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Asamblea Nacional

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Ecuador, 29 de octubre del 2020. Con el objetivo de dar a conocer la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública y las acciones que se realizan para impulsar esta normativa, Fundamedios realiza mesas de socialización a través de las cuales se nutre el proyecto con aportes de diversos sectores.

Previo al tratamiento de la Ley en la Comisión de Derechos Colectivos, que iniciará el 30 de octubre a las 10:00, se organizó un nuevo encuentro en el que participaron legisladores y periodistas y en el cual pudieron despejar algunas dudas. El Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dio la bienvenida a los asistentes y recordó que: “mañana iniciará el debate y esperamos que se pueda aprobar en este periodo parlamentario, existe la mejor predisposición de todos los bloques pues se ve la necesidad de proteger el derecho del acceso a la información pública, así como tener una herramienta para la lucha contra la corrupción”.

En cuanto a la estructura y espíritu de la Ley se explicó que entre los principios están la supremacía de Interés Público; Gratuidad y la no regresión de la información y la máxima publicidad.  El objetivo es promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública en su más amplia aplicación, establecer las excepciones a la publicidad de la información, y fomentar la transparencia en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado conforme la doctrina del bloque de constitucionalidad.

Desde Fundamedios consideramos que la actual Ley de Acceso fue una buena ley, pero ha estado vigente durante 14 años y no se contempla nuevas realidades como el manejo de la información digital ni el manejo de datos abiertos por lo cual existe una brecha entre la ley actual y la nueva realidad que es necesaria actualizar con urgencia.

En el punto relacionado a la Transparencia Activa se obligará a las instituciones que tengan un oficial de información y un equipo técnico de transparencia y que se crea un Portal de Transparencia con el propósito de centralizar la información pública y que existan responsables por el manejo de la misma

Sobre la transparencia pasiva se propone poner a disposición del público un enlace para poder realizar un pedido directo de solicitud de información, esto no quita la posibilidad de hacerlo ante el oficial de manera oral. Para la entrega de información, se mantiene el término de 10 días y 5 días adicionales por los volúmenes de información.

Los requisitos para que los ciudadanos accedan a la información serán la descripción precisa de la información solicitada; la información del solicitante para las notificaciones y la forma en la cual prefiere que la información le llegue. En este caso, se eliminan la necesidad de copias de cédulas o información adicional.  Para denegar la información, deberá ser aprobado por la entidad de Acceso a la Información, previa aprobación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP, quien deberá explicar las razones de la negación de la información.

La Ley contempla un Régimen de Excepciones que aplica a dos grandes grupos: la información confidencial y la información reservada. En el primer caso abarca el Derecho a la intimidad, incluyendo la privacidad relacionada a la vida, la salud, la seguridad, y la integridad; Datos personales cuya difusión requiera el consentimiento de sus titulares; La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley de Protección de Datos; Intereses comerciales y económicos legítimos; y Patentes, derechos de autor y secretos comerciales.

Sobre la información reservada será considerada aquella que ponga en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier grupo o sector de la sociedad; Instrucciones fiscales de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal; Las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidas en esta Ley, así como las previstas en instrumentos internacionales y  Cuando existan razones de seguridad nacional o la defensa nacional.

Entre las competencias de la Autoridad de Cumplimiento está la fiscalización; emitir criterios y ponderación; monitoreo y vigilancia, ejecución de sanciones y la promociones y capacitaciones. Deberá garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales conforme a lo establecido en la Constitución, e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la Ley de Protección de Datos, esta Ley y la normativa vigente.

Contará con una Subsecretaría de Acceso a la Información Pública y la conformación de su Consejo Directivo con representante de sociedad civil, academia, sector privado, y medios de comunicación.

Al final de la socialización, los participantes hicieron diversos aportes. Destacaron la importancia de los datos abiertos y la lucha contra la corrupción. También solicitaron considerar expresamente las obligaciones de las Universidades que manejan fondos públicos para que transparenten su información y solicitaron que las responsabilidades de los funcionarios públicos ante posibles multas por no entregar información pública, sean analizadas en función de la calidad y cantidad de información, así como de los mecanismos institucionales  disponibles para procesar dicha información.

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Fundamedios organizó el 21 y 23 de octubre mesas de diálogo con el objetivo de dar a conocer los avances en relación a los proyectos de Acceso a la información y al de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, este último clave para avanzar en temas como comercio electrónico y que constituyen una exigencia de la Unión Europea para implementar un tratado de libre Comercio. Además, regulan un derecho humano fundamental como es la protección de nuestro espacio privado que incluye los datos que se generan en el mundo digital. 

El proyecto de Acceso a la Información fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y dirigido a la Comisión de Derechos Colectivos, que lo conoció la tarde del 23 de octubre. El objeto principal de esta Ley es garantizar el derecho a la información pública, fomentando la transparencia en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado. 

