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Bajo el argumento de que se trata de datos de carácter personal, la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel) negó a Fundamedios la entrega de copias de los expedientes de los postulantes al concurso de frecuencias, por el cual está en juego el 65% de todas las frecuencias de radio y TV del país. Negó además, por segunda vez, el ingreso de un observador al lugar en el que se están verificando las carpetas de los concursantes.

Estas acciones de Arcotel confirman que este proceso no es ni transparente ni público, como manda la Ley, y restan toda la legitimidad que un concurso de esta envergadura debe tener. El panorama actual es que las carpetas de un concurso supuestamente público se califican a puerta cerrada y hasta el momento no se conoce quiénes son los concursantes ni por qué frecuencias participan. La restricción a los derechos ciudadanos al acceso a la información pública, así como al control social y a la fiscalización de todo acto del poder público, es una clara violación a la Constitución, a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

El 3 de agosto, más de un mes después de ingresada la solicitud, Arcotel respondió con esta nueva traba al acceso a la información. Fundamentan su negativa en el artículo 66, numeral 19, de la Constitución, que señala que el Estado deberá garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal, dejando de lado los derechos antes señalados protegidos por normas constitucionales y legales. Absurdamente señalan que, para entregar la información de los concursantes, Fundamedios debe presentar “las autorizaciones otorgadas por cada participante que permita determinar que los mismos están de acuerdo con que se entregue copias de los expedientes entregados por ellos”, requisito por demás ilógico cuando Arcotel ni siquiera ha hecho pública la lista de postulantes.

El mismo 3 de agosto, en respuesta a otro oficio de Fundamedios, Arcotel también negó el ingreso de un observador ciudadano delegado por nuestra organización para que pueda observar in situ el trabajo de calificación de expedientes. Lo hizo desconociendo la Constitución y la Ley, bajo el argumento de que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tiene la atribución de normar y acreditar los observatorios y veedurías.

La semana pasada, Fundamedios dirigió una carta a la directora de Arcotel, Ana Proaño, en la que le recuerda las obligaciones constitucionales y legales de transparentar la información y permitir los procesos de observación ciudadana garantizados en leyes orgánicas.

La Constitución ecuatoriana, en su artículo 61, numeral 2, garantiza el derecho de los ciudadanos a “participar en los asuntos de interés público”, sin que las instituciones públicas deban calificar ni imponer ningún requisito adicional para su cumplimiento, y en el numeral 5 consagra también como un derecho ciudadano el de “fiscalizar los actos del poder público”.

El artículo 17, numeral 1, de la Constitución, establece que el Estado “garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico” (el subrayado es mío). Finalmente los artículos 108, numeral 2, y 110, de la Ley Orgánica de Comunicación señalan que la adjudicación de frecuencias para medios comunitarios y privados se hará “mediante concurso público, abierto y transparente” (el subrayado es mío).

Las trabas para el acceso a observadores y el no permitir la vigilancia ciudadana sobre el proceso, es claramente ilegal e inconstitucional. El hecho de que, luego de 38 días de cerrado el plazo para la entrega de los proyectos, no se haya permitido ningún acto de observación ciudadana arroja sombras adicionales sobre un proceso ya deslegitimado por la falta de transparencia, las motivaciones políticas y la ambigüedad en el reglamento que rige el Concurso, tal como lo hemos denunciado públicamente.

Pero, aparte de las claras violaciones constitucionales y legales que se están cometiendo, las autoridades de Arcotel faltan a su propia palabra, empeñada públicamente en varias entrevistas de radio, afirmando que se abrirían las puertas de la institución para que los ciudadanos supervisemos el concurso y que se daría facilidades para que las veedurías ciudadanas se establezcan.

El Reglamento y las Bases aprobadas por Arcotel para este concurso no señalan en ninguna parte que la calificación de los postulantes se hará a puerta cerrada, por lo que esta disposición de impedir a los ciudadanos observar el concurso viola claramente la Constitución y la Ley. Es más, el artículo 1 de las bases del concurso señalan que el objetivo de este proceso es “garantizar la asignación de 1.472 frecuencias (…) mediante la aplicación de métodos transparentes que permitan el acceso a los mismos en igualdad de condiciones”.

Tal como se está llevando a cabo este concurso, no es público, abierto ni transparente como manda la Ley. Por todas estas razones, Fundamedios reitera la necesidad de que de forma inmediata se proceda a permitir la vigilancia ciudadana, facilitando el ingreso a las instalaciones de Arcotel a los ciudadanos que quieran verificar el proceso de calificación de cada uno de los postulantes dentro del concurso de frecuencias. De no ser así, tanto los directivos y funcionarios de la Agencia, serán responsables de las posibles violaciones a la Constitución y las Leyes que se cometan.

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Poco más de tres meses después de lanzado el concurso de adjudicación de frecuencias, el presidente del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) cambia su titular. Patricio Zambrano, quien dirigía ese organismo como delegado del presidente Rafael Correa, presentó su renuncia y, en su lugar, el Primer Mandatario nobró a Tamara Merizalde.

Merizalde ya venía desempeñándose como vocal del Cordicom, como delegada de los Consejos de Igualdad. Ahora estará a la cabeza del Consejo durante la etapa de calificación de los proyectos comunicacionales en el concurso. Antes, trabajó en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuando la ministra era Doris Soliz, actual directora de Alianza País.

La presencia de Zambrano en el Cordicom ya fue criticada por Fundamedios, pues él es presidente del Partido Socialista (aliado de Alianza País) y es parlamentario andino en funciones, electo por ese partido en alianza con el oficialismo.

Este cambio de autoridades en medio un concurso no abona al ambiente de transparencia que un proceso de esta magnitud debe tener. Más aún cuando la otra entidad encargada del concurso, la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel), no hace pública hasta ahora la lista de postulantes.

Dos semanas después de que se cerró el plazo para la entrega de solicitudes del concurso público de frecuencias a nivel nacional y 5 desde el cierre para las zonas afectadas por el terremoto, la Arcotel no permite el libre acceso de observadores al lugar en el que se están revisando las postulaciones.

Tampoco se ha transparentado cuáles frecuencias son las que recibieron postulaciones y quiénes están concursando para qué frecuencia. Se entregó la cifra de 1.486 frecuencias, sin embargo falta la información más importante.

Fundamedios constató la falta de acceso de forma presencial y también con la entrega de una carta que fue contestada con la imposición de trabas para procesos de observación ciudadana sobre un concurso público, derecho establecido, sin requisito alguno, en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana.

La cifra de los expedientes de los participantes en el concurso se dio el 7 de julio del 2016, cuando se emitió un acta de verificación de la documentación. Hasta el 15 julio se recibieron los últimos expedientes, de Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, la revisión de estas carpetas se realiza a puerta cerrada.

Fundamedios solicitó telefónicamente a Lucía Begnini, asesora de comunicación de Arcotel, que permita el ingreso al lugar donde se está realizando la calificación de las carpetas. Pero ella señaló que para autorizarlo era necesario enviar una comunicación por escrito, dirigida a la directora de la Agencia, Ana Proaño de la Torre.

La comunicación se entregó en Arcotel el 12 de julio del 2016. Allí pedimos que se permita el ingreso de una delegada, en calidad de veedora del concurso público de adjudicación de frecuencias, ejerciendo así el derecho ciudadano a participar en todos los asuntos de interés público, la transparencia y el desarrollo del poder ciudadano.

Sin embargo, la respuesta que emitieron no permite el ingreso de nuestra delegada, lo que claramente viola el principio de publicidad del concurso público. El argumento de Arcotel es que las veedurías deben estar reglamentadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, razón por la que se oficia a este organismo.

Esto viola claramente el artículo 39 de la Constitución, que establece que todos los ecuatorianos tienen derecho a participar en los asuntos de interés público y a fiscalizar los actos del poder público.

Arcotel ha puesto estas trabas a pesar de que, públicamente, Proaño dijo que esperan la visita de la ciudadanía. En una entrevista en radio Sucesos, el 13 de julio de 2016, dijo: “estamos atentos de que la veedurías que se formen desde la ciudadanía o a través de organismos internacionales vengan a visitarnos. Sin duda, nosotros vamos a estar muy atentos de que eso ocurra, para no solamente hablar de transparencia sino mostrar con hechos”.

Fundamedios también hizo otros dos pedidos de información sobre el concurso público de frecuencias. En el primero, de fecha 28 de junio, solicitamos que se especifique los días término que se ha fijado para cada uno de las etapas del proceso. En el segundo, del 1 de julio, solicitamos las copias de los expedientes de los concursantes.

Tampoco hemos recibido una respuesta hasta ahora, ni se han hecho públicos los plazos ni los nombres de los postulantes a cada una de las frecuencias.

