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Se conformó una comisión ciudadana, sin agendas políticas o particulares que busca mediar y abrir canales de diálogo entre los cinco consejeros principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes actualmente están enfrentados por diversas causas. Esto ha provocado un deterioro institucional. 

“Para la opinión pública y para los sujetos políticos ha sido evidente la imposibilidad del diálogo fluido” entre los consejeros. Esto dificulta la gobernabilidad interna y deteriora la credibilidad institucional, irremplazables en un proceso electoral transparente. 

La meta es sugerir acciones enfocadas a trazar el rumbo adecuado de los objetivos nacionales, de cara a las elecciones generales de 2021. En rueda de prensa ofrecida el pasado 4 de marzo, Francisco Rocha, presidente de laAsociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep); Gonzalo Ruiz, subdirector adjunto de El Comercio; Boris Cornejo, director ejecutivo de Fundación Esquel; César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; y Simón Espinosa aclararon que su propósito es “facilitar la transparencia y no inmiscuirse en las funciones de los directivos del CNE”. 

Cabe señalar que la intervención de cada uno de estos ciudadanos es a título personal. No lo hacen en representación institucional de las entidades donde trabajan o colaboran.

“La Comisión quiere mediar en un diálogo entre los distintos consejeros para que se puedan realizar unos comicios absolutamente confiables y transparentes. La idea es que podamos aportar, desde sectores ciudadanos, sin agendas políticas”, explicó Ricaurte.

Las dudas se generan ya que hasta el momento, a menos de un año de asistir a las urnas, factores como el presupuesto, equipamiento, tecnología, no están claros en la logística ni capacidad operativa de la función Electoral. 

Rocha manifestó la “preocupación por el destino de la democracia en Ecuador; y, en especial, por el acontecer institucional del Consejo para dirigir, organizar y controlar” las votaciones, “la más alta expresión de voluntad del pueblo”. 

Cornejo reiteró que “no se trata de inmiscuirse en las funciones. Ecuador merece un clima de confianza en sus instituciones en la construcción de una democracia plena, libre y transparente”.

Este 5 de marzo, los miembros de la Comisión mantuvieron las primeras reuniones con el vicepresidente del CNE, Enrique Pita; y con el consejero José Cabrera. El próximo lunes 09 de marzo tienen previsto reunirse con la presidenta del Consejo, Diana Atamaint.

 

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Los contenidos falsos y los procesos electorales están directamente relacionados. Estos surgen con el fin de desinformar a la ciudadanía y repercutir incluso en las intenciones de voto. En ese contexto, durante la víspera de la jornada electoral de este 24 de marzo en que los ecuatorianos escogerán a nuevas autoridades seccionales así como a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se han desmentido algunas publicaciones.

La mañana de este 24 de marzo, la Policía Nacional desmintió la existencia de urnas con papeletas ya marcadas ¨ocultas en bodegas y baños de escuelas” a favor de Rodrigo Espín, candidato a la Alcaldía de Latacunga (Cotopaxi). No es el único caso.

La tarde del sábado 23 el Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró a la opinión pública que no existe ninguna disposición oficial que prohíba fotografías con celulares o cámaras digitales al momento de sufragar. Esto, luego de que se difundiera un comunicado falso atribuido a las Fuerzas Armadas donde se afirma que se privará de la libertad y sancionará económicamente a quien fotografíe el momento del sufragio.

Grupo El Comercio también alertó mediante su página web y redes sociales la existencia de una cuenta en Facebook que plagia su nombre, imagen, marca y avatar para difundir información falsa. La tarde del sábado, el medio de comunicación advirtió a su comunidad de lectores que dicho perfil publicó un vídeo político que no pertenece a su casa editorial y no tiene sustento periodístico.

‘El Comercio.com’ es el nombre de la cuenta que publica contenido manipulado desde el viernes 22 de marzo de 2019. Desde entonces, se han compartido cinco ‘posts’ con la imagen oficial del medio de comunicación.

Por ejemplo, en una se afirma que los candidatos Jorge Yunda y Paco Moncayo habrían hecho un pacto para regresar las corridas de toros a Quito.  Otra es sobre Juan Zapata, candidato a la Prefectura de Pichincha, y su supuesto conocimiento sobre el peligro en el Pinar Alto (norte de la capital) tras los deslaves por la lluvia el viernes 22 de marzo.

La página se mantiene activa en Facebook. Su más reciente publicación fue a las 00h00 del sábado 23 de marzo.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado (CGE) firmaron el 5 de octubre de 2018 un convenio para supervisar el uso de los recursos públicos. Las autoridades afirmaron que el control sería exhaustivo antes, durante y después de la campaña para prevenir el desvío de fondos.

El artículo 211 del Código de la Democracia reza que el CNE “publicará durante y después del proceso electoral toda la información relativa al financiamiento y gasto de los sujetos políticos”, a través de su página oficial. El objetivo: permitir la consulta y supervisión oportuna de la ciudadanía.

Al revisar el portal del Consejo se encuentran los montos asignados para las campañas, pero no cuánto dinero tiene cada partido político, ni sus aportantes, tampoco un seguimiento del origen del dinero utilizado. Según Diana Atamaint, presidente del Consejo, esta información se puede obtener al finalizar la contienda. El Código de la Democracia puntualiza que, luego de noventa días contados desde el acto del sufragio, el responsable económico del partido político que apoyó una candidatura presentará al CNE sus ingresos y egresos, el listado de contribuyentes y los montos colocados.

