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César Ricaurte

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Ecuador, 8 de octubre del 2020. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, compareció la tarde del 7 de octubre ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional con el propósito de presentar los resultados de la investigación realizada por Fundamedios, Plan V y Ecuavisa que revelan la concentración de medios de comunicación en manos del empresario Ángel González, conocido como el Fantasma, quien utiliza una red de testaferros para evitar señalamientos.

Fundamedios trabaja desde hace 14 años en Ecuador y desde hace 5 en América Latina en la defensa, promoción y monitoreo de la libertad de prensa y expresión por lo que el interés en el concurso de frecuencias se enmarca exclusivamente en la defensa de los derechos humanos y la democracia ya que la concentración de medios restringe la pluralidad que asegura el pleno derecho a la información.

“Cuando hablamos de concentración de medios no estamos ante un tema meramente técnico y administrativo, estamos ante un hecho que tiene serias consecuencias sobre la calidad de la democracia en el país”, sostuvo Ricaurte.

A través de una presentación con 24 diapositivas se presentó las pruebas que ratifican la presencia de Ángel González en el Ecuador y que compite, actualmente por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  Además de 19 repetidoras en provincias.

En 2019 la Contraloría General del Estado presentó los resultados del Examen Especial a los Procesos de Concesión de Frecuencias. En el documento detectó la concentración de medios de comunicación y señaló que al menos 8 medios de comunicación se encuentran ubicados en una misma dirección y que los contadores de estas empresas son los mismos ciudadanos. Con este antecedente, Ricaurte alertó que las empresas señaladas en el informe del 2019 entran nuevamente a concurso: MEGACOMUNICATION S.A; ANDIVISIÓN; RADIODIFUSORA AYAX; DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTANTES; ECUADORADIO S.A; RIDALTO RIDALTOSA S.A; RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.

Estas empresas ecuatorianas tienen como accionistas a 8 empresas en Montevideo, Uruguay y 6 de estas se ubican en la misma dirección: Juan Parra del Riego 989 que es un predio donde funciona una empresa de contadores.

Para demostrar la presencia de El Fantasma a través de una red de testaferros, Fundamedios presentó varios casos puntuales:

Cirvane Trading S.A es una empresa de nacionalidad uruguaya presidida por Remigio Ángel González González, cuya dirección es Juan Parra del Riego 989. Cirvane Trading S.A es accionista de la empresa ecuatoriana Adaratop S.A., dueña a su vez de Megacomunications S.A., una empresa que concursa por la frecuencia 105.7 que es la Radio Fabu Stereo.

Andivisión tiene como accionistas a la empresa uruguaya FIZLER S.A y a la empresa RADIO Y TELEVISIÓN GUATEMALA S.A que es parte del Grupo Albavisión, de Remigio Ángel González. José Fernando Villanueva Carrera, es el representante legal, la compañía pertenece a la esposa de Ángel González, Alba Lorenzana Cardona, y a su hija Jani Tzik Tzik. Además, este medio de comunicación está implicado en el caso de corrupción de financiamiento ilegal de la política en Guatemala y que desembocó en la Destitución y Encarcelamiento del Ex-Presidente, Otto Pérez Molina y de su Vicepresidenta Roxanna Baldettí y se mostró cheques y facturas de ese caso.

También presentó el caso de Cuminol S.A. que es a su vez una de las propietarias de la empresa ecuatoriana Radiodifusora Trafalgar del Ecuador S.A. concesionaria de la frecuencia 96.1 Joya Stereo. Cuminol S.A.  está presidida por el mexicano Guadalupe Carlos Hernández Martínez, según

información obtenida de la Dirección Nacional de Registros en Uruguay. En una declaración jurada, Hernández reconoce que “la totalidad de los fondos y dineros utilizados para la adquisición societaria me fueron proporcionados por el señor don Remigio Ángel González González” quien aseguró, es el único dueño.

Risfelar S.A. es a su vez una de las propietarias de la empresa ecuatoriana Radiodifusora Ayax del Ecuador S.A. concesionaria de la frecuencia 104.1 Alfa Stereo, la cual está presidida por el mexicano José Luis Yarzabal Burela, según información obtenida de la Dirección Nacional de Registros en Uruguay. Así mismo, en otra declaración jurada, Yarzabal reconoce que “la totalidad de los fondos y dineros utilizados para la adquisición societaria me fueron proporcionados por el señor don Remigio Ángel González González” quien aseguró, es el único dueño.