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IMG-20160718-WA0003 (1)A las 17:00 del viernes 15 de julio se cerró el plazo para que los medios de Esmeraldas y Manabí presentaran sus solicitudes para participar en el concurso de frecuencias de radio y televisión. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) había dado una prórroga de 15 días a los medios de estas provincias, duramente golpeadas por el terremoto que azotó la costa ecuatoriana hace apenas tres meses.

“El terremoto nos dejó muy afectados, ha sido complicado pagar las asesorías técnicas y profesionales para llenar las fichas e informes”, comenta Rafayé Falconí, de la radio La Voz del Sur de Manabí. Su padre, Ramón Falconí Yépez, que tiene 40% de discapacidad y casi no puede caminar, pudo llegar justo antes de que cerrara el portón la oficina regional de la Arcotel, el viernes pasado, en Portoviejo. Agitado, se echó en una silla de la recepción con unos papeles en la mano. “Esto ha sido tremendo, ojalá todo marche bien. El esfuerzo por cumplir con los requerimientos ha sido muy duro para nosotros”. Su radio, que funciona desde hace 55 años en Jipijapa, espera no desaparecer en el intento.

Rafayé cree que los 15 días extras fueron insuficientes para cumplir con un proceso del que depende su familia: las tres personas que trabajan en la estación son él, su padre y su madre. Sabe que, de obtener una respuesta negativa, deberían vender los estudios, los equipos y empezar de cero.

Maury Jácome había llegado unos minutos antes y aceleraba el paso de un escritorio a otro. Es la representante de Oromar TV, que emite su señal desde Manta. “Esto ha sido como parir un hijo”, comentó, refiriéndose a las exigencias del proceso. Reconoció que hubieran querido contar con al menos otras dos semanas pero que, a pesar de los apuros, en la oficina de la Arcotel siempre recibieron una atención profesional en el proceso.

Radio Alfaro FM también presentó su solicitud contrarreloj. La estación comunitaria, operada por la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí (Upocam), que sólo emite su señal en Jipijapa, aspira a llevar su programación hacia al menos 10 cantones más en Manabí. Como sucedió con la mayoría de los medios consultados por Fundamedios, el principal inconveniente para Radio Alfaro fue la elaboración del plan económico. Para desarrollarlo tuvieron que incurrir en gastos elevados. “Ha sido duro para nosotros, hay medios que no tenemos tantos recursos”, comenta Elías Bonilla, representante de la Upocam.  

“La mayor dificultad está en el proyecto de sostenibilidad. No podemos mentir, no vamos a tener súper ingresos, cuando la situación en Manabí sigue siendo grave. Nos van a decir: ‘Usted no se puede sostener’. Lo cierto es que en estas circunstancias nadie se puede sostener. Así que confiamos en que lo sepan comprender”, comenta Lenin Andrade, representante de Radio Más Candela, a través de un contacto telefónico con Fundamedios.

Andrade dice que si bien hubo talleres y socializaciones, para muchos resultó un proceso complejo y vieron la necesidad de buscar asesoramiento externo: “Tome en cuenta que, en Manabí, tenemos una falencia de ingenieros especializados en el tema de los estudios técnicos. Hubo necesidad de contratar por fuera y algunas empresas como que han aprovechado las circunstancias para cobrar bastante alto”.

Incurrir en gastos aumenta la vulnerabilidad y la incertidumbre de los medios de la zona que sigue soportando réplicas considerables. Como las del domingo 10 de julio que, según cuenta Lenin Andrade, desplazaron nuevamente las antenas en el cerro Jaboncillo.

Otros medios que tuvieron que pagar a consultores externos fueron Radio Amiga, con 37 años de operación, y Manavisión, 33 años al aire, del Grupo EDIASA. “Inicialmente pensamos correr nosotros mismos los formatos y llenarlos, pero vimos la necesidad de contratar consultores ya que había información muy subjetiva”, confiesa Félix Varas, su representante, quien también cuestiona las dudas que dejaron las bases del concurso y los parámetros de calificación. “Nuestro futuro es incierto con los medios. Es tan subjetivo todo que hubiéramos preferido que se haga una licitación. Hubiera sido más transparente quedarnos afuera por no poder pagar. Pero bajo las actuales condiciones, ¿cómo califican una parrilla de programación? Todo depende de quién califique”.

En Bahía de Caráquez, en una casa patrimonial que data de 1894, funciona una de las radios más antiguas del país: La Voz de los Caras. Ahí reside su propietario, Marcelo Nevárez . “Yo nací en esta silla –dice Nevárez, señalando una butaca ubicada frente a la consola–, ahí le agarraron los dolores de parto a mi madre. Y aquí me voy a morir”. En una visita que Fundamedios realizó en mayo, Nevárez no ocultó su preocupación y confesó que no podía invertir en consultorías para la aplicación al concurso de frecuencias. “Si usted me pregunta qué he ganado (con la radio); he ganado, la amistad, el respeto de la gente, el cariño”.

Dos meses después, vía telefónica y con un tono más esperanzado, cuenta que se dedicó a estudiar las bases del concurso y los formularios y los llenó por sí mismo. “No dispongo de los USD 6.000 que me hubiese costado contratar a un consultor, pero confío en que la respuesta será favorable”. ¿Y si no es así? “Tendré que buscar, a estas alturas, cómo ganarme la vida… Espero que las autoridades tomen en cuenta mi experiencia de 70 años ininterrumpidos como radiodifusor”. Las paredes de la estación, empapeladas de títulos, medallas y reconocimientos dan cuenta de la trayectoria de la radio fundada en 1946 que en su pequeño jardín tiene antenas satelitales que la conectan con  importantes medios internacionales como la BBC, la Voz de América, Radio de Francia Internacional, CNN, entre otras.

Así quedó el edificio donde funcionaba Radio Tropical en Pedernales.
Así quedó el edificio donde funcionaba Radio Tropical en Pedernales.

Del mapeo realizado por Fundamedios, 16 medios sufrieron daños severos en las zonas afectadas por el terremoto. Dos de ellos están en Pedernales, epicentro del sismo de abril. Ahí las dos únicas radios existentes perdieron todo con el terremoto y ambas debían –a pesar del dolor, las pérdidas, la incertidumbre económica y el cansancio– concursar por una frecuencia.

Radio Tropical estuvo fuera del aire durante casi un mes. Su propietario, Marcelo Cepeda, se quedó sin el edificio donde funcionaba la radio y donde también residía con su familia. Sin embargo, con equipos prestados y alquilados, volvieron a levantarse y lograron también cumplir con el proceso para renovar su frecuencia dentro del plazo previsto, aunque tuvieron que invertir una cantidad alta (demasiado alta en medio de la emergencia) para lograrlo.

Similar es la situación de la Radio Altamar de Pedernales. Con el terremoto, el edificio también se vino abajo y ahí falleció Yaritza Briones, secretaria de la estación. Pero su voluntad de servir a su comunidad en el momento en que más los necesitaba hizo que a los tres días, con un generador eléctrico prestado y equipos provisionales volvieran al aire desde el único cuarto que quedó en pie. El dueño de la estación, Gary Cobeña, informó a Fundamedios que justo antes de que venciera el plazo alcanzaron a presentar la solicitud para la adjudicación de una frecuencia. Mantiene la esperanza de que tendrán una respuesta positiva: “Los únicos verracos que nos hemos quedado a convivir aquí con todo lo que está pasando somos nosotros”.

Gary Cobeña, propietario de Radio Altamar, en el lugar donde funcionaba su medio.
Gary Cobeña, propietario de Radio Altamar, en el lugar donde funcionaba su medio.

A través de un comunicado difundido este jueves 21 de julio de 2016, la Arcotel informó que recibió un total de 834 postulaciones a nivel nacional, solicitando la adjudicación de 1.486 frecuencias para servicios de radiodifusión AM, FM y de televisión abierta, de medios de comunicación privados y comunitarios.  

Hasta el 30 de junio, la Arcotel recibió 706 solicitudes. Al cumplirse el plazo para la recepción de postulaciones en Esmeraldas y Manabí, en estas provincias se habría recibido 128 peticiones que en total solicitan 208 frecuencias desglosadas de la siguiente forma: 4 para AM; 139 para FM y 65 para televisión, según consta en el “acta de verificación” publicada en su portal.

Sin embargo, la entidad no informa si todos los medios que tenían vencida su frecuencia en las provincias afectadas por el terremoto pudieron efectivamente cumplir con el proceso de solicitud. Tampoco se detalla qué medios están participando en el concurso ni a qué frecuencia postulan.

Fundamedios vuelve a cuestionar la falta de transparencia del proceso y reitera su llamado a que se suspenda el concurso, aún más en las condiciones de vulnerabilidad en las que han tenido que participar los medios golpeados por el sismo.

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Una semana después de cerrado el plazo para la recepción de solicitudes, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) no transparenta la información completa sobre los postulantes dentro de este proceso.

