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Comité de Protección para Periodistas

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Ecuador. 14 de agosto del 2020. El Comité Interinstitucional para la Protección del Periodista y los trabajadores de la Comunicación se reactivó la noche del 11 de agosto, como una respuesta articulada al conjunto de agresiones que se han dado en los últimos días en contra de comunicadores del país.

Tras una hora de reunión virtual, los representantes del Gobierno y Sociedad Civil analizaron la importancia de precautelar la integridad de los periodistas y garantizar mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo. 

Entre los principales acuerdos están la integración de un representante de la Fiscalía General y del Consejo de la Judicatura y, de ser el caso, la intervención policial para brindar protección y acompañamiento.  La Ministra del Gobierno María Paula Romo se comprometió en realizar los acercamientos necesarios para cumplir con este acuerdo.   

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios aseguró que las agresiones contra la prensa han incrementado y que existe un componente de impunidad que es necesario combatir: “Se debe hacer seguimiento de los casos para que se castigue a los culpables y se genere un mensaje de que las agresiones contra la prensa no serán toleradas”, dijo.

FUNDAMEDIOS realiza un monitoreo a los ataques y agresiones contra periodistas, los primeros siete meses del 2020 se han emitido 106 alertas. Juan Carlos Calderón, presidente de la Organización, sostuvo que las medidas de protección por parte del Gobierno son necesarias para impedir que las amenazas crezcan y se conviertan en riesgos reales.

Este Comité se creó en abril 2019 tras los acontecimientos de abril de 2018, en los cuales un equipo periodístico de Diario El Comercio fue asesinado mientras realizaba una cobertura en la frontera entre Ecuador y Colombia.

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Ante la situación de emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada de la COVID- 19, colectivos, periodistas y trabajadores de la comunicación nos hemos autoconvocado para señalar necesidades urgentes que garanticen el ejercicio de nuestra profesión. Principalmente, exigimos al Gobierno Nacional que se comprometa a preservar la salud y la vida, respetar los Derechos Humanos y a garantizar el ejercicio periodístico como parte de sus obligaciones democráticas, conforme al artículo 18 de la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).

Casi un mes después de haberse decretado la cuarentena en el país, manifestamos nuestra preocupación frente a hechos y medidas tomadas por el Gobierno que vulneran el derecho al acceso a la información y la transparencia de la misma. Alertamos sobre la creciente cifra de periodistas y trabajadores en medios que han fallecido como consecuencia del contagio en el ejercicio de sus funciones y que hasta el 13 de abril sumaban, por lo menos, nueve. Además, se han identificado mínimo 16 contagios y 18 personas en aislamiento. Estas cifras suponen un subregistro, precisamente por la dificultad de realizarse pruebas y las limitaciones para acceder a datos precisos.

En una crisis sanitaria, como la que enfrentan Ecuador y el mundo, la posibilidad de garantizar el acceso a información útil, oportuna, precisa, documentada y transparente puede evitar que se profundice el caos generado por rumores y datos falsos, especialmente en redes sociales; además, puede ayudar a evitar contagios y salvar vidas. Sin embargo, como lo reseña una carta abierta suscrita por varios periodistas ecuatorianos, desde que se implementaron las medidas de aislamiento social y se estableció el mecanismo de las denominadas ruedas de prensa virtuales, esa posibilidad se ha visto limitada. Como muestra de ello, se han recogido testimonios de reporteros que tienen dificultades en los espacios abiertos por las autoridades para entregar información y ven limitadas sus posibilidades de repreguntar para asegurar que sus audiencias reciban información completa y oportuna.

Quienes ejercemos el periodismo tenemos que enviar las preguntas con anterioridad a chats de prensa coordinados por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom), pero desconocemos los filtros para seleccionarlas. A esto se suma la falta de respuesta a los pedidos realizados a instituciones públicas y a las autoridades locales que atienden la crisis, cuando es su obligación comunicar de forma transparente y entregar los datos solicitados. Queremos advertir la falta de una estrategia para que la información sea accesible a las audiencias de los pueblos y nacionalidades indígenas, al igual que para las personas con discapacidad auditiva. Esto desconoce el derecho a la comunicación intercultural e incluyente reconocido por la Constitución.  En su lugar, vemos con preocupación cómo se ha intentado marcar pautas e incidir en la cobertura de los medios de comunicación, lo cual a futuro podría configurarse en censura previa

Enfatizamos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Harlem Désir, establecen que los gobiernos deben garantizar información veraz sobre el coronavirus. Según el comunicado, el periodismo es crucial ya que informa al público y monitorea las acciones del Gobierno. 

