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Defensoría del Pueblo

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Como parte de la Semana de la Transparencia, este 28 de noviembre se llevó a cabo el panel ‘Acceso a la información y libertad de expresión’, en el salón José Mejía Lequerica, de la Asamblea Nacional. El evento, coorganizado por la Defensoría del Pueblo, contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, gremios, periodistas, quienes denunciaron las falencias en el ejercicio del derecho al acceso a la información.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, intervino junto a Luis Ángel Saavedra, coordinador de Inredh, y Paúl Mena Mena, periodista de El  Universo y docente de la Universidad de las Américas (UDLA) y de la Pontificia Universidad Católica de Quito (PUCE). Los ponentes coincidieron en que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) es necesaria para el ejercicio de ciertos derechos; sin embargo, también acordaron que la ley no es respetada por los funcionarios, custodios de la información.

Saavedra afirmó que hay varios casos judiciales que siguen en la impunidad, pues no existe un acceso a la información pública eficaz. “Muchos de los casos que todavía no están resueltos: ejecución extrajudicial, desaparición forzada, están en el limbo porque no se cumple con la parte de derecho a la información”. Se refirió también al carácter de “reservado” que es impuesto a información pública, lo cual puede llegar a contrastar con el ejercicio de los derechos.

Desireé Yépez, también directora de Contenidos de Ecuador Chequea, expuso los datos del informe ‘Acceso a la información pública en América Latina: Muchas respuestas, pocos detalles’. En el proyecto, coordinado por Chequeado, de Argentina, participaron 13 países de la región para demostrar cómo los Estados responden ante los pedidos de acceso a la información pública. En Ecuador, los resultados no fueron alentadores, pues se irrespetan los plazos y no se entrega la data requerida.

«Se confirma que el ejercicio del derecho al acceso a la información no lo garantiza solo una ley, sino la capacidad de los funcionarios para ejecutarla y entregar la información», enfatizó la periodista.

Finalmente, Paúl Mena expuso los inconvenientes con los cuales se encuentran los periodistas en el momento de recabar información pública, clave en el ejercicio periodístico. El también docente presentó varios casos que evidencian en la práctica la falta de eficacia en cuanto a los pedidos realizados al sector público. “Rara vez las negativas de acceso a la información se encuentran debidamente motivadas”, concluyó.

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El acceso a la información pública garantiza un verdadero control social y facilita una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones. En ese sentido, se celebra la Semana de la Transparencia y la Defensoría del Pueblo impulsa, entre este este 27 y 28 de noviembre, una agenda de jornadas académicas para abordar ‘El Derecho de Acceso a la Información Pública como herramienta de las y los defensores para el ejercicio de otros Derechos Humanos y los de la naturaleza’.

FUNDAMEDIOS coorganiza el panel: ‘Acceso a la información y libertad de expresión’. Desde las 12:30 de este 28 de noviembre, en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional (Quito), se analizarán a través de tres enfoques lo determinante de este derecho en el ejercicio de la comunicación y el periodismo.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, expondrá los resultados del informe ‘Acceso a la información pública en América Latina: Muchas respuestas, pocos detalles’, en el cual participaron 13 países de la región. El periodista Paúl Mena, de la unidad de Investigación de El Universo, analizará la aplicación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) en el periodismo. Luis Saavedra, coordinador de Inredh, reflexionará en torno a los estándares internacionales que rigen sobre este tema.

Dentro de las jornadas planificadas, Gina Benavides, defensora del Pueblo (e), presentará y entregará a la Asamblea Nacional el informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. El análisis corresponde al período 2017.

 

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Este 31 de octubre se desarrolló el segundo de una serie de encuentros con medios para aportar al debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional reúne a FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). La mañana de este miércoles, periodistas, líderes de opinión, gremios y representantes de medios públicos tomaron la palabra.