Se contempla la transparencia activa, información que entregan las entidades del Estado y que exista un Oficial de Información en el área, además de un Portal Nacional de Transparencia. El proyecto de ley contempla un régimen de excepciones; el primer caso cuando se trata de información confidencial y, en segunda instancia, cuando se trata de información reservada. La ley busca resolver los mayores problemas como la falta de una entidad con facultad sancionatoria; además de incentivar la proactividad de la sociedad civil a empoderarse en los temas de información pública.

Por otro lado, entre los puntos más relevantes de la Ley Orgánica de Protección de Datos personales tenemos que el proyecto recoge distintos principios como juridicidad, transparencia, lealtad, legitimación conservación y los derechos incluyen la rectificación, actualización y eliminación, derecho a la portabilidad, derecho al olvido, excepciones y educación digital.  Además, los datos personales serán conservados solamente durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad de su tratamiento.

Se contemplan categorías especiales de datos sensibles como los relacionados con los niños, niñas y adolescentes, datos crediticios, de salud de personas con discapacidad y datos relativos a las telecomunicaciones. Existen una serie de obligaciones para proteger los datos de las personas como que el tratamiento de datos personales por terceros deberá ser regulado por un contrato.

Habrá un delegado de protección de datos personales que tendrá las funciones de informar y asesorar sobre el uso de los datos personales, así como supervisar la implementación de las disposiciones; aplicar e implementar herramientas administrativas y registrar y mantener actualizado un Registro Nacional de Protección de Datos para su protección.  

Los ciudadanos podrán presentar amparados en esta Ley quejas a las Autoridad de Protección de Datos cuando consideramos que sean vulnerados derechos, principios y obligaciones. La autoridad podrá aplicar infracciones leves y graves, multas a funcionarios públicos que incumplen con la protección a la privacidad o acceso a datos personales

La Ley de Acceso a la Información debe ser compatible con la Ley de Protección de Datos Personales y son instrumentos indispensables para el país pues promueven derechos fundamentales como el acceso a la información pública, como un instrumento de lucha contra la corrupción e indispensables en la nueva economía digital. 

Ante ello, se ha tratado de compatibilizar la autoridad de Protección de Datos Personales y la Autoridad de Acceso a la Información. Inicialmente se había pensado en la creación de una Superintendencia, pero dada la austeridad fiscal se ha planteado que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) tenga autonomía del Ejecutivo y que tenga una composición que refuerce su independencia para que cobije a la autoridad de Protección de Datos así la de Acceso a la Información.

 

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Ecuador, 8 de octubre del 2020. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, compareció la tarde del 7 de octubre ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional con el propósito de presentar los resultados de la investigación realizada por Fundamedios, Plan V y Ecuavisa que revelan la concentración de medios de comunicación en manos del empresario Ángel González, conocido como el Fantasma, quien utiliza una red de testaferros para evitar señalamientos.

Fundamedios trabaja desde hace 14 años en Ecuador y desde hace 5 en América Latina en la defensa, promoción y monitoreo de la libertad de prensa y expresión por lo que el interés en el concurso de frecuencias se enmarca exclusivamente en la defensa de los derechos humanos y la democracia ya que la concentración de medios restringe la pluralidad que asegura el pleno derecho a la información.

“Cuando hablamos de concentración de medios no estamos ante un tema meramente técnico y administrativo, estamos ante un hecho que tiene serias consecuencias sobre la calidad de la democracia en el país”, sostuvo Ricaurte.

A través de una presentación con 24 diapositivas se presentó las pruebas que ratifican la presencia de Ángel González en el Ecuador y que compite, actualmente por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  Además de 19 repetidoras en provincias.

En 2019 la Contraloría General del Estado presentó los resultados del Examen Especial a los Procesos de Concesión de Frecuencias. En el documento detectó la concentración de medios de comunicación y señaló que al menos 8 medios de comunicación se encuentran ubicados en una misma dirección y que los contadores de estas empresas son los mismos ciudadanos. Con este antecedente, Ricaurte alertó que las empresas señaladas en el informe del 2019 entran nuevamente a concurso: MEGACOMUNICATION S.A; ANDIVISIÓN; RADIODIFUSORA AYAX; DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTANTES; ECUADORADIO S.A; RIDALTO RIDALTOSA S.A; RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.

Estas empresas ecuatorianas tienen como accionistas a 8 empresas en Montevideo, Uruguay y 6 de estas se ubican en la misma dirección: Juan Parra del Riego 989 que es un predio donde funciona una empresa de contadores.

Para demostrar la presencia de El Fantasma a través de una red de testaferros, Fundamedios presentó varios casos puntuales:

Cirvane Trading S.A es una empresa de nacionalidad uruguaya presidida por Remigio Ángel González González, cuya dirección es Juan Parra del Riego 989. Cirvane Trading S.A es accionista de la empresa ecuatoriana Adaratop S.A., dueña a su vez de Megacomunications S.A., una empresa que concursa por la frecuencia 105.7 que es la Radio Fabu Stereo.

