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cifras contra libertad de expresión

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Ecuador, 23 de mayo de 2021. La Fundación Andina Para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) registró durante el Gobierno de Lenin Moreno un total de 793 agresiones contra periodistas, medios de comunicación, ciudadanos o activistas. Estas agresiones suman un total de 1702 periodistas y medios de comunicación que fueron vulnerados en su derecho a la libertad de expresión, prensa y acceso a la información. El caso más grave fue el asesinato y secuestro en la frontera norte de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, periodistas de Diario El Comercio. El Gobierno incumplió reiteradamente su palabra de entregar información clasificada sobre el caso y con ello ha generado un círculo de impunidad de graves consecuencias.

La diferencia entre agresiones y periodistas agredidos se explican por dos hechos: los periodistas agredidos en el paro nacional de octubre de 2019 fueron 116, reportados en una sola alerta continua de 12 días. El segundo factor fue el despido de más de 700 periodistas y trabajadores de prensa, especialmente de los Medios Públicos, que fueron despedidos durante la pandemia. 

En estos cuatro años se registraron restricciones en el espacio digital, agresiones, ataques, amenazas, procesos judiciales, censura, dificultades de acceso a la Información, discurso estigmatizante y entre los años 2020 y 2021 se registró la muerte de 31 periodistas por COVID-19. 

El informe “Reformas a medias, inseguridad, impunidad, medios públicos desmantelados, el legado de Lenin Moreno con la libertad de expresión” ofrece una mirada a profundidad de los ataques a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información durante el periodo del Gobierno saliente.

El documento contiene un detalle de las cifras de las principales agresiones durante estos cuatro años, así como un análisis anual de los datos y la libertad de expresión. También recoge los casos negativos: Impunidad Nos Faltan Tres; Condena al Periodista Juan Sarmiento; Agresiones durante las protestas de octubre 2019; Entrega de frecuencias; Agresiones de funcionarios estatales contra periodistas; Acceso por información en tiempos de COVID; Ley de Violencia Digital y Código Penal.

El informe también plantea  los puntos a destacar de la gestión de Lenin Moreno y las deudas pendientes que deja el Gobierno frente a la libertad de expresión como la Ley de Acceso a la Información, concentración de medios y favorecimiento de grupos mediáticos en la concesión de frecuencias, desprotección de los periodistas e impunidad en la investigación y castigo en las agresiones, despenalización de la opinión a través de la reforma del Código Penal, manejo inadecuado de medios públicos y las inexistentes políticas públicas de lucha contra la desinformación (alfabetización mediática)

 

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El aumento de las agresiones desde 2008 ha sido significativo

Cifras de las agresiones consolidadas desde 2008 hasta la acutalidad. El mayor número de ataques se han producido entre 2015 y 2016, registrándose una baja considerable en 2017.

 

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 Revise las agresiones a la libertad de expresión actualizadas y clasificadas por tipos de agresión. Como se puede observar en el gráfico, la agresión más recurrente se da por la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), seguido por agresiones físicas y uso abusivo del poder estatal.

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 Los medios y los trabajadores de la prensa son las principales víctimas de agresiones a la libertad de expresión. Las sanciones a los medios por la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y los ataques físicos son la causa principal de las mismas.

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La censura y la autocensura aumentó en 2015, de la mano de casos de censura en Internet, en donde empresas como Ares Rights y otras similares limitaron y restringieron contenidos, abusando de leyes de propiedad intelectual, mientras que la Ley Orgánica de Comunicación produjo autocensura en los medios.

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Durante los primeros nueve meses de este año, Fundamedios contabilizó 279 agresiones contra la libertad de expresión, de un total de 1310 desde nuestros registros en 2008. Con ello, 2015 se convierte en el año más violento para el ejercicio del periodismo y la protesta social, pues, solo en estos meses se han superado con creces las agresiones registradas en 2014, que cerró con 254 casos.

