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Ecuador, 9 de julio 2020.- César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó este jueves 9 de julio, su renuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como veedor del Proceso público competitivo de otorgamiento de frecuencias. El periodista señaló  que este proceso no ha sido transparente ni riguroso.  

“Consideramos que una organización del prestigio de Fundamedios no puede ser parte de una veeduría que ha pretendido ser manipulada con fines partidistas, nada transparente y ajena a lo que debería ser el ejercicio noble del derecho a la participación ciudadana y el control social”, enfatizó Ricaurte en una rueda de prensa virtual. 

Además, cuestionó que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) haya presentado un oficio donde impugna a algunos integrantes de la veeduría con argumentos “frívolos”, como que algunos integrantes no enviaron su hoja de vida cuando existen miembros con un interés político claro. Ese es el caso del actual subcoordinador, Roberto Wohlgemuth, conocido en redes sociales como @mashiroberto. 

Wohlgemuth fue uno de los operadores más agresivos en la política de acoso sistemático en contra de periodistas y medios de comunicación durante el gobierno de Rafael Correa. Además, Facebook lo identificó como uno de los grandes operadores de las granjas de trolls para desinformar.

Precisamente, el 8 de julio, la plataforma eliminó más de 50 páginas detectadas como difusoras de información falsa manejada por consultores políticos y exempleados gubernamentales de Ecuador y de los socios de la empresa ecuatoriana Estraterra, establecida en Canadá y cuyo representante legal es Roberto Wohlgemuth.

Wohlgemuth llegó al CPCCS luego de la salida de varios de sus miembros. Esto, tras la contundente denuncia pública que hizo Fundamedios el pasado 23 de junio que reveló los intereses políticos de los veedores que, en ese momento, estaban activos y que concluyó con la renuncia de Héctor Velasco Álvarez, entonces coordinador de la veeduría y presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Dicha organización participó en el concurso pasado por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicitaba se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. Cuatro veedores más también fueron cuestionados. Ver nota.

Ricaurte reiteró que renuncia a una veeduría que desde su creación tuvo intereses políticos, pero no renuncia al derecho ciudadano de vigilar rigurosamente un proceso que como el de otorgamiento de frecuencias es clave para que en el Ecuador se avance en materia de libertad de expresión.

“Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó. 

Descargue la carta de renuncia 

 

 

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Facebook eliminó 41 cuentas, 77 páginas de esa plataforma y 56 cuentas de Instagram por tener un comportamiento no auténtico y violar la política de interferencia extranjera al publicar información falsa. 

Algunas de estas cuentas son manejadas por consultores políticos y exempleados gubernamentales en Ecuador. Es el caso de los socios de la empresa ecuatoriana  luego establecida en Canadá llamada “Estraterra”, cuyo representante legal es Roberto Wohlgemuth, vinculado al correísmo y más conocido como @’MashiRoberto. Quien en un acto insólito fue invitado  a ser veedor y fue designado subcoordinador de la veeduría ciudadana que vigila el concurso de frecuencias radiales FM en Ecuador. 

Fundamedios considera un acto escandaloso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) haya nombrado a Wohlgemuth -señalado por mover cuentas en redes sociales para desinformar y atacar a periodistas, medios y defensores de DDHH- como veedor para vigilar un proceso tan trascendente para la libertad de expresión en Ecuador. 

“Aunque las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus identidades y coordinación, nuestra investigación encontró vínculos con consultores políticos y ex empleados del gobierno en Ecuador y Estraterra, una firma de relaciones públicas con sede en Canadá. Estraterra ahora está prohibido en nuestras plataformas”, concluye el comunicado de Fecbook publicado el 8 de julio

Fundamedios constató que Estraterra S.A. es una empresa activa en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías. Esta firma fue constituida en nuestro país el 07 de julio de 2016 con un capital de mil dólares por Roberto Wohlgemuth,  Pablo Yánez y María Augusta Enríquez. Wohlgemuth fue gerente general en 2018 y también accionista de la empresa. 

Yánez se desempeñó como exsubsecretario de la Secretaría de Comunicación (Secom) y María Augusta Enríquez,  fue exasesora del exministro Vinicio Alvarado, ambos fueron funcionarios durante la gestión delexpresidente Rafael Correa.