Vea aquí la entrevista completa a la Presidente del Consejo Nacional Electoral

En diciembre, el CNE definió el límite máximo del gasto electoral total a escala nacional en USD 12’081.328. Cada localidad tiene un monto asignado, según su número de electores.

Conozca cuál es el límite del gasto electoral por ciudad y el monto del fondo de promoción:

http://cne.gob.ec/images/d/2019/promocion/NOTIFICACI%C3%93N_No._00057__PLE-CNE-2-15-1-2019_Fondo_de_promocion_electoral.pdf

Guayaquil, Quito y Cuenca son las ciudades con mayor presupuesto

Guayaquil 408.153,80 mil dólares
Quito 403.658,60 mil dólares
Cuenca   93.460,40 mil dólares

Aunque existen montos establecidos, los ecuatorianos no pueden fiscalizar si estos se cumplen. Ni siquiera se conoce de manera exacta si algún candidato se excedió en el límite de gasto, tomando en cuenta que algunos se adelantaron a la fecha oficial de inicio.

FUNDAMEDIOS solicitó al CNE conocer la lista de candidatos que incurrieron en esta infracción. La respuesta sostuvo que no es posible saberlo antes de el proceso concluya.

Conciertos, una estrategia para conquistar votantes

Jorge Yunda, candidato a la Alcaldía de Quito por la lista 19, convocó a cuatro conciertos gratuitos que se desarrollaron entre el sábado 9 y domingo 10 de febrero en el sur, centro y norte de la capital. En los eventos se presentaron 4AM, Sahiro, Señora Cumbia y el chileno Américo.

Se conoce que, por presentación, los honorarios de Américo son 20.000 dólares. A esta cifra se suman los boletos de avión: son dos asientos en primera clase para él y su representante; el resto de su equipo (14 personas) viajan en clase turista. También se le costea hospedaje y transporte en la ciudad. Por una hora de concierto, precio total ascendería a 55.000 dólares. Según el CNE todos los gastos incurridos en la campaña deben ser declarados en el gasto electoral de cada candidato.

El costo de producción de los cuatro conciertos organizados por el candidato de Unión Ecuatoriana sumaría 250.000 dólares. Un productor indicó que esto incluye los valores de sonido, iluminación, efectos, tarima, permisos, pago a los demás artistas y al presentador del espectáculo, Nicolás Espinoza, quien tiene un acuerdo de exclusividad con Yunda.  

Durante el pasado feriado de carnaval, el ‘Loro Homero’ organizó dos conciertos más sin Américo. La promoción de Quito Carnaval 2019 y de los otros eventos se transmitió por las radios vinculadas al grupo Yunda: Armónica, La Redonda, Canela, La Otra y Urbana. De estas, solo Armónica y La Redonda están acreditadas por el CNE para difundir publicidad electoral. Según una fuente del CNE, este proceder sería ilegal, pero se espera una denuncia formal para evaluar su caso al final del proceso.

Aquí puede ver la lista de medios acreditados por el CNE

http://cne.gob.ec/images/d/2019/promocion/NOTIFICACI%C3%93N_No._00071_PLE-CNE-1-21-1-2019.pdf

Pero la estrategia de los megaeventos, tipo conciertos, no fue exclusiva de Yunda. A escala nacional, algunos partidos y candidatos se valieron de este tipo de actividades para seducir a los votantes. Por ejemplo, en redes sociales se viralizó un evento en carnaval, organizado por Jaime Estrada, candidato a la Prefectura de Manabí. El político contrató los servicios del cantante venezolano ‘Nacho’. Según el productor consultado para este artículo, este artista cobra 50.000 dólares por presentación.

El venezolano también se sumó al cierre de campaña en Quevedo de los candidatos de Alianza PAIS, Irene Massuh y Juan Carlos Troya.

Una nota de Diario La Hora recoge que por CREO –FE, Marco Cortés y Patricio Mendoza, candidatos para la Alcaldía y Prefectura, respectivamente, prepararon un evento artístico con los reguetoneros Wisin y Yandel también en Quevedo como parte de sus cierres de campaña. Cortés manifestó que gracias al auspicio de algunas empresas hicieron posible la visita de los artistas en la ciudad.

 

Como parte de las estrategias electorales también se rifaron autos. Deyton Alcívar, quien busca la reelección a la Alcaldía de Chone, rifó un auto cero kilómetros. Foto: Facebook.

Otros candidatos también adoptaron la estrategia de los conciertos, como Douglas Alaña Jerves, candidato a la alcaldía del cantón Guabo, en El Oro.  Darío Macas, candidato a la alcaldía de Machala; y Paco Moncayo a la alcaldía de Quito.

¿Dinero del narcotráfico?

En febrero pasado, Luis Verdesoto, consejero del CNE, presentó ante la Fiscalía un informe en que se analiza cómo grupos vinculados al narcotráfico blanquean dinero a través de actos proselitistas. El estudio es un diagnóstico sobre el financiamiento de campañas con fondos ilícitos.

En ‘Financiamiento ilícito en campañas electorales’ se menciona que el narcotráfico entrega dinero a candidatos para luego tener control de los territorios. He ahí la importancia de indagar los perfiles políticos y el origen de fondos.