TOTAL AGRESIONES

El contexto actual para el ejercicio de la libertad de expresión es complejo, pues, además del clima hostil que se vive desde hace varios años -en donde se agrede e insulta a periodistas, producto de una estigmatización al trabajo de los comunicadores desde las más altas esferas del poder- hay que sumar el hecho de que cada vez se limita más el contenido noticioso y de opinión en los medios independientes y hasta en internet, en donde los blogs y las redes sociales se han convertido en el nuevo blanco favorito para la censura.
Es así que las sanciones a medios de comunicación, producto de la aplicación de una Ley de Comunicación es la principal agresión en este 2015. Los “Procesos por aplicación de normativas contrarias a la libertad de expresión” suman un total de 71 casos, de los cuales 64 son sanciones y 7 son denuncias, convirtiendo a los medios independientes en las principales víctimas.

AGRESIONES 2015

Sin embargo, algo que también preocupa es la imposición de contenido oficial en los medios, a través de réplicas obligatorias que llegan en forma de cadenas, o como notas tituladas y diagramadas de funcionarios o entidades estatales que prácticamente copan los espacios noticiosos y de opinión, tomándose incluso las portadas de los principales medios impresos del país.

Esto se evidencia en cifras, pues la segunda mayor agresión de este 2015 se dio por el “Uso abusivo del poder estatal” con 57 casos. De ellos, 47 corresponden a “abusos de cadenas y otras herramientas de comunicación del Estado”, en donde también se incluyen los pedidos de réplicas de funcionarios estatales; 5 casos corresponden a la “Concesión y/o cancelación arbitraria de frecuencias de radio y TV o espectro digital”; 4 al “Uso abusivo de medios oficiales cuando genere consecuencias para el ejercicio de la libertad de expresión”, en donde se incluyen las campañas orquestadas desde medios estatales para descalificar a ciudadanos, periodistas y demás personajes considerados de oposición. El resto de las 57 agresiones de esta categoría incluyen cancelaciones arbitrarias de programas, abusos de organismos de control, entre otros.

La tercera principal agresión corresponde a “Ataques verbales” con 40 casos, de los cuales, 26 corresponden a “Insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas”; 8 a amenazas y 6 a insultos de particulares, lo que da cuenta del clima hostil que viven los periodistas que cada sábado son tildados de “corruptos” por parte del Presidente, quien dedica un segmento de su Enlace Ciudadano para cuestionar a la prensa.

Otra agresión que ha incrementado de manera preocupante es la relacionada a la vulneración de los “derechos digitales” con 34 casos que incluyen el “Hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales”; Ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales; Censura en internet como el cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales y abuso de normas de derechos de autor con el fin de silenciar, entre otras.

“La agresiones físicas” también fueron 34, muchas de ellas producto de la represión en las recientes jornadas de protestas que marcaron los últimos meses.
Finalmente, y en menor número, se registraron 24 casos dentro de “Procesos penales”, muchos de ellos por detenciones a ciudadanos en medio de las protestas; 7 casos de “Censura”, 6 dentro del “Marco jurídico contrario a estándares internacionales” y uno por “Uso abusivo del poder no estatal”.

LOS PRINCIPALES AGRESORES 2015

En cuanto a las víctimas, los medios de comunicación y los periodistas y trabajadores de los medios siguen siendo los principales agredidos con 157 y 57 ataques respectivamente, mientras que preocupa el incremento de ataques contra personajes públicos, con 18 casos; contra ciudadanos con 16; contra cyberactivistas con 13 y contra ONGs con 12.

LAS VÍCTIMAS

El principal agresor en todos estos casos sigue siendo el Estado. Responsable del 50% del total de los ataques (141 casos), seguido por los Funcionarios públicos, responsables del 28% de ellos (78 casos). En menor número se han dado agresiones perpetradas por parte de desconocidos y de Grupos violentistas en el 14% y 10% respectivamente.