Al buscar en el Servicio de Rentas Internas (SRI), la empresa con el RUC 1792790719001 aparece también activa y con Wohlgemuth como representante legal. Su actividad económica consiste en brindar servicios integrales relacionados a la comunicación y publicidad. Solo en 2017 reportó $1,662.02 como impuesto a la renta. 

¿Cuáles son sus vínculos con Canadá? En la primera reunión de la veeduría ciudadana para vigilar el concurso de frecuencias, de la que Fundamedios también es parte. “Wohlgemuth reconoció abiertamente estar radicado en Canadá administrando una empresa de comunicación que ahora sabemos a qué se dedica, señaló César Ricaurte, director de Fundamedios. 

De hecho, en la cuenta de LinkedhIn, Estraterra es una empresa con sede en Vancouver (Canadá) y señala a Wohlgemuth como uno de los empleados en estrategia de comunicación política y redes sociales. Incluso el dominio del sitio web estraterra.com está a su nombre. 

Facebook explicó que la inusual actividad se originó en Canadá y Ecuador y se centró en El Salvador, Argentina, Uruguay Venezuela, Ecuador y Chile. El movimiento de estas cuentas, algunas falsas y duplicadas, se daban en torno a elecciones, exponiendo elogios a ciertos gobiernos y críticas al presidente de Ecuador, al partido peronista en Argentina y al partido progresista en Chile. 

Las 41 cuentas de Facebook, 77 páginas y 56 cuentas de Instagram tenían alrededor de 274,000 cuentas que siguieron una o más de estas páginas y alrededor de 78,000 seguidores en Instagram. En cuanto a publicidad, Facebook reporta la asombrosa cantidad de $ 1.38 millones en gastos para anuncios

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El 18 de junio de 2020 se cumplieron dos años de la etapa de indagación previa que inició la Fiscalía General (FGE) en el caso del secuestro y asesinato del equipo de El Comercio en 2018, en Mataje (Esmeraldas). Hasta la fecha, no se han formulado cargos en contra de ningún individuo. Además, el pasado 30 de junio, se notificó que Nelson Guano será el nuevo fiscal a cargo en reemplazo de Belén Corredores, quien dirigió la investigación desde 2019.

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la etapa de indagación previa la Fiscalía debería construir una teoría del caso, reunir los elementos necesarios y decidir si formula cargos contra los procesados (en el caso de existir). Sin embargo, la institución solicitó a un juez la extensión del plazo de investigación y se concedió. Así lo confirmó a Fundamedios, Javier Andrade, docente y jurista de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), que forma parte de la defensa de la familia de las víctimas. 

Sobre el cambio de fiscal, Andrade cuestiona la medida que causaría tres efectos directos. El primero es un retraso en la investigación, pues se deberá revisar los avances compilados en 60 cuerpos procesales para conocer el manejo de su antecesor y la línea que llevó. 

Como segundo punto está la falta de experiencia de Guano, pues al ser un fiscal de soluciones rápidas, que regularmente atiende otro tipo de investigaciones que no involucran la responsabilidad del Estado. 

Finalmente, a Andrade le preocupa la continuidad de las diligencias pendientes solicitadas a Belén Corredores. “Todo esto retrasa más nuestra investigación y angustia a las familias de las víctimas”, indica. 

Yadira Aguagallo, vocera del colectivo Nos Faltan 3, concordó con Andrade y añadió que es una puerta a la impunidad.“Me parece contradictorio ampliar el plazo para la investigación, pero sacarle el caso en manos de la fiscal Corredores donde de algún modo estaba teniendo avances”, señaló. 

En diciembre de 2019, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su informe al Estado ecuatoriano y concluyó que hubo descoordinación de las autoridades entre Ecuador y Colombia para garantizar la protección y el rescate de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 

Además, advirtió recomendó a ambos Estados una “desclasificación real” de la información y la creación de una Comisión Especial independiente que garantice una investigación sostenida. 

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. 

