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Ecuador, 05 de enero de 2021. La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, realizó un monitoreo sobre los ataques a la libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información en el contexto de la primera vuelta electoral comprendida entre el 31 de diciembre de 2020 y el 04 de febrero de 2021.

En este periodo se registraron 29 ataques contra periodistas, medios de comunicación y también contra ciudadanos que fueron vulnerados en sus derechos. De estas 29 agresiones, 22 corresponden a periodistas, cuatro a medios de comunicación y tres a ciudadanos. 

La primera alerta en contexto electoral que registró Fundamedios se dio fuera del período establecido para la campaña de la primera vuelta, el 25 de noviembre del 2020 y fue protagonizada por seguidores de Yaku Perez en Guaranda. El último registro de ataques contra la prensa en el marco de un evento electoral fue el 01 de febrero y fue protagonizado por seguidores del candidato Andrés Arauz en Riobamba.

Varios periodistas en esta etapa fueron enjuiciados, sufrieron acosos en redes sociales, agresiones, limitaciones al acceso de la información pública. A continuación Fundamedios presenta un balance con los casos detallados y las cifras de las agresiones:

FUNDAMEDIOS, AGRESIONES CONTRA LA PRENSA EN PRIMERA VUELTA (2021)

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La Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) arrancó el 9 de noviembre y se extenderá hasta el 16 de noviembre. En esos días se ofrecerán conferencias magistrales, mesas temáticas y talleres que reunirán al público interesado en conectarse con los autores de las mejores investigaciones periodísticas publicadas el último año.

En este evento participó el Director de Fundamedios, César Ricaurte, quien fue parte de la sesión especial sobre: “Retos, estrategias y acciones ante los ataques contra la prensa en América Latina” y moderó la mesa de Amenazas Físicas.

Durante su exposición, Ricaurte aseguró que en la Región existió un incremento en las agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación en el 2019. Para sostener su afirmación utilizó datos del Informe Sombra de Voces del Sur del 2019, que refleja que en el 2018 hubo 734 agresiones contra la prensa pero que en 2019 esta cifra se disparó a 2521, lo que supone un incremento del 243% de los casos pues se produjeron durante un contexto de protestas sociales que se dieron con fuerza en América Latina en el último trimestre del 2019.

Según el Informe Sombra, en 2019, hubo 9 asesinatos en la Región (se aclaró que en estas cifras no se incluyen los datos de México); 3 secuestros; 3 desapariciones forzadas; 65 detenciones arbitrarias; 18 casos de tortura y 775 agresiones físicas, siendo la cifra más alarmante.

Sobre estos datos Ricaurte planteó la pregunta: ¿Por qué la prensa se convierte en blanco de ataques tanto de las fuerzas del orden como de los manifestantes? Con lo que se abrió la discusión.

Se dijo que existen similitudes entre países como Cuba, Venezuela y Nicaragua en cuanto a la persecución y hostigamiento a los periodistas a través del seguimiento indirecto hacia familiares o a su entorno y el hostigamiento muchas veces tiene que ver con amenazas de confiscar documentos.

Se destacó que en el marco de la pandemia hubo un incremento de detenciones arbitrarias y se criticó las leyes de Nicaragua de Ciberdelitos y de Agentes Extranjeros a las que se las calificó como “Leyes del odio” para criminalizar y afectar el trabajo periodístico.

La seguridad de los periodistas indígenas y comunitarios fue otro punto importante del debate pues ellos realizan investigaciones de medio ambiente y son vulnerables a agresiones e intimidaciones tanto del Estado como de las grandes corporaciones.

Uno de los problemas en la defensa de estos comunicadores ha sido la dificultad de que la sociedad y el gremio periodístico que realizan una labor informativa en comunidades pues existe un patrón de desconocer la calidad de periodistas, reflejando racismo y clasismo por parte de algunos gremios.

Ricaurte recordó que el reconocimiento de los comunicadores va mucho más allá de la titulación, pues diversos documentos de las Naciones Unidas y resoluciones de Relatorías de la Organización de Estados Americanos reconocen que la categoría de periodistas es mucho más amplia de lo que reconocen ciertos gremios e incluye a los ciudadanos que producen información sistemática que es difunda, por lo cual la protección de la actividad periodística debe ser reclamada por comunicadores comunitarios e indígenas.

En México se destacó la lucha entre cárteles como uno de los elementos que agravan la situación de violencia contra periodistas en ese país, además del acoso de gobiernos locales a través de la compra de espacios publicitarios o presiones a la empresa privada para que no pauten con determinados medios de comunicación.

Entre los retos está el abordar el desplazamiento de los periodistas en situaciones de conflicto pues en el caso de Nicaragua se generó una ola de comunicadores que fueron a Costa Rica, como una consecuencia de asumir una voz discordante, y muchos de ellos actualmente se encuentran en el subempleo, sin posibilidad de ejercer la profesión.

Sobre las rutas de acción esta Mesa estableció que:

  • El periodista debe ser considerado un defensor de DD.HH. para que el rango de protección sea mayor.
  • El comunicador se debe auto-reconocer y estar convencido que defiende el Derecho Humano a la información y el Estado debe reconocer y respetar esta posición.
  • Se debe evitar la impunidad y los periodistas deben denunciar los actos que atenten contra su Libertad de Expresión o cualquier Derecho Humano.
  • Los periodistas deben buscar nuevas ventanas de expresión para trabajar de manera libre e independiente, sobre la base de las nuevas tecnologías y plataformas que permitan ejercer un periodismo audaz.
  • Dar seguimiento de los casos y agresiones icónicas y crear blindaje entre organizaciones para fortalecer las redes.
  • Crear un fondo de protección y emergencia para la labor periodística.
  • Que los Estados y/o organizaciones de defensa creen comités o protocolos para proteger a periodistas durante su labor.

En los últimos 10 años, COLPIN ha tenido lugar en Lima, Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Guayaquil, Bogotá y Ciudad de México, donde convocó a cientos de profesionales parte de la red de periodistas investigadores que articula.

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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en loInforme FDM EC 2019 (2)s últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo 

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IFEX, la red global conformada por más de 100 organizaciones avocadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información, insta a Ecuador a garantizar la seguridad de César Ricaurte, director de FUNDAMEDIOS, tras sufrir una sucesión de amenazas y descalificaciones luego de conocerse la sentencia a 15 días de prisión en su contra por increpar al exembajador Jorge Jurado en un lugar público.

A través de un comunicado, la organización internacional reconoce la labor de César Ricaurte como defensor de la libertad de expresión, así como de la organización que lidera por más de una década, la cual “ha apoyado a medios de comunicación y periodistas”. FUNDAMEDIOS ha sido miembro de IFEX desde 2011 y su rol ha sido fundamental para denunciar las agresiones contra la libertad de expresión, especialmente, en la década pasada.

Estamos alarmados por las amenazas de las que ha sido víctima luego de emitida la sentencia el 27 de junio por el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha y vemos con preocupación la posibilidad de que se emita una orden de captura en contra de César Ricaurte”, señala el documento.

A nombre de todos los miembros de la red global, la directora ejecutiva de IFEX, Annie Game, exige a las autoridades ecuatorianas que investiguen las amenazas que ha recibido Ricaurte luego de conocerse el fallo y le proporcionen las medidas de seguridad para resguardar su integridad física.