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Con cinco votos a favor y tres en contra, la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional aprobó este 12 de febrero la moción presentada por la legisladora Marcela Aguiñaga. La militante de la bancada de la Revolución Ciudadana propuso eliminar una posible regulación a las plataformas digitales y los términos ambiguos contenidos en la propuesta de modificación del artículo 5 presentado por el Ejecutivo en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 

Jaime Olivo, presidente de la Comisión, explicó a Fundamedios que el miércoles se discutieron dos puntos importantes. Primero hubo un consenso sobre la necesidad de reformar ese artículo para considerar a la comunicación como un derecho humano y no como un servicio público. 

El segundo punto de discusión que no generó consenso fue una posible regulación a las plataformas digitales que se menciona de forma ambigua: “Los medios de comunicación social son mecanismos e instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir, propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos, imágenes destinados a la población. Los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y/o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación y/o intercambio de contenidos a través de los instrumentos o mecanismos antes señalados”.

Con la votación se acordó eliminar los términos “mecanismos” o “instrumentos” que solo se prestan a confusiones y que incluirían a las plataformas digitales y a redes sociales. Olivo explicó que hay que garantizar la libertad de expresión con las limitaciones que la Constitución contempla como la intimidad y el derecho al buen nombre. 

La asambleísta Aguiñaga se pronunció al respecto en Twitter: “Aunque el gobierno de las ‘libertades’ pretendió reformar la Ley de Comunicación para regular las plataformas digitales, en @DerColectivosAN se aprobó mi moción para que se descarte del texto cualquier regulación en este sentido”.

Olivo mencionó que espera que este mes la discusión sobre esta reforma a la LOC pase a segundo debate.

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El pasado jueves 12 de diciembre, Fundamedios, la Federación Nacional  de Periodistas (Fenape) y el Colegio de Periodistas de Chimborazo organizaron el taller Nuevas regulaciones para el periodismo, desinformación. Al encuentro asistieron más de 130 personas, entre estudiantes y periodistas de Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar.

La primera parte del taller fue abordada por Darwin Altamirano, catedrático universitario de Guaranda. El experto compartió información sobre el marco regulatorio bajo el cual trabajan los periodistas ecuatorianos.

Por su parte, Susana Piedra, presidente (e) de la Fenape, hizo un recuento de lo que fue la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), desde 2013 hasta 2019. Durante ese período, Fundamedios registró la apertura de 1200 procesos y más de 776 sanciones contra medios.

La periodista se refirió a los principales cambios de la LOC: eliminación del linchamiento mediático, régimen sancionatorio, normas deontológicas, supresión de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). La norma fue el arma principal en contra del periodismo independiente entre 2013 y 2017.

Piedra habló de la incorporación al artículo 42 de un enunciado en torno a la protección de trabajadores de la comunicación; sin embargo, estima que los periodistas también deben apostar por la autoprotección en sus labores cotidianas de búsqueda de información.

Paola Aguilar, coordinadora de Fundamedios, expuso a los asistentes sobre la importancia de contar con una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). La comunicadora profundizó sobre los principales cambios a los cuales esta norma debe someterse, proyecto que fue construido por varias organizaciones públicas y privadas y que próximamente se presentará ante la Asamblea Nacional.

El editor de Ecuador Chequea, Gabriel Narváez, se refirió al fenómeno de la desinformación. Enfatizó que por la naturaleza de una noticia: un hecho verificado y contrastado no existen las mal llamadas noticias falsas. “Hay procesos de desinformación, que buscan generar desestabilización”, acotó.

Narváez exhibió el Álbum de la desinformación, que detalla las características de 53 mensajes engañosos desmentidos entre el 3 y el 13 de octubre, durante el paro nacional. Además, ofreció herramientas para determinar si la información: imagen, videos o audios que se difunden a través de redes son falsos o no.

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Los resultados del Informe Sombra sobre la implementación del Objetivo 16.10.1 de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica,  que revela datos sobre las agresiones a la prensa en ocho países de la región, fue presentado en el foro “Monitoreo sobre Libertad de Prensa en América Latina”, organizado por la organización National Endowment for Democracy (NED), en Washington, este 18 de julio.

El documento que fue elaborado por la plataforma Voces del Sur contabilizó más de 700 agresiones en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Perú, Venezuela, Bolivia, Honduras y Uruguay en 2018. El levantamiento de las alertas fue sustentado en 12 indicadores en común.

El año pasado también se contabilizaron 5 asesinatos a periodistas, ocho secuestros a comunicadores y dos reporteros torturados. Nicaragua es el país que presenta un mayor número de alertas (234), seguido de Venezuela (196). Ecuador reportó 83.

Dagmar Thiel, directora de Fundamedios Estados Unidos, aseguró que, del total de alertas reportadas, 44 relacionadas a temas de género y más de 400 tuvieron relación con ataques a la libertad de prensa y de expresión, siendo el Estado el principal perpetrador.

Mencionó que los países de América Central atraviesan constantemente situaciones de violencia e impunidad, lo cual somete a los periodistas a un estado de constante «miedo y autocensura«. Por ejemplo, explicó que en Honduras los reporteros de investigación que cubren crimen organizado y corrupción son «sometidos sistemáticamente a amenazas, intimidación y violencia física«.

Thiel aseguró que el informe también recoge casos relacionados con restricciones de Internet, suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales, piratería, ciberamenazas y bloqueo de sitios web.

La panelista Adriana León, directora del área de Libertades Informativas de Ipys Perú, resaltó la importancia de Voces del Sur como un proyecto pionero en América Latina que sienta un precedente para alertar sobre los riesgos de la profesión, lo cual, explica, ya ha generado un impacto regional. «En Bolivia cambiaron las leyes, en Perú los intentos de promover leyes antiprensa fueron detenidos, en Venezuela se visibilizó mejor la problemática de la libertad de expresión y en Ecuador se ha jugado un papel clave en la transición», aseguró.

A su criterio el reto más grande es incidir con mayor impacto en los gobiernos latinoamericanos y en la sociedad, por ello cree que Voces del Sur debe sumar a más países. «Si logramos que a la gente le importe la libertad de expresión entonces será más fácil frenar las violaciones contra este derecho», finalizó.

Matt Potter, director de programa de PADF, señaló que está previsto sumar a tres o cuatro países más a la plataforma para promover un monitoreo regional global.

INFORME ESPAÑOL / INGLÉS

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