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Análisis

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César Ricaurte (O)

Y hemos llegado al segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero el camino para llegar a buen puerto no es sencillo.

En la primera etapa comparecieron los dos relatores de Libertad de Expresión, Édison Lanza, de la CIDH; y David Kaye, de la ONU. Eso ayudó mucho a centrar la discusión en los estándares internacionales. Hubo cerca de 90 comparecencias más y los medios comunitarios fueron los más activos y los que obtuvieron la mayor cantidad de puntos para su agenda.

Para este segundo debate, se prevé que los correístas y las fuerzas antidemocráticas que desean seguir amordazando a la prensa lancen una ofensiva en todo orden, preparan para eso figuras como los de la “real malicia” para reemplazar el linchamiento mediático. Esto demuestra cómo pervierten los estándares más favorables a la libertad de expresión, para convertirlos en verdaderas mordazas.

Y hay muchas más propuestas soterradas que pueden, por ejemplo, desenterrar a la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) o un organismo similar, a la cual los más optimistas dábamos por muerta y enterrada. Porque probablemente el desafío más importante, el verdadero nudo crítico en la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, es el problema del diseño institucional.

Debemos estar conscientes que gran parte de los problemas que debemos afrontar se debe a que la Ley fue concebida como un Frankstein, bajo una idea bastante estúpida: el Estado como titular del derecho a la libre expresión, en todas sus dimensiones.

El Estado debía estar en todo y controlarlo todo para al final producir un sinsentido que se sostenía por un solo objetivo: el control y disciplina a los medios. El diseño de las instituciones estatales durante el correísmo correspondió a esa lógica corrosiva. La pregunta clave de esta transición del autoritarismo a la democracia es: ¿Es posible transformar esas instituciones para que cumplan un rol en democracia? ¿Cómo?

Pero vamos por pasos y demos un vistazo a los avances del proyecto.

Es posible asegurar que hay avances sustanciales en algunos puntos críticos. Mencionemos dos: el derecho a la rectificación y el papel de la Defensoría del Pueblo. El derecho a la rectificación se sujeta casi estrictamente al artículo 14 de la Convención Americana así:

Art. 14: Derecho de rectificación o respuesta

  1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

Mucho mejor que el texto actual, ambigüo y desproporcionado. Sin embargo, es notorio que este artículo deberá ser reglamentado y, en último término, para su implementación implicará un activo trabajo con editores de medios y con operadores de justicia que deberán ser quienes decidan la aplicación del estándar de la real malicia, por poner un ejemplo.

También se incrementan las acciones afirmativas a favor del sector comunitario: se crea un fondo concursable para su impulso, se van a concesionar directamente frecuencias para las nacionalidades y pueblos indígenas, y se mantiene la reserva del espectro del 34 por ciento. No se avanza, lamentablemente, en poner fin a la innecesaria y antitécnica reserva del 33 por ciento del espectro para el sector público. Como ha dicho el relator Édison Lanza: los medios públicos deben ser pocos, pero de la más alta calidad posible. Esa es la línea en qué se debe trabajar.

Y llegamos a los nudos críticos. El diseño institucional como el principal. Revisemos una vez más lo que heredamos del correísmo: bajo el esquema de control de los medios y de la comunicación como servicio público se crearon dos tipos de instituciones con dos leyes distintas. Con la LOC se debían controlar los contenidos de los medios, para ello se dio paso a la Supercom que, según unos de sus creadores, “era los dientes en la Ley”. Es decir, la encargada de morder o sancionar a medios y periodistas. La segunda era el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) que debía ser el organismo “técnico” que emita los informes para justificar las sanciones y la regulación secundaria que cierre el cerco del control, allí dónde la LOC se había quedado corta.

En la otra mano, bajo la Ley de Telecomunicaciones, donde se creó una Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) bajo control absoluto del Ejecutivo que debía encargarse de controlar todo lo relativo al espectro radioeléctrico, incluyendo frecuencias de radio y TV.

En la intersección de ambas leyes, al Cordicom se le dio el poder de calificar proyectos comunicacionales, es decir de calificar los contenidos de los medios, para otorgarles o no frecuencias.

