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Asamblea Nacional

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Ecuador, 3 de mayo de 2020

Sr. Licenciado

Lenín Moreno

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 

Sr. Ingeniero

César Litardo

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador

Presente.-

Carta abierta de Fundamedios a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado ecuatoriano 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 decenas de medios de comunicación pueden extinguirse 

 

La situación de los medios de comunicación ecuatorianos es crítica. La pandemia de la COVID-19 supone una paradoja: hay un consumo elevado de información indispensable, pero el periodismo enfrenta un presente y futuro precarios. Durante las últimas semanas, Ecuador es un escenario donde se tornan comunes los despidos masivos de las redacciones e, incluso, el final de las operaciones: la prensa deja de imprimirse. 

Este problema no tiene únicamente dimensiones empresariales. Tampoco se reduce a la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Se trata de Derechos Humanos que impactan en la libertad de expresión, pues el silenciamiento de voces atenta contra el pluralismo y la circulación de ideas, indispensables en una sociedad democrática. 

Las complicaciones de las empresas mediáticas no nacen con el nuevo coronavirus. Pero sí se agudizan. La economía débil del país se agravó con la emergencia sanitaria y precipitó la crisis. Para ponerlo en números, desde la declaratoria del estado de excepción el pasado 16 de marzo: por lo menos siete periódicos dejaron de circular en su versión impresa y decenas de trabajadores han sido separados de los medios. 

La alerta se encendió el 21 de abril, cuando Diario El Universo notificó la reducción de personal de las distintas áreas. Más de 150 colaboradores pasaron a estar desempleados. El periódico, que desde 1921 circula a escala nacional, anunció que en mayo modificará el tamaño de su edición impresa.

Un día después, el 22, se supo de la situación de Canal UNO, que ya estaba golpeada. Quince de sus trabajadores fueron despedidos telefónicamente. Personal que no había recibido su salario desde junio de 2019 y que actualmente denuncia una serie de irregularidades ante este acto intempestivo: ni siquiera se le ha permitido el paso a las instalaciones de la televisora para dialogar con los directivos y mediar las indemnizaciones. 

Mientras esto ocurre, las imprentas se detienen -literalmente-. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reconoce que el sector más impactado son los impresos que no se aventuraron a la transformación digital, pues comprar insumos implica un costo. Además, la circulación y venta de los ejemplares se limitan por las condiciones del estado de excepción. En Ecuador, los efectos son claros. 

Desde diciembre de 2009, en el país se gravó al papel periódico con el 12 % de IVA. Y desde mediados de marzo de 2020 está en vigencia un toque de queda que impide que voceadores puedan expender los rotativos en las calles.  

“La situación de los medios de comunicación nacionales ha sido bastante difícil y dura desde hace 10 años, cuando el Gobierno utilizó todos sus mecanismos para imponer trabas al periodismo independiente”, reconoce Juan Manuel Yépez, editor de Contenidos de Gráficos Nacionales S.A (Granasa) que edita Extra y Expreso. Esto quiere decir el panorama ya era pantanoso. Sin embargo, la pandemia supuso una oportunidad para que esas marcas históricamente posicionadas defiendan su rol en una sociedad democrática, garanticen el derecho al acceso a la información y combatan en primera línea el fenómeno de desinfodemia que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como otro de los peligros que acechan: las epidemias nocivas de rumores e información engañosa. 

“La difusión de contenidos falsos ha apuntalado la credibilidad de quienes nos hemos preocupado por contrastar y verificar los datos que circulan, reportamos desde hospitales, morgues, barrios. Estamos empeñados en no bajar los brazos: en el papel y en el digital”, describe el periodista. Aunque Granasa todavía no ha recortado personal en su redacción, sí asumió una caída en el tiraje de sus productos. 

Extra, conocido por ser el de mayor circulación nacional, bajó su impresión en un 71 %. Y Expreso en 55 %.

Desde la Unesco se advierte que si ante esta crisis económica y de seguridad sanitaria no se hace algo, se asiste a un “evento de extinción de los medios”. Así de alarmante y real. 

El viernes 24 de abril, la editorial Minotauro, responsable de Diario La Hora, empezó un proceso de suspensión de la circulación total de sus ediciones. En la carta con que notifica a sus colaboradores expone que “las condiciones de evidente fuerza mayor provocaron la paralización de toda venta e ingreso, por lo que imposibilita completamente la continuidad normal de nuestras actividades y lamentablemente nos obliga a suspender de manera definitiva nuestras operaciones comerciales”. Así terminó la historia de un periódico que se fundó en 1982 y que destacó por su enfoque en la cobertura local y provincial.