Según el artículo 296 del Código de la Democracia, si el CNE tiene indicios de que una candidatura tuvo ingresos ilícitos debe pasar el caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). De comprobarse, una de las sanciones es retirar del cargo a quien ganó.

Para el coronel Mario Pazmiño, consultor internacional en seguridad y defensa, es lógico sospechar que hay una penetración del crimen organizado en las campañas. Ecuador habría pasado de ser un país de tránsito del narcotráfico a uno de acopio. Hasta el momento, aquí operarían carteles mexicanos y colombianos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, a través de dos corredores: del pacífico y amazónico. El experto habla de ocho centros de acopio en el Ecuador: Sucumbíos, Baños, Machala, Guayaquil, Manta, Santo Domingo, Ibarra y Esmeraldas.

¿Cómo piensa el crimen organizado? “Ellos saben que el narcotráfico es un negocio, pero necesitan protección. Entonces, si pueden conseguir, por ejemplo, a 10 alcaldes, los consiguen. Pagan sus campañas para luego reclamar el favor”, indica Pazmiño. Y recuerda que, en la Fiscalía de Colombia, alias Chorizo testificó que las FARC hicieron campaña política por el expresidente Rafael Correa, a cambio de que se retire la base militar estadounidense de Manta.

 

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Del 5 de febrero al 21 de marzo era el periodo oficial designado para que 80.281 candidatos traten de obtener el favor de 13’261.994 de votantes. El próximo 24 de marzo se elegirán 221 alcaldes, 23 prefectos, 23 viceprefectos, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.094 vocales para juntas parroquiales. También, por primera vez, se elegirá a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El 21 de diciembre de 2018, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la convocatoria para este proceso. Si se toma en cuenta las fechas del calendario, parece que la campaña se inició hace poco. Sin embargo, se tiene registros, evidenciados en reportes de prensa y denuncias ciudadanas, que desde junio del año pasado ya ‘arrancaron’ las promociones, incumpliendo la Ley electoral y sin que alguna autoridad tome nota. En ese momento el CNE era de “transición”. El definitivo se posesionó el 20 de noviembre, un mes antes del llamado a elecciones.

Previo al arranque oficial, la propaganda se dejó ver en el territorio ‘digital’ e incluso en algunos barrios de las distintas ciudades aparecían pintados los rostros de los candidatos en las paredes. Aunque el Código de la Democracia es uno de los reglamentos más citados en esta época, resulta limitante para controlar tiempos, difusión, gasto y origen de los fondos de una campaña. Según el artículo 202, la contienda no podrá exceder 45 días. El 275 considera que “la realización anticipada de actos de precampaña o campaña; y, la contratación, en forma directa o por terceras personas, de espacios en cualquier modalidad en radio o televisión, para realizar campaña electoral” es una infracción que, según los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización del Gasto Electoral y su Resolución en Sede Administrativa será registrada por el CNE.

Entre el 6 de septiembre de 2018 y el 24 de enero de 2019, la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE rastreó 27.109 artículos promocionales en el sistema de monitoreo de vías, entre los que constan: 74 vallas publicitarias y 4 audios de radio reportados. El resto de artículos se refiere a propaganda como la que se instala en carreteras, postes, casas…

Los nombres de Paúl Carrasco, candidato a la Alcaldía de Cuenca (alianza Podemos-Participa); Jefferson Pérez, candidato a la Alcaldía de Cuenca (Movimiento Renace); Jimmy Jairala, que busca la Alcaldía de Guayaquil (Movimiento Centro Democrático); Kleber Falcón, candidato a la Alcaldía de Yaguachi, (Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero); César Montúfar, candidato a la Alcaldía de Quito (Concertación); Juan Carlos Solines, candidato a la Alcaldía de Quito (Movimiento Juntos Podemos); Jorge Yunda, candidato a la misma dignidad por el Movimiento Unión Ecuatoriana; Juan Carlos Holguín, candidato a la Alcaldía de la capital (CREO); Federico Pérez, candidato a la Prefectura de Pichincha (CREO) son algunos de los que figuran en el detalle de la campaña anticipada registrada por el CNE.

Lea aquí la lista de algunos candidatos y partidos que expusieron material publicitario antes de tiempo, según el registro del CNE: 

Campaña Anticipada CNE

FUNDAMEDIOS hizo un seguimiento de la “precampaña” entre diciembre de 2018 y enero 2019 en torno a los candidatos más destacados en Pichincha, Guayas y Azuay. Dicho ejercicio reflejó que los aspirantes ‘menos populares’ también se anticiparon.

Desde septiembre de 2018 hasta el 2 de febrero, la Delegación Provincial Electoral de Guayas registró 3.081 evidencias de publicidad anticipada. Según lo observado en el monitoreo para este reportaje, varios candidatos forraron postes y paredes con sus nombres y rostros a lo largo de las vías y puentes, como el de la Unidad Nacional que enlaza Guayaquil, con Samborondón y Durán. Por ejemplo, Alexandra Arce, alcaldesa de Durán que busca la reelección con la lista 5, incurrió en esta infracción.   

Alexandra Arce empezó su recorrido por zonas rurales de Durán antes del inicio de la campaña electoral. Foto Facebook de candidata.