 

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Ecuador, 26 de junio 2020.- Con la renuncia a la veeduría del señor Héctor Velasco y de la señora María Gabriela Vargas, coordinador y subcoordinadora, respectivamente de la ‘Veeduría ciudadana para vigilar el proceso público competitivo para el otorgamiento de frecuencias para los servicios de radiodifusión de señal abierta para los medios de comunicación privados y comunitarios’ se abre una gran oportunidad para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), constituya una veeduría sin sesgos políticos ni intereses ocultos y con alto nivel técnico. 

El pasado 23 de junio, el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte expuso en rueda de prensa los posibles conflictos de intereses y la clara identificación de vario veedores con un sector político que ejerció el poder por más de una década acosando a la prensa independientes y socavando seriamente la libertad de expresión en el país.

Especialmente notorio era el caso de Héctor Velasco quien como presidente de la  Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC), participó en el concurso previo por la frecuencia 92.5, operada por EXA, uno de los medios de comunicación críticos al gobierno de Rafael Correa. Incluso el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho,  solicitando que se le asigne de forma directa, irregular y arbitraria dicha frecuencia. 

No obstante lo claro de la situación, en su carta de renuncia, el señor Héctor Velasco, acusa de “prácticas de violencia política, hostigamiento e intimidación” de César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, acusación que no tiene ningún asidero y que rechazamos rotundamente. En la misiva menciona que no descarta “la posibilidad de iniciar acciones legales para defender su dignidad”, amenaza que consideramos no tiene ningún fundamento.

Este 26 de junio, Fundamedios dirigió una carta al Presidente del Consejo de Participación para que se revea la composición de la veeduría ciudadana tomando en cuenta que se trata de un proceso trascendental para la libertad de expresión y la democracia en Ecuador.  

Fundamedios conoció que el CPCCS recibió tres nuevas postulaciones para integrar la veeduría. Se trata de María José Ramírez, Francesco Magnilio y Karla Sofía Ayora.

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La COVID-19 ha significado uno de los retos más grandes para el periodismo contemporáneo. Tres expertos coincidieron en que, aunque los medios se han visto golpeados debido a la falta de publicidad, reducción de ingresos y contagios, ahora es cuando deben reinventarse y tomar nuevos retos informativos desde la gerencia.

Rodrigo Bonilla, director para las Américas de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), Eduardo Cué,  periodista independiente con experiencia en Europa, América y África; y Fernando Quijano, director del Diario La República de Colombia,  participaron en el foro Medios post COVID-19, coorganizado por la Delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador, Fundamedios (FDM) y Voces del Sur (VDS). La moderación estuvo a cargo de César Ricaurte, director ejecutivo de FDM.

Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, dio la bienvenida y expresó su preocupación por el futuro de los medios desde varias aristas. Una de ellas fue la desinformación que, a su criterio, es tan nociva como la misma pandemia y pone en riesgo la democracia y la estabilidad de los países. Otra es la falta de protección que se da a los periodistas y los riesgos que deben enfrentar para realizar sus coberturas e informar a la ciudadanía. Por ello, está convencida que ahora es importante ampliar el debate.

“Estamos viviendo una crisis que ha golpeado muy fuerte al sector de los medios, cuyo papel es más crucial que nunca para proporcionar información precisa”, puntualizó.

En Latinoamérica, la realidad es compleja. El representante de la WAN-IFRA expuso que en Colombia, la pauta publicitaria cayó un 70%; en Brasil, 11 medios dejaron su versión impresa; en Ecuador más del 50% de impresos reportó una caída en circulación; mientras que en México los despidos a periodistas se aceleran.

Fernando Quijano reconoce que la industria mediática sufrirá un cambio profundo después de la emergencia sanitaria. Sin embargo, está convencido de que pese a los despidos y al cierre de medios, “la información es el petróleo del futuro” y la gente no dejará de informarse.

Ambos coinciden en los medios deben buscar formas alternas para sobrevivir. Bonilla explica que en la Folha de Sao Paulo se trabaja con nuevos productos y estrategias de mercadeo. Se han producido artículos especializados sobre salud y otras secciones más blandas con consejos sobre qué hacer en la pandemia; además se realizan podcasts sobre la COVID-19 y se ha regalado seis meses de suscripción gratuita a los trabajadores de la salud. En La Voz de Galicia ahora realizan reuniones de pauta abiertas al público para que la gente conozca más a fondo lo que implica ser periodista.