“En este espacio, sociedad civil, Estado, periodistas y academia podemos conversar, discrepar y enriquecer el debate”, dijo César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, al dar la bienvenida al encuentro. Y añadió que en las reformas a la LOC referenciales a los medios públicos hay aspectos que deben mejorar para cumplir con los estándares internacionales de independencia, autonomía, pluralidad y transparencia. Rosario Utreras, consejera representante de la Defensoría del Pueblo ante el Cordicom, destacó que a través de este diálogo es posible conocer las inquietudes, criterios y aportar en la construcción de una ley que represente realmente a los periodistas y a los ciudadanos.

La asambleísta Jeannine Cruz participó como ponente en el encuentro. La Legisladora que integra la Comisión de Derechos Colectivos apuntó como una reforma positiva al cuerpo legal el establecimiento de los objetivos de los medios públicos, hecho que limita la discrecionalidad en su uso. Guadalupe Fierro, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), acotó que la Unesco insta a que los Estados creen estatutos claros que definan naturaleza y objetivo de esos medios. “No son de propiedad gubernamental”, enfatizó.

El superintendente de la Información y Comunicación, Édison Toro, intervino en el debate. El funcionario defiende que se construya una Ley de Comunicación que se sostenga en la promoción y desarrollo de este derecho. “Hay que mirar con sinceridad a medios y periodistas para mejorar la calidad de la comunicación”, dijo.

Finalmente, Cruz se comprometió a presentar en los próximos meses una Ley de Medios Públicos. “Hay que dialogar con las organizaciones sociales, gremios, Fundamedios para garantizar que los medios públicos defiendan los derechos ciudadanos”, aseguró.

Próximamente este espacio de diálogo convocará también a medios comunitarios. Este ejercicio colectivo se replicará en otras ciudades del país.

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Este 17 de octubre, la Defensoría del Pueblo realizó un  pedido de disculpas públicas por el hostigamiento y persecución a más de 2400 periodistas ecuatorianos y la inacción institucional durante el gobierno de Rafael Correa. El homenaje, que se desarrolló en Quito el pasado 24 de septiembre y se replicó este miércoles en Cuenca, también se dirigió al colectivo Yasunidos y a los 10 de Luluncoto, como una medida de reparación ante la vulneración de sus Derechos Humanos.

 

“El gobierno anterior lastimosamente no respetó los Derechos Humanos”, manifestó César Zea, coordinador zonal de la institución. En el evento, agradeció la presencia de distintos medios de comunicación, “quienes fueron acosados y perseguidos; y, de igual manera, a los movimientos sociales que sufrieron vulneraciones”.

 

El funcionario hizo un “mea culpa” y enfatizó en la necesidad de ofrecer disculpas públicas a Yasunidos, Los 10 de Luluncoto y a los periodistas, a través de FUNDAMEDIOS. “La Defensoría no puede estar supeditada, ni socapar a ningún gobierno. Ahora, tenemos autonomía institucional”, señaló. Además, acotó que durante la última década la institución “no actuó como debía, frente a estos casos».

 

El homenaje es el resultado de una política de memoria y reparación. Harold Burbano, director general tutelar de la Defensoría, mencionó que es necesario recordar las violaciones de Derechos Humanos para que estas no vuelvan a ocurrir. “La Defensoría debe ser crítica frente al abuso del poder”.

 

El abogado también se refirió a la importancia de investigar el proceso de firmas recogidas por el colectivo Yasunidos, descartado por el Consejo Nacional Electoral, en 2014. Reconoció que a los 10 de Luluncoto se les negó derecho a participar y la Defensoría “no se pronunció de manera adecuada”. En el caso de los periodistas, se refirió a los más de 2000 ataques a la libertad de expresión documentados por FUNDAMEDIOS.

 

Finalmente, Carlos Castro, representante del Colegio de Abogados de Azuay, expresó su solidaridad por la víctimas de vulneraciones y por la falta de actuación de la institución nacional de Derechos Humanos.

