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asesinatos de periodistas

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Ecuador, 11 de diciembre del 2020. La veeduría ciudadana Nos Faltan Tres realizó el Foro: A un año del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ¿Ha cunplido el Estado? con el propósito de analizar las recomendaciones realizadas por el Equipo Especial de Seguimiento (ESE) presentadas el 12 de diciembre del 2019 y que involucran a múltiples instituciones del Estado ecuatoriano.

El 26 de marzo de 2018, a la medianoche, los medios de comunicación del país difundieron la noticia del secuestro de quienes integraban el equipo periodístico de El Comercio Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Días más tarde, luego de fallidas negociaciones, se confirmó el asesinato de los mismos.

Frente a estos hechos surgieron varios reclamos e interrogantes acerca de la actuación del gobierno frente al secuestro del equipo periodístico. Por esta razón, el Estado Ecuatoriano conjuntamente con los familiares de las víctimas solicitaron a la CIDH su intervención en el esclarecimiento de los hechos desarrollados en el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín.

De esta manera la CIDH conformó el ESE, quienes remitieron el Informe que analiza las omisiones del Estado y la Fiscalía, en torno a la investigación de los hechos que llevaron al secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín. 

César Ricaurte, Director de Fundamedios, aseguró que un año después, el Estado ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones de la CIDH. Explicó además el trabajo realizado desde la Veeduría Nos Faltan Tres como una serie de acciones para que los Estados asuman su responsabilidad en este crimen y luego acojan las recomendaciones.

Entre las principales recomendaciones está:

  1. Revisión de procedimientos internos para mejorar la cooperación internacional.
  2. Analizar el material decomisado en investigaciones, y las pruebas relacionadas con el funcionamiento de la organización criminal mediante un plan de investigación. 
  3. Reexaminar la información que reposa en las extracciones forenses de telefonía móvil y computación.
  4. Evitar la revictimización de Javier, Paúl y Efraín en las investigaciones debido a su trabajo periodístico
  5. Examinar las descoordinaciones y omisiones del Estado.
  6. Desclasificar la información en poder de las F.A.  de Ecuador.
  7. Designar una comisión especial que garantice a las familias acceso a la información en manos de entidades. 
  8. Crear mecanismos de reparación integral a los familiares
  9. Crear un Comité de Protección de Periodistas, y crear un protocolo de intercambio de información con Colombia

Otras acciones de la veeduría fueron envío de solicitud de información e insistencia de cumplimiento de recomendaciones  a entidades como la Fiscalía General del Estado, Presidencia de la República, Ministerio de Gobierno, Ministerio Defensa, Asamblea Nacional, Comité de Protección de Periodistas; Consejo de Participación Ciudadana 

Ricaurte destacó que ha existido falta de cooperación por parte de las entidades del Ejecutivo en la desclasificación de la información ya que las entidades del Estado no entregan la información a pesar que en casos de DD.HH no se puede clasificar la información y dificulta que se llegue a la verdad y a la justicia y hace que los casos queden en la impunidad.  Destacó la inoperancia en la Fiscalía General del Estado en el desarrollo de las investigaciones y estamos frente a un caso que se podrá prolongar por años hasta que exista voluntad política para desclasificar la información, una clara falta de actuación por parte de esta entidades.   Además la falta de actuación política por parte de entidades que tienen facultades fiscalizadoras e investigativas con una ausencia total de la Defensoría del Pueblo en este caso y la falta de acompañamiento y actuación por parte de instituciones nacionales de Derechos Humanos. “No vamos a parar hasta que exista una reparación y se conozca la verdad” aseguró. 

Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH aseguró que hay un insumo producido con estándares técnicos con el liderazgo de su predecesor, Edison Lanza, y que este es un informe inédito en la historia de organismos e instrumentos internacionales con una investigación del asesinato a periodista y es un insumo valioso y util para los Estados es su obligación  de  sancionar:  “tras un año estas recomendaciones siguen siendo vigentes”  

Dentro del Foro, Soraya Constante de Periodistas Sin Cadena dijo que hubo omisiones por parte del Estado y la más importante fue la descoordinación entre las instituciones y tres años después no hay resultado de las investigaciones. Tampoco tomarse en serio la protección para periodistas en zonas de riesgo. Sobre el Comité de Protección de Periodistas sostuvo que no ha tenido resultados concretos y fue una solución parche. 

Angela Caro de la Fundación para la libertad de prensa aseguró que en 2018 ambos Estados anunciaron varias acciones pero ha sido un camino que se va alargando en busca de la verdad y la justicia. Sostuvo que el Estado no ha asumido compromisos en la investigación del caso y el Estado Colombiano no ha aclarado muchos temas pendientes y la zona de frontera sigue siendo una zona de riesgo para el trabajo periodístico. 

En representación del Colectivo Nos Faltan Tres habló Ricardo Rivas quien recordó que a los estados de Ecuador ni Colombia no les interesa seguir investigando ya que se ha priorizado la imagen porque saben que una verdadera investigación afectará la imagen de los gobiernos. “Colombia  no quiere investigar más allá de quien jaló el gatillo y Ecuador está a la espera de la información de las entidades”. 

