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Más de 500 periodistas, fotoperiodistas, camarógrafos y demás trabajadores de la comunicación firmaron este 27 de marzo un pronunciamiento en solidaridad a los tres comunicadores de diario El Comercio secuestrados la mañana del 26 de marzo por grupos armados. Las firmas de apoyo han ido aumentando con el paso de las horas.

La iniciativa, que surgió de manera espontánea entre los grupos de periodistas, expresa su preocupación y le recuerda al Estado ecuatoriano a proteger la vida de los periodistas. En esa línea, se exige que los colegas sean recuperados sanos y salvos. “El tema debe ser una prioridad para el Estado, que necesita tomar acciones inmediatas al respecto”, reza el escrito.

Adicionalmente, en ciudades como Quito y Guayaquil, los comunicadores están convocando a plantones solidarios y como medida de presión a las autoridades. El primero se realizó la noche del martes 27 de marzo a las 19:00 en una vigilia que se convocó de manera espontánea a través de redes sociales y grupos de chats con los hashtag o identificativos: “Nosfaltan3”, “LosQueremosDevueltaYa”, en alusión a las tres víctimas de secuestro. En Quito, el plantón se llevó a cabo en el centro histórico de la ciudad, en la Plaza Grande, mientras que en Guayaquil, se dio en la Plaza San Francisco. Los plantones continuarán en los días siguientes.

A continuación, reproducimos el exhorto de los periodistas que ha sido recogido en siete puntos:

  1. El Estado Ecuatoriano debía salvaguardar la seguridad de los periodistas de El Comercio mientras realizaban sus labores de cobertura en la zona de conflicto. La Ley de Comunicación, en el numeral 1 del artículo 44, señala que los comunicadores y los trabajadores de la comunicación tienen derecho “a la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como comunicadores”.
  2. El Sistema Interamericano, en su documento “Estándares Interamericanos y Prácticas Nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia respecto de violencia contra periodistas y comunicadores”, ha ratificado que es responsabilidad del Estado garantizar el libre ejercicio del periodismo. Mientras que la CIDH ha reconocido que forma parte del campo de actividades periodísticas cubiertas por el derecho a la libertad de expresión el visitar comunidades afectadas por situaciones de conflicto armado, documentar sus condiciones de vida, recoger testimonios y denuncias de violaciones de sus derechos humanos.
  3. El aumento de control militar, la falta de información veraz, y el manejo de una sola tesis sobre los acontecimientos de violencia generados en la provincia de Esmeraldas por parte del Gobierno Nacional provoca manipulación y tendencia a olvidar otros problemas que también son generadores de la violencia: la presencia del narcotráfico mexicano y colombiano, la violación a derechos humanos por parte de la creciente ola palmicultora en la zona y la excesiva venta y producción de oro de manera ilegal y a media escala; estos son escenarios perfectos para generar un lugar de cultivo de la violencia. En México y Colombia sobran ejemplos que enumerar. Es deber de la prensa informar sobre todos estos hechos.
  4. Exigimos que nuestros colegas sean recuperados sanos y salvos. El tema debe ser una prioridad para el Estado, que necesita tomar acciones inmediatas al respecto. Es obligación del Estado salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, y más aún de los equipos periodísticos que se encontraban de cobertura en la zona de conflicto. De encontrarse los secuestrados en Colombia, como aseguró el ministro César Navas, el Estado debe coordinar con sus autoridades su rescate.
  5. Exhortamos al Estado a no mantener en reserva los nombres de los tres integrantes del equipo secuestrado. Los secuestrados tienen familia y tienen rostro. Los protocolos de seguridad y protección dicen que deben decirse los nombres. En México el anonimato de periodistas secuestrados ayudó a su vulnerabilidad.
  6. Rechazamos las insinuaciones de las autoridades que tienden a culpabilizar a los compañeros de El Comercio por ejercer su derecho y deber de buscar información. Estamos claros de los riesgos que implica nuestro trabajo en zonas de conflicto, pero es deber del Estado precautelar la seguridad del ejercicio profesional del periodismo.
  7. Saludamos las iniciativas del Gobierno Nacional para cambiar la política de acoso y agresión contra la prensa que se ejerció durante los últimos 10 años, pero solicitamos al Estado que ejerza su capacidad para que no se repitan actos como estos. El Estado ecuatoriano debe crear las condiciones para restablecer el Estado de Derecho en la provincia y zona fronteriza.

Aquí la Carta