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Ecuador, 13 de diciembre de 2021. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional retomó el tratamiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con el objetivo de recoger criterios para la construcción de la Ley la Comisión escuchó a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios quien presentó aportes y observaciones al proyecto.

Link a la sesión: https://www.facebook.com/100069440615418/videos/991959144735639

El director de Fundamedios detalló aspectos relativos a la nueva Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública: señaló que es fundamental que se puedan desarrollar leyes que se ajusten a la nueva realidad normativa global, basada en las tendencias vigentes como: gobierno digital, gobierno abierto, y manejo de datos abiertos. 

En su intervención, también reiteró que es mejor legislar de forma general y trabajar en un robusto y preciso Régimen de Excepciones donde se pueda definir claramente el significado y causales para categorizar  la información como confidencial o reservada. 

Asimismo, mencionó que la información confidencial debe responder a principios fundamentales como: el derecho a la intimidad, incluyendo la privacidad relacionada a la vida, salud, seguridad, integridad de los datos personales, etc. “ La concordancia entre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública es indispensable. “Son las dos caras de una misma moneda”, dijo. 

Ricaurte mencionó que una de las mayores debilidades que se han identificado en la efectiva vigencia e implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LOTAIP) radica en que el Órgano Garante ha sido la Defensoría del Pueblo la cual no tiene capacidad sancionatoria. Este Órgano ha hecho lo que ha estado en sus manos pero que para el Director de Fundamedios, los esfuerzos han sido insuficientes. Con lo antes mencionado, en la nueva Ley de Acceso a la Información Pública se debe priorizar la creación de un nuevo Órgano Garante. 

La idea central que planteó Fundamedios giró en la necesidad de crear un Órgano Garante. Aquí se partió haciendo un análisis de la ley modelo, de La Organización de Estados Americanos (OEA),  sobre los estándares mínimos que debe tener la autoridad que promoverá, interpretará, dará cumplimiento y garantizará el derecho al acceso a la Información pública. 

Ricaurte señaló que “la Comisión Parlamentaria de Derechos Colectivos y la Asamblea Nacional tienen una oportunidad de oro para dar un paso gigantesco en la efectiva garantía y protección del Derecho de Acceso a la Información Pública” con la creación de un nuevo órgano garante que nacería de la complementación de la Superintendencia de Protección de Datos Personales que debe crearse por lo dispuesto en la ya vigente Ley de Protección de Datos Personales para de esa forma constituir la Superintendencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como órgano garante de los dos derechos.

Este Órgano contaría con personalidad jurídica propia y sería establecido por ley, autónomo e independiente y con capacidad para decidir sobre la ejecución de su presupuesto; especializado e imparcial; y dotado de capacidad sancionatoria, en el marco de sus competencias. Entre las facultades del nuevo Órgano Garante, Ricaurte resaltó tres: Denuncia de Infracciones; sanciones o medidas de apremio y recursos. La nueva Superintendencia de Acceso a la Información y Protección de Datos  también podrá determinar infracciones administrativas.

A manera de ejemplo, Cesar Ricaurte mencionó un estudio hecho por Fundamedios, previo a la presentación del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, en donde se visibilizó un análisis comparativo sobre las mejores prácticas desarrolladas en la región sobre el papel de los Órganos Garantes. Entre los aspectos destacados se resaltó a Chile, país que creó un Órgano para salvaguardar el derecho al acceso a la información pública llamado Consejo para la Transparencia, es decir un órgano colegiado independiente, con personalidad jurídica y patrimonio. Esta es una corporación autónoma de derecho público. En México se reconoce el derecho al acceso a la información pública en su constitución  mediante un Órgano Constitucional Autónomo denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales el cual tiene autonomía normativa, orgánica, de gestión y presupuesto y es la encargada de vigilar el libre ejercicios y cumplimiento del derecho al acceso a la información. 

Para poder contextualizar la necesidad y urgencia del tratamiento de esta ley, Ricaurte hizo un breve recuento sobre algunas acciones tomadas por autoridades del sector público, las cuales, han puesto en riesgo el derecho al acceso a la información. El director de Fundamedios expuso, como antecedente, el reciente caso del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Ambato el cual intentó que no se pueda entregar ningún tipo de información a ciudadanos ni periodistas. “Con procesos como el anteriormente mencionado se evidencia que el tratamiento de la información pública se maneja de forma arbitraria y descuidada”, señaló.

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Martes, 14 de diciembre de 2021.- El fin de semana se llevó a cabo la segunda fase de los talleres Ruta Hacia la Libertad, esta vez con el apoyo de la Embajada Británica en Ecuador, en las provincias de Guayas y Santa Elena, ambas ubicadas en el litoral ecuatoriano.

En el mensaje de bienvenida, César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios, resaltó el trabajo de la organización en la promoción defensa, monitoreo de la libertad de expresión y con ello también el impulso a la calidad en el periodismo, precisamente es el objetivo de llevar los talleres Ruta Hacia la libertad en distintos puntos del país. Agradeció, además, a los convocantes locales así como el aporte de la Embajada Británica en este proceso.

En Guayaquil, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la periodista Alina Manrique, docente de la Universidad Santiago de Guayaquil. En su intervención resaltó la importancia de trabajar en las temáticas propuestas por la organización de libertad de expresión, la relación entre el periodismo y los datos y el combate contra la desinformación. Manrique destacó que para hacer mejor y buen periodismo son necesarios estos espacios de capacitación, a la vez que pidió a los asistentes no quedarse en la coyuntura, sino ir más allá, buscar historias a profundidad y de más largo aliento.

En Santa Elena la bienvenida estuvo a cargo de Wilson León, director de la carrera Comunicación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena quien destacó la visita de Fundamedios a la ciudad y la importancia de la formación académica para los estudiantes y profesionales de la localidad. Además, se comprometió que harán la revisión de la malla curricular para incluir el tema de alfabetización digital como materia regular y la incorporación de la Universidad a la Coalición Ecuador Verifica para, desde el espacio académico, luchar contra la desinformación.

En el primer taller a  cargo de César Ricaurte se trató los principios, orígenes, conceptos básicos y universales y contemporáneos de la libertad de expresión, que son la base del periodismo y precisamente el ejercicio de este derecho es la base de la comunicación humana.

Se habló sobre la estrecha relación histórica entre la libertad de expresión y el desarrollo del concepto de democracia, así como de los principios y estándares internacionales que protegen el derecho a expresarse. Se hizo un recuento histórico y estadístico de lo fue la aplicación de la Ley de Comunicación, aprobada en el 2013, modificada en el 2019  y que  actualmente está en discusión en la Asamblea Nacional una nueva de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación, impulsado por Fundamedios

En la segunda parte se trató sobre la relación entre periodismo y datos, que si bien es una de las relaciones más complejas, también es uno de los aspectos de la comunicación contemporánea que ha tenido más peso frente la masiva introducción de datos en todos los aspectos de la vida humana, el periodismo tiene que afrontar el manejo de esos datos.

Alexis Serrano Carmona, tallerista de esta sección, hizo hincapié en que detrás de cada uno de los periodistas hay un ser humano y son ellos los encargados de hacer que una historia trascienda, por lo que es importante hablar con mucha gente, escuchar, mirar, no dejar de sorprenderse y sobre todo «gastar suela» al hacer alusión que el periodismo no se hace atrás de un escritorio.

Estas jornadas terminaron hablando sobre el combate contra la desinformación que se ha convertido en uno de los flagelos de las instituciones democráticas y en la actualidad es uno de los retos mayores del periodismo, por ello surgió toda esta nueva tendencia del periodismo de verificación o fact-checking, qué es la comprobación, la verificación de los contenidos, posiblemente engaños, en esa línea se entregaron varias herramientas para contrarrestar la información engañosa.