La Veeduría Ciudadana Nos Faltes Tres continuará realizando acciones para evitar la impunidad en este caso . 

INFORME ESE 2020

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Ecuador, 12 de noviembre del 2020. La Sala del Cine Ocho y Medio en Quito fue el lugar escogido para la proyección del documental y posterior Conversatorio del caso “Nos Faltan 3”: una recopilación histórica y descriptiva del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, trabajadores de Diario El Comercio, ocurridos en los meses de marzo y abril del 2018 en la zona de Mataje, frontera entre Ecuador y Colombia.

Recuerda cómo el equipo periodístico salió a realizar su trabajo y fue secuestrado por el grupo de disidentes conocido como Frente Oliver Sinisterra. Durante tres semanas se activaron grupos de búsqueda y de negociación desde el Gobierno Nacional, con el objetivo de recuperar a los secuestrados, pero el viernes 13 de abril, el Presidente de la República confirmó que los tres integrantes de Diario El Comercio habían sido asesinados.

El documental de 1 hora con 13 minutos realiza un barrido histórico de estos acontecimientos, recoge testimonios potentes de amigos y familiares que insisten en que el Estado y el mal manejo del caso fueron los responsables de la muerte de Javier, Paul y de Efraín y revela los nudos críticos del caso.

Luego de la película se realizó un conversatorio que fue moderado por el Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte y contó con la participación de Gabriela Loja y Marisol Pesantez, autoras del video, Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas y de Luis Saavedra de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos.

Ricaurte aseguró que Javier Ortega era uno de los periodistas que mejor conocía la situación de inseguridad en esta zona y había advertido a través de reportajes las operaciones irregulares. Recordó que existen una serie de interrogantes que están planteadas en el documental y se refieren al papel del Estado y la inacción de las autoridades frente al secuestro.

“Lamentablemente lo que tenemos es una situación de impunidad, en Colombia se acaban de liberar a varios de los responsables y en el Ecuador no se ha avanzado nada en las investigaciones. Tenemos una situación de indolencia e impunidad que reflejan muchos casos en los cuales las autoridades se convierten en cómplices silenciosos de las violaciones de Derechos Humanos”, dijo Ricaurte.  

La primera pregunta del foro fue para las autoras a quienes se les preguntó por qué decidieron contar el caso a través de un documental.  Gabriela Loja contó que durante su último año de carrera en Periodismo le impactó el caso pues se cuestionó incluso si deseaba realizar periodismo, por lo que decidió , junto a Marisol Pesantez, investigar. “Que tres colegas han estado secuestrados y no saber lo que pasaba fue la razón principal por la que quisimos el tema”, explicó.

Para Marisol Pesantez este tipo de historias contribuyen para que la memoria histórica no se pierda y opina que se debe seguir investigando para que se conozca la verdad y para que se conozca la historia humana y los rostros que existen detrás de los periodistas.

Rivas se cuestionó: ¿Vale la pena seguir en la lucha? ¿Hasta qué punto es factible el desgaste familiar, económico, emocional? Respondió que sí vale la pena seguir luchando y ratificó que por parte del Gobierno han existido mentiras sistemáticas y que se han aprovechado del dolor de las familias: “Vivir esto es lo que te da más fuerza, es el motor es lo que te impulsa (..) Quisiera tenerle al presidente Moreno en la Casa y hacerle ver el ritual que hace mi madre día a día por su hijo a ver si eso no le cambia la perspectiva de buscar una verdad”. 

También Rivas aprovechó para criticar la lentitud del sistema de Justicia y ratificó que las familias están unidas para exigir justicia y evitar la impunidad por la negligencia de jueces y fiscales.

Ricaurte criticó la inacción de las autoridades pues recordó que con el proceso de Paz en Colombia las disidencias iban actuar en esa zona fronteriza y que ya se tenía nociones de que los carteles del narcotráfico habían tomado zonas de Tumaco que se habían convertido en las mayores plantaciones de hojas de coca.

Para analizar la situación de la frontera intervino Luis Saavedra quien sostuvo que en este tipo de casos están involucrados temas políticos y geopolíticos  y que como organización su postura desde un inicio  fue que se negocie a través de la Cruz Roja, pues sabían, que la única posibilidad de que los periodistas regresen con vida era negociando y adicionalmente no se intente operativos militares para un rescate. “El Gobierno actuó con prepotencia, con total desconocimiento de la situación de la zona y con total torpeza, pues no se entendía la ruta que querían tomar”, indicó 

Al finalizar hubo la intervención de los asistentes que giró en torno a la facilidad en el acceso a la información, así como las responsabilidades de las empresas periodísticas en el cuidado de sus trabajadores y los protocolos de seguridad para coberturas de riesgo. 

 

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Fausto Guido Valdiviezo Moscoso fue asesinado el jueves 11  de abril de 2013 por un sicario en la ciudadela La Atarazana, en el norte de GuayaquilDos indagaciones han sido abiertas por este crimen debido a irregularidades en la investigación fiscal. En la primera, el Gobierno de Rafael Correa, con declaraciones del entonces ministro del Interior, José Serrano, se aseguró que no tenía relación con su ejercicio periodístico. El 23 de mayo el funcionario afirmó que los hechos conducían a una banda de narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y chulco.

