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Concurso de frecuencias

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Ecuador, 8 de octubre del 2020. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, compareció la tarde del 7 de octubre ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional con el propósito de presentar los resultados de la investigación realizada por Fundamedios, Plan V y Ecuavisa que revelan la concentración de medios de comunicación en manos del empresario Ángel González, conocido como el Fantasma, quien utiliza una red de testaferros para evitar señalamientos.

Fundamedios trabaja desde hace 14 años en Ecuador y desde hace 5 en América Latina en la defensa, promoción y monitoreo de la libertad de prensa y expresión por lo que el interés en el concurso de frecuencias se enmarca exclusivamente en la defensa de los derechos humanos y la democracia ya que la concentración de medios restringe la pluralidad que asegura el pleno derecho a la información.

“Cuando hablamos de concentración de medios no estamos ante un tema meramente técnico y administrativo, estamos ante un hecho que tiene serias consecuencias sobre la calidad de la democracia en el país”, sostuvo Ricaurte.

A través de una presentación con 24 diapositivas se presentó las pruebas que ratifican la presencia de Ángel González en el Ecuador y que compite, actualmente por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  Además de 19 repetidoras en provincias.

En 2019 la Contraloría General del Estado presentó los resultados del Examen Especial a los Procesos de Concesión de Frecuencias. En el documento detectó la concentración de medios de comunicación y señaló que al menos 8 medios de comunicación se encuentran ubicados en una misma dirección y que los contadores de estas empresas son los mismos ciudadanos. Con este antecedente, Ricaurte alertó que las empresas señaladas en el informe del 2019 entran nuevamente a concurso: MEGACOMUNICATION S.A; ANDIVISIÓN; RADIODIFUSORA AYAX; DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTANTES; ECUADORADIO S.A; RIDALTO RIDALTOSA S.A; RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.

Estas empresas ecuatorianas tienen como accionistas a 8 empresas en Montevideo, Uruguay y 6 de estas se ubican en la misma dirección: Juan Parra del Riego 989 que es un predio donde funciona una empresa de contadores.

Para demostrar la presencia de El Fantasma a través de una red de testaferros, Fundamedios presentó varios casos puntuales:

Cirvane Trading S.A es una empresa de nacionalidad uruguaya presidida por Remigio Ángel González González, cuya dirección es Juan Parra del Riego 989. Cirvane Trading S.A es accionista de la empresa ecuatoriana Adaratop S.A., dueña a su vez de Megacomunications S.A., una empresa que concursa por la frecuencia 105.7 que es la Radio Fabu Stereo.

Andivisión tiene como accionistas a la empresa uruguaya FIZLER S.A y a la empresa RADIO Y TELEVISIÓN GUATEMALA S.A que es parte del Grupo Albavisión, de Remigio Ángel González. José Fernando Villanueva Carrera, es el representante legal, la compañía pertenece a la esposa de Ángel González, Alba Lorenzana Cardona, y a su hija Jani Tzik Tzik. Además, este medio de comunicación está implicado en el caso de corrupción de financiamiento ilegal de la política en Guatemala y que desembocó en la Destitución y Encarcelamiento del Ex-Presidente, Otto Pérez Molina y de su Vicepresidenta Roxanna Baldettí y se mostró cheques y facturas de ese caso.

También presentó el caso de Cuminol S.A. que es a su vez una de las propietarias de la empresa ecuatoriana Radiodifusora Trafalgar del Ecuador S.A. concesionaria de la frecuencia 96.1 Joya Stereo. Cuminol S.A.  está presidida por el mexicano Guadalupe Carlos Hernández Martínez, según

información obtenida de la Dirección Nacional de Registros en Uruguay. En una declaración jurada, Hernández reconoce que “la totalidad de los fondos y dineros utilizados para la adquisición societaria me fueron proporcionados por el señor don Remigio Ángel González González” quien aseguró, es el único dueño.

Risfelar S.A. es a su vez una de las propietarias de la empresa ecuatoriana Radiodifusora Ayax del Ecuador S.A. concesionaria de la frecuencia 104.1 Alfa Stereo, la cual está presidida por el mexicano José Luis Yarzabal Burela, según información obtenida de la Dirección Nacional de Registros en Uruguay. Así mismo, en otra declaración jurada, Yarzabal reconoce que “la totalidad de los fondos y dineros utilizados para la adquisición societaria me fueron proporcionados por el señor don Remigio Ángel González González” quien aseguró, es el único dueño.

De esta manera Fundamedios demostró que en el Ecuador existe una concentración de medios, que en el Concurso actual de frecuencias se admitió la participación de empresas que ya estaban observadas por Contraloría y que se han tomado medidas para blanquear la situación.

La asambleísta Jeannine Cruz agradeció a Fundamedios y dijo que es la sociedad civil la que está poniendo alertas sobre estas irregularidades: “El informe es tan claro y contundente, el Fantasma González está presente y quienes quieren negar esa realidad están haciéndole el juego a la impunidad”, dijo la legisladora.

Fundamedios solicitó a la Comisión de Fiscalización que investigue a fondo la situación actual de concentración. En especial la validez de las resoluciones que la ARCOTEL ha expedido en los últimos dos años, relativos a los concesionarios mencionados en el informe de Contraloría.

También que se exhorte a Contraloría para que examine y elabore un informe sobre la situación actual de las frecuencias del país, incluyendo sus propias observaciones sobre concentración de medios establecidas en su informe DNA4-0025-2018 y que se conmine al Ministro de Telecomunicación y al Director de ARCOTEL para que se haga una revisión exhaustiva de la información que hemos presentado ante esta Comisión y de otros posibles casos de concentración de medios y se tomen los correctivos que permitan llevar a buen fin este concurso, sin cometer los pecados del pasado. 