La periodista de Ecuador Verifica, Paola Simbaña, recordó que el fact-checking es trabajo periodístico básico, que debe también  ir dirigido a los ciudadanos que es a quienes les llega esta avalancha de información engañosa, por lo que abordó la clasificación de la desinformación para entender de dónde proviene y resaltó la importancia de los procesos de alfabetización digital. 

Esta nueva gira terminó con la incorporación simbólica de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena a la Coalición Ecuador Verifica impulsada por Fundamedios y la oportunidad de cooperación y trabajo con la Asociación de Canales de Televisión, ACTV.

En Guayaquil se contó con el apoyo de dos centros universitarios: la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y la Universidad Casa Grande y en Santa Elena con la la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la Federación Nacional de Periodistas y la FENAPE.

Los asistentes evaluaron los talleres con las valoraciones más altas. Por ejemplo, Lissette Moreno Célleri estudiante  de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE)  publicó en su cuenta de Facebook:  

 

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Ecuador, 10 de diciembre de 2021.  Fundamedios, el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el despacho de la asambleísta Marjorie Chávez continúan con la serie de talleres virtuales sobre estándares internacionales en libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información dirigidos a los asambleístas y sus asesores con el fin de proveer insumos para la construcción de las nuevas leyes vinculadas con la de Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública.

El tercer taller se denominó: “Normativa y estándares mínimos con los que debe contar una legislación garantista en libertad de expresión” el cual fue dictado por Santiago Cantón, primer relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, y realizó una maestría en Derecho Internacional en la American University en Washington. Desde 1994 hasta 1998, se desempeñó como director para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, una organización dedicada al desarrollo democrático con base en Washington D.C. Además, trabajó como consejero político del Presidente Jimmy Carter en programas de desarrollo democrático. Después de terminar un periodo como relator, fue elegido por la Comisión como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el periodo de 1 agosto de 2001 al 30 de junio de 2012. Actualmente, es director del Programa de Estado de Derecho Peter D-Bell de Diálogo Inter–Americano y profesor visitante internacional de la Facultad de Derecho de American University en D.C. 

Miguel Hernández director del IRI en Ecuador dió la bienvenido a los asistentes y dijo que la libertad de expresión va de la mano de la democratización del acceso a la información. Mencionó que muchos de los ataques a la democracia, en estos tiempos, tienen como protagonista a la desinformación. Recordó que para combatir este fenómeno se debe fortalecer fuentes alternativas de datos, que estas sean veraces y creíbles, dentro de una legislación que las garantice. 

Santiago Cantón ofreció a los asistentes una charla magistral sobre aspectos de la libertad de expresión. Se analizó el marco de los estándares y la evolución de la libertad de expresión en la región, haciendo también un breve recuento histórico-político. 

Cuando se habla de una ley de libertad de expresión, los legisladores están en la responsabilidad de dar un avance o retroceso para la democracia por lo que la creación de nueva normativa no se debe tomar a la ligera. Cantón hizo énfasis en que este tema es crucial y por esta razón nació la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. 

El ex Relator menciona que la libertad de expresión es fundamental por tres razones. En primer lugar, pues es una fuente de realización, la expresión de las propias ideas. Segundo, es la piedra angular de la democracia. Y finalmente, habilita al goce de otros derechos humanos como libertad religiosa, a pensar, a asociarse.  

En el marco de los estándares vinculados con la jurisprudencia internacional creada por la CIDH, se trató sobre el concepto de la “real malicia” para poder derogar la figura del desacato, la cual se crea justamente para poder evitar la persecución desproporcionada a periodistas. Cantón abordó , adicionalmente, la posibilidad de crear fiscalías especializadas en temas de libertad de expresión. Dijo, también, que el desafío sobre el actual acceso a internet implica una limitante para el ejercicio de la libertad de expresión puesto que la gente se informa más por internet.   

El próximo lunes 13 de diciembre se impartirá el siguiente taller con Frank La Rue, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Ecuador, 9 de diciembre de 2021. La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional aprobó, con cinco votos a favor y cuatro en contra, el articulado del proyecto de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, que de esa forma pasa al primer debate dentro del Pleno de la Asamblea Nacional.

La votación de los integrantes de la Comisión reflejó las posturas presentadas en los últimos meses de tratamiento de la norma: Los legisladores de UNES Fernando Cedeño, Raisa Corral y Mónica Palacios y el de Pachakutik, Ángel Salvador, quienes mantuvieron un discurso crítico a la autorregulación, no aprobaron la propuesta. 

Fueron los votos de Luis Patricio Cervantes, Elias Jachero, Miguel Ángel Pabón, Jéssica Castillo y Juan Fernando Flores los que apoyaron la iniciativa por la libre expresión. 

Pabón, expresó que el proyecto que fue sometido a un debate técnico responsable con varios actores que crea un modelo de responsabilidad ulterior, cuyo propósito es superar un modelo que incentivó la autocensura en diversas formas pues no se deja carta abierta para que difundan información sin responsabilidad.

Durante dos sesiones, los legisladores conocieron los detalles del proyecto unificado de la Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. Este trabajo fue realizado por el equipo asesor especializado de la Comisión durante las reuniones en distintas mesas de trabajo. La última modificación se realizó sobre la base de observaciones realizadas por legisladores la semana pasada. 

Los proyectos unificados son los que, por un lado, presentó el Presidente Guillermo Lasso y, por otro lado, el que presentó FUNDAMEDIOS junto con los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio con las firmas de respaldo de 20 asambleístas más. 

En la sistematización del proyecto constan las propuestas sobre las frecuencias, el derecho a la comunicación de las personas con discapacidad y contenidos comunicacionales, se amplía la definición de los medios comunitarios, que serán de propiedad y gestión de los colectivos, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades,  movimientos sociales u organizaciones de la sociedad civil.

FUNDAMEDIOS se congratula por este gran paso adelante en la superación definitiva de un modelo legal basado en la hiperregulación estatal y el control del Gobierno sobre el sector de la Comunicación. 

En los próximos días, presentaremos un análisis detallado del articulado aprobado por la Comisión. 

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El país no tiene garantías legales para la aplicación de tecnología biométrica y se incumplen con estándares internacionales para resguardar la privacidad ciudadana . 

INFORME VIDEOVIGILANCIA

Fundamedios insta al Gobierno y a los municipios a prescindir de la implementación de tecnología de vigilancia biométrica como es el reconocimiento facial. Tal como se demuestra en la investigación hecha por la organización, Ecuador no cuenta en la actualidad con una legislación específica que proteja los derechos ciudadanos ante la actual videovigilancia. El país, además, incumple con los estándares internacionales que recomiendan a los Estados tomar medidas eficaces para impedir la retención, el procesamiento y el uso ilegales de datos personales almacenados por las autoridades públicas y por empresas. La vigilancia indiscriminada y masiva además vulnera el derecho de reunión pacífica, según la ONU.

Por ello, Fundamedios hace un llamado a la Asamblea Nacional a definir la normativa necesaria que llene el vacío actual y regule el uso de videovigilancia. Es importante que el país adopte las recomendaciones de las Naciones Unidas ante la implementación de vigilancia masiva con inteligencia artificial. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, aprobada en mayo de 2021, no menciona los límites de la videovigilancia,  ni se refiere con claridad a los datos personales obtenidos mediante cámaras de videovigilancia (ni reconocimiento facial). 

Fundamedios además señala que es fundamental que se levante la reserva de información confidencial que el ECU 911 mantiene desde 2013 en los protocolos,  procedimientos, metodologías, instructivos para la atención de emergencias, videovigilancia y recepción de llamadas al 911. La confidencialidad está establecida hasta el año 2028. Según la Ley de Acceso a la Información Pública, la confidencialidad sólo se aplica a temas de defensa nacional ante posibles amenazas en contra del Estado, información sobre ubicación de material bélico y fondos de reserva para defensa nacional. Por ello, no se justifica que los procedimientos del ECU 911 sean reservados. 