Insisto, bajo una lógica de control, este diseño es implacable. ¿Pero bajo una concepción democrática y respetuosa de libertades y derechos? Las reformas a la LOC tienen el acierto de neutralizar las mordeduras de la Supercom y ordenar su desaparición bajo la lógica de que ya el Estado no va a controlar contenidos ni va a sancionar por el ejercicio de la libertad de expresión.

Pero ¿qué pasa con el Cordicom y su primo hermano Arcotel? ¿Qué pasa, en definitiva, con la forma de otorgar licencias para concesionar frecuencias de radio y TV?

En primer lugar, el Cordicom no puede desaparecer. Hay un mandato popular como razón de su existencia y digamos que es legítimo que existan organismos reguladores colegiados. ¿Cuáles son los requisitos, los estándares que debe cumplir? No debe ser politizado ni subordinado a los intereses políticos o empresariales y su composición debe tener un alto nivel técnico.

¿El Cordicom cumple los requisitos que salen de las reformas? No y es un no rotundo. El Gobierno mantiene presidencia y voto dirigente. El resto de la composición es más por cuotas de representación, que en realidad son cuotas políticas, que no garantiza ni mucho menos el nivel técnico y la independencia.

Si bien hay avances en la forma de elección de los consejeros, que ya no serían designados a dedo, siguen respondiendo a distintos sectores, sin que eso signifique cuestionar la legitimidad de los mismos.

Arcotel es otro cantar. Está en la Ley de Telecomunicaciones. Pero, el asunto es que en la LOC consta el tema de la asignación de frecuencias y se hace necesario debatir reformas al respecto.

¿Entonces? En este punto es necesario llenarse serenidad y paciencia y probablemente comenzar la discusión de 0. El relator Lanza decía que este es un tema en el que, como país, debemos darnos tiempo y oportunidad de debatir. El diseño institucional es demasiado importante. Quizás se pueda aprobar las reformas a la LOC con una composición transitoria del Cordicom e incluso del Arcotel, para luego dar forma a un nuevo diseño institucional que responda a la lógica de una sociedad que desea construir una democracia plena.

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Cada vez que nos enfrentamos a un nudo crítico en la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), hay que estar conscientes que gran parte de los problemas que debemos afrontar se debe a que la Ley fue concebida como un Frankenstein, bajo una idea bastante estúpida: el Estado como titular del derecho a la libre expresión, en todas sus dimensiones.

El Estado debía estar en todo y controlarlo todo para al final producir un sinsentido que se sostenía por un solo objetivo: el control y disciplina a los medios. El diseño de las instituciones estatales durante el correísmo correspondió a esa lógica corrosiva. La pregunta clave de esta transición del autoritarismo a la democracia es precisamente “¿Es posible transformar esas instituciones para que cumplan un rol en democracia? ¿Cómo?”.

Estamos ya en la mesa con el Informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y eso luce como uno de los nudos críticos del nuevo cuerpo legal: el diseño institucional. Pero vamos por pasos y demos un vistazo general a los avances del proyecto.

Podemos asegurar que hay avances sustanciales en algunos puntos críticos. Mencionemos dos: el derecho a la rectificación y el papel de la Defensoría del Pueblo. El derecho a la rectificación se sujeta casi estrictamente al artículo 14 de la Convención Americana:

Art. 14: Derecho de rectificación o respuesta

  1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

Mucho mejor que el texto actual, ambiguo y desproporcionado. Sin embargo, es notorio que este artículo deberá ser reglamentado y, en último término para su implementación, implicará un trabajo activo con editores de medios y operadores de justicia quienes decidirán la aplicación del estándar de la real malicia, por poner un ejemplo.

También se incrementan las acciones afirmativas a favor del sector comunitario: se crea un fondo concursable para el impulso al sector, se van a concesionar de forma directa frecuencias para las nacionalidades y pueblos indignas y se mantiene la reserva del espectro del 34 por ciento. No se avanza, lamentablemente, en poner fin a la innecesaria y antitécnica reserva del 33 por ciento del espectro pare el sector público. Como ha dicho el relator Édison Lanza: los medios públicos deben ser pocos, pero de la más alta calidad posible. Esa es la línea en qué se debe trabajar.