Andivisión tiene como accionistas a la empresa uruguaya FIZLER S.A y a la empresa RADIO Y TELEVISIÓN GUATEMALA S.A que es parte del Grupo Albavisión, de Remigio Ángel González. José Fernando Villanueva Carrera, es el representante legal, la compañía pertenece a la esposa de Ángel González, Alba Lorenzana Cardona, y a su hija Jani Tzik Tzik. Además, este medio de comunicación está implicado en el caso de corrupción de financiamiento ilegal de la política en Guatemala y que desembocó en la Destitución y Encarcelamiento del Ex-Presidente, Otto Pérez Molina y de su Vicepresidenta Roxanna Baldettí y se mostró cheques y facturas de ese caso.

También presentó el caso de Cuminol S.A. que es a su vez una de las propietarias de la empresa ecuatoriana Radiodifusora Trafalgar del Ecuador S.A. concesionaria de la frecuencia 96.1 Joya Stereo. Cuminol S.A.  está presidida por el mexicano Guadalupe Carlos Hernández Martínez, según

información obtenida de la Dirección Nacional de Registros en Uruguay. En una declaración jurada, Hernández reconoce que “la totalidad de los fondos y dineros utilizados para la adquisición societaria me fueron proporcionados por el señor don Remigio Ángel González González” quien aseguró, es el único dueño.

Risfelar S.A. es a su vez una de las propietarias de la empresa ecuatoriana Radiodifusora Ayax del Ecuador S.A. concesionaria de la frecuencia 104.1 Alfa Stereo, la cual está presidida por el mexicano José Luis Yarzabal Burela, según información obtenida de la Dirección Nacional de Registros en Uruguay. Así mismo, en otra declaración jurada, Yarzabal reconoce que “la totalidad de los fondos y dineros utilizados para la adquisición societaria me fueron proporcionados por el señor don Remigio Ángel González González” quien aseguró, es el único dueño.

De esta manera Fundamedios demostró que en el Ecuador existe una concentración de medios, que en el Concurso actual de frecuencias se admitió la participación de empresas que ya estaban observadas por Contraloría y que se han tomado medidas para blanquear la situación.

La asambleísta Jeannine Cruz agradeció a Fundamedios y dijo que es la sociedad civil la que está poniendo alertas sobre estas irregularidades: “El informe es tan claro y contundente, el Fantasma González está presente y quienes quieren negar esa realidad están haciéndole el juego a la impunidad”, dijo la legisladora.

Fundamedios solicitó a la Comisión de Fiscalización que investigue a fondo la situación actual de concentración. En especial la validez de las resoluciones que la ARCOTEL ha expedido en los últimos dos años, relativos a los concesionarios mencionados en el informe de Contraloría.

También que se exhorte a Contraloría para que examine y elabore un informe sobre la situación actual de las frecuencias del país, incluyendo sus propias observaciones sobre concentración de medios establecidas en su informe DNA4-0025-2018 y que se conmine al Ministro de Telecomunicación y al Director de ARCOTEL para que se haga una revisión exhaustiva de la información que hemos presentado ante esta Comisión y de otros posibles casos de concentración de medios y se tomen los correctivos que permitan llevar a buen fin este concurso, sin cometer los pecados del pasado. 

En la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización también participó el Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) Kléver Chica y el Ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena, quien se excusó de comparecer en dos ocasiones anteriores.

Chica hizo referencia al fallido concurso del 2016 y al Informe de Contraloría que reveló las irregularidades que provocaron su suspensión. Aseguró que este es un proceso eminentemente técnico y que las nuevas autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones han socializado todas las etapas del concurso a través de la comunicación digital: “Si hay grupos de poder que ya han logrado mecanismos para poder concentrar frecuencias, si eso es verdad, nosotros apoyaremos”.

Por su parte Michelena subrayó que, como presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ha cumplido todas las observaciones y recomendaciones de la Contraloría y se refirió a que la entrega de los títulos habilitantes será un “derecho condicionado” bajo una declaración responsable para que se cumplan la ley y las normativas y no un derecho adquirido pues el Estado debe precautelar el correcto uso de las frecuencias. 

Fundamedios se mantiene expectante sobre el concurso de frecuencias y exige a las autoridades estatales a ceñirse a la ley y verificar los datos de los concursantes para preservar la libertad de expresión en el país.

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Ecuador, 1 de octubre de 2020. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional citó a comparecer al titular del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), Andrés Michelena junto con el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Xavier Aguirre, el 30 de septiembre, por pedido de la legisladora, Jeannine Cruz (CREO), para que informen sobre el proceso público para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico.