En un primer comunicado, emitido el 1 de julio pasado, la Arcotel indicó que se receptaron 706 solicitudes de frecuencias en todo el país. Sin embargo, una semana después, el 7 de julio, esta institución colgó en su portal web un “acta de verificación de la información ingresada”, en la que se señala que se recibieron 1.268 solicitudes, desglosadas de esta manera:

AM: 68

FM: 911

TV: 289

Las solicitudes ni siquiera llegan al número de frecuencias ofertadas: 1.472. Esto quiere decir que hay frecuencias por las que nadie concursó. La variación en el número de solicitudes no ha sido explicada públicamente por las autoridades. Tampoco se ha desglosado cuántas frecuencias no recibieron solicitudes, cuáles son las más apetecidas, ni cuántas solicitudes fueron presentadas por actores privados y cuántas por comunitarios.

11 días después de cerrado el plazo para la recepción de solicitudes, en Arcotel se sigue trabajando a puertas cerradas, es decir sin veedurías ni presencia de prensa. Mientras, subsisten serias dudas, pues no se conoce quiénes son las personas que están solicitando las frecuencias, ni a qué frecuencia están apuntando. Todo esto no abona a crear confianza sobre la transparencia del concurso, factor que ha estado bajo cuestionamiento desde el primer minuto del proceso.

Fundamedios pudo conocer que está constituyéndose una veeduría independiente, sin embargo en estos días críticos no existe ningún proceso ciudadano que controle y vigile el concurso. Recordemos que la veeduría “autoconvocada” que se presentó  fue desestimada después de que Fundamedios expusiera las vinculaciones y conflictos de intereses de cuatro de los veedores lo cual después fue recogida en una denuncia de la misma Arcotel.

Fundamedios reitera su llamado a que se suspenda el concurso, pedido que se ve reforzado a la luz del fracaso de participación que ha significado. “En realidad, el actual concurso de frecuencias no está sirviendo de ninguna forma a que exista una distribución transparente, abierta y por lo tanto más democrática de las frecuencias, más allá de un par de casos puntuales, casi anecdóticos, mientras subsisten dudas provocadas por la falta de transparencia, en una fase crítica del concurso como es la apertura de las propuestas”, declaró el director de la organización, César Ricaurte.

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Guillermina Molina, Roberto Guerrero, Paúl Rojas y Marcelo Muñoz, durante la presentación de la veeduría, el 1 de junio del 2016.

El concurso público para la adjudicación de 1.472 frecuencias se convocó sin que en sus bases y reglamentos se contemple la creación de una veeduría oficial, convocada a través del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), que se encargue de hacer el seguimiento y control de todo este proceso.

El Reglamento General de Veedurías contempla tres tipos: por iniciativa ciudadana en forma colectiva, de las organizaciones de la sociedad o del CPCCS. Tradicionalmente en todos los concursos públicos se cumple con este requisito a través del Consejo, pues existe un mandato constitucional, aunque no hay una obligación expresa que obligue a hacerlo. Así, el art. 96 se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

En aras de la transparencia, Arcotel y Cordicom debían solicitar a esta entidad que se convoque la constitución de una veeduría o, a su vez, el Consejo podía convocar por su propia iniciativa, más aún si se considera la magnitud e importancia de un concurso que comprende el destino del 65% de todos los medios radiales y televisivos del país.

Hace pocos días, un grupo de ciudadanos “autoconvocados” anunció la constitución de una veeduría y la presentó el pasado 1 de junio. Se identifican como “independientes, ad honorem y pro bono”. Se inscribieron en el CPCCS, como les faculta numeral 5 del artículo 100 de la Constitución de la República.

Según la Ley de Participación Ciudadana (art. 8, numeral 3), “las veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo de la política pública con énfasis en los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público; la ejecución de planes, programas, proyectos, obras y servicios públicos, así como las actuaciones de las y los servidores públicos en general”.

El coordinador de la veeduría del concurso, Roberto Guerrero, señala que actúan dentro de las potestades que les da la Constitución y que lo hicieron pues están preocupados por este concurso, y señaló que los veedores tienen experiencia en los campos de la comunicación  y las telecomunicaciones.

Entre las inhabilidades para participar como veedor, establecidas en el artículo 16 del Reglamento, está el tener algún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de vinculación con el objeto y la ejecución de la veeduría. Sin embargo, durante la etapa de conformación de la veeduría de iniciativa ciudadana, según el Reglamento, no se abre una etapa de impugnación.

En este caso, cuatro de los seis veedores “autoconvocados” podrían entrar en esta inhabilidad. Lo que cuatro de ellos presentan como experiencia son vínculos con el actual Gobierno o funcionarios de éste.

Estos son sus perfiles:

Paúl Rojas acredita en su hoja de vida que tiene 32 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Entre 2007 y 2008, durante un año y medio, fue Superintendente de Telecomunicaciones, cuando ya gobernaba el país Rafael Correa. Su paso por esa entidad estuvo llena de críticas, según lo señala la prensa de la época:

Una nota de El Universo reseña que, al día siguiente de su posesión, duplicó su salario. También fue cuestionado por tener una empresa que ofrecía servicios de telecomunicaciones y era contratista del Estado, según otra nota de El Universo. Finalmente, su nombramiento recibió críticas por haber designado como Intendente General y segundo al mando de la Superintendencia a Ricardo Rivera Arauz, quien era concesionario de una frecuencia, en un claro caso de conflicto de intereses. Este nombramiento se detalló en una nota del portal digital Plan V.

Rivera Arauz es tío en segundo grado del vicepresidente Jorge Glas Espinel, dado que es primo de su madre, Norma Espinel Arauz. Según narra la nota de Plan V, se conoció en los días del nombramiento de Rojas que fue Glas quien hizo las gestiones en el Congreso para que se lo nombrara Superintendente. En ese entonces, Glas era presidente del Fondo de Solidaridad. Rojas también es cuñado de Marcelo Vélez Arízaga, quien fue uno funcionario y uno de los principales técnicos durante la puesta en marcha del canal estatal Ecuador TV, según detalla Plan V.

Mientras se desempeñó como gerente de Advicom, Rojas suscribió varios contratos con el Estado. Por ejemplo, se encargó de la “provisión e instalación de equipos para la operación emergente de la Radio Legislativa”, por USD 37.790; el “servicio de alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la Radio de la Asamblea”, por USD 89.008; y el “sistema de transmisión para la estación de televisión análoga de la Asamblea”, por USD 115.700.

La empresa también tuvo contratos con el Ministerio de Educación,  USD 389.700, y recientemente, en 2015, con la Secretaría Nacional de la Administración Pública, por USD 1.785, para provisión de equipos.

Sebastián Muñoz Vélez es abogado, cuencano, y trabajó como asesor jurídico en la Superintendencia de Telecomunicaciones hasta agosto del 2015, según los registros de esa entidad. Esta entidad luego se transformó en la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel), que ahora convoca al concurso de frecuencias.

Además, Muñoz tiene un vínculo directo con Rojas. Es sobrino de su esposa, Maribel Vélez Arízaga. Pero también es socio de Rojas en la firma Lex Solutions Ecuador, que funciona en Quito en el tercer piso de un edificio en la calle París y Emilio Solá, en el sector de El Batán Bajo. En su página web, señalan que entre sus clientes está la Vicepresidencia de la República y la Arcotel.

En esa misma dirección funcionan dos empresas más, cuyos accionistas son los hijos de Rojas y primos de Muñoz: Advicom y Teratelecom. Las direcciones están registradas en la Superintendencia de Compañías.

Estas tres empresas han tenido contratos importantes con el Gobierno. Advicom, por ejemplo, ha tenido contratos con la Radio Pública y Ecuador TV, e instaló los equipos de la radio de la  Asamblea Nacional.|

Guillermina Molina tiene otro tipo de vinculaciones. Según ella mismo contó el día de la presentación de la veeduría, su experiencia se da en el ámbito comunicacional, pues fue parte del equipo de asesores de Alianza País que trabajaron en la elaboración de la Ley de Comunicación. Específicamente, fue asesora del entonces legislador Humberto Alvarado Correa y, después de su muerte, de su alterna, Maruja Jaramillo. Alvarado Correa es padre de Vinicio y Fernando Alvarado Espinel, quienes han ocupado diferentes cargos de alto nivel en el actual Gobierno, al punto que son considerados parte del grupo más íntimo del poder.

Jorge Saade es violinista, pero es también docente de la Universidad de las Artes, es decir, funcionario público.

Estas vinculaciones transgreden lo establecido entre las inhabilidades para participar como veedor, pues van en contra del principio de de independencia que la veeduría debería tener. Por esto, la veeduría anunciada la semana pasada no cumple los requisitos de idoneidad e independencia y por lo tanto está muy lejos de ser un aval para la transparencia e integridad del concurso de 1472 frecuencias de radio y TV.

Desde Fundamedios volvemos a hacer un llamado para la suspensión inmediata del concurso con el fin de que se vuelva a convocar a un proceso donde se cumpla con los estándares internacionales para el desarrollo de medios radiales y televisivos libres, independientes, plurales, democráticos y participativos. De llevarse adelante el proceso bajo las actuales condiciones, existe el riesgo inminente de que se entablen multitud de demandas contra el Estado ecuatoriano.

