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Derechos Digitales

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Una nutrida discusión sobre Internet, Derechos Humanos, ciberseguridad y gobernanza se desarrolló en el marco de la Reunión preparatoria local para el Internet Governance Forum 2019, que se realizará en Berlín, Alemania. Este encuentro fue organizado por Fundamedios, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. 

Al encuentro asistieron estudiantes, académicos, empresarios, periodistas y funcionarios, quienes debatieron en torno a estos parámetros en cinco mesas de discusión. Un eje transversal fue la necesidad de cerrar las brechas digitales y entender que la tecnología es parte circular de la economía local. 

Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Datos (Dinardap), aseguró que es preciso garantizar la libertad de expresión en la red, mejorando el acceso a la información de toda la población. Enfatizó en la necesidad de promover un manejo adecuado de contenidos, especialmente en audiencias vulnerables como los niños creando una “conciencia digital con creatividad” para difundir contenidos constructivos. 

Con ella concordó Roberto Roggiero, consultor de UNESCO, quien insistió en incidir en alfabetización digital a la población y no solo tomar en cuenta a los niños sino a las personas de la tercera edad que se enfrentan a retos nuevos porque la tecnología está presente cotidianamente. “La política podría corregir esas asimetrías”, señaló. 

El experto en telecomunicaciones Juan Carlos Solines moderó la discusión sobre Internet abierto. Para que esto se concrete deben confluir todos los sectores. «El Estado debe regular y legislar. El sector privado y de industrias abaratar los costos de los servicios y la sociedad civil promover contenidos relevantes que aporten», dijo. Para el abogado es necesario reconocer que el Internet lleva a una «economía global» y que al no estar inmersos en ello se «limita el conocimiento». 

Así también lo cree Ismael Jaramillo del Instituto para la Democracia. En su ponencia sobre gobernanza en Internet aseguró que uno de los retos es armar un gran rompecabezas en el cual se escuchen las necesidades del Estado, de los empresarias y de la sociedad civil que consume la tecnología. “La presencia de la red es la vida actual es necesaria y tenemos que aprender a vivir de ella y con ella”, explica. 

Otro eje fue la ciberseguridad, ya que las vulneraciones a la red representan una pérdida del 20% de ingresos a las empresas anualmente. Así lo expuso Pablo Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos. 

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Del proceso electoral del pasado 2 de abril hay más dudas que certezas. Una serie de irregularidades manifiestas lo deslegitiman frente a una ciudadanía que reclama transparencia. Pese a que la petición general y del movimiento CREO es el reconteo de votos que toma en cuenta la dimensión física del proceso, hay cuestionamientos que derivan del plano digital e informático y que deben ser resueltos por las autoridades competentes.

Estas dudas surgen debido a la caída de la página del CNE durante media hora, entre las 18:50 y las 19:20, según reportó el monitoreo de Usuarios Digitales, contrario a la versión oficial que maneja el CNE de que solo fueron 15 minutos.

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Fuente: Usuarios Digitales.

Asimismo, los nombres de dominio de dicha página cambiaron tres veces. Aquello generó todo tipo de especulaciones que iniciaron con la idea de un apagón digital hasta las declaraciones del Presidente Rafael Correa, en las que aseguraba que la página habría sufrido un hackeo desde los EEUU, como parte de una conspiración de la derecha.

Frente a esta ola de supuestos hay que hacer varias precisiones. Expertos consultados por Fundamedios explican que la página web del CNE que muestra los resultados electorales es solo un front, es decir, es tan solo un sitio web que recibe información para el acceso público a la misma y no tiene nada que ver con el sistema que estaría generando dicha información, es decir, no tiene acceso a la base de datos generada por el CNE. Según precisaron estas fuentes, el sistema en sí funciona a través de una VPN (Red Privada Virtual), que es una red cerrada a la cual no se puede acceder por Internet públicamente.

Esta VPN es la que se usa para el sistema del centro de cómputo del CNE, y es por ello que no son erradas las declaraciones de Juan Pablo Pozo y del Presidente Correa acerca de que el sistema de conteo de votos no tiene que ver con la página web. No obstante, y pese a que Pozo declara que el conteo siguió realizándose normalmente en el Hotel Marriott, en una entrevista realizada por el portal Gkillcity a Fausto Camacho, exvocal del Consejo Nacional Electoral, éste asegura que “no había forma de conocer qué sucedía, hasta que salieron a dar una rueda de prensa. Yo estaba en el Hotel Marriott donde instalaron el centro de transmisión de resultados y ni nosotros —ni los partidos, ni la prensa nacional e internacional— pudimos conocer qué resultados habían, peor ejercer el derecho a la defensa o al control social y político que dice la Constitución y la ley, que pueden hacer los partidos”.

Lo cierto es que hubo un vacío de información durante varias horas que debe aclararse de una forma sustentada y con pruebas. Por otro lado, algunas personas expresaban en relación al cambio de nombres de dominio que ello sería parte del fraude informático que supuestamente se habría fraguado, pues denotaría un cambio de servidor. Para alias NEO, hacker y experto informático, ello no significa per sé un cambio de servidores pero “es un indicio que se presta a dudar”. No obstante, para comprobar aquello, según Humberto Arthos, de Usuarios Digitales, se debería tener acceso a los logs, es decir, los historiales de los servidores del CNE, lo cual obviamente no se puede obtener pues no es accesible públicamente. A través de eso se puede rastrear si hubo un cambio de servidor o no. “¿Por qué cambiarían los links de acceso a la página si eso ya debía estar predefinido?”, se pregunta el experto.

Según Arthos, lo que Usuarios Digitales comprobaron es que en efecto un cambio de nombres de dominio, lo cual establecería la primera exigencia al CNE en temas digitales referentes al proceso electoral: que abra al público el historial de sus servidores y que explique el porqué del cambio de nombres de dominio en la web. Todo ello acogiéndonos al derecho a la información y al acceso a la información pública que ampara la Constitución y contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP.

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La segunda duda que debe ser resuelta por el CNE es justamente la caída de la página. Y en este aspecto hay varias inquietudes, pues cierto es que las declaraciones de Pozo acerca de la inaccesibilidad a la página del CNE debido al tráfico excesivo no son del todo erradas. Según explica Arthos, la página del CNE –al igual que varias páginas a las que no se pudo acceder ese día- usa un servicio de rendimiento y seguridad web llamado Cloudflare, el cual sirve para alivianar la carga por el tráfico de red y que el internet sea más rápido. Este servicio reportó problemas de desempeño de la red en Quito, Ecuador, el 2 de abril.

Para Arthos, ello podría deberse a que “la empresa instaló recientemente en Quito un data center, con lo cual Ecuador se convertiría en un punto concentrador de Internet”, no obstante aquello no termina de explicar la caída de la página, pues una cosa son los problemas de tráfico y otra la inaccesibilidad que se presentó desde ciertas ISP locales (proveedores de servicio de internet), ya que la página sí tenía acceso desde Claro y TvCable, y más no desde Movistar, CNT y Netlife. Además, también se podía acceder a través de VPNs (redes privadas virtuales), las cuales son redes a las que el usuario se conecta desde otra ubicación geográfica, no localmente.