De esta manera Fundamedios demostró que en el Ecuador existe una concentración de medios, que en el Concurso actual de frecuencias se admitió la participación de empresas que ya estaban observadas por Contraloría y que se han tomado medidas para blanquear la situación.

La asambleísta Jeannine Cruz agradeció a Fundamedios y dijo que es la sociedad civil la que está poniendo alertas sobre estas irregularidades: “El informe es tan claro y contundente, el Fantasma González está presente y quienes quieren negar esa realidad están haciéndole el juego a la impunidad”, dijo la legisladora.

Fundamedios solicitó a la Comisión de Fiscalización que investigue a fondo la situación actual de concentración. En especial la validez de las resoluciones que la ARCOTEL ha expedido en los últimos dos años, relativos a los concesionarios mencionados en el informe de Contraloría.

También que se exhorte a Contraloría para que examine y elabore un informe sobre la situación actual de las frecuencias del país, incluyendo sus propias observaciones sobre concentración de medios establecidas en su informe DNA4-0025-2018 y que se conmine al Ministro de Telecomunicación y al Director de ARCOTEL para que se haga una revisión exhaustiva de la información que hemos presentado ante esta Comisión y de otros posibles casos de concentración de medios y se tomen los correctivos que permitan llevar a buen fin este concurso, sin cometer los pecados del pasado. 

En la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización también participó el Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) Kléver Chica y el Ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena, quien se excusó de comparecer en dos ocasiones anteriores.

Chica hizo referencia al fallido concurso del 2016 y al Informe de Contraloría que reveló las irregularidades que provocaron su suspensión. Aseguró que este es un proceso eminentemente técnico y que las nuevas autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones han socializado todas las etapas del concurso a través de la comunicación digital: “Si hay grupos de poder que ya han logrado mecanismos para poder concentrar frecuencias, si eso es verdad, nosotros apoyaremos”.

Por su parte Michelena subrayó que, como presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ha cumplido todas las observaciones y recomendaciones de la Contraloría y se refirió a que la entrega de los títulos habilitantes será un “derecho condicionado” bajo una declaración responsable para que se cumplan la ley y las normativas y no un derecho adquirido pues el Estado debe precautelar el correcto uso de las frecuencias. 

Fundamedios se mantiene expectante sobre el concurso de frecuencias y exige a las autoridades estatales a ceñirse a la ley y verificar los datos de los concursantes para preservar la libertad de expresión en el país.

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Quito, mayo 2020En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se realizó el foro virtual Desinfodemia en América Latina: hechos-19, coorganizado por Fundamedios y la Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea, las Embajadas de Estados Unidos y de Canadá, en Ecuador, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés). El centro temático del fue el fenómeno de la desinformación, con énfasis en los impactos de la difusión de contenidos falsos en el escenario de la COVID-19

La iniciativa contó con la participación de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; Saadia Sánchez Vega, directora de la oficina de la UNESCO en Quito y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela; Desirée Yépez, de Ecuador Chequea; Liliana Elósegui, de Verificado México; Luiza Bandeira, de Digital Forensic Research Lab (DRL)-Atlantic Council; y Cristina Tardáguila, de la International Fact-Checking Network (IFCN) y Poynter Institute.

Al inicio del foro, Saadia Sánchez mencionó que durante la crisis, la información se ha colocado en el centro del escenario: Lo que ha denominado la UNESCO ‘desinfodemia’” es un flagelo que desvirtúa e incluso falsifica la realidad con consecuencias de vida o muerte al estimular decisiones esencialmente ‘desinformadas’ sobre la COVID-19”. Además, expresó que la información verificable y fiable es la llave para construir sociedades del conocimiento. 