Estas peticiones surgen después de la investigación “La videovigilancia  en Ecuador desde la perspectiva de los derechos humanos” que Fundamedios realizó con el apoyo de Derechos Digitales durante cuatro meses (julio- octubre 2021). Para ello, revisó la documentación de cuatro municipios: Quito, Guayaquil, Cuenca y Latacunga y del ECU 911. Realizó 25 peticiones de acceso a la información a instituciones involucradas en el tema, realizó más de 12 entrevistas y revisó decenas de decretos, contratos, además de la revisión de la legislación nacional e internacional. 

Dentro de los hallazgos también se constató que muchos de los funcionarios públicos encargados de la videovigilancia en el país desconocen que el rostro es un dato personal. Fundamedios detectó la necesidad de mayor capacitación de los operadores de seguridad y de justicia en materia de derechos humanos y sus posibles vulneraciones. Otro hallazgo preocupante fue que algunas instituciones analizadas usan de forma indiscriminada contenidos de la videovigilancia para su comunicación institucional en redes sociales, pese a que este contenido sólo puede usarse para fines judiciales. 

En este sentido, Fundamedios considera fundamental que la ciudadanía eleve su conciencia respecto a su derecho a la privacidad y a la intimidad y demande su respecto.

La investigación constató que la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito, la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, el Consejo para la Seguridad Ciudadana de Cuenca y el Municipio de Latacunga han adquirido 353 cámaras con capacidad de reconocimiento facial por casi 3 millones de dólares, hasta octubre de 2021. Sin embargo, ninguna de estas cámaras cumple con la capacidad de reconocimiento facial al no estar conectadas a una base de datos con el software adecuado. 

A Fundamedios le preocupa que en los próximos años se prevé la compra masiva de tecnología de reconocimiento facial sin contar con una legislación robusta que impida la vulneración de derechos ciudadanos. Por ejemplo, el Municipio de Guayaquil anunció una inversión de 30 millones de dólares para comprar 15 mil cámaras con reconocimiento facial durante los próximos 4 años. El ECU 911 también analiza la compra de 1.294 cámaras con estas características que serán operadas por la Policía Nacional.

Mayor información:

Paola Aguilar

Info@fundamedios.org

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Fundamedios y la Fundación Konrad Adenauer con su oficina en Ecuador organizaron el 10mo y último taller denominado “Ruta Hacia la Libertad”, con apoyo del Colegio de Periodistas del Azuay. El encuentro se desarrolló este 7 de diciembre en la ciudad de Cuenca. 

Al iniciar este taller el representante de Ecuador y Perú de la Fundación Konrad Adenauer, Robert Helbig señaló que quienes promueven y protegen la libertad serán parte de una sociedad que camine hacia el bien común. “Damos inicio a este taller de la Ruta hacia la Libertad, un espacio de conversación, debate y aprendizaje en torno a la libertad de expresión, el periodismo y la lucha contra la desinformación”, mencionó Helbig.

El representante de la Fundación Konrad Adenauer recalcó que el compromiso de la fundación es de apoyo al fortalecimiento del Estado de Derecho y la constitucionalidad. Enfatizó que la responsabilidad de transparentar una sociedad, no es únicamente de los periodistas, sino que son quienes tienen un importante rol dentro de este proceso.  

Carlos Almeida, presidente del Colegio de Periodistas del Azuay, afirmó que la libertad de expresión es un tema fundamental.  “Las personas que somos parte de los gremios en forma consciente tomamos y nos establecemos normas o nos autorregulamos en las normas”, dijo Almeida. 

El director de Fundamedios agradeció a la KAS por haber apoyado este proceso de fortalecimiento de capacidades para los periodistas ecuatorianos de 10 provincias del país más aquellos que se capacitaron a escala nacional por vías virtuales. Señaló que ha sido una experiencia maravillosa, redescubrir el país social y al país periodístico que deja la pandemia de la COVID-19. “Es notorio que el periodismo local afronta profundas crisis y profundos retos, pero al mismo tiempo vemos surgir por todo lado nuevas propuestas y experiencias que deben ser apoyadas para que puedan consolidarse. Estos talleres han sido un primer paso, en ese sentido, pero vendrán muchos otros, acompañados por un socio muy comprometido como es la FENAPE-FIP.”

Durante este taller, César Ricaurte expuso sobre la historia de la libertad de expresión y de su estrecha relación histórica con el desarrollo del concepto de democracia y como eso dio origen a los principios de la libertad de expresión y los estándares que la protegen. Además, se diseccionó el Artículo 19 de la Declaración Universal de DDHH y cada uno de los cinco incisos de la 13 de la Convención Americana de DDHH. También, se explicó sobre lo que fue la aplicación de la Ley de Comunicación del 2013 y la importancia de la discusión, en la Asamblea, del actual proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación, presentado por Fundamedios, encaminado a la garantía y promoción de derechos.

Este proyecto de Ley propone los principios de máxima garantía del derecho, la responsabilidad ulterior a través de los pedidos de réplica, la pluralidad y hace énfasis en la autorregulación periodística.

En el segundo módulo de este taller se habló de la relación que existe entre el periodismo y los datos, así lo explicó Alexis Serrano, editor de Ecuador Chequea. En este espacio, se recalcó que los datos son información que siempre debe estar presente en los contenidos periodísticos. “¿Es posible realizar un periodismo sin datos?”, cuestiona Serrano durante su intervención. El periodista mencionó que es importante encontrar la forma de contar historias que debe tener información, datos y recorrer las calles, para hacer periodismo. Además, explicó que los periodistas deben contar la información para que se entendida por todos los ciudadanos, no solo para personas expertas en cualquier temática.

Por último, se presentó el módulo sobre desinformación que fue expuesto por Paola Simbaña, periodista de Ecuador Chequea quien analizó si es correcto denominar al fenómeno de la desinformación como noticias falsas. En este espacio se mencionó que el fact-checking es el mismo ejercicio periodístico básico para verificar los contenidos engañosos que circulan en internet.

También se dijo que la posverdad ha influido en el fenómeno de la desinformación, ya que apela a las emociones para que los usuarios digitales compartan contenidos engañosos a través de la apelación a factores emotivos y apagar los elementos racionales que, en cambio, es la base de la construcción de la información. 

 

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Los datos de noviembre reflejan que las agresiones contra la prensa continúan en su pico más alto desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Con 24 agresiones, al igual que octubre, noviembre fue otro mes en el cual los ataques en contra de la libertad de prensa, libertad de expresión y derecho de acceso a la información no cesaron. 

Llama la atención que los ataques contra la prensa no han disminuido pese a que al inicio del mes la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró en un conversatorio con medios de comunicación en Carondelet que el Gobierno respetará la libertades de expresión y de prensa.

 

Las cifras

Entre 2007 y el 30 de noviembre de 2021, Fundamedios registró 3027 agresiones contra la prensa.  En noviembre Fundamedios registró 24 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.

En total 18 periodistas fueron agredidos: 12 hombres y seis mujeres; cuatro medios de comunicación, un constitucionalista y una ONG. El Estado fue el principal agresor, durante 10 ocasiones. Seguido de elementos No Estatales que intervinieron en ocho ocasiones. Asimismo, las agresiones y ataques contra la prensa en este mes llegaron a cinco; otros cinco casos fueron Impedimentos de acceso a la información pública; cuatro amenazas; tres intentos de censura; tres discursos estigmatizantes y una restricción en el espacio digital.