Si hubiese sido netamente un problema de tráfico, como aseguró Juan Pablo Pozo, al menos todas las ISP locales hubiesen presentado la misma inaccesibilidad. Para María José Calderón, investigadora de la Universidad Internacional, lo que pasó en este caso no es un apagón digital masivo, sino que se trata de una forma sutil de bloqueo al acceso que se llama selective shutdown, en la cual solo se inhabilitan ciertas IPs: “lo hacen selectivamente. Lo han hecho países como Rusia, los países mediterráneo-árabes después de la primavera árabe, por ejemplo. Desde que empezaron hace unos cuatro años este tipo de manifestaciones a través de internet a nivel global, los gobiernos han empezado a abusar de los apagones digitales o bloqueos”.

Esto se traduce en una violación de derechos, ya que la conectividad es un derecho humano reconocido por la ONU en un informe emitido en 2011: “cortar el acceso de los usuarios a Internet, sea cual sea la justificación, incluida la violación de las leyes de protección de derechos de propiedad intelectual, es una medida desproporcionada y, por tanto, una violación del artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos”.

En este sentido, Calderón cree que se trata de un tema de transparencia y de gobernanza digital y esto es por lo que varias organizaciones luchan actualmente, por la garantía de la conectividad, que también está contemplada en la Constitución. “No se puede saber lo que pasó sin que nos digan dónde estaban sus servidores y para ello es necesaria una auditoría informática”, explica.

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Otro punto que llama la atención y que para el hacker Neo es fundamental, es que durante la primera vuelta, los observadores internacionales recomendaron ampliar el ancho de banda usado en la transmisión de datos por internet; sugerencia que fue acogida por el CNE, que amplió hasta cuatro gigabytes el ancho de banda, lo cual debilitaría la tesis de la caída de la web por exceso de tráfico, pues según el experto, la página estaba preparada.

Pero incluso si este argumento tuviera algo de cierto, se contradice completamente con la teoría conspirativa que presentó el Presidente Correa, cuando, a través de Twitter y varias declaraciones, incluido el enlace ciudadano del sábado 9 de abril, aseguró que la página del CNE se cayó durante el conteo de votos porque fue hackeada desde los EEUU.

Y esto asegura Neo tajantemente que es errado, pues como hacker experto, explica que es imposible detectar un país exacto de donde provienen este tipo de ataques que se llaman DDoS, los cuales buscan inhabilitar un servidor, un servicio o una infraestructura a través de saturarlos de peticiones. Este mecanismo es usado tanto por organizaciones criminales, hackers como por gobiernos.  

La explicación es que este tipo de ataque se basa en el envío simultáneo de multitud de solicitudes para abrir la página, lo cual se consigue ya sea a través de la instalación de malwares que convierten a varias máquinas en computadores zombies que envían las peticiones, o través de lo que se conoce como Hacktivistas, que es el mecanismo que utiliza Anonimous, en el cual se centraliza el software de ataque, por ejemplo el LOIC, el cual sirve para realizar las peticiones simultáneas a través de un botnet (grupo de robots informáticos automatizados).

Este tipo de software es similar a los webhive que usan los hackers para lograr lo mismo, y que  se conectan a una red VPN, es decir una red privada que no puede rastrearse de dónde proviene. Por otro lado, los hackers se conectan al webhive desde direcciones IP que provienen de todo el mundo. El webhive puede estar alojado en un servidor en determinado país pero este simplemente replica los ataques que provienen de varios lugares, por lo que es prácticamente imposible detectar un sitio específico del que se originan.

Igualmente, si este hubiese sido el caso, tampoco se logra explicar el por qué desde ciertos ISP locales y VPN sí había acceso a la página, ya que un ataque DDoS impediría el acceso desde cualquier red o proveedor de servicio de internet.

Entonces, según Neo, la única forma comprobar las afirmaciones del Presidente, es mostrar los logs, es decir, los registros del ataque. Con lo que una vez más, se repite el requerimiento de la auditoría digital. Pero él incluso va más allá, pues cree que los datos son volátiles y pueden haber sido borrados. Para ello sugiere que se realice una auditoría forense de todo el proceso, similar a la que se hace en el caso de delitos digitales, y con auditores independientes. “Si todo está guardado y no se abre, nos perjudica a todos”, concluye.

Transparentar el proceso electoral, no solo a través de un reconteo de votos sino mediante una auditoría digital es una obligación del Gobierno y el acceso a esa información es un derecho ciudadano. Durante el último enlace ciudadano, el Presidente Correa manifestó que “si quieren una auditoría informática, entonces que la pidan”. No obstante, ello debería garantizarse con total independencia y autonomía, pues a través de ese proceso se puede legitimar los resultados de las votaciones y aclararse todas las inconsistencias surgidas a raíz de las diferencias entre los resultados presentados por el CNE, los conteos rápidos de Participación Ciudadana y la Escuela Politécnica, y las encuestas de CEDATOS y Perfiles de Opinión.

Caso contrario se estaría incurriendo en una violación de derechos, pues la Constitución en su Art. 18 numeral 2 establece que “en caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”.

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Ares Rights está detrás de la mayoría de denuncias.

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Cuentas bloqueadas, suspendidas y mensajes o material multimedia borrado. Es la realidad de muchos ‘tuiteros’ ecuatorianos que, tras denunciar, criticar o cuestionar al gobierno y sus funcionarios, sufren este tipo de censura por parte de la red social Twitter.

Un reciente monitoreo realizado por Fundamedios entre el 18 de abril y el 21 de julio de este año contabilizó 806 denuncias en contra de al menos 292 cuentas de Twitter, por supuesta violación a las reglas de la red social, como la publicación de información privada. Estas cifras excluyen las denuncias presentadas por copyright o en aplicación de la ley DMCA, lo que podría aumentar considerablemente este número.

Expertos consultados aseguraron que esta cifra de denuncias -más de 250 por mes- es muy alta, para un país que, según datos no oficiales, cuenta con 1.9 millones de cuentas de Twitter, frente a 10 millones en Facebook, por citar un ejemplo. No obstante, hay que considerar que Twitter se ha constituido en el espacio de debate público más relevante en la actual situación de la libertad de prensa en el Ecuador.

Curiosamente, dentro de la lista de cuentas denunciadas, hay una treintena de ellas que son víctimas de denuncias reiterativas, y que terminan en suspensiones o bloqueos sistemáticos. Los propietarios de estas cuentas coincidencialmente cumplen dos condiciones: tener un alto número de seguidores y ser críticos al gobierno de Rafael Correa.

Antes de realizar este monitoreo cuantitativo, Fundamedios ha reportado, a través de la emisión de alertas, un incremento dramático de la censura en redes sociales con 59 casos establecidos desde enero, hasta finales de julio, en comparación con siete casos reportados en todo 2015. Esto Incluye cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales, así como el abuso en reclamos de derechos de autor.

De hecho, se ha podido establecer que la empresa española Ares Rights, sigue estando detrás de la mayoría de las 806 denuncias en contra de tuiteros ecuatorianos. Sin embargo, su estrategia ha cambiado: al no funcionar más los reclamos por supuestas violaciones a los derechos de autor, ahora utiliza otros causales como el de la denuncia por difusión de información privada. Ares Rights es una empresa española que ha actuado constantemente a nombre de diversas instituciones del Gobierno ecuatoriano, así como del partido de Gobierno y personalidades identificadas con el oficialismo en el Ecuador.

Los meses con mayor número de suspensiones de cuentas se registraron en mayo, con 24 casos y julio, con 16, con la diferencia de que en mayo, la censura se dio por por compartir imágenes o videos del presidente Rafael Correa, tras un reclamo de violación de copyright por parte de la Secretaría de Comunicación (SECOM), mientras que en julio, la suspensión se dio por compartir información “privada” de funcionarios públicos.

