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Este 08 de mayo, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y FUNDAMEDIOS firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la coordinación de  actividades de capacitación, apoyo con asistencias técnicas y colaboración en publicaciones relacionadas al ámbito de la comunicación.

Galo Cevallos Mancheno y César Ricaurte oficializaron este documento que permitirá la generación conjunta de espacios de debate, reflexión y sensibilización sobre el ejercicio de los derechos de la comunicación e información. Conversatorios, seminarios y paneles son parte de las acciones que se desarrollarán en beneficio de la ciudadanía.

El Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS explicó que este trabajo conjunto se enmarca en dos principios: el respeto al derecho humano de la libertad de expresión y aportar desde la sociedad civil para la creación de políticas públicas. Por su parte, el Presidente del Consejo enfatizó en que se fortalecerá la institución a partir de una experiencia que es testimonio de la resistencia ante las amenazas al sistema democrático.

En este marco, basado en las competencias que le determina la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el Consejo  se compromete a disponer de los recursos logísticos y técnicos que estén a su alcance para cumplir con este acuerdo.  Por su parte, FUNDAMEDIOS pondrá a disposición su equipo de especialistas y facilitadores para el desarrollo pertinente de las actividades convenidas.

Esta clase de convenios buscan aunar esfuerzos, entre entidades públicas y la sociedad civil, para avanzar en la profesionalización de los trabajadores de la comunicación y, en general, en la formación ciudadana en temas de derechos. Con esto se espera contribuir a mantener un ambiente de diálogo y participación donde la libertad de expresión sea pilar de un país en democracia.

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Un nuevo concurso para la asignación de frecuencias en el espectro radioeléctrico está en marcha. El primer proceso, abierto en 2016, fue suspendido por informes de Contraloría que determinaron irregularidades e indicios de responsabilidad penal. Con base en lo que dicta la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) abrió una convocatoria nueva.

El 21 de abril, el ente regulador publicó en su sitio las bases para el ‘Proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios de servicios de radiodifusión de señal abierta’. De acuerdo a ello, los interesados pueden presentar la documentación hasta el  9 de julio de 2019, la misma que empezará a analizarse desde el día 17 del mismo mes.

FUNDAMEDIOS insistió, desde el primer proceso fallido, en la necesidad de diseñar mecanismos que garanticen su transparencia e idoneidad técnica. En esta ocasión, la organización aboga por los mismos principios.

Cabe insistir que el artículo 113 de la LOC prohíbe que se concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. La autoridad no podrá adjudicar más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio en FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional.  

Paradójicamente, una de las ilegalidades que desde FUNDAMEDIOS se denunció durante el proceso anterior fue la existencia de personas plenamente identificadas que incurrieron en concentración de frecuencias; sin embargo, se otorgaron las concesiones.

Insistimos. Se trata de principios que los recursos públicos, así como las frecuencias de radio y TV se manejen con absoluta responsabilidad y rigurosidad. La asignación debe responder a un diálogo público y transparente.

Es un hecho que el primer concurso se caracterizó por su falta de transparencia, bases amañadas y favoritismo hacia ciertos grupos mediáticos. En ese contexto, FUNDAMEDIOS se mantendrá vigilante respecto a las frecuencias cuya situación esté en proceso de revisión por parte de la Arcotel, la cual debe determinar su situación jurídica, incluyendo aquellas que se encuentren incursas en inhabilidades, prohibiciones o causales de reversión. De acuerdo a la convocatoria, la Agencia continuará con la sustanciación de los procesos administrativos de revisión individual de los títulos habilitantes otorgados en el concurso de 2016.

La Ley manda que se reserve hasta el 34% del espectro radioeléctrico al sector comunitario. El 66% restante se asignará al sector público y privado; pero la concesión de frecuencias para los medios públicos no debe exceder el 10% del espectro. Los ‘Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente’, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalan que se deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos. También indican que “uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información”.