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Fundamedios, organización de la sociedad civil que promueve y defiende la libertad de expresión en Ecuador, hace un llamado público a las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) a que suspendan la convocatoria al concurso para la adjudicación de 1.472 frecuencias.

Entre los procesos de este tipo, este sería el más grande en la historia de los medios en Ecuador y probablemente en toda la región. Un proceso de esta envergadura no debería generar dudas o cuestionamientos de fondo, sino implementarse cumpliendo los principios de independencia, transparencia, rendición de cuentas, justicia, pluralidad e inclusión, como señalan los parámetros internacionales y particularmente los “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ninguno de esos principios está garantizado en el concurso convocado por las autoridades de telecomunicaciones, según demuestra el análisis realizado por Fundamedios y que se incluye en este comunicado. Por el contrario, las normas que regulan el mismo, al ser ampliamente subjetivas, lo convierten en un proceso discrecional.

No obstante, las mayores sombras en el proceso provienen del hecho de que las entidades gubernamentales a cargo de la calificación de los postulantes, la Arcotel y el Cordicom, han demostrado no ser independientes del poder político y/o económico.

La actuación de la Arcotel en el proceso de concesión de curiosas e irregulares frecuencias temporales a favor de un grupo económico que acumula medios de todo tipo, muestra claros favoritismos para ciertos empresarios. El Cordicom está dirigido actualmente por un militante político que no acredita ni experiencia ni conocimientos en el área de las telecomunicaciones o de la comunicación social. A esto debemos sumar que las propias autoridades han admitido que no se dará cumplimiento a la reserva de 34% de frecuencias para los medios de carácter comunitario, situación que es consecuencia directa de la falta de políticas públicas de real impulso y desarrollo de estos medios sin fines de lucro.

Con esos elementos, lo que podría ser una enorme oportunidad para diversificar y ampliar la pluralidad de voces que necesita una sociedad genuinamente democrática, tiene grandes riesgos de transformarse en una herramienta de control y presión política sobre los medios, más aún si consideramos que estamos en un año eminentemente electoral, cuando es especialmente crítico que se garantice el libre acceso a los medios de comunicación a todas las corrientes políticas. Cabe recordar que sin prensa libre no existe posibilidad de elecciones libres.

A continuación, Fundamedios presenta sus argumentos sobre la falta de idoneidad del proceso.

 

FALTA DE INDEPENDENCIA DE LOS ENTES DE CONTROL

Al ser la Arcotel y el Cordicom las instituciones a cargo del proceso, se pone en riesgo no sólo el derecho de cada persona a expresarse libremente sino también el derecho de la ciudadanía a recibir la máxima diversidad posible de información e ideas.

Al respecto de esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) señala que, para garantizar una radiodifusión libre e incluyente, es necesario que “la autoridad de aplicación y fiscalización en materia de radiodifusión no esté sometida a injerencias políticas del gobierno ni del sector privado vinculado a la radiodifusión.” La finalidad de esto es reducir el margen de una posible arbitrariedad en el procedimiento para otorgar o renovar una concesión de frecuencia.

PLAZOS ARBITRARIOS

Es necesario mencionar que este proceso de concurso y adjudicación de frecuencias establece plazos que podrían generar presión sobre los concursantes, no sólo por la inmediatez de los mismos en sus distintas etapas sino por su cercanía a un proceso electoral. Sobre esto, la RELE ha indicado que la falta de normativa que establezca plazos y criterios objetivos puede devenir en una situación de incertidumbre y presión sobre los medios de comunicación que aspiran a renovar su licencia. Según han señalado las autoridades, el concurso tendría resultados en diciembre, apenas días antes de que se inicie la campaña electoral para los comicios de febrero de 2017.

DISCRECIONALIDAD PARA CALIFICAR LA LÍNEA EDITORIAL

Los parámetros de evaluación del plan comunicacional que deben presentar las personas naturales y jurídicas que deseen optar por una frecuencia fueron elaborados el Cordicom. Estos lineamientos podrían dar lugar a una valoración claramente sesgada pues, de acuerdo con la normativa a emplearse, los medios deberán indicar cuál es su “orientación”. Esto podría interpretarse como una valoración de la línea editorial del mismo, lo cual, ante un ente claramente politizado, implica una desigualdad de condiciones para medios de comunicación caracterizados por mantener una línea editorial crítica o, incluso, opositora.

Sobre este particular, la RELE ha indicado lo siguiente: “Los requisitos de asignación deben consagrarse en leyes claras y precisas, de forma tal que se evite cualquier consideración política discriminatoria que pueda afectar la asignación en atención, por ejemplo a las ideas políticas o religiosas o de cualquier otro orden, de la persona que solicita la licencia”.

La evaluación de los planes comunicacionales por parte del Cordicom se caracteriza por una amplia subjetividad y esto contraría la declaración de principios sobre la libertad de expresión pues, en lugar de prohibir la presión, castigo, premiación y privilegio a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, se lo está fomentando.

REVERSIÓN ANTICIPADA DE CONCESIÓN POR CUALQUIER DENUNCIA

La RELE ha señalado que la normativa sobre radiodifusión, en países o regiones con índices muy altos de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, debe compatibilizar el fomento de la pluralidad y diversidad de voces con el respeto de la línea editorial o informativa de un medio. Además, se debe evitar el retiro o renovación de frecuencias o licencias por razones discriminatorias o arbitrarias.

Por el contrario a lo establecido en este estándar, la normativa a emplearse en este proceso desarrolla el artículo 112 numeral 9 de la Ley Orgánica de Comunicación, que se refiere a las causales para la terminación de concesiones de frecuencia. De esta forma, abre la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas puedan denunciar ante el Cordicom un supuesto incumplimiento del plan comunicacional presentado, lo que daría lugar a una posible reversión de la frecuencia otorgada. Considerando la falta de independencia del ente de control, esto podría constituirse en una herramienta de persecución y hostigamiento a medios de comunicación que mantengan líneas editoriales investigativas.

AUSENCIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS INDEPENDIENTES

Tal como se presentan las bases para el concurso, no se establece formalmente la creación de un mecanismo que garantice la participación de la ciudadanía en el proceso. Al respecto, la RELE ha señalado que el mecanismo de asignación y renovación de frecuencias debe ser transparente y público y que, con la finalidad de disminuir una posible arbitrariedad, debe contemplarse la realización de audiencias públicas que aseguren acceso a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, y que obliguen a la motivación suficiente de sus decisiones. Esto debería garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones.

Las autoridades aseguraron que están trabajando en la convocatoria con otras entidades públicas y privadas, pero el concurso ya se inició sin que esta participación ciudadana exista.

CONDICIONES INADECUADAS PARA EL ACTUAL CONCURSO

La Ley de Comunicación, aprobada en junio del 2013, estableció la necesidad de que las concesiones de frecuencias en el espectro radioeléctrico se realicen mediante un concurso público. Hasta la fecha se convocaron a dos procesos para concesiones de frecuencias comunitarias, en 2012 y 2014, que fueron fallidos.

Se trata de 846 frecuencias en FM, 148 en AM y 478 de televisión en UHF disponibles en el concurso. Entre ellas se encuentran las frecuencias de estaciones radiales con importantes espacios informativos como radio Visión, Centro, EXA Democracia, Sucesos, Platinum FM, Sonorama o FM Mundo. Los actuales concesionarios de la frecuencia sí pueden concursar por la que actualmente ocupan.

Además, el concurso no se abrió para estaciones de televisión VHF. Esto quiere decir que 180 estaciones que tienen sus frecuencias caducadas, entre las que se encuentran Ecuavisa, Teleamazonas, GamaTV y Telerama, tendrán que participar por una frecuencia en UHF, es decir que tendrán que cambiar de canal en las vísperas de un proceso electoral. Según Ana Proaño, directora de la Arcotel, esto se hace como “paso previo” a la migración a la televisión digital, que aún no tiene fecha.

Pero además, el ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, aseguró que en este proceso no se cumplirán los porcentajes establecidos en la Ley de Comunicación de que 33% de los medios deben ser privados, 33% públicos y 34% comunitarios. Esto será “progresivo”, según el Ministro, aunque la Ley no habla sobre esta gradualidad en la repartición de frecuencias.

Por todos estos hechos, hacemos un llamado a las instituciones internacionales de protección y defensa de las libertades de expresión y prensa, así como a las redes y organizaciones de protección a la prensa, para que señalen sus preocupaciones y vigilen de cerca el concurso.

Exhortamos a las autoridades para que demuestren una mínima de sensibilidad o sentido de la oportunidad, y suspendan el actual concurso, dando inicio a una discusión amplia con todos los sectores para que, sobre la base de los estándares mínimos, se desarrollen reglamentos que realmente garanticen un avance hacia la existencia de medios plurales e incluyentes.

