mejores armas contra la corrupción».
  2. Rechazamos todas las prácticas de funcionarios, jueces y fiscales destinadas a preservar una cultura del silencio y de la opacidad. Algo así, es inadmisible en una sociedad democrática moderna.
  3. Recordamos que los funcionarios no son los dueños de la información, sino sus custodios. Por lo tanto, conminamos a los servidores de las distintas instituciones públicas a respetar los pedidos de acceso y garantizar el cumplimiento de la ley, la misma que a su vez garantiza el ejercicio de los derechos ciudadanos.
  4.  Es importante rescatar la obligación que tienen los funcionarios de rendir cuentas y absolver las dudas ciudadanas sobre su gestión. Es inadmisible que se ofrezcan ruedas de prensa sin que se admitan preguntas. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado, en el caso Luisana Ríos y Otros, que “(…) En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público”.
  5. Exhortamos a Jueces, Fiscales y Autoridades Judiciales para que protejan debidamente el derecho de los ciudadanos a acceder a información de interés público, como un valor central de los sistemas democráticos y a eliminar cualquier restricción indebida de acceso a expedientes judiciales que ya no están protegidos por el secreto del sumario. En sus manos descansa, en gran medida, el derecho de la Sociedad a Saber.
  6. Pedimos a la Función Legislativa que establezca como una de sus prioridades una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que cumpla con los estándares internacionales sobre la materia, en particular, con la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la Organización de Estados Americanos.
  7. Los ciudadanos debemos convertirnos en vigilantes activos de que la información pública circule debidamente entre sus legítimos dueños, que somos todos.

Suscribimos

César Ricaurte Pérez

Fundamedios

Juan Carlos Calderón

Plan V

Guadalupe Fierro

Unión Nacional de Periodistas

Mauricio Alarcón Salvador

Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Susana Piedra

Federación Nacional de Periodistas

María Dolores Miño,

Observatorio de Derechos y Justicia

Martha Roldós,

Fundación Mil Hojas

Pablo A. de la Vega M.,

Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo S.J.

Rosanna Palacios

Unión Nacional de Educadores

Manuela Picq,

Académica y Activista

Marcelo Espinel

Abogado

Efrén Guerrero

Académico

Soraya Constante

Periodista

Red de Mujeres Políticas del Ecuador – REMPE

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Como parte de la Semana de la Transparencia, este 28 de noviembre se llevó a cabo el panel ‘Acceso a la información y libertad de expresión’, en el salón José Mejía Lequerica, de la Asamblea Nacional. El evento, coorganizado por la Defensoría del Pueblo, contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, gremios, periodistas, quienes denunciaron las falencias en el ejercicio del derecho al acceso a la información.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, intervino junto a Luis Ángel Saavedra, coordinador de Inredh, y Paúl Mena Mena, periodista de El  Universo y docente de la Universidad de las Américas (UDLA) y de la Pontificia Universidad Católica de Quito (PUCE). Los ponentes coincidieron en que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) es necesaria para el ejercicio de ciertos derechos; sin embargo, también acordaron que la ley no es respetada por los funcionarios, custodios de la información.

Saavedra afirmó que hay varios casos judiciales que siguen en la impunidad, pues no existe un acceso a la información pública eficaz. “Muchos de los casos que todavía no están resueltos: ejecución extrajudicial, desaparición forzada, están en el limbo porque no se cumple con la parte de derecho a la información”. Se refirió también al carácter de “reservado” que es impuesto a información pública, lo cual puede llegar a contrastar con el ejercicio de los derechos.

Desireé Yépez, también directora de Contenidos de Ecuador Chequea, expuso los datos del informe ‘Acceso a la información pública en América Latina: Muchas respuestas, pocos detalles’. En el proyecto, coordinado por Chequeado, de Argentina, participaron 13 países de la región para demostrar cómo los Estados responden ante los pedidos de acceso a la información pública. En Ecuador, los resultados no fueron alentadores, pues se irrespetan los plazos y no se entrega la data requerida.

«Se confirma que el ejercicio del derecho al acceso a la información no lo garantiza solo una ley, sino la capacidad de los funcionarios para ejecutarla y entregar la información», enfatizó la periodista.

Finalmente, Paúl Mena expuso los inconvenientes con los cuales se encuentran los periodistas en el momento de recabar información pública, clave en el ejercicio periodístico. El también docente presentó varios casos que evidencian en la práctica la falta de eficacia en cuanto a los pedidos realizados al sector público. “Rara vez las negativas de acceso a la información se encuentran debidamente motivadas”, concluyó.

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El acceso a la información pública garantiza un verdadero control social y facilita una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones. En ese sentido, se celebra la Semana de la Transparencia y la Defensoría del Pueblo impulsa, entre este este 27 y 28 de noviembre, una agenda de jornadas académicas para abordar ‘El Derecho de Acceso a la Información Pública como herramienta de las y los defensores para el ejercicio de otros Derechos Humanos y los de la naturaleza’.

FUNDAMEDIOS coorganiza el panel: ‘Acceso a la información y libertad de expresión’. Desde las 12:30 de este 28 de noviembre, en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional (Quito), se analizarán a través de tres enfoques lo determinante de este derecho en el ejercicio de la comunicación y el periodismo.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, expondrá los resultados del informe ‘Acceso a la información pública en América Latina: Muchas respuestas, pocos detalles’, en el cual participaron 13 países de la región. El periodista Paúl Mena, de la unidad de Investigación de El Universo, analizará la aplicación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) en el periodismo. Luis Saavedra, coordinador de Inredh, reflexionará en torno a los estándares internacionales que rigen sobre este tema.

Dentro de las jornadas planificadas, Gina Benavides, defensora del Pueblo (e), presentará y entregará a la Asamblea Nacional el informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. El análisis corresponde al período 2017.