Desde FUNDAMEDIOS se observará que el proceso de asignación y renovación de frecuencias y/o licencias esté regulado específicamente por criterios objetivos, públicos y democráticos. Que se cumpla con la ley y no se actúe al arbitrio de la autoridad pública.

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La difusión de contenidos falsos marcó la jornada de este 24 de marzo, en que los ecuatorianos votaron por las nuevas autoridades seccionales y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La mañana del domingo, la Policía Nacional desmintió la existencia de urnas con papeletas ya marcadas ¨ocultas en bodegas y baños de escuelas” a favor de Rodrigo Espín, candidato a la Alcaldía de Latacunga (Cotopaxi). No es el único caso.

Previamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró que no había ninguna disposición oficial que prohíba fotografías con celulares o cámaras digitales al momento de sufragar. Esto, luego de que desde el 23 de marzo se difundiera un comunicado falso atribuido a las Fuerzas Armadas donde se afirma que se privará de la libertad y sancionará económicamente a quien fotografíe el momento del sufragio.

Grupo El Comercio también alertó mediante su página web y redes sociales la existencia de una cuenta en Facebook que plagia su nombre, imagen, marca y avatar para difundir información falsa. Entre el 21 y 23 de marzo se compartió desinformación relacionada al proceso electoral en el perfil ‘El Comercio.com’.

La tarde del domingo se difundió erróneamente que una ciudadana habría sido “detenida” en el recinto electoral Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba, en el norte de Quito, al expresar su descontento en contra del presidente Lenín Moreno, quien sufragó en el Lugar. Sin embargo, la ministra María Paula Romo lo desmintió.

La funcionaria aclaró a FUNDAMEDIOS que la fuerza pública pidió a la mujer que se retirara, con el fin de salvaguardar la paz y el orden. Hasta el final del domingo, no hubo personas privadas de la libertad por proselitismo.

Al final de la tarde, un equipo periodístico de Manavisión fue desalojado de un recinto electoral en Manta (costa ecuatoriana). La periodista Estefanía Bravo y tres personas más fueron impedidas de realizar la cobertura a partir de las 17:00. A partir del cierre de urnas personal de las Fuerzas Armadas solicitó apagar los equipos y desalojar el lugar.

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Este 27 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la publicidad de la campaña 2019 en portales web como medio legítimo para la campaña de las elecciones seccionales de marzo próximo. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) falló a favor de la apelación realizada en contra de la resolución del pasado 4 de febrero de prohibir que los partidos, movimientos y candidatos utilicen medios digitales para sus campañas.

Luis Verdesoto, vocal del CNE, afirmó que, tras la revisión de la sentencia, se tiene como conclusión “la no exclusión de una modalidad de información básica en una sociedad moderna». Precisó que los candidatos podrán pautar con los medios digitales que cumplan con los requisitos de ley.

“Solicito que rápidamente todos los portales digitales, que tengan la capacidad y se encuentren inscritos, se acerquen rápidamente y podamos subsanar este vacío que se ha producido”, informó el Vocal en una rueda de prensa el pasado 26 de febrero.

FUNDAMEDIOS destaca la revisión de la resolución, pues impedir el registro de los medios digitales limita la libre difusión de información y entorpece el libre flujo de la misma, producto de un debate electoral. Además, incide en la desinformación en los ciudadanos.

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada el 23 de junio de 2013, fue el dispositivo más sofisticado que tuvo el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de dominar y someter a los medios de comunicación independientes y al periodismo libre del país.

¿Cuál es el balance de la vigencia de la LOC para la libertad de Expresión? Más de 800 procesos en contra de periodistas y medios. Más de 500 sanciones para tratar de disciplinar a los medios y controlar no solo lo que decían, sino lo que no decían o lo que decían terceras personas que se expresaban a través de la prensa.