El análisis geográfico refleja qué Pichincha se produjeron 11 agresiones contra la prensa, en Bolívar se desarrollaron tres alertas, dos en Cotopaxi, dos en Guayas y una en El Oro. 

Los ataques a la prensa desde el Estado no paran 

Pese al discurso oficial del Gobierno de garantizar el trabajo periodístico en el Ecuador, el la práctica, el Estado se convirtió nuevamente en el principal agresor de los periodistas y medios de comunicación:

El periodista Jonathan Quezada del medio JQ Digital EC fue agredido y retenido arbitrariamente por integrantes de la Policía Nacional el 9 de noviembre luego de que tuvo una discusión con el Coronel de Policía Gabriel Paúl Villavicencio Salazar, tras  intentar registrar la agresión a un ciudadano, durante un desalojo en Guaranda. 

En un video al que tuvo acceso Fundamedios se observa cómo durante la cobertura, un grupo de policías rodean al periodista, lo intimidan y lo mantienen retenido mientras un grupo de mujeres solicita ayuda a gritos: “Ayuda”, “Ayuden al periodista”, “Liberen al señor periodista” exclaman. Al final, luego de un forcejeo lograron que el comunicador sea liberado. 

 

Al día siguiente, miembros de la Seguridad Presidencial empujaron a periodistas de medios de comunicación e impidieron que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, diera declaraciones a la prensa. En Carondelet se desarrolló una reunión entre el presidente Guillermo Lasso y la CONAIE por lo que varios medios de comunicación estuvieron presentes para dar cobertura a los acontecimientos. A través de una serie de videos de los periodistas que estuvieron presentes y que circulan en redes sociales se puede observar cómo el equipo de Seguridad de Carondelet rodea a Leonidas Iza a su ingreso al Palacio e impide que los periodistas  tomen sus declaraciones.

En otros de los videos se puede observar a uno de los escoltas empujando de manera agresiva al periodista Francisco Garcés de Ecuavisa mientras este intenta obtener una declaración de Iza: “¿Qué le pasa? usted no me va a agredir, estoy trabajando” dice el periodista. Asimismo, los escoltas de seguridad no permitieron que Leonidas Iza diera declaraciones “Déjenlo hablar señores de seguridad”, pedían los comunicadores.

El 10 de noviembre los periodistas de UDLA Channel Napoleón Tamayo, Doménica Salvador y Paulina Lema fueron presionados durante una entrevista con un funcionario del Ministerio de Salud Pública (MSP), luego de que otra funcionaria del departamento de Comunicación les recriminó por realizar una pregunta que consideró de corte político.

A través del oficio FPEO-SAI-2021-002723 la Fiscalía General del Estado solicitó al Diario Correo de Machala entregar la información completa del periodista responsable de escribir una nota en el segmento de sucesos de este medio de comunicación. 

Se refieren a la noticia titulada: “Postergan audiencia para juzgar a acusado de violación”, que fue publicada en el medio de comunicación. La Fiscalía, bajo la figura de “reglas para la investigación de delitos cometidos mediante los medios de comunicación”, sostiene que dicha información deberá ser remitida bajo el principio de buena fe y lealtad procesal, en el plazo de 3 días desde la entrega del oficio.

El Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna presentó el pasado 19 de noviembre una acción de acceso a la información en contra del Ministerio de Salud, tras no haber recibido información solicitada sobre salud sexual, reproductiva y el aborto desde el 11 de agosto de 2021. 

Tatiana Jiménez, responsable del área de investigación de Surkuna, indicó a Fundamedios que buscaban datos sobre atenciones en parto, interrupción del embarazo, atención post aborto. “Esta información nos permite evaluar y conocer cómo está la realidad de las mujeres y cómo está su acceso a sus derechos de salud sexual y reproductiva”, dijo. 

 

Las amenazas y agresiones tomaron fuerza 

El 10 de noviembre de 2021 los periodistas Andy Calero y Jhonny Tuarez Guerrero de TV Centro fueron agredidos por un grupo de ciudadanos que empezaron a insultarlos y agredirlos a latigazos durante una cobertura en el centro de Guaranda. Andy Calero contó a Fundamedios que se encontraban realizando la cobertura en vivo  en la Plaza Roja  y que al terminar la cobertura “aparecieron unos infiltrados y empezaron a insultarnos y a entramos a latigazos” luego de decirles: “porque carajo están hablando mal de Medardo Chimbolema (alcalde de Guaranda)”. 

Ese mismo día las periodistas Dayana Escobar y Vanesa Cifuentes de UDLA Channel fueron agredidas por razones de género por un sujeto desconocido, durante una cobertura en las afueras del Hospital Baca Ortiz de Quito. Las periodistas llegaron hasta el sitio para realizar la cobertura de un plantón de pacientes que reclamaban por falta de medicamentos en la casa de salud. Según la versión de las comunicadoras se encontraban realizando tomas y entrevistas cuando un ciudadano desconocido y en estado etílico, se acercó hacia ellas y empezó a decirles insultos misóginos. Posteriormente rompió el trípode de UDLA Channel y empezó a perseguir a las periodistas con una de las patas en la mano, con el propósito de agredirlas. 

El 18 de noviembre cuatro guardias de seguridad de la empresa Vielarec, contratada por el Municipio de Guayaquil, agredieron a la periodista de Teleamazonas Vanessa Robles y al camarógrafo Eddy Robalino y les impidieron subir al Cerro Santa Ana, para realizar una entrevista con autoridades locales y ciudadanos. En un video publicado por la periodista se observa a los guardias de seguridad privada empujando al camarógrafo, mientras recogen algunos equipos de prensa que cayeron al piso, luego de que lo agredieron y empujaron de manera violenta: “no tiene por qué agredir al equipo” dice la periodista mientras los guardias le replican que no pueden subir las escalinatas del Cerro sin una autorización.

Ese mismo día, la periodista Alexandra Moyano y otro comunicador de Radio Municipal Latacunga, que prefiere mantener el anonimato, recibieron amenazas de muertes con un mismo modus operandi: a través de llamadas telefónicas de números desconocidos, a sus teléfonos personales. En el caso de Alexandra Moyano, primero recibió un mensaje preguntando si este era el número de la Radio Municipal, solicitando a la vez los contactos de todos los locutores “para poder solicitar música”, la periodista no proporcionó información.  Después recibió una llamada anónima y le advierten que si sigue realizando investigaciones sobre el tema carcelario en Cotopaxi, así como las bandas delincuenciales, la iban a matar a ella, a su familia y le dijeron “periodista de pacotilla”. 

En el caso del otro periodista recibió una amenaza similar y por la misma vía: desconocidos le dijeron que si no depositaban dinero, ellos iban a matar a su familia. En ambos casos los agresores se identificaron como miembros de la banda Los Choneros. 

El 25 de noviembre, Charlie Castillo, fundador y periodista de FerroDiario, recibió en Instagram un mensaje intimidante de Josué Narváez, hermano del alcalde de Durán (Guayas), Dalton Narváez. “Ya mucho le estás metiendo”, decía el texto tras una publicación que hizo el medio en la red social en la que replicaba declaraciones que dio el funcionario a radio Águila.  En la publicación subida como historia a Instagram de FerroDiario, Dalton Narváez explica que el proyecto El Chobo es la única opción que tiene Durán para captar agua. “Yo estuve por Dubai en una luna de miel con mi esposa. En Dubai  no tienen río, es puro desierto. El agua la tratan del mar. ¿Sabes cuál es el promedio que pagan por energía eléctrica  y agua las familias de Dubai? 600 mensuales. Imagínate, altísimo. Vienen a inventarse que te mueres de sed  a lado del río. El agua de El Chobo es la más pura que puede haber en el mundo”, declaró el funcionario.