Fausto Valdiviezo fue un periodista crítico. Su hermano Alfredo, también comunicador, insiste en que los directivos de TC Televisión de ese entonces están implicados en la muerte. 

Qué se sabe del caso: Da clic en la imagen y conócelo.

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La noche de este 21 de diciembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que Walter Patricio Arízala Vernaza, alias ‘Guacho’, estaba muerto. En Twitter, añadió que fue abatido por los “héroes de Colombia. Le dije al pueblo ecuatoriano que el crimen de los tres periodistas no quedaría en la impunidad”.

El narcoguerrillero era el líder de la disidencia de las FARC, Frente Óliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato, en abril pasado, de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. La Fiscalía de Colombia comunicó que el disidente murió en la vereda Peña Caraño, en Llorente, zona rural de Tumaco, Nariño.

La mañana de este sábado 22 de diciembre, Ricardo Rivas, Yadira Aguagallo, Galo y Andrea Ortega se pronunciaron ante el más reciente acontecimiento. La noche del viernes, autoridades colombianas les comunicaron que Arízala murió. Después de este contacto, la Presidencia del país vecino oficializó el anuncio. Autoridades de los ministerios de Justicia y del Interior de Ecuador también contactaron a las familias.

“Reconocemos el trabajo que ha desarrollado el Gobierno y La Fiscalía de Colombia. Pero bajo ningún concepto es motivo de celebración haber perdido una vida humana. Es fundamental reconocer que con la muerte de Guacho y Pitufín se va mucha información relevante para el esclarecimiento del caso”, dijo Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paúl.

En esa misma línea, Yadira Aguagallo, pareja del fotoreportero, enfatizó en que, tras la muerte del narcoguerrillero, no cabe el cierre de las investigaciones. “No fue solo alias Guacho. Alrededor de la estructura delictiva Óliver Sinisterra existen otros personajes que deben ser capturados hasta desmantelarla”. Los familias de las víctimas coinciden en que hasta que no se desclasifiquen todos los documentos, no se agoten todas las líneas indagación ni se determinen responsables a todos los niveles no es posible dar el caso por cerrado.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, indicó que desde la organización se insistirá en la necesidad de avanzar en las investigaciones a todo nivel. «No queremos que los gobiernos piensen que con este hecho se satisface la necesidad de verdad y justicia”, acotó.»

La realidad de los habitantes de la frontera norte del país es otro asunto pendiente para ambos gobiernos. A ello apuntan las declaraciones de Galo Ortega, padre del periodista Javier, quien conmina a las autoridades a preocuparse de esas personas que, en sus palabras, son víctimas de esas lacras dedicadas al narcotráfico.

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Este 01 de noviembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, presentó un informe preliminar de la investigación que se realiza en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. El periodista, fotógrafo y conductor fueron asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia, en abril de 2018, a manos del frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC.

En esta primera etapa, el análisis determina inconvenientes en el acceso a parte del expediente del caso y problemas en el enfoque de la indagación que Ecuador llevan a cabo. Se solicita a las autoridades ecuatorianas que la información requerida y que falta por examinar sea suministrada de “manera expedita y oportuna”, puesto que la información relevante no ha sido entregada en su totalidad, alegando “reserva de la investigación”. En ese sentido el Equipo de Seguimiento le recuerda al Estado “la importancia de adoptar las medidas necesarias para posibilitar que el ESE acceda a la totalidad de la investigación”.

En el caso de la investigación en el Estado colombiano, el ESE expresa que existen avances significativos en lo desarrollado por la Fiscalía de Colombia, con la captura y judicialización de al menos tres de los coautores del crimen.

Todo lo contrario ocurre en territorio ecuatoriano donde “no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables y observa la necesidad de que la Fiscalía General del Estado realice un esfuerzo integrador que permita incorporar a la investigación las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla de las FARC, en la frontera de Ecuador y Colombia entre los meses de setiembre de 2017 y abril de 2018”.

El ESE recomienda a la Físcalía “incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico”, así como agregar a su plan de trabajo “actividades dirigidas a investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística (…) y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley”.

Además, el ESE reitera que los familiares tienen derecho a saber las circunstancias y el motivo del secuestro y recuerda que frente a crímenes contra periodistas, “los Estados, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales, tienen la obligación de actuar con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de las víctimas”.

Este diagnóstico es el resultado de las visitas técnicas realizadas por el ESE a Ecuador y Colombia, en julio y agosto pasados, respectivamente. También se tomaron en cuenta las reuniones de trabajo y la audiencia en que participaron ambos Estados y los familiares de las víctimas, el pasado 3 de octubre en el 169 período de sesiones de la CIDH, en Boulder, Estados Unidos.

El Equipo de Seguimiento Especial está integrado por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Ecuador; Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH; el equipo técnico de la sección de medidas cautelares y de la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión, Édison Lanza. Los principios de transparencia, acompañamiento y centralidad en los hechos ocurridos en relación con el asesinato marcan su línea de investigación.