Al respecto, se pueden citar varios ejemplos y casos recientes como los ocurridos en julio, con las cuentas del  tuitero Carlos Acosta @caacosta1962 y la del abogado Ramiro García @ramirogarciaf, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, quienes sufrieron la suspensión de sus cuentas hasta tres veces en una semana por supuestamente publicar información privada.

De hecho, la primera suspensión de García, con 15 500 seguidores, ocurrió el 12 de julio y coincidió con una rueda de prensa ofrecida por el caso de las deportaciones a ciudadanos cubanos. Antes de dicha suspensión, el jurista había estado muy activo al cuestionar el accionar de las autoridades frente al tema de las expulsiones y aseguró que ”al parecer, el análisis jurídico de algunas incorrecciones que se cometen desde los diferentes poderes le afecta y le preocupa a mas de uno, porque si Twitter suspendio mi cuenta es porque alguien reclamó”, apuntó García.

El  tuitero Carlos Acosta, con 5588 seguidores, sufrió la suspensión de su cuenta la  primera semana de julio, tras publicar la declaración del impuesto a la renta del ExVicepresidente Lenín Moreno – a propósito de la polémica desatada por el Canciller Long, quien afirmó que Moreno recibía un sueldo por su cargo honorífico en la ONU-. Para poder expresarse, el tuitero se vio obligado a utilizar una cuenta alterna @CAcosta1962 hasta recuperar su original.

Tanto las cuentas de García como de Acosta fueron devueltas el 21 de julio tras la primera suspensión, pero nuevamente suspendidas el  25 de julio y habilitadas ese mismo día después de unas horas sin que se dieran detalles o explicación alguna de este hecho.

Respecto a los motivos de las suspensiones en este último mes, cabe anotar que varios usuarios como el periodista Abad @babadmerchan, con más de 5800 seguidores, Marlon Rangel @mrangel79, @jhnny_vlnzl, @gabita, @migueltobarf, también fueron suspendidos por publicar la información tributaria del exVicepresidente.

Pero hay casos más dramáticos que evidencian la existencia de denuncias sistemáticas en contra de “blancos” específicos que constantemente sufren suspensiones y bloqueos como el de la tuitera ecuatoriana  @Diana_Amores, quien desde febrero de 2014 ha sido víctima de censura en la red social y su cuenta ha sido suspendida en al menos cuatro ocasiones.

El 14 de febrero de ese año, Twitter eliminó dos fotografías contenidas en dos ‘tuits’, referentes a candidatos aliados al oficialismo tras denuncias de supuesta violación de copyright planteada por la empresa española Ares Rights, en representación del movimiento oficialista Alianza PAIS. El 10 abril de ese mismo año, Amores sufrió la suspensión de su cuenta, igualmente por un reclamo por infracción de derechos de copyright, planteado por  Ares Rights, por utilizar el logo de su cliente” Alianza PAÍS. Otras suspensiones ocurrieron el 23 de julio, 18 Y 25 de noviembre de 2014.

Otra cuenta que reiteradamente ha sufrido suspensiones es el de la tuitera  @shababaty, con más de 6400 seguidores y conocida por ser crítica con el gobierno. La más reciente suspensión de esta cuenta fue el 14 de junio de este año por, supuestamente, publicar información privada, pero hace un año, en julio de 2015, esta misma cuenta también sufrió un cierre de más de una semana.

Además de la suspensión de la cuenta principal de @shababaty, quien al igual que otros usuarios se vio obligada a tener una cuenta alterna como @ShababatySuspendida, esta tuitera sufrió la cancelación de su cuenta paralela, así como reiterados intentos de hackeo. Para habilitarla, la red social le pidió que eliminar un mensaje que replicaba la información publicada por otro tuitero,  @badpons, quien también fue temporalmente suspendido.

Estos son solo algunos ejemplos de tuiteros críticos que han sido constantemente censurados, entre ellos la lista es larga:la abogada y activista por los derechos de la población LGBTI Silvia Buendía @silvitabuendia, el cineasta Carlos Andrés Vera @polificcion, los asambleístas de oposición Lourdes Tibán @LourdesTiban y Diego Salgado @Diegosalgadorib, así como otros conocidos tuiteros críticos como:  @carlitosrugrats, @carlitoswayec, @JJOLMEDO, @gfragac, @ghidaldoandrade, @Aliciadorada, @Maferegas, por mencionar algunas.

 

¿Qué hacer si su cuenta es bloqueada o suspendida?

 

  1. Evite publicar nombres completos, números telefónicos o documentos que contengan datos como nombres completos o números de identidad. Si va a publicar este tipo de documentos por ser de alto interés público, se recomienda hacerlo desde un enlace externo.
  2. Si ya sufrió la suspensión de su cuenta, busque un correo electrónico que le envía Twitter que contiene un número de caso.
  3. Ese número es sumamente importar para contestar a la demanda o bloqueo.
  4. Por favor, reporte su caso a Fundamedios, info@fundamedios.org.ec para poder monitorear su caso, reportarlo y darle ayuda más personalizada.

 

Listado de algunas cuentas de Twitter suspendidas  

 

 

  • @6SusanaGonzalez
  • @abdalabucaram
  • @albianpinzon
  • @Aliciadorada
  • @andresfcordovar
  • @angelanconence
  • @babadmerchan
  • @BastaImpunidad
  • @brian_washere
  • @BorisVianII
  • @cabezadebestia
  • @carlitoswayec
  • @diegosalgadorib
  • @ecuadorresist
  • @LeonardoHumbolt
  • @LourdesTiban
  • @maferegas
  • @mashiratael
  • @manustalin
  • @ramiroaguilart
  • @RenunciaCorrea
  • @RigorMortis69
  • @shababaty
  • @silvitabuendia
  • @taitapanda
  • @tattycanpo
  • @TEOBSERVOCORREA
  • @UstedGano
  • @VeronicaSaman14
  • @VictorhguerraC

 

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INFORME

 

 

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foto1Fundamedios y 5 portales digitales de Ecuador denunciaron, en rueda de prensa, “una política de acoso y censura” por parte del Gobierno ecuatoriano contra medios digitales así como a los usuarios de las redes sociales Facebook y Twitter.

Plan V, Mil Hojas, Focus Ecuador, 4 Pelagatos y Ecuador en vivo fueron los medios digitales que hicieron pública esta denuncia. Las cuatro primeras páginas fueron víctimas en los últimos días de ataques cibernéticos del tipo DDOs, o denegación de servicios. En el caso de Plan V y Mil Hojas sucedió a raíz de la publicación de la investigación “Los grandes contratos petroleros hecha por Focus Ecuador, que no pudo publicarla por un ataque a su servidor el pasado lunes.

Los representantes de estos medios digitales anunciaron que emprenderán acciones en instancias internacionales. Una de ella es el envío de una carta al Comité Internacional de Protección de Periodistas (CPJ) para alertar de estas censuras.  No descartan, además, acudir a cortes de EE.UU, donde están alojados sus servidores para identificar a los responsables de los ataques cibernéticos.

Martha Roldós, representante de Mil Hojas, denunció que su portal ha sufrido este tipo de ataques desde el año anterior y llamó a todos los medios y usuarios de redes sociales a que denuncien las acciones  emprendidas por la Secretaría de Comunicación (SECOM) para censurar contenidos por supuesta violación de copyright, o derechos de autor, por un supuesto uso ilegítimo de imágenes y extractos de las sabatinas presidenciales.

