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comunicado

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El 27 de junio del 2019, el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha, integrado por los jueces Patlova Guerra Guerra, Paulina Grijalva Chacón y Henry Cáliz Ramos, dictaron una resolución que obliga a César Ricaurte, director ejecutivo de nuestra organización, FUNDAMEDIOS, a pagar 15 días de prisión, 500 dólares de multa y disculpas públicas al señor Jorge Jurado.

Según el Tribunal, Ricaurte cometió una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que en su acápite 4 señala que será sancionado con 15 a 30 días de prisión la persona que voluntariamente hiera o golpee a otro, causándole lesiones o incapacidad para el trabajo, que no excedan de tres días.

Ricaurte encontró a Jurado la tarde de un sábado en el supermercado cuando ambos hacían compras. Admite que cuando lo vio comentó a su esposa en voz alta: «ahí está un correísta blanqueado». Según las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado, que se han difundido en las redes sociales, Jurado se acercó a Ricaurte a reclamarle por lo dicho, y al llegar a tocar con su cuerpo el de Ricaurte, este reaccionó empujándolo, lo que provocó su caída al suelo.

Los argumentos de la defensa de César Ricaurte fueron desechados completamente por el Tribunal de Alzada. De acuerdo al Acta de la Audiencia, el tribunal consideró que no se había violado la cadena de custodia del video que circula en redes. La defensa de Ricaurte tiene razonables dudas de que el video no haya sido manipulado y alterado. El video fue usado como prueba por el presunto agraviado.

La defensa de Ricaurte dijo que había actuado en defensa propia y que se trató de un acto de intimidación, luego del cruce de palabras. En el video se ve cómo Jurado se acerca de modo amenazante e intimidatorio, por voluntad propia, pero el tribunal señaló que no había motivo “racional” para que Ricaurte haya empujado a Jurado. 

Como socios de FUNDAMEDIOS lamentamos este incidente y las consecuencias legales que se han derivado del mismo. Consideramos que las resoluciones del Tribunal, al no tomar en cuenta los razonables argumentos de César Ricaurte, ha terminado dando la razón a quien también actuó de manera agresiva e intimidatoria. 

Los socios de FUNDAMEDIOS rechazamos la sentencia que ordena prisión en contra de César Ricaurte y las medidas adicionales dictadas por este tribunal.  César Ricaurte ha sido gran defensor de la libertad en la década pasada, víctima él mismo de la persecución del correísmo, y ha sido condenado a prisión por empujar en un supermercado a uno de los símbolos de la persecución que sufrió. 

Su labor frente al equipo de FUNDAMEDIOS fue fundamental para que Ecuador resista a los atropellos del correísmo y recupere la senda del respeto a la libertad de expresión. Por ello, frente a este incidente, lamentamos la decisión del Tribunal y nos solidarizamos con César Ricaurte y su familia.

Mauricio Alarcón        Juan Carlos Calderón       Carlos Jijón         Ana Karina López         Monica Almeida  Christian Zurita          Simón Espinosa                Diego Araujo       Sandra Garcés              Tania Tinoco
Yadira Aguagallo        Verónica Manosalvas       Stephan Kuffner  Miguel Rivadeneira      Jean Cano

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El desarrollador de software libre de nacionalidad sueca, Ola Bini, fue detenido el pasado 13 de abril, después de que se dictara orden de prisión preventiva y una instrucción fiscal de 90 días por el supuesto delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Al experto en criptografía, residente en Ecuador hace cinco años, se le acusa de ser colaborador de Julian Assange y de presuntas actividades ilícitas relacionadas con Wikileaks.

Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), los indicios para iniciar la diligencia en su contra son equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, libros relacionados con hackeo electrónico y dinero. En ese contexto, ante las irregularidades que se exponen en el proceso de arresto y prisión preventiva, FUNDAMEDIOS, consciente de su responsabilidad en la defensa de la libertad de expresión a través de todo medio, incluido Internet, desea dejar sentado que es importante revisar la detención de Ola Bini, por las siguientes razones:

Los estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecen en sus principios rectores “la relevancia de Internet como plataforma para el goce y ejercicio de Derechos Humanos está directamente vinculada con la arquitectura de la red y los principios que la rigen, entre ellos el principio de apertura, descentralización y neutralidad”.

De acuerdo a dichos principios, “si bien la protección de datos personales constituye un objetivo legítimo, en ningún momento puede ser invocada para limitar o restringir la circulación de información de interés público, sobre funcionarios o personas públicas, o candidatos en el ejercicio de sus funciones, o que involucran violaciones de Derechos Humanos”.

Es factible conducir una investigación sobre cualquiera que, ilegalmente, intercepte comunicaciones de organismos estatales; pero esta no puede estar motivada por la sencilla inferencia de estar relacionada con Julian Assange y, por lo tanto, propiciar un arresto. Esto implicaría asumir que los medios de comunicación internacionales (The New York Times, The Guardian, The Washington Post) que -en el marco de la libertad de expresión y de prensa- utilizaron la información de Wikileaks, iniciada en 2006, contribuyeron a desestabilizar gobiernos. Lo cual resulta inaceptable.

Wikileaks puede resultar molesto para varios Estados, pero es precisamente el derecho de publicar y editar información el que representa el ejercicio de la libertad de expresión.

La investigación iniciada en Ecuador puede continuar, pero manteniendo los criterios del debido proceso. Mientras dure la indagación, el investigado debe gozar de libertad condicional, pues su detención puede resultar arbitraria.

El proceso debe determinar si hubo o no un acto ilícito de penetración ilegal del sistema informático del Estado. Por lo tanto, FUNDAMEDIOS exige a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y al Gobierno ecuatoriano garantizar el derecho al debido proceso de Ola Bini, así como su inmediata liberación.