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Código de la Democracia

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado (CGE) firmaron el 5 de octubre de 2018 un convenio para supervisar el uso de los recursos públicos. Las autoridades afirmaron que el control sería exhaustivo antes, durante y después de la campaña para prevenir el desvío de fondos.

El artículo 211 del Código de la Democracia reza que el CNE “publicará durante y después del proceso electoral toda la información relativa al financiamiento y gasto de los sujetos políticos”, a través de su página oficial. El objetivo: permitir la consulta y supervisión oportuna de la ciudadanía.

Al revisar el portal del Consejo se encuentran los montos asignados para las campañas, pero no cuánto dinero tiene cada partido político, ni sus aportantes, tampoco un seguimiento del origen del dinero utilizado. Según Diana Atamaint, presidente del Consejo, esta información se puede obtener al finalizar la contienda. El Código de la Democracia puntualiza que, luego de noventa días contados desde el acto del sufragio, el responsable económico del partido político que apoyó una candidatura presentará al CNE sus ingresos y egresos, el listado de contribuyentes y los montos colocados.

Vea aquí la entrevista completa a la Presidente del Consejo Nacional Electoral

En diciembre, el CNE definió el límite máximo del gasto electoral total a escala nacional en USD 12’081.328. Cada localidad tiene un monto asignado, según su número de electores.

Conozca cuál es el límite del gasto electoral por ciudad y el monto del fondo de promoción:

http://cne.gob.ec/images/d/2019/promocion/NOTIFICACI%C3%93N_No._00057__PLE-CNE-2-15-1-2019_Fondo_de_promocion_electoral.pdf

Guayaquil, Quito y Cuenca son las ciudades con mayor presupuesto

Guayaquil 408.153,80 mil dólares
Quito 403.658,60 mil dólares
Cuenca   93.460,40 mil dólares

Aunque existen montos establecidos, los ecuatorianos no pueden fiscalizar si estos se cumplen. Ni siquiera se conoce de manera exacta si algún candidato se excedió en el límite de gasto, tomando en cuenta que algunos se adelantaron a la fecha oficial de inicio.

FUNDAMEDIOS solicitó al CNE conocer la lista de candidatos que incurrieron en esta infracción. La respuesta sostuvo que no es posible saberlo antes de el proceso concluya.

Conciertos, una estrategia para conquistar votantes

Jorge Yunda, candidato a la Alcaldía de Quito por la lista 19, convocó a cuatro conciertos gratuitos que se desarrollaron entre el sábado 9 y domingo 10 de febrero en el sur, centro y norte de la capital. En los eventos se presentaron 4AM, Sahiro, Señora Cumbia y el chileno Américo.

Se conoce que, por presentación, los honorarios de Américo son 20.000 dólares. A esta cifra se suman los boletos de avión: son dos asientos en primera clase para él y su representante; el resto de su equipo (14 personas) viajan en clase turista. También se le costea hospedaje y transporte en la ciudad. Por una hora de concierto, precio total ascendería a 55.000 dólares. Según el CNE todos los gastos incurridos en la campaña deben ser declarados en el gasto electoral de cada candidato.

El costo de producción de los cuatro conciertos organizados por el candidato de Unión Ecuatoriana sumaría 250.000 dólares. Un productor indicó que esto incluye los valores de sonido, iluminación, efectos, tarima, permisos, pago a los demás artistas y al presentador del espectáculo, Nicolás Espinoza, quien tiene un acuerdo de exclusividad con Yunda.  

Durante el pasado feriado de carnaval, el ‘Loro Homero’ organizó dos conciertos más sin Américo. La promoción de Quito Carnaval 2019 y de los otros eventos se transmitió por las radios vinculadas al grupo Yunda: Armónica, La Redonda, Canela, La Otra y Urbana. De estas, solo Armónica y La Redonda están acreditadas por el CNE para difundir publicidad electoral. Según una fuente del CNE, este proceder sería ilegal, pero se espera una denuncia formal para evaluar su caso al final del proceso.

Aquí puede ver la lista de medios acreditados por el CNE

http://cne.gob.ec/images/d/2019/promocion/NOTIFICACI%C3%93N_No._00071_PLE-CNE-1-21-1-2019.pdf

Pero la estrategia de los megaeventos, tipo conciertos, no fue exclusiva de Yunda. A escala nacional, algunos partidos y candidatos se valieron de este tipo de actividades para seducir a los votantes. Por ejemplo, en redes sociales se viralizó un evento en carnaval, organizado por Jaime Estrada, candidato a la Prefectura de Manabí. El político contrató los servicios del cantante venezolano ‘Nacho’. Según el productor consultado para este artículo, este artista cobra 50.000 dólares por presentación.

El venezolano también se sumó al cierre de campaña en Quevedo de los candidatos de Alianza PAIS, Irene Massuh y Juan Carlos Troya.

Una nota de Diario La Hora recoge que por CREO –FE, Marco Cortés y Patricio Mendoza, candidatos para la Alcaldía y Prefectura, respectivamente, prepararon un evento artístico con los reguetoneros Wisin y Yandel también en Quevedo como parte de sus cierres de campaña. Cortés manifestó que gracias al auspicio de algunas empresas hicieron posible la visita de los artistas en la ciudad.

 

Como parte de las estrategias electorales también se rifaron autos. Deyton Alcívar, quien busca la reelección a la Alcaldía de Chone, rifó un auto cero kilómetros. Foto: Facebook.

Otros candidatos también adoptaron la estrategia de los conciertos, como Douglas Alaña Jerves, candidato a la alcaldía del cantón Guabo, en El Oro.  Darío Macas, candidato a la alcaldía de Machala; y Paco Moncayo a la alcaldía de Quito.

¿Dinero del narcotráfico?

En febrero pasado, Luis Verdesoto, consejero del CNE, presentó ante la Fiscalía un informe en que se analiza cómo grupos vinculados al narcotráfico blanquean dinero a través de actos proselitistas. El estudio es un diagnóstico sobre el financiamiento de campañas con fondos ilícitos.

En ‘Financiamiento ilícito en campañas electorales’ se menciona que el narcotráfico entrega dinero a candidatos para luego tener control de los territorios. He ahí la importancia de indagar los perfiles políticos y el origen de fondos.