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Por el hostigamiento y persecución a más de 2400 periodistas ecuatorianos y la inacción institucional durante el gobierno de Rafael Correa, la Defensoría del Pueblo pidió disculpas públicas en un acto que tuvo lugar este 24 de septiembre. El homenaje también se dirigió al colectivo Yasunidos y a los jóvenes conocidos como ¨Los 10 de Luluncoto», como una medida de reparación ante la vulneración a sus Derechos Humanos.

La defensora Gina Benavides afirmó que se trata de un primer paso para devolver la dignidad y reconocer públicamente a quienes fueron excluidos y cuyos casos quedaron impunes. Por ello, aseguró que se enviaron exhortos a las autoridades competentes como Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana para que puedan dar seguimiento, reabrir expedientes o definir políticas públicas, según corresponda, con el fin de garantizar la no repetición de estas vulneraciones.

Benavides reconoció la falta de independencia de la administración anterior y la vulneración a la la libertad de asociación, expresión, al debido proceso y a la actuación oportuna y eficaz, ante denuncias presentadas en años anteriores.

Precisamente, una de las denuncias fue la de FUNDAMEDIOS, en 2015, por la estigmatización y agresiones a los periodistas. Al respecto, la Defensora aseguró que, ante la falta de respuesta de su institución, este acto es lo mínimo que se puede hacer para garantizar el trabajo periodístico y para que la libertad esté vigente en el Ecuador.  En ese marco, reconoció la importancia del periodismo de investigación para la defensa de los Derechos Humanos. Hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que geste un marco legal que proteja la libertad de expresión al reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Benavides destacó los casos de periodistas asesinados como el de Fausto Valdiviezo, Byron Baldeón y del equipo periodístico de El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra; y mencionó de manera especial a Christian Zurita, Juan Carlos Calderón, Janet Hinostroza, Miguel Rivadeneira que estuvieron presentes y también fueron víctimas de persecución.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, recibió la resolución de disculpas públicas y, a nombre de los periodistas, afirmó que el único mérito de la Organización ha sido la constancia al documentar y denunciar las agresiones y brindar acompañamiento a los colegas de medios privados y públicos que fueron víctimas de una política sistemática de violaciones a los derechos, ejecutadas y operadas desde el Estado. ¨El momento que se viola la libertad de expresión se está permitiendo que se viole el resto de Derechos Humanos¨, apuntó. El activista espera que este acto sea el inicio de un proceso justo que permita a la sociedad reflexionar sobre lo ocurrido para evitar que se repita.

Yadira Aguagallo, a nombre de los periodistas de El Comercio secuestrados y asesinados en la frontera norte, aseguró que mientras exista impunidad no se puede hablar de libertad de expresión. Francisco Rocha, representante de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), indicó que este no se entienda como un homenaje, sino como un reconocimiento a la labor periodística en su búsqueda por la verdad.

Sobre el caso de Yasunidos, Jorge Espinosa dijo, en representación del colectivo, que presentarán al Consejo Nacional Electoral (CNE) un pedido de acceso a la información para saber qué pasó con las más de 750 mil firmas que recolectaron para la consulta popular que les fue negada.

Por su parte, Abigail Heras, de Los 10 de Luluncoto, recordó el brutal  allanamiento y posteriores detenciones que ella y sus compañeros sufrieron el 3 de marzo del 2012, cuando se encontraban reunidos en un apartamento para analizar la situación política del país y por lo que fueron acusados de terroristas. ¨Somos luchadores sociales, esa es la verdad; y hoy con la resolución emitida están reconociendo lo que todo este tiempo hemos demandado, que se reconozca que Rafael Correa montó y maquinó un proceso ilegal (…). Seguiremos siendo lo que somos, luchadores sociales porque nuestra lucha continúa¨, apuntó.

En el acto también estuvieron presentes Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación, que se comprometió con las medidas de reparación; la asambleísta Jeannine Cruz; la vocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras.

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Durante 11 años, Fundamedios ha trabajado en la recolección, sistematización y difusión de información, testimonios y contextos de las violaciones al derecho fundamental a la libertad de expresión.