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Fernando Villavicencio, del sitio periodístico Focus Ecuador, manifestó que los ataques evidencian una actitud “deliberada y coordinada del poder para tumbar los medios digitales”.

José Hernández, del portal 4 Pelagatos, cuestionó la denuncia contra su medio realizada por la SECOM debido al uso de imágenes y audios de las sabatinas que han sido utilizados para la plataforma “MashiMachine”, que permite a los ciudadanos crear videos con frases del discurso del presidente Rafael Correa.

Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V, habló sobre los ataques que sufrió su medio y denunció la persecución también contra la web Cotopaxi Noticias. Mientras que Alfonso Pérez, del portal Ecuadorenvivo, dijo que “atacar y censurar a medios es un delito”.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, expresó que ya se puede hablar de un “caso Ecuador” debido al acoso sistemático a medios digitales y usuarios de redes sociales críticos con el poder.

Para finalizar, el periodista Roberto Aguilar, de 4 Pelagatos, invitó a los usuarios a seguir utilizando las imágenes producidas por el gobierno pues considera que las denuncias por copyright emprendidas por la SECOM son ilegales.

De las acciones internacionales también participará el portal LaRepública.ec, medio que ha sido blanco de múltiples ataques e intentos de hackeo durante los últimos años.

Mire la transmisión de la rueda de prensa:

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César Ricaurte, director de Fundamedios, durante la rueda de prensa.
César Ricaurte, director de Fundamedios, durante la rueda de prensa.

La Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios (Fundamedios) presentó hoy Censuracom.ec, un portal que recopila los ataques más alarmantes a la libertad de expresión y de prensa durante el 2015. Es un sitio, que en tono irónico y abundante material multimedia y documental, hace un repaso a los personajes que protagonizaron agresiones y a los casos donde se registró una restricción a este derecho fundamental.

El portal se divide en seis secciones:

    1. Los villanos del 2015. Se encuentran los cinco políticos del país que más ataques a la libertad de expresión han protagonizado. El primer lugar lo ocupó este año el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, con 100 agresiones.
    2. Las contorsiones (legales). Recuerda las resoluciones de la Supercom más polémicas contra los medios de comunicación, como la sanción a diario La Hora por no publicar la rendición de cuentas del alcalde de Loja, Bolívar Castillo.
    3. Los cañonazos contra la prensa. O las réplicas más insólitas que funcionarios o instituciones gubernamentales publicaron en los medios. Uno de ellas es la que diario El Comercio publicó el 20 de mayo de 2015 cuando fue obligado a mentir en la portada, pese a tener todos los respaldos de la nota que hizo sobre la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
    4. Los latigazos a la libertad. O las agresiones más alarmantes contra  ciudadanos y  medios. Allí se encuentra, por ejemplo, la enmienda sobre la comunicación como servicio público aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015.
    5. Los gladiadores. Un espacio para destacar a los periodistas que, pese a los reiterados ataques desde el poder, continúan con su labor.
    6. Los ciber azotes. Finalmente era necesario un espacio para recordar las violaciones a los derechos digitales en el último año. El caso de Crudo Ecuador es uno de los más recordados.

 

Un toque de humor durante la presentación del portal.
Un toque de humor durante la presentación del portal.

César Ricaurte, director de Fundamedios, recalcó durante la rueda de prensa que aunque el sitio tiene un tono jocoso, la información es seria y verificada. “No encontramos una mejor forma de graficar los hechos surrealistas contra la libertad de expresión que ocurren en el Ecuador”, manifestó.

“El poder va a estar disgustado por mostrarle lo que hace con la prensa y sabemos que por acciones de Ares Rigths los videos de las sabatinas serán bajados, pero lo importantes es que la información esté al alcance de los ciudadanos y de quien quiera conocer la situación de la libertad de expresión en el país”, agregó.

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Juan Carlos Calderón (izq.) y Juan Carlos Solines durante el evento.

Este martes, 25 de noviembre, expertos nacionales e internacionales debatieron sobre los “Derechos Digitales y censura en la era de Internet”, evento organizado por Fundamedios, con el apoyo de Usuarios Digitales de Ecuador, Derechos Digitales de Chile y la Fundación Karisma de Colombia. Se realizó en la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad Central del Ecuador.

El primer expositor fue Juan Carlos Lara, director de investigaciones de la ONG Derechos Digitales de Chile, quien abordó los derechos humanos en Internet y cuáles son los desafíos en la región sobre esta materia. “Los mismo derechos que tenemos como personas fuera de internet son válidos en internet. El hecho que tenga libertad de expresión fuera del internet significa que en internet tengo exactamente las mismas libertades”, expresó.

Para el experto, Latinoamérica es una región donde los Derechos Humanos están en constante entredicho y existen grandes brechas de conectividad, de idiomas y de contenidos.

Otra de las participantes fue María Juliana Soto, de la Fundación Karisma de Colombia. Ella se enfocó en el acceso al conocimiento que en la era de internet, en su opinión “desborda los viejos cimientos de la propiedad intelectual”. “No se trata únicamente el poder leer un artículo sino de tener las herramientas para escribir uno y publicarlo en Internet. Pasamos del universo del consumo de conocimiento, que es el modelo tradicional, al de creación de conocimiento”.

Sin embargo, según la expositora, esta circulación de conocimiento no es tan «fácil» y por eso hay movimientos que trabajan para que la propiedad intelectual sea más flexible. Expuso el caso de Diego Gómez, estudiante colombiano de maestría en biodiversidad, a quien se le abrió un proceso penal por compartir un artículo de investigación.

Juan Carlos Solines, abogado y experto en Telecomunicaciones, explicó el caso ecuatoriano y habló de los riesgos que existen sobre todo respecto a la libertad de expresión, que en el contexto actual ha adquirido una gran importancia. Este derecho “se ha convertido en la piedra angular de las sociedad y eso incomoda a los gobiernos”.

Solines cuestionó la Ley de Comunicación por afectar la libertad de expresión en los medios de comunicación, pero también al proyecto de ley de Telecomunicaciones que se debate en la Asamblea Nacional. “Esa ley, que todavía no ha sido aprobada, y su proceso de aprobación va a ser la última batalla que podemos y debemos librar para proteger la libertad de expresión no de los medios y periodistas sino de cada uno de nosotros. Porque esa ley se orienta a la plataforma donde los ciudadanos ejercen esa libertad de expresión: en las redes y las plataformas tecnológicas”.

Juan Carlos Calderón, director de la revista Plan V, contó los casos de censura de información por pedidos de la firma española Ares Right. Esta empresa ha solicitado en varias ocasiones se elimine los contenidos que incomodan al Gobierno, sobre todo, alegando derechos de autor.

También mencionó los recientes cierres de cuentas de tuiteros opositores del Gobierno y del intento de censura en la revista Plan V, por parte de Ares Right, por usar el logo de esa firma en una publicación periodística.

Los paneles fueron moderados por Fernando Larenas, exeditor general de diaro El Comercio, y Fabián Aúz, miembro fundador de Usuarios Digitales.

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Quito, Ecuador, 23 de abril de 2014

Señor

Dick Costolo

Chief Executive Officer

Twitter Inc. 

De mi consideración:

Reciba esta carta en representación de la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios, Fundamedios, organización ecuatoriana de la sociedad civil para la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión.