“Lo importante es buscar información diferenciada. El mundo digital es infinito (…) Ahora se está acelerando el modelo de suscripción hacia modelos pago de forma digital. El New York Times creció más de 13% suscripciones digitales; El Mundo experimentó un aumento del 178% en suscripciones digitales y El País ya tiene 52 mil suscriptores digitales desde mayo”, explicó.

Quijano asegura que hay una trampa en creer que ahora todo debe volverse digital porque los medios, al no conseguir monetizar sus contenidos con éxito, terminan regalando contenidos a plataformas como FacebookInstagram y Apple News. Para el Director del periódico colombiano, la clave es buscar desde la alta gerencia un modelo de negocios sustentable con contenidos útiles y dar voces a quienes no la tienen.

Otro reto es que ahora no solo se debe pensar en cómo subsistir sino también en cuidar del personal. “El teletrabajo requiere inversiones, ¿quién paga por el uso del computador del periodista en su casa?, ¿quién paga por el consumo del teléfono?, ¿por qué nuestros periodistas tienen que invertir en consumo de Internet para generar contenidos? Son discusiones que también deben evaluarse como cambios a futuro”, manifestó.

El periodista Eduardo Cué se suma a la conversación, añadiendo que hoy en día el periodismo es sumamente necesario para las democracias, pero la profesión enfrenta una crisis económica sin precedentes”. Dijo que incluso la formación de periodistas va a cambiar, pues la mayoría de ellos no están preparados para cubrir eventos complejos. Menciona además que la falta de especialización de los periodistas en las redacciones para cubrir temas de salud, de ciencia y de medio ambiente en el contexto de la pandemia obligará también a replantear la formación académica que los futuros periodistas reciben en las universidades.

Para Cué, el periodismo es una de las profesiones más exigentes y poco valoradas socialmente. Una prueba de ello es que, en el marco de la emergencia, no se brindan las condiciones necesarias de seguridad para las coberturas; grupos de poder atacan a los reporteros y gobiernos autoritarios como los de Estados Unidos con Donald Trump; Jair Bolsonaro, en Brasil; y Nicolás Maduro, en Venezuela, coartan la libertad  de expresión y han usado la pandemia como un pretexto para acusar a los periodistas de desinformar.

Finalmente, para los expertos, la prensa local y comunitaria tiene un mayor riesgo de desaparecer con la COVID-19. Si bien antes de la emergencia sanitaria venía tambaleándose en países como EE.UU., en donde han muerto 1500 periódicos locales por la concentración de la información en las ciudades más grandes, ahora se enfrentan a un panorama aún más complejo.

Por ello, mencionan que su fortaleza está en conectarse de nuevo con la audiencia y retomar la información in situ, aquella que le interesa a las personas de la localidad y no replicar noticias internacionales que no tendrán impacto.

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Ecuador, 23 de junio 2020.- El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, denunció la mañana de este martes 23 de junio que la conformación de la veeduría ciudadana para vigilar que el proceso público competitivo para otorgar frecuencias FM en el país no cumple con los principios de transparencia e idoneidad. Existen intereses políticos de sus miembros y poco conocimiento del sector de la radio y la televisión. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó el pasado 26 de mayo a inscripciones para la conformación de una veeduría ciudadana. El objetivo era la  vigilancia del concurso de adjudicación de frecuencias propuesto por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

El caso más claro es el de Héctor Velasco Álvarez, coordinador de la veeduría, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Esta empresa participó en el concurso previo por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicita se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. 

El Presidente de EMPEC mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); el Servicio de Rentas Internas (SRI) y BanEcuador.  “Es por eso que el señor Velasco en el momento de posicionarse como veedor y coordinador de esta veeduría señala que su objetivo es dar de baja este concurso”, indicó Ricaurte, quien también integró este órgano de supervisión junto a Paola Aguilar, miembro de Fundamedios.

Otro caso es el de María Gabriela Vargas, extitular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) durante el correísmo; y el de Bernardo Cañizares, quien reporta ingresos provenientes de contratos con el sector público por 173.000 dólares.  

Emilio Uscátegui, exfuncionario de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt) y, recientemente, asesor en la Asamblea Nacional también figura. En ese contexto, llama la atención que un funcionario de rango medio tenga una propiedad valorada en 600.000 dólares y maneje un Lexus 4×4.