Ningún demócrata puede defender un instrumento de esta naturaleza. Los caminos para su desmontaje, eso sí, han marcado diferencias: algunos han planteado la derogatoria. Respetable punto de vista. Desde nuestra perspectiva, era mucho más apegado a la realidad intentar una reforma profunda y, creemos, que lo aprobado este 14 de febrero en la Asamblea Nacional va en esa línea, aunque no nos satisface del todo.

La brújula, lo dijimos, son los estándares internacionales y todavía quedan puntos en los cuales las reformas quedan debiendo. Por eso, llamamos a plantearnos desde ya una segunda generación de reformas que terminen por desmontar la estructura institucional y legal del correísmo y signifiquen avances significativos en materia de derechos y libertades fundamentales.

Nos congratulamos de que hayan existido sectores para quienes la Ley Orgánica de Comunicación significó ganancias y avances, como el de la industria audiovisual. Esta realidad, no la debemos desconocer. Sin embargo, invitamos a los ganadores de todos estos años para que piensen en el país de largo plazo y planteen alternativas a un proteccionismo total del sector.

No creemos lo mismo del sector comunitario. Pese a la lírica incluida en la Ley y en los discursos oficiales, el sector comunitario fue uno de los perdedores de la vigencia de la LOC. Por lo tanto, es difícil entender, más allá de factores ideológicos, la defensa a ultranza de la situación creada por el correísmo. Quedan para la valoración histórica el respaldo a la aprobación de la LOC en 2013 y su oposición a las reformas de 2019.

En todo caso, invitamos abiertamente a todos los sectores a despojarse de intereses y caretas ideológicas para pensar en el Ecuador del mañana y avanzar en las reformas legales e institucionales necesarias para recuperar plenamente la libertad de expresión y que implican leyes como:

Código de la Democracia
Ley de Participación Ciudadana
Ley Antimonopolio
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Creación de la Ley del Sistema de Medios de Servicio Público
Creación de la Ley de Publicidad Oficial

Así mismo, creemos que se debe dar pasos decisivos para la creación de mecanismos de protección al trabajo periodístico, dónde se refleja la responsabilidad estatal, la colaboración de la sociedad civil y la corresponsabilidad de medios de comunicación y periodistas.

En definitiva, hoy se ha dado un gran paso, pero aún debemos dar muchos más en el camino para que en el Ecuador tengan plena vigencia las libertades de expresión y prensa.

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Hace ocho meses, el Gobierno de Lenín Moreno remitió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Uno de los dispositivos más sofisticados que había construido el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de acallar al periodismo libre, arrinconar a las empresas mediáticas, evitar cualquier tipo de investigación sobre la corrupción y construir un relato único acerca de la trascendencia mesiánica de su personalidad.

Era ineludible, entonces, para un Gobierno que inició un camino complejo de transición hacia la democracia, desmontar la principal herramienta para el cercenamiento de las libertades y derechos fundamentales.

El camino elegido fue la presentación de un paquete de reformas en las cuales FUNDAMEDIOS y varios sectores de la sociedad civil trabajamos conjuntamente con técnicos del Gobierno, asambleístas y sus asesores pensando en contar con una legislación que cumpla con los estándares internacionales.

Durante el tratamiento de la Ley nos unimos a otros sectores de la sociedad, la Asamblea y el Ejecutivo en la organización de diálogos, foros, talleres, mesas de trabajo para convertir las reformas en un debate social amplio que saliera del Palacio Legislativo.

Por ese esfuerzo desplegado, nos congratulamos con las reformas aprobadas la noche de este 18 de diciembre. Como país hemos podido desmontar el sistema punitivo más represivo de la Región en materia de libertad de prensa. Eso es, básicamente, el gran logro de estas reformas.