Y, principalmente, queremos llamar la atención de todos los ciudadanos ecuatorianos pues, de avanzar el actual concurso para concesionar 1.472 frecuencias, estaríamos ante un proceso que puede ser un golpe letal contra las libertades de expresión y prensa en Ecuador.

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Versión en español

Fundamedios, a civil society organization that promotes and defends freedom of expression in Ecuador, has requested authorities from the Agency for the Regulation & Control of Telecommunications (Arcotel) and the Council for the Regulation & Development of Information & Communication (Cordicom) to suspend the tender process for the award of 1,472 frequencies.

This would be the largest tender for frequencies in the history of media in Ecuador and probably the region. A process of this magnitude should not generate doubts, but instead be implemented according to the principles of independence, transparency, accountability, justice, diversity and inclusion, in accordance with international standards. Of particular importance are the Standards of Freedom of Expression For Free & Inclusive Broadcasting, issued by the Special Rapporteur for Freedom of Expression (RELE for the Spanish acronym) at the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR).

None of these principles is guaranteed in the forthcoming tender process in Ecuador. The issue of greatest concern is that the bodies responsible for the assessment of applicants, Arcotel and Cordicom, have proved themselves to be independent of neither political nor economic power.

With its history of granting temporary irregular frequencies to an economic group that collects media outlets of all kinds, Arcotel shows clear favoritism for certain companies. Cordicom is run by a political activist who lacks qualification, experience or knowledge in the field of telecommunications and media. In addition, the authorities themselves have admitted that they will fail to comply with the allocation of 34% of frequencies to community media. This situation is a direct result of the lack of public policies supporting these nonprofit media outlets.

With these elements, a major opportunity to diversify and expand the plurality of voices needed in a genuinely democratic society is in danger of becoming a tool of control and political pressure. This danger is heightened by the fact that the general election is fast approaching; a time when it is critical that all political movements are guaranteed free access to the media. Without a free press there are no free elections.

HOW IS THE TENDER PROCESS FLAWED? THE ARGUMENTS

CONTROL BODIES’ LACK OF INDEPENDENCE
With Arcotel and Cordicom running the tender process, this jeopardizes not only the right of each person to express themselves freely, but also the right of citizens to receive the maximum possible diversity of information and ideas. In this regard, RELE states that, to ensure free and inclusive broadcasting, it is necessary that “the authority that enforces and controls broadcasting is not subject to political interference from the government or private sector linked to broadcasting.”

ARBITRARY DEADLINES
It should be mentioned that the tender process establishes a time frame that could put participating media outlets under great pressure, not just in terms of tight deadlines but proximity to the election. On this issue, RELE has indicated that the lack of regulations establishing objective criteria and deadlines could create a situation of uncertainty and pressure for media outlets who wish to renew their license. Officials have stated that the results of the tender will be announced in December, just days before campaigns are due to start for the 2017 presidential and legislative elections.

DISCRETION TO JUDGE EDITORIAL LINE
The assessment parameters of the communication plan that must be submitted by natural and legal persons wishing to bid for a frequency were developed by Cordicom. These guidelines could lead to a clearly biased outcome because they require participating media outlets to state their ‘orientation.’ This could be interpreted as an appraisal of the outlet’s editorial line, implying unequal conditions for those who maintain a critical or opposing position.

In this regard, RELE has indicated the following: “Allocation requirements should be enshrined in clear and precise laws to avoid any discriminatory consideration that could affect the allocation in question, for example regarding the political or religious ideas or other aspects of the person applying for the license.”

CONCESSIONS TO BE WITHDRAWN IN RESPONSE TO COMPLAINT
RELE has indicated that countries or regions where media ownership is very concentrated should balance this with broadcasting regulations to encourage the plurality and diversity of voices. RELE goes on to state that the withdrawal or renewal of frequencies and licenses for discriminatory or arbitrary reasons should be avoided.

Contrary to this standard, the Ecuadorian frequency tender process implements Article 112, Paragraph 9 of the Communications Law, which refers to grounds for terminating frequency concessions. This Article makes it possible for Cordicom to withdraw a concession in response to a complaint from a natural and legal person regarding any alleged breach of the media outlet’s communicational plan. Considering the lack of independence of the control body, this could become a tool of persecution and harassment of media outlets which maintain investigative editorial lines.

LACK OF INDEPENDENT CITIZEN OVERSIGHT
As presented, the format of the tender does not formally establish a mechanism to ensure the participation of citizens in the process. In this regard, RELE has indicated that the method for the allocation and renewal of frequencies should be transparent and public and that, in order to reduce possible arbitrariness, public hearings should be considered as a means of ensuring citizen access to public information. This should ensure the effective participation of civil society in the decision-making processes.

INADEQUATE CONDITIONS FOR THE CURRENT COMPETITION
The Communication Act, passed in June 2013, established the requirement for radio spectrum frequency concessions to be awarded via public tender. To date, two previous tenders for community frequencies, held in 2012 and 2014, were unsuccessful.

The current tender is for the concession of nearly a thousand radio frequencies (846 FM and 148 AM) and 478 UHF television frequencies. These include frequencies of radio stations with important news programs, such as Radio Visión, Centro, EXA Democracia, Sucesos, Platinum FM, Sonorama and Mundo FM. Licensees can bid for the frequency they currently occupy.

No tender will be held for VHF television stations. Thus, frequencies for 180 stations will expire, including those licensed to Ecuavisa, Teleamazonas, GamaTV and Telerama. These stations must bid for a UHF frequency, meaning they will have to change channel on the eve of an election. According to Ana Proaño, Director of Arcotel, this is the ‘first step’ in the migration to digital TV, a process which still has no anticipated time frame.

The Telecommunications Minister, Augusto Espin, has stated that the tender will not meet the allocation set out in the Communications Act, which dictates that 33% of the media should be private, 33% public and 34% community based. According to Espin, this ratio will be achieved ‘progressively’, although the Act does not mention the option of a gradual approach in the distribution of frequencies.

Taking all these facts into consideration, Fundamedios calls for international institutions which defend freedom of speech and the press, as well as networks and organizations which protect the press, to closely monitor the contest and share any concerns.

We urge the authorities to show a minimum of sensitivity or awareness of the magnitude of the opportunity by suspending the current tender and initiating a broad discussion with all sectors so that, on the basis of minimum standards, regulations are developed that truly guarantee a step towards the existence of a plural and inclusive media.

And, above all, we want to draw the attention of all Ecuadorian citizens to the fact that, with the current tender process for the concession of 1,472 frequencies, we are facing a potentially lethal blow to freedom of speech and the press in Ecuador.

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Los integrantes del Cordicom han formulado exhortos a los medios de comunicación que son cuestionados por su falta de rigor y su alineación política. Foto: Cordicom
Los llamados «exhortos» del Consejo de Regulación de la Comunicación, Cordicom, son, según sus propias autoridades, fruto de discusiones no formales, y en general responden a las declaraciones y necesidades políticas del gobierno y del partido en el poder.
Por AGENCIA DE NOTICIAS INVESTIGATIVAS DE PLAN V

El Consejo de Regulación de la Comunicación, Cordicom, exhorta a medios y periodistas desde agosto de 2013, a un mes de haberse conformado. Ha exhortado a los comunicadores para que mejoren el lenguaje en la crónica roja. También a los medios para que ofrezcan disculpas por difundir imágenes de niños asesinados en Siria. A diario Extra para no publicar contenidos sexistas; a programas radiales por supuesta “apología” a la discriminación; a la TV y a la prensa para un “correcto tratamiento informativo” sobre las protestas del año pasado.

En total, el Cordicom ha emitido ocho exhortos en los que ha expresado su “preocupación” sobre los contenidos de los medios y esboza las normas de comportamiento de los comunicadores. Estos pronunciamientos, según el mismo Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, son el “producto de discusiones”, sin especificar nada más. Así lo confirmó en su respuesta a un pedido de información a través de la Ley de Transparencia y Acceso de Información Pública, Lotaip, que hiciera una periodista de la Agencia de Noticias Investigativas (AGNI), el pasado 27 de noviembre.

En aquel documento se solicitó copias de los actos administrativos donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de un exhorto, la documentación de sustento y las actas de las sesiones del exhorto publicado el 22 de agosto de 2013 acerca de las imágenes de los niños asesinados en Siria. También fueron requeridas las copias de las actas de la sesión en la que se discutió el comunicado del 12 de noviembre sobre la “postura de medios y transmisión de cadena Esta es la verdadera libertad”.

La respuesta llegó casi 40 días después de haber sido ingresada la solicitud -la Lotaip establece 10 días, más 5 de ampliación-. Patricio Barriga, presidente del Cordicom, firmó la carta donde explicó que los exhortos “no han sido emitidos en aplicación ni como consecuencia de acto administrativo alguno, ni proviene de sesiones formales. Por el contrario, son producto de discusiones cuyo resultado fue una serie de exhortos que, si bien no tienen efectos jurídicos directos, promueven el cumplimiento de los códigos deontológicos de los medios de comunicación social”. Es decir, los consejeros del Cordicom no se reúnen formalmente para emitir los exhortos.