Los agresores 2015

Más allá de estas cifras expuestas, hay hechos graves que evidencian el deterioro de las libertades en el Ecuador. Casos como el despido del periodista Martin Pallares de diario El Comercio -por haber tenido comentarios críticos al gobierno en su cuenta personal de Twitter- muestran el temor y la auto censura que existe dentro de las redacciones, pero además, el hecho de que medios como diario La Hora y Expreso hayan tenido que ceder portadas y páginas enteras para publicar réplicas, pero a la par, tener que declararse en resistencia para denunciar los abusos de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) cuya más reciente sanción se dio por no replicar un anuncio pagado a pedido de esa misma entidad, poniendo en duda la verdadera utilidad de la Ley de Comunicación y de manifiesto la cuestionada independencia de esa entidad reguladora, al estar actuando como juez y parte, pese a que su titular Carlos Ochoa haya negado estas acusaciones. Lo que ocurrirá en la segunda mitad del año es predecible, pues tal y como van las cosas, lamentablemente se prevé que las agresiones se dupliquen, que las cadenas e insultos descalificatorios continúen y que el Estado, el principal responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales se haga el de oídos sordos y siga siendo el principal agresor, como lo ha venido siendo en los últimos ocho años.

Documentos asociados

INFORME

2014 fue el año en donde se registraron el mayor número de agresiones directas para el ejercicio del periodismo y las libertades en el Ecuador con 254 ataques reportados de un total de 1031 desde 2008. La cifra representa un incremento del 46% en comparación con el 2013.

Los datos hablan por sí solos y cualquier previsión negativa que se podía establecer sobre la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se cristalizó en 2014. Las constantes denuncias y sanciones a los medios han arrinconado aún más a la escasa prensa crítica ecuatoriana y las consecuencias de esta “asfixia” ya son evidentes.

Solo en este año, cuatro medios de comunicación cerraron sus puertas durante julio y agosto: diario Hoy, diario La Hora en Manabí y El Oro, y diario El Meridiano de Guayaquil. La Hora de Manabí anunció su cierre tras 16 años de difusión debido a “restricciones impuestas en la Ley de Comunicación y su Reglamento”, así como la falta de libertad de prensa, la censura y los pocos anunciantes. Mientras que los directivos de diario Hoy, liquidado de manera forzosa tras 32 años de vida, denunció que una de las causas para su debilitamiento como empresa fue la aplicación del mencionado cuerpo legal.

Sin duda, la aplicación de la LOC marcó este año, evidenciando una aplicación arbitraria y disciplinaria de la norma, con denuncias de funcionarios y autoridades casi diarias, acciones de oficio de las autoridades y sanciones desproporcionadas a los medios, impuestas por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), por lo que no resulta extraño que las agresiones por “Decisiones fiscales, judiciales o administrativas” ocupen el primer lugar, pues en esta categoría se incluyen las más de 61 sanciones a medios.

El informe que presenta Fundamedios con el título de “La censura cabalga sobre el lomo de una Ley” incorpora el análisis de las estadísticas que arroja el año en materia de libertad de expresión en el Ecuador. Además contiene la descripción de los principales casos de aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, también los correspondientes a censura en Internet y finalmente un resumen mes por mes de las principales agresiones contra el derecho fundamental a la libre expresión del pensamiento.

Book cover "Ecuador: Censorship rides on the back of a law"
Book cover «Ecuador: Censorship rides on the back of a law»

The data speaks for itself; any negative forecasts that could have been made about the enforcement of the Organic Communication Law (LOC) were crystallized in 2014.

The data speaks for itself; any negative forecasts that could have been made about the enforcement of the Organic Communication Law (LOC) were crystallized in 2014. The constant accusations and sanctions imposed on the media have cornered even more Ecuador’s
scarce critical press and the consequences of this “strangling” are already evident.

Just this year, four media outlets closed down during July and August: the newspapers Hoy, La Hora in Manabí and El Oro and El Meridiano in Guayaquil. La Hora in Manabí announced it was closing down after 16 years due to “restrictions imposed by the Communication Law and its Regulations”, as well as the lack of press freedom, censorship and the shortage of advertisers. While the directors of Hoy, forcibly closed down after 32 years of existence, declared that one of the causes for the company’s undermining was the enforcement of the
law in hand.

Undoubtedly, the implementation of the LOC marked this year. The law was enforced in an arbitrary and disciplinary manner by officials and authorities who made accusations almost daily, exercising legal actions ex officio and using the Superintendence of Information and Communication (Supercom) to impose disproportionate sanctions on media outlets. It is not supresing, therefore, that the attacks based on «Fiscal, legal or administrative decisions» occupy the first place, as this category includes most of the 61 penalties imposed on media outlets.

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