#WorldPressFreedomDay Hechos-19: La Desinfodemia en América Latina

Foro organizado por Fundamedios, UNESCO Quito, UNESCO en español, Embajada de Estados Unidos en Quito, Embajada de Canadá en Ecuador, Unión Europea en Ecuador y PADF Ecuador.Participan: Cristina Tardáguila Poynter, Liliana Elósegui Verificado, Luiza Bandeira DFRLab, Nela Balbi IPYS Venezuela, Desirée Yépez Ecuador ChequeaModera: César Ricaurte FundamediosIntroduce: Saadia Sánchez Vega

Publicerat av FUNDAMEDIOS Onsdag 6 maj 2020

Por su parte, Cristina Tardáguila indicó el impacto de siete olas de desinformación  en torno a la COVID-19: origen, manipulación de archivos multimedia, métodos de prevención, xenofobia, politización de la enfermedad, confinamiento y la ultrapolitización. Por su parte, Luiza Bandeira acotó que el cambio constante supone una situación demandante y de creciente complejidad para el trabajo periodístico: “Hoy las personas están comprendiendo cómo la información sirve para generar una narrativa de intereses particulares”.

Desirée Yépez apuntó a la confianza recobrada por el periodismo desde la perspectiva ciudadana, específicamente en lo relativo a su rol fiscalizador de la función pública. Mientras que Liliana Elósegui añadió que los bots (programas informáticos) han encontrado en los vacíos informativos espacios para introducir datos que, en muchas ocasiones, terminan en fraudes o estafas, sobre todo en América Latina. Precisó que, frente a ello, los equipos de periodistas a escala mundial deben reforzar la disponibilidad de herramientas relevantes y educar a las audiencias acerca de la verificación de contenidos, para fortalecer las defensas ciudadanas ante la desinfodemia.  

César Ricaurte concluyó que los periodistas, trabajadoras y trabajadores de la prensa son cruciales como guías de la ciudadanía para tomar decisiones informadas. “Ahora más que nunca necesitamos que los medios de comunicación documenten lo que está sucediendo”, puntualizó.

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Se conformó una comisión ciudadana, sin agendas políticas o particulares que busca mediar y abrir canales de diálogo entre los cinco consejeros principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes actualmente están enfrentados por diversas causas. Esto ha provocado un deterioro institucional. 

“Para la opinión pública y para los sujetos políticos ha sido evidente la imposibilidad del diálogo fluido” entre los consejeros. Esto dificulta la gobernabilidad interna y deteriora la credibilidad institucional, irremplazables en un proceso electoral transparente. 

La meta es sugerir acciones enfocadas a trazar el rumbo adecuado de los objetivos nacionales, de cara a las elecciones generales de 2021. En rueda de prensa ofrecida el pasado 4 de marzo, Francisco Rocha, presidente de laAsociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep); Gonzalo Ruiz, subdirector adjunto de El Comercio; Boris Cornejo, director ejecutivo de Fundación Esquel; César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; y Simón Espinosa aclararon que su propósito es “facilitar la transparencia y no inmiscuirse en las funciones de los directivos del CNE”. 

Cabe señalar que la intervención de cada uno de estos ciudadanos es a título personal. No lo hacen en representación institucional de las entidades donde trabajan o colaboran.

“La Comisión quiere mediar en un diálogo entre los distintos consejeros para que se puedan realizar unos comicios absolutamente confiables y transparentes. La idea es que podamos aportar, desde sectores ciudadanos, sin agendas políticas”, explicó Ricaurte.

Las dudas se generan ya que hasta el momento, a menos de un año de asistir a las urnas, factores como el presupuesto, equipamiento, tecnología, no están claros en la logística ni capacidad operativa de la función Electoral. 

Rocha manifestó la “preocupación por el destino de la democracia en Ecuador; y, en especial, por el acontecer institucional del Consejo para dirigir, organizar y controlar” las votaciones, “la más alta expresión de voluntad del pueblo”. 

Cornejo reiteró que “no se trata de inmiscuirse en las funciones. Ecuador merece un clima de confianza en sus instituciones en la construcción de una democracia plena, libre y transparente”.

Este 5 de marzo, los miembros de la Comisión mantuvieron las primeras reuniones con el vicepresidente del CNE, Enrique Pita; y con el consejero José Cabrera. El próximo lunes 09 de marzo tienen previsto reunirse con la presidenta del Consejo, Diana Atamaint.