En la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización también participó el Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) Kléver Chica y el Ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena, quien se excusó de comparecer en dos ocasiones anteriores.

Chica hizo referencia al fallido concurso del 2016 y al Informe de Contraloría que reveló las irregularidades que provocaron su suspensión. Aseguró que este es un proceso eminentemente técnico y que las nuevas autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones han socializado todas las etapas del concurso a través de la comunicación digital: “Si hay grupos de poder que ya han logrado mecanismos para poder concentrar frecuencias, si eso es verdad, nosotros apoyaremos”.

Por su parte Michelena subrayó que, como presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ha cumplido todas las observaciones y recomendaciones de la Contraloría y se refirió a que la entrega de los títulos habilitantes será un “derecho condicionado” bajo una declaración responsable para que se cumplan la ley y las normativas y no un derecho adquirido pues el Estado debe precautelar el correcto uso de las frecuencias. 

Fundamedios se mantiene expectante sobre el concurso de frecuencias y exige a las autoridades estatales a ceñirse a la ley y verificar los datos de los concursantes para preservar la libertad de expresión en el país.

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Ecuador, 5 de octubre. El director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), Xavier Aguirre, anunció que el proceso público competitivo para la asignación de frecuencias se aplaza 25 días.

El propósito es analizar la información de las instituciones de control del Estado a las cuales ARCOTEL solicitó, el 5 de agosto, información sobre las empresas que están en concurso. Entre estas se encuentran la Superintendencia de Compañías; Superintendencia de Bancos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

“Esta información nos permitirá completar, corroborar y verificar la información concerniente a la etapa de prohibición e inhabilidades (…) en el plazo de los 25 días de extensión que estamos solicitado podremos tender una definición y establecer claramente quiénes siguen y quiénes no siguen en el concurso”, dijo Aguirre en rueda de prensa.

La información que cruzará el ARCOTEL corresponde a 621 participantes que compiten por 1101 frecuencias. El funcionario sostuvo que se realizarán equipos de trabajo para consolidar toda la información y tener presente cuáles son las inhabilidades o cuáles empresas incurrirán en inhabilidades o prohibiciones como lo determinan las bases del proceso público competitivo.

Así, el cronograma actualizado sería el siguiente:

-La etapa de evaluación y presentación de resultados en base a la información de las entidades de control se entregará el 13 de noviembre.

-Los participantes podrán solicitar la revisión de los resultados del 16 al 27 de noviembre.

-Los análisis de las solicitudes de revisión estarán listas a partir del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

-Las resoluciones de adjudicaciones a aquellos participantes que NO han solicitado revisión se emitirán a partir del 30 de noviembre

-Las resoluciones de adjudicaciones a aquellos participantes que SÍ han solicitado revisión se emitirán a partir del 4 de diciembre.

Sobre el concurso de frecuencias de televisión; radio de baja potencia y las estaciones FM que queden libres, ARCOTEL se encuentra en proceso de definición de los aspectos relacionados con el concurso de frecuencias; las bases del nuevo concurso estarán listas la tercera semana de diciembre cuando se realizará la convocatoria. 

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El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, mostró su preocupación por el actual concurso de frecuencias de radio FM en Ecuador, que está en su segunda etapa.

«Habría empresarios que ya tienen frecuencias y que, por el límite de la concentración, no podrían presentarse a otros concursos y lo estarían haciendo a través de testaferros… en fin, sociedades anónimas en donde en apariencia no están, pero en realidad sí están”, dijo, en una entrevista con Ecuavisa.

Lanza ve con preocupación que el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) hayan anunciado que se revisará el tema de la concentración de frecuencias después de que estas se hayan entregado.

«A priori me parece que quita garantías para la democracia el hecho de que se retiren las garantías del proceso administrativo para que se revise la documentación que se presenta alegando que no se tiene otras frecuencias, por ejemplo, o las garantías que tienen las personas para montar un proyecto de comunicación o cuáles son sus proyectos de comunicación… me parece que debería revisarse antes. Una vez que se asignan las frecuencias, todos sabemos que va a ser muy difícil que el Estado vuelva para atrás y corriendo el riesgo de sufrir juicios, etc».

«Habrá otros que podrán impugnar esto ante los órganos nacionales e internacionales», mencionó el relator especial. 

FUNDAMEDIOS realizó una investigación publicada en conjunto con Ecuavisa y Revista Digital Plan V dónde se reveló los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias. 

Lanza recordó que el tema de la asignación de frecuencias a los medios es vital para la democracia y por tanto debe manejarse con transparencia. Asignar frecuencias a una persona que no podía concursar viola el principio de pluralismo y de no concentración de los medios. La Constitución, además, prohíbe el monopolio y oligopolio de los medios de comunicación.

Actualmente, el concurso de asignación de frecuencias de radio FM está en su segunda etapa y a partir del 06 de octubre se empezará a conocer a los beneficiarios de las primeras  frecuencias.

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Ecuador, 1 de octubre de 2020. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional citó a comparecer al titular del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), Andrés Michelena junto con el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Xavier Aguirre, el 30 de septiembre, por pedido de la legisladora, Jeannine Cruz (CREO), para que informen sobre el proceso público para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico.