Guilherme Canela, Consejero de la Unesco en Comunicación e Información, insiste en la necesidad de generar mecanismos que funcionen como salvaguardia en este naufragio, pero que no limiten la autonomía editorial. Desde el Gobierno de Lenín Moreno hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre posibles incentivos que permitan sostener la actividad periodística. ¿Es su responsabilidad? El artículo 17 de la Constitución reza que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Pero en la situación actual, ni siquiera se los considera para acceder a préstamos bancarios.

Ese es el caso de Diario El Norte, de Ibarra, que no ha podido ser sujeto de crédito porque “la prensa está en el grupo de riesgo”. Sus ingresos por venta de ejemplares y publicidad se desplomaron, puesto que ya no se imprime y se entrega virtualmente a través de Telegram. “No se ha dejado de informar, seguimos con el digital de 24 páginas y con un canal en línea en Facebook; pero en estos momentos es más difícil  monetizar porque las prioridades de la gente y de las empresas son otras”, reconoce Patricio Pérez, director del rotativo.

Instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE) adeudan cientos de miles de dólares a varios medios por pauta electoral correspondiente a 2018 y 2019. “Desde hace un año, el Estado debe una cantidad importante y no nos paga. Si lo hiciera, sería una gran ayuda”, revela Pedro Zambrano, director de Ediasa, responsable de los periódicos El Diario y La Marea (Manabí), Centro (Santo Domingo), el canal Manavisión y la radio Amiga. Actualmente su objetivo es encontrar un modelo que permita operar ante la coyuntura donde la web duplicó en visitas pero no en ventas como para mantener al personal que la actualiza. 

La situación se replica en las redacciones locales. Lucy Freire, vocera de la Asociación de Editores de Periódicos de Provincia, señala que, a pesar de las limitaciones, se trabaja más. Ahora enfrentan la imposibilidad de reponer insumos -como el papel-, la dificultad para llegar a tiempo con los salarios y la necesidad de cumplir con los lectores que demandan información. “Hay un exceso de trabajo, disminución de suministros, al no haber ingreso se complica hacer nuevos pedidos. Es una situación calamitosa”, confirma.

En la organización que representa también dan seguimiento a lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía que no pueden reponer sus reservas para imprimir. “Trabajan a través de Facebook, en una zona donde apenas el 18% tiene acceso a Internet”, comenta. 

Los porcentajes en la baja de los ingresos y circulación coincide con las cifras globales. Los datos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) apuntan a caídas bastante homogéneas en el mundo que van del 60 % al 80 % en ingresos publicitarios y del 20 % al 25 % en el tiraje de periódicos. Los medios privados resultan especialmente castigados. Los ingresos han mermado entre el 70 % y el 80 %.

¿Qué tienen el Gobierno y la Asamblea Nacional en sus manos? La posibilidad de aliviar la situación de quienes defienden el derecho de la ciudadanía a estar informada. ¿Cómo?

  • Exención de IVA 
  • Líneas de crédito específicas
  • Revisión de las directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre de 2020 del sector público que impide la contratación de pauta
  • Que el crédito fiscal a favor de la empresa de medios de comunicación sea utilizado para pagar cualquier tributo estatal. Quienes accedan al incentivo deben mantener la nómina bajo acuerdos laborales.
  • Que el gasto en publicidad de las empresas, de cualquier tamaño, en medios sea deducible al pago del Impuesto a la Renta.
  • Que el Gobierno mantenga el gasto programado en medios de comunicación.

La situación es tan alarmante que el mismo Diario El Telégrafo, a cargo de la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, abandonó su versión física desde mediados de marzo.

El 3 de mayo de 2018, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, usted, señor presidente Lenín Moreno, afirmó que “es deber de los medios de comunicación lograr que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a información verdadera y sin censura» y estos son una “piedra angular de la democracia”. 

Entonces, señores presidentes de la República y de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el destino de un país que asiste en silencio al entierro de sus medios?

Atentamente,

Fundamedios

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Este 17 de abril, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional debatió el informe enviado por el Ejecutivo que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que se refiere al concepto de “medios de comunicación social”. El texto, modificado en febrero pasado, declaraba a la comunicación como un servicio público y consideraba en su competencia de regulación a los medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción. La propuesta del Ejecutivo fue declararla un derecho.

