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El proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción, Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación, presentado conjuntamente por Fundamedios y los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio con las firmas de apoyo de 16 legisladores más, será presentado ante la Comisión Ocasional Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, el próximo miércoles 28 de julio a las 09:30. 

Esta propuesta será tratada de forma complementaria por la Comisión que actualmente analiza el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión presentado por el Presidente Guillermo Lasso. 

Marjorie Chávez dijo que mira con optimismo que se puedan fusionar los dos cuerpos legales: el presentado por el presidente Guillermo Lasso y el elaborado conjuntamente con Fundamedios, pues tienen el mismo espíritu de defender la Libertad de Expresión. Resaltó la importancia que tendrá el debate dentro de la Comisión y del Pleno de temas como autorregulación y que con el aporte de los demás asambleístas se podrá tener un nuevo cuerpo normativo que reemplace la Ley Mordaza. 

La Unidad de Técnica Legislativa recomendó al Consejo de Administración Legislativa calificar el proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación. Entre las conclusiones se destacó que el proyecto se refiere a una sola materia; tiene exposición de motivos, considerado y articulado y que contiene la expresión clara de los artículos que con la nueva Ley se deroga. Asimismo, no afecta los derechos y las garantías constitucionales. 

El proyecto en que trabajó Fundamedios cuenta con 16 artículos encaminados a proteger el trabajo periodístico, garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación y facultar al Consejo de Comunicación para garantizar el ejercicio, promoción y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y prensa. 

El proyecto reconoce a los medios de comunicación tradicionales y digitales en todas sus modalidades como actores del desarrollo de la sociedad de la información y establece a la comunicación como una actividad fundamental para ejercer, promover y proteger el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar información, ideas y opiniones.

A su vez, establece como obligaciones del Estado el fortalecimiento a los medios de comunicación, la protección de la independencia editorial de los medios públicos, así como proteger a los periodistas y trabajadores de la comunicación acorde al Plan de Acción de las Naciones Unidas. También se incluyen las prohibiciones al Estado de instar, agredir o ejercer represión en contra de periodistas y medios de comunicación, y realizar cualquier forma de censura en Internet. 

En cuanto a la propuesta realizada respecto al Consejo de Comunicación se establece entre sus atribuciones las de activar mecanismos y acciones para prevenir y proteger a periodistas y trabajadores de la comunicación, formular políticas y procedimientos de prevención y protección a periodistas, incentivar procesos de autorregulación de los medios de comunicación privados y comunitarios, así como establecer criterios de responsabilidad ulterior de conformidad con instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

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Ecuador, 22 de julio del 2021.  Los asambleístas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional recibieron en comparecencia a tres autoridades gubernamentales con quienes analizaron lo sucedido en el programa La Posta XXX en contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, y a quienes consultaron sobre las “acciones emprendidas para sancionar al programa”.

Comparecieron ante la Comisión el secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla; la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez; la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz y el gerente general de TC Televisión, Rafael Cuesta.

Eduardo Bonilla recordó que en ningún lugar se establece que entre las competencias de esa Secretaría están sancionar o imponer una línea editorial a los medios de comunicación. Asimismo, que TC televisión tiene una administración independiente y que en este caso se dio una autorregulación ya que no se necesitó de ningún organismo de control para ejercer presión y que, finalmente, el programa está fuera del aire. Se refirió a las consecuencias de la libertad de expresión y recordó que tiene como contraparte la responsabilidad y que son dos caras de una misma moneda. Sobre la nueva Ley de Libre Expresión sostuvo que lo que se busca es garantizar los Derechos Humanos a través de la garantía y promoción, pero no desde la sobrerregulación y control.

El legislador Ricardo Vanegas (Pachakutik) cuestionó al Secretario de Comunicación y le dijo “usted no me convence” ya que bajo el pretexto de ninguna libertad se puede permitir lo que sucedió con Leonidas Iza en televisión y luego decir al afectado que busque los mecanismos que la ley le señala. Dijo que esta situación le lleva a la “convicción” de que en este país “no puedes darle una libertad, con límites o sin límites, a periodistas y medios de comunicación”. Ratificó que no permitirá que se atente contra las minorías y que analizará minuciosamente el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo sobre Libertad de Expresión.

La legisladora Jhajaira Urresta (UNES) calificó de “espeluznante” que hayan puesto la palabra “Cabrón” como parte de un acróstico para dirigirse a Leonidas Iza. Cuestionó el contenido de las disculpas públicas de los periodistas de La Posta XXX y recordó que bajo la ética de la libertad de expresión se debe respetar la decencia, la moral pública y que nuestras libertades se terminan en la libertad del otro. Por ello ratificó: “vemos que la autolimitación de los dos periodistas no es sanción”.