Según el artículo 296 del Código de la Democracia, si el CNE tiene indicios de que una candidatura tuvo ingresos ilícitos debe pasar el caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). De comprobarse, una de las sanciones es retirar del cargo a quien ganó.

Para el coronel Mario Pazmiño, consultor internacional en seguridad y defensa, es lógico sospechar que hay una penetración del crimen organizado en las campañas. Ecuador habría pasado de ser un país de tránsito del narcotráfico a uno de acopio. Hasta el momento, aquí operarían carteles mexicanos y colombianos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, a través de dos corredores: del pacífico y amazónico. El experto habla de ocho centros de acopio en el Ecuador: Sucumbíos, Baños, Machala, Guayaquil, Manta, Santo Domingo, Ibarra y Esmeraldas.

¿Cómo piensa el crimen organizado? “Ellos saben que el narcotráfico es un negocio, pero necesitan protección. Entonces, si pueden conseguir, por ejemplo, a 10 alcaldes, los consiguen. Pagan sus campañas para luego reclamar el favor”, indica Pazmiño. Y recuerda que, en la Fiscalía de Colombia, alias Chorizo testificó que las FARC hicieron campaña política por el expresidente Rafael Correa, a cambio de que se retire la base militar estadounidense de Manta.

 

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Del 5 de febrero al 21 de marzo era el periodo oficial designado para que 80.281 candidatos traten de obtener el favor de 13’261.994 de votantes. El próximo 24 de marzo se elegirán 221 alcaldes, 23 prefectos, 23 viceprefectos, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.094 vocales para juntas parroquiales. También, por primera vez, se elegirá a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El 21 de diciembre de 2018, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la convocatoria para este proceso. Si se toma en cuenta las fechas del calendario, parece que la campaña se inició hace poco. Sin embargo, se tiene registros, evidenciados en reportes de prensa y denuncias ciudadanas, que desde junio del año pasado ya ‘arrancaron’ las promociones, incumpliendo la Ley electoral y sin que alguna autoridad tome nota. En ese momento el CNE era de “transición”. El definitivo se posesionó el 20 de noviembre, un mes antes del llamado a elecciones.

Previo al arranque oficial, la propaganda se dejó ver en el territorio ‘digital’ e incluso en algunos barrios de las distintas ciudades aparecían pintados los rostros de los candidatos en las paredes. Aunque el Código de la Democracia es uno de los reglamentos más citados en esta época, resulta limitante para controlar tiempos, difusión, gasto y origen de los fondos de una campaña. Según el artículo 202, la contienda no podrá exceder 45 días. El 275 considera que “la realización anticipada de actos de precampaña o campaña; y, la contratación, en forma directa o por terceras personas, de espacios en cualquier modalidad en radio o televisión, para realizar campaña electoral” es una infracción que, según los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización del Gasto Electoral y su Resolución en Sede Administrativa será registrada por el CNE.

Entre el 6 de septiembre de 2018 y el 24 de enero de 2019, la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE rastreó 27.109 artículos promocionales en el sistema de monitoreo de vías, entre los que constan: 74 vallas publicitarias y 4 audios de radio reportados. El resto de artículos se refiere a propaganda como la que se instala en carreteras, postes, casas…

Los nombres de Paúl Carrasco, candidato a la Alcaldía de Cuenca (alianza Podemos-Participa); Jefferson Pérez, candidato a la Alcaldía de Cuenca (Movimiento Renace); Jimmy Jairala, que busca la Alcaldía de Guayaquil (Movimiento Centro Democrático); Kleber Falcón, candidato a la Alcaldía de Yaguachi, (Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero); César Montúfar, candidato a la Alcaldía de Quito (Concertación); Juan Carlos Solines, candidato a la Alcaldía de Quito (Movimiento Juntos Podemos); Jorge Yunda, candidato a la misma dignidad por el Movimiento Unión Ecuatoriana; Juan Carlos Holguín, candidato a la Alcaldía de la capital (CREO); Federico Pérez, candidato a la Prefectura de Pichincha (CREO) son algunos de los que figuran en el detalle de la campaña anticipada registrada por el CNE.

Lea aquí la lista de algunos candidatos y partidos que expusieron material publicitario antes de tiempo, según el registro del CNE: 

Campaña Anticipada CNE

FUNDAMEDIOS hizo un seguimiento de la “precampaña” entre diciembre de 2018 y enero 2019 en torno a los candidatos más destacados en Pichincha, Guayas y Azuay. Dicho ejercicio reflejó que los aspirantes ‘menos populares’ también se anticiparon.

Desde septiembre de 2018 hasta el 2 de febrero, la Delegación Provincial Electoral de Guayas registró 3.081 evidencias de publicidad anticipada. Según lo observado en el monitoreo para este reportaje, varios candidatos forraron postes y paredes con sus nombres y rostros a lo largo de las vías y puentes, como el de la Unidad Nacional que enlaza Guayaquil, con Samborondón y Durán. Por ejemplo, Alexandra Arce, alcaldesa de Durán que busca la reelección con la lista 5, incurrió en esta infracción.   

Alexandra Arce empezó su recorrido por zonas rurales de Durán antes del inicio de la campaña electoral. Foto Facebook de candidata.

No fue la única. En diciembre del año pasado, en la vía a la costa que une Guayaquil con Playas, se exhibieron en carros varias gigantografías con las imágenes de los postulantes de CREO, Poly Ugarte a la Prefectura de Guayas; y Francisco Jiménez, a la Alcaldía de Guayaquil. En lugares concurridos, como la calle 6 de Marzo, en el Puerto Principal, se observó un vehículo con propaganda del candidato a la Alcaldía por Alianza PAIS, Simón Bolívar Rosero.

En el portal de esa Delegación, hasta el 17 de enero de 2019, se informó que se evidenciaron 22.532 artículos promocionales anticipados; de estos, 590 se registraron en el monitoreo de vías -a escala nacional- entre el 28 de diciembre 2018 al 3 de enero. Hasta finales de enero se encontraron 68 vallas publicitarias.

Según lo monitoreado desde el año pasado en redes sociales, la mayoría de candidatos que aspiran a las alcaldías y concejalías en los cantones de la provincia del Guayas realizó mítines y recorridos puerta a puerta. También visitaron los medios de comunicación por cuenta propia o por invitación para entrevistas sobre sus actividades.

