Tags Posts tagged with "Colombia"

Colombia

201

La Procuraduría General de Colombia a través del Boletín 603 censuró que por causa de la congestión que registra el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, Nariño, en los últimos cuatro meses más de un centenar de personas privadas de la libertad quedó libre por vencimiento de términos. Dentro de ese grupo se encuentran los procesados por el secuestro y homicidio de los periodistas de diario El Comercio: Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

El 4 de agosto de 2020 el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. El sujeto se encontraba con medida de aseguramiento por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir.

Previamente, el 17 de junio, el mismo Juzgado concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para aplicar la Ley 1809, según la cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Óliver Sinisterra (FOS) como un grupo armado organizado.

Para la Procuraduría, las libertades otorgadas por vencimiento de términos lesionan indiscutiblemente los derechos de las víctimas, quienes reclaman una justicia pronta y oportuna.

El 12 de agosto de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares en el caso del secuestro y posterior asesinato de los miembros del equipo periodístico. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

199

Ecuador, 12 de agosto de 2020.- Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares 45/2020, en el caso del secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen. 

Resolución CIDH

El 12 de abril de 2018 la CIDH otorgó las medidas cautelares en respuesta al pedido realizado por Fundamedios, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) y los familiares de las víctimas. Entonces se consideró que la situación cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, necesarios para otorgar dichas resoluciones. 

Parte de las acciones de la Comisión incluyó la conformación de un equipo de seguimiento especial (ESE) para acompañar la investigación de los asesinatos. A través de esta instancia, en diciembre de 2019, se presentó un informe que conmina a Ecuador y Colombia a una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico. Esto no ha ocurrido.

En el comunicado de este 12 de agosto, la Comisión explica que las medidas cautelares fueron otorgadas con miras a que se “adopten las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra” y “las medidas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”. Tras conocerse del asesinato, la CIDH recuerda que el ESE se implementó “en el entendido de que la obligación de investigar y determinar las responsabilidades que dieran lugar a los hechos recae sobre el Estado”.

En ese contexto, dos años y cuatro meses después, al no existir los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, el organismo estima que corresponde levantar las medidas cautelares.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

102

El 18 de junio de 2020 se cumplieron dos años de la etapa de indagación previa que inició la Fiscalía General (FGE) en el caso del secuestro y asesinato del equipo de El Comercio en 2018, en Mataje (Esmeraldas). Hasta la fecha, no se han formulado cargos en contra de ningún individuo. Además, el pasado 30 de junio, se notificó que Nelson Guano será el nuevo fiscal a cargo en reemplazo de Belén Corredores, quien dirigió la investigación desde 2019.

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la etapa de indagación previa la Fiscalía debería construir una teoría del caso, reunir los elementos necesarios y decidir si formula cargos contra los procesados (en el caso de existir). Sin embargo, la institución solicitó a un juez la extensión del plazo de investigación y se concedió. Así lo confirmó a Fundamedios, Javier Andrade, docente y jurista de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), que forma parte de la defensa de la familia de las víctimas. 

Sobre el cambio de fiscal, Andrade cuestiona la medida que causaría tres efectos directos. El primero es un retraso en la investigación, pues se deberá revisar los avances compilados en 60 cuerpos procesales para conocer el manejo de su antecesor y la línea que llevó. 

Como segundo punto está la falta de experiencia de Guano, pues al ser un fiscal de soluciones rápidas, que regularmente atiende otro tipo de investigaciones que no involucran la responsabilidad del Estado. 

Finalmente, a Andrade le preocupa la continuidad de las diligencias pendientes solicitadas a Belén Corredores. “Todo esto retrasa más nuestra investigación y angustia a las familias de las víctimas”, indica. 

Yadira Aguagallo, vocera del colectivo Nos Faltan 3, concordó con Andrade y añadió que es una puerta a la impunidad.“Me parece contradictorio ampliar el plazo para la investigación, pero sacarle el caso en manos de la fiscal Corredores donde de algún modo estaba teniendo avances”, señaló. 

En diciembre de 2019, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su informe al Estado ecuatoriano y concluyó que hubo descoordinación de las autoridades entre Ecuador y Colombia para garantizar la protección y el rescate de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 

Además, advirtió recomendó a ambos Estados una “desclasificación real” de la información y la creación de una Comisión Especial independiente que garantice una investigación sostenida. 