La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez recordó que este organismo se ha preocupado por defender el principio de no discriminación y que desarrolla proyectos para que los pueblos y nacionalidades tengan acceso a medios de comunicación comunitaria.

La presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, recordó que este organismo no tiene responsabilidad sobre lo que ocurre en los medios de comunicación y que tampoco posee las atribuciones de sancionar ni censurar. Informó a los legisladores que el Consejo de Comunicación conoció el caso y emitió un informe en el que se advierte que los comentarios en cuestión contienen términos discriminatorios que generan descrédito para un sector.

Entre las conclusiones preliminares del informe se sostiene que los calificativos y acciones atribuidas a Leonidas Iza por parte de los periodistas de La Posta XXX se insertan en históricas representaciones sobre los pueblos y nacionalidades indígenas que se los ha identificado como salvajes, peligrosos, violentos e irracionales y que se encuentran elementos que construyen una frontera que opone a un nosotros blanco-mestizo civilizado.

Los legisladores preguntaron si se envió a la Defensoría del Pueblo este documento, Jeannine Cruz les respondió que no fue enviado pues los periodistas solicitaron disculpas públicas y están fuera del canal de televisión.

Al legislador Vanegas le preocupó que el Consejo de Comunicación no tenga ninguna capacidad sancionadora y solicitó a Cruz que envíe dicho informe a la Defensoría del Pueblo ya que los periodistas de La Posta XXX cometieron una falta muy grave y que en la parte penal el odio es sancionado.

La comparecencia final fue la del gerente general de TC Televisión, Rafael Cuesta, quien reiteró que TC Televisión es un medio privado, aunque la mayoría de las acciones las tiene la empresa pública Comunica EP. Reconoció que durante el programa La Posta XXX se ofendió a Leonidas Iza, se le causó un daño a su imagen, nombre y reputación, por lo que al siguiente día presentó las debidas disculpas en El Noticiero.

Reconoció que hubo un abuso y exceso y por ello se cumplieron los correctivos: “la autorregulación sí funciona, el canal se autorreguló y emitió un nuevo código deontológico”, dijo, la vez hizo un mea culpa pues “fue un error” no haber presentado al equipo de La Posta XXX el Código Deontológico ya que asumió que al ser periodistas debían tener presente esas normas: “los medios si estamos preparados para autorregularnos”.

Otras intervenciones de legisladores en torno a la autorregulación fueron las de Sofía Espín (UNES) quien aseguró que le preocupa ya que “la libertad no es libertinaje” y aseguró que ella fue víctima de linchamiento mediático. Gissela Garzón (UNES) aseguró en cambio que la autorregulación “no es una salida” y lo comparó con la autorregulación de la banca: “los medios de comunicación no están en la capacidad de autorregularse”, aseguró.

Mientras José Chimbo (Pachakutik) dijo que es importante analizar las acciones desde el Estado y que se debería generar una política clara de comunicación para evitar que los medios de comunicación generen discriminación.

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Ecuador, 19 de julio del 2021. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Ecuador continúa con el tratamiento del proyecto de Libre Expresión y Comunicación remitido por el presidente de la República Guillermo Lasso. En esta ocasión, recibió a Andrés Jácome Cobo, Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL); César Ricaurte,  Director Ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios); Jhonatan Arizaga, académico y experto constitucionalista y a Danilo Villarroel Silva,  Presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FEAPE). 

Andrés Jácome del Arcotel recordó que la institución es la encargada de la administración del espectro radioeléctrico y cuestionó la creación de una Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico ya que la ley como está planteada puede causar confusión y solicitó que el proyecto de Ley de Libre Expresión pueda ser concatenados con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones

César Ricaurte realizó una exposición sobre el Proyecto de Ley de Libre Expresión. En la primera parte de su intervención recordó las cifras y efectos de la Ley Orgánica de Comunicación aprobada por el correísmo. Cabe destacar que, el 31 de julio de 2019, la Superintendencia de Comunicación (Supercom) cerró sus puertas definitivamente, luego de seis años de vida institucional. En ese tiempo se convirtió en una herramienta de persecución del correísmo contra medios de comunicación y periodistas y las cifras así lo revelan.

En total, durante su funcionamiento se levantaron 1210 procesos. De estos: 550 fueron impulsados de oficio desde este organismo que estuvo encabezado por Carlos Ochoa y otros 660 por denuncias particulares.  En total, hubo 705 resoluciones sancionatorias: 500 fueron establecidas por oficio y las otras 205 por denuncias particulares. Estas resoluciones derivaron en 776 sanciones: 425 fueron de tipo pecuniario a través de las cuales se recaudó USD 2.416.633,95; 194 amonestaciones escritas; 75 públicas; 35 rectificaciones; 28 réplicas y 29 suspensiones de publicidad. 