 

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¿Quién protege a quién en coberturas riesgosas? fue la pregunta que marcó el debate que se desarrolló este 15 de noviembre, en el marco del foro Periodismo en Debate, que anualmente organiza la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; Arturo Torres, periodista especializado en investigación; Susana Piedra, presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape); Eric Samson, corresponsal de Radio France Internacional (RFI); y Mirna Váscones, del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información participaron en la conversación moderada por Dimitri Barreto, macroeditor digital de Diario El Comercio.

En Ecuador, el Estado “ni siquiera reconoce que venimos de 12 años de unas agresiones constantes contra los periodistas, con una impunidad total”, afirmó Ricaurte. El Director de la organización indicó que la década pasada se registraron 2 500 agresiones contra medios y reporteros. El 99% de casos no ha sido resueltos. Otro dato que se sumó al diálogo fue que entre el 3 y 13 de octubre pasado 138 periodistas fueron agredidos durante los 10 días de paro nacional. “El Estado debe proteger a los periodistas porque son los periodistas los que defienden los Derechos Humanos del resto de la población”, insistió. En ese sentido, exigió actos de reparación hacia los afectados. 

Desde la Fenape, Susana Piedra argumentó que es “la autoprotección y la prevención la principal medida para evitar una agresión o poner en riesgo la vida durante una cobertura riesgosa”. Desde su perspectiva, “no podemos esperar que el Estado nos defienda, porque ya vimos que en octubre no lo hizo. El Comité de Protección a los Periodistas no sirvió para nada”, recalcó.

Sin embargo, para Arturo Torres, fundador del portal Código Vidrio, los protocolos de seguridad son imprescindibles. El reportero confirmó que durante sus coberturas en la frontera norte de Ecuador aplicó sistemas de información y ubicación con las autoridades competentes sin que eso afectara su cobertura. “Yo activaba contactos con la Policía y las Fuerzas Armadas. Que ellos supieran dónde estábamos, qué hacíamos; que estuvieran atentos a cualquier mensaje o señal”, relató.

Eric Samson también es partidario de la autoprotección, pero crítico de la impunidad existente en el momento de condenar y juzgar las agresiones de los trabajadores de la prensa. 

La representante del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información instó a fortalecer las alianzas entre las entidades estatales para que los protocolos de cobertura de riesgo se difundan, se apliquen y se vigilen. Acotó que los eventos de octubre pasado “no se vieron venir. Los periodistas asesinados de El Comercio en la frontera norte no vieron venir que sus vidas corrían riesgo y, en ese momento no se sabe cómo actuar, y es por ello que los protocolos deben crearse”.

 

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Acceso a la información y seguridad para periodistas son algunos de los temas que se discutirán la semana del 15 al 19 de julio 2019 en Estados Unidos. Fundamedios y Voces del Sur participarán en distintos foros y conferencias que impulsarán la revisión de diversas aristas relacionadas a estos temas, en espacios creados para debatir y discutir los retos que enfrenta la prensa regional en estos aspectos.

El martes 16 de julio, profesionales internacionales participarán de la conferencia: ¿Cómo reportar las agresiones a la prensa? La experiencia Voces del Sur en Latino-américa y el Caribe, en Nueva York. César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, hablará sobre las prácticas de la organización, junto a él estarán: Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua) y Leslie Lafuente, de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia.  El objetivo también es reflexionar en torno a mejores prácticas, oportunidades, garantías para hacer periodismo y defender Derechos Humanos

En el marco del Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo Sostenible a llevarse a cabo en Nueva York, el 17 de julio 2019, se discutirá por qué la seguridad de los periodistas es crucial para lograr los ODS 16 y cómo los sistemas de monitoreo contribuyen a ello. En este panel participarán organizaciones asociadas a Voces del Sur, como IPYS (Venezuela) con la representación de su directora ejecutiva, Nela Balbi y Artículo 19, representada por Sebastián Salamanca, manager del programa de Protección y Defensa de la organización. Además, intervendrán como panelistas Kerry Paterson, directora de Comunicación y Defensa del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Owais Aslam Ali, director ejecutivo de la Fundación de Prensa de Pakistán.