Uno de ellos fue Jimmy Jairala, exprefecto de la provincia y líder de Centro Democrático. Desde noviembre de 2018, el actual candidato a la Alcaldía de Guayaquil realizó sus recorridos por varios sectores presentando sus propuestas.

El exprefecto del Guayas inició su campaña electoral por la alcaldía desde el 2018.

A mediados de enero, la alcaldesa de Milagro, Denisse Robles, inaugura una obra municipal y hace campaña. Foto: Roxana Sanguña.

 

En enero la candidata a la alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri ya realizó campañas políticas junto al candidato a concejal Luis Almeida. Los dos recorrieron varios sectores de la urbe. Foto: Roxana Sanguña.

Jimmy Jairala desde el 2018 visitó zonas periféricas de Guayaquil junto a sus candidatos a concejales, como Aldo Farfán. Foto: Edilma Sanguña.
Jimmy Jairala junto a simpatizantes de su Movimiento Centro Democrático, quienes iniciaron la campaña por la alcaldía de Guayaquil cuatro meses antes del inicio oficial de la época de campañas. Foto: Edilma Sanguña.

Aquí podemos observar en la agenda de enero del 2019 los recorridos programados por Movimiento Centro Democrático para realizar la campaña electoral. Fotp: Edilma Sanguña.
Stallin Coca, candidato a la primera concejalía por Centro Democrático visitando las casas colectivas en Guayaquil. Foto: Edilma Sanguña.

 

Balerio Estacio, candidato a la alacaldía de Guayaquil junto a Abdala Bucaram, líder de FE.

Lo mismo se observó en Cuenca. Meses antes del inicio de la campaña electoral, los candidatos a alguna dignidad que ya tienen un cargo actual desde su sitio de poder empezaron el proselitismo. Pancartas, rostros y números pintados en las paredes y las dádivas (que el artículo 204 del Código de la Democracia prohíbe) se evidenciaron en Azuay.

Según el CNE de esa provincia, desde noviembre hasta febrero se recogieron 620 evidencias de campaña anticipada; pero, hasta la fecha, no hay sanciones para alguno de los 10 candidatos que participan por la Prefectura ni para los 13 que buscan la Alcaldía de Cuenca.

El testimonio de moradores de las zonas rurales de Azuay da cuenta de que entre noviembre de 2018 hasta febrero pasado se inauguraron las obras prometidas por las autoridades que buscan la reelección, como asfaltado de carreteras. Al ver finalizada la obra pública, habitantes de Soldados, en la parroquia San Joaquín (Cuenca), aceptaron que se coloque la imagen del candidato en la fachada de sus casas.

Exviceprefecta del Azuay, Maria Cecilia Alvarado, más conocida como «Chechi Alvarado» es candidata a la prefectura del Azuay. En enero se observó uno de sus carteles de campaña colocados en una casa antigua. Foto: Segundo Cabrera.

Según residentes, la vía Patamarca-Chiquintad (Austro) estuvo abandonada durante años, pero actualmente la Prefectura del Azuay la interviene. En el lugar se pegaron afiches antes de tiempo para publicitar la Alcaldía de Paúl Carrasco. Lo mismo pasó en la vía Monay- Baguanchi. El artículo 204 del Código prohíbe que candidatas y candidatos, así como las organizaciones políticas entreguen donaciones, dádivas o regalos a la ciudadanía. Sin embargo, no se cumple. El político también regaló leche a nombre de la Prefectura que administra.
En San Joaquín, antes de la campaña electoral, un vehículo promocionó las obras que realizó la Prefectura. El exprefecto es candidato a la alcaldía de Cuenca. El morador Diego Pauta señaló que durante la contienda se vio con más frecuencia obra en el sector.

Paradójicamente, se observa una valla publicitaria donde Marcelo Cabrera, actual alcalde de Cuenca que busca la reelección, expone la obra hecha bajo su administración. La publicidad se instaló a inicios de febrero, días próximos a iniciar la campaña. El artículo 203 del Código también se incumplió. En este proceso se ha usado la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, pero no para informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas… Así lo demuestra esta gráfica. Foto: Leonel Astudillo.

 

El artículo 219 del Código de la Democracia es claro. La ley “prohíbe a los servidores, servidoras, organismo o instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo”.

A pesar que el Código de la Democracia prohíbe la utilización de bienes públicos con fines electorales, el alcalde de Azogues, Virgilio Saquicela utiliza el carro del municipio para acudir a las reuniones de su partido CREO y así realizar campaña política. Un morador del lugar captó estas imágenes:

Antes del 5 de febrero, taxis y carros particulares publicitaban a Paúl Carrasco, Marcelo Cabrera y Jefferson Pérez en Cuenca.

La Delegación Provincial Electoral de Pichincha se negó a dar datos exactos de cuántos productos promocionales se registraron antes de que la contienda arranque. Pero a inicios de diciembre de 2018 ya se observaron pancartas de candidatos a la Alcaldía de la capital, tanto en el norte como en el sur.

El pasado 2 de enero, un mes antes de que empiece la campaña, se desarrollaron eventos masivos, como caravanas, concentraciones, convenciones y presentaciones de candidatos. La Izquierda Democrática (ID) hizo una gran convención con simpatizantes donde intervinieron algunos dirigentes que resaltaron la figura del expresidente Rodrigo Borja. Ahí participó el candidato Paco Moncayo quien, casi entre lágrimas, afirmó que con el ejemplo del exmandatario es momento de dar a Quito esperanzas de igualdad.

Ese día, José Vásquez, del movimiento Acción Democrática Ecuatoriana, presentó sus candidatos a concejales y juntas parroquiales ante 200 personas en el parque El Ejido. En La Vicentina, Pachakutik expuso las candidaturas de Pablo Vélez y Sandra Yépez, a la Prefectura y Viceprefectura de Pichincha, respectivamente.

César Montúfar candidato por Concertación a la alcaldía de Quito, inició su campana antes del calendario del CNE.
Paco Moncayo, candidato a la alcaldía de Quito, por la alianza alianza entre la Izquierda Democrática, Democracia Sí y Vive empezó la socialización de su campaña en diciembre del 2018. Foto: Instagram de la alianza.