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. 

 

305

Dos años han pasado: y no hay respuestas. Un día como hoy, el 26 de marzo de 2018, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, de Diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje (norte de Esmeraldas) y trasladados a territorio colombiano por el Frente Óliver Sinisterra (FOS). El grupo narcoguerrillero, a cargo de Walter Patricio Arizala Vernaza, Guacho, los captó en medio de una escalada de violencia y días después los tres se convirtieron en víctimas de un crimen que tras 24 meses no tiene responsables. 

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Un documento de 104 páginas que indica que ese podría ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de las familias Ortega, Rivas y Segarra, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Para Fundamedios, se trata de un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra el periodismo es multidimensional. Además, es preciso garantizar su protección para que sea posible informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos ejerzan su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho.

Dos años después, la organización insiste en que el trabajo del ESE es inicial y deben crearse mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones. Instamos a la CIDH a que en el marco de las medidas cautelares aún en vigencia se haga un monitoreo exhaustivo a sus sugerencias, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse instrumentos regionales de seguridad. Pero también, una vez más, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Fundamedios exige que exista una desclasificación real de la información sobre los operativos en la zona de frontera y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias: solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

La coyuntura demuestra que, a pesar de este precedente, Ecuador todavía no ofrece las garantías necesarias a los trabajadores de la prensa para cumplir su rol. A pesar de que existen esfuerzos para que opere un Comité para la Seguridad de Periodistas, las condiciones de inseguridad afectan severamente el ejercicio periodístico. 

Se lo pido comprobar dramáticamente durante las protestas de octubre, con más de 200 reporteros agredidos. Y ahora se lo vuelve a percibir durante la crisis provocada por el COVID19

Los periodistas ecuatorianos enfrentan muchos retos al cubrir la pandemia en medio de la incertidumbre y sin que las autoridades adopten políticas de seguridad  y los medios de comunicación establezcan protocolos y medidas de prevención a quienes están altamente expuestos por su trabajo. En esas condiciones, la autoprotección es la única defensa de quienes informan desde las calles. 

A dos años del traumático secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín, la protección a los periodistas en el Ecuador es un pendiente que debe apelar a las conciencias de todos los actores.

85

La Armada Colombiana informó, a través de su cuenta de Twitter, la detención de Yeison Cortes, alias «Chuky», guerrillero disidente de las FARC, quien habría participado en el asesinato del equipo periodístico de El Comercio y el homicidio de una pareja de comerciantes ecuatorianos, en 2018.

Según el comunicado de la institución colombiana, a Cortes se le habría encargado recibir a Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega del rotativo capitalino, quienes, posteriormente, fueron secuestrados y asesinados en zona de fronteriza con Ecuador.

Las autoridades detuvieron al disidente, quien era cabecilla de la comisión Palo Seco de la estructura Oliver Sinisterra, en la zona de Tumaco, departamento de Nariño.

La Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo la operación Renacer VII donde cayó Cortes, quien era la mano derecha de Walter Patricio Arízala Vernaza, alias ‘Guacho’ en la ejecución de acciones terroristas contra la fuerza pública y la sociedad civil.

La detención de uno de los implicados en este nefasto episodio para la prensa ecuatoriana es un claro avance de las autoridades colombianas. FUNDAMEDIOS hace un llamado a las autoridades competentes a que se establezcan las responsabilidades concretas que debió asumir el Estado ecuatoriano en la negociación para el rescate de los comunicadores.

117

FUNDAMEDIOS expresa su preocupación ante las acciones violentas, intimidatorias o abiertamente represivas de la Policía Nacional durante los tres últimos meses, en respuesta a manifestaciones civiles y casos relacionados con la libre expresión y movilidad. La organización hace un llamado al Ministerio del Interior para que tome acciones que garanticen el derecho de las personas a expresarse y opinar libremente en una sociedad democrática, así como el derecho a la libre asociación, reconocido en el campo civil por el Estado ecuatoriano.