No fue la única. En diciembre del año pasado, en la vía a la costa que une Guayaquil con Playas, se exhibieron en carros varias gigantografías con las imágenes de los postulantes de CREO, Poly Ugarte a la Prefectura de Guayas; y Francisco Jiménez, a la Alcaldía de Guayaquil. En lugares concurridos, como la calle 6 de Marzo, en el Puerto Principal, se observó un vehículo con propaganda del candidato a la Alcaldía por Alianza PAIS, Simón Bolívar Rosero.

En el portal de esa Delegación, hasta el 17 de enero de 2019, se informó que se evidenciaron 22.532 artículos promocionales anticipados; de estos, 590 se registraron en el monitoreo de vías -a escala nacional- entre el 28 de diciembre 2018 al 3 de enero. Hasta finales de enero se encontraron 68 vallas publicitarias.

Según lo monitoreado desde el año pasado en redes sociales, la mayoría de candidatos que aspiran a las alcaldías y concejalías en los cantones de la provincia del Guayas realizó mítines y recorridos puerta a puerta. También visitaron los medios de comunicación por cuenta propia o por invitación para entrevistas sobre sus actividades.

Uno de ellos fue Jimmy Jairala, exprefecto de la provincia y líder de Centro Democrático. Desde noviembre de 2018, el actual candidato a la Alcaldía de Guayaquil realizó sus recorridos por varios sectores presentando sus propuestas.

El exprefecto del Guayas inició su campaña electoral por la alcaldía desde el 2018.

A mediados de enero, la alcaldesa de Milagro, Denisse Robles, inaugura una obra municipal y hace campaña. Foto: Roxana Sanguña.

 

En enero la candidata a la alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri ya realizó campañas políticas junto al candidato a concejal Luis Almeida. Los dos recorrieron varios sectores de la urbe. Foto: Roxana Sanguña.

Jimmy Jairala desde el 2018 visitó zonas periféricas de Guayaquil junto a sus candidatos a concejales, como Aldo Farfán. Foto: Edilma Sanguña.
Jimmy Jairala junto a simpatizantes de su Movimiento Centro Democrático, quienes iniciaron la campaña por la alcaldía de Guayaquil cuatro meses antes del inicio oficial de la época de campañas. Foto: Edilma Sanguña.

Aquí podemos observar en la agenda de enero del 2019 los recorridos programados por Movimiento Centro Democrático para realizar la campaña electoral. Fotp: Edilma Sanguña.
Stallin Coca, candidato a la primera concejalía por Centro Democrático visitando las casas colectivas en Guayaquil. Foto: Edilma Sanguña.

 

Balerio Estacio, candidato a la alacaldía de Guayaquil junto a Abdala Bucaram, líder de FE.

Lo mismo se observó en Cuenca. Meses antes del inicio de la campaña electoral, los candidatos a alguna dignidad que ya tienen un cargo actual desde su sitio de poder empezaron el proselitismo. Pancartas, rostros y números pintados en las paredes y las dádivas (que el artículo 204 del Código de la Democracia prohíbe) se evidenciaron en Azuay.

Según el CNE de esa provincia, desde noviembre hasta febrero se recogieron 620 evidencias de campaña anticipada; pero, hasta la fecha, no hay sanciones para alguno de los 10 candidatos que participan por la Prefectura ni para los 13 que buscan la Alcaldía de Cuenca.

El testimonio de moradores de las zonas rurales de Azuay da cuenta de que entre noviembre de 2018 hasta febrero pasado se inauguraron las obras prometidas por las autoridades que buscan la reelección, como asfaltado de carreteras. Al ver finalizada la obra pública, habitantes de Soldados, en la parroquia San Joaquín (Cuenca), aceptaron que se coloque la imagen del candidato en la fachada de sus casas.

Exviceprefecta del Azuay, Maria Cecilia Alvarado, más conocida como «Chechi Alvarado» es candidata a la prefectura del Azuay. En enero se observó uno de sus carteles de campaña colocados en una casa antigua. Foto: Segundo Cabrera.

Según residentes, la vía Patamarca-Chiquintad (Austro) estuvo abandonada durante años, pero actualmente la Prefectura del Azuay la interviene. En el lugar se pegaron afiches antes de tiempo para publicitar la Alcaldía de Paúl Carrasco. Lo mismo pasó en la vía Monay- Baguanchi. El artículo 204 del Código prohíbe que candidatas y candidatos, así como las organizaciones políticas entreguen donaciones, dádivas o regalos a la ciudadanía. Sin embargo, no se cumple. El político también regaló leche a nombre de la Prefectura que administra.
En San Joaquín, antes de la campaña electoral, un vehículo promocionó las obras que realizó la Prefectura. El exprefecto es candidato a la alcaldía de Cuenca. El morador Diego Pauta señaló que durante la contienda se vio con más frecuencia obra en el sector.

Paradójicamente, se observa una valla publicitaria donde Marcelo Cabrera, actual alcalde de Cuenca que busca la reelección, expone la obra hecha bajo su administración. La publicidad se instaló a inicios de febrero, días próximos a iniciar la campaña. El artículo 203 del Código también se incumplió. En este proceso se ha usado la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, pero no para informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas… Así lo demuestra esta gráfica. Foto: Leonel Astudillo.

 

El artículo 219 del Código de la Democracia es claro. La ley “prohíbe a los servidores, servidoras, organismo o instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo”.