Y llegamos a los nudos críticos. El diseño institucional como el principal. Revisemos, una vez más, lo que heredamos del correísmo: en el esquema de control de los medios y de la comunicación como servicio público se crearon dos tipos de instituciones bajo dos leyes distintas. Bajo la LOC, se debían controlar los contenidos de los medios. Para ello se dio paso a la Supercom que, según uno de sus creadores “era los dientes en la Ley”; es decir, la encargada de morder o sancionar a medios y periodistas. La segunda era el Cordicom que debía ser el organismo “técnico” que emita los informes para justificar las sanciones y la regulación secundaria que cierre el cerco del control, allí dónde la LOC se había quedado corta.

En la otra mano, bajo la Ley de Telecomunicaciones, se creó una Agencia de Regulación de control absoluto del Ejecutivo que debía encargarse de supervisar todo lo relativo al espectro radioeléctrico, incluyendo frecuencias de radio y TV.

En la intersección de ambas leyes, al Cordicom se le dio el poder de calificar proyectos comunicacionales. Es decir, de calificar los contenidos de los medios, para otorgarles o no frecuencias.

Insisto, bajo una lógica de control, este diseño es implacable. ¿Pero bajo una concepción democrática y respetuosa de libertades y derechos? Las reformas a la LOC tienen el acierto de neutralizar las mordeduras de la SUPERCOM y ordenar su desaparición bajo la lógica de que ya el Estado no va a controlar contenidos ni va a sancionar por el ejercicio de la libertad de expresión.

Pero ¿qué pasa con el CORDICOM y su primo hermano el ARCOTEL? ¿Qué pasa, en definitiva, con la forma de otorgar licencias para concesionar frecuencias de radio y TV?

En primer lugar, el CORDICOM no puede desaparecer. Hay un mandato popular como razón de su existencia y digamos que es legítimo que existan organismos reguladores colegiados. ¿Cuáles son los requisitos, los estándares que debe cumplir? No debe ser politizado ni subordinado a los intereses políticos o empresariales y su composición debe tener un alto nivel técnico.

¿Cumple esos requisitos el CORDICOM que sale de las reformas? No y es un no rotundo. El Gobierno mantiene presidencia y voto dirigente. El resto de la composición es más por cuotas de representación, que en realidad son cuotas políticas, que no garantiza ni mucho menos el nivel técnico y la independencia.

Si bien hay avances en la forma de elección de los consejeros, que ya no serían designados a dedo, siguen respondiendo a distintos sectores, sin que eso signifique cuestionar la legitimidad de los mismos.

ARCOTEl es otro cantar, está en la Ley de Telecomunicaciones. Pero, el asunto es que en la LOC consta el tema de la asignación de frecuencias y se hace necesario debatir reformas al respecto.

¿Entonces? En este punto es necesario llenarse serenidad y paciencia y probablemente comenzar la discusión de 0. El Relator Lanza decía que este es un tema en el que, cómo país, debemos darnos tiempo y oportunidad de debatir. El diseño institucional es demasiado importante. Quizás se pueda aprobar las reformas a la LOC con una composición transitoria del CORDICOM e incluso del ARCOTEL, para luego dar forma a un nuevo diseño institucional que responda a la lógica de una sociedad que desea construir una democracia plena.

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¿Por qué el manejo de las frecuencias es una papa caliente de la cual nadie quiere hacerse cargo?

La historia arranca así: en Ecuador, el desarrollo de la radiodifusión es temprana, pero su regulación es tardía. Las dictaduras militares de los años 70 son las que dictan la primera Ley de Radio y Televisión. Ley que, acorde al espíritu de una dictadura, vuelve al espectro de difícil acceso, otorga al Estado un papel central y no toma en cuenta la existencia de un sector comunitario, al cual se le da un carácter de clandestino e ilegal, como en la canción de Manu Chao.