“La conformación de la veeduría deja muchas interrogantes y hacemos un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que revea su  composición, pues no hay claridad en cómo se eligieron a sus miembros (…) La veeduría debería ser transparente pues estamos frente a un proceso muy importante para la libertad de expresión”, destacó Ricaurte. 

En una rueda de prensa posterior, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, hizo eco de las palabras del Director de Fundamedios. Aseguró que la veeduría está direccionada por un integrante que tiene “intereses ocultos para boicotear el proceso”, refiriéndose a Héctor Velasco. 

«Lastimosamente el CPCCS ha convocado a una veeduría ciudadana en la que cuatro personas no tienen el perfil técnico para ponerse a la altura de este proceso que ha sido trabajado en los últimos dos años. No estamos opuestos a una veeduría, pero sí a aquellas personas que no tienen el perfil técnico, y no estamos de acuerdo con una persona que en el 2016 mostró un conflicto de interés. El CPCCS debe ponerse a la altura”, mencionó el Ministro. 

 

A tomar en cuenta

  • La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones convocó a concurso público competitivo para la adjudicación de 3.196 frecuencias de radio FM el 15 de mayo de 2020. 

 

  • Del 26 de mayo al 2 de junio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social habilitó un proceso de inscripciones para la conformación de una veeduría que vigile la adjudicación de frecuencias.

 

  • El concurso más reciente data de 2016, durante el mandato de Rafael Correa. En ese entonces se adjudicaron frecuencias a través de un proceso que luego fue suspendido por informes de la Contraloría General del Estado (CGE) que determinaron irregularidades e indicios de responsabilidad penal. 

 

  • El ministro Andrés Michelena aseguró que el 15 septiembre se llevará a cabo el concurso de frecuencias de televisión y las de AM. 

Mire la rueda de prensa y descargue aquí la documentación que avala la denuncia realizada por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

 

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Quito, junio de 2020. A las 10:00 de este miércoles 24 de junio se realizará el foro virtual “Los medios post COVID-19”. Esta es una iniciativa impulsada por la Unión Europea en Ecuador, Fundamedios y la plataforma Voces del Sur Unidas.

Actualmente los medios de comunicación enfrentan un panorama complejo. La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una paradoja para este sector ya que, aunque hay un consumo elevado de información, los encargados de generarla, los periodistas, enfrentan un presente y futuro inciertos. Así lo expone el monitoreo realizado por Fundamedios.

Los datos de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) apuntan a caídas bastante homogéneas en el mundo que van del 60 % al 80 % en ingresos publicitarios y del 20 % al 25 % en el tiraje de periódicos. Los medios privados resultan especialmente castigados. Los ingresos han mermado entre el 70 % y el 80 %.

Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, será la encargada de iniciar este foro que contará con la presencia de: Rodrigo Bonilla, director regional para las Américas de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA); Eduardo Cué, periodista independiente con experiencia en Europa y escritor de artículos de temas sociales; y Fernando Quijano Velasco, director del Diario La República, de Colombia. El espacio será moderado por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. 

Para participar en este encuentro gratuito es necesario conectarse a través de los canales de Facebook, Twitter y YouTube de Fundamedios. También lo puedes seguir desde las redes sociales de la Unión Europea en Ecuador.

 

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Sobre la Unión Europea

La Unión Europea está constituida por 27 países que han unido de forma progresiva sus conocimientos prácticos, sus recursos y sus destinos. A lo largo de un periodo de 60 años, han constituido una zona de estabilidad, democracia y desarrollo sostenible, además de preservar la diversidad cultural, la tolerancia y las libertades individuales de sus pueblos. Esos logros y valores se comparten y promueven con países y pueblos más allá de sus fronteras. Desde los años 80, la Unión Europea ha ampliado y profundizado los contactos con Ecuador y está presente con una Delegación desde 2003. La Unión Europea es el mayor socio cooperante del país, así como el segundo socio comercial del Ecuador y apoya el fomento productivo, la seguridad, la lucha contra el cambio climático, los derechos humanos y la reconstrucción y reactivación económica tras el sismo del 16 de abril de 2016.