Para Ricaurte estas cifras demuestran un panorama de represión y severas restricciones y que la propuesta de Ley del presidente Lasso va por buen camino pues defiende la libertad de expresión y es una ley que se contrapone a la sobrerregulación que impuso la Ley de Comunicación del correísmo: “va en la línea de una regulación ligera y mucha autorregulación”.

“Lo que se generó con la anterior Ley de Comunicación es un nivel de protección del poder público mucho mayor que cualquier ciudadano y se aplicó sanciones de forma arbitraria y desproporcionada para proteger a funcionarios públicos en el Gobierno y se generó una situación de censura y autocensura”, dijo Ricaurte ante la Comisión. 

Explicó la triple función de la Ley de Comunicación ya que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental individual que goza de una especial protección dada su íntima relación con la autonomía personal. Además, la libertad de expresión es un derecho que cuenta con una función instrumental que lo diferencia de otros derechos. Y, finalmente, que la jurisprudencia interamericana ha destacado la relación estructural del derecho a la libertad de expresión con el funcionamiento adecuado de los regímenes democráticos, lo que se ha denominado la dimensión estructural de la libertad de expresión.

Entre las observaciones a la propuesta de Ley del Ejecutivo destacó que el proyecto de Ley crea dos leyes en un sólo proyecto, que a juicio de Fundamedios es innecesario: por un lado la Ley de Libre Expresión y Comunicación y por otro Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Explicó que no se comprende exactamente si se está reformando artículos, un capítulo o título de la Ley, o si al contrario se estaría creando dos Leyes en un mismo cuerpo normativo, de ser así se estaría contrariando el artículo 136 de la Constitución.

Sobre la protección de las comunicaciones personales Ricaurte aseguró que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales señala que este cuerpo normativo se aplicará al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizados o no, así como a toda modalidad de uso posterior, con excepción de las actividades periodísticas y otros contenidos editoriales y que en cualquiera de estos casos deberá darse cumplimiento a los estándares internacionales en la materia de derechos humanos y a los principios de esta ley, y como mínimo a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

Sobre el Consejo de Comunicación, Fundamedios defiende su permanencia pero con la aclaración de que debe existir una entidad especializada encargada de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa de conformidad con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Entonces, es importante contar con una entidad rectora facultada para elaborar, coordinar y ejecutar acciones encaminadas a analizar el riesgo que tienen las y los periodistas y trabajadores de la comunicación; activar mecanismos y acciones para prevenir y proteger a periodistas y demás trabajadores de la comunicación, así como a formular políticas y procedimiento específicos para lograr dicha protección. De la misma forma, debe existir una entidad independiente del Estado, que pueda impulsar los procesos de autorregulación de los medios privados del país y la regulación de los medios públicos del país. 

Otra de las posturas expuestas por Ricaurte giró en torno a la titulación obligatoria para ejercer el periodismo, recordó que según estándares internacionales no se puede exigir un título para ejercer un derecho como la libertad de expresión por lo cual no es aconsejable. En este orden de ideas recordó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos recordó que “el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones”. 

Una de las dudas de los legisladores fue cómo se iba a establecer la autorregulación si en el Artículo 384 de la Constitución se establece que el Estado es el encargado de generar política pública en cuanto a la comunicación.  Ricaurte aseguró que la naturaleza de la autorregulación no es equivalente a las políticas públicas ni interfiere con ellas, por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad con el 384 de la Constitución. 

Ricaurte recordó que el proyecto de “Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación” presentado por los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio, miembros del Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión, es complementario al proyecto presentado por el Presidente Guillermo Lasso  y “aspiramos que este proyecto llegue a la Comisión de Relaciones Internacionales en las próximas horas y pueda ser debatido en conjunto”, aseguró. 

Ante un cuestionamiento de la Asambleísta de UNES, Marcela Holguín, sobre el porqué se sigue mencionando a una Ley inexistente como la Ley de Comunicación del correísmo, Ricaurte recordó la importancia de la memoria histórica dentro de los procesos de construcción de normas, para no volver a cometer errores, en este caso se debe tener presente que no se debe construir normas opresivas y atentatorias contra derechos fundamentales, como la libertad de expresión. 

 

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Ecuador, 15 de mayo de 2021. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación realizó ayer un conversatorio para analizar la libertad de expresión, el periodismo y la autorregulación que forman parte de una serie de reflexiones que plantea el Organismo. 