También para despejar dudas sobre la denuncia pública que emitió FUNDAMEDIOS tras una investigación que revela que, en el actual concurso, uno de los principales beneficiarios en la adjudicación de frecuencias sería el mexicano Ángel Gonzáles: a través de un esquema de empresas compite por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  La mayoría de emisoras tiene presencia nacional, su matriz se ubica en Quito o Guayaquil y suma 19 repetidoras en provincias.  

El ministro Michelena aseguró, a través de un oficio, que no existe motivo para que se solicite su comparecencia por lo que se excusó porque además porque “debía cumplir compromisos de la agenda presidencial previamente adquiridos”. El Ministro fue convocado una vez más para el jueves 01 de octubre y tampoco lo hizo.

La asambleísta Cruz lamentó que no esté presente el Ministro de Telecomunicaciones pues es el Presidente de Arcotel y no entiende la excusa del funcionario pues por un acto de “respeto al país” se necesita responder a las interrogantes: “Hablar del concurso de frecuencias no es tan sencillo como hablar de un mero trámite administrativo pues se han utilizado sociedades que solo son fachadas, nombres, prestanombres”, dijo.

Para Cruz, la concentración de medios es una amenaza directa contra la libertad de prensa y contra el derecho a la población de recibir información ya que hay que tener claro que hay ciudadanos que buscan concentrar medios como una estrategia para poder concentrar información.

La legisladora se remitió al Examen Especial de Contraloría, a los procesos de concesión de frecuencia entre en enero de 2016 y agosto del 2017, y explicó que “las autoridades tuvieron el tiempo necesario para poder analizar un mecanismo de transparencia” y criticó que la convocatoria al concurso se haya realizado en medio de la pandemia del COVID-19, cuando el país estaba en emergencia sanitaria y había un estado de excepción con límites de movilidad: “30 días para la presentación de las ofertas, lo que implicó que los concesionarios debían realizar en un mes diferentes obligaciones como contratar un profesional para realizar un estudio técnico, un estudio económico y además no se contemplan controles previos para poder evitar la concentración de frecuencias”, aseguró.

Recordó que la recomendación de la Contraloría es dirigida al Presidente del Directorio de Arcotel que deberá disponer al Director Ejecutivo que, para futuros concursos públicos, previa la calificación de los postulantes, verifique el cumplimiento de las inhabilidades y motivos de descalificación establecidas.

Uno de los argumentos que ha señalado  la Arcotel es que para este proceso se incluyó una cláusula denominada de “Declaración Responsable”, que permite revisar que todas las declaraciones realizadas por los participantes cumplan con lo estipulado en la Ley con la posibilidad de revertir las frecuencias. Pero Cruz advirtió que generará dificultades administrativas y judiciales al Estado, pues al entregar el título se da derechos sobre la frecuencia.

Xavier Aguirre dijo ante los legisladores que esta institución cumplió con las recomendaciones emitidas en el informe de la Contraloría, en el 2016, para el inicio del nuevo concurso de frecuencias, conforme lo determina la Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación. Entre ellas: verificar las bases del concurso, los plazos para el cumplimiento de cada etapa, la evaluación de proyectos comunicacionales, los requisitos de bases del concurso con herramientas digitales. Indicó que los trámites de recursos de impugnaciones del actual proceso público competitivo serán tramitados por la coordinación jurídica y ejecutados con plazos del Código Orgánico Administrativo. En otro orden, mencionó que la Arcotel analizó la legalidad de 221 títulos habilitantes y emitió el informe final consolidado para revisión de la Contraloría.

“El 5 de agosto solicitamos información a otras instituciones que nos ayudan a convalidar estos procesos de validación de entrenados empresariales. Oficiamos solicitud de información al registro civil para establecer la vinculación del segundo y cuarto grado de consanguinidad para establecer concentración de frecuencias, oficiamos a la superintendencia de Compañías para poder establecer el domicilio de esas empresas o grupos empresariales que no tienen capital en el Ecuador y poder determinar como una inhabilidad, al SRI los mapas de vinculación para determinar si existe algún entramado empresarial.  Se ha realizado un riguroso control previo y que acepta las recomendaciones y sugerencias para que el proceso sea transparente” aseguró Aguirre.

La legisladora Janine Cruz solicitó se precise en qué fase del concurso público de adjudicación de frecuencias para medios privados y comunitarios se encuentran. El representante de Arcotel indicó que el 15 de mayo de 2020 se convocó a este proceso público competitivo. Precisó que se ofertaron 3096 frecuencias, 2112 para medios privados y 984 para comunitarios, distribuidos en las 24 provincias del país, en 70 áreas de operación zonal. Aclaró que hasta el momento no se ha emitido ni una sola calificación y que hasta el 6 de octubre consolidarán los datos. 

Además, el principal de la Arcotel aseguró: “Por las denuncias presentadas y lo señalado en los medios de comunicación, prácticamente sería imposible que el empresario Ángel González esté participando en el concurso de asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico”, afirmación que desconoce todas las evidencias presentadas en las investigaciones realizadas por FUNDAMEDIOS.

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Ecuador, 17 de septiembre. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, y el presidente de la organización y director de Plan V, Juan Carlos Calderón, realizaron una rueda de prensa la mañana del 17 de septiembre para ratificar las irregularidades encontradas en el concurso público de frecuencias, que podrían reforzar la concentración de los medios de comunicación en el país.

Ricaurte recordó que, a inicios de esta semana, Fundamedios presentó una investigación que detectó que el mismo esquema de concentración de frecuencias –que observó la Contraloría General en el concurso del 2016 se repite– beneficiando al magnate Ángel González, alias “El Fantasma”.

