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América Latina

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15 de marzo de 2021- Las organizaciones Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios abren la convocatoria del Fondo de Respuesta Rápida para brindar apoyo financiero y técnico a medios, comunicadores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en América Latina y el Caribe, cuya labor haya sido afectada por la pandemia de COVID-19.

El programa de apoyo surge como una respuesta a la situación que enfrentan quienes trabajan en comunicación, información y periodismo, afectados por las consecuencias de la pandemia en una de las regiones más afectadas por el COVID-19. Se da en un contexto en el que el acceso a información verificada, útil e inclusiva se vuelve crucial, especialmente para poblaciones vulnerables.

Los solicitantes podrán acceder a diferentes tipos de financiamiento, además de mentorías y apoyo para fortalecer sus capacidades administrativas y periodísticas.

Pueden postular medios de información, organizaciones, asociaciones, grupos de la sociedad civil que realizan una labor informativa, así como periodistas y comunicadores independientes o afiliados a un medio de información que cubran la pandemia de COVID-19 dentro de la región.

Se dará prioridad a quienes informen con foco en grupos vulnerables, incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y poblaciones rurales, mujeres y población LGBTQ+.

Los postulantes deberán estar basados y trabajar en la región de América Latina y el Caribe. Además, su labor tiene que haber sido afectada o amenazada por la pandemia por COVID-19.

Como parte de este programa, se abrirán tres rondas de financiación a lo largo del año. Esta primera convocatoria estará vigente desde el 15 de marzo hasta el 4 de abril de 2021 a las 23:59 hrs. (EDT).

Accede a las bases de la convocatoria del #FondoRespuestaRápida en:

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Accede al formato de solicitud en línea 

 

Conoce más acerca de las organizaciones convocantes:

Internews: internews.org

Chicas Poderosas: chicaspoderosas.org

Consejo de Redacción: consejoderedaccion.org

Fundamedios: fundamedios.org

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En las últimas décadas en Latinoamérica las mujeres alcanzaron derechos que antes no tenían. Se reconoció el voto femenino como un derecho humano fundamental, así como la representación, paridad de género en la política y hasta -en algunos países- la despenalización del aborto. Sin embargo, la violencia sexual, psicológica y física todavía permean con fuerza y alcanza a mujeres y niñas sin distinción social. 

América Latina es la segunda región del mundo más letal para las mujeres después de África. Cada dos horas y media se registra un femicidio y una de cada tres mujeres sufre violencia sexual. Así lo confirma la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Las periodistas son doblemente expuestas a situaciones de violencia. No solo se enfrentan en la cotidianidad a patrones machistas, sino que también soportan desigualdad en el ámbito laboral, comentarios sexistas, estigmatización y falta de oportunidades cuando deciden ser madres. Esto, sumado a la desprotección y la deficiencia en la investigación de casos, las deja en estado de indefensión.

Estos son algunos de los argumentos del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ‘Mujeres periodistas y libertad de expresión’, presentado públicamente en marzo de 2019 en Estados Unidos. 

La Relatoría menciona algunos hallazgos del último Proyecto de Monitoreo Global de Medios (2015), en América Latina, en el cual el 43% de las personas que presentaban o reportaban noticias eran mujeres, un 15% más que en el 2000. En el Caribe, la cifra alcanzó el 45%. En cambio, en Estados Unidos disminuyó. El número de periodistas mujeres se  redujo de 46%, en 2000, a 38% en 2015. 

El informe también dice que en la región las mujeres están sobrerrepresentadas entre quienes reportan noticias que abarcan temas “femeninos” versus aquellas que cubren política y economía. “Este patrón puede contribuir a que el trabajo de las mujeres periodistas sea menos visible y menos valorado”, se menciona. 

Un dato que llama la atención es que existe información escasa sobre la presencia de mujeres en cargos directivos de empresas periodísticas. De acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en 2011, la representación de las mujeres en los puestos de dirección de las compañías de medios de América Latina era inferior al 25% y menos de un tercio, 30,5%, en los niveles gerenciales (directores ejecutivos, directores generales, directores financieros). 

Otra de las amenazas latentes es la violencia sexual. El informe recopila datos de la Federación Internacional de Periodistas (2017) que concluye que el 37% de las periodistas encuestadas en varios países de la región reportó haber sufrido acoso sexual. 