La presidenta del Consejo, Jeannine Cruz, dio la bienvenida a los asistentes y dijo que cuando aceptó presidir el Consejo de Regulación de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación lo hizo con la convicción de defender la libertad de expresión pues es un derecho fundamental para la convivencia pacífica y promueve el resto de Derechos Humanos: “sin la posibilidad de expresarse libremente y opinar estamos dando paso a la tiranía y al abuso”, dijo.  

Vladimir Andocilla, Coordinador General de Promoción de Derechos del Consejo de Comunicación, fue el moderador del Conversatorio que contó con la presencia del Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte; Pamela Aguirre, Directora del Observatorio Jurídico Social de la Universidad Espíritu Santo y del periodista Fabricio Vela.

César Ricaurte aseguró que entre el 2013 y 2019 se desarrolló un esquema de fuertes controles estatales y de una sobrerregulación con el cual se tomó el control sobre los contenidos de los medios y se abrieron más de 1000 procesos contra periodistas y líderes sociales. Durante esta época, la Secretaría de Comunicación General, ordenó a los medios de comunicación la emisión de cadenas nacionales, interrumpiendo noticiero para ejercer un supuesto derechos a la réplica e incluso ordenaba a los medios de comunicación a que se publiquen portadas diseñadas desde esa Secretaría y de esa forma implementar la verdad oficial.

Recordó que en el 2019 la Ley de Comunicación fue reformada y se desactivó a la Superintendencia de Comunicación, “pero quedamos en el limbo” pues no se avanzó en otras reformas, ni se expidió el reglamento de la nueva ley reformada.. 

“Debemos caminar hacia una regulación ligera y mucha autorregulación”, dijo Ricaurte y recordó que la Ley de Libre Expresión presentada por el Ejecutivo y el proyecto presentado por los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio, con el apoyo de Fundamedios, van en esta línea.

El debate sobre la autorregulación no es nuevo en Ecuador: entre el 2008 y el 2013 se debatió de manera muy profunda estos temas, pero en el 2013 ese debate se clausuró pues, ante una regulación estatal excesiva, era inútil discutir una autorregulación.

Ricaurte explicó  que existen tres mecanismos de autorregulación:

Primero, un sistema de control previo, interno de los medios de comunicación que se ve reflejado en los códigos de ética y manuales de estilo para asegurar el control de la calidad de los contenidos periodísticos y general. Segundo, los sistemas de control mixto que funcionan previo y posteriormente y que son internos y externos con defensores de audiencias: profesionales de primera calidad que son conocidos por su ética y en el cual el medio de comunicación tiene confianza. Tercero, los sistemas de control posteriores que son externos como observatorios y veedurías de medios que son impulsados por los controles ciudadanos y centros académicos.

Pamela Aguirre, recordó que la libertad de expresión es un derecho humano que nos permite desarrollarnos, es un patrimonio jurídico, una fortaleza y es la piedra angular de un sistema democrático. Sobre la autorregulación sostuvo que los Estados deben establecer como una obligación el promover la autorregulación y que la libertad de expresión y ética periodística debe ser tomada en cuenta y ser complementarios. Asimismo, aseguró que los periodistas y la sociedad deben tener el compromiso de estar vigilantes de los contenidos que son transmitidos para así promover una real autorregulación. “La autorregulación es el camino que nos permite consolidar la responsabilidad de los periodistas y por otro lado una plena libertad de expresión”, dijo.

Fabricio Vela en cambio aseguró que el Ecuador “no está preparado para la autorregulación” y que es momento de repensar lo que está sucediendo pues hay mucha arrogancia por parte del periodismo. Para Vela, no existe autocrítica y “es necesario un baño de humildad de los periodistas”.  Asimismo, sostuvo que es hora de que los medios transparenten sus líneas editoriales, así como dar a conocer los códigos deontológicos y aseguró que la mayoría de medios no poseen este documento. 

Ricaurte discrepó con Vela en cuanto a la capacidad de autorregulación de los medios de comunicación y recordó que en temas de derechos no existe el estar listos o no, sino, “se trata de construirlos día a día”. Recalcó que el control social sobre los medios de comunicación sirvió en el caso de La Posta XXX pues las audiencias son potentes y fuertes para exigir las rectificaciones a los medios y que es necesario construir sistemas de autorregulación, pues la mayoría de medios de comunicación son pequeños y no poseen estos mecanismo. En este marco, es el Consejo de Comunicación quien debe promover estos procesos y construirlos junto a la sociedad civil. “El control estatal de los medios de comunicación no tiene cabida en una sociedad democrática”, ratificó. 