Sin embargo, creemos que aún no se cumple plenamente el objetivo de respetar integralmente los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hay mucho por hacer e invitamos a todos los sectores democráticos del país: a medios de comunicación comunitarios, públicos y privados, a periodistas, sus agrupaciones y gremios, a la sociedad civil, a la academia y a las instituciones estatales del Ejecutivo, Legislativo y operadores de Justicia para unir esfuerzos y avanzar en la implementación de la nueva Ley de Comunicación vía la construcción de sólidos sistemas de autorregulación.

Al tener en mente la nefasta experiencia que significa entregar a los gobiernos la potestad de decidir sobre la calidad y contenidos del periodismo, debemos responder a las expectativas de los ciudadanos sobre la calidad, transparencia y capacidad de diálogo social de los medios.

Debemos, al mismo tiempo, trabajar con jueces y fiscales para que puedan tener la capacidad de aplicar los estándares internacionales. Debemos aportar en la revisión de los procesos de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) para decir “nunca más” abusar de las leyes para violar derechos y libertades. Debemos avanzar en un mecanismo efectivo de protección al trabajo periodístico. Hay muchas cosas por hacer.

Al mismo tiempo, es preciso observar que hay varias reformas legales más que se deben afrontar para desmontar del todo el régimen autoritario: Ley de Elecciones, Ley Antimonopolio, Ley de Participación Ciudadana, Código Penal. Y avanzar en normativas vitales como la de Medios Públicos, Publicidad Oficial, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información.

El 18 de diciembre supone un hito que nos llena de satisfacción, pero la tarea es aún larga y estamos decididos a aportar desde todas las perspectivas.

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El pasado 24 de octubre, Santiago Cuesta, consejero gubernamental; y Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas; participaron en el espacio radial Revista Informativa Democracia, conducido por Gonzalo Rosero. En una de sus intervenciones, a propósito de distintas interrogantes, Cuesta se refirió despectivamente a los cuestionamientos de una periodista de quien no mencionó nombre, ni medio: “Ayer veía a una periodista que decía ‘por qué se gasta plata en el tren playero, es algo superflúo, que no debería poner un centavo el Estado’. A esa periodista le contesto: por amor de Dios, no sea retrasada mental, no existe inversión del Estado, esto es una concesión, el que invierte es el empresario privado…”.

Este 30 de octubre, dichas declaraciones se viralizaron a través de redes sociales y generaron reacciones de activistas, líderes de opinión y periodistas. Desde FUNDAMEDIOS rechazamos la descalificación del funcionario, la cual constituye la primera agresión a un periodista desde la Presidencia de la República durante el Gobierno de Lenín Moreno, luego de 10 años en que el expresidente Rafael Correa fue el principal agresor en contra de la prensa.

Es preciso recordar que, el pasado 23 de agosto, durante la visita del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, el presidente Moreno afirmó que actualmente se vive «un ambiente de respeto a la libertad de expresión, de respeto a la gestión y trabajo de los medios de comunicación, que son fundamentos básicos, esenciales de un sistema democrático». Un mes después, el 24 de septiembre, la Defensoría del Pueblo pidió disculpas públicas por las más de 2400 agresiones contra la libertad de expresión por el hostigamiento y persecución sistemática durante el gobierno de Rafael Correa. Lo dicho por Santiago Cuesta contradice lo expuesto por el Primer Mandatario y la política que intenta instaurar, en ruptura con lo que representó su antecesor, durante una década.

FUNDAMEDIOS, en coherencia con el mandato de los estándares internacionales, considera que el momento que se viola la libertad de expresión, se permite que se viole el resto de Derechos Humanos. Esperamos el pronunciamiento respectivo desde el Gobierno, tras las expresiones de su Consejero.

En mayo pasado, Moreno creó la Consejería de Gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado, a través del Decreto Ejecutivo 417. Las atribuciones de Santiago Cuesta son: asesorar en la optimización estratégica del Estado, dar seguimiento al cumplimiento del programa de austeridad fiscal, recomendar acciones para el mejoramiento de la eficiencia del Estado y la reducción de trámites.

