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Carlos Ochoa

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Durante 2015 y 2016, el exSuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, se valió de la adulteración de la Ley Orgánica de Comunicación para sancionar a 11 radios a nivel nacional.

Excusándose en su supuesto desconocimiento sobre el error en la transcripción de la Transitoria Sexta, Ochoa evadió un debido proceso y arbitrariamente ordenó reimprimir 300.000 ejemplares de la Ley. Luego, basándose en ese texto, impuso las sanciones y otorgó 72 horas a las radiodifusoras multadas para cancelar la deuda.

El error en la Transitoria tiene que ver con el artículo 102, cuando lo correcto es que cite al artículo 103.

FUNDAMEDIOS y el Colegio de Abogados de Pichincha, plantearon una demanda en contra de Ochoa por uso doloso de la Ley.

Aquí el caso ampliado.

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Organizaciones de Bolivia, Ecuador y Perú reclamaron hoy al Gobierno boliviano que no conceda asilo al exsuperintendente de Comunicación ecuatoriano Carlos Ochoa y lo devuelva de su país para que sea juzgado.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Fundamedios de Ecuador e IPYS de Perú firmaron un comunicado en Sucre, capital de Bolivia, de rechazo a una posible «concesión del estatus de refugiado» a Ochoa, que junto a la exasambleísta ecuatoriana Sofía Espín solicitó refugio en Bolivia.

La asociación boliviana, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reclamaron al Gobierno de Bolivia que Ochoa sea devuelto a las autoridades de su país «para que responda por delitos cometidos en ejercicio de funciones públicas».

«No existe ninguna causa para que pueda ser considerado un perseguido político, pues en el Ecuador debe responder a un juicio», argumentaron.

Al respecto, añadieron que el juicio versa sobre acusaciones por falsificación de documento público para sancionar «fraudulentamente» a once medios de comunicación y por malversación de fondos públicos al ordenar la impresión de 300.000 ejemplares de la Ley de Comunicación «que contenía alteraciones a la norma».

El pasado martes la Cancillería de Bolivia confirmó la solicitud de refugio, que estas organizaciones consideran que «no se debe prestar para proteger a quienes son acusados de delitos comunes».

Ecuador envió la semana pasada a la Cancillería de Bolivia el reporte judicial sobre Espín y Ochoa, en el que se constata que son requeridos por la Justicia ecuatoriana y «no son perseguidos políticos».

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó el mes pasado una orden de prisión preventiva contra Espín, después de que incumpliera la medida de presentarse periódicamente ante el tribunal, tras haber sido acusada de tratar de influir en una testigo de cargo en un caso que salpica al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Asimismo, un juez ecuatoriano ordenó prisión preventiva, con fines de investigación, contra Ochoa, acusado de presunta falsificación y uso irregular de documento.

El ex alto cargo está acusado de haber cometido abusos en la aplicación de la Ley de Comunicación, tildada como «mordaza» por gremios de periodistas, y de presuntamente haber alterado un texto para sancionar a medios de comunicación.

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FUNDAMEDIOS respalda la decisión que tomó el pleno de la Asamblea Nacional este 12 de marzo de 2018, al censurar, con 119 votos, al exsuperintende de la Información y Comunicación Carlos Ochoa. Esta decisión, no solo refleja que hubo coincidencias respecto a que el  exfuncionario se extralimitó en sus funciones, sino que también aplicó de manera arbitraria, abusiva y fraudulenta la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), y hasta la usó en beneficio propio, desde que asumió ese puesto hace casi cinco años.

Ochoa, además, deberá rendir cuentas ante la Justicia por la falsificación y uso de la Ley de Comunicación falsificada para sancionar a una docena de medios.

Cabe recordar que en medio del debate en el interior del Pleno, no solo se cuestionó de manera unánime la actuación de Ochoa y la necesidad de su destitución y censura, sino también la legitimidad de la LOC y la necesidad de reformarla o derogarla. Nos congratulamos que la gran mayoría de Asambleístas de las distintas bancadas legislativas hayan expresado la voluntad para avanzar en el proceso para cambiar profundamente la Ley.