Han sido más de 2.500 casos reportados y documentados. Muchísimos configuran en sí mismos gravísimas violaciones de Derechos Humanos pero, en conjunto, constituyen algo más execrable: la sistemática y masiva violación de Derechos Humanos, cometida por órdenes directas de los más altos funcionarios y ejecutadas por operadores que actuaron en todos los niveles del poder estatal.

Basta leer lo que dice el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, en el informe preliminar tras su visita oficial al Ecuador en agosto pasado:

“Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Rafael Correa, diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el Gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la ‘revolución ciudadana’”.

Y la descripción que hace el Informe de la Relatoría no deja lugar a más dudas de la verdadera naturaleza y dimensión de lo que sucedió en una década oprobiosa en Ecuador:

“De este modo, el espacio cívico y la esfera pública ecuatoriana fue duramente reprimida, en un contexto de control e injerencia del Ejecutivo sobre las instituciones de justicia y control que debían proteger los Derechos Humanos. La Relatoría Especial recibió durante su visita decenas de testimonios relativos a las presiones que recibieron fiscales y magistrados cuando debían decidir sobre casos denunciados por el Presidente de la República y otros altos funcionarios, al tiempo que el Consejo de la Judicatura inició un proceso para recuperar la verdad de lo sucedido con el aparato de justicia durante la última década.

No obstante, esta estrategia de ataque a prensa, defensores y opositores no se circunscribió solamente al ámbito judicial, también se utilizó el poder del Estado para estigmatizar y desacreditar. Ejemplo de esto fue el uso abusivo de la facultad legal de realizar cadenas nacionales; los actos o eventos encabezados por el Presidente de la República denominados ‘sabatinas’, que duraban horas, eran transmitidos en directo a través de los medios públicos y eran el escenario para desacreditar o someter a escarnio a periodistas, líderes sociales o disidentes. Es importante destacar que las organizaciones sindicales, de defensa de la tierra o las nacionalidades indígenas también fueron perseguidas, la personería jurídica de sus asociaciones anuladas y la protesta social fue reprimida mediante el uso de la fuerza”.

Pero se debe tomar en cuenta otro factor: el ejercicio de la libertad de expresión es indispensable para la defensa de los otros Derechos Humanos. Las violaciones masivas y sistemáticas que se cometieron bajo el Gobierno de Rafael Correa no es más que el trasfondo para otras vulneraciones graves, tal como se comienza a visualizar con la información y testimonios que fluyen en la Mesa de Víctimas, conformada por el Consejo de la Judicatura. Ahí se examinará el papel del Sistema Judicial en la perpetración de persecuciones y violaciones de DDHH durante el correísmo.

Por eso el acto que hemos trabajado con la Defensoría del Pueblo. Este pedido de disculpas por la inacción institucional de la autoridad nacional de Derechos Humanos es un paso gigantesco para que las víctimas comiencen a ser escuchadas. En definitiva, ese es el sentido de una política de Memoria y Reparación. No cabe la venganza, sino la justicia.

Como dice el profesor Felipe Gómez Isa, “la mirada y la perspectiva de las víctimas se han convertido en un elemento esencial a la hora de abordar las violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos. Si tradicionalmente los protagonistas han sido el Estado y el victimario, normalmente un funcionario o un agente del Estado, ahora se observa un énfasis creciente en las víctimas y en todo lo que las rodea. Este novedoso proceso… está conduciendo a la necesidad de construir una cultura de la memoria que permita a las generaciones presentes construir un futuro en que el pasado no se repita. Es en el marco de esta concepción integral de la reparación donde cobran sentido las políticas de memoria, ya que la memoria y el recuerdo se convierten en un ingrediente esencial de la reparación que se debe a las víctimas”.

Pese a la enormidad del gesto de la Defensoría del Pueblo y las acciones del Consejo de la Judicatura, aún no hemos llegado al momento en que el Estado y la sociedad ecuatoriana estén dispuestos a examinar integralmente las sistemáticas y masivas violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la última década.