A pesar que el Código de la Democracia prohíbe la utilización de bienes públicos con fines electorales, el alcalde de Azogues, Virgilio Saquicela utiliza el carro del municipio para acudir a las reuniones de su partido CREO y así realizar campaña política. Un morador del lugar captó estas imágenes:

Antes del 5 de febrero, taxis y carros particulares publicitaban a Paúl Carrasco, Marcelo Cabrera y Jefferson Pérez en Cuenca.

La Delegación Provincial Electoral de Pichincha se negó a dar datos exactos de cuántos productos promocionales se registraron antes de que la contienda arranque. Pero a inicios de diciembre de 2018 ya se observaron pancartas de candidatos a la Alcaldía de la capital, tanto en el norte como en el sur.

El pasado 2 de enero, un mes antes de que empiece la campaña, se desarrollaron eventos masivos, como caravanas, concentraciones, convenciones y presentaciones de candidatos. La Izquierda Democrática (ID) hizo una gran convención con simpatizantes donde intervinieron algunos dirigentes que resaltaron la figura del expresidente Rodrigo Borja. Ahí participó el candidato Paco Moncayo quien, casi entre lágrimas, afirmó que con el ejemplo del exmandatario es momento de dar a Quito esperanzas de igualdad.

Ese día, José Vásquez, del movimiento Acción Democrática Ecuatoriana, presentó sus candidatos a concejales y juntas parroquiales ante 200 personas en el parque El Ejido. En La Vicentina, Pachakutik expuso las candidaturas de Pablo Vélez y Sandra Yépez, a la Prefectura y Viceprefectura de Pichincha, respectivamente.

César Montúfar candidato por Concertación a la alcaldía de Quito, inició su campana antes del calendario del CNE.
Paco Moncayo, candidato a la alcaldía de Quito, por la alianza alianza entre la Izquierda Democrática, Democracia Sí y Vive empezó la socialización de su campaña en diciembre del 2018. Foto: Instagram de la alianza.

Jorge Yunda, candidato por el Movimiento Unión Ecuatoriana, listas 19, también inició su campaña electoral en diciembre del 2018. Foto: Instagram del Movimiento.

Carlos Sevilla, candidato para la alcaldia de Quito por el movimiento politico Libertad es Pueblo también mostró su publicidad en una valla al sur de la capital. Foto: Facebook.

 

Candidatos a concejales de la Iquierda Democrática también mostraron su publicidad antes de tiempo. Esta foto fue registrada en Carapungo.

El artículo 275 del Código de la Democracia señala que la realización de actos de precampaña o campaña anticipada es una de las infracciones de sujetos políticos, personas naturales o políticas. De acuerdo al CNE, el valor ‘invertido’ en la promoción previa será imputado al gasto electoral. Sin embargo, Enrique Pita, vicepresidente de la institución, advierte que la norma no contempla una sanción para la propaganda anticipada.

El funcionario indica que el artículo 76 de la Constitución establece que “nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley…”.

Redes sociales, otra vitrina de publicidad electoral

El CNE no tiene potestad jurídica para controlar las redes sociales. De hecho el artículo 207 del Código de la Democracia con respecto a los nuevos “medios de comunicación” cita la Resolución 28 de la Corte Constitucional del Ecuador, la cual aclara que el uso de la tecnología en el internet ha afianzado el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación y han permitido que se desarrolle una mejor democratización de la web.

Aquí puede leer la Resolución de la Corte Constitucional

file:///D:/FDM/Downloads/028-12-SIN-CC.pdf

Desde mediados de 2018 se publicaron en redes sociales videos promocionales e imágenes de los recorridos que, para ese entonces, los candidatos realizaban. Facebook, Instagram, Youtube y Twitter son las plataformas principales para la difusión, sin tomar en cuenta el calendario dispuesto por el CNE.

Por ejemplo, algunos de los más populares en redes sociales son los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala (Centro Democrático) y Cinthya Viteri (PSC-Madera de Guerrero). El 15 de julio de 2018, Viteri irrumpió en Twitter con un video de 1:50 minutos, en el que habla sobre el progreso del Puerto Principal y su interés en trabajar en la senda del “modelo exitoso”. El video superó las 15.700 reproducciones en siete días. También hay imágenes en que aparece en eventos municipales junto a Jaime Nebot, actual líder de la urbe. En esta dirección electrónica se puede observar su campaña: 

 https://www.facebook.com/CynthiaViteriJimenez/

Esta foto se capturó y compartió en la página de Facebook de Viteri antes del 5 de febrero.

Desde diciembre, Paúl Carrasco también activó su perfil en la red social para promocionar su candidatura.

https://www.facebook.com/PaulCarrascoC/

Otros candidatos que aparecen con facilidad en las redes sociales son los candidatos del Movimiento Democracia Sí. Es el caso del candidato a la alcaldía de San Lorenzo, en Esmeraldas,  Gleen Arroyo, quien inició su campaña electoral en 2018. Esta foto se encuentra en su página de Facebook Amigos de De Gleen Arroyo Colectivo Juventud: https://www.facebook.com/amigosdegleenarroyo.colectivojuventud.5/photos

Esta foto se compartió en septiembre del 2018 y se observa cómo se pintaba una pared con su nombre.

Foto de la pared, donde simpatizantes de Gleen Arroyo pintaron su nombre antes del calendario electoral. Foto: Facebook del candidato.