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El pasado 27 de junio, dos meses atrás, la Contraloría General del Estado emitió un informe vinculante y definitivo que ordena la suspensión del concurso público de 1472 Frecuencias de Radio y TV. El proceso había sido convocado durante la fase final del régimen de Rafael Correa como un nuevo mecanismo de presión, persecución y control a los medios de comunicación, en vísperas de las elecciones generales que se realizaron en febrero de 2017.

El resultado fue un proceso amañado, lleno de irregularidades, nada transparente y destinado a reforzar la concentración de medios en grupos afines al Gobierno.

La Contraloría también ordena acciones inmediatas de las autoridades y, especialmente, de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel), convocante al concurso fallido. La Arcotel debía revisar una por una las 283 licencias ya concesionadas y revertir las que incurrieran en las causales de nulidad, previamente señaladas por la entidad de control.

Dos meses después, somos testigos de la pasividad, incapacidad y negligencia de las autoridades de este organismo que no han dado ninguna respuesta ante las recomendaciones de Contraloría. Esto ha causado que la situación se transforme en un problema que crece día a día como una bola de nieve.

Arcotel está en la obligación de informar inmediatamente sobre las medidas que tomará para subsanar las irregularidades del concurso anterior y anunciar la convocatoria a uno nuevo, apenas se aprueben las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El proceso se debe realizar a través de un diálogo público y transparente con todos los sectores involucrados. Hasta el momento, la respuesta ha sido la opuesta; es decir, no dar respuestas, negarse a entregar información y a entrevistas como las que continuamente Fundamedios ha pedido con el Presidente de la Agencia.

Ante la inacción estatal, la respuesta de otros grupos ha sido la pesca a río revuelto, tratando de introducir una disposición transitoria de última hora en las reformas a la LOC para que se renueven automáticamente las frecuencias de radio y TV. Fundamedios rechaza y denuncia este hecho de un craso oportunismo, antidemocrático y que significa regresar al manejo arbitrario de un recurso público como es el espectro radioeléctrico.

No es dable que este tipo de prebendas se presenten como una medida de reparación ante la persecución que sufrieron periodistas y medios de comunicación durante el régimen autoritario de Rafael Correa. El asunto de la memoria y reparación no debe ser tratado a este nivel de frivolidad. Las medidas de reparación no pueden darse sobre la vulneración de principios fundamentales de la dimensión social de la libertad de expresión como el pluralismo y la diversidad y contrariando estándares internacionales.

En los ‘Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente’, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que “El principio 13 de la Declaración de Principios ha destacado que ‘las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos’”. En el mismo sentido, la CIDH indica que “uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información”.

Para más adelante clarificar más el estándar. Por un lado, “los Estados deben abstenerse de realizar acciones o favorecer prácticas que de cualquier manera se encuentren dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones que, de iure o de facto, discriminen o excluyan arbitrariamente a ciertos grupos o personas en el goce o ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. Por otro lado, los Estados “deben adoptar medidas positivas (legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza) para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no discriminación”.

Es claro que una renovación automática de frecuencias por un lapso de 10 años violaría de forma severa estos principios de libertad de expresión, por lo cual la Asamblea debe abstenerse de conocer o de aprobar la propuesta de transitoria presentada por algún sector de la radiodifusión comercial y cumplir estrictamente el compromiso de ajustar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación a los estándares internacionales.

Hacemos un llamado a todos los sectores a deponer agendas particulares y pensar en este momento de transición de un régimen autoritario a un modelo democrático a la construcción de sólidas instituciones basadas en el diálogo y el consenso, y no en la imposición de medidas que benefician a un sector en desmedro de otros.