 

El discurso estigmatizante contra la prensa, una constante

El 19 de noviembre un grupo de militares retirados del Ejército asociados en la Promoción 81 “Teniente Elvis Molina” lanzaron una carta abierta para cuestionar las declaraciones del periodista de La Posta Andersson Boscán quién cuestionó la inacción de las fuerza militares ante la extrema violencia en la Penitenciaría del Litoral. En el comunicado los militares retirados repudian las expresiones del periodista porque, aseguran, menoscaba a la institución y genera una pérdida de la confianza de la sociedad en las Fuerzas Armadas y que también busca afectar la estabilidad del país en un momento en que se debe buscar cohesión.

No obstante en una parte del texto se asegura que es más fácil atacar “a quiénes le abrieron las puertas que defender su propio país’, eso es de cobardes” y se refieren a que se aprovecha de una mala entendida libertad de expresión para insultar a todo un grupo de la sociedad.  “Si no le gusta lo que ve entonces la solución es fácil, aprenda del honor y valor que tiene un militar para defender su país y regrese a su país de origen. Por qué gente malagradecida como usted señor Boscán debe ser expulsada del país”. 

El pasado 23 de noviembre, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa publicó un trino en el que tilda a la prensa ecuatoriana como una de ‘las peores del mundo’, acusándola de desestabilizar el régimen correísta. El mensaje de Twitter va acompañado de un video que tiene una duración de 2:20 en el que  se insinúa que los medios no cubren la noticia apegados a la verdad. 

El legislador Esteban Torres del Partido Social Cristiano (PSC) lanzó fuertes descalificaciones en contra del periodista de 4 Pelagatos, José Hernández, tras escribir una historia sobre la aprobación de la Reforma Tributaria en la Asamblea Nacional gracias a un acuerdo con el correísmo, en medio de una extorsión de otras bancadas a cambio de apoyo.

“Oye, pequeña piltrafa nauseabunda ¿sostienes aquí que he pedido algo a cambio de no oponerme a los impuestos?  Me estás atribuyendo un delito, ¿sí lo entiendes o no? Y lo mismo tu portal 4 Pelagatos. Lo que tienes es el corazón podrido y los bolsillos rotos”, tuiteó el legislador. 

 

 El acceso a la información tuvo altibajos 

Los periodistas y medios de comunicación enfrentaron este mes situaciones que afectaron el acceso a la información pública.  

El 16 de octubre la presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Tumbaco, Lorena Brito Cuzco, censuró públicamente al periodista Ángel Mediavilla del medio digital Tumbaco Informado, durante una cobertura de la reunión entre moradores y autoridades.  Los periodistas de Tumbaco Informado fueron contactados por los vecinos del Pasaje Josefa Lozano para que den cobertura a una reunión con las autoridades del GAD. En un video al que tuvo acceso Fundamedios se observa como Lorena Brito Cuzco interrumpe la grabación del medio de comunicación, realizada en medio de la calle, y dice “Joven, tenga la bondad, no tiene autorización, aquí tenemos un medio público del cual va a tener información para que publiquen en redes sociales, por favor baje la cámara”. Los moradores y el periodista le dicen que ellos invitaron al medio de comunicación. 

El 17 de noviembre una transmisión en vivo de las actividades del Presidente de la República, Guillermo Lasso, se cortó abruptamente justamente cuando se daba paso a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa no prevista inicialmente. 

El Primer Mandatario junto con las ministras de Salud y Educación, Ximena Garzón y María Brown, respectivamente, lideraron la inoculación a menores de edad que se realizó en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Al finalizar el recorrido en la unidad educativa los miembros de la prensa le solicitaron al Presidente un espacio para despejar algunas inquietudes, en ese instante el periodista Jorge Escobar de RTS le preguntó: “en materia política, ayer la Presidente de la Asamblea no dijo cuándo iba a convocar al pleno para el informe de Pandora Papers porque hay un informe de mayoría y minoría, Presidente”, justo en ese instante, algún funcionario no identificado de la Secretaría de Comunicación decidió cortar la transmisión en vivo.

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El correísmo atacó a los medios de comunicación por todos los ángulos posibles. El “Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación”, mejor conocido como “Código Ingenios y que derogó a la Ley de Propiedad Intelectual, vigente en el Ecuador desde 1998, consolidó el poder de las sociedades de gestión. Cinco años después de su vigencia, los medios de comunicación están acorralados por la carga económica que significan y cansados de las presiones que reciben. 

 Entre las atribuciones que se otorgó a las sociedades de gestión está el establecer las tarifas de cobro por el uso de derechos de autor hasta la posibilidad de aplicar un voto ponderado, cuya calificación por socio se mantiene bajo reserva. Los medios de comunicación audiovisuales apuestan ahora por que el presidente Guillermo Lasso de oído a sus peticiones y envíe una propuesta de reforma a la Asamblea Nacional para subsanar estos excesos. 

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La tregua que tuvieron hasta hace poco las sociedades de gestión y los medios de comunicación terminó. Ahora, la disputa de estos dos sectores gira en torno a las nuevas tarifas que se cobrarán por los derechos de autor y por el uso de su propiedad intelectual, en los medios de comunicación audiovisuales del Ecuador y que se definirán hoy: Las sociedades de gestión proponen un incremento, los medios solicitan una reducción sustancial, ¿será el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) el organismo que tendrá la última palabra?.

Pero ¿Qué son las sociedades de gestión?: Son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, que surgen con el fin de ejercer la gestión colectiva de los derechos patrimoniales de autor. Básicamente, son personas jurídicas privadas que actúan como intermediarios del autor para la recaudación de los  beneficios económicos que se derivan de las obras, que son creaciones producto de su intelecto, imaginación y creatividad. 

Actualmente en Ecuador existen cinco sociedades de gestión: tres musicales y dos audiovisuales:   Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE); Sociedad de Productores de Fonogramas,  (SOPROFON); La Sociedad de Artistas Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador (SARIME);  Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales de Ecuador (EGEDA) y La Unión de Artistas Audiovisuales del Ecuador (UNIARTE).

Estas recaudan valores a través del tarifario aprobado por el SENADI y que se aplica a medios de comunicación, hoteles, bares, discotecas, restaurantes, cafeterías, eventos públicos, etc.

 

Las tarifas por derechos de autor, un tema que genera discusión

Las tarifas por derechos de autor siguen siendo un tema irreconciliable entre compositores y medios de comunicación audiovisuales. Los primeros aseguran que las sociedades de gestión realizan una recaudación justa por el uso de su conocimiento y de sus obras. Los medios de comunicación consideran que, luego de la pandemia de la COVID-19, la realidad económica se complicó y en la actualidad es “imposible” pagar los valores que establecen estas sociedades.

Actualmente, cada sociedad de gestión establece una tarifa con una fórmula distinta, sobre la base del Artículo 251 del Código Ingenios que establece que se definirán “tarifas razonables, equitativas y proporcionales por el uso de las obras, interpretaciones o ejecuciones, emisiones o fonogramas comprendidas en sus respectivos repertorios”. 

En el caso de SAYCE, para las canales de televisión privados se estableció una tarifa del 1.25% de ingresos brutos de la facturación por publicidad más IVA y del 1.6% para las radios privadas.  Otras sociedades de gestión como SOPROFON, SARIME y UNIARTE utilizan complejas fórmulas matemáticas y EGEDA cobra 0.10 centavos por cada transmisión. 