Además, en Washington D.C, el jueves 18 de julio, se realizará la conferencia sobre Monitoreo de la libertad de los medios en América Latina y cómo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS) está impulsando el compromiso de la sociedad civil. A lo largo del último año, la región ha sido testigo de cambios bruscos en el estado de la libertad de los medios de comunicación, desde una disminución abrupta en Nicaragua hasta destellos de mejora en Ecuador. Pero, ¿puede el monitoreo y la revisión ofrecer lecciones para mejorar y reformar? Un nuevo informe de una iniciativa regional destaca las posibilidades de la sociedad civil para aprovechar dichos procesos, desde socios a nivel nacional hasta el Examen de Alto Nivel de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Algunos de los líderes de esta iniciativa discutirán las oportunidades disponibles para que la sociedad civil aproveche estos procesos para mejorar el entorno general para la libertad de expresión en la región.

Estos eventos cuentan con el apoyo e impulso de la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Lituania, Misión Permanente de las Naciones Unidas en Francia, la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Grecia, el Group of Friends for the Protection of Journalists, UNESCO, Artículo 19, IFEX, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), el Centro para la Asistencia Internacional de los Medios (CIMA), National Endowment for Democracy (NED), la Fundación de Desarrollo Panamericano (PADF), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), IPYS Venezuela, IPYS Perú y CAinfo (Uruguay)

Informe Sombra ODS 16.10.1

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El pasado 5 de julio, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, solicitó medidas cautelares y de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos de opinión y expresión, lo cual le ha valido una sentencia privativa de la libertad de 15 días. La condena incluye además una indemnización y la obligación de pedir disculpas públicas a un exfuncionario público.

El 08 de julio, respondió señalando que se encontraba en estudio de las medidas.

Ricaurte apeló a este recurso amparándose en los artículos 13, 5, 7, 8 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refieren a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad Personal, Derecho a las Garantías Judiciales, y Protección de la Honra y la Dignidad, respectivamente.

Puntualmente, Ricaurte solicita a la CIDH que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria por el daño irreparable que tendría en sus derechos a la vida, la integridad personal, dignidad, libertad personal, derechos políticos. Además, que le otorgue medidas de protección para evitar agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que pongan en riesgo su integridad física y la posibilidad de tener un proceso justo en el futuro.

Los hechos que motivan la sentencia ocurrieron el 6 de julio de 2018, cuando Ricaurte ingresó a un supermercado de Quito y se percató que en la caja se encontraba Jorge Jurado, exsecretario nacional de Agua y exembajador del gobierno de Rafael Correa en Alemania, muy conocido por estigmatizar y perseguir a grupos sociales que opinaban en contraposición al régimen de esa época.

“Mira ahí está un correísta blanqueado”, le advirtió a su esposa, quien lo acompañaba. Posteriormente, siguió su camino y Jurado lo pecheó luego de gritos e insultos. Tras un enfrentamiento verbal y físico, Ricaurte -en su defensa- empujó a Jurado, quien cayó al piso. Curiosamente, el Tribunal de segunda instancia de la Corte Provincial de Pichincha juzgó a Ricaurte no por la agresión física, que pasó a un segundo plano, sino por su expresión de “correísta blanqueado”. 

Lo culpa de haber cometido una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que establece que “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra” será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Este artículo, también señala que “la contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto”.

Según el Presidente de FUNDAMEDIOS, sus derechos de pensamiento, expresión, libertad personal, garantías judiciales, contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, fueron mancillados con esta sentencia, violando las garantías al debido proceso. A su criterio, se trata de un caso de carácter político con el cual se intenta acallar las expresiones sociales de legítima crítica y reprobación social a un exfuncionario público.

“Con mi juzgamiento y sentencia se intenta enviar un mensaje a la sociedad de que no se admitirán las expresiones de repudio público a los personeros del anterior gobierno”, mencionó Ricaurte.

Sobre el debido proceso, asegura que no se atendió la petición de suspender el procedimiento y elevarlo a consulta a la Corte Constitucional dado que el procedimiento establecido en el COIP no garantiza la debida defensa, tal como lo establece el artículo 428 de la Constitución. También se presentaron pruebas sin la cadena de custodia y no se valoró su derecho a defenderse de una agresión de la que estaba siendo objeto.