Hacemos un llamado al Estado para que acoja las recomendaciones del Relator Especial de Libertad de Expresión, quien en su informe preliminar tras la visita oficial al país recomendó “establecer un espacio o consejo de consulta de todos los actores involucrados (medios públicos, privados, comerciales y comunitarios), a los efectos de establecer un diálogo sobre el marco general de distribución del espectro, la revisión caso a caso de los títulos ya otorgados para contemplar a los beneficiarios de buena fe; y el establecimiento de los nuevos procesos de asignación. La Relatoría Especial ofrece su seguimiento y asesoramiento técnico al Estado para afrontar este proceso”.

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La Constitución y la Ley lo prohíbe: una sola persona no puede acaparar, concentrar y menos monopolizar frecuencias de radio o TV. De hecho el discurso del Gobierno para aprobar la Ley de Comunicación, primero, y luego para llamar al concurso para la licitación de 1.472 frecuencias de radio y TV fue justamente una supuesta “democratización de la comunicación”. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Al caso del magnate mexicano de medios, Ángel González calificado con los más altos puntajes para obtener 104 frecuencias de radio y TV, ahora se suma el caso del actual candidato de Alianza PAIS para la Asamblea Nacional por el Distrito Sur de Quito: Jorge Yunda Machado, mejor conocido como “el Loro Homero”, quien busca obtener 35 frecuencias alrededor de todo el país y a través de un sistema que podría calzar dentro de la categoría de testaferrismo.

La Constitución, artículo 113, numeral 1, también prohíbe que un candidato a una dignidad de elección popular tenga contratos con el Estado en áreas como la prestación de un servicio público, como fue declarada la Comunicación en el Ecuador a finales del 2015. Sin embargo, Fundamedios logró rastrear las 35 frecuencias a las que, directa o indirectamente, está aplicando Yunda Machado. Solo en una de ellas, Radio Canela (106.5 FM), el actual candidato aparece como accionista. Sin embargo, sus hijos y familiares actualmente son administradores y accionistas de otras cinco empresas. Ellos son: Beatriz Yunda Pancho, Lilia Yunda Machado, Gabriel Yunda Padilla, Jorge Yunda Yunda.

Sin embargo, en un oscurso esquema de ocultamiento de la propiedad de los medios encontramos que hay varias personas que aparecen como accionistas y administradores que van rotando cada determinado tiempo entre las empresas que forman parte de la corporación Canela de la que Yunda es fundador.

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El perfil de varios de los accionistas que tienen relación con Yunda Machado y su empresa de medios tiene un patrón: son gente joven, recién graduada de la universidad, que no estarían en condiciones de acreditar la solvencia económica para sostener una empresa de medios, pero que aparecen como accionistas de grandes estaciones radiales.

Para gran parte de las 35 frecuencias por las cuales el Grupo de Yunda Machado está concursando se usa el mismo modus operandi: Un ejemplo es el caso de Jessenia Quiquije Herrera. En su perfil de Linkedin consta que fue contadora de Radio Canela en el 2011. De contadora debió irle muy bien porque en dos años pasa a ser accionista de Armónica FM Stereo en el 2013 y ahora es accionista de Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A., que tiene cuatro frecuencias: 96,9 FM en Quito, 94,1 en Santo Domingo, 91,3 en Tungurahua y 103,3 en Chimborazo.

Otro caso es el de Sebastián Guerra, quien fue Gerente General de Radio Redonda 910 AM, en el 2001, extinta frecuencia que funcionaba en la ciudad de Guayaquil, la cual perteneció a Radiodifusora Paraiso Radilpa S. A, empresa que se sabe con certeza que es manejada por la familia Yunda. En la actualidad Guerra es el Gerente General  de Radio Colón C.A. que tiene 14 frecuencias. (Ver infográfico).

Siguiendo la misma línea, Roberto Merchán Jiménez fue representante legal de Canela Radio en la ciudad de Ambato, en el 2015. Actualmente es accionista de JH Radio FM Pintatruc S.A, empresa concesionaria de la frecuencia (106,5 FM) de la provincia de Tungurahua.