*¿Gasto electoral sin supervisión? Lea aquí la segunda parte de esta investigación.

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Desde el inicio de la campaña electoral para las elecciones seccionales 2019, el pasado 5 de febrero, candidatos han denunciado acciones de censura por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas se originan en el proceso de revisión y aprobación previa que se realiza sobre su publicidad. Varias piezas han sido inadmitidas por supuestamente incumplir la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.

El pasado 14 de febrero, FUNDAMEDIOS emitió una primera alerta en torno a una denuncia presentada por María Sol Corral, candidata a la Alcaldía de Quito. Uno de sus spots fue censurado por, supuestamente, incumplir con los contenidos obligatorios de la publicidad electoral.

En ese contexto, el pasado 7 de marzo desde el CNE se indicó a FUNDAMEDIOS las razones para dicho veto. En el oficio suscrito por Víctor Hugo Ajila Mora, secretario General de la institución, se establece que la candidata ha incurrido en prohibiciones establecidas en el Art. 31 de la Ley Orgánica Electoral vigente. Se señala que no cumple con lo señalado en los artículos 28 y 31 del Reglamento de Promoción Electoral, al no propiciar el debate y difusión de las propuestas, no abstenerse de inducir a la violencia, racismo, intolerancia políticas (entre otros) y de difundir contenidos discriminatorios.

FUNDAMEDIOS hace notar sobre la subjetividad de estos adjetivos y la forma restrictiva con la cual la autoridad electoral interpreta los artículos de la Ley, cuando los organismos internacionales de Derechos Humanos hablan claramente de la protección especial que se deben brindar al discurso político, especialmente en época de elecciones.

En la misma línea, Leonardo Lasso, director de campaña de Federico Pérez, aspirante a Prefecto de Pichincha, denunció la censura de un video publicitario en que se enfatiza en la experiencia política del candidato. Manifestó que se le informó de manera verbal a un miembro de su equipo que se daba por incumplir con los contenidos obligatorios para la campaña, que incluye la presentación de las propuestas.

No son casos aislados de descontento. Juan Carlos Holguín también expuso inconvenientes en la aprobación de material audiovisual que integraba su estrategia comunicacional. La prensa recoge que los candidatos de algunas organizaciones políticas han manifestado su malestar por el manejo del pautaje de propaganda electoral en medios de comunicación.

Adicionalmente, existen denuncias por parte de candidatos que afirman que medios de comunicación radiales han negado coberturas y entrevistas, exigiendo pautaje para “habilitar” dichos espacios. FUNDAMEDIOS recopila más información sobre estas acusaciones.

FUNDAMEDIOS conmina a que cesen estas conductas antidemocráticas, las acciones de censura tomadas por algunos funcionarios de la institución rectora en materia electoral en el país. La censura de contenidos no responde a los principios democráticos que el Consejo Nacional Electoral debe defender y son contrarios a los derechos de libertad de expresión consagrados en instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por el Estado ecuatoriano y de cumplimiento obligatorio.

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Este 27 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la publicidad de la campaña 2019 en portales web como medio legítimo para la campaña de las elecciones seccionales de marzo próximo. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) falló a favor de la apelación realizada en contra de la resolución del pasado 4 de febrero de prohibir que los partidos, movimientos y candidatos utilicen medios digitales para sus campañas.

Luis Verdesoto, vocal del CNE, afirmó que, tras la revisión de la sentencia, se tiene como conclusión “la no exclusión de una modalidad de información básica en una sociedad moderna». Precisó que los candidatos podrán pautar con los medios digitales que cumplan con los requisitos de ley.

“Solicito que rápidamente todos los portales digitales, que tengan la capacidad y se encuentren inscritos, se acerquen rápidamente y podamos subsanar este vacío que se ha producido”, informó el Vocal en una rueda de prensa el pasado 26 de febrero.

FUNDAMEDIOS destaca la revisión de la resolución, pues impedir el registro de los medios digitales limita la libre difusión de información y entorpece el libre flujo de la misma, producto de un debate electoral. Además, incide en la desinformación en los ciudadanos.

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El artículo 115 de la Constitución vigente consagra que “el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas.” Prohíbe además la contratación directa de publicidad “en los medios de comunicación y vallas publicitarias.”

Es el Código de la Democracia en su artículo 202 el que “desarrolla” el mandato constitucional consagrando que “el financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Sin embargo, en el mismo artículo se afirma que “el Consejo Nacional Electoral reglamentará el financiamiento según la realidad de cada localidad.”

Así, en uso de esta atribución legal, el pasado 21 de diciembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) discutió y resolvió incorporar a los medios digitales en el financiamiento público. En la resolución se consideró que “son parte de los medios de radio y televisión los portales digitales pertenecientes a cada frecuencia, con la condición de que operen y se identifiquen bajo la misma denominación y signos distintivos”. También se puntualizó que se considerará prensa escrita “a los medios impresos en papel y a los medios impresos digitales”.

Sin embargo, una mayoría de miembros del CNE decidió rever la decisión, y la Presidenta del CNE, Diana Atamaint, decidió realizar una consulta a la Procuraduría General del Estado que, en su respuesta de 4 febrero, indicó que los recursos para financiar la campaña no se “extienden a medios en internet”. Agregó además que los medios en internet “no pueden jamás ser asimilados como prensa escrita, por lo que quedan fuera de lo que se considera franja de promoción electoral”.