Los 10 asambleístas que conforman la Comisión votaron a favor del informe del Ejecutivo y aprobaron declarar a la comunicación como un derecho universal. A pesar del avance que este reconocimiento representa, la asambleísta Jeannine Cruz aclaró a FUNDAMEDIOS que la Asamblea todavía tiene que pulir varios puntos relacionados a la LOC, entre ellas el artículo 98 relacionado a los productores audiovisuales.

FUNDAMEDIOS se congratula ante esta decisión que se ajusta a los estándares internacionales de Derechos Humanos que han enfatizado que la comunicación es un derecho individual, sin el cual se negaría la primera y más importante de las libertades: el derecho a pensar por cuenta propia y a compartir con otros nuestro pensamiento; además de ser la base social para mantener y consolidar una sociedad democrática.

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La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada el 23 de junio de 2013, fue el dispositivo más sofisticado que tuvo el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de dominar y someter a los medios de comunicación independientes y al periodismo libre del país.

¿Cuál es el balance de la vigencia de la LOC para la libertad de Expresión? Más de 800 procesos en contra de periodistas y medios. Más de 500 sanciones para tratar de disciplinar a los medios y controlar no solo lo que decían, sino lo que no decían o lo que decían terceras personas que se expresaban a través de la prensa.

Ningún demócrata puede defender un instrumento de esta naturaleza. Los caminos para su desmontaje, eso sí, han marcado diferencias: algunos han planteado la derogatoria. Respetable punto de vista. Desde nuestra perspectiva, era mucho más apegado a la realidad intentar una reforma profunda y, creemos, que lo aprobado este 14 de febrero en la Asamblea Nacional va en esa línea, aunque no nos satisface del todo.

La brújula, lo dijimos, son los estándares internacionales y todavía quedan puntos en los cuales las reformas quedan debiendo. Por eso, llamamos a plantearnos desde ya una segunda generación de reformas que terminen por desmontar la estructura institucional y legal del correísmo y signifiquen avances significativos en materia de derechos y libertades fundamentales.

Nos congratulamos de que hayan existido sectores para quienes la Ley Orgánica de Comunicación significó ganancias y avances, como el de la industria audiovisual. Esta realidad, no la debemos desconocer. Sin embargo, invitamos a los ganadores de todos estos años para que piensen en el país de largo plazo y planteen alternativas a un proteccionismo total del sector.

No creemos lo mismo del sector comunitario. Pese a la lírica incluida en la Ley y en los discursos oficiales, el sector comunitario fue uno de los perdedores de la vigencia de la LOC. Por lo tanto, es difícil entender, más allá de factores ideológicos, la defensa a ultranza de la situación creada por el correísmo. Quedan para la valoración histórica el respaldo a la aprobación de la LOC en 2013 y su oposición a las reformas de 2019.

En todo caso, invitamos abiertamente a todos los sectores a despojarse de intereses y caretas ideológicas para pensar en el Ecuador del mañana y avanzar en las reformas legales e institucionales necesarias para recuperar plenamente la libertad de expresión y que implican leyes como:

Código de la Democracia
Ley de Participación Ciudadana
Ley Antimonopolio
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Creación de la Ley del Sistema de Medios de Servicio Público
Creación de la Ley de Publicidad Oficial

Así mismo, creemos que se debe dar pasos decisivos para la creación de mecanismos de protección al trabajo periodístico, dónde se refleja la responsabilidad estatal, la colaboración de la sociedad civil y la corresponsabilidad de medios de comunicación y periodistas.

En definitiva, hoy se ha dado un gran paso, pero aún debemos dar muchos más en el camino para que en el Ecuador tengan plena vigencia las libertades de expresión y prensa.

Este 18 de diciembre, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Con 107 legisladores presentes, 75 (Alianza PAIS, Creo, Partido Social Cristiano, Suma e independientes) votaron a favor; 25, de Revolución Ciudadana, en contra y siete se abstuvieron.

En total, se derogaron 14 artículos y se reformaron 64, un capítulo y dos secciones transitorias.