También para despejar dudas sobre la denuncia pública que emitió FUNDAMEDIOS tras una investigación que revela que, en el actual concurso, uno de los principales beneficiarios en la adjudicación de frecuencias sería el mexicano Ángel Gonzáles: a través de un esquema de empresas compite por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  La mayoría de emisoras tiene presencia nacional, su matriz se ubica en Quito o Guayaquil y suma 19 repetidoras en provincias.  

El ministro Michelena aseguró, a través de un oficio, que no existe motivo para que se solicite su comparecencia por lo que se excusó porque además porque “debía cumplir compromisos de la agenda presidencial previamente adquiridos”. El Ministro fue convocado una vez más para el jueves 01 de octubre y tampoco lo hizo.

La asambleísta Cruz lamentó que no esté presente el Ministro de Telecomunicaciones pues es el Presidente de Arcotel y no entiende la excusa del funcionario pues por un acto de “respeto al país” se necesita responder a las interrogantes: “Hablar del concurso de frecuencias no es tan sencillo como hablar de un mero trámite administrativo pues se han utilizado sociedades que solo son fachadas, nombres, prestanombres”, dijo.

Para Cruz, la concentración de medios es una amenaza directa contra la libertad de prensa y contra el derecho a la población de recibir información ya que hay que tener claro que hay ciudadanos que buscan concentrar medios como una estrategia para poder concentrar información.

La legisladora se remitió al Examen Especial de Contraloría, a los procesos de concesión de frecuencia entre en enero de 2016 y agosto del 2017, y explicó que “las autoridades tuvieron el tiempo necesario para poder analizar un mecanismo de transparencia” y criticó que la convocatoria al concurso se haya realizado en medio de la pandemia del COVID-19, cuando el país estaba en emergencia sanitaria y había un estado de excepción con límites de movilidad: “30 días para la presentación de las ofertas, lo que implicó que los concesionarios debían realizar en un mes diferentes obligaciones como contratar un profesional para realizar un estudio técnico, un estudio económico y además no se contemplan controles previos para poder evitar la concentración de frecuencias”, aseguró.

Recordó que la recomendación de la Contraloría es dirigida al Presidente del Directorio de Arcotel que deberá disponer al Director Ejecutivo que, para futuros concursos públicos, previa la calificación de los postulantes, verifique el cumplimiento de las inhabilidades y motivos de descalificación establecidas.

Uno de los argumentos que ha señalado  la Arcotel es que para este proceso se incluyó una cláusula denominada de “Declaración Responsable”, que permite revisar que todas las declaraciones realizadas por los participantes cumplan con lo estipulado en la Ley con la posibilidad de revertir las frecuencias. Pero Cruz advirtió que generará dificultades administrativas y judiciales al Estado, pues al entregar el título se da derechos sobre la frecuencia.

Xavier Aguirre dijo ante los legisladores que esta institución cumplió con las recomendaciones emitidas en el informe de la Contraloría, en el 2016, para el inicio del nuevo concurso de frecuencias, conforme lo determina la Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación. Entre ellas: verificar las bases del concurso, los plazos para el cumplimiento de cada etapa, la evaluación de proyectos comunicacionales, los requisitos de bases del concurso con herramientas digitales. Indicó que los trámites de recursos de impugnaciones del actual proceso público competitivo serán tramitados por la coordinación jurídica y ejecutados con plazos del Código Orgánico Administrativo. En otro orden, mencionó que la Arcotel analizó la legalidad de 221 títulos habilitantes y emitió el informe final consolidado para revisión de la Contraloría.

“El 5 de agosto solicitamos información a otras instituciones que nos ayudan a convalidar estos procesos de validación de entrenados empresariales. Oficiamos solicitud de información al registro civil para establecer la vinculación del segundo y cuarto grado de consanguinidad para establecer concentración de frecuencias, oficiamos a la superintendencia de Compañías para poder establecer el domicilio de esas empresas o grupos empresariales que no tienen capital en el Ecuador y poder determinar como una inhabilidad, al SRI los mapas de vinculación para determinar si existe algún entramado empresarial.  Se ha realizado un riguroso control previo y que acepta las recomendaciones y sugerencias para que el proceso sea transparente” aseguró Aguirre.

La legisladora Janine Cruz solicitó se precise en qué fase del concurso público de adjudicación de frecuencias para medios privados y comunitarios se encuentran. El representante de Arcotel indicó que el 15 de mayo de 2020 se convocó a este proceso público competitivo. Precisó que se ofertaron 3096 frecuencias, 2112 para medios privados y 984 para comunitarios, distribuidos en las 24 provincias del país, en 70 áreas de operación zonal. Aclaró que hasta el momento no se ha emitido ni una sola calificación y que hasta el 6 de octubre consolidarán los datos. 

Además, el principal de la Arcotel aseguró: “Por las denuncias presentadas y lo señalado en los medios de comunicación, prácticamente sería imposible que el empresario Ángel González esté participando en el concurso de asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico”, afirmación que desconoce todas las evidencias presentadas en las investigaciones realizadas por FUNDAMEDIOS.