El artículo 2 del Reglamento del Uso Adecuado de la Fuerza indica que “se aplicará para neutralizar, y preferentemente, reducir el nivel de amenaza y resistencia, de uno o más ciudadanas o ciudadanos sujetos del procedimiento policial”. Además, estipula que se usará “en salvaguarda de la seguridad ciudadana, el orden público, la protección del libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas…”.

El pasado 10 de agosto, miembros de la Policía Nacional detuvieron arbitrariamente a tres jóvenes que practicaban skate y filmaban sus destrezas para el portal ‘Tres Sucres’. FUNDAMEDIOS tuvo acceso a un video dónde se observa cómo un policía en moto intenta atropellar a uno de los jóvenes, mientras el resto de uniformados los desalojan con insultos y golpes. Mientras los muchachos intentan defenderse, la Policía los inmoviliza con gas pimienta.

Los jóvenes fueron vejados y maltratados en un centro de retención por más de dos horas hasta que fueron trasladados a la Fiscalía. La autoridad de turno determinó que no se cumplió con el debido proceso y fueron liberados.

Otro incidente ocurrió en la marcha por el Día del Trabajo, del  pasado 1 de mayo; la marcha por la marihuana, realizada en Guayaquil el 4 de mayo, y la protesta pacífica de los estudiantes de Medicina de la UG, del pasado 14 de mayo, no constituyen una amenaza a la ciudadanía. Tampoco lo es el libre tránsito de mujeres transexuales en las calles de Quito. Sin embargo, miembros de la Policía Nacional obviaron el mandato constitucional que los llama a “atender la seguridad ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas” y, en su lugar, optaron por actuar de manera represiva y violenta, poniendo en peligro la seguridad física de los participantes, quienes hacían efectivo su derecho a ser protegidos por las fuerzas del orden.

El uso desmedido de la fuerza y la intimidación policial también constituye una amenaza a la libertad de expresión. En junio y julio, nuestra organización reportó cuatro alertas relacionadas a este tema. El 12 de junio, un comunicador de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), recibió un toletazo en la pierna derecha por un policía mientras realizaba una cobertura en el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura. El 27 de junio, un periodista de El Universo fue retenido por la Policía mientras tomaba fotografías con su celular en medio de un operativo. Fue llevado a una Unidad de Policía Comunitaria escoltado por seis patrullas de uniformados. 

El pasado 29 de junio, un miembro de la Policía Nacional golpeó en la espalda con un tolete al periodista radial Zamny Nájera, mientras intentaba frenar la detención de su hija en la ciudad de Guaranda. Tras el golpe quedó inconsciente y fue llevado a un hospital de la localidad. Según testigos, su hija, de 18 años, fue detenida por alrededor de 40 uniformados, quienes actuaron de forma intimidatoria.  Finalmente, el 3 de julio, la Policía impidió que un artista urbano pinte un mural sobre diversidad sexual. Si bien no hubo agresión física, amenazaron al joven con llevarlo detenido. 

FUNDAMEDIOS insta a que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, garantice los Derechos Humanos de los ecuatorianos. La libertad de asociación y de expresión están amparadas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El artículo 20 dicta que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos elaborada en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo proclama en su artículo 16: “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”.

El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos señala que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

De conformidad con los estándares internacionales, los ecuatorianos tienen derecho a expresarse libremente. FUNDAMEDIOS recalca que los Derechos Humanos son inherentes a toda persona y son reconocidos como universales, inalienables e indivisibles. Es trascendental que, ante lo expuesto, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional revisen e investiguen las acciones de sus uniformados.

 

157

La noche de este 21 de diciembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que Walter Patricio Arízala Vernaza, alias ‘Guacho’, estaba muerto. En Twitter, añadió que fue abatido por los “héroes de Colombia. Le dije al pueblo ecuatoriano que el crimen de los tres periodistas no quedaría en la impunidad”.

El narcoguerrillero era el líder de la disidencia de las FARC, Frente Óliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato, en abril pasado, de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. La Fiscalía de Colombia comunicó que el disidente murió en la vereda Peña Caraño, en Llorente, zona rural de Tumaco, Nariño.