Durante los últimos meses hemos visto con preocupación y profundo malestar cómo las acciones abusivas y censuradoras impulsadas por la compañía al servicio del gobierno ecuatoriano Ares Rights, han tenido cabida en Twitter, que ha actuado con actitud pasiva, misma que se manifiesta en la nula investigación de los hechos que denuncia esa empresa y en el cometimiento de actos de censura contra ciudadanos, activistas y otras voces críticas al actual gobierno ecuatoriano en claro abuso de la Ley de Copyright de los Estados Unidos (Digital Millenium Copyright Act) y de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, y desconociendo que la información pública nos pertenece a todos y cada uno de los ecuatorianos y no al Gobierno nacional, mucho menos a su movimiento político.

La referida compañía ha promovido acciones para retirar expresiones y opiniones en plataformas de Internet y redes sociales, bajo el argumento de que el Enlace Ciudadano que cada sábado realiza Rafael Correa está protegido intelectualmente. Tanto Rafael Correa, como el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, han sido enfáticos en señalar, en varias oportunidades, que más allá del contenido, estos Enlaces son procesos de rendición de cuentas que, según la Constitución ecuatoriana, nos pertenecen a los ciudadanos. ¿Es que acaso citar una rendición de cuentas de una autoridad a los ciudadanos vulnera de alguna manera la propiedad intelectual?

En la red social Twitter se ha procedido con la censura de por lo menos una cuenta, de la que se tiene conocimiento. Bajo los mismos argumentos y utilizando la misma normativa, tanto estadounidense como ecuatoriana, se ha censurado el contenido de la cuenta @diana_amorespor difundir imágenes públicas de la reciente campaña electoral, hacer parodia de un cómic latinoamericano y reproducir una carta abierta, que por su naturaleza y por su forma de ser difundida, era pública. Como bien ha señalado la afectada, sus mensajes fueron expresados en legítimo ejercicio de su libertad de expresión y aplicando las reglas de “fair use”, por lo que las acciones de Ares Rights, una vez más, han sido abusivas, al margen de la ley, y con el claro objetivo de censurar la opinión de una ciudadana ecuatoriana.

Como organización que promueve y defiende la libertad de expresión en Ecuador, exigimos a usted investigar debidamente antes de tomar medidas contra periodistas, activistas y ciudadanos, cuyas opiniones están siendo abusivamente denunciadas por el gobierno ecuatoriano, a través de Ares Rights, por lo que solicitamos no dar cabida a este tipo acciones, puesto que la censura a la opinión en redes sociales como Twitter claramente transgreden la ley y los derechos de los ecuatorianos, y han provocando el consiguiente efecto intimidador.

Una copia de esta carta será enviada a los diferentes organismos de derechos humanos a nivel mundial.

Esperando una respuesta inmediata de su parte, quedo de usted.

Atentamente,

César Ricaurte Pérez

Director Ejecutivo

Fundamedios

Versión en PDF de esta carta 

Lea nuestra carta a Ares Rights

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Quito, Ecuador, 23 de abril de 2014

Señor

Jonathan Palma

CEO

Ares Rights

Recinto Industrial Colonia Guell, Edf. Filaturas.

Calle A, No. 2, Oficina 3º8ªC

Santa Coloma de Cervelló

Barcelona, España

De mi consideración:

Reciba esta carta en representación de la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios, Fundamedios, organización ecuatoriana de la sociedad civil para la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión.

Durante los últimos meses hemos visto con preocupación y profundo malestar las acciones impulsadas por su compañía con el único objetivo de censurar opiniones y comentarios de críticos al gobierno de Rafael Correa.En claro abuso de la Ley de Copyright de los Estados Unidos(Digital Millenium Copyright Act) y de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, y desconociendo que la información pública nos pertenece a todos y cada uno de los ecuatorianos y no al Gobierno nacional, mucho menos a su movimiento político.

Ustedes han promovido acciones para retirar expresiones y opiniones en plataformas de Internet y redes sociales, entre estas, documentales “Rafael Correa: retrato de un padre de la patria” del periodista colombo ecuatoriano Santiago Villa, y “Acoso a Íntag” del ecuatoriano Pocho Álvarez de la plataforma de videos “YouTube”. Lo han hecho bajo el argumento de que el Enlace Ciudadano que cada sábado realiza el Presidente de la República está protegido intelectualmente. Tanto el presidente de la República Rafael Correa, como el secretario de comunicación, Fernando Alvarado, han sido enfáticos en señalar, en varias oportunidades, que más allá del contenido, estos Enlaces son procesos de rendición de cuentas que, según la Constitución ecuatoriana, nos pertenecen a los ciudadanos.

Por otro lado, los instrumentos internacionales en esta materia han señalado que toda persona tiene derecho a la información pública que debe ser de libre acceso y sin restricciones de ninguna índole, asimismo, cabe recalcar que  los funcionarios públicos son custodios de la información más no propietarios de la información, por lo que exigir derechos de autor constituye un abuso evidente.

La libertad de expresión, definida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona de buscar, recibir y difundir información, sin más restricciones que aquellas que existan previamente en una ley, y que sirvan para tutelar los derechos de terceras personas y sean coherentes con los objetivos de un Estado de Derecho.  Este derecho, se aplica al Internet con los mismos principios con los que se ha aplicado a los medios de comunicación masivos.

La Relatora Especial para la Libertad de Expresión ha reconocido el carácter transformador del Internet para la democracia y también ha advertido sobre crecientes tendencias por parte de ciertos gobiernos de imponer medidas para restringir la libertad de expresión en Internet, indicando que aún cuando las mismas pudieran perseguir objetivos loables, podrían atentar contra su naturaleza misma y constituirse en mecanismos que violen ese derecho, en lugar de promoverlo.

¿Es que acaso citar una rendición de cuentas de una autoridad a los ciudadanos vulnera de alguna manera la propiedad intelectual? Si su respuesta es afirmativa, solicitamos nos lo explique.

Lo mismo ha ocurrido desde hace varias semanas en la red social Twitter con por lo menos una cuenta, de la que se tiene conocimiento. Bajo los mismos argumentos y utilizando la misma normativa, tanto estadounidense como ecuatoriana, se ha censurado el contenido de la cuenta @diana_amores por difundir imágenes públicasde la reciente campaña electoral, hacer parodia de un cómic latinoamericano y reproducir una carta abierta, que por su naturaleza y por su forma de ser difundida, era pública. Como bien ha señalado la afectada, sus mensajes fueron expresados en legítimo ejercicio de su libertad de expresión y aplicando las reglas de “fair use”, por lo que sus acciones, una vez más, han sido abusivas, al margen de la ley, y con el claro objetivo de censurar la opinión de una ciudadana ecuatoriana.

Como organización que promueve y defiende la libertad de expresión en Ecuador, exigimos a usted cesar de inmediato estas acciones que claramente transgreden la ley y los derechos de los ecuatorianos, y que han provocando el consiguiente efecto intimidador. De la misma manera, exigimos a usted transparentar el o los contratos que mantiene su oficina con el Estado de Ecuador, pues evidentemente están involucrados recursos públicos que nos pertenecen a los ecuatorianos.

Una copia de esta carta será enviada a los diferentes organismos de derechos humanos a nivel mundial.

Esperando una respuesta inmediata de su parte, quedo de usted.

Atentamente,

César Ricaurte Pérez

Director Ejecutivo

Fundamedios

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Mediante cartas públicas, Fundamedios expresó hoy su preocupación por las acciones impulsadas por Ares Rights, compañía que ha promovido la censura de opiniones y comentarios críticos al gobierno de Rafael Correa en redes sociales, así como su malestar por la cabida que han tenido estos pedidos en Twitter.