La Relatoría Especial reconoce los esfuerzos de algunos Estados para establecer programas y mecanismos de protección en materia de violencia a las periodistas, pero concluye en que los esfuerzos aún no son suficientes. Es necesario emprender un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y los mismos medios de comunicación

La subeditora de diario El Tiempo, en Colombia, Jineth Bedoya, concuerda con esta postura. En una entrevista realizada por Fundamedios en agosto de 2019, a propósito del anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabilizó al Estado colombiano por su secuestro y violación en 2000 mientras hacía su trabajo, comentó acerca de las labores de capacitación que realiza para evitar que más mujeres sean violentadas. 

Bedoya no solo ha acudido a las redacciones colombianas, sino también a otras latinoamericanas y europeas. En estos espacios habla con ellos y ellas sobre los riesgos de la profesión y promueve un lenguaje inclusivo que no revictimice. También enseña sobre contenidos que apuesten a la igualdad y al respeto. 

“Además, tenemos charlas muy privadas entre las mujeres sobre cómo debemos autocuidarnos dentro y fuera de la redacción, de cómo enfrentar a nuestras fuentes, de cómo pedir ayuda, porque hay que hacerlo”, explica Bedoya. 

Yisbelsy Hernández es una periodista venezolana con 25 años de trayectoria en medios locales. No ha sufrido violencia ni discriminación, pero asegura que la realidad para todas no es la misma y antes menos mujeres eran visibles en las redacciones. “Ahora hay más mujeres ocupando espacios de importancia, aún cuando la mayoría siguen siendo hombres. Se ha ganado respeto y terreno sobre todo lo que tiene que ver con credibilidad y cómo se maneja la noticia”, asegura la reportera del portal Noticias de Aquí, en el estado Anzoátegui, oriente de Venezuela.

El dato

En Ecuador existen  5121 periodistas que trabajan en los medios ecuatorianos, 3653 son hombres y 1468 son mujeres. Esto, según una tesis doctoral en marcha de Ana Dávila, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en la que cita esta información obtenida a partir de estadísticas entregadas por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.

 

 

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Organizaciones latinoamericanas de libertad de expresión reunidas en Quito, Ecuador, expresan su preocupación y hacen llamado urgente a los Estados de América Latina y el Caribe a implementar medidas de protección efectivas, y eliminar la impunidad de los casos de violencia que afectan a periodistas de la región.

Hoy 25 de abril 2018, a un mes del secuestro del equipo periodístico del Diario El Comercio de Quito, ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana (y que ha culminado según las últimas informaciones con su asesinato), las 24 organizaciones miembros de la red IFEX-ALC para la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio de un periodismo libre, independiente y seguro, levantamos una sentida voz de alerta ante lo que se percibe como una tendencia creciente en la región, con 16 asesinatos de periodistas en lo que va del año.

Exigimos de todos los Estados de América Latina y el Caribe la urgente implementación de medidas efectivas que permitan resguardar la integridad física de los periodistas dentro de sus territorios, así como la investigación ágil y la sanción oportuna de los casos de violencia y asesinato de los cuales ellos sean víctimas.

Resulta inaceptable la poca efectividad de los Estados y la falta de coordinación para proteger de forma efectiva la vida de los periodistas en coberturas complejas, como sucedió recientemente con el triple secuestro y probable asesinato del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra a manos del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC y señalado por sus vínculos con el narcotráfico.

Asimismo es inaceptable la inacción de los Estados frente a la impunidad que hoy cubren casos como el del asesinato del fotoperiodista Vladimir Legagneur en Haití, en el cual a más de un mes de su asesinato el Estado ha fallado en proveer siquiera identificación positiva de su cuerpo. El caso engrosa la triste lista de casos previos de impunidad del asesinato de periodistas que se arrastra desde el año 2000 en dicho país.

La violencia contra periodistas y miembros de medios de comunicación constituye una de las formas de censura más extrema. Queremos recordar que los estándares del Sistema Interamericano expresan claramente que es responsabilidad de los Estados garantizar el libre ejercicio del periodismo y resguardar el derecho a la libertad de expresión. A este respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.

Otras modalidades de violencia

La violencia contra periodistas toma hoy diversas formas en la región. Muchos de los periodistas que son violentados o mueren en el ejercicio de su función lo hacen producto de denuncias o investigaciones sobre hechos vinculados al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, flagelos que amenazan la institucionalidad de los Estados y de los cuales éstos resultan cómplices directos o por inactividad. En tales

contextos es la actividad de la prensa la única forma en la cual los ciudadanos logran comunicar la situación que los afecta. Casos emblemáticos de esta forma de violencia pueden encontrarse en México y Guatemala, y tristemente Ecuador se suma a esta lista con el reciente caso del probable asesinato del equipo periodístico del Diario el Comercio.