El asambleísta Fabricio Villamar, del movimiento CREO-SUMA y uno de los interpelantes en el juicio político aseguró que Ochoa implementó un modelo restrictivo de derechos y amedrentó a los medios por pensar diferente. En esa línea, el asambleísta Homero Castanier, de CREO y que acudió en reemplazo de Lourdes Cuesta afirmó que Ochoa irrespetó normas constitucionales y de derechos humanos, y también logró beneficios a título personal. Criterio que fue compartido por la asambleísta María Mercedes Cuesta, de FE y excompañera de trabajo de Ochoa.

Asambleístas como Mae Montaño, de CREO y el socialcristiano Luis Fernando Torres fueron más allá y cuestionaron la legalidad de la misma Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) y el hecho de que su figura fue incluida a último momento y sin debate, al igual que algunos artículos de esa Ley, como el linchamiento mediático.

Por esta razón, FUNDAMEDIOS exhorta a las autoridades ecuatorianas a abstenerse de nombrar a un nuevo Superintendente y, en su lugar, invita a dar pasos acelerados para las reformas a la LOC.

Lo ocurrido la noche del 12 de marzo en el seno de la Asamblea Nacional demuestra el descontento generalizado en la aplicación de una Ley que ha sido cuestionada por no alinearse a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. No lo dijeron solamente los 119 legisladores que votaron en favor de la censura a Ochoa, sino las coincidencias respecto a que la aplicación de esta Ley que ha generado censura, miedo y abuso de derechos.

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Como “una defensa a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC)” fue calificada la comparecencia del superintendente de la información y comunicación, Carlos Ochoa, la mañana del 23 de febrero de 2017, por parte de los asambleístas de oposición, Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, del movimiento CREO, quienes lideran el pedido de juicio político en contra del funcionario.

Cuesta y Villamar coinciden en que Ochoa no respondió de manera contundente ante la Comisión de Fiscalización, que citó al funcionario para que presentara las pruebas de cargo y descargo, frente a las acusaciones que presentaron en su contra, por aplicación discrecional de la LOC, a la hora de sancionar a los medios, arrogación de funciones, violación de la Constitución y tratados internacionales, falsificación de una transitoria de la Ley,  entre otras.

En su defensa, Ochoa fustigó a los medios. A su criterio, los medios actúan en beneficio de grupos de poder y están supeditados a la publicidad que les permite ganar dinero, lo que condiciona su línea editorial que privilegia la libertad de empresa. En ese sentido defendió la regulación, no como una limitación a la libertad de expresión o una intervención estatal, sino como la defensa de este derecho para los ciudadanos.

Tras esto, negó una a una las acusaciones presentadas en su contra. Dijo que no es verdad que la Superintendencia pretenda imponer a los ecuatorianos lo que se debe o no leer, ver o escuchar, sino de regular en beneficio de todas las audiencias. También negó que con la aplicación de la LOC se haya afectado económicamente a los medios y afirmó que “no hay un solo medio que haya quebrado por pagar multas”. Con ello aseveró que se ha recaudado un total de USD 754 690 por sanciones pecuniarias y defendió que los activos declarados a la Superintendencia de compañías por los 61 medios de comunicación más importantes, de los aproximadamente 1200 medios existentes, son de USD 513 millones.

También se refirió a la acusación penal que presentó FUNDAMEDIOS en agosto de 2016, en donde se acusó al Superintendente de alterar una transitoria de la Ley de Comunicación cuando encargó la impresión de la normativa en 300 mil textos de bolsillo y sancionó a 11 medios durante ese año, cometiendo el delito de falsificación y uso doloso de instrumento público falso, que está penado por la ley. Este hecho, según Ochoa, resulta una acusación “temeraria y carente de todo sustento”, y que por ello el exfiscal Galo Chiriboga solicitó su archivo, algo que finalmente no pasó. Afirmó que él no ha sancionado a medios utilizando los ejemplares de bolsillo.

En cuanto a la acusación que hizo Contraloría, que estableció glosas en contra de Ochoa cuando trabajó como director de noticias del medio incautado Gama TV, este defendió que las actividades como director nacional del canal incautado no son objeto de Fiscalización porque recién en octubre del 2013 fue funcionario público. “Dejo en claro que la supuesta destitución y las glosas de la Contraloría carecen de sustento jurídico (…) es elemental señores, no se puede destituir a quien no se ha posesionado». Para Ochoa, el sueldo establecido, el auto que recibió y otros beneficios fueron parte de acuerdos entre privados y que en un supuesto de que tendría responsabilidad por ser una entidad pública, esta sobrecae en el administrador y no en un cargo de director de noticias.