El Director de la organización ha trabajado por más de una década defendiendo los derechos de opinión y expresión en Ecuador y soportando humillación, hostigamiento, amenazas y estigmatización por parte de partidarios y simpatizantes del expresidente, Rafael Correa. 

Incluso estas aseveraciones son documentadas por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Ilustre Comisión en un informe preliminar, tras una visita que realizó a Ecuador.

“Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el gobierno de Ecuador encabezado por el Presidente Rafael Correa diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la «revolución ciudadana”, menciona el documento.

FUNDAMEDIOS mira con preocupación el peligro que correría César Ricaurte en prisión a riesgo de sufrir agravios que afecten su integridad física. Cabe indicar que el sistema carcelario ecuatoriano, actualmente, vive una crisis de seguridad que no ha podido ser frenada por el Gobierno Nacional. Incluso, el pasado 17 de mayo se declaró el Estado de Emergencia en el Sistema Penitenciario, ante una serie de asesinatos, motines y peleas entre bandas delincuenciales al interior de las cárceles.

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IFEX, la red global conformada por más de 100 organizaciones avocadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información, insta a Ecuador a garantizar la seguridad de César Ricaurte, director de FUNDAMEDIOS, tras sufrir una sucesión de amenazas y descalificaciones luego de conocerse la sentencia a 15 días de prisión en su contra por increpar al exembajador Jorge Jurado en un lugar público.

A través de un comunicado, la organización internacional reconoce la labor de César Ricaurte como defensor de la libertad de expresión, así como de la organización que lidera por más de una década, la cual “ha apoyado a medios de comunicación y periodistas”. FUNDAMEDIOS ha sido miembro de IFEX desde 2011 y su rol ha sido fundamental para denunciar las agresiones contra la libertad de expresión, especialmente, en la década pasada.

Estamos alarmados por las amenazas de las que ha sido víctima luego de emitida la sentencia el 27 de junio por el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha y vemos con preocupación la posibilidad de que se emita una orden de captura en contra de César Ricaurte”, señala el documento.

A nombre de todos los miembros de la red global, la directora ejecutiva de IFEX, Annie Game, exige a las autoridades ecuatorianas que investiguen las amenazas que ha recibido Ricaurte luego de conocerse el fallo y le proporcionen las medidas de seguridad para resguardar su integridad física.  

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El 27 de junio del 2019, el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha, integrado por los jueces Patlova Guerra Guerra, Paulina Grijalva Chacón y Henry Cáliz Ramos, dictaron una resolución que obliga a César Ricaurte, director ejecutivo de nuestra organización, FUNDAMEDIOS, a pagar 15 días de prisión, 500 dólares de multa y disculpas públicas al señor Jorge Jurado.

Según el Tribunal, Ricaurte cometió una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que en su acápite 4 señala que será sancionado con 15 a 30 días de prisión la persona que voluntariamente hiera o golpee a otro, causándole lesiones o incapacidad para el trabajo, que no excedan de tres días.

Ricaurte encontró a Jurado la tarde de un sábado en el supermercado cuando ambos hacían compras. Admite que cuando lo vio comentó a su esposa en voz alta: «ahí está un correísta blanqueado». Según las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado, que se han difundido en las redes sociales, Jurado se acercó a Ricaurte a reclamarle por lo dicho, y al llegar a tocar con su cuerpo el de Ricaurte, este reaccionó empujándolo, lo que provocó su caída al suelo.

Los argumentos de la defensa de César Ricaurte fueron desechados completamente por el Tribunal de Alzada. De acuerdo al Acta de la Audiencia, el tribunal consideró que no se había violado la cadena de custodia del video que circula en redes. La defensa de Ricaurte tiene razonables dudas de que el video no haya sido manipulado y alterado. El video fue usado como prueba por el presunto agraviado.

La defensa de Ricaurte dijo que había actuado en defensa propia y que se trató de un acto de intimidación, luego del cruce de palabras. En el video se ve cómo Jurado se acerca de modo amenazante e intimidatorio, por voluntad propia, pero el tribunal señaló que no había motivo “racional” para que Ricaurte haya empujado a Jurado. 