Adicionalmente, en una encuesta sobre condiciones laborales de periodistas cubriendo la emergencia, impulsada desde la sociedad civil, se señala la importancia de que el Ministerio de Trabajo exija a las empresas relacionadas al ámbito del periodismo y la comunicación la creación de protocolos específicos para el manejo de la emergencia, la distribución de implementos de bioseguridad, acceso a la salud integral —física y psicológica—, y respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo conductores y personal de limpieza.

Por lo expuesto:

  1. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los trabajadores de la comunicación que han fallecido en esta coyuntura y exigimos que las autoridades dispongan los medios necesarios para asegurarles un descanso digno. Asimismo, nos solidarizamos con los compañeros que se encuentran a la espera de la toma de una prueba o de un diagnóstico y hacemos un llamado para que las autoridades pertinentes y los medios a los que pertenecen se apersonen de sus casos.
  2. Exigimos que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación, creado en abril de 2019, se encargue de atender estas necesidades. Entre las que están el acceso a test de COVID-19 y servicios de salud integral, protección de derechos laborales, reformulación de las ruedas de prensa virtuales para que se garantice el acceso sin ningún tipo de discriminación a datos precisos y oportunos.
  3. Si bien, en declaraciones del 10 de abril de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha ofrecido una reestructuración de las ruedas de prensa, es fundamental que estas respeten el principio de pluralidad y diversidad para que todos los periodistas, sin importar el medio al que pertenezcan puedan participar de ellas. Exigimos que el nuevo mecanismo sea transparente, que sea dado a conocer de manera oportuna y que contenga el compromiso de las autoridades para responder las inquietudes de los periodistas.
  4. Acceso a fuentes no oficiales: Como lo han manifestado múltiples organizaciones de libertad de expresión en la región y el país, es fundamental tener en cuenta que el libre ejercicio periodístico comprende la contrastación de información con fuentes no oficiales para fortalecer el debate público. En este caso, el personal médico que atiende la emergencia de primera mano y los pacientes son fuentes indispensables para la prensa. Es imperativo que las autoridades hospitalarias se abstengan de promover medidas restrictivas que dificulten el diálogo de la prensa con este tipo de fuentes.

Se adhieren a este manifiesto y firman en conjunto las siguientes organizaciones, gremios, facultades de comunicación y medios:

 

 

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¿Quién protege a quién en coberturas riesgosas? fue la pregunta que marcó el debate que se desarrolló este 15 de noviembre, en el marco del foro Periodismo en Debate, que anualmente organiza la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; Arturo Torres, periodista especializado en investigación; Susana Piedra, presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape); Eric Samson, corresponsal de Radio France Internacional (RFI); y Mirna Váscones, del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información participaron en la conversación moderada por Dimitri Barreto, macroeditor digital de Diario El Comercio.

En Ecuador, el Estado “ni siquiera reconoce que venimos de 12 años de unas agresiones constantes contra los periodistas, con una impunidad total”, afirmó Ricaurte. El Director de la organización indicó que la década pasada se registraron 2 500 agresiones contra medios y reporteros. El 99% de casos no ha sido resueltos. Otro dato que se sumó al diálogo fue que entre el 3 y 13 de octubre pasado 138 periodistas fueron agredidos durante los 10 días de paro nacional. “El Estado debe proteger a los periodistas porque son los periodistas los que defienden los Derechos Humanos del resto de la población”, insistió. En ese sentido, exigió actos de reparación hacia los afectados. 

