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Comisión de Derechos Colectivos

Este 18 de diciembre, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Con 107 legisladores presentes, 75 (Alianza PAIS, Creo, Partido Social Cristiano, Suma e independientes) votaron a favor; 25, de Revolución Ciudadana, en contra y siete se abstuvieron.

En total, se derogaron 14 artículos y se reformaron 64, un capítulo y dos secciones transitorias.

Como parte de las modificaciones se eliminaron las normas deontológicas impuestas desde el Estado, así como la figura de linchamiento mediático; también se dio un plazo de 180 días para que la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) desaparezca. Al artículo 42, sobre la exigencia del título para el ejercicio periodístico, se agregó un inciso cuya finalidad es dar protección a los profesionales:  

“Art.42.1 Protección a los trabajadores de Comunicación:
El Estado, los medios de comunicación, protegerán a los trabajadores de comunicación que, por sus actividades profesionales, su vida esté en riesgo, para lo cual el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la información y Comunicación (Cordicom), elaborará y coordinará, con las instituciones respectivas, políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas.

Se entenderá por actividades de riesgo entre otras:
a) Producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes;
b) Contrabando de mercaderías
c) Trata de personas; y
d) Corrupción

El Estado dispondrá los recursos económicos, materiales y humanos para este fin”.

Durante ocho horas de sesión, 32 asambleístas intervinieron y dieron sus observaciones. Minutos antes de la votación final, Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que trabajó las modificaciones, anunció que se incluyó una disposición que permite, por única vez, la renovación automática de frecuencias de radio y televisión en un plazo de 60 días.

En ese contexto, la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso a la medida e intentó presentar un informe de minoría que no fue aprobado por Jorge Corozo. La asambleísta Marcela Holguín expresó su descontento y expuso que “el propósito era mejorar, actualizar y corregir, pero nunca disminuir los derechos ciudadanos o, peor aún, derogar la ley. Es absolutamente inconstitucional, esto es mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas, no se puede derogar. De aprobar, estaríamos dando paso a una ley punitiva que deja en indefensión a los ciudadanos”.

El documento será enviado al Ejecutivo para su revisión y veto, antes de ser publicado en el Registro Oficial.

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El lunes 10 de diciembre, tras una sesión de cuatro horas, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Siete legisladores votaron a favor del proyecto y tres, José Chalá, Carmen García y Marcela Holguín, en contra.

Después de varias sesiones de diálogo, observaciones y votación, el informe propone cambios sobre los códigos y normas deontológicas, el derecho a la réplica, el consejo consultivo y la ratificación de  la obligatoriedad de la profesionalización a los trabajadores de la comunicación, entre otros. Modificaciones hechas a última hora se tomaron en consideración como fue el artículo 79 de la ley para permitir a los medios de comunicación la difusión de publicidad de bebidas de moderación hasta cinco grados del alcohol.

El asambleísta César Carrión propuso una disposición transitoria para que las sanciones pecuniarias aplicadas para la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) sean revisadas. Expresó que la institución debe encargarse de las sanciones en los 180 días que tendrá de plazo para desaparecer, una vez que la reforma sea oficial. Jeannine Cruz, de CREO, expresó que cuando la Supercom deje de funcionar, parte de sus derechos  y obligaciones deberán ir al Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom). “Los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos nacionales o internacionales que le correspondían a la Supercom serán asumidos por el Cordicom de acuerdo a sus atribuciones”, precisó Jorge Corozo, presidente de la Comisión.

Según el Legislativo, el texto del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación contiene 90 artículos y 6 disposiciones transitorias.Este informe será enviado este 13 de diciembre a Elizabeth Cabezas, presidente de la Asamblea, para ponerlo a consideración del pleno.

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Se alista el informe para el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La jornada del 3 de diciembre, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea revisó y votó sobre las observaciones al Proyecto.

Durante la sesión, se dio un relevancia a la modificación del artículo 42, sobre el libre ejercicio de la comunicación, el cual señala que “las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación”. El contenido original se ratificó. De modo que se mantiene el requisito de contar con un título profesional para desempeñar actividades periodísticas.

Aquellos periodistas que no tengan título, a partir del 27 de julio del 2014,  han tenido la posibilidad de hacer la certificación de competencias laborales. 2533 certificados se han emitido hasta la fecha. Esto garantiza la calidad de los contenidos de los medios de comunicación y que los medios cumplan con estos salarios fijados”, explicó la asambleísta Marcela Holguín. La experiodista y militante de la Revolución Ciudadana propuso excluir a los medios comunitarios de esta exigencia; sin embargo, no se aprobó.