Jorge Yunda, candidato por el Movimiento Unión Ecuatoriana, listas 19, también inició su campaña electoral en diciembre del 2018. Foto: Instagram del Movimiento.

Carlos Sevilla, candidato para la alcaldia de Quito por el movimiento politico Libertad es Pueblo también mostró su publicidad en una valla al sur de la capital. Foto: Facebook.

 

Candidatos a concejales de la Iquierda Democrática también mostraron su publicidad antes de tiempo. Esta foto fue registrada en Carapungo.

El artículo 275 del Código de la Democracia señala que la realización de actos de precampaña o campaña anticipada es una de las infracciones de sujetos políticos, personas naturales o políticas. De acuerdo al CNE, el valor ‘invertido’ en la promoción previa será imputado al gasto electoral. Sin embargo, Enrique Pita, vicepresidente de la institución, advierte que la norma no contempla una sanción para la propaganda anticipada.

El funcionario indica que el artículo 76 de la Constitución establece que “nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley…”.

Redes sociales, otra vitrina de publicidad electoral

El CNE no tiene potestad jurídica para controlar las redes sociales. De hecho el artículo 207 del Código de la Democracia con respecto a los nuevos “medios de comunicación” cita la Resolución 28 de la Corte Constitucional del Ecuador, la cual aclara que el uso de la tecnología en el internet ha afianzado el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación y han permitido que se desarrolle una mejor democratización de la web.

Aquí puede leer la Resolución de la Corte Constitucional

file:///D:/FDM/Downloads/028-12-SIN-CC.pdf

Desde mediados de 2018 se publicaron en redes sociales videos promocionales e imágenes de los recorridos que, para ese entonces, los candidatos realizaban. Facebook, Instagram, Youtube y Twitter son las plataformas principales para la difusión, sin tomar en cuenta el calendario dispuesto por el CNE.

Por ejemplo, algunos de los más populares en redes sociales son los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala (Centro Democrático) y Cinthya Viteri (PSC-Madera de Guerrero). El 15 de julio de 2018, Viteri irrumpió en Twitter con un video de 1:50 minutos, en el que habla sobre el progreso del Puerto Principal y su interés en trabajar en la senda del “modelo exitoso”. El video superó las 15.700 reproducciones en siete días. También hay imágenes en que aparece en eventos municipales junto a Jaime Nebot, actual líder de la urbe. En esta dirección electrónica se puede observar su campaña: 

 https://www.facebook.com/CynthiaViteriJimenez/

Esta foto se capturó y compartió en la página de Facebook de Viteri antes del 5 de febrero.

Desde diciembre, Paúl Carrasco también activó su perfil en la red social para promocionar su candidatura.

https://www.facebook.com/PaulCarrascoC/

Otros candidatos que aparecen con facilidad en las redes sociales son los candidatos del Movimiento Democracia Sí. Es el caso del candidato a la alcaldía de San Lorenzo, en Esmeraldas,  Gleen Arroyo, quien inició su campaña electoral en 2018. Esta foto se encuentra en su página de Facebook Amigos de De Gleen Arroyo Colectivo Juventud: https://www.facebook.com/amigosdegleenarroyo.colectivojuventud.5/photos

Esta foto se compartió en septiembre del 2018 y se observa cómo se pintaba una pared con su nombre.

Foto de la pared, donde simpatizantes de Gleen Arroyo pintaron su nombre antes del calendario electoral. Foto: Facebook del candidato.

*¿Gasto electoral sin supervisión? Lea aquí la segunda parte de esta investigación.

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“Continuar trabajando con profesionalismo, equilibrio y equidad” es la respuesta que dan algunos editores de noticias de los principales medios privados ecuatorianos para afrontar, durante períodos electorales, las posibles limitaciones al trabajo periodístico.

Al respecto, el magistrado Luis Yúnez, encargado de tramitar las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas que establecen la censura previa al trabajo de comunicadores, durante procesos electorales, se pronunció cuestionando su legalidad. Estas reformas fueron introducidas, a través de un veto presidencial, al llamado «Código de la Democracia».

Estas restricciones se ponen en vigencia luego de que la Corte Constitucional decidió, el pasado 12 de julio, levantar las medidas cautelares que suspendían la aplicación de las reformas a los artículos 203 y 207 de la Ley Orgánica Electoral, conocida como Código de la Democracia, que establece -entre otras cosas- la prohibición a los medios de comunicación de hacer «promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política».

Mientras la Corte Constitucional decide la legalidad del veto presidencial, las redacciones de los principales medios del país tienen clara una cosa: seguir informando al público de la mejor manera posible, pese a los inminentes obstáculos a la labor periodística y el control de lo que se dice en los medios.

Para Miguel Rivadeneira, director de noticias de Ecuadoradio, lo mejor que pueden hacer los medios en estos momentos es actuar con profesionalismo. En su caso, asegura que seguirán planificando entrevistas profesionales como lo han hecho en todos los procesos electorales y continuarán armando debates para que sea el público el que analice, se informe y, libremente, ejerza su voto sin ningún tipo de inducción.

“Seguiremos en esta actitud profesional que esperamos no afecte, porque nuestra tarea es con los oyentes, que necesitan tener la más amplia y variada información para hacer un juicio de valor a cabalidad para pronunciarse libremente en las urnas”, apuntó el periodista, para quien resultaría inadmisible e inconstitucional recibir una sanción por tratar de llevar información útil a los radioescuchas.

Este criterio coincide con el de Carlos Rojas, editor de política de diario El Comercio, quien considera que “hacer un buen periodismo es la receta para evitar cualquier tipo de menoscabo. Si el menoscabo sigue, la sociedad civil y nuestros lectores se darán cuenta de cómo nos afectan en nuestro derecho de informar”.

Para Rojas, El Comercio tiene una tradición de pluralismo en épocas electorales y este nuevo período no va a ser la excepción, pues tienen claro que tratarán de ser lo más equilibrados y equitativos posible. “Ni se ha jugado por un determinado candidato, ni se le ha dado más importancia a uno que al otro (…) Deberíamos rescatar lo que siempre hemos hecho, ser objetivos”, dice.