La mañana de este sábado 22 de diciembre, Ricardo Rivas, Yadira Aguagallo, Galo y Andrea Ortega se pronunciaron ante el más reciente acontecimiento. La noche del viernes, autoridades colombianas les comunicaron que Arízala murió. Después de este contacto, la Presidencia del país vecino oficializó el anuncio. Autoridades de los ministerios de Justicia y del Interior de Ecuador también contactaron a las familias.

“Reconocemos el trabajo que ha desarrollado el Gobierno y La Fiscalía de Colombia. Pero bajo ningún concepto es motivo de celebración haber perdido una vida humana. Es fundamental reconocer que con la muerte de Guacho y Pitufín se va mucha información relevante para el esclarecimiento del caso”, dijo Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paúl.

En esa misma línea, Yadira Aguagallo, pareja del fotoreportero, enfatizó en que, tras la muerte del narcoguerrillero, no cabe el cierre de las investigaciones. “No fue solo alias Guacho. Alrededor de la estructura delictiva Óliver Sinisterra existen otros personajes que deben ser capturados hasta desmantelarla”. Los familias de las víctimas coinciden en que hasta que no se desclasifiquen todos los documentos, no se agoten todas las líneas indagación ni se determinen responsables a todos los niveles no es posible dar el caso por cerrado.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, indicó que desde la organización se insistirá en la necesidad de avanzar en las investigaciones a todo nivel. «No queremos que los gobiernos piensen que con este hecho se satisface la necesidad de verdad y justicia”, acotó.»

La realidad de los habitantes de la frontera norte del país es otro asunto pendiente para ambos gobiernos. A ello apuntan las declaraciones de Galo Ortega, padre del periodista Javier, quien conmina a las autoridades a preocuparse de esas personas que, en sus palabras, son víctimas de esas lacras dedicadas al narcotráfico.

218

Las Organizaciones de Libertad de Expresión abajo firmantes expresamos nuestro apoyo al trabajo del Equipo de Seguimiento Especial -ESE- del caso del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y rechazamos las declaraciones de los Estados de Colombia y Ecuador realizadas en el marco del 170 Periodo de Sesiones Públicas de la CIDH.

En sus alegatos los Estados no aportaron avances ni evidencia relevante en las investigaciones y, por el contrario, estuvieron dirigidos a evadir responsabilidades propias y a revictimizar a los familiares de los periodistas Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas.

La falta de voluntad de los dos Estados ha acarreado un serio retroceso y, ocho meses después de los hechos, todavía discuten sobre el lugar donde ocurrió el secuestro. Más allá de las inconsistencias de los alegatos los hechos son claros:

 

  1. La situación de violencia, la operación de grupos armados vinculados a disidencias de las FARC y al crimen organizado en la frontera colombo-ecuatoriano es una consecuencia del postconflicto colombiano, situación que no fue atendida oportunamente por las autoridades.
  2. La afectación de ese postconflicto y de la operación del narcotráfico había penetrado al norte del Ecuador y las autoridades sabían perfectamente de la situación de alto peligro que se vivía en la zona, pero no tomaron acciones para proteger la vida de los civiles y menos aún cumplieron las responsabilidades estatales de protección del ejercicio periodístico.
  3. En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, se vivió una década de persecución sistemática a la prensa concebida y ordenada desde las más altas instancias oficiales, lo cual ubicó a los periodistas en una situación de riesgo permanente y continuo. Esa situación no ha sido afrontada por el gobierno actual y no se han adoptado aún medidas de protección y reparación.
  4. Es ampliamente conocido yestá demostrado que el equipo del diario El Comercio se encontraba en una misión periodística y que fue en estas circunstancias que el Frente Oliver Sinisterra determinó su secuestro. La muerte de los periodistas se produce como consecuencia de esto, más allá del carácter político-extorsivo del secuestro. Eso es un hecho incontestable y denunciamos cualquier intento de relativizar esta condición.
  5. Las Fiscalías de Ecuador y Colombia han actuado de manera desarticulada y sin intención clara de intercambiar información que permita una reconstrucción integral de los hechos, y ampliar sus líneas de investigación para analizar el contexto en el que ocurrió este crimen, lo cual construye un escenario de impunidad.
  6. Los Estados, por su lado, han adoptado durante ocho meses una estrategia de acusaciones mutuas, para evitar así atender el llamado de las víctimas que reclaman justicia y verdad. Desde el 26 de marzo del 2018, día que se confirmó el secuestro de los periodistas, los Estados han despreciado a las víctimas, han obstaculizado el acceso a los hechos y han evadido su responsabilidad por la desprotección de los periodistas.