 

Sobre Fundamedios 

Fundamedios es una organización comprometida desde 2007 con los Derechos Humanos y la promoción de la libertad de expresión, el monitoreo de las agresiones y los riesgos que enfrentan los periodistas en América Latina. En 2017 abrió su oficina en Washington DC con estatus 503 (c). El trabajo de la organización se ha realizado en colaboración estrecha con los medios de comunicación, la sociedad civil y organizaciones internacionales, así como con los Sistemas Interamericano y Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Su misión es promover y proteger los derechos y libertades de expresión, prensa, acceso a la información y asociación. Así como el periodismo independiente y de calidad. En diciembre de 2017, fue galardonada con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho.

 

Sobre Voces del Sur Unidas

Voces del Sur (VDS) es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que reporta sobre los progresos realizados en la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 relativo a la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Agrupa a 10 organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión en: Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Brasil. Esta red elaboró indicadores regionales para la vigilancia y difusión de alertas sobre la libertad de expresión en nueve países. El informe fue revisado por la UNESCO como parte de la Revisión de Alto Nivel de la ONU del SDG 16, en julio de 2019.

Busca establecer mecanismos nuevos de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.

 

Para más información

 Adrián Durán

aduran@atrevia.com

ATREVIA

C.(593) 09 8308 9037

 

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El 17 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, en decisión
de segunda instancia, concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de
Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía
General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para dar aplicación
a la Ley 1809 de 2018, según el cual se debe contar con la certificación del Consejo
de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo
armado organizado.

Ospina Hernández es señalado por la Fiscalía General de la Nación de haber sido el
encargado de realizar los videos de supervivencia al equipo periodístico del diario El
Comercio, mientras permanecía secuestrado por los miembros del grupo Oliver
Sinisterra.

Esta decisión deja en evidencia el riesgo de impunidad en el caso, pues transcurridos
más de dos años no se han adelantado nuevas vinculaciones a la investigación, no se
ha iniciado la etapa de juicio contra las tres personas que se encuentran procesadas y
ya comienza el vencimiento de los términos procesales, debido a la falta de celeridad
en el juicio.

Por otro lado, la FLIP le ha insistido al Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Tumaco para que programe la fecha de continuación de juicio en contra de Gustavo
Alonso Ospina, sin embargo no ha obtenido una respuesta.

Las familias del equipo periodístico, la FLIP y FUNDAMEDIOS hacen un llamado a la
Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Tumaco para que se adelante de manera célebre y sin dilaciones injustificadas el juicio
contra las tres personas que se encuentran procesadas. Vale la pena destacar que
este caso cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), lo cual acentúa la responsabilidad del Estado frente a la
investigación, judicialización y sanción de los responsables de estos hechos.

Esta decisión tiene origen en la negligencia del Estado colombiano frente al proceso,
pues se fundamenta en la ausencia de documentos que están al alcance del Estado y
no fueron aportados de manera oportuna. Por lo tanto, las consecuencias de esta
decisión y el riesgo de repetición deben ser de especial seguimiento por parte la CIDH
en el marco de las medidas cautelares binacionales vigentes.

Así mismo, se extiende el llamado al Consejo Superior de la Judicatura y la
Procuraduría General de la Nación en aras de que se realice un seguimiento a los
juicios que se adelantan ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco,
para que los mismos se desarrollen dentro de los plazos establecidos por la ley.

Finalmente, las familias del equipo periodístico, la FLIP y FUNDAMEDIOS acuden a
los Estados de Colombia y Ecuador para que reafirmen su compromiso en la lucha
contra la impunidad en este caso y se implementen las recomendaciones realizadas
por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH.

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Fundamedios participó en la tercera mesa técnica de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. El objetivo es tratar los artículos del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos

En representación de la organización nuevamente participó Frank LaRue, exrelator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios. 

LaRue aportó para afinar conceptos dentro de los cinco primeros artículos que habían sido revisados el pasado 29 de mayo en una primera reunión. Este jueves, el nudo crítico fue determinar si el primer artículo, sobre el objeto de la norma, debe mencionar solamente el propósito de la protección de datos personales o abarcar derechos digitales y la autodeterminación informativa. 

Para el Director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios lo trascendental es enfocarse únicamente en la protección de la información. La meta es evitar confusiones y abarcar conceptos que después no podrán ser definidos ni explicados adecuadamente en el cuerpo legal.