En los años 90 se produce una reforma profunda de esta norma y se abre el espectro a todos los  que tengan el dinero o las influencias políticas para tomar una frecuencia. La situación se agrava cuando un funcionario corrupto y avivado amplía el espectro vía el truco técnico de estrechar la distancia entre cada emisora de radio (algo similar a lo que se planteó hace pocas semanas en la Asamblea). El espectro se multiplicó y se inició lo que se llamó la primera “Feria de Frecuencias”, pues la situación era la de un mercado persa en día de feria.

Así las frecuencias fueron capturadas por diputados, empresarios honestos; y de los otros, líderes gremiales con rabos de paja gigantescos, hombres públicos e influyentes. Luego muchos procedían a “engordar” esas frecuencias para después venderlas a precios estratosféricos.

El espectro es propiedad de la humanidad y es administrado por los Estados, por lo tanto su venta es un delito. Pero, eso no importaba, se inventaron las más infames y grotescas mañas para “legalizar” el robo.

Al inicio del Gobierno de Rafael Correa parecía que la situación iba a llegar a su fin. Se encargaron auditorías a la Feria de frecuencias, se señalaron culpables, se hicieron anuncios grandilocuentes. Luego el silencio y la nada. O más bien el arreglo bajo la mesa y la consolidación de los nuevos amigos del Régimen como los zares de las frecuencias.

Así y todo se anunció la democratización de la comunicación y una nueva Ley que iba a arreglar todos los males. Hubo ingenuos que se lo creyeron. Quienes ya veíamos la agresividad del caudillo contra la prensa sabíamos que el discurso era un atrapamoscas.

Así sucedió. La Ley de Comunicación contenía artículos que supuestamente democratizaban el espectro. Hubo un avance sustancial con la reserva del espectro para comunitarios del 34% que fue acompañado por una absurda reserva de 33% para los gobiernos. Al final, todo esto solo sirvió como otro ladrillo más en la pared del control y chantaje contra los medios radiales y televisivos.

El clímax llegó con la convocatoria a un gigantesco concurso de 1.472 frecuencias de radio y TV en vísperas de una campaña electoral. Era el golpe maestro para tomar el control de los medios.

Las bases y reglamentos lo decían gritos, pero ya se sabe: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchos vieron la oportunidad de obtener las frecuencias tantas veces anhelada. Y el objeto del deseo ocultó la trampa oculta: el concurso estaba diseñado para favorecer la opacidad y a los amigos.

En el medio quedó atrapado un sector comunitario que creyó (¿ingenua o políticamente?) que por primera vez iba a tener acceso a frecuencias para todos y todas… Al final, sucedió lo que era previsible y que había pasado antes en Venezuela y Bolivia: los comunitarios históricos fueron desplazados por “comunitarios” creados a última hora en las oficinas públicas o al calor de los compadrazgos que genera cantar “aleluyas” hombro con hombro.

La jugada fue tan sucia que ya en el nuevo gobierno, después de un examen del Tribunal de Cuentas de la República, léase la Contraloría, se tuvo que dar de baja al infame concurso.

¿Y ahora?

Pues el Estado tenía que dar respuestas rápidas y justas. No lo ha hecho. Los “dueños” del concurso, es decir quienes lo convocaron, léase Arcotel, no quieren dar la cara y meten la cabeza en la arena. Evaden la papa caliente de presiones e intereses cruzados: los antiguos beneficiarios de frecuencias que con vocación de oportunismo plantean la renovación automática, empresarios honestos que piden se reconozca la vigencia plena de contratos con el Estado que nunca fueron dados de baja por vías legales, el sector comunitario que tiene el cuchillo en los dientes y dispuesto dar batalla por sus derechos, los “comunitarios” de última hora y oficina pública que ahora se las dan de virginales y honestos…

Ante esto, solo queda dejarse de negociar con agendas particulares y sentarse a dialogar todos, de forma frontal y transparente para tratar de llegar a acuerdos que destraben estos nudos. La línea roja que todos debemos comprometernos a respetar debe ser el cumplimiento de los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.

¿Quién tomará el toro por los cuernos de una vez por todas? Lo cierto es que no se puede esperar más para dar soluciones integrales.