Desde la Fenape, Susana Piedra argumentó que es “la autoprotección y la prevención la principal medida para evitar una agresión o poner en riesgo la vida durante una cobertura riesgosa”. Desde su perspectiva, “no podemos esperar que el Estado nos defienda, porque ya vimos que en octubre no lo hizo. El Comité de Protección a los Periodistas no sirvió para nada”, recalcó.

Sin embargo, para Arturo Torres, fundador del portal Código Vidrio, los protocolos de seguridad son imprescindibles. El reportero confirmó que durante sus coberturas en la frontera norte de Ecuador aplicó sistemas de información y ubicación con las autoridades competentes sin que eso afectara su cobertura. “Yo activaba contactos con la Policía y las Fuerzas Armadas. Que ellos supieran dónde estábamos, qué hacíamos; que estuvieran atentos a cualquier mensaje o señal”, relató.

Eric Samson también es partidario de la autoprotección, pero crítico de la impunidad existente en el momento de condenar y juzgar las agresiones de los trabajadores de la prensa. 

La representante del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información instó a fortalecer las alianzas entre las entidades estatales para que los protocolos de cobertura de riesgo se difundan, se apliquen y se vigilen. Acotó que los eventos de octubre pasado “no se vieron venir. Los periodistas asesinados de El Comercio en la frontera norte no vieron venir que sus vidas corrían riesgo y, en ese momento no se sabe cómo actuar, y es por ello que los protocolos deben crearse”.

 

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La tarde de este 29 de abril se concretó un objetivo que se perseguía desde hace 11 meses: la firma del acuerdo para la creación del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. Tras los acontecimientos de abril de 2018, en los cuales un equipo periodístico de Diario El Comercio fue asesinado mientras realizaba una cobertura en la frontera entre Ecuador y Colombia, se volvió urgente el desarrollo de política pública y acciones específicas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes se encuentran en situación de riesgo a causa de sus actividades en el periodismo.

Después de varios meses de diálogo con diversas instancias del Gobierno se logró concretar la conformación de una entidad que coordinará entre la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Secom), ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom), la sociedad civil, gremios periodísticos y organismos internacionales la adopción de acuerdos, protocolos y mecanismos para prevenir y proteger a los comunicadores y trabajadores de la comunicación de peligros contra su vida, integridad personal, libertad y seguridad.

El Comité establecerá los lineamientos generales para la creación de mecanismos de protección en el ámbito nacional, coordinará acciones en el ámbito internacional y responderá de forma articulada e inmediata cuando las circunstancias lo ameriten. Para lograrlo, se contará con una Secretaría Técnica responsable de coordinar las acciones con periodistas, medios de comunicación, gremios y academia para el desarrollo de acciones de protección; monitoreo y entrega de información acerca de agresiones contra la prensa y potenciales riesgos para el trabajo periodístico; recepción de denuncias de casos que deben activar medidas de seguridad de forma inmediata o de emergencia.

La firma del acuerdo contó con la presencia de María Paula Romo, ministra del Interior; del canciller José Valencia; subsecretario de Comunicación, Carlos Andrade; Galo Cevallos, presidente del Cordicom, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS y Frank La Rue, exrelator de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Expresión.

Valencia explicó que la labor de la Cancillería será generar un vínculo entre las instituciones del Comité y las instancias internacionales relacionadas a la protección y promoción de los derechos de libertad de información y expresión.Por ejemplo, la frontera norte de Ecuador y sur de Colombia se mantiene como un territorio peligroso y complejo. Según sus datos, cerca del 50% de la producción de narcóticos colombianos se asienta en esa zona y operan unos 50 grupos organizados al margen de la ley.  

El artículo 44 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) establece como derecho de las y los comunicadores y trabajadores de la comunicación: “La protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como comunicadores”.

¨¿Cómo la prensa y su trabajo pueden ayudar a tener una sociedad más segura? Con acceso a información y garantizando que los periodistas no se vean intimidados por grupos que operan al margen de la ley¨, enfatizó María Paula Romo.

¨Es un evento particularmente importante por el paso que se da en Ecuador y simbólico que sea a vísperas del 3 de mayo, día en que se celebra la Libertad de Prensa¨, señaló La Rue, exrelator de la ONU. Los trabajadores de la comunicación son determinantes para el cumplimiento del derecho al acceso a la información en una sociedad democrática.