 

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Ecuador, 13 de julio del 2021. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional arrancó el 12 de julio con el análisis de la propuesta de Ley de Libre Expresión enviada por el Ejecutivo y que reemplazará a la actual Ley de Comunicación aprobada durante el correísmo y que sirvió para perseguir a medios de comunicación  y periodistas. 

Con el objetivo de iniciar el tratamiento parlamentario sobre esta Ley, los legisladores invitaron al Secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, quien resaltó que la norma busca garantizar la libertad de expresión promoviendo la autorregulación de los medios de comunicación ya que el ejercicio de la actividad periodística y de comunicación debe regirse por estándares éticos y, bajo ningún concepto, por estándares impuestos por el Estado. 

Destacó que el proyecto del Ejecutivo está dividido en tres capítulos: 

El primero trata sobre la libertad de expresión y de prensa con un fuerte enfoque de protección y garantía. El segundo capítulo establece  mecanismos para garantizar la libre expresión a través de la autorregulación sin censura previa, derecho a la réplica y copias de programas o impresos. El tercer capítulo aborda los estándares internacionales de Derechos Humanos para protección a periodistas como la cláusula de conciencia, reserva de la fuente, secreto profesional y libre ejercicio de comunicación.

En esta primera reunión fue evidente la postura de los legisladores de UNES dentro la Comisión: Raisa Corral, Mónica Palacios y Fernando Cedeño mostraron un claro rechazo a la autorregulación de los medios de comunicación y tomaron el caso de la Posta XXX como un ejemplo de su “inviabilidad”.  

Bonilla sostuvo que cuando se habla de libertad de expresión, autorregulación y responsabilidad propia de los medios y de los periodistas no se habla de eximir de responsabilidad ulterior o que se dejen de respetar derechos de terceros. Asimismo, aseguró que la actual Ley de Comunicación tiene demasiados artículos que provocan una sobrerregulación y un sobrecontrol que termina atropellando los derechos de la libertad de prensa. 

En relación al proyecto de “Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación” que fue presentado por los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio, con apoyo de Fundamedios, Bonilla aseguró que leyó el proyecto de ley y que existen coincidencias que pueden ayudar a enriquecer el proyecto. 

Sobre las disposiciones reformatorias Bonilla señaló que el proyecto plantea cambiar el nombre de un conjunto de artículos que quedarían vigentes de la actual Ley de Comunicación a Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Así mismo, se plantea derogar desde el artículo 1 hasta el 91.4 y desde el artículo 104 al 119 de la Ley de Comunicación, así como el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica y sanciona a la calumnia con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

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Ecuador, 13 de julio de 2021. En la última semana, César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios, ha mantenido  diversas reuniones con Ministros de varias carteras de Estado, con el objetivo de coordinar acciones para la defensa de la libertad de expresión, libertad de prensa, acceso a la información, lucha contra la desinformación, procesos de formación y capacitación, autorregulación y seguridad de periodistas. Estos temas fueron planteados en la Hoja de Ruta, elaborada por periodistas y representantes de sociedad civil, que traza una agenda mínima para mejorar la situación general de la libertad de expresión en Ecuador.

Para impulsar esta herramienta se han establecido reuniones con Eduardo Bonilla, titular de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador (Segcom), y con el Secretario Jurídico de la Presidencia. Junto a este equipo, Fundamedios trabaja la Ley de Medios Públicos que busca el fortalecimiento y la garantía de la independencia de los medios públicos existentes y los que se conformen posteriormente.

Sobre el mismo tema, se concertó un encuentro con María Elena Machuca, ministra  de Cultura y Patrimonio. Durante la reunión se abordó la Ley de Medios Públicos y la incorporación de un importante componente cultural en los mismos. Además, se intercambió criterios sobre los actos de conmemoración del Bicentenario de la República.

La “Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación” presentada por Fundamedios, el pasado 17 de junio, también formó parte de las conversaciones. Las disposiciones reformatorias primera y segunda disponen agregar a la Ley Orgánica de Cultura la preservación y promoción de la diversidad de la expresión cultural, así como el fomento de la producción nacional y producción nacional independiente.

Jeannine Cruz fue otra de las autoridades con la que Fundamedios tuvo un encuentro. Con la presidenta del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación se converso acerca de la firma de un convenio de  cooperación interinstitucional encaminado a trabajar temas vinculados a la capacitación de periodistas a nivel nacional así como a los procesos de autorregulación de los medios de comunicación.

Otra de las reuniones fue con María Brown, ministra de Educación. Con esta Cartera de Estado se trabajará en procesos de formación de maestros y estudiantes en temas relacionados con la lucha contra la desinformación, a través del sistema nacional educativo.