Es inaceptable el pedido de levantamiento de medidas cautelares y entendemos que es necesario la continuidad del Equipo de Seguimiento Especial -ESE- como un mecanismo que supervise vigile que este crimen no quede en la impunidad.  Por lo tanto expresamos nuestro apoyo al ESE, a la Relatoría de Libertad de Expresión y a la CIDH por su trabajo de acompañamiento técnico de las investigaciones y consideramos que tanto Colombia como Ecuador no han colaborado al nivel exigido para que las investigaciones puedan llegar a conclusiones concretas y a procurar justicia para las víctimas.

Una vez más expresamos nuestro apoyo total a las víctimas y sus familias y nuestra voluntad de acompañarlos en la búsqueda de verdad y justicia.

 

749
Periodistas sin cadenas es el colectivo más joven de los participantes. Somos un grupo de periodistas ecuatorianos que hacemos investigación y que nació a raíz de la muerte de nuestros colegas para seguir su historia

Una investigación periodística revela detalles, negociaciones fallidas, errores de dos Gobiernos y encubrimientos en el secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos.

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana. Ortega, reportero; Rivas, fotógrafo; y Segarra, conductor, trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, habían sido secuestrados el 26 de marzo de 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, una narco disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderada por el excombatiente Walther Patricio Arizala Vernaza, identificado así en Ecuador, y conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez. En ambos países tiene el mismo alias: Guacho.

Durante seis meses, un consorcio binacional de periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Ortega, Rivas y Segarra fueron ejecutados. La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados,  revela, además, detalles que los Gobiernos de Ecuador y Colombia sabían y decidieron no divulgar.

Ortega, Rivas y Segarra realizaban un viaje de reportería en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde a inicios de 2018 el Frente Oliver Sinisterra había volado un cuartel de policía con una bomba, un ataque que el país nunca había padecido en su historia. Días más tarde, un explosivo fue activado al paso de una patrulla militar en el pueblo fronterizo de Mataje y cuatro soldados ecuatorianos murieron.

Patrullaje de militares ecuatorianos ante la petición del primer grupo de periodistas en entrar a Mataje. Foto Edu León/ Periodistas Sin Cadenas

El 25 de marzo, los periodistas de El Comercio llegaron a la ciudad fronteriza de San Lorenzo y se alojaron en un hotel, de donde salieron a las 07:10 del día siguiente. Alrededor de las 09:00 pasaron por el control militar de ingreso a Mataje, en plena zona de frontera. Ahí, dicen las autoridades ecuatorianas, fueron registrados y advertidos del peligro. Llegaron, estacionaron en el sector de Nuevo Mataje y salieron a caminar. La gente del pueblo cuenta que alguien se les acercó, que conversaron y luego siguieron a esta persona. “Ellos le van siguiendo a ese señor”, dijo una fuente bajo pedido de anonimato, “se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión, y cuando llegan allá y los meten más adentro (les dicen): ‘ahora sí, están detenidos’”.

A las 17:00 del 26 de marzo, el mayor de la Policía de Ecuador Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de una persona que se identificó como Guacho. El remitente le escribió “tengo tres personas retenidas, ecuatorianos, dos periodistas de Quito y el chófer” y le exigió una respuesta en 10 minutos, de lo contrario “desaparecerán esos señores”.

Durante el breve chat, Zaldumbide -que llevaba cerca de dos meses comunicándose con los disidentes- saludó al secuestrador con cortesía y familiaridad: “Saludos, Guacho. Buena tarde. ¿Te puedo llamar?”. A lo que este respondió: “Usted sabe, no recibo llamadas” y le lanzó que si no tenía una respuesta “día a día van a tener bajas, como militares y civiles. Ustedes provocaron”. Luego se despidió, con un displicente: “Chaoooo pues”, y le envió por lo menos tres fotografías de los secuestrados. Javier, Paúl y Efraín aparecen con la misma ropa que vestían al salir del hotel.