“El Gobierno tratará de arrinconar a la prensa privada de alguna forma. Lo que pasó con las sanciones que se quisieron imponer a la revista Vistazo y a diario Hoy en la campaña de mayo 2011 demostró que hay la posibilidad de que existan recursos legales para complicar a la prensa privada y -desde ese punto de vista- vamos a tener que trabajar con mucho profesionalismo”, apunta el editor.

Jorge Iván Melo, director regional de noticias en Teleamazonas, comenta sentirse preocupado con las posibles restricciones que tendrán los medios en la cobertura electoral y, sobretodo, el cómo se determinarán y regularán las posibles sanciones. No obstante, afirma que su estrategia será seguir entrevistando a los candidatos con la mayor pluralidad posible. “No nos alineamos a ningún candidato, hay que ser cuidadosos y equitativos en el tiempo en que se da a cada aspirante”.

En este sentido, Luis Vivanco, jefe de información de diario La Hora, confiesa que aún están estudiando qué posición tomar en la línea informativa ante este “nuevo cerco a la libertad de prensa”. “Es un asunto que habrá que manejar con cuidado y que, seguro, no aplicará para medios de gobierno. Tendremos que tomar una decisión cuando la Corte Constitucional ya bendiga el veto presidencial. Será difícil, porque es difícil ejercer libre información cuando te arman una jaula legal”, comenta Vivanco.

Pese a los cuestionamientos recibidos al veto presidencial, por restringir la libertad de expresión, el presidente Rafael Correa ha insistido en que el llamado Código de la Democracia no prohíbe a los medios de comunicación hacer entrevistas o reportajes a determinados candidatos en la próxima campaña electoral.

En una reciente entrevista ofrecida en el set de Canal 6, en Babahoyo, aseguró que “quienes andan diciendo que están prohibidas las entrevistas les están mintiendo (…) Lo que no pueden hacer es campaña a favor de un determinado candidato, porque eso no es democrático”, insistió el Jefe de Estado.

Dudas por la aplicación de la norma tras levantamiento de medidas

El 7 de febrero de 2012, Fundamedios, AEDEP, las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco y los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley

Orgánica Electoral, cuya aplicación se mantuvo suspendida durante casi cuatro meses, gracias a las medidas cautelares que fueron otorgadas el pasado 6 de marzo. Sin embargo, surgen cuestionamientos y dudas tras la revocatoria de las mismas.

Para Medardo Oleas, exvicepresidente del ahora extinto Tribunal Supremo Electoral, “lo que hizo la Corte Constitucional al revocar las medidas cautelares es una abierta violación a las normas que rigen la tramitación de las demandas de inconstitucionalidad y, al haber tomado esa resolución inconsulta, están anticipando criterios”.

El 4 de enero de 2012, el Presidente de la República envío a la Asamblea Nacional su objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, estableciendo restricciones al trabajo periodístico de cara a la campaña para las elecciones de 2013.

Entre las reformas que introdujo el Mandatario está la prohibición a los medios de comunicación para hacer «promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política», así como la prohibición a los medios de difundir «cualquier tipo de información dispuesta por instituciones públicas y la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes…» durante la veda electoral, es decir 48 horas antes del día del plebiscito hasta las 17:00 del día de los comicios.

El incumplimiento de estas normas constituirá una infracción electoral sancionada con multa de cincuenta a cien mil dólares, según establece el artículo 277 de dicho Código.

Magistrado que conoció la causa pidió que se declaren inconstitucionales las reformas electorales

El martes 17 de julio, el magistrado Luis Yúnez, encargado de tramitar las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas a los artículos 203 y 207 del Código de la Democracia -que establecen la censura previa al trabajo de periodistas y comunicadores durante procesos electorales- presentó su ponencia en la cual concluye que debe declarase la inconstitucionalidad de todas las reformas introducidas por el Presidente de la República a dicho código.

Para el magistrado, las reformas introducidas por el Ejecutivo vulneran el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo y despojan a la ciudadanía de su derecho a recibir información que le ayude a formarse una idea completa sobre quienes aspiran a llegar al Gobierno. Afirma que sostener que los medios de comunicación pueden promover determinada preferencia electoral, como indica el Ejecutivo, contradice lo expresado en la audiencia pública por el propio abogado de la Presidencia de la República, quien señaló “que los medios de comunicación tradicionales no hacen la opinión pública”, puesto que han sido desplazados por los medios virtuales.

Yúnez aclara que la hipótesis de considerar que una entrevista o reportaje induce a los ciudadanos a votar por el “candidato de los medios” -a los que sin la más remota prueba se los acusa semanalmente de “corruptos”- implica despreciar la inteligencia de los ecuatorianos.

El juez coincide con el Primer Mandatario cuando expresa que hay periodistas de medios independientes que invitan a un determinado actor político para entrevistarlo y luego permiten un monólogo de parte del entrevistado; cree que si bien es un acto que se debe rechazar, lo mismo ocurre con los periodistas que laboran en medios incautados y en canales estatales: de ninguna manera deben estar al servicio de algún partido político. No obstante, esto forma parte de la ética profesional y no por ello se justifica la intromisión directa del Estado en la comunicación social.

Dentro de las limitaciones constitucionales a la facultad de colegislador del Presidente de la Republica está la prohibición expresa de incluir materia no contemplada en el proyecto; en este caso, la reforma al Código de la Democracia no hace referencia a los medios de comunicación, por lo tanto, el Presidente no podía plantear ni redactar reforma alguna, pues en procedimiento legislativo solamente se reforma lo que previamente se propone.

En este sentido, el magistrado aclara que la propia Asamblea reconoció la violación del Art. 138 de la Constitución, alegando que el Ejecutivo abandona el ámbito de la regulación del artículo, ya que no se refiere a entidades públicas sino a medios de comunicación.

Para Luis Yúnez, la reforma planteada viola los principios básicos para la existencia de una sociedad democrática: la libertad de expresión y la garantía de los ciudadanos de no ser impedidos de acceder al libre flujo de la comunicación. Mientras los medios de comunicación independientes estarán obligados a callar en la etapa crucial de las elecciones, el partido que maneja el Estado sí podrá hacer propaganda, alegando que se trata de informes al país de las obras en beneficio de los pobres. “No solo se anticipa el ganador sino que de la manera en que lo hace es inconstitucional, vergonzoso y sin validez jurídica alguna”.