Otros representantes de la sociedad civil que participaron en la discusión concordaron con esta postura; sin embargo, no se llegó a un consenso. Pablo Solines, experto en propiedad intelectual y tecnología, acotó que, si se incluyen los derechos digitales y la autodeterminación informativa, implicaría hablar de Internet, educación digital y acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC). Para el abogado, Ecuador en este momento no cuenta ni siquiera con una Ley de la Sociedad de la Información.

Quienes intervinieron también se refirieron a la finalidad de la Ley y su aplicación en el ámbito territorial. Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos (AEPD), propuso depurar algunos conceptos y sugirió incluir los datos relacionados a la salud física y mental para ser manejados con cautela, además, el concepto de autoridad de control. 

Precisamente, el exRelator celebró que se incluya este concepto porque garantiza que se cumpla con el derecho de protección a los datos personales. “Me parece que la definición de la autoridad de la protección de datos es la  verdadera garantía y depende de la independencia que esa autoridad tenga, pues va a ser el principal instrumento para la protección de datos”, sostuvo. 

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019.

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Fundamedios participó en la apertura de las mesas técnicas de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para tratar los primeros artículos del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. Es la primera vez que Ecuador contará con una norma de esta naturaleza y Frank LaRue, Ex Relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas para  compareció en esta sesión junto a invitados  invitó a representantes de la sociedad civil, académicos y expertos  a discutir

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019. 

Janette Colamarco, CEO de  Legaltech, fue una de las ponentes. La experta en Derecho de la Nueva Tecnología señaló que el objeto de la Ley debe ser la regulación del ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Actualmente se enuncian otros aspectos como la autodeterminación normativa y derechos digitales que, en lugar de aportar, pueden “distraer y confundir”. 

Pablo Solines coincidió con ese punto de vista. El abogado insistió en que mencionar varios derechos en un mismo articulado puede resultar contraproducente para el ciudadano, pues no ve con claridad el propósito de la norma que pretende salvaguardar a la persona en toda su dimensión. 

En el primer avance de la discusión se acogieron las sugerencias de los expositores. En ese sentido, se contempla como objeto “regular el ejercicio del derecho a la protección de datos personales a través del desarrollo de principios, derechos, obligaciones, mecanismos de tutela recogidos en la presente Ley”. 

Frank LaRue, actual Director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, precisó que mientras más clara y concisa sea el cuerpo legal tendrá un mayor impacto. Enfatizó en que es necesario revisar la terminología para evitar confusiones e interpretaciones erróneas. Como ejemplo, mencionó el  artículo 2 sobre la finalidad para garantizar los derechos fundamentales y libertades individuales de los ciudadanos. 

LaRue aseguró que es caduco referirse solo a las libertades individuales, pues ahora también existen libertades colectivas en las cuales se ejercen los derechos. “No mencionarla sería una grave omisión al mismo derecho”, explicó. 

Sobre el artículo 27 que menciona el llamado “Derecho al olvido”, el Director de Derechos Humanos e Incidencia de Fundamedios, explicó que los derechos deben ser planteados siempre de forma positiva y no negativa. En ese sentido, olvidar constituiría una acción que se contradice con la memoria histórica. Por ejemplo, en los crímenes de lesa humanidad, los datos de personas involucradas jamás deberían eliminarse, así como los de las víctimas de las dictaduras o genocidios. “Es un tema que debería revisarse”. 

Diego Beltrán, docente de la Universidad SEK, celebró que se haya planteado la discusión sobre un “derecho constitucional ampliamente olvidado”. Insistió en que el debate debe apalancarse en la Constitución. Especificó que actualmente la utilización de datos personales no pertenece únicamente a entidades bancarias, sino a tiendas de consumo, hospitales, líneas aéreas, escuelas… “Tiene que ver con aspectos económicos, sociales, políticos y hasta culturales y le interesa a toda la población”. 

En la sesión, que gira en torno a cada uno de los artículos, también se discutió sobre alcance de la Ley, la territorialidad y la confidencialidad de los datos con un consentimiento general y reforzado para que favorezca al emprendimiento, la innovación y no perjudique los derechos ciudadanos.