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Ecuador, 3 de mayo de 2020

Sr. Licenciado

Lenín Moreno

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 

Sr. Ingeniero

César Litardo

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador

Presente.-

Carta abierta de Fundamedios a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado ecuatoriano 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 decenas de medios de comunicación pueden extinguirse 

 

La situación de los medios de comunicación ecuatorianos es crítica. La pandemia de la COVID-19 supone una paradoja: hay un consumo elevado de información indispensable, pero el periodismo enfrenta un presente y futuro precarios. Durante las últimas semanas, Ecuador es un escenario donde se tornan comunes los despidos masivos de las redacciones e, incluso, el final de las operaciones: la prensa deja de imprimirse. 

Este problema no tiene únicamente dimensiones empresariales. Tampoco se reduce a la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Se trata de Derechos Humanos que impactan en la libertad de expresión, pues el silenciamiento de voces atenta contra el pluralismo y la circulación de ideas, indispensables en una sociedad democrática. 

Las complicaciones de las empresas mediáticas no nacen con el nuevo coronavirus. Pero sí se agudizan. La economía débil del país se agravó con la emergencia sanitaria y precipitó la crisis. Para ponerlo en números, desde la declaratoria del estado de excepción el pasado 16 de marzo: por lo menos siete periódicos dejaron de circular en su versión impresa y decenas de trabajadores han sido separados de los medios. 

La alerta se encendió el 21 de abril, cuando Diario El Universo notificó la reducción de personal de las distintas áreas. Más de 150 colaboradores pasaron a estar desempleados. El periódico, que desde 1921 circula a escala nacional, anunció que en mayo modificará el tamaño de su edición impresa.

Un día después, el 22, se supo de la situación de Canal UNO, que ya estaba golpeada. Quince de sus trabajadores fueron despedidos telefónicamente. Personal que no había recibido su salario desde junio de 2019 y que actualmente denuncia una serie de irregularidades ante este acto intempestivo: ni siquiera se le ha permitido el paso a las instalaciones de la televisora para dialogar con los directivos y mediar las indemnizaciones. 

Mientras esto ocurre, las imprentas se detienen -literalmente-. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reconoce que el sector más impactado son los impresos que no se aventuraron a la transformación digital, pues comprar insumos implica un costo. Además, la circulación y venta de los ejemplares se limitan por las condiciones del estado de excepción. En Ecuador, los efectos son claros. 

Desde diciembre de 2009, en el país se gravó al papel periódico con el 12 % de IVA. Y desde mediados de marzo de 2020 está en vigencia un toque de queda que impide que voceadores puedan expender los rotativos en las calles.  

“La situación de los medios de comunicación nacionales ha sido bastante difícil y dura desde hace 10 años, cuando el Gobierno utilizó todos sus mecanismos para imponer trabas al periodismo independiente”, reconoce Juan Manuel Yépez, editor de Contenidos de Gráficos Nacionales S.A (Granasa) que edita Extra y Expreso. Esto quiere decir el panorama ya era pantanoso. Sin embargo, la pandemia supuso una oportunidad para que esas marcas históricamente posicionadas defiendan su rol en una sociedad democrática, garanticen el derecho al acceso a la información y combatan en primera línea el fenómeno de desinfodemia que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como otro de los peligros que acechan: las epidemias nocivas de rumores e información engañosa. 

“La difusión de contenidos falsos ha apuntalado la credibilidad de quienes nos hemos preocupado por contrastar y verificar los datos que circulan, reportamos desde hospitales, morgues, barrios. Estamos empeñados en no bajar los brazos: en el papel y en el digital”, describe el periodista. Aunque Granasa todavía no ha recortado personal en su redacción, sí asumió una caída en el tiraje de sus productos. 

Extra, conocido por ser el de mayor circulación nacional, bajó su impresión en un 71 %. Y Expreso en 55 %.

Desde la Unesco se advierte que si ante esta crisis económica y de seguridad sanitaria no se hace algo, se asiste a un “evento de extinción de los medios”. Así de alarmante y real. 

El viernes 24 de abril, la editorial Minotauro, responsable de Diario La Hora, empezó un proceso de suspensión de la circulación total de sus ediciones. En la carta con que notifica a sus colaboradores expone que “las condiciones de evidente fuerza mayor provocaron la paralización de toda venta e ingreso, por lo que imposibilita completamente la continuidad normal de nuestras actividades y lamentablemente nos obliga a suspender de manera definitiva nuestras operaciones comerciales”. Así terminó la historia de un periódico que se fundó en 1982 y que destacó por su enfoque en la cobertura local y provincial.