Según Barriga, los comunicados del 22 de agosto de 2013 y 12 de noviembre de 2014 “contienen análisis y observaciones respecto de la información difundida por los medios de comunicación social en relación a temas de interés general”. Pero no existen documentos de respaldo, investigaciones ni registro de las sesiones y por lo tanto, el Cordicom no atendió el requerimiento.

Tampoco tienen una periodicidad definida. Pero este tipo de comunicados han coincidido con coyunturas sensibles para el actual Gobierno. El mejor ejemplo es el exhorto sobre el tratamiento informativo que los medios dieron al proyecto de Código Monetario (que aprobó, entre otros puntos, la creación de una Junta Monetaria con amplias facultades) que fue publicado el 16 de julio de 2014. Un día antes, en Gama TV, el asambleísta de Alianza País, Virgilio Hernández, cuestionaba las observaciones que había recibido la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, de la cual es miembro, porque “tienen carácter ideológico, precisamente llevados por lo que dice la banca, por lo que dicen algunos medios de comunicación y es irresponsable…».

Pero las declaraciones de funcionarios sobre la información que circulaba en los medios sobre el Código Monetario habían empezado mucho antes. Quizá el más crítico fue el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, quien afirmó que la cobertura mediática de este tema había sido mayor porque los medios recibían USD 150 millones anuales en publicidad por parte de la banca, según declaraciones recogidas por diario El Universo.

Otro episodio ocurrió después de las marchas del 17 septiembre del 2014, las cuales dejaron centenares de detenidos, incluidos estudiantes. En este caso, el Cordicom hizo un llamado a los medios para cumplir la Ley de Comunicación y “mejorar las prácticas periodísticas” sobre las noticias judiciales. El comunicado fue emitido 13 días después de la protesta, el 30 de septiembre. Pero tres días antes, en la sabatina del 27 de ese mes, el Mandatario criticó duramente el trabajo de la prensa en este tema. Cuestionó, por ejemplo, el espacio que dieron a estudiantes agredidos y sus familiares que denunciaron excesos de la Policía durante las manifestaciones. También reprochó a la prensa por no entrevistar a los policías que resultaron aquel día heridos. “¿Le ha dado espacio a los policías heridos la prensa corrupta? ¿Han visto en sus periódicos, en sus canales entrevistas a las familias (de los policías) y a sus esposas? Todo manipulan porque es parte del libreto, provocar y victimizarse”. El día que se publicó ese exhorto, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, se lo dedicó a un medio y escribió: “Especialmente @ecuavisa debe observar su incumplimiento d #LOC” (sic).

Al observar esta secuencia de exhortos, llama la atención que están alineados temporal y conceptualmente con pronunciamientos de legisladores oficialistas y funcionarios de gobierno. Estos llamados de atención se producen pocas horas después de los hechos que repudian los voceros del partido en el poder.

¿Exhortos sin base legal?

La Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde el 25 de junio del 2013, creó el Cordicom como un organismo colegiado con autonomía, financiera, administrativa y funcional. En los ocho exhortos que ha emitido el Cordicom no hay referencia a norma alguna que sustente la potestad legal que posee este Consejo para emitir dichos comunicados. Pero una de sus once atribuciones dice lo siguiente:“Establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicación e información” (artículo 49).

“Podríamos colegir que debido a la subjetividad y amplio espectro de aplicación de la norma, la misma podría sustentar la emisión de dichos comunicados”, expresó el abogado y experto en Derechos Humanos, Marcelo Espinel.

En este sentido, estos llamados pueden estar bajo el amparo de la “evidente subjetividad” de la norma, según Espinel, pero agrega que esto “no otorga legalidad a los mismos porque pretenden regular el ejercicio del derecho a la comunicación establecido en la Constitución de la República, y esto acorde al ordenamiento jurídico nacional y al principio de Reserva de Ley le compete exclusivamente a la Asamblea Nacional”.

Daniela Salazar, abogada de la Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco, considera que la vaguedad que caracteriza la redacción de toda la Ley, sumada a su pésima técnica legislativa, hace difícil precisar cuáles son exactamente las funciones de este organismo. Estos vacíos, dice la experta, permiten la arbitrariedad de autoridades como las del Cordicom.

“El Cordicom, como todo organismo público, debería interpretar sus facultades no de la forma más amplia, sino de la manera más estricta. Su intervención, como la de cualquier organismo estatal en una democracia, debería limitarse a aquellas instancias en las que la ley se lo permita expresamente”, afirma Salazar.

Los comunicados del Cordicom mencionan, de forma reiterativa, el artículo 10 de la Ley de Comunicación. Este contiene las normas deontológicas que deben considerar todas las personas naturales y jurídicas al momento de difundir información y opiniones.  Pero, según Espinel, esto se contrapone con el principio 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que dice: “La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en  ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.

El Cordicom ha buscado establecer pautas de cómo los medios deben tratar o abordar un tema. En los exhortos, el Cordicom suele pedir a los medios que acaten la Ley de Comunicación y señalar los artículos que supuestamente incumplirían al no hacer caso a estos llamados. Hasta enero de este año, la aplicación de la Ley ha dejado 61 sanciones a medios de comunicación: 30 multas económicas y 31 amonestaciones escritas, pedidos de rectificación o disculpas públicas, según los casos registrados por Fundamedios.

Para Espinel, “esto claramente constituye censura previa para el trabajo de periodistas y medios contraviniendo el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (sobre la libertad de pensamiento y expresión) y el artículo 18, numeral primero, de la Constitución de la República del Ecuador”. Este último protege el derecho a la información sin censura previa.

Aunque el titular del Cordicom, Patricio Barriga, lo ha negado públicamente en varias ocasiones, los exhortos han sido calificados como intimidatorios y de tener efectos censuradores. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) los ha tildado de exabruptos y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP) como velados llamados a la censura. Salazar cree que son claramente son intentos por censurar información y opiniones y que han logrado, a su juicio, reducir el alcance de los contenidos que reciben los ciudadanos en el país. Pero, ¿qué opinan los editores?

“El Cordicom quiere poner en cintura al que opina diferente”

La agencia AGNI consultó a siete editores de diarios y directores de canales nacionales sobre el impacto de los exhortos en sus redacciones. Estos medios fueron El Comercio, El Universo, La Hora, Expreso, Extra y los canales Teleamazonas y Ecuavisa. Solo contestaron los editores de los diarios Extra y Expreso y el resto no respondió a las consultas o prefirió no pronunciarse sobre el tema.

Jorge Sánchez, editor de Expreso, cree que los exhortos del Cordicom generan “inquietud entre los periodistas que extreman la prudencia hasta límites máximos en cualquier asunto que suene a conflictivo con  estamentos oficiales”. Aseguró que la redacción de Expreso procura trabajar ajustándose a los principios de información de interés, veraz y contextualizada. “Tratamos de recabar todas las opiniones de los implicados aunque nos encontramos con muchas dificultades para tener acceso a la información oficial. Suelen guardar silencio sobre las consultas que realizamos y generalmente tratamos de reflejarlo también en las notas especificando a quién se consulta y su respuesta, o falta de ella”.

De igual manera, Juan Manuel Yépez, editor de Extra, considera que hay exhortos que están “demás” y que parecería que el Cordicom “no lee los periódicos”. “Diario Extra publica todas las versiones, tanto la oficial como la de las personas involucradas. El Cordicom debería dedicarse a elaborar políticas de comunicación que es para lo que está y no para hacer exhortos”.

Para Yépez, los exhortos más bien causan un “efecto adverso” contra el mismo Gobierno y desnudan la política del Régimen contra los medios: la de la censura. “Cada vez es más evidente que cuando el Cordicom interviene es para poner en cintura a quien tenga posturas diferentes”.

Los dos periodistas contaron que el Cordicom, ni ningún organismo oficial, ha hecho consultas a sus medios antes de emitir cualquier tipo de exhortos. En el caso de diario Extra, Yépez agregó que cada vez que han solicitado a este organismo una explicación sobre sus informes del sexismo y morbo en los medios (por lo cual ha sido señalado y sancionado ese diario) o sobre cómo se puede usar la semiótica para juzgar contenidos, no han recibido respuestas. “No nos sentimos representados”, concluyó.

Documentos asociados

INFORME

Cuadro: Los ocho exhortos del Cordicom

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Miembros del Cordicom. Foto: El Comercio
Introducción
• Este documento analiza los criterios emitidos por los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), sus variantes, evasiones y, en especial la construcción de opiniones individuales que conforman un discurso común. Este análisis toma como muestra todos los testimonios emitidos desde la creación del CORDICOM por sus representantes, sin embargo, el material no es vasto, ya que si bien existen miembros muy mediáticos como Hernán Reyes, también están otros como Tamara Merizalde, de la que no se encuentran registros. La línea teórica del catedrático estadounidense John B. Thompson servirá para contextualizar la ideología predominante en los discursos, pero serán los conceptos de la socióloga mexicana Silvia Gutierrez Vidrio, que al retomar conceptos del profesor Thompson, nos permitan desentrañar las posturas discursivas.