Como socios de FUNDAMEDIOS lamentamos este incidente y las consecuencias legales que se han derivado del mismo. Consideramos que las resoluciones del Tribunal, al no tomar en cuenta los razonables argumentos de César Ricaurte, ha terminado dando la razón a quien también actuó de manera agresiva e intimidatoria. 

Los socios de FUNDAMEDIOS rechazamos la sentencia que ordena prisión en contra de César Ricaurte y las medidas adicionales dictadas por este tribunal.  César Ricaurte ha sido gran defensor de la libertad en la década pasada, víctima él mismo de la persecución del correísmo, y ha sido condenado a prisión por empujar en un supermercado a uno de los símbolos de la persecución que sufrió. 

Su labor frente al equipo de FUNDAMEDIOS fue fundamental para que Ecuador resista a los atropellos del correísmo y recupere la senda del respeto a la libertad de expresión. Por ello, frente a este incidente, lamentamos la decisión del Tribunal y nos solidarizamos con César Ricaurte y su familia.

Mauricio Alarcón        Juan Carlos Calderón       Carlos Jijón         Ana Karina López         Monica Almeida  Christian Zurita          Simón Espinosa                Diego Araujo       Sandra Garcés              Tania Tinoco
Yadira Aguagallo        Verónica Manosalvas       Stephan Kuffner  Miguel Rivadeneira      Jean Cano

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Este 27 de junio de 2019 se ha dado un severo golpe a la posibilidad de ejercer plenamente la libertad de expresar críticas, desacuerdos contra funcionarios públicos, incluso si éstas son injustas o excesivas, tal como dictan los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. 

En la fecha antes señalada, un Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha integrado por los jueces Patlova Guerra Guerra, Paulina Grijalva Chacón y Henry Cáliz Ramos, dictaron una resolución que constituye un atentado al derecho a la libertad de expresión, pues el Tribunal establece que decir en un lugar público, en voz alta: “mira a un correísta blanqueado” constituye una ofensa, una provocación de tal magnitud, que justifica represalias y agresiones, ante las cuales, un ciudadano, además, debe permanecer inactivo, con los brazos abajo y dejándose someter. Tal como sucedió durante el Régimen autoritario y violador de Derechos Humanos de Rafael Correa, cuando desde la misma caravana presidencial se ordenaba apresar a ciudadanos que se atrevían a hacer algún gesto que el Caudillo consideraba ofensivo.

Lamentablemente en el Ecuador de “las libertades y los derechos”, el mismo espíritu de control y castigo sigue vigente; especialmente en las cortes de justicia, donde en lugar de proteger a los ciudadanos o a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, se los condena por ejercer el justo derecho a la crítica. 

En mi caso, debo dejar establecido con absoluta claridad los hechos: El día 6 de julio, ingresé al Supermaxi con mi esposa para hacer unas compras. Vi que en una caja estaba Jorge Jurado, uno de los más conspicuos funcionarios del Régimen de Correa, un sujeto que se daba el lujo de perseguir a exiliados ecuatorianos en la República Checa y que, en su calidad de Embajador de Correa en Alemania, acudía a foros dónde críticos al Régimen presentaban sus casos (Yasunidos, por ejemplo) para descalificarlos a viva voz. 

Comenté a mi esposa, en voz alta: “mira ahí está un correísta blanqueado” y seguí mi camino. Acto seguido, Jorge Jurado se abalanzó encima mío y de mi esposa con todo el peso de su humanidad y nos increpó con gritos e insultos, que para mí, eran inentendibles. 

De una vez por todas, debemos establecer que el agredido fui yo. Jurado se abalanzó encima mío y para ello sorteó unos cinco metros que nos separaban, con toda agilidad. De ninguna forma, la supuesta discapacidad que tiene le impidió moverse de esa manera. Cuando logré ver esto, regresé y lo enfrenté. Forcejeamos, me pecheó y yo simplemente puse las manos en frente para repeler la agresión y el funcionario se tumbó al suelo. Es claro que yo nunca tuve el ánimo de provocar su caída, solo quería separarlo de mí y de mi esposa. Obviamente, lamento que el voluminoso señor Jurado haya caído y se haya golpeado levemente, pero esto fue consecuencia de su propia actitud agresiva al haberse abalanzado encima mío. 