Finalmente, y tras una alocución de dos horas,  Ochoa concluyó que “la información no puede proveerse con lógica de mercado porque no es una mercancía. la información es un derecho y por eso se debe suministrar con lógica de servicio público”.

Concluida la exposición del Superintendente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, pidió cinco días  adicionales al plazo requerido para presentar el informe que deberá remitirse al titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. «En cinco días, un volumen tan grande de información, no va a poder ser analizado adecuadamente». En total, se requerirá 10 días para que dicho informe quede listo para conocer si procede el inicio del juicio político.

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Por considerar que existen elementos y méritos suficientes para enjuiciar políticamente al superintendente de la información y comunicación, Carlos Ochoa y buscar su censura y destitución, FUNDAMEDIOS respalda la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, que este 5 de febrero admitió a trámite el pedido de juicio político liderado por los asambleístas Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar.

La organización también respalda a los 53 asambleístas que firmaron el pedido de juicio político por considerar que el Superintendente, no solo que incumplió y se arrogó funciones, sino que también violó la Constitución, los tratados internacionales sobre libertad de expresión, y hasta la misma Ley Orgánica de Comunicación (LOC), al aplicar de manera discrecional la norma a la hora de sancionar a los medios de comunicación.

Cabe anotar que, entre las pruebas presentadas por los legisladores -muchas de ellas, facilitadas por FUNDAMEDIOS- se incluye la denuncia penal que presentó la organización junto con el Colegio de Abogados de Pichincha en agosto de 2016, en donde se acusó a Carlos Ochoa de alterar una transitoria de la Ley de Comunicación. Esta modificación ocurrió cuando el funcionario encargó la impresión de la normativa en 300 mil textos de bolsillo y con este cambio sancionó a 11 medios durante ese año, cometiendo el delito de falsificación y uso doloso de instrumento público falso, que está penado por la ley.. El cambio hecho por la Supercom se encuentra en el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley, referida a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional.

Además, desde que entró en vigencia la LOC, el pasado 25 de junio de 2013, el panorama en los medios de comunicación y la forma para ejercer el periodismo cambió, marcando un antes y un después. Hasta la fecha, la Supercom, en su  más reciente informe por el cuarto aniversario de la LOC, reportó un total de 684 sanciones a los medios, de un total de 1113 procesos abiertos, de los cuales, según esa entidad, 536 se dieron de oficio y 577 por denuncias. Sin embargo, esas cifras oficiales difieren de las que ha podido contabilizar y reportar Fundamedios, que, tras varios pedidos de información, negativas e insistencias, pudo tener conocimiento de 894 procesos, que derivaron en 539 sanciones, evidenciando un subregistro de sanciones debido a la falta de transparencia de esta entidad que ha puesto trabas en la entrega de dicha información.

De ese estudio también se reveló que los medios más sancionados fueron los medios privados y se evidenció que los funcionarios públicos y la Supercom han sido los que más han utilizado a su conveniencia y favor la LOC.  El 73%de las denuncias analizadas entre octubre de 2013 y abril de 2016 fueron presentadas por estos actores.

Con todo lo expuesto, y ante la contundencia de las pruebas que evidencian los abusos de un superintendente, que desde sus inicios mostró su animadversión en contra de los medios privados no alineados al correismo, que aplicó la ley de manera discrecional y la utilizó como un instrumento de persecución, FUNDAMEDIOS apoya el juicio político calificado por el CAL de la Asamblea Nacional y exige a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en donde recae el juicio político en contra de Ochoa, que cumpla su función de fiscalizar y no permita que los actos denunciados queden en la impunidad.

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Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.
Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.
Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.

Esta mañana, Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitaron a la Fiscalía que se incluya al CORDICOM en el proceso penal que siguen estas instituciones contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien fue denunciado por falsificación de instrumento público, así como por su uso.

Según Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el Consejo de Regulación de Información y Comunicación (CORDICOM) también manipuló el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación de Ecuador, función que solo le compete a la Asamblea Nacional.  Esta adulteración consta en el “Reglamento para la aplicación del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos musicales”, elaborado por ese organismo y publicado en el Registro Oficial el 29 de octubre de 2014.