Los textos sobre las normas deontológicas que debían observar los medios de comunicación y periodistas para difundir información y opiniones serán eliminados de la ley. Con ello se derogarán los artículos 9 y 10 de la LOC, propuesta planteada por el Ministerio del Interior y la Asambleísta Jeannine Cruz.  La propuesta tuvo la mayoría de votos de parte de los asambleístas.

El artículo 26, de Linchamiento mediático, se derogó definitivamente. El 36, sobre Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, generó debate. Con seis votos a favor, la propuesta de Viviana Bonilla, de modificar el texto del proyecto que dice “Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de hasta 5% de su programación diaria” eliminando la palabra “hasta” y conservando el porcentaje requerido de difusión, se acogió.

Se trataron 119 artículos y disposiciones transitorias, reformatorias y derogatorias. La sesión concluyó con el análisis de la matriz de las observaciones. Hasta el 13 de diciembre, la Comisión legislativa prevé contar con el informe oficial para el segundo debate.

 

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Este 28 de noviembre, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea retomó la discusión en torno al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). La ministra del Interior, María Paula Romo, presentó sus observaciones. La funcionaria expresó que previamente se reunió con el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, y otras instancias para recopilar opiniones diversas.

“La Ley de Comunicación no solo es importante por lo que dice, sino por lo que representa”, dijo. Entre sus observaciones, Romo mencionó la eliminación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom); los mecanismos de sanción, que deben ser trasladados de penales a civiles; la importancia de mantener el 1×1, así como el 5% de contenido intercultural. También hizo un llamado a proteger a los medios comunitarios, resaltando la conquista que representa mantener el 34% del espectro radioeléctrico y la posibilidad de permitir la venta de publicidad para respaldarlos.

La Ministra enfatizó en que las reformas deben aclarar la diferencia entre contenidos. “No se puede tratar a la opinión y a la publicidad de igual manera”, expresó. Habló también sobre el Comité de Seguridad para Periodistas y aclaró que es preciso que quienes ejercen el oficio participen como miembros. “Lo que se busca es garantizar seguridad. Al ser un comité interseccional, busca ser un espacio de diálogo para que la seguridad de periodistas y sus coberturas sean trabajadas por todas estas instancias”.

La sesión terminó con la presentación de Enrique Herrería. El asambleísta se refirió a la importancia de los porcentajes de interculturalidad en medios de comunicación y las leyes para publicidad en el país.

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Este 21 de noviembre, la Comisión de los Derechos Colectivos recibió a Lorena Abad, exreportera de Radio Pública; y Juan Salazar, exalcalde de Riobamba, como parte de la discusión que se desarrolla en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

A través de videoconferencia, Lorena Abad indicó que el pasado 31 de octubre fue despedida de la Radio Pública. La periodista sufre cáncer de tiroides y, según indicó, fue despedida junto a otros 50 otros periodistas. “¿Es posible despedir a un trabajador con enfermedad catastrófica? ¿El sistema legal no nos ampara? Necesitamos una ley para que no vuelva a pasar lo que estoy pasando”, expresó. En ese contexto, la asambleísta Marcela Holguín, de la bancada Revolución Ciudadana hizo una petición especial a que la invitación sea extienda a Martha Moncayo, gerente general de Medios Públicos EP, para que se refiera al tema.

Juan Alberto Salazar, comunicador social y exalcalde de Riobamba, dio a conocer su caso de linchamiento mediático, el que definió como una “conmoción social” durante la presidencia de Rafael Correa. Según el exfuncionario, se difundió la idea de que él, como autoridad, se llevó 13 millones de dólares y debería ir a la cárcel. Salazar pasó 1641 días encarcelado y su caso se presentó ante la Mesa por la verdad y la justicia: perseguidos políticos nunca más. “Es urgente proteger los derechos de los periodistas. Los medios de comunicación públicos se convirtieron en jueces. Comunicación pública con libertad y sin persecuciones. Después de haber conversado con varios periodistas, esto no puede volver a repetirse”, expresó.

La siguiente sesión tendrá lugar el próximo miércoles 28 de noviembre, a  las 11:00.

 

Este 14 de noviembre, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se reunió para retomar la segunda etapa del debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Durante esta jornada se recibieron tres propuestas con observaciones al proyecto.
 
Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), se refirió a los medios de comunicación universitarios y de educación superior y su falta de presencia en la ley. “Es fundamental considerar a las universidades como una herramienta que ayudará a ampliar los objetivos de canales comunitarios que sufren de deficiencia económica y apoyo del Estado”, mencionó.
 
Juan Francisco Pozo, director Ejecutivo del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, expresó que él encuentra una sobrecarga regulatoria para muchos frentes y que se regulan aspectos que no deberían. Por ejemplo, indicó que el artículo 98 de la Ley vigente, que prohíbe la difusión de materiales y publicidad no producida por empresas o personas ecuatorianas, debería eliminarse. Lo mismo con el artículo 55 del Reglamento e incrementar el porcentaje de contenido internacional en el 58. Además, sugirió desarrollar una Ley de Publicidad que beneficie al consumidor y ofrezca garantías. “Creemos que es necesario regular la publicidad, pero enfocándose en derechos del consumidor. Los acuerdos internacionales no están siendo respetados al momento”.
 
Jorge Corozo, presidente de la Comisión, acotó que “en Derechos Colectivos queremos respetar derechos favorables de toda la población. Lo que quisiéramos es construir y buscar alternativas para dejar en claro que estamos construyendo una ley en la que todos están involucrados”.
 
La última propuesta fue presentada por Patricio Morales, del Colectivo Cantón del Sur, quien recomienda ratificar el artículo 103 de la LOC, para garantizar que se mantenga el 1 x1. También sugirió trasladar dicho artículo a la Ley Orgánica de Cultura.

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César Ricaurte (O)

Y hemos llegado al segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero el camino para llegar a buen puerto no es sencillo.

En la primera etapa comparecieron los dos relatores de Libertad de Expresión, Édison Lanza, de la CIDH; y David Kaye, de la ONU. Eso ayudó mucho a centrar la discusión en los estándares internacionales. Hubo cerca de 90 comparecencias más y los medios comunitarios fueron los más activos y los que obtuvieron la mayor cantidad de puntos para su agenda.

Para este segundo debate, se prevé que los correístas y las fuerzas antidemocráticas que desean seguir amordazando a la prensa lancen una ofensiva en todo orden, preparan para eso figuras como los de la “real malicia” para reemplazar el linchamiento mediático. Esto demuestra cómo pervierten los estándares más favorables a la libertad de expresión, para convertirlos en verdaderas mordazas.

Y hay muchas más propuestas soterradas que pueden, por ejemplo, desenterrar a la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) o un organismo similar, a la cual los más optimistas dábamos por muerta y enterrada. Porque probablemente el desafío más importante, el verdadero nudo crítico en la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, es el problema del diseño institucional.

Debemos estar conscientes que gran parte de los problemas que debemos afrontar se debe a que la Ley fue concebida como un Frankstein, bajo una idea bastante estúpida: el Estado como titular del derecho a la libre expresión, en todas sus dimensiones.

El Estado debía estar en todo y controlarlo todo para al final producir un sinsentido que se sostenía por un solo objetivo: el control y disciplina a los medios. El diseño de las instituciones estatales durante el correísmo correspondió a esa lógica corrosiva. La pregunta clave de esta transición del autoritarismo a la democracia es: ¿Es posible transformar esas instituciones para que cumplan un rol en democracia? ¿Cómo?

Pero vamos por pasos y demos un vistazo a los avances del proyecto.

Es posible asegurar que hay avances sustanciales en algunos puntos críticos. Mencionemos dos: el derecho a la rectificación y el papel de la Defensoría del Pueblo. El derecho a la rectificación se sujeta casi estrictamente al artículo 14 de la Convención Americana así:

Art. 14: Derecho de rectificación o respuesta

  1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

Mucho mejor que el texto actual, ambigüo y desproporcionado. Sin embargo, es notorio que este artículo deberá ser reglamentado y, en último término, para su implementación implicará un activo trabajo con editores de medios y con operadores de justicia que deberán ser quienes decidan la aplicación del estándar de la real malicia, por poner un ejemplo.

También se incrementan las acciones afirmativas a favor del sector comunitario: se crea un fondo concursable para su impulso, se van a concesionar directamente frecuencias para las nacionalidades y pueblos indígenas, y se mantiene la reserva del espectro del 34 por ciento. No se avanza, lamentablemente, en poner fin a la innecesaria y antitécnica reserva del 33 por ciento del espectro para el sector público. Como ha dicho el relator Édison Lanza: los medios públicos deben ser pocos, pero de la más alta calidad posible. Esa es la línea en qué se debe trabajar.