Como parte de las modificaciones se eliminaron las normas deontológicas impuestas desde el Estado, así como la figura de linchamiento mediático; también se dio un plazo de 180 días para que la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) desaparezca. Al artículo 42, sobre la exigencia del título para el ejercicio periodístico, se agregó un inciso cuya finalidad es dar protección a los profesionales:  

“Art.42.1 Protección a los trabajadores de Comunicación:
El Estado, los medios de comunicación, protegerán a los trabajadores de comunicación que, por sus actividades profesionales, su vida esté en riesgo, para lo cual el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la información y Comunicación (Cordicom), elaborará y coordinará, con las instituciones respectivas, políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas.

Se entenderá por actividades de riesgo entre otras:
a) Producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes;
b) Contrabando de mercaderías
c) Trata de personas; y
d) Corrupción

El Estado dispondrá los recursos económicos, materiales y humanos para este fin”.

Durante ocho horas de sesión, 32 asambleístas intervinieron y dieron sus observaciones. Minutos antes de la votación final, Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que trabajó las modificaciones, anunció que se incluyó una disposición que permite, por única vez, la renovación automática de frecuencias de radio y televisión en un plazo de 60 días.

En ese contexto, la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso a la medida e intentó presentar un informe de minoría que no fue aprobado por Jorge Corozo. La asambleísta Marcela Holguín expresó su descontento y expuso que “el propósito era mejorar, actualizar y corregir, pero nunca disminuir los derechos ciudadanos o, peor aún, derogar la ley. Es absolutamente inconstitucional, esto es mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas, no se puede derogar. De aprobar, estaríamos dando paso a una ley punitiva que deja en indefensión a los ciudadanos”.

El documento será enviado al Ejecutivo para su revisión y veto, antes de ser publicado en el Registro Oficial.

FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) desarrollaron un ciclo de encuentros con periodistas, estudiantes, abogados, asambleístas, representantes de medios de comunicación privados, públicos y comunitarios para aportar e incidir en el debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional tuvo por objetivo recoger las reflexiones de distintos sectores de la sociedad para sumar a la construcción de un cuerpo legal que garantice el principio fundamental de la libertad de expresión.

Entre octubre y noviembre de 2018, en Quito y Guayaquil, se llevaron a cabo los diálogos ‘¿Qué opinan los periodistas sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación?’. Cada uno de los foros contó con un promedio de 50 asistentes.   

Además, se contó con una variada lista de expositores y facilitadores que guiaron la discusión y los aspectos más relevantes a tomar en cuenta en el proceso de modificaciones:

Academia:

  • César Carrión
    Decano de la Facultad de Comunicación de la PUCE
  • Carlos Aulestia
  • Subdecano de la Facultad de Comunicación de la PUCE
  • Efraín Luna
    Director de la carrera de Comunicación de la UCSG

Asamblea Nacional

  • Jeannine Cruz
  • Asambleísta
  • Vladimir Andocilla
    Asesor de la Comisión de Derechos Colectivos

Sector Público

  • Édison Toro
  • Superintendente de Comunicación e Información
  • Danilo Sylva
    Expresidente del Cordicom
  • Luis Holguín
  • Consejero del Cordicom. Representante por los Consejos de Igualdad
  • Rosario Utreras
  • Consejera del Cordicom. Representante por la Defensoría del Pueblo
  • Paulina Murillo
  • Delegada de la Defensoría del Pueblo
  • Marco Pacheco
    Coordinador Zonal de la Defensoría del Pueblo

Sociedad Civil, Medios de Comunicación y Periodistas

  • César Ricaurte
    Director Ejecutivo Fundamedios
  • Desirée Yépez
    Directora de Contenidos Fundamedios
  • Mauricio Alarcón
    Director Ejecutivo Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)
  • Marco Encalada
    Gerente de la Fundación Oikos
  • Fred Larreátegui
  • Abogado en libre ejercicio
  • Francisco Rocha
  • Presidente Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep)
  • Guadalupe Fierro
    Presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP)
  • Carlos Rojas
    Periodista de Ecuavisa
  • Ana María Acosta
    Coordinadora de la Fundación El Churo
  • Martha Roldós  
  • Directora Fundación Mil Hojas
  • Juan Manuel Yépez
  • Director de Contenidos Gráficos Nacionales (Granasa)

Los diálogos se desarrollaron como un espacio eminentemente democrático. En el debate se determinaron roles y competencias de cada institución para garantizar el derecho a la comunicación.