Ares Rights es la empresa española que solicitó el retiro de los documentales “Rafael Correa: retrato de un padre de la patria” del periodista colombo ecuatoriano Santiago Villa, en noviembre de 2012, y “Acoso a Íntag” del ecuatoriano Pocho Álvarez, en octubre de 2013. Ambos fueron retirados de la plataforma de videos “YouTube”.

El argumento: que el Enlace Ciudadano realizado por Rafael Correa está protegido intelectualmente. Sin embargo, el mismo Presidente ecuatoriano, como el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, han sido enfáticos en señalar, en varias oportunidades, que más allá del contenido, estos Enlaces son procesos de rendición de cuentas que, según la Constitución, nos pertenecen a los ciudadanos.

Acciones que violan la Ley de Copyright de los Estados Unidos (Digital Millenium Copyright Act) y de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, y desconociendo que la información pública nos pertenece a todos y cada uno de los ecuatorianos y no al Gobierno nacional, mucho menos a su movimiento político, ustedes han promovido acciones para retirar expresiones y opiniones en plataformas de Internet y redes sociales.

Por otro lado, Fundamedios condenó las acciones de la la red social Twitter, que bajo los mismos argumentos y utilizando la misma normativa, ha censura el contenido de la cuenta @diana_amores por difundir imágenes públicas de la reciente campaña electoral, hacer parodia de un cómic latinoamericano y reproducir una carta abierta, que por su naturaleza y por su forma de ser difundida, era pública.

Fundamedios exigió a ambas compañías cesar con estas acciones que claramente transgreden la ley y los derechos de los ecuatorianos, y que han provocando el consiguiente efecto intimidador.

Carta a Ares Rights

Carta a Twitter 

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Foto: Plan V

Aumento de la censura en las redes, vigilancia masiva de las comunicaciones  y normas penales vagas o amplias, que criminalizan la difamación para silenciar voces críticas son algunas de las principales amenazas para la libertad de expresión en Internet a nivel mundial, según la organización Electronic Frontiers y datos que arrojan informes de Freedom House y Reporteros sin Fronteras.

Katitza Rodríguez, vocera de la organización Electronic Frontiers, la cual defiende y promueve la libertad de expresión en Internet dijo a Fundamedios que “activistas y ciudadanos en todo el mundo están, cada vez más, haciendo uso de la Internet para expresar sus opiniones y conectarse con otros, lo que está llevando a que muchos gobiernos incrementen su capacidad de vigilancia, censura y la adopción de medidas legales o extrajudiciales para silenciar a bloggers y usuarios de redes sociales”.

Al respecto, Rodríguez considera que las amenazas a los internautas van en aumento y citó al Comité para la Protección de los Periodistas, que en 2008 encontró que el 45% de todos los comunicadores encarcelados fueron detenidos por las actividades llevadas a cabo en línea. “En el 2012 el barómetro de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras dio cuenta de 123 casos de presos internautas en 12 países. Aunque las motivaciones de los gobiernos varían de país a país, el objetivo es el mismo: silenciar voces que consideran amenazantes».

Sobre este punto, Rodríguez considera que los gobiernos utilizan diversos mecanismos para coartar la libertad de expresión de los cibernautas y un ejemplo de ello son las normas internacionales que permiten ciertas restricciones del derecho a la libertad de expresión cuando lo dispone la ley en los siguientes casos: respeto a los derechos a la reputación de los demás; la protección de la seguridad nacional o del orden público y la salud o la moral pública.

Sin embargo, la experta recalcó que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación general N º 10 señala que, » cuando un Estado parte considera procedente imponer ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, éstas no deberán poner en peligro ese derecho en sí mismo.» Estas restricciones sólo pueden imponerse por ley y deben justificarse como «necesarias» para uno de los fines indicados en el párrafo anterior.

Rodríguez, quien define el derecho a la libertad de expresión como “un derecho fundamental reconocido en los tratados internacionales de Derechos Humanos que países como Ecuador ha ratificado, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)”, afirmó que no hay que olvidar que ‘los mismos derechos que la gente tenga fuera de Internet también deben estar protegidos en línea’ como bien lo dijo el Relator Especial de Libertad de Opinión y Expresión, de la ONU, Frank La Rue y que, a pesar de ello,” los Estados cada vez más están incumpliendo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la adopción de medidas necesarias para hacer efectivos nuestros derechos”, apuntó la vocera.

Justamente, en junio de 2011 los relatores especiales de la libertad de expresión de América, Europa, África y las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta en la necesidad de proteger y promover Internet y se establecieron los límites del Estado a la hora de regular este medio y se dijo, entre otras cosas que “la libertad de expresión debe ser aplicada a Internet del mismo modo que al resto de medios de comunicación. En ese sentido, cualquier restricción que se imponga debe cumplir con los estándares internacionales vigentes, como estar expresamente fijada por ley, perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad”.

Juan Carlos Solines, abogado experto en telecomunicaciones, en una entrevista reciente para Rayuelaradio.com aseguró que ahora, “el acceso a la información se ha democratizado, hay muchas fuentes de información y los ciudadanos se han convertido en productores de información,  entonces los paradigmas de Ciudadano -Estado han cambiado gracias a la tecnología y las redes sociales. Esto incomoda al poder y se comienzan a desarrollar una serie de estrategias, políticas públicas para tratar de restringir ese proceso de empoderamiento de los ciudadanos del siglo XXI con excusas múltiples como la lucha contra el crimen organizado,  seguridad del Estado, temas de terrorismo, de carácter moral o por conceptos religiosos, que también son restringidos. Pero más allá de las excusas que pongan un determinado gobierno o Estado, el dominador es que se trata de restringir de alguna forma el libre flujo de ideas y contenidos, entonces en esa lógica las sociedades tienen que adaptarse a nuevos paradigmas y frente y  frente a ellos estamos viviendo estos achaques, los altibajos o ataques en internet”, comentó Solines.


Restricciones a la libertad en internet y métodos de control, en aumento

En un estudio realizado por Freedom House en su informe denominado “Libertad en la red 2012” se resalta que las restricciones a la libertad de Internet en muchos países han ido incrementándose y con ellas también los métodos de control, siendo cada vez más sofisticados y menos visibles. El informe se refiere a ataques contra blogueros, vigilancia por motivos políticos, manipulación dinámica de contenidos web y leyes restrictivas que regulan la expresión en línea, como algunas de las diversas amenazas a la libertad de Internet emergentes entre enero de 2011 y mayo de 2012, en 47 países del mundo.

El estudio encontró que países como: Irán, Cuba y China recibieron los puntajes más bajos por tener menor libertad en Internet, mientras que 11 países recibieron una clasificación de No Libre, en los que se incluyó a Bielorrusia, Arabia Saudita, Uzbekistán y Tailandia. Un total de 20 de los 47 países examinados experimentaron una trayectoria negativa en la libertad en Internet desde enero de 2011, con Bahrein, Pakistán y Etiopía, que registraron los mayores descensos.

El informe detalla además, casos como el de Cuba y China en donde los gobiernos interrumpen deliberadamente la conexión y pagan un ejército de comentaristas y blogueros que manipulan el debate en las redes, así como casos de censura, arrestos y violencia contra blogueros, sobretodo en Oriente Medio, en donde las autoridades intentan sofocar las convocatorias públicas para la reforma. Por ejemplo, en Arabia Saudita, Etiopía, Uzbekistán y China, las autoridades impusieron nuevas restricciones después de observar el papel fundamental que los medios sociales desempeñaron en los levantamientos en Egipto y Túnez.