Y llegamos a los nudos críticos. El diseño institucional como el principal. Revisemos una vez más lo que heredamos del correísmo: bajo el esquema de control de los medios y de la comunicación como servicio público se crearon dos tipos de instituciones con dos leyes distintas. Con la LOC se debían controlar los contenidos de los medios, para ello se dio paso a la Supercom que, según unos de sus creadores, “era los dientes en la Ley”. Es decir, la encargada de morder o sancionar a medios y periodistas. La segunda era el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) que debía ser el organismo “técnico” que emita los informes para justificar las sanciones y la regulación secundaria que cierre el cerco del control, allí dónde la LOC se había quedado corta.

En la otra mano, bajo la Ley de Telecomunicaciones, donde se creó una Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) bajo control absoluto del Ejecutivo que debía encargarse de controlar todo lo relativo al espectro radioeléctrico, incluyendo frecuencias de radio y TV.

En la intersección de ambas leyes, al Cordicom se le dio el poder de calificar proyectos comunicacionales, es decir de calificar los contenidos de los medios, para otorgarles o no frecuencias.

Insisto, bajo una lógica de control, este diseño es implacable. ¿Pero bajo una concepción democrática y respetuosa de libertades y derechos? Las reformas a la LOC tienen el acierto de neutralizar las mordeduras de la Supercom y ordenar su desaparición bajo la lógica de que ya el Estado no va a controlar contenidos ni va a sancionar por el ejercicio de la libertad de expresión.

Pero ¿qué pasa con el Cordicom y su primo hermano Arcotel? ¿Qué pasa, en definitiva, con la forma de otorgar licencias para concesionar frecuencias de radio y TV?

En primer lugar, el Cordicom no puede desaparecer. Hay un mandato popular como razón de su existencia y digamos que es legítimo que existan organismos reguladores colegiados. ¿Cuáles son los requisitos, los estándares que debe cumplir? No debe ser politizado ni subordinado a los intereses políticos o empresariales y su composición debe tener un alto nivel técnico.

¿El Cordicom cumple los requisitos que salen de las reformas? No y es un no rotundo. El Gobierno mantiene presidencia y voto dirigente. El resto de la composición es más por cuotas de representación, que en realidad son cuotas políticas, que no garantiza ni mucho menos el nivel técnico y la independencia.

Si bien hay avances en la forma de elección de los consejeros, que ya no serían designados a dedo, siguen respondiendo a distintos sectores, sin que eso signifique cuestionar la legitimidad de los mismos.

Arcotel es otro cantar. Está en la Ley de Telecomunicaciones. Pero, el asunto es que en la LOC consta el tema de la asignación de frecuencias y se hace necesario debatir reformas al respecto.

¿Entonces? En este punto es necesario llenarse serenidad y paciencia y probablemente comenzar la discusión de 0. El relator Lanza decía que este es un tema en el que, como país, debemos darnos tiempo y oportunidad de debatir. El diseño institucional es demasiado importante. Quizás se pueda aprobar las reformas a la LOC con una composición transitoria del Cordicom e incluso del Arcotel, para luego dar forma a un nuevo diseño institucional que responda a la lógica de una sociedad que desea construir una democracia plena.

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La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, encargada de tramitar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), analizó las disposiciones generales y transitorias del articulado del proyecto de Ley, en su sesión ordinaria Nro. 181 del 8 de agosto de 2018. Con ello se espera que el texto pase al Primer Debate en el Pleno.

A pesar de que no hay un pronunciamiento oficial respecto al contenido del documento, la asambleísta por CREO, Jeannine Cruz, quien integra la Comisión, adelantó que el articulado respeta a la comunicación como un derecho, y no como un servicio público. También aseguró que se elimina la Superintendencia de Comunicación (Supercom), así como la figura de linchamiento mediático.

La Legisladora de Loja considera positivo que se acoja la propuesta de establecer mecanismos de seguridad para los trabajadores de la comunicación, así como la posibilidad de que los ciudadanos puedan solicitar réplicas y rectificaciones a través de una acción de protección o acudiendo a la Defensoría del Pueblo.

En cuanto al análisis de las Disposiciones Generales, el proyecto establece que, a fin de garantizar la protección efectiva de los derechos del consumidor, los titulares de los derechos de la comunicación -como consumidores y usuarios- podrán ejercer los derechos establecidos en la Ley que regula la participación ciudadana.