La reforma planteada viola tratados internacionales de derechos humanos como el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras” y el Art. 13, numeral 3 del Pacto de San José: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

En este sentido, Yúnez estima que es “una clara interferencia del Ejecutivo”, carente de justificativos constitucionales y legales en derechos humanos garantizados no solo para los comunicadores sociales y los medios a los que pertenecen.

Haciendo referencia al caso El Universo, aclara que las expresiones de un periodista, aunque disgusten a un gobernante, pueden ser merecedoras de la desaprobación social pero no de caer en sentencias vergonzosas que además condenan al medio de comunicación por un artículo de opinión. Un presidente, funcionario de altísima investidura, “debe aprender a ser tolerante con las alabanzas que le rinden sus simpatizantes, pero debe saber digerir incluso la crítica de otro sector que disiente”.

El magistrado argumentó su posición, citando al jurista italiano Ferrajoli, quien señaló que “nunca como hoy el ser humano se encuentra más despojado de su dignidad por gobiernos que confunden vigencia con validez constitucional y que se sienten justificados de hacer lo que les parece porque tienen un temporal respaldo de las masas”.

Explica que el temor de diversos sectores, que por el simple hecho de no coincidir con el Presidente pueden ser despojados de sus derechos, es que se intentaría en la práctica “impedir que otro aspirante a Carondelet pueda dar a conocer libremente su proyecto presidencial a través de los medios de comunicación independientes”, puesto que consideran que no tendrán cabida en “los numerosos medios de comunicación incautados y que lejos de ser medios públicos son parlantes y militantes gobiernistas”.

Según Yúnez, para el Ejecutivo la libertad de expresión pertenece a los ciudadanos y no a los medios, pero se pregunta por medio de quién fluyen las noticias de interés general y finaliza sus cuestionamientos anotando que la Corte Interamericana ha enfatizado que la libre expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad civilizada que se inclina reverente ante la democracia. Es indispensable para la formación de la opinión pública, por consiguiente, una sociedad que esté bien informada, de lo contrario no es plenamente libre.

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Dentro de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, el artículo que centra la preocupación de los periodistas es aquel que señala que «los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”.

El martes 5 y el miércoles 6 de junio, Alfonso Luz Yúnez, juez sustanciador de las demandas de inconstitucionalidad contra las reformas al Código de la Democracia, escuchó en audiencia pública a los representantes de organizaciones periodísticas, periodistas de medios privados y públicos, así como a delegados del gobierno, quienes expresaron posiciones en contra y a favor de las reformas al mencionado código.

Durante el primer día de audiencia, Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República defendió la reforma electoral con el argumento de que ella evita el abuso de los medios de comunicación que han tomado partido a favor de uno u otro candidato.

En contrapartida, Gustavo Medina, ex procurador General del Estado, cuestionó las restricciones que se le quiere imponer a la prensa y añadió que el texto legal en discusión se trata de un tema que no fue contemplado en el debate de la Asamblea Nacional y que luego fue introducido por el Ejecutivo.

Al día siguiente, seis periodistas intervinieron ante el juez Yúnez. Alfonso Espinoza de los Monteros, vicepresidente de noticias de Ecuavisa, se sumó a las demandas de inconstitucionalidad planteadas por Fundamedios, Unión Nacional de Periodistas (UNP) y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP). Según el periodista, la normativa impugnada promueve la autocensura y la censura previa, perjudicando a las audiencias y a su derecho de informarse.

Una posición distinta fue expresada por Orlando Pérez, director del diario estatal El Telégrafo, quien cuestionó a medios privados por reprimir, excluir, discriminar a las diversidades y pluralidades, y condenarlas a recibir un solo sentido de la realidad. Según Pérez, con o sin esta reforma todos van a hacer un mejor periodismo y la única condición es y será no mentir.

Legislación discrecional
De su parte, Miguel Ribadeneira, director de Radio Quito, cuestiona el artículo 203 del Código de la Democracia porque permite que el CNE ordene a un medio la suspensión de la publicidad o propaganda. Según Ribadeneira, la legislación es discrecional y deja abierta la posibilidad a que cualquier tipo de mensaje sea juzgado por los jueces electorales. Recordó que la Constitución y los tratados de Derechos Humanos deben prevalecer sobre cualquier otra norma jurídica.

Asimismo, Xavier Reyes, miembro del Foro de Periodistas de Ecuador (FOPE), señaló que si bien los medios de comunicación no deben parcializarse a favor de ningún candidato, tal como está redactada la reforma electoral, dicha norma podría producir en el país una prensa silenciada durante la campaña y de esta forma afectar seriamente el derecho de los ciudadanos a tener los elementos informativos necesarios que le permitan tomar decisiones en democracia.

A decir del FOPE, la reforma electoral sobre la que la Corte Constitucional debe pronunciarse claramente atenta contra derechos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales como los de libertad de expresión, libertad de opinión y la prohibición de toda forma de censura previa.

Otro de los periodistas que intervinieron ante el juez Yúnez fue Rafael Cuesta Caputti, director de noticias del Canal Uno, quien no está de acuerdo con que se apruebe una ley que vulnera un derecho humano y una garantía constitucional como es la libertad de expresión. Para Cuesta ninguna ley va a callar a quienes ejercen el periodismo.

En el mismo sentido, Jeanette Hinostroza, directora del Programa 30 Plus y entrevistadora de Teleamazonas, expresó que la reforma al Código de la Democracia afectará la cobertura periodística ya que provoca autocensura. “Muchos periodistas preferirán no informar por temor a ser juzgados”, dijo la periodista.

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Los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, César Ricaurte, Director Ejecutivo de Fundamedios, Diego Cornejo Menacho, Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP); DanielaSalazar, Juan Pablo Albán y Farith Simon, profesores de la Universidad San Francisco de Quito y los estudiantes de derecho de la USFQ; Emilia Carrasco, Nicolás Lasso y María Nazaret Ramos, solicitaron, hoy, ante el pleno de la Corte Constitucional, que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 203, numerales 1 y 4, y 207 numeral primero de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia).