Sobre la Declaración Responsable, que permitirá a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) revisar todas las declaraciones realizadas por los participantes luego de la adjudicación de las frecuencias, Fundamedios considera que es una equivocación ya que la concesión de frecuencias no es un trámite administrativo sino un concurso, por lo que no se podría aplicar un requisito establecido para simplificar trámites que se hacen de forma habitual ante los ministerios.

Ricaurte aseguró que “el espectro radioeléctrico se relaciona a la libertad de expresión” y que las autoridades tienen todas las herramientas legales en la Constitución, la Ley de Comunicación, la Ley de Telecomunicaciones, en las atribuciones que se le da al ARCOTEL y en las mismas bases del concurso para actuar de forma inmediata. “Actuar a posteriori, sería faltar a la buena fe pública: “el momento que entreguen el título habilitante generan derechos. Los concesionarios, si se les intenta revertir ese título habilitante impondrán todos los recursos posibles y no devolverán las frecuencias, pacíficamente”, explicó Ricaurte. Eso es lo que ya pasa con el mismo Fantasma Goznález y frecuencias irregulares de TV que se le ha intentado revertir.

Las pruebas de la concentración de medios son contundentes y fueron presentadas por Juan Carlos Caderón, quien aseguró que, desde su creación, Fundamedios vigila los concursos de frecuencias y que, luego de 15 meses, el nuevo proceso no ha subsanado las observaciones realizadas por la Contraloría”. La investigación de Fundamedios constató que Ángel González compite por nueve emisoras matrices con alcance nacional y que juntas suman 19 repetidoras en provincias, para un total de 28 frecuencias”.

Según la investigación de Fundamedios estas nueve empresas nacionales, que compiten por las frecuencias, cuentan con 8 compañías accionistas con sede en Uruguay. Seis de estas se ubican en la misma dirección que se encuentra en el patio trasero de un estudio de contadores.

Fundamedios hace un llamado al Mintel y al Arcotel para que, en lugar de entrar en ataques o descalificativos personales, expliquen al Ecuador y actúan realizando un control previo de los antecedentes de los participantes del concurso. Como periodistas aportamos información válida, documentada y pertinente para que las autoridades puedan actuar. 

Ricaurte recordó que es importante tener un concurso de frecuencias democrático, transparente y legal, auspiciado por la ley, porque las frecuencias son propiedad del Estado ecuatoriano y es un patrimonio nacional por lo que deben ser concesionadas de manera transparente. 

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Ecuador, 17 de septiembre.- El titular del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), Andrés Michelena junto con el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Xavier Aguirre, brindaron una rueda de prensa la mañana del 17 de septiembre para responder a la investigación presentada el pasado lunes 14 de septiembre por Fundamedios, Plan V y Ecuavisa acerca del concurso público para la asignación de frecuencias en FM.

Michelena recordó que, en el 2018, el Gobierno inició el proceso de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación como uno de los principios básicos para avanzar hacia el proceso competitivo de frecuencias, que inició en mayo del 2020 para adjudicar 3126 frecuencias de radio, para favorecer a la mayor cantidad de medios de comunicación que por más de 10 años no habían tenido un proceso competitivo que les permita obtener los títulos habilitantes y operar de forma legal sobre el espectro.

El funcionario aseguró que se han acogido las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que observó el concurso de frecuencias del 2016, y que para este proceso se incluyó una cláusula denominada de “Declaración Responsable”, que permite revisar que todas las declaraciones realizadas por los participantes cumplan con lo estipulado en la Ley. Michelena advirtió que quienes no cumplan con esa declaración podrían cometer perjurio con la posibilidad de que la frecuencia sea revertida.

Además, recordó que en los anteriores concursos de frecuencias se entregaba un título habilitante sin tener la opción de que haya una revisión posterior, pero en este caso: “en el proceso de revisión las personas que concentran frecuencias posiblemente no tiene una concentración bajo el mismo nombre, sino que se lo hace a través de terceros: ese trabajo de revisión minucioso para que se cumpla con la ley se hará posterior a la terminación del concurso”, aseguró.

Por su parte, Aguirre explicó que en una primera instancia se revisaron los requisitos mínimos para el concurso público competitivo y que ahora se revisan las solicitudes presentadas por los concesionarios en los estudios técnicos, financieros y jurídicos que estarán listos en octubre para iniciar, a partir de noviembre,  la entrega de los títulos habilitantes.

Luego de esto, contó Aguirre, se realizará el catastro de las frecuencias que quedan libres en Amplitud Modulada (AM) y hasta finales del 2020 esperan tener listos los concursos de radio AM, las frecuencias que queden libres en FM y las de televisión.

Al final de la rueda de prensa, Michelena recordó que tiene el respaldo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, quienes aseguran que el concurso ha sido transparente y ha respetado el marco legal vigente. 

 

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Cuatro años después del fallido concurso de frecuencias un nuevo proceso público avanza con las mismas irregularidades y vicios del anterior, pese a las advertencias de los organismos de control. El resultado: Remigio Ángel González, alias El Fantasma, aún consta como la figura central en el mapa mediático ecuatoriano y concursa, a través de un opaco esquema de empresas de papel domiciliadas en su mayoría en Uruguay, por frecuencias de radio FM. El resultado de este “proceso público competitivo” será anunciado por ARCOTEL en esta semana y de no mediar ninguna sorpresa resultará en que se sacramente la concentración de medios en el país, un acto prohibido por la Constitución, la Ley de Comunicación y condenado por instrumentos internacionales de protección a la libertad de prensa y que además, fue uno de los hechos centrales que motivaron las observaciones de Contraloría para dar de baja el concurso de frecuencias del 2016.  