Guilherme Canela, Consejero de la Unesco en Comunicación e Información, insiste en la necesidad de generar mecanismos que funcionen como salvaguardia en este naufragio, pero que no limiten la autonomía editorial. Desde el Gobierno de Lenín Moreno hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre posibles incentivos que permitan sostener la actividad periodística. ¿Es su responsabilidad? El artículo 17 de la Constitución reza que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Pero en la situación actual, ni siquiera se los considera para acceder a préstamos bancarios.

Ese es el caso de Diario El Norte, de Ibarra, que no ha podido ser sujeto de crédito porque “la prensa está en el grupo de riesgo”. Sus ingresos por venta de ejemplares y publicidad se desplomaron, puesto que ya no se imprime y se entrega virtualmente a través de Telegram. “No se ha dejado de informar, seguimos con el digital de 24 páginas y con un canal en línea en Facebook; pero en estos momentos es más difícil  monetizar porque las prioridades de la gente y de las empresas son otras”, reconoce Patricio Pérez, director del rotativo.

Instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE) adeudan cientos de miles de dólares a varios medios por pauta electoral correspondiente a 2018 y 2019. “Desde hace un año, el Estado debe una cantidad importante y no nos paga. Si lo hiciera, sería una gran ayuda”, revela Pedro Zambrano, director de Ediasa, responsable de los periódicos El Diario y La Marea (Manabí), Centro (Santo Domingo), el canal Manavisión y la radio Amiga. Actualmente su objetivo es encontrar un modelo que permita operar ante la coyuntura donde la web duplicó en visitas pero no en ventas como para mantener al personal que la actualiza. 

La situación se replica en las redacciones locales. Lucy Freire, vocera de la Asociación de Editores de Periódicos de Provincia, señala que, a pesar de las limitaciones, se trabaja más. Ahora enfrentan la imposibilidad de reponer insumos -como el papel-, la dificultad para llegar a tiempo con los salarios y la necesidad de cumplir con los lectores que demandan información. “Hay un exceso de trabajo, disminución de suministros, al no haber ingreso se complica hacer nuevos pedidos. Es una situación calamitosa”, confirma.

En la organización que representa también dan seguimiento a lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía que no pueden reponer sus reservas para imprimir. “Trabajan a través de Facebook, en una zona donde apenas el 18% tiene acceso a Internet”, comenta. 

Los porcentajes en la baja de los ingresos y circulación coincide con las cifras globales. Los datos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) apuntan a caídas bastante homogéneas en el mundo que van del 60 % al 80 % en ingresos publicitarios y del 20 % al 25 % en el tiraje de periódicos. Los medios privados resultan especialmente castigados. Los ingresos han mermado entre el 70 % y el 80 %.

¿Qué tienen el Gobierno y la Asamblea Nacional en sus manos? La posibilidad de aliviar la situación de quienes defienden el derecho de la ciudadanía a estar informada. ¿Cómo?

  • Exención de IVA 
  • Líneas de crédito específicas
  • Revisión de las directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre de 2020 del sector público que impide la contratación de pauta
  • Que el crédito fiscal a favor de la empresa de medios de comunicación sea utilizado para pagar cualquier tributo estatal. Quienes accedan al incentivo deben mantener la nómina bajo acuerdos laborales.
  • Que el gasto en publicidad de las empresas, de cualquier tamaño, en medios sea deducible al pago del Impuesto a la Renta.
  • Que el Gobierno mantenga el gasto programado en medios de comunicación.

La situación es tan alarmante que el mismo Diario El Telégrafo, a cargo de la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, abandonó su versión física desde mediados de marzo.

El 3 de mayo de 2018, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, usted, señor presidente Lenín Moreno, afirmó que “es deber de los medios de comunicación lograr que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a información verdadera y sin censura» y estos son una “piedra angular de la democracia”. 

Entonces, señores presidentes de la República y de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el destino de un país que asiste en silencio al entierro de sus medios?

Atentamente,

Fundamedios

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Este 17 de abril, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional debatió el informe enviado por el Ejecutivo que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que se refiere al concepto de “medios de comunicación social”. El texto, modificado en febrero pasado, declaraba a la comunicación como un servicio público y consideraba en su competencia de regulación a los medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción. La propuesta del Ejecutivo fue declararla un derecho.

Los 10 asambleístas que conforman la Comisión votaron a favor del informe del Ejecutivo y aprobaron declarar a la comunicación como un derecho universal. A pesar del avance que este reconocimiento representa, la asambleísta Jeannine Cruz aclaró a FUNDAMEDIOS que la Asamblea todavía tiene que pulir varios puntos relacionados a la LOC, entre ellas el artículo 98 relacionado a los productores audiovisuales.

FUNDAMEDIOS se congratula ante esta decisión que se ajusta a los estándares internacionales de Derechos Humanos que han enfatizado que la comunicación es un derecho individual, sin el cual se negaría la primera y más importante de las libertades: el derecho a pensar por cuenta propia y a compartir con otros nuestro pensamiento; además de ser la base social para mantener y consolidar una sociedad democrática.