Sobre el establecimiento de estas tarifas existe un antecedente jurídico: En febrero del 2007 Franklin Javier Mazón Figliole, presidente de la Asociación de Canales de Televisión, compareció ante el Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad por el fondo y se suspenda los efectos de una Resolución de SOPROFON que establecía un incremento tarifario.  El Tribunal Constitucional emitió su resolución en el caso signado con el número 0026-2006-TC sobre las tarifas de una de las sociedades de gestión colectiva, dicha resolución constitucional es de gran valor jurídico pues se declaró la inconstitucionalidad por el fondo en el establecimiento de estas tarifas. 

El ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón calificó a estas tasas impuestas por las sociedades de gestión como un cobro más amparado por la ley que termina convirtiéndose en una “especie de impuesto” y que lamentablemente están amparados por el Gobierno y que se resta competitividad a los medios de comunicación. 

 

¡Presidente, escúchenos!: canales de televisión acuden al Primer Mandatario. 

El 27 de septiembre de 2021 los gerentes de Ecuavisa, Tc Televisión, RTS y Teleamazonas enviaron un grito de auxilio al presidente Guillermo Lasso. A través de una misiva solicitaron una reunión para explicar lo que consideran “una nueva amenaza” denominada sociedades de gestión colectiva. 

CARTA MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIEDADES DE GESTIÓN

Y es que el monto que han tenido que pagar los canales de televisión en los últimos años a las sociedades de gestión se disparó, luego de que, un convenio que les entregaba un descuento del más del 90% y con el que pagaban a SAYCE USD 50.000 anuales terminó. Ahora, esos valores se dispararon a USD 1’000.000.

Los canales de televisión le contaron al Primer Mandatario que varios de estos organismos, a pretexto de recaudar derechos de propiedad intelectual, utilizan métodos hostiles de amedrentamiento a los medios de comunicación, con tutelas administrativas (procedimientos sancionatorios) ante el SENADI y juicios en sedes jurisdiccionales por cuantías multimillonarias.

“Quienes suscribimos este instrumento, nos vemos obligados a redireccionar esfuerzos en la defensa de nuestra operación y labor de informar, pues, estas sociedades de gestión colectiva buscan el quebrantamiento del ejercicio de nuestros derechos, amparándose en una ley diseñada por extranjeros que desconocen la realidad ecuatoriana”, aseguran los medios de comunicación.

Si bien reconocen la existencia y las retribuciones que deben consignarse a favor de quienes han generado derechos de autoría y conexos, rechazan los métodos de coacción de las denominadas sociedades de gestión colectiva para obtener recursos económicos generados por las empresas, con la imposición de “tarifas predadoras y descomunales”.

Aseguran que cada sociedad de gestión colectiva constituye por sí misma un “monopolio” con conductas desleales para con los usuarios que alteran gravemente el mercado audiovisual y solicitaron al Presidente Lasso, que los reciba en audiencia para exponer de forma detallada lo descrito y que conozca de manera directa sus soluciones. 

Juan Fernando Velasco, presidente de SAYCE durante el periodo 2017-2021 y que es el único candidato que va por la reelección para el periodo 2021-2025, asegura que las tarifas por derechos de autor son establecidas de acuerdo a criterios técnicos-jurídicos y que se encuentran entre las más bajas de la región: en Chile es del 2% y en Colombia del 3.7%. Recordó que la tarifa no ha cambiado desde el 2012 y que ahora presentaron una nueva propuesta ante el SENADI que establece un incremento en las tarifas para los medios de comunicación que pasará del 1.25% al 1.30% para canales privados de televisión y del 1.60% al 1.89% para radios privadas .Asimismo, recuerda que se pueden llegar a convenios y que siempre están dispuestos a conversar y negociar. 

En cambio, los medios de comunicación audiovisual abogarán ante el presidente Guillermo Lasso por una reducción significativa y definitiva de las tasas por derechos de autor, “acorde a la realidad económica del país” y la eliminación de procesos legales para perseguir a medios de comunicación. Aseguran que de no ser así “estarían en riesgo de desaparecer”.

Finalmente, será el SENADI, entidad que tiene la competencia el registro de la de la defensa de la tutela de la propiedad intelectual en el Ecuador, el que mediará estas dos posturas antagónicas. Su directora, María Gabriela Campoverde, la primera mujer en asumir este cargo, aseguró que como entidad competente no solamente tienen las facultades sino que también las competencias para regular, controlar y fiscalizar el trabajo de la sociedad de gestión colectiva. Sobre las nuevas tasas para los medios de comunicación aseguró que están en revisión y que se crearán mesas técnicas para analizar los rubros. Sin embargo recordó que todas sus actuaciones deben ser conforme al marco legal vigente.

Entre las últimas acciones de este organismo está una reunión con los representantes de las sociedades de gestión colectiva, para analizar la posibilidad de poner tarifas especiales debido a la pandemia y que quienes tengan deudas puedan tener algún beneficio el momento de cancelar la totalidad, la tarifa pronto pago y algún beneficio por cancelar a todas las sociedades de gestión al mismo tiempo. También los representantes de Ecuavisa, Tc Televisión, RTS y Teleamazonas le solicitaron una audiencia a Campoverde para hablar del tema tarifas. 

 

Los medios locales también están indignados 

En julio de 2021 la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador y los Canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados enviaron una carta a María Gabriela Campoverde en la cual le informaron que los medios de comunicación están siendo objeto de permanentes visitas, llamadas y comunicaciones enviadas por cada una de las sociedades de gestión “exigiendo pagos” en base a convenios particulares de cada una de ellas y que ante la situación económica producida por la pandemia el Estado debe intervenir y actualizar el control de las diferentes sociedades de gestión colectiva . 

Señalaron que hasta la fecha las sociedades de gestión colectiva no han actualizado, ni publicado, ni entregado los listados de a quiénes representa y consideran que es necesario conocer de cada una de ellas así como el listado de los socios ya que “no es justo qué se genere una duplicidad de pago para los diferentes medios de comunicación”. Proponen la creación de un entidad recaudadora única cuyo titular debe ser designado directamente por el SENADI.

CARTA MEDIOS LOCALES

 

Juan Fernando Velasco, 8 años en el poder con SAYCE

Cortesía PlanV

El cantautor ecuatoriano y ex Ministro de Cultura del Lenin Moreno, Juan Fernando Velasco, permanecerá 8 años como presidente de la SAYCE, la sociedad de gestión más fuerte del Ecuador. Su reelección es inminente pues, al igual que en las elecciones del 2017, fue el único postulante para la presidencia de esa sociedad de gestión, cuyas elecciones se cerraron hace dos semanas con un vaticinado triunfo del cantautor de “Chao Lola”. Sus detractores desde ya lo denominan el nuevo “Zar de la propiedad intelectual”. 

Velasco califica los cuatro años de su primera presidencia en SAYCE como de muchos desafíos y muchos logros: “concretamos un crecimiento dentro de la sociedad de compositores desde hace mucho tiempo, hay un antes y un después en la historia de la sociedad de autores del Ecuador”.  Asegura que pasaron de una organización en donde no había ningún tipo de transparencia a una SAYCE “transparente”. 

Un logró que sin duda respalda su gestión es el económico. Al llegar a su administración la recaudación anual de SAYCE era de USD 4 millones, con Velasco esta cifra se duplicó y llegó a su pico con USD 8.5 millones: “los autores no entendíamos con qué Ministerio se repartía lo que se recaudaba internacionalmente, teníamos una imagen absolutamente deteriorara y una legitimidad en sus niveles más bajos. Hoy la sociedad de compositores es reconocida internacionalmente como una caso de éxito de una sociedad más eficiente de la región” dice con orgullo Velasco. 

Él llegó a la presidencia de SAYCE en 2017 respaldado por Troi Alvarado, el ex bajista de la agrupación Tranzas, quien fue titular de esa sociedad de gestión durante 8 años.