Como consecuencia, estas plataformas recibieron una negativa de acreditación para ser proveedores de publicidad durante el proceso electoral que se inició el pasado 5 de febrero.

La decisión del CNE, así como la posición de la PGE, no afecta solamente a los medios nativos digitales. Los medios tradicionales que operan con plataformas en internet también se ven directamente perjudicados.

FUNDAMEDIOS rechaza esta negativa de registro de los medios digitales, ya que limita la libre difusión de información y entorpece el libre flujo de información, producto de un debate electoral. Además, incide en la desinformación en los ciudadanos.

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auditoria digital foto

Del proceso electoral del pasado 2 de abril hay más dudas que certezas. Una serie de irregularidades manifiestas lo deslegitiman frente a una ciudadanía que reclama transparencia. Pese a que la petición general y del movimiento CREO es el reconteo de votos que toma en cuenta la dimensión física del proceso, hay cuestionamientos que derivan del plano digital e informático y que deben ser resueltos por las autoridades competentes.

Estas dudas surgen debido a la caída de la página del CNE durante media hora, entre las 18:50 y las 19:20, según reportó el monitoreo de Usuarios Digitales, contrario a la versión oficial que maneja el CNE de que solo fueron 15 minutos.

página cne caída
Fuente: Usuarios Digitales.

Asimismo, los nombres de dominio de dicha página cambiaron tres veces. Aquello generó todo tipo de especulaciones que iniciaron con la idea de un apagón digital hasta las declaraciones del Presidente Rafael Correa, en las que aseguraba que la página habría sufrido un hackeo desde los EEUU, como parte de una conspiración de la derecha.

Frente a esta ola de supuestos hay que hacer varias precisiones. Expertos consultados por Fundamedios explican que la página web del CNE que muestra los resultados electorales es solo un front, es decir, es tan solo un sitio web que recibe información para el acceso público a la misma y no tiene nada que ver con el sistema que estaría generando dicha información, es decir, no tiene acceso a la base de datos generada por el CNE. Según precisaron estas fuentes, el sistema en sí funciona a través de una VPN (Red Privada Virtual), que es una red cerrada a la cual no se puede acceder por Internet públicamente.

Esta VPN es la que se usa para el sistema del centro de cómputo del CNE, y es por ello que no son erradas las declaraciones de Juan Pablo Pozo y del Presidente Correa acerca de que el sistema de conteo de votos no tiene que ver con la página web. No obstante, y pese a que Pozo declara que el conteo siguió realizándose normalmente en el Hotel Marriott, en una entrevista realizada por el portal Gkillcity a Fausto Camacho, exvocal del Consejo Nacional Electoral, éste asegura que “no había forma de conocer qué sucedía, hasta que salieron a dar una rueda de prensa. Yo estaba en el Hotel Marriott donde instalaron el centro de transmisión de resultados y ni nosotros —ni los partidos, ni la prensa nacional e internacional— pudimos conocer qué resultados habían, peor ejercer el derecho a la defensa o al control social y político que dice la Constitución y la ley, que pueden hacer los partidos”.

Lo cierto es que hubo un vacío de información durante varias horas que debe aclararse de una forma sustentada y con pruebas. Por otro lado, algunas personas expresaban en relación al cambio de nombres de dominio que ello sería parte del fraude informático que supuestamente se habría fraguado, pues denotaría un cambio de servidor. Para alias NEO, hacker y experto informático, ello no significa per sé un cambio de servidores pero “es un indicio que se presta a dudar”. No obstante, para comprobar aquello, según Humberto Arthos, de Usuarios Digitales, se debería tener acceso a los logs, es decir, los historiales de los servidores del CNE, lo cual obviamente no se puede obtener pues no es accesible públicamente. A través de eso se puede rastrear si hubo un cambio de servidor o no. “¿Por qué cambiarían los links de acceso a la página si eso ya debía estar predefinido?”, se pregunta el experto.

Según Arthos, lo que Usuarios Digitales comprobaron es que en efecto un cambio de nombres de dominio, lo cual establecería la primera exigencia al CNE en temas digitales referentes al proceso electoral: que abra al público el historial de sus servidores y que explique el porqué del cambio de nombres de dominio en la web. Todo ello acogiéndonos al derecho a la información y al acceso a la información pública que ampara la Constitución y contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP.

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La segunda duda que debe ser resuelta por el CNE es justamente la caída de la página. Y en este aspecto hay varias inquietudes, pues cierto es que las declaraciones de Pozo acerca de la inaccesibilidad a la página del CNE debido al tráfico excesivo no son del todo erradas. Según explica Arthos, la página del CNE –al igual que varias páginas a las que no se pudo acceder ese día- usa un servicio de rendimiento y seguridad web llamado Cloudflare, el cual sirve para alivianar la carga por el tráfico de red y que el internet sea más rápido. Este servicio reportó problemas de desempeño de la red en Quito, Ecuador, el 2 de abril.

Para Arthos, ello podría deberse a que “la empresa instaló recientemente en Quito un data center, con lo cual Ecuador se convertiría en un punto concentrador de Internet”, no obstante aquello no termina de explicar la caída de la página, pues una cosa son los problemas de tráfico y otra la inaccesibilidad que se presentó desde ciertas ISP locales (proveedores de servicio de internet), ya que la página sí tenía acceso desde Claro y TvCable, y más no desde Movistar, CNT y Netlife. Además, también se podía acceder a través de VPNs (redes privadas virtuales), las cuales son redes a las que el usuario se conecta desde otra ubicación geográfica, no localmente.