También se plantea el cambio de nombre del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) a Consejo de Regulación y Promoción de la Información y Comunicación. La institución será responsable de capacitar a los trabajadores de los medios, entre otros.

En lo referente a las Disposiciones Transitorias, se establece un plazo de 180 días para la eliminación de la Supercom, luego de que se publique la Ley reformada  en el Registro Oficial. Los derechos y obligaciones de la Superintendencia serán asumidas por la Defensoría del Pueblo o el Cordicom, al igual que las partidas presupuestarias, los bienes muebles e inmuebles y los activos y pasivos.

Sobre las sanciones pecuniarias impuestas por la Supercom hasta la fecha de expedición de la LOC, deberán cumplirse de conformidad con la normativa aplicable.

Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza fue recibido la tarde de este 25 de julio de 2018 por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramita las reformas a la Ley de Comunicación.

En su intervención el Relator saludó la iniciativa del gobierno y el legislativo de abrir un proceso para adaptar y adoptar las reformas necesarias para que la legislación esté acorde a las directrices y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, considerando que la actual ley ha sido motivo de preocupación por no estar alineada a estándares internacionales, desde que fue promulgada en 2013.

Al respecto presentó un análisis del proyecto de reformas del ejecutivo y aseguró que si bien el texto presenta algunos avances, hay otros que sugiere ser observados para adecuarse a los estándares antes mencionados.

En ese sentido celebró que el proyecto de ley suprima disposiciones que representan responsabilidades ulteriores que limitan de manera desproporcionada la libertad de prensa como la figura del linchamiento mediático. También aseguró que le parece positivo que se reserve un porcentaje del espectro radioeléctrico para medios comunitarios, más no para medios públicos.

Para comenzar, señaló que la libertad de expresión se ejerce sin censura previa y sin condicionamientos previos de un Estado, por lo que criterios como la obligación de transmitir información veraz, verificada, contextualizada podría ser desproporcionada.

En esa línea, Lanza cree que la imposición de un código deontológico desde el Estado, o establecer criterios mínimos como plantea el actual proyecto de reforma del ejecutivo “podría ser un corsé” para los medios de comunicación. En su lugar, sugiere que se creen otros mecanismos como concejos de prensa, defensores de audiencias y la autorregulación desde cada medio.

En cuanto a la responsabilidad ulterior, el Relator sostuvo que esta debe ser aplicada bajo estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad y que en caso de una eventual vulneración de derechos a terceros, se debe utilizar la vía civil y excluir la vía penal.

El Relator también se refirió a los mecanismos de réplica y rectificación y cuestionó que la actual ley ha dado paso a un abuso de este mecanismo, por lo que sugirió que se revise este aspecto y se adecúe a lo que establece el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual menciona que se debe dar paso a una rectificación cuando se afecte a un tercero por información inexacta o agraviante. “Sino entraríamos en la lógica de que cualquier alusión a alguien podría dar paso a usar espacios e imponer contenidos”

Lanza también observó que el proyecto de Lenín Moreno mantiene las restricciones a la circulación de información, como la que está protegida por cláusula de reserva,  o datos personales, así como en casos judiciales en etapa de investigación. Para el experto, cuando se tratan de temas de interés público no debería existir esta restricción.

Finalmente, el Relator concluyó su intervención con la sugerencia de trabajar en un diseño institucional que permita tener instituciones con absoluta independencia y autonomía del ejecutivo. Al respecto propuso estudiar modelos comparados más apropiados para blindarse de presiones políticas. “El diseño institucional es un tema que no está resuelto, hay que  incorporar una serie de cuestiones (…) es como un rompecabezas que hay que armarlo”, apuntó.

A la sesión Sesión Nro 176 de la Comisión también participó la Asambleísta de la Izquierda democrática, Wilma Andrade, quien propuso su proyecto “Chao Supercom” que, en términos generales, sugiere que en lugar de la Supercom exista un ente administrativo, en la propia Cordicom, que lleve temas administrativos y que establezca sanciones como disculpas públicas, espacios de réplica y, en casos de incumplimiento, sanciones económicas entre el 0.1 al 1% de la facturación del trimestre anterior de los medios, con posibilidad a impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, Julio César Trujillo y el Contralor General encargado, Pablo Celi también fueron invitados a aportar con sus criterios. Sin embargo, no acudieron.

 

Definir el concepto de medios comunitarios, crear una defensoría del público, en lugar de la Supercom y tomar acciones afirmativas en favor de las comunidades y nacionalidades indígenas y afrodescendientes fueron algunas de las coincidencias planteadas por los participantes, durante su comparecencia ante la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramita las propuestas para reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), este 18 de julio de 2018.