SAYCE Indignados es un colectivo constituido por un grupo de autores y compositores que formaron parte de la SAYCE y que critican la poca falta de transparencia en la administración de los recursos dentro de esta Sociedad de Gestión. Este grupo sostiene que durante la administración de Alvarado, el correísmo les entregó “superpoderes” y blindó a estos grupos dando poder a las élites. 

 

La sangre es más espesa que el agua…

Cortesía El Telégrafo

El ex bajista de la banda Tranzas y ex titular de SAYCE durante 8 años, Troi Alvarado, es primo en primer grado de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, quienes durante una década formaron parte del grupo más cercano del ex presidente Rafael Correa, llegando a formar parte de su círculo íntimo de asesores. Fuentes internas de SAYCE confirmaron que esta relación permitió a los compositores ecuatorianos con más “contactos” tener ciertos acercamientos con la Revolución Ciudadana, a la que pidieron mayor poder para las Sociedades de Gestión. 

Troi Alvarado niega que su parentesco con los ex hombres duros del correísmo haya influido en su permanencia durante 8 años en SAYCE o que de esa relación haya obtenido algún beneficio personal o colectivo: “jamás yo fui correísta” dijo, y aseguró que su línea siempre fue la de defender a los autores “me pelee muchas veces, no solo con el Presidente al que yo le escribía directamente en el chat, sino también con algunos ministros que luego ellos me escribían y me llamaban que querían reunirse con nosotros por que ellos no querían perjudicar al autor”, recordó. 

Troi Alvarado reconoce que a la única fiesta que asistió fue a una celebración realizada con Rafael Correa y los directivos de la SAYCE, en el tiempo en que su primo Fernado Alvarado era el Secretario de Comunicación: “ellos me pidieron ir porque justamente había un problema de qué los canales el Estado, no estaban pagando los derechos de autor”. 

No niega públicamente que respaldó la candidatura de Juan Fernando Velasco, pero sostiene que él no pertenece a ningún grupo “yo no pertenezco a ningún partido político es más yo ni pertenezco a SAYCE, porque yo soy de docente yo me dedico a la academia”, dijo.

Sin embargo, los miembros de SAYCE Indignados aseguran que Alvarado, entre gallos y media noche, implementó el voto ponderado que le otorgó el Código Ingenios del correísmo  y con una escala, en ese tiempo, de 1 a 25 y que impide que la designación de autoridades sea transparente, así como que exista una renovación. 

 

En la SAYCE un voto vale más que otro.

No todos los autores tienen el mismo peso dentro de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAYCE y eso toma relevancia en las elecciones de sus autoridades. Dentro de esta sociedad de gestión, los compositores que más aportan económicamente tienen una mayor puntuación, que puede ir del 1 al 15 (antes era del 1 al 25) en detrimento de aquellos que no aportan mucho.

“Ellos discriminan al compositor, ellos catalogan a los autores con una puntuación y deciden cuál es el mejor cuál es el peor”, sostiene indignada Nancy Arrojo Jaramillo, viuda de Julio Jaramillo, JJ. A los miembros de SAYCE Indignados la aplicación de este voto ponderado también les genera malestar y esto se refleja, aseguran, en la nula participación de otros candidatos para la presidencia.  

Alvarado y Velasco defienden el voto ponderado. El primero recuerda que el Código Ingenios les obligó a realizar este cambio y que se aplicó estudiando las legislaciones que los cuerpos legales de la sociedades de gestión de México, Argentina, Uruguay y Chile en donde se aplica este mecanismo. 

Velasco en cambio califica al voto ponderado de ser perfectamente legal ya que al ser una sociedad de gestión colectiva ésta es una práctica común: son un conjunto de autores privados que se reúnen para el fin de obtener la remuneración. Lo compara con una empresa privada en donde unos socios tienen más peso en las decisiones de la empresa, dependiendo de la cantidad de acciones que poseen. 

Dentro de SAYCE, además de la recaudación, existen otros criterios para otorgar el puntaje  como antigüedad. Sin embargo la información de la ponderación es confidencial y se mantiene bajo reserva: “eso es información confidencial, no podemos contarte cuánto gana un socio, eso es información confidencial”, aseguró Velasco. La única forma de conocer este dato es bajo la autorización del socio, lo único público son los criterios para llegar a los puntajes. ¿Cómo podemos saber los resultados de las votaciones con estas condiciones de opacidad? se pregunta la viuda del Ruiseñor de América. 

Las denuncias contra SAYCE apuntan a falta de transparencia y exceso en gastos administrativos, Velasco se defiende. 

SAYCE Indignados ha denunciado públicamente varias irregularidades en la administración de esta sociedad de gestión: a más de la imposición del “voto ponderado”, critican la presentación de una sola lista para la renovación del 2021; falta de registro de obras no identificadas; inequidad en el reparto de regalías con énfasis en pagos al extranjero; pagos excesivos de sueldos y honorarios de sus funcionarios y exceso del gasto administrativo, que por ley no puede superar el 30% de la recaudación.

Los números reflejan que en 2018 SAYCE destinó USD 2’045.744, de sus ingresos anuales, para los gastos administrativos. Esto representó un 38% cuando el Código Ingenios establece que este rubro no puede superar el 30%. No obstante, a partir del 2019, gracias a un incremento en los ingresos  por recaudación, esta cifra se niveló llegando al 29,5%.

SAYCE Indignados asegura que los funcionarios de esta sociedad de gestión gozan de sueldos dorados que bordean los USD 6.000, así cómo el uso de viáticos y la presencia de ex funcionarios relacionados con los organismos de control. Uno de ellos es el actual director jurídico de SAYCE, Alfredo Corral, que ostentó el cargo de ex director del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI. Velasco reconoce que dentro de su equipo tiene a los mejores profesionales del mercado y que los resultado de su equipo se materializan en los saludables números que poseen. 

Al no ser una entidad pública, SAYCE no está sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por lo que no está en la obligación de responder solicitudes de información ni de revelar las remuneraciones de sus colaboradores.

Finalmente, una de las críticas más duras de SAYCE Indignados es la falta de transparencia  en cuanto a los montos destinados a los autores. “Darme una liquidación de $60 las obras de Julio es una ofensa es una grosería, no sólo se metió con la limosna sino con el santo” dice Nancy Arroyo Jaramillo. 

El nuevo presidente de SAYCE ratifica que toda la información está disponible en el sitio WEB y que las críticas se deben a falta de información. “Nosotros estamos auditados permanentemente de manera interna y de manera externa. El SENADI está encima de las otras cuatro sociedades de gestión colectiva en todos los procesos, en absolutamente todos los procesos los que hay un balance que mandamos al final de año, hay una evaluación minuciosa de cada uno de los rubros”, dijo Velasco. 

El Presidente Guillermo Lasso aún no da una fecha a los medios audiovisuales para el encuentro donde expondrán sus críticas al modelo actual de las sociedades de gestión. Apuestan por una reforma al Código Ingenios que disminuya drásticamente las tarifas, que unifique el pago a las sociedades de gestión, y que sea aplicables con estas entidades  las leyes para el acceso a la información vigentes así como la eliminación del voto ponderado.

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Ecuador, 19 de noviembre de 2021. Fundamedios, con el apoyo de la Embajada Británica en Ecuador, iniciaron con un ciclo de talleres presenciales y virtuales para periodistas, estudiantes de comunicación y para la ciudadanía con el propósito de dar a conocer el fenómeno de la desinformación, así como las herramientas que existen para combatirlo.  

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Joel Mason, Director de Política y Comunicación de la Embajada Británica quien destacó que para el Reino Unido la defensa de la libertad de prensa y de expresión es una prioridad porque la democracia se apoya en el respeto de estos derechos fundamentales.  