Desde su integración, el ESE trabaja con base en cuatro objetivos: 1) Asesoramiento técnico y monitoreo en el avance de la investigación y sanción de los responsables del secuestro y asesinato de los periodistas; 2) Acompañar la atención integral a las víctimas y familiares, y mantenerlas informadas del proceso; 3) Asesoramiento técnico y monitoreo en el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre el acceso a la información y a la verdad de lo sucedido, tanto a la sociedad ecuatoriana, como a los familiares; 4) Asesorar y apoyar al Estado en la adopción de medidas estructurales a que hubiere lugar y evitar su repetición.

Está previsto que para diciembre de 2018 se presente el informe final con observaciones, conclusiones y recomendaciones en torno al manejo de la investigación oficial para esclarecer el contexto en que se produjeron los hechos que acabaron en la muerte de los miembros del equipo periodístico.

El informe completo

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Este 19 de octubre periodistas de distintos países de América Latina respondieron a las interrogantes ¿cuáles son los peligros del ejercicio periodístico?, ¿cómo luchar en contra de la impunidad? En el foro ‘El riesgo de informar’, impulsado por FUNDAMEDIOS, Unesco y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) participaron representantes de organizaciones de Ecuador, Honduras, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay.

El encuentro contó con la presencia de autoridades nacionales como Édison Toro, superintendente de la Información y Comunicación; Danilo Silva, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom); y Rosario Utreras, consejera representante de la Defensoría del Pueblo ante el Cordicom.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, indicó que junto a los colegas de siete organizaciones de la región, que desde hace varios años monitorean la situación de la libertad de expresión y de prensa, se trabajó para unificar los sistemas de monitoreo. Colectivamente se concluyó que existen cinco elementos básicos que expresan las agresiones más extremas en contra de periodistas, las cuales pueden ser generadas por actores estatales o no estatales: asesinato, desaparición forzada, secuestro, tortura y detención arbitraria.

“Desde 2019, entre las siete organizaciones entregaremos información sobre la situación de la prensa a los Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas”, explicó Ricaurte. El objetivo es generar conciencia en la sociedad y en las autoridades para que mejoren las condiciones del ejercicio profesional del periodismo, para que los ciudadanos puedan estar mejor informados y se pueda informar sin censura. “La meta es que esto se convierta en política pública”, resaltó.

Para el desarrollo de esta estrategia se partió de que la normalización de los asesinatos de periodistas en América Latina es alarmante. La mayoría de agresiones permanece impune.

Las estadísticas reflejan una realidad. Indira Salazar, oficial de Comunicación de Unesco, señaló que en 9 de cada 10 casos los autores de los crímenes no son procesados. Además, en los últimos años, cerca de 930 periodistas han sido asesinados por informar

Los datos de Reporteros sin fronteras también son preocupantes. Eric Samson indicó que, a escala mundial, en lo que va de 2018, 57 periodistas fueron asesinados. 168 comunicadores están en la cárcel.

Honduras es uno de los escenarios más desoladores. Miriam Elvir, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre, Honduras), expuso que desde 2003 a la actualidad se han emitido más de 2000 alertas. “De 2000 a 2018 hay 73 periodistas asesinados y el 95% de casos está en la impunidad”, enfatizó.

En el sur del continente el panorama no deja de ser complejo. Alfredo Zacarías, vicepresidente del Foro de Periodistas Argentino (FOPEA), indicó que en los últimos dos años, en su país, los casos de agresiones a la prensa crecen y la mayoría proviene de actores estatales; mientras que en Bolivia, desde la llegada de Evo Morales en 2006, las restricciones y la censura han ido en aumento a través de leyes y decretos, añadió Marcelo Miralles, de la Asociación Nacional de la Prensa boliviana.

En los últimos 15 años, en Perú se han asesinado a siete periodistas. “Todos los casos están impunes”, afirmó Adriana León, del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). El 85% de homicidios, según la UNESCO, no ha sido investigado. En ese sentido, Saudia Levoyer, directora del área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB, Ecuador), acotó que el asesinato es el último escalón de una escalera que busca instaurar el miedo no solo en los periodistas, sino en la sociedad.

Frente a eso, “la impunidad es una decisión política, porque garantizar los derechos de la población es un deber de los Estados”, insistió el uruguayo Fabián Werner, del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).

Por ejemplo, en Venezuela, se enfrenta un problema estructural, relacionado con una debilidad institucional. Mariaengracia Chirinos, de Ipys, explicó que entre 2013 y 2018 68 medios impresos salieron de circulación. Solo en este año, han cerrado 22 medios. En cinco estados ya no existen periódicos.  

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Captura de pantalla 2017-02-22 a las 3.57.03 p.m.

Fundamedios de cara a las elecciones presidenciales y de asambleístas fijadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 19 de febrero de 2017, elaboró un manual para coberturas electorales con el fin primordial de que el periodista esté preparado para asumir la gran responsabilidad que entraña el ejercicio de su profesión durante el monitoreo y cobertura del proceso electoral.

El presente manual pretende dar lineamientos a periodistas y medios de comunicación en la cobertura del proceso electoral, con el fin de que sean garantes efectivos de la democracia participativa, y se conviertan en instrumentos de fortalecimiento y vigilia del derecho ciudadano a elegir a sus representantes.