También hay políticos relacionados. Es el caso del diputado y ex secretario del Congreso, Jhon Argudo Pesantez. En 2003 recibió una frecuencia de radio en Azuay, que ahora funciona como parte del Grupo Canela. Comenzó a trabajar para el IESS con Ramiro González y era asesor de gerencia del Biess, antes de ser candidato a la Asamblea en el 2013 por Avanza hasta que se alejó de ese partido. Actualmente es accionista de Sonido y Energia Sonoenergia Cia. Ltda, compañía concesionaria de dos frecuencias  (107.3 FM) en Cañar y de igual manera (107.3 FM) en Azuay.

Yunda en una entrevista realizada para este artículo no niega las relaciones con estas empresas, pero dice que “él solo les produce contenido para estos medios, por el éxito que tiene” y añade que el hecho de que un familiar o alguien cercano compre paquetes accionarios en empresas a las cuales el Estado se les concesiona frecuencias, no le convierte en concesionario. Yunda dice: “Yo era concesionario hasta el 2014, era accionista de dos concesiones una en Ibarra y otra en Ambato, yo cedí mi paquete accionario en el 2014, por eso es que hoy puedo ser candidato a la Asamblea porque no tengo contratos con el Estado.”

Añade, el actual candidato del partido de Gobierno; “Evidentemente que nosotros producimos para un sin número de emisoras. Yo soy productor de contenidos produzco, contenidos para radio Armónica, para radio La Redonda, Canela, La Otra. Produje contenidos para radio América, Hoy La Radio, RTU, para todas esas emisoras, produzco contenidos para Canela TV que es un canal de televisión, inclusive yo ahí animaba. Tenemos Canela en Murcia con una franquicia producida acá en el Ecuador. Esa es prácticamente nuestra actividad, porque muchos se confunden que podría ser un concesionario de emisoras que tenían 20, 30 años y no soy el concesionario soy el productor de contenidos. Un productor con éxito de estos contenidos porque lidera la sintonía en el Ecuador y fuera del país.”

Cuándo se le pregunta como se llama la empresa con las cuales produce contenidos, señala que la productora es Canela Business. No obstante, Yunda Machado tampoco figura como accionista en esta empresa, pero sí como su representante legal.  Situación que él ubica en el pasado, aunque en el portal de la Superintendencia sí aparece actualmente. Cuando se le pregunta por esto, Yunda lo atribuye a una demora en los trámites, “constan todavía pero yo ya deje de ser concesionario y representante.” Y añade, frente a la prohibición de que un concesionario de medios de comunicación pueda ser candidato, “la prohibición es ser concesionario, representante  legal no, pero deje de ser también hace unos meses para poder dedicarme a esto de la campaña.”

Al preguntársele a Jorge Yunda Machado sobre la relación que mantienen con varios concesionarios de medios de comunicación, vale la pena revisar sus respuestas transcritas de forma literal, ya que son muy reveladoras del esquema bajo el cual ha construído uno de los mayores poderes mediáticos en el Ecuador de la última década:

De los registros e investigaciones que tenemos hay familiares suyos que también están a cargo de las empresas de sus compañías por decirlo así.

Bueno, no es de mis compañías, sino compañías de ellos. Mi hermana tiene su propia compañía también y un tío, un primo también tendrán sus negocios. Los familiares son familiares y tendrán sus compañías cumpliendo con la disposición legal. Prácticamente es una hermana mía que está en el mundo de la publicidad, en el mundo de los contenidos y creo que es si no me equivoco también accionista de alguna empresa de comunicación, que la ley igual no le prohíbe porque si usted tiene un hotel y su hijo también quiere tener un hotel , pues simplemente tiene que cumplir con la ley.

Según la LOC, en el art 112 y 113, dice que un familiar o una persona con grado relativo cercano no puede ser concesionario.