Según esa organización, en América Latina, Cuba está entre los países con menor libertad de internet. A su vez, Argentina y Brasil se encuentran en la categoría de “libertad”, mientras que México y Venezuela están ubicados en “libertad parcial”.

En el caso mexicano, se resaltó la inhibición que han generado los grupos de la delincuencia organizada sobre la libertad de la población y se relató que “por primera vez en ese país, las personas que habían circulado información en línea sobre el crimen organizado y la corrupción fueron brutalmente asesinadas, con los agresores a menudo dejando notas que citan las actividades en línea de la víctima”, denunció el informe.

Entre enemigos del Internet y cyber-escándalos

Internet es un arma para la libertad, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) “en países donde los medios tradicionales son controlados por el gobierno, las únicas noticias e informaciones independientes pueden ser encontradas en internet, que se ha convertido en un foro para la discusión y un refugio para aquellos que quieren expresar sus opiniones libremente”. Sin embargo, para RSF los gobiernos represivos se están dando cuenta del poder liberador de internet y cada vez más intentan controlar este medio con leyes, arrestos, amenazas y mecanismos de censura.

Esta organización, publicó el 12 de marzo de 2013, con motivo del Día Mundial contra la Censura en Internet, una lista de cinco Estados enemigos de Internet en los que se encuentran: Siria, China, Irán, Bahréin y Vietnam, por “practicar una vigilancia activa e intrusiva que permite graves violaciones de la libertad de información y de los derechos humanos”.

Junto a estos países, el Informe muestra además una lista de cinco empresas enemigas de Internet, también llamadas “mercenarias de la era digital” como: Gamma, Trovicor, Hacking Team, Amesys y Blue Coat porque “sus productos son utilizados por las autoridades de diversos países para cometer violaciones de derechos humanos y de la libertad de información”. De acuerdo a este estudio, “estas empresas no podían ignorar, en el mismo instante en que aceptaron comerciar con regímenes autoritarios, que sus productos podían ser utilizados para vigilar a periodistas, disidentes e internautas”.

Un tema que se ha puesto sobre el tapete y ha destapado críticas es el cyber-espionaje en países como China y Estados Unidos. Del primero, la prensa del mundo reveló en el mes de mayo de 2013, que ese país asiático había recurrido al espionaje cibernético para acceder a información de casi 40 programas de armas del Pentágono, de los Estados Unidos, y casi 30 tecnologías más de defensa, incrementando la presión a las autoridades estadounidenses para que adopten medidas más decididas para frenar esta conducta de Beijing. Esta información trascendió a raíz de un informe que difundió a principios de año la Comisión de Ciencia del Departamento de Defensa de EE.UU.

Mientras que el caso más reciente se conoció hace pocas semanas, cuando periódicos como The Washington Post y posteriormente The Guardian informaron que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el FBI tendría, a través de un programa PRISM, el acceso directo a los servidores de grandes grupos de internet, lo cual les permite rastrear la presencia web de un ciudadano a través de audio, video, fotos, correos electrónicos y registros de conexión y que empresas como: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Apple, PalTalk, AOL, Skype y YouTube estarían involucradas.

La fuente de estas revelaciones fue el exagente estadounidense de la NSA Edward Snowden quien ahora se encuentra prófugo de la justicia de su país en la zona de tránsito de un aeropuerto ruso y ha solicitado asilo a 21 Estados, incluyendo el Ecuador, siguiendo el camino del australiano responsable de las filtraciones de Wikileaks; Julian Assange, quien desde hace más de un año reside en la embajada ecuatoriana en Londres.

En Ecuador, el menos tres ‘tuiteros’ han sido apresados y cuatro mandados a investigar por la SENAIN

En el Ecuador se conocen tres casos de ‘tuiteros’ y blogueros que fueron detenidos por expresarse en esa red social y de otros cuatro que fueron ordenados a investigar por la misma razón.

El pasado 19 de abril de 2011 el Juzgado Decimocuarto de Garantías Penales de Pichincha dictó una orden de detención del guayaquileño Víctor Vizcaíno Luzuriaga por supuestas ofensas al en ese entonces fiscal general Washington Pesántez para fines de investigación. Esto por supuestas injurias vertidas contra Pesántez en el blog «La plegaria de un pagano». Sin embargo, el acusado se defendió afirmando que él no escribió dichas ofensas y que su identidad fue suplantada, por lo que fue liberado un día después de su apresamiento.

En otro caso el 24 de noviembre de 2011, fue detenido un ciudadano sospechoso de haber amenazado de muerte a Rafael Correa mediante Twitter. La noticia se conoció por esa misma red social, después de que José Serrano, ministro del Interior, publicara en su cuenta: “Javier Genovez Solano, de 44 años de edad, es quien amenazó al Presidente, vía Twitter, acaba de ser aprehendido ya en la ciudad de Cuenca”. Genovez estuvo preso cerca de 24 horas, fue liberado la tarde del 25 de noviembre, tras concluir la audiencia de Control de Flagrancia. En ella, el ciudadano admitió haber sido el autor de los mensajes bajo el usuario @wacker600  y se disculpó públicamente: «Fue un exabrupto, un error por parte mía”.

Asimismo, el 30 de noviembre de 2012 el bloguero Paúl Moreno, más conocido en Twitter como @PaulCoyote, fue detenido en la ciudad de Riobamba -ubicada en la sierra central del Ecuador- a pedido de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) por “acceso fraudulento a sistemas informáticos y bases de datos”.

El bloguero fue detenido tras develar en su blog personal que el sistema de Registro de Datos Públicos implementado por el gobierno ecuatoriano es vulnerable, pues él pudo acceder a los datos del presidente Rafael Correa. Sin embargo, el 3 de diciembre fue liberado, después de que el Mandatario pidiera que se lo ponga en libertad durante su Enlace Ciudadano N 299.

En otro caso, el pasado 22 de agosto de 2012, a las 22:14, el presidente Rafael Correa, por medio de Twitter, pidió a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) investigar al tuitero @GSanAndres, tras un mensaje insultante que le envió este usuario en la red. En su tuit, Correa pidió: “SENAIN: favor investigar estos insultos al Presidente y proceder judicialmente. Dicho tuitero, tras llamar “mitómano y ladrón” al Jefe de Estado, eliminó su cuenta en la red social.

También, el 13 de abril de 2013, el presidente Rafael Correa, durante su Enlace Ciudadano No 317 aseguró que «mandó a investigar» con la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) a la tuitera @basoledispa por los comentarios vertidos a través de esa red social. La tuitera cuestionó al Primer Mandatario por un comentario escrito por Correa, quien afirmó sentirse consternado por el fallecimiento del periodista Fausto Valdiviezo y lo llamó “hipócrita”. Durante ese mismo enlace, el Primer Mandatario aseguró que no tolerará insultos.

Finalmente, el caso más reciente ocurrió el 28 de mayo de 2013, cuando el tuitero Danny Ayala, conocido en la red social como @DayalaEc, fue notificado de un acto urgente que solicitó el presidente de la república Rafael Correa a la Fiscalía por, presuntamente, “instigar a atentar en contra de su vida”. Esto por un ‘tuit’ publicado por Ayala el pasado 5 de marzo en el que decía: “RT si ahora quieres que se muera Correa”.En el documento, en el cual el Jefe de Estado pide que se realice un peritaje, también se asegura que “el mensaje transcrito bien podría ser considerado por algún usuario de dicha red social como una instigación para atentar en contra de mi vida, hecho que en vista de mis actuales funciones, evidentemente constituiría un magnicidio”.