Los estándares, sugerencias y principios contenidos en este manual han sido recopilados de documentos similares en distintas partes del mundo, y se ha incluido una sección especial destinada a brindar información básica sobre el proceso electoral de febrero 2017 en Ecuador, así como la normativa básica de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que rige la conducta de medios y comunicadores durante el proceso.

Descarga el Manual para Coberturas Electorales

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Doctor
Ledy Zúñiga Rocha
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Doctor
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo

Abogado
José Serrano
Ministro del Interior

Dear Madam and Sirs,

Ecuador has been a member of the United Nations Organization since June 26, 1945, and is committed to fulfill the obligations under the various international instruments it has signed and ratified, among them the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances and the Geneva Conventions of August 12, 1949 and their Additional Protocols.

Bearing in mind that the safety of journalists and the struggle against impunity for their killers are essential to preserve the fundamental right to freedom of expression, it is necessary to take into account the importance of their work, essential to the preservation of all rights and fundamental freedoms, particularly the freedom of expression, enshrined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. Freedom of expression is an individual right, for which no one should be killed, but it is also a collective right, which empowers populations through facilitating dialogue, participation and democracy, and thereby makes autonomous and sustainable development possible.

The United Nation’s Action Plan on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity was approved on December 18, 2013. This document points out that in recent years there has been disquieting evidence of the scale and the number of attacks against the physical safety of journalists and media workers, as well as of incidents affecting their ability to exercise freedom of expression by threats of prosecution, arrest, imprisonment, denial of journalistic access, and failures to investigate and prosecute crimes against them. The General Assembly invited the agencies, funds and programs of the United Nations to work with Member States such as Ecuador, so that journalists and media workers can exercise their profession freely and safely, both in conflict and non-conflict areas, with a view to strengthen peace, democracy and development.

Journalists fulfill a broad mandate to gather information and disseminate it publicly through the press, radio or television. When performing their function, not all of them are defenders of human rights. Many journalists, however, act as such when, for example, they report abuses and acts they have witnessed, which are often sensitive issues that may put their lives at risk by the fact of sharing highly relevant information; so that there must be a minimum commitment by the State at all times to, first and foremost, protect their physical integrity and their journalistic activity.

It is necessary to specify that the aforementioned resolution urges Member States to make every effort to prevent violence against journalists and media workers, ensure accountability through impartial, prompt and effective investigations into all allegations of violence against journalists and media workers that fall within their jurisdiction, bring the perpetrators of these crimes to justice and provide the victims with the possibility of adequate legal remedies.

We respectfully remind you that on September 13, 2013, the Special Rapporteur of the United Nations for the Protection and Promotion of the Right to Freedom of Opinion and Expression and the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission Human Rights of the OAS issued a «Joint Declaration on violence against journalists and media workers in the context of social protest», ratifying the States’ obligations on this issue.

Some of the attacks against journalists recorded by our organization are:

• David Castillo, journalist and correspondent for the newspaper La Hora, on 1 and 2 October 2012, in the locality of Huaquillas – in the southern border of Ecuador – and the renowned investigative journalist Juan Carlos Calderón, received death threats after the publication of newspaper articles. In the first case, a story related to the arrest of an alleged hit man, while in the second case, because of the dissemination of an investigation related to the alleged mismanagement of the State’s reinsurance programs, through digital magazine Plan V.

• Diego Cornejo, journalist and executive director of the Ecuadorian Association of Newspaper Editors, AEDEP, on 12 May 2013, was threatened by an unidentified man who, according to Cornejo, said he was defending President Rafael Correa, while walking through a park in northern Quito.

• Xavier Bonilla, caricaturist known as «Bonil», on 11 April 2013, reported that he had received threats through social networks. This took place after President Rafael Correa discredited the caricaturist during his Saturday broadcast No. 310.

• On 20 May 2013, Ecuavisa TV station’s news team was physically attacked while attempting to record the testimonies of unsatisfied users of the medicine delivery system in the Carlos Andrade Marín public hospital, in the city of Quito.

• Hubel and Alcibiades Onofre, correspondents for two TV stations that were seized by the State, Gama and TC Televisión, on Tuesday 17 January 2012, were verbally attacked and threatened by unidentified persons in the city of Babahoyo (304 Km from Quito). The brothers attributed this to the publication of a story that romantically linked a woman accused of being the mastermind of a triple murder, to Patriotic Society member of the Assembly Galo Lara.

• Felipe Jurado and Mario Crespo, cameramen for the State operated media outlet, Ecuador TV, on 22 May 2011, were physically attacked and their equipment destroyed, while covering a police operation to control the sale of alcoholic beverages in the city of Guayaquil. Julio César Quiñónez, police commissioner, told Fundamedios that a subject, who has been fully identified, took and destroyed Crespo’s camera and his cell phone, owned by the station.