Sabemos que el caso del “Fantasma” no es el único caso de un grupo mediático posiblemente favorecido en el actual concurso de frecuencias. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS, Ecuavisa y Revista Digital Plan V será la primera de tres entregas que revelarán los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país. 

 

14 de septiembre de 2020

La presencia del magnate mexicano en el espectro radiodifusor de Ecuador no es reciente. En abril de 2016, aprovechó el primer concurso para postular y casi obtener la concesión de 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras. Lo hizo a través de 18 empresas con accionistas distintos con el propósito de evitar ser señalado por concentración de medios, prohibido en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).  

González tiene inversiones en 15 países de América Latina. Como dueño de la cadena Albavisión posee 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica y 1 medio impreso. En Ecuador, sus prácticas consolidan su emporio de forma irregular.  

Así lo detectó un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), realizado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017. El documento desnudó irregularidades en el proceso y señaló que se abrió la puerta a la concentración de frecuencias en manos de tres grupos empresariales. Aunque en el reporte no se identificó a los accionistas de los conglomerados por su nombre, salieron a relucir las marcas Canela, Andivisión S.A y Capital Televisión de Manabí. Dichas empresas, acorde a investigaciones previas realizadas por Fundamedios (FDM), están encabezadas por Jorge Yunda, actual alcalde de Quito (Grupo A); el Fantasma González (Grupo B); y Lenín Andrade, empresario manabita (Grupo C).

Esto decía la Contraloría sobre las empresas vinculadas al mexicano:  

Además: 

De esta manera, no solo se reveló que el Fantasma obtuvo medios a través de parientes, abogados o empleados, sino que a raíz de los descubrimientos, la Contraloría solicitó a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) dar de baja el concurso. El 21 de diciembre de 2018 se declaró la nulidad del concurso recordado por muchos como la ‘feria de frecuencias’. 

En paralelo, mientras el informe ya estaba vigente, se reveló que el Fantasma González, había tenido otra aparición, esta vez, en las elecciones presidenciales de 2017, pues fue parte del club de financiadores de la campaña electoral del binomio Moreno-Glas. Según la investigación publicada por el portal Mil Hojas, en uno de los chats filtrados por #InaPapers en agosto de 2016, Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y  su exabogado Carlos Lorefice Lynch, quien era el encargado de manejar todos los medios del Fantasma en la región, se habrían reunido con Moreno, cuando estuvo viviendo en Ginebra con un cargo diplomático. Tres años después de posesionado Moreno, el informe continúa sin ejecutarse.  

La misma receta 

Quince meses han pasado y, en mayo de 2020, Arcotel publicó una nueva convocatoria al Concurso público para la adjudicación de 3096  frecuencias de Radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM). Sólo 621 participantes manifestaron interés para concursar

En una reunión con el gremio radial el pasado 20 de julio, el presidente Lenín Moreno afirmó que entre las bondades del concurso consta la eliminación de la competencia desleal.  Además, el  ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, en una entrevista con Teleamazonas el 30 de junio, aseguró que “iniciamos el cumplimiento de ciertas normas de la Contraloría en el concurso de 2016. Hemos cumplido absolutamente todos los pedidos de la Contraloría para dar paso al nuevo concurso”, aseguró

Pero, ¿qué ocurre en la práctica?  

Ángel González, a pesar de que fue señalado en 2016 por concentrar medios, busca obtener las mismas frecuencias. Fundamedios constató que compite por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  La mayoría de emisoras tiene presencia nacional, su matriz se ubica en Quito o Guayaquil y suma 19 repetidoras en provincias.  

Aunque las recomendaciones realizadas por la Contraloría exigían “ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”, en el concurso actual siguen constando las empresas que antes fueron señaladas por el organismo. 

De acuerdo a Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), “esta dirigencia nacional constantemente le ha recordado a Arcotel que tiene que dar cumplimiento a las recomendaciones del estudio especial que hiciera la Contraloría General del Estado allá en el 2018”.  Chica y la dirigencia de AER han avalado el concurso, y el pasado 19 de agosto en declaraciones a Fundamedios, expresó que considera que ha sido un proceso “justo y transparente”.

Para José Ignacio López Vigil, coordinador de Radialistas Apasionados y Apasionadas (centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe), la inacción no es una sorpresa. “Participé en la auditoría de frecuencias que se hizo a partir de la constituyente. Investigamos, mandamos un informe, y el informe ha dormido hace años en las gavetas y, después con Arcotel, no se hizo nada”, asegura.  

Fundamedios a través de Ecuavisa buscó la versión de Arcotel, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Mientras que, Contraloría afirmó al canal de televisión que no habrá un pronunciamiento previo, sino cuando se haga, de ser necesario, una auditoría al concurso.

Las radiofrecuencias (FM) vinculadas al Fantasma González en Ecuador:

¿Cómo compite el Fantasma por las frecuencias?

Como su sobrenombre lo indica, se vale de su habilidad para montar mecanismos que despistan y desvían la atención sin dejar rastro. Este 2020 postuló a través de nueve empresas nacionales que, a su vez, cuentan con ocho compañías accionistas con sede en Uruguay.  