Este cambio consta en los considerandos del reglamento sobre el inciso segundo de la transitoria sexta que se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional. El texto que publicó fue: “La Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Comunicación dispone la gradualidad para la aplicación del artículo 103 de la referida Ley, debiéndose aplicar la difusión de contenidos musicales en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la Ley…”. El texto original de la Ley menciona el 102.

“Tanto la SUPERCOM como el CORDICOM manipulan el texto de la Ley. Esto se denomina en derecho falsedad ideológica. Es decir adulteran y cambian el texto a efecto de posibilitar -en el caso del CORDICOM- un reglamento que permita la aplicación de sanciones utilizando un texto que no es el aprobado por el Legislativo”, dijo García en rueda de prensa.

Informó además que han solicitado a la Fiscalía que les envíe copia certificada de la resolución del CORDICOM y que se certifique quienes fueron los que votaron por esa resolución, así como el cargo que esas personas ocuparon.

De su parte, César Ricaurte, director de Fundamedios, recalcó la fecha del reglamento: 29 de octubre de 2014 y dijo que fue suscrito por Patricio Barriga, actual secretario Nacional de Comunicación. “Recordemos que las sanciones a los medios de comunicación por parte de la Supercom, aplicando este reglamento y modificación de la Ley de Comunicación, datan de principios de 2016. Es decir, un año después de que se aprueba este reglamento. La primera modificación o posible falsificación de la Ley de Comunicación la hace el CORDICOM”. La organización ha reportado 11 sanciones a medios con el texto adulterado.

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valeFundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha presentaron hoy un denuncia penal contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, por alterar una transitoria de la Ley de Comunicación de Ecuador, función que solo le compete a la Asamblea Nacional.  Esta modificación ocurrió cuando el funcionario encargó la impresión de la normativa en 300.000 textos de bolsillo. Pero además con este cambio sancionó a 11 medios durante el 2016.

La denuncia fue presentada esta tarde ante la Fiscalía. En ella, los demandantes solicitaron el inicio de la instrucción fiscal contra Ochoa por la falsificación de instrumento público, así como por su uso. Para ello se basan en el artículo 328 del Código Penal Integral (COIP) que se refiere a la falsificación y uso de documento falso. Su texto dice: “La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando se trate de documentos privados la pena será de tres a cinco años. El uso de estos documentos falsos, será sancionado con las mismas penas previstas en cada caso.”

El cambio que hizo la Supercom se ubica en el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley. Este se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional y su texto original es: «La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley…«. Pero en los textos impresos menciona el artículo 103 (que trata sobre la difusión progresiva de contenidos musicales) en lugar del 102 (referente al fomento de la producción nacional independiente).

La sanción por incumplir el artículo 103 es el pago equivalente a 10 salarios básicos. Según el registro de Fundamedios, al menos 22 radios han sido sancionadas con este artículo desde el 2014. Sin embargo desde enero del 2016, son 11 los medios sancionados con la transitoria modificada al artículo 103. Las multas suman más de USD 40.000.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explicó en rueda de prensa que hubo uso doloso del documento alterado. “Hemos considerado con Fundamedios que este es un tema jurídico que no puede permitirse”.

Mientras que César Ricaurte, director de Fundamedios, informó que los medios sancionados con este cambio son Radio Canela, Radio Alfa 98.5 FM , Radio Bonita 93.7 FM (Ambato), Radio Cariamanga 104 FM (Cariamanga), Genial Radio (Santa Elena), Radio Encuentro (Santa Elena) Radio Disney 93.7 FM (Guayaquil), Radio Turbo de Guaranda 93.9 FM, Radio Turbo de Ambato 93.3 FM y en dos ocasiones a Radio EXA FM. Además recordó que existen un pedido de juicio político en la Asamblea contra Ochoa por la misma razón, pero además de sus responsabilidades políticas hay claros indicios de que se ha cometido un delito. En la plataforma Change.org, Fundamedios ha logrado hasta el momento que 203 personas respalden este pedido.

García recalcó que hay “un delito cometido” y reconocido por el propio Superintendente. Se refirió así a la entrevista que Ochoa diera a El Universo, el 11 de julio de 2016. Allí, el funcionario afirmó que “lo único que hizo fue generar un arreglo, en vez de ser el artículo 102, se puso lo que obviamente constaba, que era el espíritu de la ley”. El abogado espera que la Fiscalía inicie las correspondientes investigaciones. “El señor Ochoa reconoce haber actuado dolosamente, no se trata de un error de tipeo ni de imprenta”, manifestó el jurista.