El trabajo con distintos sectores de la sociedad civil, gremios periodísticos, medios de comunicación, periodistas y academia partió del objetivo de que cualquier reforma que se apruebe respete y garantice la libertad de expresión. El resultado de dichos encuentros se resumió en un documento que fue entregado a los legisladores que este 18 de diciembre debatirán la aprobación de las modificaciones que deben ajustarse a los estándares internacionales.

 

 

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El lunes 10 de diciembre, tras una sesión de cuatro horas, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Siete legisladores votaron a favor del proyecto y tres, José Chalá, Carmen García y Marcela Holguín, en contra.

Después de varias sesiones de diálogo, observaciones y votación, el informe propone cambios sobre los códigos y normas deontológicas, el derecho a la réplica, el consejo consultivo y la ratificación de  la obligatoriedad de la profesionalización a los trabajadores de la comunicación, entre otros. Modificaciones hechas a última hora se tomaron en consideración como fue el artículo 79 de la ley para permitir a los medios de comunicación la difusión de publicidad de bebidas de moderación hasta cinco grados del alcohol.

El asambleísta César Carrión propuso una disposición transitoria para que las sanciones pecuniarias aplicadas para la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) sean revisadas. Expresó que la institución debe encargarse de las sanciones en los 180 días que tendrá de plazo para desaparecer, una vez que la reforma sea oficial. Jeannine Cruz, de CREO, expresó que cuando la Supercom deje de funcionar, parte de sus derechos  y obligaciones deberán ir al Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom). “Los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos nacionales o internacionales que le correspondían a la Supercom serán asumidos por el Cordicom de acuerdo a sus atribuciones”, precisó Jorge Corozo, presidente de la Comisión.

Según el Legislativo, el texto del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación contiene 90 artículos y 6 disposiciones transitorias.Este informe será enviado este 13 de diciembre a Elizabeth Cabezas, presidente de la Asamblea, para ponerlo a consideración del pleno.

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El acceso a la información pública garantiza un verdadero control social y facilita una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones. En ese sentido, se celebra la Semana de la Transparencia y la Defensoría del Pueblo impulsa, entre este este 27 y 28 de noviembre, una agenda de jornadas académicas para abordar ‘El Derecho de Acceso a la Información Pública como herramienta de las y los defensores para el ejercicio de otros Derechos Humanos y los de la naturaleza’.

FUNDAMEDIOS coorganiza el panel: ‘Acceso a la información y libertad de expresión’. Desde las 12:30 de este 28 de noviembre, en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional (Quito), se analizarán a través de tres enfoques lo determinante de este derecho en el ejercicio de la comunicación y el periodismo.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, expondrá los resultados del informe ‘Acceso a la información pública en América Latina: Muchas respuestas, pocos detalles’, en el cual participaron 13 países de la región. El periodista Paúl Mena, de la unidad de Investigación de El Universo, analizará la aplicación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) en el periodismo. Luis Saavedra, coordinador de Inredh, reflexionará en torno a los estándares internacionales que rigen sobre este tema.

Dentro de las jornadas planificadas, Gina Benavides, defensora del Pueblo (e), presentará y entregará a la Asamblea Nacional el informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. El análisis corresponde al período 2017.

 

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César Ricaurte (O)

Y hemos llegado al segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero el camino para llegar a buen puerto no es sencillo.

En la primera etapa comparecieron los dos relatores de Libertad de Expresión, Édison Lanza, de la CIDH; y David Kaye, de la ONU. Eso ayudó mucho a centrar la discusión en los estándares internacionales. Hubo cerca de 90 comparecencias más y los medios comunitarios fueron los más activos y los que obtuvieron la mayor cantidad de puntos para su agenda.

Para este segundo debate, se prevé que los correístas y las fuerzas antidemocráticas que desean seguir amordazando a la prensa lancen una ofensiva en todo orden, preparan para eso figuras como los de la “real malicia” para reemplazar el linchamiento mediático. Esto demuestra cómo pervierten los estándares más favorables a la libertad de expresión, para convertirlos en verdaderas mordazas.

Y hay muchas más propuestas soterradas que pueden, por ejemplo, desenterrar a la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) o un organismo similar, a la cual los más optimistas dábamos por muerta y enterrada. Porque probablemente el desafío más importante, el verdadero nudo crítico en la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, es el problema del diseño institucional.

Debemos estar conscientes que gran parte de los problemas que debemos afrontar se debe a que la Ley fue concebida como un Frankstein, bajo una idea bastante estúpida: el Estado como titular del derecho a la libre expresión, en todas sus dimensiones.