Andivisión S.A., la empresa que aparece en el informe de Contraloría y actual participante del concurso, es propietaria de Tropicálida Stereo (91.3) y tiene como accionista a la empresa uruguaya Fizler S.A. y a Radio y Televisión Guatemala S.A. Mientras que Radiodifusora Trafalgar del Ecuador,  también presente en el informe, compite por la frecuencia 96.1 de Joya Stereo que tiene como accionista a Cuminol S.A, firma uruguaya. 

Ridalto Ridaltosa S.A. compite por la frecuencia de La Fabu (97.3) que posee dos accionistas: el Banco Central del Ecuador (BCE) y Trueage S.A., que también tiene dos accionistas, uno es la empresa uruguaya Calafone S.A. y Jesús Armando González González (México), hermano de ‘El Fantasma’.

En Megacomunications S.A., concesionaria de Fabu Stereo (105.7), figura como accionista Adaratop S.A, que tiene como accionista a la uruguaya Cirvana Trading S.A. Esa es la única empresa donde la figura de Ángel González se expone, pues la preside desde 2018. 

(‘La red del Fantasma González’. Aplasta el cursor para conocer el mapa de conexiones de empresas uruguayas y ecuatorianas.Selecciona la opción del signo menos (zoom out) para ver la gráfica completa. Es recomendable visualizarlo desde una computadora).   

Fundamedios solicitó a la Dirección Nacional de Registros en Uruguay información acerca de las ocho empresas accionistas de concesionarias ecuatorianas. De allí se desprende que seis se ubican en la misma dirección: Juan Parra del Riego 989, en Montevideo. Otro dato es que la dirección pertenece a la oficina Molinari & Asociados Contadores, pero el número señalado en el registro de la empresa corresponde a la parte trasera del inmueble y no a la delantera como, regularmente, consta en los registros. 

  • Risfelar S.A.
  • Fizler S.A.
  • Cirvane Trading S.A.
  • Cuminol S.A., Calafone S.A
  • Noxlyn Trade S.A.
  • Yabil S.A.
  • Burtown S.A. 
  • Calafone S.A.

Además, los presidentes de las empresas forman parte del círculo del mexicano que involucra a su hermano Jesús Armando González, Fernando Guido Contreras López, amigo cercano radicado en Costa Rica y presidente de la empresa de televisión abierta Repretel, parte del conglomerado de Albavisión; José Yarzabal Burela, quien es parte de sus encargados regionales y figura como presidente de Risfelar S.A. y, según el medio mexicano Milenio, forma parte de su grupo de confianza. 

Pero, ¿por qué Uruguay? Por muchos años ese país fue catalogado como un paraíso fiscal en la región. Sin embargo, Daniel Espinosa, exsecretario Antilavado de la Presidencia uruguaya, destaca que aquel estatus corresponde al pasado, ya que “actualmente, no tiene ninguna de las características de opacidad y secreto financiero que caracterizan a este tipo de centros ‘offshore’”. Desde 2017 está vigente la Ley nº 19.484, que obliga a identificar al beneficiario final de todas las sociedades y estructuras jurídicas (es decir, el dueño legal de la empresa).  

No obstante, en el caso de las empresas nombradas no registran los dueños como manda la norma; en el registro sólo consta la información sobre la persona física (el presidente de la empresa), como nos explica el periodista uruguayo, Fabián Werner, aquello no permite saber quiénes son los dueños verdaderos. 

Para el guatemalteco Gonzalo Marroquín, director de la revista mensual Crónica y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), lo que sucede en Ecuador es parte del modus operandi que El Fantasma replica en la región. Por ejemplo, en Guatemala, país donde empezó su emporio, es dueño de cuatro canales de comunicación. “Ha desarrollado con mucha habilidad una mecánica que replica de país en país, primero para apropiarse de medios de comunicación u obtener frecuencias de televisión y de radio utilizando sociedades que son fachada, utilizando prestanombres y sobretodo y esto es lo más triste aprovechándose de la debilidad de la clase política Latinoamericana”, describe.   

¿Cómo afecta su presencia a la población? Marroquín asegura que “la concentración de medios es una gran limitante para la libertad de prensa y para el derecho a la población a recibir información. Ángel González es parte de esa estrategia de ciertos gobiernos de concentrar la información (…) un efecto en las masas muy grande, aquí (Guatemala) han habido noticias que los canales de televisión y los medios de González han callado en casos de corrupción”, asegura.  

¿Un artículo con dedicatoria?

Así, las irregularidades del concurso de frecuencias en Ecuador se suman a la pandemia y a las puertas de un proceso electoral. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) impulsó una veeduría ciudadana que vigile el proceso, pero que terminó con una capacidad nula de supervisión como lo alertó el exmiembro de esta entidad, Raúl Fernando Cabrera. 

“Han asumido como que la veeduría solo debe firmar lo que ellos hagan al final de cada etapa para avalar, sin la posibilidad de haber examinado o participado en los procesos”, sostiene. También renunciaron a ese espacio Emilio Fernando Uzcategui Jimenez;Xavier Olmedo Barragán Martínez; María José Ramírez Campos, Paola Aguilar, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

Roberto Wohlgemuth Jarrín consta dentro de la veeduría, pese que el mismo CPCCS informó la suspensión de dicha nominación, a través de un boletín de prensa, el 3 de agosto. Esto luego de que el pasado 8 de julio Facebook lo identificó como uno de los operadores de las granjas de trolls para desinformar.

A esta capacidad nula de observación se suman normas que abren las puertas a los capitales extranjeros.  Antes de las reformas a la LOC, que entraron en vigencia en febrero de 2019, el artículo 6 prohibía que una persona o empresa extranjera sea dueña de un medio de comunicación a escala nacional.  