Censura de contenidos y la empresa Ares Rights

En al menos seis ocasiones Fundamedios ha reportado que plataformas como Youtube, Vimeo o Twitter sacaron del aire videos o fotografías cuyo contenido hacía referencia a la gestión del gobierno ecuatoriano.

En todos los casos, la empresa que reclamó supuestos derechos de copyright, en representación del canal del Estado Ecuador TV, o el movimiento oficialista Alianza PAIS, fue Ares Rights, una firma que está en Barcelona (España) y en cuyo sitio web  www.ares-e.com se puede ver solamente un video en el que se promociona como una empresa que lucha contra la piratería. Sin embargo, los casos de censura no han dejado indiferente a los cibernautas ecuatorianos.

Por dos ocasiones, las plataformas de Internet como Youtube o Vimeo, decidieron retirar el material periodístico, el mismo que habría sido censurado por el canal estadounidense América TeVe, tras presiones admitidas por parte de funcionarios del gobierno ecuatoriano.

El 5 de diciembre de 2012 Youtube retiró por primera vez el documental de su página, y después de que este volvió a estar al aire el día 13, fue nuevamente des-publicado. En ambas ocasiones la razón del retiro del material fue debido a “una reclamación de copyright realizada por Ares Rights”, según consta en los enlaces que dirigían al documental. Según un documento que fue difundido a través de las redes sociales, la empresa española Ares Rights fue la que solicitó la remoción del documental por supuestamente contener «imágenes no autorizadas”, que fueron tomadas de la estación televisiva del Estado, Ecuador TV.

En diálogo con Fundamedios, Villa había mencionado que el documental -que expone temas como la supuesta financiación de las Farc a la campaña presidencial de Rafael Correa, los hechos del 30 de septiembre del 2010 y la lucha del gobierno contra la libertad de expresión, entre otros- generaron temor por parte del gobierno ecuatoriano.

El material audiovisual, de autoría del portal EcuadorLibreRed, fue eliminado de la red por “una reclamación de derechos de copyright” de la referida empresa catalana.

El material audiovisual fue retirado de la cuenta personal de YouTube de Álvarez, así como de un blog de comuneros de Intag, en respuesta a una “reclamación de derechos de copyright” de Ares Rights. Esto, por haber utilizado imágenes del Enlace Ciudadano No 341 del Presidente. Un argumento que para Álvarez es “peregrino”porque se supone que el informe del mandatario a sus mandantes es público y se supone que como es público no tiene copyright. Allí hay una contradicción”, apuntóel autor quien afirmó que el video removido de la red fue su respuesta frente “al ataque injustificado” del Presidente, a las personas que se han resistido a la explotación minera, pues quienes se oponen a la minería “no son tirapiedras y no vienen resistiendo desde hace quince días a la minería, sino desde hace quince años”.

Sobre Ares Rights, el bloguero y experto en tecnología Adam Steinbaugh,  reveló en su blog que la firma española trabaja para los gobiernos de Ecuador y Argentina, en varias ocasiones ha logrado retirar material de la red concerniente a ambos países, con un claro interés por eliminar u ocultar ciertas situaciones, antes que por un legítimo reclamo de los derechos  de autor.

Asimismo, el autor, en su artículo titulado “Spanish Firm Abusing Copyright to Censor Spying Documents Has Ties to Ecuador’s Government” reveló que la empresa también retiró del sitio de descarga de archivos scribd.com, una serie de documentos que habían sido publicados por el portal Buzzfeed, sobre una supuesta compra de equipos de monitoreo de comunicaciones, por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia ecuatoriana, entre otros casos.

En una investigación publicada por diario El Universo, se afirmó que Ares Rights también actúa con Google, Twitter, Scribd y otras empresas de EE.UU., donde está vigente la Ley de Derechos de Autor Digitales del Milenio (DMCA por sus siglas en inglés) y que protege los derechos de autor en Internet.

El rotativo cita una página web de Estados Unidos llamada Chilling Effects (Efectos Intimidatorios), manejada por la Fundación Electronic Frontier y los consultorios legales de siete prestigiosas universidades norteamericanas. Su objetivo es dar a conocer y defender los derechos de las personas en la Internet y por ello mantiene una base de datos con los reclamos de derechos de autor digitales. Según esta base, Jonathan Palma Ruiz y/o Ares Rights han presentado 40 pedidos desde septiembre del 2010 hasta la fecha, es decir, casi tres años, solo contando los proveedores Google y Twitter.

En todos esos pedidos, Palma y/o Ares Rights firmaron un formulario vía electrónica en el que aseguraron bajo juramento que ese material era suyo o del cliente al que representan, y afirmaron que se estaban violando los derechos de autor. Según ese registro, de los 40 reclamos de Ares Rights, solo 19, menos del 50% están relacionados con películas piratas. Doce de los 40, es decir el 30%, tienen relación con instituciones, funcionarios o proveedores del Gobierno ecuatoriano y con el Movimiento Alianza PAIS.

Es más, según el registro de transparencia de Google.com, solo en el 2013, uno de los principales clientes de Ares para pedir que se bloquee material de la web es el secretario de Comunicación del Ecuador, Fernando Alvarado. Otros clientes de la compañía han sido, en el 2012, Juan Manuel Abal Medina jr, exsecretario de Comunicación de la presidenta argentina Cristina Fernández. Y en el 2011, los políticos mexicanos Eruviel Ávila  y Miguel Ángel Osorio Chong, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Otro cliente de Ares Rights fue la argentina Illuminati Lab, para retirar documentos que contenían una propuesta para monitoreo e inteligencia de redes sociales en el Ecuador durante la campaña electoral de principios de este año. En septiembre pasado se puso otra queja a nombre de Business Initiatives Directions, para bloquear algunos blogs que denunciaban que esta firma española entregaría premios a cambio de contribuciones.

Según el rotativo, Ares aparece como parte del Grupo Microsat de Barcelona, con servicios de “control de contenidos y reputación en Internet” y  un capital de 3.100 euros. Según bases de datos abiertas españolas, su administrador, desde abril pasado, es Juan Casals Casals, quien reemplazó a Juan José Nos. Estas dos personas, junto a Ricard Soler Kopp y María Teresa Losada Pérez aparecen indistintamente y reemplazándose unos con otros, como administradores o apoderados, en más de una veintena de empresas cuyas actividades van desde la construcción hasta la venta de software. Dieciséis de las 25 firmas tienen sede en la calle Marina, en Barcelona.

En su investigación, El Universo llamó a esas oficinas y ahí se informó que ni Ares Rights ni Palma Ruiz formaban parte del Grupo desde hace dos años. Ante la insistencia de por qué aún aparece en su página web, Raimon Santamaría, de Oyster Technologies, indicó vía telefónica que era porque en ocasiones se daba algún servicio a algún cliente.

El Universo detalla además que la marca Ares Rights fue registrada por la firma española Wikipiedra, uno de cuyos administradores solidarios es Palma. En el 2010, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ordenó a Wikipiedra y a Palma pasar un dominio a la multinacional Vodafone. Según la OMPI, Vodafone probó que la dirección creaba confusión, que Wikipiedra no tenía derecho sobre el nombre y que lo había registrado de mala fe. Wikipiedra funciona en Sant Boi de Llobregat, zona industrial en las afueras de Barcelona. Precisamente en el reclamo de junio pasado por la foto de Twitter aparece una dirección en el mismo sector y ya no en la calle Marina.

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