Esa noche, los familiares de los periodistas fueron contactados, pero solo hasta el otro día se informó oficialmente del secuestro en Ecuador, en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados. Así empezó el secretismo oficial que se mantiene hasta hoy.

***

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas , en una de las manifestaciónes en la calle que pedía verdad y justicia por los tres periodistas secuestrados.

Seis meses después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, los Gobiernos de Ecuador y Colombia no han dado respuestas claras sobre los hechos. Al principio, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que el plagio había ocurrido en Ecuador, y que alias Guacho era de nacionalidad ecuatoriana. Después tuvo que retractarse. Por su parte, el Gobierno de Ecuador no ha divulgado hasta ahora que el 28 de marzo de 2018, cuando circuló el rumor de que los periodistas serían liberados, se preparó en efecto un operativo de rescate. Este es quizá el hallazgo más relevante de Frontera cautiva.

Esa noche, 48 horas después del secuestro, diario El Tiempo de Bogotá reportó la supuesta liberación como un hecho. El medio atribuía su información a altas fuentes militares de “altísima” credibilidad y verificó los datos en terreno; Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, le contó a esta alianza periodística que tuvo conocimiento de que la información vino del entonces ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.

En Ecuador, ese día, un fiscal (cuyo nombre se protege por seguridad) esperó a los secuestrados en la Base Naval de San Lorenzo para acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Esmeraldas, donde tomarían un avión a Quito. En una entrevista que el exministro del Interior, César Navas, dio -ya fuera del cargo- confirmó que se había preparado un avión para trasladarlos. Supuestamente, se le avisó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y la Secretaría de Comunicación estaba organizando una rueda de prensa para anunciar el desenlace. Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron.

Hay también un mensaje de texto que habría sido intercambiado por miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este, al que tuvo acceso este equipo periodístico, se dice que los “tres periodistas retenidos por irregulares (…) estarían siendo liberados a 1K de Mataje y llevados a RTNIM y de ahí Y Mataje – San Lorenzo para disposición final. (…) Mantén linea tengo mi gente adentro. QAP 7/3”.

***

Una de las libretas de apuntes de Javier Ortega.Los habitantes de la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el 5 de octubre del año pasado

Otro hallazgo de esta investigación revela que el Gobierno de Ecuador y la banda de Guacho mantenían una comunicación constante. Aunque este equipo periodístico tuvo acceso a parte de los mensajes intercambiados, el Gobierno de ese país se ha negado a entregar información completa sobre las conversaciones.

Sin embargo, se sabe que la agrupación exigía, desde enero de 2018, la liberación de tres de sus miembros detenidos en Ecuador, y la cancelación de un acuerdo contra el narcotráfico suscrito entre ese país y Colombia. Además, en reiteradas ocasiones, el grupo de Guacho emitió amenazas directas contra civiles, información que nunca fue compartida ni con militares, ni con el Ministerio de Interior, ni con los periodistas enviados a la región.

Durante la larga negociación establecida entre el Gobierno ecuatoriano y los secuestradores, hubo mensajes cruzados y múltiples amenazas vía WhatsApp. Las autoridades de Ecuador recibieron imágenes de los periodistas cautivos, encadenados, y por lo menos un video sigue sin hacerse público.

El 7 de abril, Guacho envió su último mensaje: “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas, y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”. Seis días después, el 13 de abril, el presidente de Ecuador confirmó el asesinato.

***

Testimonio: moradora de Mataje

Al día de hoy, los pueblos fronterizos entre Ecuador y Colombia continúan desvalidos, sitiados por el miedo y bajo una férrea ley de silencio.

El 1 de agosto de 2018, en uno de los tres viajes realizados por el consorcio de periodistas, Mataje parecía un pueblo fantasma: nadie pasaba por allí. Aunque el calor asfixiaba, las puertas y las ventanas de las casas permanecían cerradas. Los periodistas recorrieron el lugar con el resguardo de una caravana militar y 20 soldados.

Desde hace décadas, los alrededores del río del mismo nombre han sido zona de enfrentamientos. A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las FARC: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, así como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas. Todos cruzan entre ambos países con total libertad, se disputan las más de 19 000 hectáreas de coca cultivadas en el área, las rutas al mar para sacar toneladas de cocaína al mes y los contactos con los grandes  carteles mexicanos.