En otros casos se trata de una violencia contra periodistas articulada y ejercida directamente desde agentes del Estado en el contexto de movimientos sociales o conflictos de fuerzas políticas. Ejemplo de lo anterior es la situación que se ha vivido en Brasil y Venezuela durante los últimos años,  así como en los últimos días se suma la situación vivida en Nicaragua, en que un intento de reforma de la Seguridad Social impuesta por el gobierno de Daniel Ortega desencadenó una serie de protestas populares que fueron reprimidas por la policía, con un saldo de más de 30 muertos y varios heridos. El sábado 21, el periodista Ángel Gahona fue asesinado a balazos mientras transmitía en vivo las protestas públicas en Nicaragua. La portavoz de la Oficina de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha hecho un llamado urgente al gobierno de Nicaragua a respetar los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacifica y de asociación. En este contexto, en Argentina el principal agresor de la prensa en general fueron distintas fuerzas de seguridad del estado nacional y de las fuerzas provinciales, que han sido responsables del 43 por ciento de los ataques registrados el año pasado. En este sentido, hay que destacar la situación en las manifestaciones callejeras, que representaron 91 casos (de 132 casos), con las fuerzas de seguridad como las principales agresoras y el resto por manifestantes radicalizados.

Desde Brasil, México, Paraguay y Perú se reporta cómo la violencia contra periodistas es ejercida particularmente por los poderes políticos locales para censurar la circulación de información que los desfavorece. Se espera un agravamiento de esta tendencia durante este año electoral para tales países.

A los casos de violencia física se suman los ataques a periodistas a través de acoso judicial que son reportados desde Perú, Uruguay y Venezuela. Tales acciones judiciales con fines amedrentatorios son iniciadas por distintas autoridades públicas o poderes económicos que acusan a periodistas de ser causantes del malestar social a través de su acción investigativa que revela casos de abuso de poder y corrupción que los envuelven.

También se reportan ataques coordinados a periodistas de la región en el espacio digital con motivaciones políticas en países del Caribe, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, incluso espionaje ilegal a través de software espía malicioso como ha sucedido en México, cuyo caso fue presentado ante la CIDH.

Por último, la violencia económica contra la prensa se manifiesta además en Bolivia y México a través de la marginalización de los medios independientes y críticos de las fuerzas políticas en el poder, a través de legislación que permite imponer obligaciones desorbitantes para la difusión de propaganda de programas gubernamentales, que resta espacio a la cobertura de información pública, o regulaciones que permiten el control de la prensa a través del poder económico del avisaje estatal. También sucede en la Argentina donde los medios provinciales se pueden ver condicionados por la distribución de publicidad oficial, que en muchos casos representa su mayor fuente de financiamiento.

Nos preocupa que estas tendencias lejos de detenerse parecen ir en incremento en nuestra región. Así como la variedad de la violencia sufrida por la prensa se complejiza y sofistica, la respuesta de los Estados de la región se vuelve más urgente.

A través del sistema de Examen Periódico Universal, varios Estados de la región como Guatemala, Brasil, México y Paraguay han adquirido el compromiso de adoptar mecanismos de protección a periodistas. Sin embargo, éstos no han sido oportunamente establecidos, o cuando se han implementado han demostrado no ser efectivos. Se requiere que éstos y los demás Estados de América Latina y el Caribe tomen responsabilidad por la implementación de medidas efectivas de resguardo del ejercicio de la libertad de expresión a través de asegurar una prensa libre de amenazas en el ejercicio de su función de entregar información de interés público.

Exhortamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe a tomar acciones concretas para proteger en forma efectiva el ejercicio de la libertad de expresión como derecho humano y abandonar el clima de impunidad en que los Estados son responsables directos o cómplices de la violencia y asesinato de periodistas en nuestra región.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza de IFEX-ALC son:

Articulo 19 (Mexico and Central America)
Artigo 19 (Brazil)

Asociación Nacional de la Prensa
Asociación por los Derechos Civiles
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
Association of Caribbean Media Workers
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala
Centro Nacional de Comunicación Social
Comité por la Libre Expresión
Derechos Digitales
Espacio Público
Foro de Periodismo Argentino
Fundación Karisma
Fundación para la Libertad de Prensa
Fundamedios – Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión – IPLEX
Instituto Prensa y Sociedad
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia – OBSERVACOM
Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión
Sindicato de Periodistas del Paraguay
Trinidad and Tobago’s Publishers and Broadcasters Association

World Association of Community Radio Broadcasters – AMARC

 

LEER COMUNICADO OFICIAL