Por eso desde Fundamedios seguiremos trabajando minuciosa y silenciosamente hasta lograr que las víctimas sean escuchadas, resarcidas; los culpables sometidos a la justicia y que como sociedad repitamos: “¡Nunca Más!”.

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Durante 11 años, en Fundamedios hemos trabajado minuciosa y silenciosamente para que las víctimas de violaciones de sus derechos sean escuchadas, resarcidas; los culpables sometidos a la justicia y que como sociedad repitamos: “¡Nunca más!”. En la década comprendida entre 2007 a 2017, durante el régimen de Rafael Correa Delgado, se consolidó una política sistemática diseñada e implementada por el Gobierno para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar a periodistas, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos y opositores políticos.

En ese contexto, este lunes 24 de septiembre la Defensoría del Pueblo realizará un acto de restitución de derechos y disculpas públicas en tres casos que se consideran emblemáticos y reflejan la situación que se vivió el país en los últimos 10 años. El homenaje, que se desarrollará en el Pabellón de las Artes (parque El Arbolito, Quito) a las 17:00, girará en torno a los Yasunidos, los 10 de Luluncoto y la agresión sistemática en contra de la prensa.     

Las cifras de agresiones en contra de la libertad de expresión registradas por FUNDAMEDIOS desde 2008 evidencian que cada año hubo un incremento exponencial de ataques que, a la fecha, suman 2464. De las 22 agresiones reportadas en 2008, se llegó a picos, con 499 en 2015 y 491 en 2016.

Medios y periodistas estuvieron expuestos durante 10 años a la aplicación de medidas legales restrictivas que coartan la libertad de expresión, discurso estigmatizante e intimidatorio desde las altas esferas de poder. Por eso, desde Fundamedios y junto a la la Defensoría del Pueblo, a través de su representante Gina Benavides, se promueve un acto de disculpas públicas de memoria y reparación por el silencio institucional frente a las agresiones sistemáticas sufridas.

Este lunes, la Defensoría del Pueblo exhortará a las autoridades para establecer cambios en la política pública y que casos similares no se repitan en Ecuador. Se espera que la Asamblea Nacional apruebe una nueva Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, para dejar las bases para un proceso de cambio en la vida institucional.

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La plena garantía de la libertad de expresión, característica fundamental de un Estado democrático, requiere que las instituciones del Estado coordinen entre sí para la plena garantía del derecho y cooperen con la sociedad civil. Por esta razón, FUNDAMEDIOS ha pedido este 25 de octubre a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo entablar un diálogo y reuniones de trabajo con el fin de explorar acciones conjuntas y mecanismos de protección que busquen garantizar de manera plena la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en nuestro país.

En el caso de la Fiscalía, la Organización envió una carta al fiscal general Carlos Baca Mancheno para solicitar el involucramiento de esta entidad en este importante proceso, a fin de buscar mecanismos de protección para el trabajo de los periodistas.

Asimismo, FUNDAMEDIOS  remitió una carta al defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira Silva para solicitarle que, en observancia de los artículos No. 215 de la Constitución de la República, No. 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y No. 10 del Reglamento Orgánico Funcional De La Defensoría Del Pueblo, exhorte a la Fiscalía General del Estado a brindar especial atención a la situación que atraviesa el el trabajo periodístico en nuestro país así como a implementar mecanismos que garanticen la tutela efectiva del derecho a la libre expresión de los ciudadanos.

Desde el año 2008 hasta el 30 de septiembre de 2017, la red de monitoreo de libertades de la Organización ha registrado un total de 2261 ataques a la libertad de expresión en Ecuador. Dentro de esta alarmante cifra destacan un total de 461 agresiones físicas a periodistas y ciudadanos por el solo hecho de expresar su opinión o ejercer la labor periodística.

FUNDAMEDIOS es una organización de la sociedad civil creada en el 2007 cuya tarea principal es el apoyo a medios de comunicación y periodistas a través de su red de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión y asociación, proyectos, capacitaciones, talleres destinados a la reflexión en torno al oficio periodístico