Que si usted revisa, no es ninguna concesión otorgada a mi persona o a algún familiar mío, sino que las concesiones ya estaban establecidas las personas jurídicas. Por decirle ahora está en venta GamaTV y TC, si un hijo mío compra un paquete accionario de Gama no quiere decir que a él le concesionaron, simplemente compró un paquete accionario y puede comprar un 5%, 10%,  90%, porque son compañías que son sociedad anónimas cuyo paquete accionario está totalmente a disposición para la venta hay que cumplir con ciertos requisitos para comprarlos. Ahora comprar un paquete accionario de una compañía de comunicación con dineros mal habidos sería lo ilegal, comprar una compañía con fondos de dudosa procedencia sería lo ilegal o tener alguna contra indicación de la ley pero entiendo que en ese sentido no hay ninguna situación al respecto porque la gente piensa que cuando yo fuí representante del Cornatel yo ahí me cogí (robarse en árgot popular quiteño, nota de redacción) las frecuencias pero yo fuí representante hace 10 años y las concesiones tienen hasta 50 años por ejemplo, nosotros manejamos la concesión de radio Colón que tiene más de 50 años, pero lo que le hemos puesto es música y un contenido con lo que hoy es radio Armónica entonces no quiere decir que yo haya concesionado, porque tengo frecuentemente esa duda y ya han ido a preguntar. Usted puede ir al Arcotel, a la Superintendencia de  Compañías, puede ver  el registro y el historial. Muchas personas con el tino y la sutileza  que son los ecuatorianos dicen: que pilas este señor Yunda se va al Cornatel y se ha cogido un montón de radios, no hay como coger porque ha sido un consejo conformado por el Ministro de Educación, por el Presidente de AER, era conformado por el Presidente de la Asociación de Canales, era conformado por el Jefe del Comando Conjunto, era conformado por el Superintendente de Telecomunicaciones y yo era uno más de los seis miembros, para cogerse una frecuencias de una forma irregular tendría que haberles drogado a los otros cinco miembros del Consejo y que nadie se de cuenta. Eso es lamentablemente, lo que a veces la gente muy a la ligera comenta y no es así: son compañías que están establecidas hace mucho tiempo. De hecho estas compañías están concursando. Yo soy un creativo, director de contenidos y  los accionistas son personas que están legalmente establecidas y cumpliendo con todas las normativas de ley. Accionistas que han  confiado en este servidor que tengo 30 años haciendo radio, en su momento hice contenidos como le mencioné para diferentes emisoras y siempre estamos a las órdenes.

Hace un rato me dijo que ustedes manejan la concesión de radio Armónica que es radio Colon C.A. Hace cuánto tiempo la manejan?

Ya son… Desde el 2010. Por ejemplo ahí me contactaron ellos tenían dos emisoras AM que le dije mejor devuelvan, porque AM nadie escucha. En la FM les podemos poner música romántica que a todo el mundo le gusta, esa ha sido nuestra actividad. Y que bueno que me haya llamado para hacerle esa aclaración porque generalmente ahí hay datos, usted no va a encontrar ni una sola frecuencia que se ha dado en la época que me fui a parar yo en el Cornatel. Ni una sola frecuencia.

Las frecuencias no fueron asignadas directamente, pero si se compraron paquetes de accionistas y estas compañías llegaron a ser parte del grupo que usted dirige o dirigía…

Pero yo en el tema nada más de los contenidos. Porque usted tendría que preguntar a cada uno de sus accionistas y a cada uno de sus representantes legales que constan en la Super de Compañías. 

Producir contenidos, comprar paquetes accionarios de medios de comunicación establecidos hace décadas, concesiones a nombres de terceros, sea cual sea el esquema que utiliza lo cierto es que Jorge Yunda Machado se ha convertido en uno de los nombres más poderosos de los medios de comunicación y todo bajo el amparo de la llamada Revolución Ciudadana en lo que sus partidarios gustan llamar “la decada ganada”.

Audio: conversación con Jorge Yunda Machado AQUÍ