La prensa necesita de independencia, seguridad y profesionalismo; las dos primeras directamente relacionadas al Estado. No puede haber una prensa libre si está intimidada.

Desde FUNDAMEDIOS se valora y considera que esta acción es un gran paso adelante en el reconocimiento de las responsabilidades estatales para garantizarlo; sin embargo, el desafío del Comité es concretar planes y políticas públicas consistentes y efectivas.

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Después de varios meses de diálogo con diversas instancias del Gobierno se logra concretar la conformación de un Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. FUNDAMEDIOS valora y considera que esta acción es un gran paso adelante en el reconocimiento de las responsabilidades estatales para garantizar un espacio seguro, libre de agresiones, interferencias y amenazas para el ejercicio del periodismo en Ecuador, en un contexto regional que se deteriora de forma alarmante.

Hay que valorar especialmente este primer paso; pues durante la década del Gobierno autoritario de Rafael Correa se convirtió a los periodistas y medios independientes en blanco de una sistemática y bien planificada política de acoso, agresiones, amenazas, sanciones y censura que elevaron las violaciones a la libertad de prensa en más de 2000 casos registrados por FUNDAMEDIOS. En otras palabras, durante una década el Gobierno ecuatoriano, encabezado por el mismo Presidente de la República, no solo se negó a reconocer sus obligaciones con la seguridad de los periodistas, sino que se convirtió en el principal depredador de la prensa independiente.

Con la conformación del Comité Interinstitucional se da un primer paso que debe concretarse en planes y políticas públicas consistentes y efectivas. Desde la sociedad civil concebimos al Comité Interinstitucional para la Protección de los Periodistas como un espacio de coordinación y diálogo entre los distintos sectores (periodistas, medios, sociedad civil, organismos internacionales, academia e instituciones públicas) que acuerde el establecimiento de acciones, mecanismos, protocolos y planes para proteger de forma integral el trabajo en todo el territorio nacional.

En ese sentido, sabemos que el Comité no es el mecanismo de protección para periodistas, sino el marco en el cual se deben adoptar los mecanismos más efectivos. Para ello creemos que su conformación tiene que ser de inclusión muy amplia y las diferentes instituciones públicas involucradas deben dar muestra de una voluntad por nombrar como representantes a expertos y personalidades relevantes y comprometidas del mundo de la comunicación y el periodismo.

Abogamos porque la Secretaría Técnica que tendrá a su cargo la operatividad del Comité sea un ente independiente que pueda coordinar y dialogar con todos los sectores. De esta manera este gran primer paso dado por el Gobierno Nacional tendrá un impacto real y será una acción efectiva para que el Estado asuma las responsabilidades con la seguridad de los periodistas, tal como han quedado establecidos en diversas herramientas y tratados internacionales.

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Este 15 de noviembre se inició la octava edición del Congreso Internacional Periodismo en Debate, PerDebate18. Este año, el encuentro, coorganizado con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), se enfocará en: ‘fake news’, infoxicación, incertidumbre y violencia.

Eric Samson, coordinador de la carrera de Periodismo Multimedios; Santiago Castellanos, decano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas (Cocoa); e Indira Salazar, oficial de Comunicación e Información de UNESCO dieron la bienvenida al Congreso que se desarrollará hasta el 17 de noviembre. Hicieron un llamado general a alimentar la conversación de seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico en tiempos de ‘fake news’.

Emmanuel Colombié, director del despacho Américas de Reporteros Sin Fronteras (RSF), inauguró la jornada con la ponencia ‘El desafío de regular las fake news: unos ensayos internacionales’. En la intervención, se refirió a los desafíos que existen a escala mundial en torno al fact-checking (verificación de datos), la legislación sobre ‘fake news’ y la importancia de promover la educación de medios en escuelas y universidades.

El representante de RSF también partició en la rueda de prensa ‘Nueva LOC y el estado de la libertad de prensa en Ecuador’, junto a Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS. Colombié respaldó la creación del Comité para la protección de periodistas y las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que desde hace varios meses se impulsa desde FUNDAMEDIOS.  