• Byron Baldeón, 1 July 2012. The freelance journalist who worked for the newspaper Extra and the rural weekly paper Impacto, in the town of El Triunfo, was shot in the head nine times and killed by unidentified men, near his home located in this town, 61 km from the coastal city of Guayaquil. The crime occurred after the journalist monitored the robbery of a container loaded with televisions, which led to the capture of three policemen on active duty and two civilians, in May 2011.

• Luis Arnoldo Ruiz, known as «Noro». On 3 September 2012, the Police found the journalist’s body, who had been killed by a bullet to the head. The journalist, who worked as a correspondent for the newspapers Extra and Expreso in the locality of Playas, located 97 km from Guayaquil, had been reported missing since the beginning of the week.

• Journalist Fausto Valdiviezo, was killed by unidentified persons on 11 April 2013 in the city of Guayaquil. Witnesses revealed to the press that the 53 year old journalist was attacked by three hooded persons who shot him several times hitting him twice in the chest and one side of his body.

• Christian Zurita, journalist for the newspaper El Universo, on 16 July 2015, was a victim of physical and verbal aggressions as he was insulted, pushed, kicked and spat at. Government supporters attacked him while covering a protest in the historic center of the capital against Mauricio Rodas, mayor of Quito. This was the second time the journalist was attacked. On 18 April 2013, Zurita was also physically attacked by provincial prosecutor Simón Lara Grueso in the border town of Esmeraldas – located 318 km north of Quito – while covering the trial of one of the accused in the drug trafficking case known as «Resurgir».

The organizations we represent demand that you, as the national authorities responsible for the safety and the rights and freedoms of all citizens, begin the necessary actions to ensure that the different attacks against journalists do not remain unpunished. The Ecuadorian State has the obligation to respect and guarantee the fundamental rights and freedoms of its citizens, and is therefore responsible of providing guarantees and protection to journalists for the full exercise of their profession.

Thank you for your attention.

Sincerely,

César Antonio Ricaurte Pérez
Executive Director
FUNDAMEDIOS

Diego Cornejo Menacho
Executive Director
AEDEP

CC.
David Kaye
Special Rapporteur for the Promotion and Protection of Freedom of Opinion and Expression

Edison Lanza
Special Rapporteur on Freedom of Expression
Inter American Commission on Human Rights

Diego Zorrilla
UN Resident Coordinator
UNDP Resident Representative -Ecuador

Lee este comunicado en español

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CAMPAÑA:

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Doctora
Ledy Zúñiga Rocha
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Doctor
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo

Abogado
José Serrano
Ministro del Interior

De nuestra consideración:

Ecuador es miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde el 26 de Junio de 1945, por lo que está comprometido a cumplir con las obligaciones emanadas de los distintos instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales.

Tomando en cuenta la seguridad de los periodistas y la impunidad de que gozan sus agresores o asesinos, se debe tener presente la importancia de su trabajo, esencial para preservar todos los derechos y libertades fundamentales, en especial la libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La libertad de expresión es un derecho individual por el que nadie debería ser asesinado ni agredido; pero también es un derecho colectivo, que empodera a la población por medio de la facilitación del diálogo, la participación y la democracia, y, consiguientemente, permite un desarrollo autónomo y sostenible.

El 18 de diciembre de 2013 fue aprobado el Plan de Acción de las Naciones Unidas Sobre La Seguridad  de los Periodistas y la cuestión de la Impunidad.  Este documento puntualiza que en los últimos años ha habido pruebas preocupantes de la magnitud y el número de los ataques perpetrados contra la seguridad física de los periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación, así como de los incidentes que afectan a su capacidad para ejercer la libertad de expresión, como consecuencia de amenazas, detenciones, el encarcelamiento, la denegación de acceso a la prensa y la falta de investigación y procesamiento de los crímenes de los que son víctimas. La Asamblea General invitó a los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas a que trabajaran con los Estados Miembros, como Ecuador, para que los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación pudieran desempeñar su función libremente y en condiciones de seguridad, tanto en las situaciones de conflicto como en otras, con miras a fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo.

Los periodistas cumplen el amplio mandato de reunir información y difundirla públicamente por medio de la prensa, la radio o la televisión. En el desempeño de su función, no todos son defensores de los derechos humanos. No obstante, muchos periodistas actúan como tales cuando, por ejemplo, informan de abusos y actos que han presenciado, que muchas veces son temas delicados que pueden poner en riesgo su vida por el hecho de compartir información de alta relevancia; por lo que debe existir el compromiso mínimo que en todo momento debe asumir el Estado hacia los periodistas para, ante todo, proteger su integridad física como su actividad periodística.

Es necesario precisar, que la resolución antes mencionada, insta a los Estados miembros a que hagan todo lo posible por prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, asegurar la rendición de cuentas por medio de la realización de investigaciones imparciales, prontas y eficaces de todas las denuncias de presuntos actos de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que competan a su jurisdicción, llevar a los autores de esos delitos ante la justicia y ofrecer a las víctimas posibilidades de recurso apropiadas.

Nos permitimos recordar a ustedes además que el pasado 13 de septiembre de 2013 el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hicieron pública una “Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales” ratificando las obligaciones estatales en torno a este tema.