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La Superintendencia de la Información y Comunicación alteró una transitoria de la Ley de Comunicación; lo hizo cuando encargó la impresión de nuevas versiones de la Ley Orgánica de Comunicación y aplicó esa norma para emitir 11 sanciones contra medios de comunicación durante el 2016. Arrogándose funciones del Legislativo, el superintendente Carlos Ochoa modificó la transitoria sexta de la Ley y la aplicó en varias las resoluciones de ese organismo.

Por esa razón, Fundamedios considera que existen motivos suficientes para el inicio de un juicio político y censura de la autoridad de la Supercom, el señor Ochoa. Más aún cuando el funcionario admitió su falta, al declarar a la prensa: “Todos sabemos de ese error en el acápite seis. Va al artículo 102 ‘Fomento a la producción nacional’, cuando esto supuestamente tenía que ver con el 1×1. Esta ley (de bolsillo) lo único que hizo fue generar un arreglo, en vez de ser el artículo 102, se puso lo que obviamente constaba, que era el espíritu de la Ley y a lo que se refería, que era el artículo 103”.

El texto de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación, aprobada por la Asamblea Nacional el 23 de junio del 2013, no es el mismo que se lee en las ediciones de bolsillo impresas por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). La entidad reguladora modificó un aparente “error” de la LOC, y lo repite en sus resoluciones amparadas en esta transitoria.

El cambio que hizo la Supercom se ubica en el inciso segundo de la transitoria sexta de la LOC: se modificó el número del artículo 102, referente al fomento de la producción nacional independiente, por el 103, sobre la difusión progresiva de contenidos musicales.

El segundo inciso de la transitoria sexta de la norma, que refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional, menciona lo siguiente: “La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley…”. Sin embargo, en las ediciones de bolsillo de la Supercom, el texto menciona que “La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 103…”

Las 11 resoluciones dictadas contra medios se basaron en este artículo falseado de la Ley de Comunicación (LOC). De esta manera, el Superintendente y los intendentes zonales Jeoconda Loor Chancay y Gustavo Merino, violaron el artículo 56 de la misma, al no fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación. Pero, sobre todo, violaron el principio de legalidad contenido en la Constitución y tratados internacionales, según el cual nadie puede ser sancionado sino en estricta aplicación de la ley y según lo que esté expresamente señalado en ella.

La sanción por incumplir el artículo 103 es el pago equivalente a 10 salarios básicos. Según el registro de Fundamedios, al menos 22 radios han sido sancionadas con este artículo desde el 2014. Sin embargo desde enero del 2016, son 11 los medios sancionados con la transitoria modificada al artículo 103. Las multas suman más de USD 40.000.

En estas resoluciones se hace mención a la transitoria sexta modificada sancionando a: Radio Canela, Radio Alfa 98.5 FM , Radio Bonita 93.7 FM (Ambato), Radio Cariamanga 104 FM (Cariamanga), Genial Radio (Santa Elena), Radio Encuentro (Santa Elena) Radio Disney 93.7 FM (Guayaquil), Radio Turbo de Guaranda 93.9 FM, Radio Turbo de Ambato 93.3 FM y en dos ocasiones a Radio EXA FM.

El artículo 131 de la Constitución faculta a la Asamblea Nacional para iniciar un proceso de enjuiciamiento político “a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, (…) de Superintendencias, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado”. Las acciones del superintendente Ochoa se corresponden con esta causal, por lo que el juicio político debería finalizar en su censura y destitución. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, la misma Asamblea dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.

En el caso específico de que se llegue a comprobar que Carlos Ochoa, Gustavo Merino y Jeoconda Loor cometieron un uso abusivo de la Ley y podrían enfrentar cargos penales por falsificación y uso de documento falsificado. La causa la podrían iniciar los perjudicados o terceras personas.

Todos estos hechos son motivo suficiente para que Fundamedios, en su calidad de organismo no gubernamental que trabaja en la defensa de la libertad de expresión, demande de los legisladores el inicio de juicio político y la destitución contra el Superintendente Carlos Ochoa, enviando de esa manera un claro mensaje sobre la importancia de respetar el Estado de Derecho en el Ecuador.