Estos hechos, que serían una anécdota sin importancia, por obra y gracias de los jueces que han conocido el caso, se ha convertido en un terrible precedente y en un mensaje contra la libertad de expresión. Luego de sufrir este largo, penoso y surrealista proceso, me queda claro que la justicia correísta está plenamente vigente y que los jueces que me juzgan nunca me van a perdonar la “ofensa” de llamar a un funcionario reciclado “correísta blanqueado”, es decir un correísta en fase de hipocresía total solo para conservar un puesto y sus privilegios. 

Que se trata de un castigo a la expresión y no a una supuesta agresión, inexistente de mi parte, se demuestra cuando en las sentencias, se busca obligarme a “pedir disculpas a través de un medio de circulación nacional”, medida que solo cabría si fuera un proceso en un juicio por un delito contra el honor. Con esta medida abusiva y absurda queda expuesto que estamos ante un caso de libertad de expresión, en toda regla. 

Estoy convencido de que si hubiera dicho “ahí está un correísta corrupto” o “correísta ladrón”, este caso no habría prosperado. Sin embargo, al haber señalado con el dedo la hipocresía del sistema, se me condena de una forma absurda y delirante. 

En todo caso, los jueces y la justicia correísta plenamente vigente y dispuesta a fallar contra la libertad de expresión de los ciudadanos, debe saber que estoy dispuesto a dar todas las batallas  y acudir a todas las instancias legales para proteger el derecho a expresarse libremente, porque no me van a callar jamás, como nunca pudieron hacer durante los 10 años en que gobernó su Caudillo de forma autoritaria y violenta.

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¿Cómo queda internamente el periodismo ecuatoriano después de 10 años de persecución y acoso? ¿Qué tan afectado o fortalecido? César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, planteó la pregunta. La interrogante fue el inicio del debate en torno a ética, transparencia y rendición de cuentas.

En el encuentro, desarrollado la noche de este 23 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar, participaron Tomás Ciuffardi (Ecuavisa), Christian Zurita (Mil Hojas), Janet Hinostroza (Teleamazonas) y Juan Carlos Calderón (Plan V). Todos coincidieron en que este es un momento importante para mirar el oficio hacia adentro, para cuestionarlo.

¿Qué papel jugamos como periodistas en este momento histórico del país? Replanteó el Presidente del Directorio de Fundamedios. Calderón reconoció que en Ecuador existen reporteros que hacen activismo político. He ahí la importancia de entender que el valor del oficio es permanente: ¨el periodista es un mediador entre los hechos y la gente¨, sentenció.

¨Nos correízamos de una manera brutal: nos hemos convertido en lo que tanto odiamos¨, rechazó la conductora de Los Desayunos de 24 Horas. Hinostroza considera que durante el gobierno de Rafael Correa hubo censura, presión, imposición de temas; pero preocupa que ahora ¨los periodistas son quienes hacen eso: censuran, presionan y definen qué cubrir o no¨. Y dio detalles de su cobertura a la gestión de la excanciller María Fernanda Espinosa, actual presidente de la Asamblea General en la ONU; cobertura que desató controversia entre quienes hacen periodismo.

El reportero de Visión 360 enfatizó en que hay historias que deben ser contadas, pero la crítica legítima que se debe recibir de la audiencia se ha transformado en un ¨circo tóxico de Twitter. Estamos en un circo tuitero en que un periodista que muestra la cabeza de un funcionario es un héroe y quien no lo hace es un cobarde. ¿Por qué los periodistas nos convertimos en noticia?¨, cuestionó Ciuffardi.

¨Los periodistas y los medios no están haciendo su trabajo, existen condiciones de autocensura que hacia 2007 no existía¨, indicó el coautor del libro El Gran Hermano. Para Zurita, el proceso de recuperar una agenda propia tomará todavía un buen tiempo.

Ricaurte concluyó que la ética no puede ser usada como una herramienta para juzgar a nadie, es una brújula que ayuda a enfrentar los dilemas diarios que comprende el oficio periodístico. Anunció que este será el primero de algunos encuentros de reflexión.