Tras las modificaciones, el artículo 6 explica que «los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49 % de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional”. Ximena Peña, legisladora del movimiento oficialista Alianza País (AP), impulsó ese texto. 

Mientras que el Reglamento de la norma, que no ha sido cambiado, determina que existe una excepción para personas naturales y jurídicas de países con los que Ecuador tiene convenios comerciales. En la actualidad, Ecuador mantiene acuerdos comerciales con México, Chile, Guatemala, la Unión Europea, El Salvador, entre otros. 

Andivisión S.A. incumple con el porcentaje establecido. Tras la revisión del portal de la Superintendencia de Compañías, se evidenció que sus dos accionistas son empresas extranjeras: Fizler S.A. (Uruguay) y Radio y Televisión Guatemala S.A.

Entonces, ¿existe una contradicción entre la Ley y el Reglamento? El constitucionalista Carlos De Tomaso considera que se trata de una aparente contradicción entre el artículo 6 de la LOC, que establece que un medio de comunicación no puede pertenecer en más del 49% a una empresa persona extranjera; y el Reglamento que abre excepciones. “Ni la Ley ni los Asambleístas previeron la excepción de que las personas jurídicas o naturales de países con los que el Ecuador haya suscrito convenios comerciales de cierto tipo puedan ser dueñas de medios de comunicación en más del 49%”, sostiene.  

Sin embargo, la realidad es que la excepción o puerta trasera creada por el artículo 6 del Reglamento se aplicó para sacramentar la compra de medios por parte del empresario mexicano.

El representante de Radialistas Apasionados y Apasionadas, concuerda con De Tomaso y afirma que “hicieron el artículo 6 del Reglamento para que Ángel Gonzalez no fuera molestado, los hermanos Alvarado eran muy amigos y siguen siendo muy amigos del señor Ángel Gonzalez (…) el artículo 6 del Reglamento contradice al mismo artículo 6 de la Ley Orgánica, y no pasa nada, son delitos tan fragantes, no pasa nada”, sostiene.   

Los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado fueron mano derecha del expresidente Rafael Correa. Este último, desde el 2009  hasta 2015 fue el Secretario Nacional de Comunicación y desde inicios de 2014 estuvo al mando de los medios públicos de Ecuador TV y Radio Pública, como titular del directorio de la Empresa Pública Televisión y Radio del Ecuador. Vinicio Alvarado fue sentenciado dentro del caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho mientras que, Fernando Alvarado fue llamado a juicio delito de peculado por realizar contrataciones de servicios de comunicación con recursos del Estado. Ambos se encuentran prófugos.

Fundamedios contactó a Fernando Alvarado, exsecretario Nacional de Comunicación (Secom). El publicista respondió: “no soy amigo del señor Ángel González. Si fuese amigo, los medios como diario El Comercio, que dicen son de su propiedad, no me hubieran atacado criminal y miserablemente como lo hicieron”

Por ahora, a pesar de las irregularidades, de la pandemia, del auge electoral o de ‘fantasmales’ presiones, el concurso continúa su rumbo. Se prevé que hasta el 22 de septiembre se publique los resultados de adjudicación de las frecuencias que marcarán las voces radiodifusoras por los próximos 15 años. 

  

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Ecuador, 4 de septiembre de 2020.- La Secretaría Técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mediante la Resolución Nro. CPCCS-STPCS-2020-0002-RES de 31 de agosto, ratificó la participación de Roberto Wohlgemuth Jarrín, alias @mashiroberto, con lo cual esa veeduría perdió los últimos resquicios de legitimidad que pudo haber tenido en algún momento. 

Fundamedios señaló que “@mashiroberto fue y sigue siendo uno de los operadores más agresivos del aparato de propaganda del correismo, especializado en el manejo distorsionado de redes sociales y la generación desinformación”, tal como lo detectó una investigación académica que sirvió de base para que Facebook diera de baja 41 cuentas, 77 páginas, y 56 cuentas de Instagram por coordinar comportamientos “no auténticos” a nombre una institución extranjera o gubernamental, las actividades tenían origen en la empresa Estraterra, fundada por Roberto Wohlgemuth.

El 15 de julio Paola Ivonne Pacheco solicitó al CPCCS se revisen los requisitos y prohibiciones de Wohlgemuth, ya que sostenía que tenía conflictos de interés con el objeto observado.  Ella mencionó dentro de su sustentación la nota de prensa del Portal Primicias del 8 de julio del 2020 que informó que Facebook eliminó cuentas de una red de contenido falso que funcionaba en Ecuador.

El reportaje menciona que las investigaciones internas de la Red Social encontraron vínculos entre las personas detrás de esta red y consultores políticos y exfuncionarios de Ecuador y Estraterra que tiene base  en Canadá y que tiene entre sus exaccionistas a @mashiroberto. “El CPCCS se basa en un tecnicismo para devolver la calidad de veedor a @mashiroberto, el hecho de que la denunciante hace uso de una fuente indirecta, cuando perfectamente el CPCCS pudo haber pedido información directa a Facebook o a los autores de la investigación que es el laboratorio de Investigación Digital del centro Atlantic Council”, señaló César Ricaurte de Fundamedios. “no ha existido ninguna voluntad real de investigar y eso demuestra que la veeduría ha intentado ser manipulado desde el principio con lo cual pierde toda legitimidad”, añadío el vocero de la organización.