Algunas agresiones a periodistas registradas por nuestra organización son las siguientes:

• David Castillo, periodista y corresponsal de diario La Hora, el 1 y 2 de octubre de 2012, en la localidad de Huaquillas –en la frontera sur del país-, y el reconocido periodista de investigación Juan Carlos Calderón fueron amenazados de muerte tras la publicación de notas periodísticas. En el primer caso, se trató de una noticia relacionada a la detención de un presunto sicario, mientras que en el segundo caso, por la difusión de una investigación relacionada con el supuesto mal manejo en los reaseguros del Estado, en la revista digital Plan V.

• Diego Cornejo, periodista y director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, el 12 de mayo de 2013, fue amenazado por un desconocido quien, según Cornejo, dijo que defendía al presidente Rafael Correa, mientras caminaba por un parque en el norte de la ciudad de Quito.

• Xavier Bonilla, caricaturista conocido como “Bonil”, el 11 de abril de 2013 denunció que había sido víctima de amenazas a través de las redes sociales. Los hechos ocurrieron tras descalificaciones proferidas por el presidente Rafael Correa durante su Enlace Ciudadano No. 310.

• El 20 de mayo de 2013, el equipo periodístico de la estación televisiva Ecuavisa fue agredido físicamente mientras intentaba tomar testimonios de usuarios inconformes con la entrega de medicinas en el hospital público Carlos Andrade Marín, de la ciudad de Quito.

• Hubel y Alcibiades Onofre, periodistas corresponsales de los medios incautados Gama y TC Televisión, el martes 17 de enero de 2012, fueron agredidos verbalmente y amenazados por desconocidos en la ciudad de Babahoyo (a 304 Km de Quito). Los hermanos atribuyen este hecho a la publicación de una noticia que vincula sentimentalmente a una mujer acusada de ser la autora intelectual de un triple asesinato, con el asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara.

• Felipe Jurado y Mario Crespo, camarógrafos del medio estatal Ecuador TV, el 22 de mayo de 2011, fueron agredidos físicamente y sus equipos destruidos, durante la cobertura de un operativo policial para el control del expendio de bebidas alcohólicas, en la ciudad de Guayaquil. Julio César Quiñónez, intendente de policía aseguró a Fundamedios que un sujeto, que ha sido plenamente identificado, le quitó y destruyó la cámara a Crespo, al igual que su teléfono celular, de propiedad del canal.

• Byron Baldeón, 1 de Julio de 2012. El periodista freelance de diario Extra y del semanario rural Impacto, en la ciudad El Triunfo, fue asesinado por desconocidos con nueve tiros en la cabeza, cerca de su domicilio, ubicado en dicha localidad, a 61 Km de la ciudad costera de Guayaquil. El crimen ocurrió tras haber realizado el seguimiento del robo a un contenedor cargado de televisores del que fueron capturados tres policías en servicio activo y dos civiles, en mayo de 2011.

• Luis Arnoldo Ruiz, conocido como “Noro”. El 3 de septiembre de 2012, la Policía halló el cuerpo del periodista, asesinado con un balazo en la cabeza. El comunicador, quien trabajaba como corresponsal de los diarios Extra y Expreso en la localidad de Playas, ubicada a 97 Km de Guayaquil, había sido reportado como desaparecido desde inicios de la semana del asesinato.

• El periodista  Fausto Valdiviezo,  el 11 de abril de 2013 fue asesinado por desconocidos en la ciudad de Guayaquil. Testigos revelaron a la prensa que el periodista de 53 años de edad habría sido atacado por tres sujetos encapuchados quienes le habrían propinado varios disparos, de los cuales dos de ellos habrían impactado en su pecho y en un costado de su cuerpo.

• Christian Zurita, periodista de diario El Universo, el 16 de julio de 2015 fue víctima de agresiones físicas y verbales, como insultos, empujones, patadas y escupitajos. Simpatizantes del gobierno lo agredieron mientras cubría un plantón de protesta en el centro histórico de la capital contra Mauricio Rodas, Alcalde de Quito. Esta es la segunda ocasión que agreden al periodista, ya que 18 de abril de 2013, Zurita, fue agredido físicamente por el fiscal provincial Simón Lara Grueso, en la localidad fronteriza de Esmeraldas -ubicada a 318 Km al norte de Quito- cuando cubría la audiencia de juzgamiento de uno de los involucrados en el caso de narcotráfico denominado “Resurgir”.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las organización a las que representamos exigimos a ustedes, en su calidad de autoridades nacionales responsables de la seguridad y los derechos y libertades de los ciudadanos, den inicio a las acciones respectivas que no dejen en la impunidad las distintas agresiones que se han dado en contra de periodistas. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, correspondiéndole, por lo tanto, brindar garantías y protección a los periodistas para el ejercicio pleno de su profesión y labores.

Por su atención favorable quedamos de ustedes muy agradecidos.

Atentamente,

César Antonio Ricaurte Pérez
Director Ejecutivo
FUNDAMEDIOS 

Diego Cornejo Menacho
Director Ejecutivo
AEDEP

C.C.
David Kaye
Relator Especial para la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión

Edison Lanza
Relator Especial de Libertad de Expresión de la OEA

Diego Zorrilla
Coordinador Residente ONU
Representante Residente UNDP-Ecuador

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Quito, 15 de abril de 2014

Estimado Señor doctor
Galo Chiriboga
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

En su despacho.-

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, mediante la presente exponemos nuestra preocupación e inquietud en torno al asesinato del periodista Fausto Valdiviezo, al cumplirse un año del crimen del cual aún no se ha hecho justicia.