• Este texto versará en un análisis morfológico, sintáctico e interpretativo sobre temáticas que los miembros del CORDICOM, constantemente son interrogados, o sobre las que buscan aludir en sus discursos, incluso en evasiones o silencios. Las opiniones sobre los medios públicos o privados, sus capacidades de regulación, la noción que ostentan sobre la libertad de expresión, y en especial los criterios que incorporan sobre los supuestos beneficios de la ley de comunicación, serán puntos referenciales. Estas temáticas mostrarán el uso del discurso que pretende legitimar al CORDICOM, y la relación fracturada entre el poder oficial y medios sociales que defienden una postura crítica.


Un discurso aparentemente equilibrado


El discurso que elabora el sociólogo Hernán Reyes para determinar su noción sobre los medios está anclado a condicionamientos que alega sufren los medios privados, como sensacionalismo, intereses creados, roles de poder. Al ser Reyes el más entrevistado de los miembros del CORDICOM señala en más de una ocasión que en “ciertos medios” hay una tendencia recurrente para “espectacularizar” la información, sin distinguir que tipo de emisores son, verbigracia:


“Nosotros ubicamos una tendencia en el trabajo periodístico. En este caso es la tendencia hacia el sensacionalismo o la espectacularización de la noticia, incluyendo a la tragedia. Esta tendencia lamentablemente también se aplica en determinados medios que pueden aparentar o que hacen un periodismo serio”1.


La selección de palabras al señalar “determinados medios” es una variante que muestra el velo del objeto de crítica sin llegar a descubrirlo. Sin embargo, el modo en que caracteriza al periodismo, con la connotación negativa que acentúa el verbo “aparentar”, es un proceso más claro aún del velo en que se maneja el discurso porque no señala, específicamente al actor. Formula una sinécdoque con la palabra medios. En palabras de Thompson este es un proceso de disimulación, e indica al respecto:


“Las relaciones de dominación pueden ser ocultadas, negadas o disimuladas de diversos modos, por ejemplo, describiendo los procesos o acontecimientos sociales en unos términos que pongan de relieve algunos rasgos a expensas de otros”2.


Aunque los miembros del CORDICOM muestren un aparente equilibrio en su postura mediática, todos coinciden al señalar a los medios privados como representantes de intereses económicos, así Paulina Mogrovejo declara que deben propender a la construcción de la democracia y no mirar “solamente a la comunicación como un negocio3.
Roberto Wohlgemuth es todavía más evidente en la idea de los intereses creados por los medios:


“Parecería ser que ciertos medios no publican sus noticias en función de su público, sino de los intereses de sus dueños”4.


En el mismo sentido, el representante del ejecutivo, Patricio Barriga, define a los medios como poderes fácticos, y es enfático al resaltar su función de contrapoder inconveniente:


“Ahora se han convertido en un poder en sí mismos, donde han extraviado su misión fundamental de informar. En el caso de los medios ecuatorianos vemos quizá a la luz estas relaciones de propiedad, en donde los grupos económicos y políticos controlaron esos medios de comunicación”5.


Las relaciones de poder se mantienen si se apoyan en la legitimación, es decir, el sistema se consolida si se considera justo y digno de apoyo (Weber, 1978); son los discursos el modo persuasivo para legitimarse, pero este proceso se apuntala también al descartar las voces inconvenientes. Es Reyes, quien en las evidentes coincidencias de opinión entre los representantes del CORDICOM, afirma que sectores críticos de la sociedad como Fundamedios, o “60 ciudadanos, que cuando uno revisa los nombres, se da cuenta que representan a los mismo sectores que se han estado oponiéndose a la ley estos últimos 4 años6, no representan a nadie más que a sus propios intereses. Este es un discurso que fragmenta a la opinión pública, ya que mediante la descalificación de la posibilidad crítica, legitima la ideología dominante del poder. Ya así lo había advertido Thompson: “Otra modalidad a través de la cual puede funcionar la ideología es la fragmentación”7.


Al ser los medios privados el punto focal de la crítica al discurso dominante, todos los representantes del CORDICOM coinciden también en que deben ser regulados como un ejercicio de derecho comunicacional. Paulina Mogrovejo es la que más se pronuncia al respecto:


Lo más idóneo es regular el derecho a la comunicación y a la información para que sean garantizados todos los derechos fundamentales, a través de la comunicación, lo que significa es que todos y todas podamos expresarnos libremente, buscar, producir e intercambiar producción. Tener el derecho al acceso a la comunicación pública y recibir información veraz y verificada que nos permita tomar decisiones adecuadas acerca de nuestra vida pública, pero también privada8.


En este texto hay una apelación a la necesidad reguladora de los medios como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero a lo que apunta Mogrovejo al utilizar términos totalitarios es a un proceso que Gutiérrez denomina unificación, y lo explica de esta forma:


Otra manera de lograr la credibilidad de la esquematización es por medio de la naturalización. Presentar al discurso como afirmaciones que abarcan a un enunciador amplio y no como algo personal le da más credibilidad al discurso9.


Cuando Mogrovejo dice: “todos y todas” está vinculando al entero conglomerado social dentro de su discurso para validarlo, los unifica. Pero hay una pretensión aún más allá en sus palabras; apuesta a que mediante la regulación se consiga la libertad de expresión, lo que induce a pensar que no existe del todo y solo se producirá en la paradoja de regularla.


Los miembros del CORDICOM asumen la regulación y la Ley de Comunicación como vehículo de libertad de expresión y pluralidad informativa. En esa libertad, sin embargo, su inclinación es notoria cuando, por ejemplo, Reyes declara y defiende que “nadie puede poner en duda el derecho del Gobierno a informar. También tiene derecho a la réplica10, sin hablar a su vez del mismo derecho que poseen los medios no oficiales. Este proceso de descartar un actor para resaltar a otro es lo que Thompson define como disimulación.


La evasión es repetitiva cuando a Patricio Barriga lo cuestionan sobre la duda de la SIP en materia de compatibilidad de la Ley de Comunicación y la libertad de expresión. Barriga afirma:


Al ser una de las principales sociedades detractoras de la Ley de Comunicación, creo que esta organización no necesariamente está defendiendo los derechos de los ciudadanos. Está claro que defiende los derechos de las empresas que representan”.11


La respuesta de Barriga apunta a desprestigiar al medio que cuestiona, sin centrarse en el núcleo fundamental de la pregunta. Retomando las definiciones de Thompson, Gutiérrez postula este proceso como encubrimiento, donde las relaciones de poder pueden ser ocultadas, negadas, o bloqueadas describiendo acontecimientos sociales que pongan de relieve algunos rasgos en detrimento de otros. La libertad de expresión es una evasión que no se nombra, pero tácitamente se respalda en la Ley de Comunicación y el desprestigio del cuestionamiento.
La Ley de Comunicación es una constante de referencia para todos los miembros del CORDICOM; se la presenta con todos los supuestos beneficios que acarrea, como posibilita el mejoramiento del periodismo, como un ejercicio real de derechos, y una democratización informativa; pero además como una respuesta inminente a intereses mercantiles, Barriga la avala:


“La Ley Orgánica de Comunicación busca modificar esas relaciones de propiedad y de poder de los medios para que podamos tener una prensa mucho más pluralista. Ha existido una concentración de medios en pocas manos y a la luz de esta nueva Ley se promueve la disolución de esos medios de comunicación, con una producción en beneficio de los ciudadanos”12.


La conformación de este discurso se valida mediante el criterio formulado de lo que la Ley posibilita, así el emisor esconde su verdaderos valores e ideología. Gutiérrez define a este proceso como simulación. Barriga modaliza el discurso para presentar argumentos convincentes, “esto está relacionado con el logro de la credibilidad de la esquematización”13.


Conclusión


Los discursos que emiten los miembros del CORDICOM procuran manejar una prolijidad y equilibrio, pero en realidad su finalidad es la adecuación y aceptación por parte de la audiencia. Su interés principal es la legitimación. Para lograrla emplean mecanismos sintácticos en sus criterios. Afirman que la libertad de expresión finalmente se consigue con la creación de la Ley de Comunicación y el aparecimiento del Consejo del que son miembros, sin embargo, en su validación reproducen un esquema antitético, muestra un sesgo porque se confirman cuando sus opiniones comunes apuntan a un descrédito de los medios privados.