El 3 de agosto Wohlgemuth fue notificado con la suspensión como miembro de la veeduría, solicitándole a la vez remitir en el término de 10 días sus pruebas de descargo, que fueron presentadas el 17 de agosto de 2020. Entonces explicó que los datos acreditados sobre su participación como socio fundador de la compañía Estraterra S.A. se realizaron hace más de 4 años y “nada tienen que ver con la condición de veedor ciudadano; y por sí mismo, el hecho de fundar esta empresa, no constituye un hecho ilegal y menos aún violatorio”. Recordó además que desde 2018 ya no es accionista de la empresa, pues transfirió sus acciones.

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. Y desde la organización se rechazó la presencia de ‘@mashiroberto’ en la entidad.

 El primer coordinador de la veeduría fue Héctor Velazco, quien en el concurso del 2016 tramitaba ante el vicepresidente de esa  época y actual reo por cohecho, una frecuencia de radio FM.

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Ecuador, 18 de agosto de 2020.- Han pasado 42 días desde que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anunció la conformación de una veeduría ciudadana para vigilar el proceso público para el otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión de señal abierta para el funcionamiento de los medios de comunicación y las novedades continúan.

A través del oficio CPCCS-SNCS-2020-0236-OF, el CPCCS informó el 14 de agosto a Rodrigo Aguirre, director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel); y a Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la renuncia de un veedor y la incorporación de cuatro nuevos integrantes.

Se trata de María José Ramírez Campos, quien conformó dicha veeduría desde sus inicios, y presentó su renuncia irrevocable el pasado 10 de agosto. En el comunicado no consta la salida de Raúl Fernando Cabrera, que fue confirmada a FUNDAMEDIOS por el ahora exveedor. 

Cabrera sostiene que el trabajo de la entidad fue poco significativo y apunta hacia funcionarios de Acortel quienes habrían excluido a los veedores de las etapas del concurso. “Han asumido como que la veeduría solo debe firmar lo que ellos hagan al final de cada etapa para avalar, sin la posibilidad de haber examinado o participado en los procesos”, aseguró.

La lista de los vigilantes actuales del proceso es: Carlos Alberto Larrea Naranjo, Patricio Xavier Villacís Villafuerte, Katia Beatriz Murrieta Wong y Dixan Sánchez Blanco, quienes se incorporaron el 14 de agosto. Además, están Bernardo Francisco Cañizares, Washington Oswaldo Dután, Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo Emilio, Fernando Uzcátegui Jiménez, Fernando Andrés Villacrés Castro, Roberto Wohlgemuth Jarrín, Lenin Eduardo Saguay Sanaguano y Xavier Olmedo Barragán Martínez.

Según el Oficio del CPCCS, Wohlgemuth Jarrín aún figura como veedor del proceso, pese que el mismo organismo informó la suspensión de dicha nominación, a través de un boletín de prensa, el 3 de agosto. Esto luego de que el pasado 8 de julio Facebook lo identificó como uno de los grandes operadores de las granjas de trolls para desinformar.

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. 

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Un nuevo concurso para la asignación de frecuencias en el espectro radioeléctrico está en marcha. El primer proceso, abierto en 2016, fue suspendido por informes de Contraloría que determinaron irregularidades e indicios de responsabilidad penal. Con base en lo que dicta la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) abrió una convocatoria nueva.

El 21 de abril, el ente regulador publicó en su sitio las bases para el ‘Proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios de servicios de radiodifusión de señal abierta’. De acuerdo a ello, los interesados pueden presentar la documentación hasta el  9 de julio de 2019, la misma que empezará a analizarse desde el día 17 del mismo mes.

FUNDAMEDIOS insistió, desde el primer proceso fallido, en la necesidad de diseñar mecanismos que garanticen su transparencia e idoneidad técnica. En esta ocasión, la organización aboga por los mismos principios.

Cabe insistir que el artículo 113 de la LOC prohíbe que se concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. La autoridad no podrá adjudicar más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio en FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional.  

Paradójicamente, una de las ilegalidades que desde FUNDAMEDIOS se denunció durante el proceso anterior fue la existencia de personas plenamente identificadas que incurrieron en concentración de frecuencias; sin embargo, se otorgaron las concesiones.

Insistimos. Se trata de principios que los recursos públicos, así como las frecuencias de radio y TV se manejen con absoluta responsabilidad y rigurosidad. La asignación debe responder a un diálogo público y transparente.

Es un hecho que el primer concurso se caracterizó por su falta de transparencia, bases amañadas y favoritismo hacia ciertos grupos mediáticos. En ese contexto, FUNDAMEDIOS se mantendrá vigilante respecto a las frecuencias cuya situación esté en proceso de revisión por parte de la Arcotel, la cual debe determinar su situación jurídica, incluyendo aquellas que se encuentren incursas en inhabilidades, prohibiciones o causales de reversión. De acuerdo a la convocatoria, la Agencia continuará con la sustanciación de los procesos administrativos de revisión individual de los títulos habilitantes otorgados en el concurso de 2016.

La Ley manda que se reserve hasta el 34% del espectro radioeléctrico al sector comunitario. El 66% restante se asignará al sector público y privado; pero la concesión de frecuencias para los medios públicos no debe exceder el 10% del espectro. Los ‘Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente’, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalan que se deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos. También indican que “uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información”.

Desde FUNDAMEDIOS se observará que el proceso de asignación y renovación de frecuencias y/o licencias esté regulado específicamente por criterios objetivos, públicos y democráticos. Que se cumpla con la ley y no se actúe al arbitrio de la autoridad pública.