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La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada el 23 de junio de 2013, fue el dispositivo más sofisticado que tuvo el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de dominar y someter a los medios de comunicación independientes y al periodismo libre del país.

¿Cuál es el balance de la vigencia de la LOC para la libertad de Expresión? Más de 800 procesos en contra de periodistas y medios. Más de 500 sanciones para tratar de disciplinar a los medios y controlar no solo lo que decían, sino lo que no decían o lo que decían terceras personas que se expresaban a través de la prensa.

Ningún demócrata puede defender un instrumento de esta naturaleza. Los caminos para su desmontaje, eso sí, han marcado diferencias: algunos han planteado la derogatoria. Respetable punto de vista. Desde nuestra perspectiva, era mucho más apegado a la realidad intentar una reforma profunda y, creemos, que lo aprobado este 14 de febrero en la Asamblea Nacional va en esa línea, aunque no nos satisface del todo.

La brújula, lo dijimos, son los estándares internacionales y todavía quedan puntos en los cuales las reformas quedan debiendo. Por eso, llamamos a plantearnos desde ya una segunda generación de reformas que terminen por desmontar la estructura institucional y legal del correísmo y signifiquen avances significativos en materia de derechos y libertades fundamentales.

Nos congratulamos de que hayan existido sectores para quienes la Ley Orgánica de Comunicación significó ganancias y avances, como el de la industria audiovisual. Esta realidad, no la debemos desconocer. Sin embargo, invitamos a los ganadores de todos estos años para que piensen en el país de largo plazo y planteen alternativas a un proteccionismo total del sector.

No creemos lo mismo del sector comunitario. Pese a la lírica incluida en la Ley y en los discursos oficiales, el sector comunitario fue uno de los perdedores de la vigencia de la LOC. Por lo tanto, es difícil entender, más allá de factores ideológicos, la defensa a ultranza de la situación creada por el correísmo. Quedan para la valoración histórica el respaldo a la aprobación de la LOC en 2013 y su oposición a las reformas de 2019.

En todo caso, invitamos abiertamente a todos los sectores a despojarse de intereses y caretas ideológicas para pensar en el Ecuador del mañana y avanzar en las reformas legales e institucionales necesarias para recuperar plenamente la libertad de expresión y que implican leyes como:

Código de la Democracia
Ley de Participación Ciudadana
Ley Antimonopolio
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Creación de la Ley del Sistema de Medios de Servicio Público
Creación de la Ley de Publicidad Oficial

Así mismo, creemos que se debe dar pasos decisivos para la creación de mecanismos de protección al trabajo periodístico, dónde se refleja la responsabilidad estatal, la colaboración de la sociedad civil y la corresponsabilidad de medios de comunicación y periodistas.

En definitiva, hoy se ha dado un gran paso, pero aún debemos dar muchos más en el camino para que en el Ecuador tengan plena vigencia las libertades de expresión y prensa.

Este 18 de diciembre, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Con 107 legisladores presentes, 75 (Alianza PAIS, Creo, Partido Social Cristiano, Suma e independientes) votaron a favor; 25, de Revolución Ciudadana, en contra y siete se abstuvieron.

En total, se derogaron 14 artículos y se reformaron 64, un capítulo y dos secciones transitorias.

Como parte de las modificaciones se eliminaron las normas deontológicas impuestas desde el Estado, así como la figura de linchamiento mediático; también se dio un plazo de 180 días para que la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) desaparezca. Al artículo 42, sobre la exigencia del título para el ejercicio periodístico, se agregó un inciso cuya finalidad es dar protección a los profesionales:  

“Art.42.1 Protección a los trabajadores de Comunicación:
El Estado, los medios de comunicación, protegerán a los trabajadores de comunicación que, por sus actividades profesionales, su vida esté en riesgo, para lo cual el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la información y Comunicación (Cordicom), elaborará y coordinará, con las instituciones respectivas, políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas.

Se entenderá por actividades de riesgo entre otras:
a) Producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes;
b) Contrabando de mercaderías
c) Trata de personas; y
d) Corrupción

El Estado dispondrá los recursos económicos, materiales y humanos para este fin”.

Durante ocho horas de sesión, 32 asambleístas intervinieron y dieron sus observaciones. Minutos antes de la votación final, Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que trabajó las modificaciones, anunció que se incluyó una disposición que permite, por única vez, la renovación automática de frecuencias de radio y televisión en un plazo de 60 días.

En ese contexto, la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso a la medida e intentó presentar un informe de minoría que no fue aprobado por Jorge Corozo. La asambleísta Marcela Holguín expresó su descontento y expuso que “el propósito era mejorar, actualizar y corregir, pero nunca disminuir los derechos ciudadanos o, peor aún, derogar la ley. Es absolutamente inconstitucional, esto es mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas, no se puede derogar. De aprobar, estaríamos dando paso a una ley punitiva que deja en indefensión a los ciudadanos”.