Recordó que en la democracia los políticos ejercen el poder a nombre del pueblo, pero es a través de la prensa libre que el pueblo conoce qué están haciendo esos políticos con el poder que tienen: “es fundamental la transparencia para evitar el abuso del poder y la corrupción”, aseguró. 

Eduardo Bonilla, Secretario General de Comunicación de la Presidencia destacó que dentro de la Era de la Información el término Fake News es una especie de pandemia que debe ser enfrentada y recordó el término “infodemia” que fue utilizado por la Organización Mundial de Salud (OMS) para nombrar a la producción de noticias falsas durante la pandemia por la COVID-19.

Asimismo, mencionó que, durante la pandemia, los medios de comunicación masivos fueron pieza clave para transparentar el plan del Gobierno y para combatir la desinformación, mediante la difusión de mensajes de carácter oficial y la apertura a vocerías de las autoridades estatales.

Fue en el seno del Parlamento Británico en 1644 que el poeta John Milton realizó el primer discurso de defensa de la libertad de expresión, que tiene registro Occidente en la Edad Moderna. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, recordó este dato histórico. 

Señaló que hay retos importantes para la libertad de expresión en Ecuador y que los esfuerzos conjuntos para mejorar las condiciones de protección a la prensa deben continuar, así como los esfuerzos para combatir la desinformación. Asimismo, los esfuerzos de toda la sociedad para aprehender herramientas claves de alfabetización mediática y cómo los ciudadanos pueden utilizar de mejor forma las herramientas de comunicación, las redes y sus lógicas.  “Uno de los mayores retos de las democracias en el mundo es combatir la desinformación”, dijo. 

El Taller Combate contra la Desinformación fue dictado por Paola Simbaña, licenciada en Periodismo Multimedia con una especialización de verificación de noticias falsas y desinformación por la Red Liberal de Latinoamérica (RELIAL). 

Los siguientes talleres serán con la modalidad presencial en Guayaquil y Santa Elena, en diciembre.

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“EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LOS PERIODISTAS Y MEDIOS”

Ecuador, 18 de noviembre de 2021

Alexandra Vela, Ministra de Gobierno;
Luís Hernández, Ministro de Defensa;
Eduardo Bonilla, Secretario de Comunicación de la Presidencia y
Jeannine Cruz, Presidenta del Consejo de Comunicación.

De nuestras consideraciones,

Las organizaciones de la sociedad civil que tenemos como ámbito de nuestro trabajo la defensa, protección y promoción de las libertades de expresión y de prensa en Ecuador, consideramos extremadamente grave el incremento de agresiones contra periodistas y medios de comunicación registrados en los últimos meses, la mayor parte de ellos por acción de las fuerzas de seguridad del Estado, que son aquellos que deberían garantizar la seguridad de los periodistas, incluso en situaciones de vulnerabilidad y riesgo.

Octubre fue el mes en que más agresiones contra la prensa se registraron, desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Seis de estas agresiones fueron protagonizadas por elementos de la Policía Nacional.  A continuación, detallamos algunos: 

Daniela Moina, periodista del Diario Extra, denunció a través de su cuenta de Twitter que la Policía Nacional le impidió tener acceso a información de un fallecido en circunstancias particulares en el sur de Quito.

El Coronel de la Policía Nacional, Rafael Marcelo Pérez Aguirre, envió una carta al periodista de Código Vidrio, Arturo Torres, en la que, con términos amenazantes, solicitó conocer la fuente del periodista y, además, descalificó su trabajo luego de que el comunicador lanzó un trino en Twitter. 

El periodista de Ecuavisa, Paúl Romero, fue presionado por una persona que se identificó como integrante de Inteligencia de la Policía Nacional y le solicitó revelar la fuente de un documento sobre el mal estado de los vehículos policiales en Guayaquil por falta de mantenimiento. 

Pamela Morante y Starlin Merchán fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional mientras realizaban una cobertura de las manifestaciones del 26 de octubre en el sector de la T de Daule. Según versiones ofrecidas por la periodista, los uniformados les propinaron varios golpes mientras se encontraban realizando la cobertura.

Ese día, por la tarde, el periodista de Ecuador Chequea, Félix Amaya, recibió un disparo a quemarropa con una bala de goma que impactó en su pierna izquierda y que fue propiciado por un miembro de la Policía Nacional durante la cobertura de las protestas en el Centro Histórico de Quito, a pesar de que él asegura que se identificó como periodista y portaba su carnet.

Estos incidentes son parte de una escalada que se ha venido produciendo en los últimos años, en los cuales los periodistas en coberturas de riesgo se convierten en blancos del ataque de aquellos que deberían propiciar su seguridad. En ese contexto, señalar que el más alto riesgo para la prensa constituye el crimen organizado y el narcotráfico no es correcto y aparece como una coartada para encubrir el verdadero problema: La Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado no actúan con ningún protocolo de respeto y garantía al trabajo periodístico, simplemente porque no existe una política pública de protección, seguridad y garantía del trabajo periodístico. 

Sin embargo, lo que refleja una situación desbordada en la acción de la Fuerza Pública hacia el periodismo es el hecho de que, solo entre el 09 y el 10 de noviembre, registramos 9 agresiones contra la prensa y en 7 de ellas el agresor fue el Estado. 

Exponemos los casos más graves protagonizados por las fuerzas del orden: el periodista Jonathan Quezada del medio JQ Digital EC fue agredido y retenido arbitrariamente por integrantes de la Policía Nacional durante una cobertura en Guaranda. Miembros de la Seguridad Presidencial empujaron a periodistas de medios de comunicación e impidieron que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, diera declaraciones a la prensa. De igual manera se registraron otras agresiones de manera pública en Guaranda, el Estado y la Policía no estuvieron prestos a  proteger a dos periodistas azotados con boyeros.

Consideramos que estas actuaciones merecen acciones inmediatas, pero más que nada, que de una vez por todas se adopten políticas públicas, no acciones aisladas y mucho menos medidas parche. Es imperante proteger el trabajo periodístico y garantizar la seguridad de las y los periodistas del Ecuador. 

En ese sentido, queremos señalar que se deben determinar políticas de protección específica para las periodistas mujeres, pues es notorio que es un sector que está expuesto a sufrir agresiones específicas solo por su condición de mujer; es el caso de las periodistas de UDLA Channel, Dayana Escobar y Vanesa Cifuentes que fueron agredidas por un desconocido mientras realizaban una cobertura en las afueras del Hospital Baca Ortiz, cuyo guardia de seguridad no les abrió la puerta,  para resguardarlas de su atacante. 

Tampoco olvidemos que la impunidad alimenta la violencia contra periodistas, por lo cual hacemos el llamado para que se desclasifique la información necesaria para que puedan avanzar las investigaciones de Fiscalía en el Ecuador sobre el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, el equipo periodístico de Diario El Comercio.

La adopción de políticas públicas debe darse por una acción conjunta de Estado, Sociedad Civil, periodistas, medios de comunicación y otros actores como la Academia. Desde nuestra parte, levantamos nuestra voz de denuncia y protesta ante lo que sucede y las acciones descoordinadas, tibias y nada efectivas de diversos organismos del Estado y al mismo tiempo estamos dispuestos a aportar de forma transparente y positiva a que la situación se revierta.

Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos a ustedes que se abra un proceso de diálogo urgente para fijar una hoja de ruta con el fin de adoptar políticas públicas reflejadas en acciones efectivas de protección y seguridad para la prensa.

Cuando se intenta silenciar a la prensa peligra la democracia.

Atentamente,

● FUNDAMEDIOS
● FENAPE-FIP
● RED DE PERIODISTAS LIBRES
● FUNDACIÓN PERIODISTAS SIN CADENAS
● FUNDACIÓN NOS FALTAN TRES
● UDLA CHANNEL

 

CARTA ABIERTA