Como lo reiteramos en una misiva anterior, durante los primeros meses de la etapa de investigación se produjeron hechos desconcertantes y salieron a la luz nuevas pistas que son claramente contradictorias a las versiones oficiales.

Nuestra principal inquietud es que al haber transcurrido un año desde el cometimiento del crimen no se han establecido responsables del hecho, tampoco se ha esclarecido, ni el móvil del mismo, ni la relación que tiene la víctima con las cinco personas actualmente procesadas, de las cuales, el principal acusado como presunto autor intelectual está prófugo. También es cuestionable que la audiencia de juzgamiento haya sido postergada en tres ocasiones.

De los hechos se desprende que el 25 de septiembre, la Fiscalía del Guayas acusó a cinco de los seis involucrados en el asesinato de Valdiviezo. Sin embargo, la familia del periodista, a través de su abogado, el Dr. Julio César Cueva, ha expresado su insatisfacción y ha solicitado en reiteradas ocasiones que se siga investigando, porque, a su criterio, entre los acusados “no están todos los responsables”, además, que la familia ha asegurado desconocer a estas personas y cualquier vínculo con el fallecido.

En la misiva anterior también mencionamos que desconcierta el hecho de que tras el asesinato, la policía allanó la vivienda del comunicador y registró sus pertenencias-como lo denunció su hijo el pasado 13 de abril a través de la red social Twitter y que fue corroborado por el abogado de la familia quien confirmó que se trataba un procedimiento “inusual”, tomando en cuenta que el asesinato ocurrió en otro lugar-.

Asimismo, llama la atención que, a escasos cuatro días de ocurrido el asesinato del periodista, el Ministro del Interior José Serrano, descartó públicamente una posible relación entre el crimen y a la actividad periodística que, desde hace 30 años, venía realizando Valdiviezo. Esto a pesar de que el 5 de junio del presente año, Luz América Moscoso, madre del comunicador dio nuevas pistas a la Fiscalía tras declarar que su hijo, quien sufrió un atentado la noche anterior a su muerte, le había comentado que sospechaba de un directivo de un medio incautado, al cual Valdiviezo estaba investigando.

Antes, en una versión rendida el pasado 17 de mayo por Pedro César Jiménez Avelino, padrastro de la exesposa de Valdiviezo, afirmó que el periodista “sabía quién o quiénes podrían atentar contra su vida, pero no me indicó en ese momento de qué persona se trataba ni por qué motivo lo iban a  hacer, solamente me dijo que estaban haciendo unas investigaciones y que lo que él sabía, iba a causar un revuelo social”. En esta versión también se nombró al directivo del medio incautado. Sin embargo, el abogado de la familia señaló que esta versión “sospechosamente la tenía la policía judicial y hasta el día dehoy no ha aparecido en el expediente”.

En otro hecho, el pasado 23 de mayo, y tras anunciarse la detención de siete personas presuntamente sospechosas del crimen, el Ministro Serrano aseguró, en rueda de prensa, que existe “una relación inusual” entre Valdiviezo y las personas detenidas que pertenecían a una banda de delincuentes que podría estar vinculada al tráfico de drogas, usura y trata de personas. En esa rueda de prensa el funcionario no supo explicar a los periodistas de qué se trataba el tipo de relación de la que hablaba, pero sí dejó entrever que Valdiviezo podría estar relacionado con los bandidos, porque atravesaba una situación económica difícil.  Estas declaraciones generaron el rechazo de los familiares del periodista, quienes enviaron una carta al Ministro para que esclareciera el tipo de relación a la que hacía mención el funcionario ya que, consideraron que el término de “inusual”, ensuciaba la memoria de Valdiviezo.

Asimismo, de los hechos se conoce que el esposo de la única persona detenida por este caso como supuesta cómplice, fue asesinado. Sin embargo, no se ha aclarado si esto tiene relación alguna con el crimen de Valdiviezo.

Por demás, sorprende en ese sentido, que habiendo transcurrido un año del lamentable crimen existan más interrogantes que certezas.

Por todo lo expuesto, como organización de la sociedad civil legalmente constituida y en cumplimiento de nuestro derecho constitucional a elevar peticiones a las autoridades y funcionarios públicos, le insistimos, Señor Fiscal: que se llegue a los verdaderos culpables y a las verdaderas causas del asesinato del periodista Fausto Valdiviezo. Es por demás inadecuado, que se haya desechado a priori que las causales del crimen estén relacionadas a la actividad periodística de la víctima, cuando existen testigos claves que han señalado que Fausto Valdiviezo había dado pistas de las posibles causas y culpables de cualquier hecho de violencia que podría darse en su contra. Esto no abona a la confianza en la transparencia de las investigaciones.

Atentamente,

César Ricaurte

Director Ejecutivo

FUNDAMEDIOS