La relación de poder entre las estructuras oficiales (la injerencia de representación del ejecutivo en el CORDICOM es siempre validada por sus miembros; en un archivo de Fundamedios, Barriga incluso afirma que no mostrará imparcialidad), y los medios privados, la sociedad civil crítica es desequilibrada. Su discurso ostenta un prejuicio cuando invisibiliza a los medios privados, o los caracteriza únicamente como defensores de intereses creados. Esconde una parcialización porque, a pesar de que convenientemente, dicen respaldar el debate; desacreditan las opiniones críticas porque las connotan desde la oposición, las minan desde la mirada subjetiva de quienes  son emitidas. La posibilidad del disenso de los medios privados es inválida para el CORDICOM porque hay un prejuicio histórico, social, adecuado para consolidar el discurso, el poder oficial.


Notas:
1 Zeas, Santiago. Ley de Comunicación puede ayudar al país pero hace falta voluntad política. Diario El Comercio. Disponible en:http://www.elcomercio.ec/politica/HernanReyes-LeyDeComunicacion-Consejo-…
2 Thompson, Jhon. Lenguaje e idiología. Pg. 6. Disponible en:http://www.filos.unam.mx/mis_archivos/u8/02_thompson.pdf
3 Buscamos que la comunicación se ejerza con dignidad. Periódico El Telégrafo. Disponible en: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/buscamos-q…
4 Wohlgemuth, Roberto. La relevancia pública y la irrelevancia publicada. Disponible en: http://mingacomunicacional.com/
5 La ciudadanía debe tener una lectura crítica sobre los medios. Periódico El Telégrafo. Disponible en: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/la-ciudada…
6 Entrevista a Hernán Reyes. Disponible en:http://www.ecuadortv.ec/tvnoticiasindividual.php?c=8724#.UlGachAerSd
7 Thompson, Jhon. Lenguaje e idiología. Pg. 6. Disponible en:http://www.filos.unam.mx/mis_archivos/u8/02_thompson.pdf
8 Buscamos que la comunicación se ejerza con dignidad. Periódico El Telégrafo. Disponible en: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/buscamos-q…
9 Gutiérrez, Silvia. El discurso argumentativo. Una propuesta de análisis. Pg. 17. Disponible en:http://www.buap.mx/portal_pprd/work/sites/escritos/resources/LocalConten…
10 Las cadenas del Gobierno son canales institucionales de comunicación directa entre los ciudadanos y los gobernantes. Andes. Disponible en:http://www.andes.info.ec/es/node/16450
11 La ciudadanía debe tener una lectura crítica sobre los medios. Periódico El Telégrafo. Disponible en: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/la-ciudada…
12 ídem.
13 Gutiérrez, Silvia. El discurso argumentativo. Una propuesta de análisis. Pg. 16. Disponible en:http://www.buap.mx/portal_pprd/work/sites/escritos/resources/LocalConten…
Bibliografía:
• Barriga, Patricio. Oficio No. CORDICOM. Disponible en:http://fundamedios.org/sites/default/files/archivos/cordicom.pdf
• Buscamos que la comunicación se ejerza con dignidad. Periódico El Telégrafo. Disponible en: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/buscamos-q…
• Mapa de relaciones y antecedentes de los miembros del Consejo de Regulación de la Información. Disponible en: http://poderes.com.ec/2013/mapa-de-relaciones-y-antecedentes-de-los-miem…
• Exortos a Correa se harán solo si hay pedido formal. Diario El Mercurio. Disponible en: http://www.elmercurio.com.ec/397539-exortos-a-correa-se-haran-solo-si-ha…
• Son acciones de tipo político para entorpecer la aplicación de la Ley. Periódico El Telégrafo. Disponible en:http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/son-accion…
• De gana están con temores infundados. Diario La Hora. Disponible en:http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101544098#.UlHFuhAerSd
• Entrevista a Hernán Reyes. Disponible en:http://www.radiopublica.ec/ecmov3.php?c=26043
• Entrevista a Hernán Reyes. Disponible en:http://www.ecuadortv.ec/tvnoticiasindividual.php?c=8724#.UlHGwhAerSd
• Fairclugh, Norman. El análisis crítico del discurso y la mercantilización del discurso público. Disponible en:
http://www.dissoc.org/ediciones/v02n01/DS2(1)Fairclough.pdf
• Las cadenas del Gobierno son canales institucionales de comunicación directa entre los ciudadanos y los gobernantes. Andes. Disponible en:http://www.andes.info.ec/es/node/16450
• Gutiérrez, Silvia. El discurso argumentativo. Una propuesta de análisis. Disponible en:http://www.buap.mx/portal_pprd/work/sites/escritos/resources/LocalConten…
• A consejero Hernán Reyes le disgusta la propaganda gubernamental ‘La Megan’. Diario El Universo. Disponible en:http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/02/nota/1529641/consejero-her…
• La ciudadanía debe tener una lectura crítica sobre los medios. Periódico El Telégrafo. Disponible en: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/la-ciudada…
• Entrevista a Patricio Barriga. Disponible en:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user…
• Entrevista a Paulina Mogrovejo. Disponible en:http://www.elcomercio.com/politica/LeyDeComunicacion-PaulinaMogrovejo-Co…
• La ciudadanía deberá realizar su propio control del contenido de los medios, afirma miembro del Consejo de Regulación. Andes. Disponible en:http://www.andes.info.ec/es/actualidad/ciudadania-debera-realizar-propio…
• Thompson, Jhon. Lenguaje e idiología. Disponible en:http://www.filos.unam.mx/mis_archivos/u8/02_thompson.pdf
• Twitter de Paulina Mogrovejo. @pauli_mogrovejo
• Twitter de Roberto Wohlgemuth. @MashiRoberto
• Wohlgemuth, Roberto. La relevancia pública y la irrelevancia publicada. Disponible en: http://mingacomunicacional.com/
• Zeas, Santiago. Ley de Comunicación puede ayudar al país pero hace falta voluntad política. Diario El Comercio. Disponible en:http://www.elcomercio.ec/politica/HernanReyes-LeyDeComunicacion-Consejo-…

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Con evasivas respondió el Consejo de Regulación de la Comunicación a la solicitud realizada por Fundamedios, el pasado 10 de septiembre, en el sentido de que realice un “exhorto” por la acción de la Secretaría de Comunicación, al haber exigido a Diario El Universo rectificar y pedir disculpas, por considerar que unos tuits incluidos en la nota de ese medio “atentan contra la honra y el buen nombre del Presidente Correa”.

En su respuesta el Consejo de Regulación sostiene que este tipo de reclamos deben tramitarse ante la Superintendencia de Comunicación. No obstante, y tomando en cuenta que este ente aún no existe, se deja a la ciudadanía en una suerte de indefensión ante los posibles atropellos cometidos en violación de la propia Ley de Comunicación.

La comunicación enviada por Fundamedios constituye un llamado para que el Consejo de Regulación se pronuncie, como lo ha hecho en otras ocasiones, sobre un asunto que claramente viola las disposiciones de la Ley Comunicación, como es el hecho de que el Secretario Fernando Alvarado haya exigido a un medio de comunicación rectificarse y pedir disculpas, amparado en una Ley que no lo faculta para ello.

Para no dar trámite a nuestro pedido el Consejo de Regulación, además, señala que el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, es firmante de una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Comunicación y que por eso nuestro pedido debe ser interpretado como: “Que este ciudadano ha optado por reconocer y respetar dicha Ley, ante lo cual manifestamos nuestra satisfacción. De no ser así, es legítimo pensar que esta solicitud solo constituye una petición artificiosa que busca usar a conveniencia la ley y al Consejo con fines ajenos al reclamo de un derecho”.

Antes esta posición del Presidente del Consejo, que simplemente evade conocer una queja ciudadana contra un actor estatal, Fundamedios debe señalar que acudir a esta entidad no implica desconocer las falencias que existen en varios de los artículos de la Ley de Comunicación, ni desistir de los procesos constitucionales que como ciudadano se haya sumado el director de nuestra organización para denunciar las incompatibilidades que tienen esos artículos con la Constitución Nacional.

El hecho de que alguien presente este tipo de reclamos no le hace menos sujeto al mandato de esta Ley, ni titular de menos derechos para activar los procedimientos establecidos en ella. Sostener lo contrario sería sugerir que quienes tienen posiciones contrarias al oficialismo tienen menos derechos fundamentales que el resto de ciudadanos, razonamiento que es inaceptable dentro de un régimen democrático.

Es un deber ciudadano acatar la Ley cuando la misma entra en vigencia, así como es un deber también cuestionar la constitucionalidad de la misma cuando contiene disposiciones que violan flagrantemente los derechos consagrados en la Constitución y los Convenios Internacionales.

Lamentamos que el Consejo de Regulación de la Comunicación e Información se comporte como una dependencia más del aparato de propaganda del Gobierno y ni siquiera intente conocer reclamos ciudadanos contra instancias de poder estatal, que se han convertido en protagonistas esenciales de la comunicación en el Ecuador.

Carta de Fundamedios aquí

Respuesta del Consejo de Regulación aquí