Con ello se ratificaron en los argumentos presentados en la demanda de inconstitucionalidad, respecto a los artículos mencionados que establecen la censura previa al trabajo de periodistas y comunicadores durante períodos electorales y que son contrarios a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que Ecuador es signatario.

Uno de ellos es el artículo 203, numeral 1 del Código de la Democracia, que establece excepciones a la prohibición de publicidad o propaganda de las instituciones del Estado en todos los niveles de gobierno durante la campaña electoral.

De acuerdo con el alegato presentado, “al permitir que las instituciones del Estado difundan información sobre programas o proyectos que estén ejecutándose durante la campaña electoral, se está permitiendo publicidad gubernamental, lo cual es expresamente contrario a la Constitución”.

Respecto a la incostitucionalidad del numeral 4 del artículo 203 del Código de la Democracia que establece que “los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta (…) que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato”, el alegato menciona que “esta norma constituye una forma de censura previa, y por tanto una clara vulneración al derecho de libertad de expresión” ya que, no solo exige a los medios de comunicación abstenerse de transmitir información que se relacione con el proceso electoral, sino que al mismo tiempo restringen la posibilidad de que la ciudadanía acceda o reciba información relevante en un proceso electoral.

Dentro de este numeral, también se establece la prohibición, durante campaña electoral, de la contratación y difusión de propaganda por parte de sujetos de derecho privado, en medios de comunicación. Sobre ello, se cuestiona que al extender el alcance de la norma para incluir a los sujetos de derecho privado en una prohibición destinada a los sujetos políticos, la norma mencionada “se burla completamente de la norma constitucional y establece una restricción ilegítima a la libertad de expresión”.

Esta demanda de incostitucionalidad es una de las cinco demandas que la Corte Constitucional deberá resolver en contra de las reformas al Código de la Democracia, que fueron observadas por el presidente Rafael Correa.

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La Unión Nacional de Periodistas (UNP), la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios),  la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), junto a profesores y estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, pidieron este martes 24 de abril al juez Alfonso Luz Yúnez, magistrado de la Corte Constitucional (CC), que declare la inconstitucionalidad de las reformas electorales que limitan el trabajo de los periodistas en elecciones.

Los representantes de estas organizaciones estuvieron en la sala de audiencias de la Corte Constitucional, donde  también se dieron cita representantes de la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional y de la Procuraduría General del Estado. Asimismo participaron asambleístas de diversos sectores políticos que impugnaron la forma de repartición de escaños determinada en la reforma electoral.

El magistrado  Yúnez, quien escuchó todos los alegatos, será el encargado de emitir un informe sobre el caso que pasará al pleno del organismo de control para su resolución.

De su parte, a través de un boletín de prensa, el Foro de Periodistas del Ecuador (FOPE) reiteró su pedido a la CC de declarar la inconstitucionalidad de la reforma electoral que restringe el trabajo de los periodistas en elecciones. Con las firmas de 224 periodistas, el FOPE expuso en enero pasado la preocupación de que la reforma electoral produzca una prensa silenciada durante la campaña y afecte seriamente el derecho de los ciudadanos a tener los elementos informativos necesarios que le permitan tomar decisiones en democracia.

Las organizaciones periodísticas impugnan especialmente el artículo 203 del Código de la Democracia, numeral 4, que establece que «los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta , ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje , que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”.

Durante su intervención Vicente Ordóñez, presidente de la UNP, recalcó que la reforma electoral promueven la censura previa, lo que atenta contra la Constitución Política. “Esta reforma no afecta a los medios de comunicación social ni a los propietarios, sino a los ciudadanos”, cuestionó.

De inmediato tomó la palabra Santiago Guarderas, abogado de la UNP, quien tras un análisis legal de las normas impugnadas, reiteró  que éstas impiden que los medios de comunicación puedan informar sobre cualquier candidato de forma libre y responsable.  “Una sociedad mal informada no es plenamente libre”, sostuvo.

De su parte, la abogada de la Universidad San Francisco de Quito, Daniela Salazar, a nombre de César Ricaurte de Fundamedios, Diego Cornejo de la AEDEP, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita,  explicó que  las normas impugnadas establecen la censura previa al trabajo de los periodistas y comunicadores durante períodos electorales y que son contrarios a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que el país es signatario.

“En una democracia es indispensable que los ciudadanos puedan opinar, debatir y ser informados con la mayor libertad de todos los aspectos relacionados con el proceso electoral sin temor a ser sancionados por ello”, explicó Salazar, quien pidió a los magistrados hacer prevalecer a la libertad de expresión como derecho humano fundamental.

En una breve intervención César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, destacó el rol que tiene el periodismo en una democracia y dijo que para ejercer su papel el periodismo no puede ser controlado por el gobierno. “Solo una prensa libre puede contribuir a una libertad individual en una sociedad”, señaló.

Finalmente intervinieron Pablo Vásquez, a nombre de la Asamblea; Vicente Terán, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República; y Andrés Castillo, de la Procuraduría del Estado. Vicente Terán explicó que lo único que pretende el veto presidencial es que todos los ecuatorianos tengan derecho a acceder a una información, veraz, completa y oportuna también fundamentos para la democracia. Sostuvo que se quiere poner fin a las “infidencias perniciosas” de medios de comunicación convertidos en actores políticos.

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La Corte Constitucional (CC) dispuso hoy, mediante medidas cautelares, la suspensión de las reformas a los artículos 203 y 207 del denominado Código de la Democracia que establecían la censura previa al trabajo de periodistas y comunicadores durante períodos electorales, tras la acción de inconstitucionalidad presentada por Fundamedios, AEDEP, las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco y los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita el pasado 7 de febrero.

La sala de admisión conformada por los doctores Alfonso Luz Yunes, Fabián Sancho Lobato y Patricio Herrera Betancourt decidió por mayoría, tras haber analizado la acción y constatado que “está debidamente sustentada” admitirla a trámite. Dispuso además como medida cautelar “la suspensión de las normas impugnadas ya que al estar vigentes se está atentando constantemente con lo previsto en la Constitución de la República.”
Las reformas a los artículos 203 y 207 inciso quinto de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, entraron en vigencia tras la publicación del Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 634 el pasado 6 de febrero del 2012.En la providencia se dispone además comunicar de la resolución al Presidente del Consejo Nacional Electoral, para que dicho organismo “se abstenga de aplicar las normas sobre las que se ha dispuesto su suspensión como medida cautelar”, así como notificar lo resuelto a los señores “Presidente de la Asamblea Nacional, Presidente Constitucional de la República y Procurador General del Estado a fin de que intervengan, defendiendo o impugnando la constitucionalidad de las normas demandadas, en el término de quince días”.