Yépez contextualizó con datos y cifras el cambio en el ambiente que se vive tras la salida de Rafael Correa del Gobierno. Además, desde FUNDAMEDIOS, saludó el proceso de reformas a la LOC que se desarrolla en la Asamblea, mencionó nueve puntos críticos que deben tomarse en el debate para garantizar que la norma se apegue a los estándares internacionales.

Este viernes 16 continúa la agenda del PerDebate. A las 10:00, Ecuador Chequea compartirá panel junto a GK. Durante 30 minutos, ambos medios analizarán las experiencias de verificación de datos (fact-checking) electoral en el país.

A las 10:30, nuestro Observatorio de Medios del Ecuador (OME) ofrecerá una conferencia sobre la herramienta Interbarómetro: ‘Medir la viralidad de los políticos en redes sociales’. Este 2018 exploramos una plataforma poderosa de “escucha inteligente” que permite monitorear, en tiempo real, cómo se desarrolla la conversación política en Twitter: temas, actores, evolución, crisis, casos y actores específicos.

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El pasado 23 de agosto el Gobierno anunció la creación de un Comité de Protección para periodistas. La noticia se dio tras el encuentro que el presidente Lenín Moreno mantuvo con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, en el contexto de su visita oficial a Ecuador.

Dos meses antes, el 21 de junio, una delegación integrada por directivos de FUNDAMEDIOS, dirigentes de gremios como la UNP, la FENAPE, Cámara de Medios, CCREA, AER, colectivo Nos Faltan 3, comunicadores, solicitó al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, que se conforme oficialmente la Mesa de Coordinación para la Seguridad de los Periodistas que en el diálogo se convirtió en un Comité multisectorial que integra al Estado, Periodistas, Medios y Sociedad Civil. El funcionario mostró apertura y se comprometió a firmar un acuerdo para constituir dicho espacio en un plazo de 15 días, así como a buscar la fórmula para la constitución de un seguro universal para los profesionales de la comunicación.

Durante este lapso, se ha trabajado para constituir el Comité y el inicio de su trabajo, en la línea del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano para la protección de periodistas, los mandatos de la Asamblea General de la ONU, resoluciones del Consejo de DDHH de la ONU, informes y recomendaciones de la CIDH y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 16.10.1. Pese al anuncio del Presidente y el Secretario de Comunicación, durante la misión del relator Édison Lanza, periodistas y sociedad civil todavía no hemos sido informados sobre la fecha de constitución de dicho espacio, por lo cual pedimos al Gobierno información al respecto.

En ese sentido, la mañana de este 28 de agosto, Luis Vivanco (La Posta), Cristóbal Peñafiel (El Universo),  Susana Morán (Plan V), Susana Piedra (Federación Nacional de Periodistas -Fenape-), Jorge Imbaquingo (El Comercio), Desirée Yépez y César Ricaurte (Fundamedios), algunos de los miembros del Grupo para la conformación del Comité, se reunieron para discutir las próximas acciones a seguir para concretar el anuncio del Ejecutivo.

El Comité debe mantener su carácter de organismo multisectorial, que vincule a distintos actores del Estado: ministerios e instituciones del Ejecutivo, Fiscalía, sociedad civil y periodistas. En esa línea, los comunicadores deben participar en la elaboración del documento, de la guía, sobre la cual se cree dicho espacio que debe consolidarse como un mecanismo efectivo de protección para editores, reporteros bajo amenaza; así como trazar una política de reconocimiento de memoria y reparación para quienes han sido víctimas del ejercicio del periodismo en condiciones de riesgo e inseguridad.

Desde el Grupo se tiene listo un plan de acción que incluye la constitución de un mecanismo permanente de protección a periodistas, que incluya mapas de riesgos y protocolos a aplicar en las zonas y/o coberturas de riesgo y conflicto; un sistema de alertas tempranas y coordinaciones efectivas. Además, se plantearán estrategias para combatir la impunidad en las agresiones en contra de la prensa y las medidas necesarias de memoria y reparación frente a la política sistemática de persecución y agresión que se produjo en la década pasada.