Si hubiese sido netamente un problema de tráfico, como aseguró Juan Pablo Pozo, al menos todas las ISP locales hubiesen presentado la misma inaccesibilidad. Para María José Calderón, investigadora de la Universidad Internacional, lo que pasó en este caso no es un apagón digital masivo, sino que se trata de una forma sutil de bloqueo al acceso que se llama selective shutdown, en la cual solo se inhabilitan ciertas IPs: “lo hacen selectivamente. Lo han hecho países como Rusia, los países mediterráneo-árabes después de la primavera árabe, por ejemplo. Desde que empezaron hace unos cuatro años este tipo de manifestaciones a través de internet a nivel global, los gobiernos han empezado a abusar de los apagones digitales o bloqueos”.

Esto se traduce en una violación de derechos, ya que la conectividad es un derecho humano reconocido por la ONU en un informe emitido en 2011: “cortar el acceso de los usuarios a Internet, sea cual sea la justificación, incluida la violación de las leyes de protección de derechos de propiedad intelectual, es una medida desproporcionada y, por tanto, una violación del artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos”.

En este sentido, Calderón cree que se trata de un tema de transparencia y de gobernanza digital y esto es por lo que varias organizaciones luchan actualmente, por la garantía de la conectividad, que también está contemplada en la Constitución. “No se puede saber lo que pasó sin que nos digan dónde estaban sus servidores y para ello es necesaria una auditoría informática”, explica.

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Otro punto que llama la atención y que para el hacker Neo es fundamental, es que durante la primera vuelta, los observadores internacionales recomendaron ampliar el ancho de banda usado en la transmisión de datos por internet; sugerencia que fue acogida por el CNE, que amplió hasta cuatro gigabytes el ancho de banda, lo cual debilitaría la tesis de la caída de la web por exceso de tráfico, pues según el experto, la página estaba preparada.

Pero incluso si este argumento tuviera algo de cierto, se contradice completamente con la teoría conspirativa que presentó el Presidente Correa, cuando, a través de Twitter y varias declaraciones, incluido el enlace ciudadano del sábado 9 de abril, aseguró que la página del CNE se cayó durante el conteo de votos porque fue hackeada desde los EEUU.

Y esto asegura Neo tajantemente que es errado, pues como hacker experto, explica que es imposible detectar un país exacto de donde provienen este tipo de ataques que se llaman DDoS, los cuales buscan inhabilitar un servidor, un servicio o una infraestructura a través de saturarlos de peticiones. Este mecanismo es usado tanto por organizaciones criminales, hackers como por gobiernos.  

La explicación es que este tipo de ataque se basa en el envío simultáneo de multitud de solicitudes para abrir la página, lo cual se consigue ya sea a través de la instalación de malwares que convierten a varias máquinas en computadores zombies que envían las peticiones, o través de lo que se conoce como Hacktivistas, que es el mecanismo que utiliza Anonimous, en el cual se centraliza el software de ataque, por ejemplo el LOIC, el cual sirve para realizar las peticiones simultáneas a través de un botnet (grupo de robots informáticos automatizados).

Este tipo de software es similar a los webhive que usan los hackers para lograr lo mismo, y que  se conectan a una red VPN, es decir una red privada que no puede rastrearse de dónde proviene. Por otro lado, los hackers se conectan al webhive desde direcciones IP que provienen de todo el mundo. El webhive puede estar alojado en un servidor en determinado país pero este simplemente replica los ataques que provienen de varios lugares, por lo que es prácticamente imposible detectar un sitio específico del que se originan.

Igualmente, si este hubiese sido el caso, tampoco se logra explicar el por qué desde ciertos ISP locales y VPN sí había acceso a la página, ya que un ataque DDoS impediría el acceso desde cualquier red o proveedor de servicio de internet.

Entonces, según Neo, la única forma comprobar las afirmaciones del Presidente, es mostrar los logs, es decir, los registros del ataque. Con lo que una vez más, se repite el requerimiento de la auditoría digital. Pero él incluso va más allá, pues cree que los datos son volátiles y pueden haber sido borrados. Para ello sugiere que se realice una auditoría forense de todo el proceso, similar a la que se hace en el caso de delitos digitales, y con auditores independientes. “Si todo está guardado y no se abre, nos perjudica a todos”, concluye.

Transparentar el proceso electoral, no solo a través de un reconteo de votos sino mediante una auditoría digital es una obligación del Gobierno y el acceso a esa información es un derecho ciudadano. Durante el último enlace ciudadano, el Presidente Correa manifestó que “si quieren una auditoría informática, entonces que la pidan”. No obstante, ello debería garantizarse con total independencia y autonomía, pues a través de ese proceso se puede legitimar los resultados de las votaciones y aclararse todas las inconsistencias surgidas a raíz de las diferencias entre los resultados presentados por el CNE, los conteos rápidos de Participación Ciudadana y la Escuela Politécnica, y las encuestas de CEDATOS y Perfiles de Opinión.

Caso contrario se estaría incurriendo en una violación de derechos, pues la Constitución en su Art. 18 numeral 2 establece que “en caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”.