El Estado debía estar en todo y controlarlo todo para al final producir un sinsentido que se sostenía por un solo objetivo: el control y disciplina a los medios. El diseño de las instituciones estatales durante el correísmo correspondió a esa lógica corrosiva. La pregunta clave de esta transición del autoritarismo a la democracia es: ¿Es posible transformar esas instituciones para que cumplan un rol en democracia? ¿Cómo?

Pero vamos por pasos y demos un vistazo a los avances del proyecto.

Es posible asegurar que hay avances sustanciales en algunos puntos críticos. Mencionemos dos: el derecho a la rectificación y el papel de la Defensoría del Pueblo. El derecho a la rectificación se sujeta casi estrictamente al artículo 14 de la Convención Americana así:

Art. 14: Derecho de rectificación o respuesta

  1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

Mucho mejor que el texto actual, ambigüo y desproporcionado. Sin embargo, es notorio que este artículo deberá ser reglamentado y, en último término, para su implementación implicará un activo trabajo con editores de medios y con operadores de justicia que deberán ser quienes decidan la aplicación del estándar de la real malicia, por poner un ejemplo.

También se incrementan las acciones afirmativas a favor del sector comunitario: se crea un fondo concursable para su impulso, se van a concesionar directamente frecuencias para las nacionalidades y pueblos indígenas, y se mantiene la reserva del espectro del 34 por ciento. No se avanza, lamentablemente, en poner fin a la innecesaria y antitécnica reserva del 33 por ciento del espectro para el sector público. Como ha dicho el relator Édison Lanza: los medios públicos deben ser pocos, pero de la más alta calidad posible. Esa es la línea en qué se debe trabajar.

Y llegamos a los nudos críticos. El diseño institucional como el principal. Revisemos una vez más lo que heredamos del correísmo: bajo el esquema de control de los medios y de la comunicación como servicio público se crearon dos tipos de instituciones con dos leyes distintas. Con la LOC se debían controlar los contenidos de los medios, para ello se dio paso a la Supercom que, según unos de sus creadores, “era los dientes en la Ley”. Es decir, la encargada de morder o sancionar a medios y periodistas. La segunda era el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) que debía ser el organismo “técnico” que emita los informes para justificar las sanciones y la regulación secundaria que cierre el cerco del control, allí dónde la LOC se había quedado corta.

En la otra mano, bajo la Ley de Telecomunicaciones, donde se creó una Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) bajo control absoluto del Ejecutivo que debía encargarse de controlar todo lo relativo al espectro radioeléctrico, incluyendo frecuencias de radio y TV.

En la intersección de ambas leyes, al Cordicom se le dio el poder de calificar proyectos comunicacionales, es decir de calificar los contenidos de los medios, para otorgarles o no frecuencias.

Insisto, bajo una lógica de control, este diseño es implacable. ¿Pero bajo una concepción democrática y respetuosa de libertades y derechos? Las reformas a la LOC tienen el acierto de neutralizar las mordeduras de la Supercom y ordenar su desaparición bajo la lógica de que ya el Estado no va a controlar contenidos ni va a sancionar por el ejercicio de la libertad de expresión.

Pero ¿qué pasa con el Cordicom y su primo hermano Arcotel? ¿Qué pasa, en definitiva, con la forma de otorgar licencias para concesionar frecuencias de radio y TV?

En primer lugar, el Cordicom no puede desaparecer. Hay un mandato popular como razón de su existencia y digamos que es legítimo que existan organismos reguladores colegiados. ¿Cuáles son los requisitos, los estándares que debe cumplir? No debe ser politizado ni subordinado a los intereses políticos o empresariales y su composición debe tener un alto nivel técnico.

¿El Cordicom cumple los requisitos que salen de las reformas? No y es un no rotundo. El Gobierno mantiene presidencia y voto dirigente. El resto de la composición es más por cuotas de representación, que en realidad son cuotas políticas, que no garantiza ni mucho menos el nivel técnico y la independencia.

Si bien hay avances en la forma de elección de los consejeros, que ya no serían designados a dedo, siguen respondiendo a distintos sectores, sin que eso signifique cuestionar la legitimidad de los mismos.

Arcotel es otro cantar. Está en la Ley de Telecomunicaciones. Pero, el asunto es que en la LOC consta el tema de la asignación de frecuencias y se hace necesario debatir reformas al respecto.