Fundamedios mantuvo reunión con Andrés Jácome, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) con quien se habló sobre los concursos de frecuencias emprendidos durante el anterior Gobierno y sobre los que se deben convocar en el actual período e informó que se pidió a Contraloría General del Estado un examen especial que tendrá resultado en los próximos meses.

Jácome aclaró que del concurso de frecuencias pendiente están revisando la la bases para simplificarlas y volverlas más transparentes y aseguró que están en la fase de planificación para subsanar los “errores de forma” que se identificaron en las bases del concurso anterior.

Desde Fundamedios se hizo hincapié en que este tipo de concursos deben cumplir con altos estándares internacionales de transparencia.

Por otro lado, se abordó la Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que se utilizó para retirar la frecuencia a radio Antena Libre del Vicariato de Esmeraldas.

Por último se mantuvo una reunión con Mauricio Montalvo, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En la cita estuvo presente Eduardo Durán Cousin, director de Comunicación; Lotty Andrade, subsecretaria de América Latina y El Caribe y Silvia Espíndola, directora de Derechos Humanos de la Cancillería.

Con los asistentes se habló del papel del Sistema Interamericano y  en especial de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE)  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sea esta última instancia quien brinde asistencia técnica en la elaboración de la nueva Ley de Comunicación y cumpla así con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

Se conversó, además, acerca del tema de seguridad para periodistas, que ha sido desarrollado en diversas resoluciones de ONU y sobre la conformación del Comité de Seguridad para Periodistas como los mecanismos idóneos para cumplir con estas responsabilidades internacionales del Estado ecuatoriano. En este punto también se acordó revisar la recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  sobre el secuestro y asesinato de los periodistas de diario El Comercio.

Los atropellos contra la libertad de expresión, así como el hostigamiento contra periodistas en Nicaragua fueron otros temas abordados. Fundamedios, como organización miembro de la red regional IFEX-ALC, solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores y a los altos funcionarios presentes que el Ecuador lidere el pedido de respeto de la libertad de prensa en todas sus demandas hacia la administración de Daniel Ortega. El propósito es que se adopten medidas significativas para mejorar la situación de la libertad de los medios de comunicación en la Región, así como el constante monitoreo de la situación de la libertad de prensa y expresión del país centroamericano.

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Los familiares de los periodistas del diario El Comercio, asesinados en 2018 en la frontera colombo-ecuatoriana por el grupo armado disidente de las FARC Óliver Sinisterra, acudieron a la Corte Constitucional de Ecuador para exigir la desclasificación de información y poder determinar posibles errores y responsabilidades por acción u omisión en todos los niveles en la investigación de este caso. 

Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado Paúl Rivas, informó que este es el último recurso que queda disponible en Ecuador, “porque no solo las familiares hemos hecho la solicitud de desclasificación de información para poder realizar la investigación, sino también la Asamblea Nacional se pronunció en 2020, el Consejo de Participación Ciudadana envió los documentos para la desclasificación de información en 2020, la Defensoría del Pueblo también se pronunció, hubo un exhorto de los Parlamentarios Andinos en 2019, la Fiscalía solicitó esta información pertinente para avanzar en las investigaciones y en todos los casos se ha negado, por lo tanto este es el último recurso que nosotros tenemos para acceder a la verdad”. 

Rivas aseguró que tras este paso legal dado en la Corte Constitucional esperan una respuesta positiva, de lo contrario se analizará la posibilidad de acudir a las instancias internacionales, pero “lo que estamos haciendo es agotar todas las posibilidades legales en nuestro país”, aseguró. 

Por su parte, el miembro del equipo de la clínica jurídica de la Universidad San Francisco de Quito,  Hugo Cahueñas informó que la “Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que la Corte Constitucional podrá desclasificar la información donde exista presunción o violaciones de los derechos humanos. En el marco de la Ley de Seguridad Pública hemos realizado esta demanda solicitando a la Corte Constitucional para que ordene la desclasificación de las actas 18, 19 y 20 del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) del 2018”. 

Cahueñas recordó que el acta 18, 19 y 20, desde el 28 de marzo de 2018, cuando ocurrieron los hechos, contiene información que permitirá conocer la verdad de los hechos y corroborar si hubo o no errores y las acciones u omisiones por parte de las autoridades en este caso.

«Estamos hablando del derecho a la verdad que tienen todos los ciudadanos, las víctimas y sus familias porque así lo determinó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para hacer una investigación exhaustiva y sin dilaciones para poder establecer responsabilidades», explicó Cahueñas.