De igual manera se solicita el Secretario de la Asamblea Nacional remita “el expediente con los informes, las actas de sesiones, el veto parcial y demás documentos que dieron origen a la norma” así como que se ponga en conocimiento del público “la existencia del proceso a través de la publicación de un resumen completo y fidedigno de la demanda en el Registro Oficial y el portal electrónico de la Corte Constitucional”.

En la acción de inconstitucionalidad se argumenta que los reformados artículos 203 y 207 del Código de la Democracia contrarían la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Ecuador.

Los accionantes consideran que la reforma atenta contra el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la comunicación e información, y el principio de igualdad.

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BOLETÍN DE PRENSA

FUNDAMEDIOS AEDEP Y LA CLÍNICA JURÍDICA DE LA USFQ PRESENTAN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA REFORMAS AL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA


Martes, 07 de febrero de 2012

César Ricaurte Pérez, Director Ejecutivo de Fundamedios, Diego Cornejo Menacho, Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP); Daniela Salazar, Juan Pablo Albán, Farith Simon, profesores de la Unversidad San Francisco de Quito y los estudiantes de derecho de la USFQ; Emilia Carrasco, Nicolás Lasso y Ma Nazaret Ramos, junto a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita presentaron, hoy, ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra los artículos reformatorios al denominado Código de la Democracia que establecen la censura previa al trabajo de periodistas y comunicadores durante períodos electorales.

Se solicitó a la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 203 y 207 inciso quinto de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, publicada en el suplemento del Registro Oficial, el 6 de febrero del 2012. Se pidió además la suspensión provisional de las normas impugnadas, ya que al estar vigentes se esta atentando constantemente con lo previsto en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Ecuador.

En la acción de inconstitucionalidad se argumenta que los reformados artículos 203 y 207 del Código de la Democracia, que entraron en vigencia el día de ayer, tras su publicación en el Registro Oficial, son contrarios a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que Ecuador es signatario. Consideran que la reforma atenta contra el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la comunicación y a la información, y viola el principio de igualdad.

El escrito presentado señala que las normas violan el artículo 66 numeral 6 de la Constitución, que reconoce y garantiza el «derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones».

Este derecho se encuentra además consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que además señala que «No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.»

Cabe señalar además que sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-5/85 relaciona directamente a la democracia con la libertad de expresión, señalando que esta es «un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia en una sociedad democrática. […] es también conditio sine quanom para que los partidos políticos, […] y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.»

Así también señalan que las normas en vigencia violan el derecho a la comunicación consagrado en el numeral 1 del artículo 16 de la Constitución que reconoce el derecho de las persona a «una comunicación libre, […] incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma […]».

La Corte Interamericana, en el Caso Ricardo Canese contra Paraguay, ha sostenido que, el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación, requiere de una dimensión social adecuada, es decir, «un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; [lo cual] comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros.»

Los artículos 203 y 207 establecen prohibiciones que atentan contra el derecho a la información, al obligar a los medios de comunicación social a inhibirse de transmitir directa o indirectamente cualquier asunto relacionado al proceso electoral.

El numeral 1 del artículo 18 de la Constitución consagra que las personas tienen derecho a «buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa.»

Es claro que las normas impugnadas al impedir que se difunda información acerca de «determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política», estarían promoviendo la desinformación de la ciudadanía respecto a opciones electorales.

El artículo 13 de la Convención Americana reconoce «el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por cualquier medio», lo cual significa que no se podría limitar al ciudadano a recibir sólo la información que el Estado establezca en una norma.

Cabe destacar que el derecho a la información comprende la libertad de poder generar y recibir información, lo cual garantiza a los ciudadanos la manifestación de sus ideas y el conocimiento que otros puedan tener sobre estas.

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Viernes, 20 de enero de 2012   

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, presentó ante el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha un escrito en apoyo al pedido de medidas cautelares presentado, previamente, por la Unión Nacional de Periodistas contra el veto del Ejecutivo a las reformas electorales.

Para Fundamedios este pedido tiene como objetivo impedir la inminente violación de derechos, que se produciría  si entrara en vigencia el veto presidencial a las reformas al Código de la Democracia.

En el escrito se explica que las reformas contenidas en el texto amenazan, de modo inminente y grave, con violar los derechos, garantías y libertades constitucionales de igualdad ante la ley, de no discriminación, de opinión, de expresión, de comunicación, de información, de seguridad jurídica, de promoción electoral, de los derechos políticos y pureza del sufragio.

Así como contraviene las prohibiciones constitucionales de publicidad estatal y uso de recursos e infraestructura del Estado.

El escrito señala, además, que el veto  introduce severas limitaciones al derecho de los ecuatorianos a informar y ser informados sin censura previa, tal como nos garantiza la Constitución, en su artículo 18.

De darse las medidas cautelares, se pide que el Presidente de la República retire la objeción parcial y se abstenga de continuar con el proceso de aprobación de la reforma en materia electoral hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya oficializado el cambio de fecha de las elecciones generales de 2013, así como deberá abstenerse de enviar al Registro Oficial para publicación el texto de reformas que incluyan sus sugerencias actuales de textos alternativos.

Así como que el  Presidente de la Asamblea Nacional, en caso de que el Presidente de la República no retire su objeción parcial, proceda a incluir el tratamiento de dicha objeción en el orden del día de alguna las sesiones de la Asamblea para que sus miembros procedan a votar y adopten una decisión ANTES del 4 de febrero de 2012, fecha en que vence el plazo para el pronunciamiento del legislativo.

La Fundación para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS, tiene como mandato promover y proteger el respeto de los derechos y libertades de expresión, prensa, acceso a la información y asociación, así como el periodismo independiente y de calidad. Descargue Aquí