Apawki Castro, dirigente comunicacional de la CONAIE, se refirió a la importancia de definir a los medios comunitarios cuya administración, según Castro, debe corresponder a las comunas y manejar una programación pluralista que defienda los derechos humanos y de la naturaleza.

En ese sentido, puntualizó que “si queremos equidad social, se deben priorizar acciones afirmativas” y tomar en consideración a los grupos que históricamente han sido vulnerados. Comentó que el concurso de frecuencias debería continuar y, como  una medida de reparación histórica, que se dé una designación directa de frecuencias para nacionalidades y organizaciones indígenas y afrodescendientes.

El asambleísta de Los Ríos, Werner Yela,del movimiento oficialista defendió la existencia de una Ley de Comunicación y para que se mantengan espacios interculturales. También propuso que se obligue a los municipios a pautar en medios de sus respectivos cantones. Sin embargo, la exposición del legislador se centró en el salario de los periodistas. Dijo que se debe abogar porque en la Ley conste la tabla salarial con la remuneración actual. Hecho que fue aplaudido por la asambleísta de Alianza PAIS Marcela Holguín, quien presidió la sesión de la Comisión.

Por su parte, Jaqueline Gallegos Lara, del colectivo Afrocomunicaciones, se refirió a que se debe tomar en cuenta en la reforma de la LOC que el pueblo afro es merecedor de acciones afirmativas, como el acceso directo a frecuencias. “La comunicación es un derecho y tiene que garantizarse desde el Estado”, apuntó.

La propuesta de Gallegos abarca la difusión de una campaña social en medios públicos y privados contra la discriminación; que los pueblos afrodescendientes sean beneficiarios directos de frecuencias y que se garantice el 34% del espectro radioeléctrico para frecuencias de medios comunitarios, que actualmente no existe.

Gallegos coincidió en la importancia de definir lo que es un medio comunitario para garantizar que las nacionalidades accedan a estos.

Juana Francis Bone, representante del Colectivo Mujeres Asfalto, también se refirió a la necesidad de tomar acciones afirmativas en favor de los pueblos históricamente discriminados. Pero, además, propuso la creación de un Fondo de fomento para propiciar la creación de medios comunitarios nuevos o para reforzar los actuales, tomando como ejemplo el fondo que el Estado actualmente provee para el cine.

También planteó que dicho fondo sea administrado por el Cordicom y que podría financiarse con el 20% del pago que hacen los medios privados por la concesión de frecuencias.

Francis Bone también considera adecuado eliminar la Supercom y crear una defensoría del público, como un espacio desde el público para tramitar los reclamos de los ciudadanos en casos de la emisión de contenidos discriminatorios, entre otros. “Es necesario que un organismo del Estado, con autonomía, garantice que los medios no difundan contenidos discriminatorios”, sostuvo.

Dario Robinzon Rivera, representante de las Juventudes de Esmeraldas, propuso que se mantenga el 34% para medios comunitarios y el 5% de producción intercultural y que exista una instancia administrativa que haga cumplir aquello. Para el joven afrodescendiente es importante que las producciones con contenido intercultural sean hechas por las mismas comunidades involucradas, y no por personas del mundo del marketing, como a su criterio sucede en la actualidad. “Queremos frecuencias donde la gente escuche nuestras voces. Por qué no tener radios comunitarias en las grandes ciudades”, se preguntó Rivera, quien también aboga por el cumplimiento de acciones afirmativas y la creación de un fondo de fomento para medios comunitarios.

Kleber Chica Zambrano, director de Radio Huancavilca, apoya el proyecto de ley del Ejecutivo, pero aseguró que se debería revisar el papel de la Defensoría del Pueblo, para evitar posibles vulneraciones a la libertad de expresión. Para el efecto, propuso que esta entidad actúe como un ente mediador entre el ciudadano y los medios de comunicación.

En cuanto a la distribución de las frecuencias de radio, expresó su preocupación por el financiamiento y sostenibilidad de los medios comunitarios. A su criterio, no existen suficientes actores comunitarios para ocupar el 34% de medios comunitarios, que actualmente apenas logran gestionar el 1%.

En ese sentido propuso que se dé una distribución equitativa de frecuencias con base en la capacidad de gestión instalada de cada sector, ocupación productiva real y la necesidad de conservación y expansión.