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Fundamedios considera que el ejercicio de la comunicación y del periodismo es diario y estamos sujetos a errores. En el estreno del programa La Posta XXX los productores cometieron un exceso, que transgrede los límites de la libertad de expresión, sin embargo, las audiencias críticas impulsaron el ejercicio de un muy sano debate al interior del gremio periodístico y al final funcionó muy el control social como mecanismo legítimo de autorregulación al punto que el programa tuvo que salir del aire por decisión de los productores.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, aseguró durante una rueda de prensa esta mañana que ha sufrido un ataque sistemático por parte de un grupo de periodistas que rayan en los límites de la ley. Sobre la autorregulación, dijo que los medios de comunicación no están preparados para garantizar estos derechos en términos reales. Para Iza, la Ley Orgánica de Comunicación debe ser reformada, pero la Ley de Libre Expresión presentada por el Ejecutivo no puede pasar porque no tiene relación con la Constitución y que no están de acuerdo con la propuesta. 

Para Fundamedios lo ocurrido con la Posta XXX debe ser considerado más bien como un claro ejemplo de cómo la sociedad tiene una capacidad de ejercer su propio poder de control y que no es necesario que el Estado, peor aún un Caudillo o censor, señalen cómo deben regularse las expresiones a través de los medios de comunicación. 

Promover la autorregulación en los medios de comunicación es uno de los propósitos del nuevo proyecto de Libertad de Expresión, que fue elaborado por Fundamedios y presentado por miembros del Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión. 

Rechazamos firmemente, que ciertos sectores con un proyecto político autoritario detrás pretendan utilizar este episodio para descalificar al periodismo y a los medios de comunicación ecuatorianos de forma general y que personajes nefastos vinculados al ejercicio de la censura y al uso persecutorio de medios estatales intenten erigirse  en maestros de la Ética y del buen periodismo. 

Estamos convencidos de que la autorregulación funciona y lo hace muy bien. Asimismo, las audiencias críticas y la implementación oportuna de otros mecanismos como códigos deontológicos, manuales de estilo y procesos rigurosos en la producción de contenidos por parte de los medios de comunicación, fortalecerán esta autorregulación. 

Así mismo, consideramos importante señalar que, si bien TC también presentó sus disculpas a través de su Gerente y Director, debe adoptar y transparentar los correctivos internos en sus procesos periodísticos con el fin de evitar que situaciones similares vuelven a suceder. 

La CONAIE exigió que las  disculpas públicas de La Posta XXX sean aplicadas en el mismo espacio y durante el mismo tiempo en que fueron realizadas. Recordamos que el derecho a rectificación y la réplica están garantizadas en el proyecto impulsado por Fundamedios y en el enviado por el presidente Lasso, pero, además, existen garantías constitucionales y en tratados internacionales que garantizan su ejercicio. 

Finalmente, valoramos positivamente el anuncio del presidente de la CONAIE de no entablar un proceso penal en contra de los directivos de La Posta. Creemos que eso abona a desactivar el conflicto y la polarización y va en la línea de construcción de un diálogo democrático.

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La libertad de expresión no es algo acabado, donde todo está escrito y todo está dicho. En realidad, es un derecho en permanente tensión con otros derechos, que se construye o destruye de forma diaria. Los límites de la libertad de expresión son móviles y se establecen a golpe de duras luchas que implican leyes, fallos jurídicos y ese corpus llamado “estándares internacionales”, donde hay sentencias de cortes internacionales, pronunciamientos de expertos, resoluciones de organismos internacionales, interpretaciones, etc.

Todo este debate no es siempre pacífico y tampoco es blanco y negro. Una de las discusiones más vehementes que se tiene hoy mismo  es sobre el discurso de odio que no es lo mismo que lenguaje discriminatorio. 

Este domingo, desde un programa de TV en estreno se insultó al nuevo presidente de la CONAIE, al llamarlo “cabrón”, palabra que se utilizó como un acrónimo de “campesino, anarquista, bronquista, relevante, obsesivo, narcisista”. Puede disgustar a muchos, pero el insulto puede ser una forma legítima de expresión. Las figuras públicas, muchas veces, pueden ser blanco de expresiones injustas, de mal gusto, satíricas, hirientes y los estándares nos dicen que deben ser tolerantes a las mismas. No obstante, también hay un límite para lo admisible, más aún, cuando se tratan de expresiones difundidas en un canal de televisión de alcance nacional, en horario de enorme sintonía y bajo administración estatal. Ese límite es la vulneración a la dignidad humana y la promoción de la violencia.