El documento será enviado al Ejecutivo para su revisión y veto, antes de ser publicado en el Registro Oficial.

FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) desarrollaron un ciclo de encuentros con periodistas, estudiantes, abogados, asambleístas, representantes de medios de comunicación privados, públicos y comunitarios para aportar e incidir en el debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional tuvo por objetivo recoger las reflexiones de distintos sectores de la sociedad para sumar a la construcción de un cuerpo legal que garantice el principio fundamental de la libertad de expresión.

Entre octubre y noviembre de 2018, en Quito y Guayaquil, se llevaron a cabo los diálogos ‘¿Qué opinan los periodistas sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación?’. Cada uno de los foros contó con un promedio de 50 asistentes.   

Además, se contó con una variada lista de expositores y facilitadores que guiaron la discusión y los aspectos más relevantes a tomar en cuenta en el proceso de modificaciones:

Academia:

  • César Carrión
    Decano de la Facultad de Comunicación de la PUCE
  • Carlos Aulestia
  • Subdecano de la Facultad de Comunicación de la PUCE
  • Efraín Luna
    Director de la carrera de Comunicación de la UCSG

Asamblea Nacional

  • Jeannine Cruz
  • Asambleísta
  • Vladimir Andocilla
    Asesor de la Comisión de Derechos Colectivos

Sector Público

  • Édison Toro
  • Superintendente de Comunicación e Información
  • Danilo Sylva
    Expresidente del Cordicom
  • Luis Holguín
  • Consejero del Cordicom. Representante por los Consejos de Igualdad
  • Rosario Utreras
  • Consejera del Cordicom. Representante por la Defensoría del Pueblo
  • Paulina Murillo
  • Delegada de la Defensoría del Pueblo
  • Marco Pacheco
    Coordinador Zonal de la Defensoría del Pueblo

Sociedad Civil, Medios de Comunicación y Periodistas

  • César Ricaurte
    Director Ejecutivo Fundamedios
  • Desirée Yépez
    Directora de Contenidos Fundamedios
  • Mauricio Alarcón
    Director Ejecutivo Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)
  • Marco Encalada
    Gerente de la Fundación Oikos
  • Fred Larreátegui
  • Abogado en libre ejercicio
  • Francisco Rocha
  • Presidente Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep)
  • Guadalupe Fierro
    Presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP)
  • Carlos Rojas
    Periodista de Ecuavisa
  • Ana María Acosta
    Coordinadora de la Fundación El Churo
  • Martha Roldós  
  • Directora Fundación Mil Hojas
  • Juan Manuel Yépez
  • Director de Contenidos Gráficos Nacionales (Granasa)

Los diálogos se desarrollaron como un espacio eminentemente democrático. En el debate se determinaron roles y competencias de cada institución para garantizar el derecho a la comunicación.

El trabajo con distintos sectores de la sociedad civil, gremios periodísticos, medios de comunicación, periodistas y academia partió del objetivo de que cualquier reforma que se apruebe respete y garantice la libertad de expresión. El resultado de dichos encuentros se resumió en un documento que fue entregado a los legisladores que este 18 de diciembre debatirán la aprobación de las modificaciones que deben ajustarse a los estándares internacionales.

 

 

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El lunes 10 de diciembre, tras una sesión de cuatro horas, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Siete legisladores votaron a favor del proyecto y tres, José Chalá, Carmen García y Marcela Holguín, en contra.

Después de varias sesiones de diálogo, observaciones y votación, el informe propone cambios sobre los códigos y normas deontológicas, el derecho a la réplica, el consejo consultivo y la ratificación de  la obligatoriedad de la profesionalización a los trabajadores de la comunicación, entre otros. Modificaciones hechas a última hora se tomaron en consideración como fue el artículo 79 de la ley para permitir a los medios de comunicación la difusión de publicidad de bebidas de moderación hasta cinco grados del alcohol.

El asambleísta César Carrión propuso una disposición transitoria para que las sanciones pecuniarias aplicadas para la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) sean revisadas. Expresó que la institución debe encargarse de las sanciones en los 180 días que tendrá de plazo para desaparecer, una vez que la reforma sea oficial. Jeannine Cruz, de CREO, expresó que cuando la Supercom deje de funcionar, parte de sus derechos  y obligaciones deberán ir al Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom). “Los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos nacionales o internacionales que le correspondían a la Supercom serán asumidos por el Cordicom de acuerdo a sus atribuciones”, precisó Jorge Corozo, presidente de la Comisión.

Según el Legislativo, el texto del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación contiene 90 artículos y 6 disposiciones transitorias.Este informe será enviado este 13 de diciembre a Elizabeth Cabezas, presidente de la Asamblea, para ponerlo a consideración del pleno.