Como en San Lorenzo, del lado colombiano, en el municipio de Tumaco, el miedo es también un estado cotidiano. La mayoría de las personas consultadas por el consorcio de periodistas no permitió que las entrevistas fueran grabadas, ni siquiera en audio, por temor a posibles represalias.

Las poblaciones a ambos lados de la frontera son usadas en la cadena del narcotráfico. En Ecuador, específicamente en Mataje Nuevo, guardan el armamento y el dinero en caletas. Las cocinas para el procesamiento de la hoja de coca se ubicaban en Campanita, a ocho kilómetros de Mataje, río arriba. También hay sicarios que circulan por poblaciones más urbanas como San Lorenzo. Un funcionario judicial, que habló bajo la condición de anonimato, agregó que esta parte de la frontera sirve para el abastecimiento de combustibles y precursores para la fabricación de la cocaína que se exporta desde el lado colombiano. Tumaco es el municipio con los mayores sembradíos de hoja de coca para uso ilícito del mundo.

Novena por la muerte de siete campesinos en Tandil, Nariño, cuando protestaban contra la erradicación forzada del cultivo de la coca.Los habitantes de la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el 5 de octubre del año pasado.Este hecho se considera el inicio del conflicto en la zona.Tandil area in Nariño, Colombia, October 2017. Manu Brabo.

***

El Estado ecuatoriano dice que siempre prefirió una salida negociada, y descartó las operaciones militares para rescatar a Javier, Paúl y Efraín, pero los resultados fallaron. En un momento dado, los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira, frontera natural entre los dos países. Según un testigo de la Fiscalía colombiana, en ese momento Efraín Segarra, el mayor de los tres, entendió que su suerte estaba echada, y preguntó a sus captores si los iban a matar. Alias Perú, un gatillero, le habría contestado:

—Sí, porque el Gobierno ecuatoriano no cumplió con el acuerdo.

Pasarían más de dos meses para que equipos forenses y policías rescataran los cuerpos, el 21 de junio. Cuando los encontraron, Javier, Paúl y Efraín ya no tenían las cadenas que los apresaron durante su cautiverio. Diecisiete tiros las volvieron innecesarias.

El 15 de septiembre, Iván Duque, recién posesionado presidente de Colombia, aseguró que Guacho estaba herido y que había escapado a una operación militar. Dos días después, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el general Alberto Mejía, dijo que no podía “ni confirmar ni negar” la noticia. Yadira Aguagallo, la compañera de Paúl Rivas, mencionó en una entrevista que para las familias es imperativo capturar a Guacho vivo y poder dar un “paso adelante contra la impunidad”. Es decir, conocer la verdad que tres familias y dos países aún esperan.

204

La situación económica y social que atraviesa Venezuela, que derivó en una migración masiva, trasciende en la conversación de Twitter, durante las últimas semanas. El éxodo ha desencadenado reacciones a favor y en contra de los venezolanos y del Gobierno de Nicolás Maduro.

Un especial del Interbarómetro Ecuador sobre esta problemática refleja que el concepto venezolanos (46%) y los Gobiernos de Venezuela y Ecuador -con el 10% y el 40% de la muestra- son los actores principales de la conversación.

Respecto a las temáticas que cobran protagonismo en la red social, destacan las condiciones del éxodo venezolano en países como: Ecuador, Colombia, Perú y Chile. También el respaldo y descrédito hacia los migrantes, generados por la diáspora y las políticas migratorias que discuten las naciones afectadas, con el objetivo de encontrar una solución a la problemática.

Este informe está compuesto por datos recogidos desde el 29 de julio hasta el 24 de agosto de 2018, en tres períodos de análisis.    

El análisis se basa en la extracción de forma aleatoria de una muestra de 1800 tuits y menciones de un total de 125 677, tomados  a través de la herramienta Comuníticas. Estos son capturados en función de que se mencionen determinadas etiquetas específicas.

Es importante destacar que no se trata de un estudio de opinión pública tradicional donde se utiliza el método de encuesta o entrevista controlada, sino que se construye a partir del manejo de grandes volúmenes de datos, que permiten obtener un panorama sobre una situación actual en concreto.

Aquí el informe completo