¿Entonces? En este punto es necesario llenarse serenidad y paciencia y probablemente comenzar la discusión de 0. El relator Lanza decía que este es un tema en el que, como país, debemos darnos tiempo y oportunidad de debatir. El diseño institucional es demasiado importante. Quizás se pueda aprobar las reformas a la LOC con una composición transitoria del Cordicom e incluso del Arcotel, para luego dar forma a un nuevo diseño institucional que responda a la lógica de una sociedad que desea construir una democracia plena.

Este 23 de octubre se inició un ciclo de encuentros con medios de comunicación para aportar en el debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional integra a FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). La mañana de este martes, periodistas, líderes de opinión, gremios y representantes de medios privados tomaron la palabra.

“Es sumamente importante que los periodistas, los principales perjudicados por el ejercicio arbitrario de la LOC, sean los protagonistas de las reformas que buscan construir una ley que garantice la libertad de expresión”, enfatizó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. En ese sentido, Danilo Sylva, presidente del Cordicom, mencionó que el reto consiste en trabajar para que las modificaciones se ajusten a los estándares internacionales.

Vladimir Andocilla, asesor de la asambleísta Jeannine Cruz; Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; y Carlos Rojas, periodista de Ecuavisa, abordaron aspectos de la LOC que afectan a los medios privados, los indicadores de los estándares internacionales y la labor periodística a partir de las reformas.

Periodistas como Miguel Rivadeneira, Guadalupe Fierro, Jean Cano, Fabricio Vela, Martha Roldós aportaron el tema con sus puntos de vista. La profesionalización del ejercicio periodístico, regulación, normas deontológicas y manejo de contenidos fueron algunos de los temas que se analizaron.

El objetivo de esta serie de reuniones, que se realizará también en otras ciudades, es sistematizar los aportes de los implicados en la reforma de la Ley para crear un insumo que sirva de guía y contribuya a la discusión que en los próximos días se retomará en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, previo al segundo debate del proyecto. Para enriquecer el proceso, este 31 de octubre y 7 de noviembre se replicará este ejercicio junto a representantes de medios públicos y comunitarios, respectivamente.

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El relator para la Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas, David Kaye, visitó este 10 de octubre la Comisión de Derechos Colectivos, de la Asamblea Nacional. Ante los legisladores abordó asuntos relacionados a la situación de la libertad de expresión en Ecuador y el proceso de reformas a la Ley de Comunicación (LOC).

El experto recalcó que las leyes que regulan temas sensibles como la comunicación y el libre flujo de información deben respetar los estándares internacionales de Derechos Humanos. “El derecho de dar y recibir información sin ningún tipo de censura es esencial para el desarrollo de una democracia más vibrante, transparente y participativa”, enfatizó Kaye.

Respecto al proceso de reformas a la Ley de Comunicación se refirió a dos elementos esenciales. El primero se basa en el contenido de la comunicación. El Relator afirmó que cuando los gobiernos intentan regular contenidos hay riesgo de una sobreregulación que se puede prestar para abusos. En ese sentido, afirmó que la Relatoría saluda la eliminación de la figura del linchamiento mediático, contemplado en el artículo 26 de la norma vigente.

El segundo elemento es el institucional, específicamente la infraestructura de las comunicaciones y la división del espectro radioeléctrico para frecuencias de radio y televisión. El Relator insistió que la división tripartita del espectro necesita una revisión profunda. Sobre esto, recalcó que no es equiparable realizar concursos de frecuencias entre medios públicos, comunitarios y privados sin un criterio diferenciado para cada uno. Enfatizó que aunque las reformas a la Ley mantengan la división en tercios del espectro radioeléctrico, se deberían implementar criterios diferenciados para la concesión.

Otro asunto de preocupación para Kaye es que varios cuerpos legales en Ecuador, incluyendo la Constitución, contemplan derechos que las personas tienen para defenderse de los medios cuando existen posibles atentados en contra de su honra. El experto enfatizó que este tipo de delitos crean una presunción de culpabilidad contra los periodistas y pueden ser utilizados como herramientas para silenciar el criticismo.

Finalmente en lo que se refiere a mecanismos de autorregulación, el Relator dijo que es necesario que cada uno de los medios de comunicación tenga un mecanismo propio, pero es especialmente relevante el desarrollo de mecanismos de autorregulación que envuelvan al sector público, privado, la Academia y sociedad civil para obtener resultados favorables.