El propio Artículo 13 de la Convención Americana de DDHH lo señala en su inciso 5to:

Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”

Cuando la ironía se transforma en insulto y este, además, es acompañado de expresiones violentas como lanzar dardos a la imagen de una persona, se ha traspasado el límite y es posible que incluso se haya transgredido leyes expresas que castigan el delito de odio. Y volvemos a repetir los agravantes: en televisión de alcance nacional, horario estelar y bajo administración estatal.

Es por eso que no bastan disculpas por Twitter. El canal de televisión TC Televisión debe hacer un mea culpa sin matices, explicar porque no han funcionado procesos internos de calidad periodística para evaluar los productos que se emiten al aire, más cuando son producidos con dineros del contribuyente.

A su vez, vemos con simpatía el saludable debate iniciado desde diversos sectores periodísticos que han reaccionado señalando, claramente, que la búsqueda indiscriminada y sin límite de audiencia y de réditos económicos no puede reemplazar a la ética y el rigor periodístico. Con ese debate, es justamente como se construye autorregulación, la cual debe conducirnos a un ejercicio inteligente y respetuoso del periodismo.

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La aplicación de una Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en contra de Radio Antena Libre, del Vicariato de Esmeraldas, provocó el retiro de su frecuencia, cinco años después de haber sido aprobada dicha normativa. De este modo, el hostigamiento que inició durante el gobierno de Rafael Correa se concretó durante el gobierno de Lenin Moreno, con la intervención de Arcotel como herramienta de persecución para silenciar a una voz comunitaria con el desfiguramiento de la LOC. Esta es su historia…

 

El 14 de junio del 2013 la mayoría legislativa de Alianza PAIS aprobó la Ley Orgánica de Comunicación.  El discurso oficialista fue que ningún proyecto de ley había sido tan debatido y tan socializado. Sin embargo, para algunos sectores de la comunicación, la normativa no fue conocida en su totalidad, al contrario, fue utilizada por el correísmo para sancionar y perseguir a los opositores. 

El 1 de julio del 2013, la secretaria de Radio Antena Libre, Luz Marina Cifuentes, recibió una llamada del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en la cual le informaron que debía presentar de forma inmediata, ante ese organismo, el documento notariado del representante legal de la Radio. Precisamente, la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de Comunicación estableció que las personas que consten como concesionarios de frecuencias del servicio de radiodifusión sonora y de televisión abierta, en el plazo de treinta días a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, “deberán presentar a la Autoridad de Telecomunicaciones una declaración juramentada en la que conste que la persona natural o jurídica concesionaria es quien utiliza la concesión por lo menos en los dos últimos años”. 

La disposición transitoria estableció que el incumplimiento a esta dará lugar al “inicio del proceso de reversión de la concesión de frecuencia por la Autoridad de Telecomunicaciones». Asimismo, que las declaraciones juramentadas serán entregadas ante la Autoridad de Telecomunicaciones y al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, en cuanto éste entre en funcionamiento.” 

Para esa fecha, el Obispo Eugenio Arellano, quien figura como concesionario de Radio Antena Libre (105.9 FM) de Esmeraldas se encontraba de viaje por España, por lo cual, obtener el documento notarizado era imposible, hasta su regreso a Ecuador. 

Luz Marina Cifuentes mantuvo conversaciones telefónicas con personal de la Autoridad de Telecomunicaciones en las que explicó la situación que atravesaba el Vicariato de Esmeraldas. A su vez, los funcionarios le informaron sobre la urgencia del documento y le dieron la opción de enviar los papeles de la persona que estaba encargada del Vicariato en la ausencia del obispo Arellano y que, apenas regresara el Obispo, podrían hacer la rectificación y cambio del documento.  

Si bien, todas las dependencias de Vicariato Apostólico están bajo la responsabilidad del Obispo Eugenio Arellano, dentro de lo canónico, el Vicario General asume las funciones al momento que el obispo sale del país. El 24 de julio de 2013, el sacerdote encargado del Vicariato de Esmeraldas fue el Padre Silvino Mina Corozo (foto). Él envió al Consejo Nacional de Telecomunicaciones la escritura de declaración juramentada otorgada en donde comparecía en calidad de concesionario y representante legal de Radio Antena Libre.  

“El Vicario General es nombrado por el Obispo y cuando él no está yo asumo las obligaciones” explicó el sacerdote Silvino Mina Corozo. Además, adjuntaron  en la documentación enviada al Organismo de Control una Escritura de Protocolización de nombramiento de Vicario General a su favor, vigente desde 2005.

El Padre Mina Corozo recordó que cuando llegó el Obispo Arrellano enviaron un nuevo documento donde adjuntaron el pasaporte, los pasajes y todos los justificativos. “Apenas llegó Monseñor se procedió a enviar el documento notarizado pero cuando llegamos a las oficinas de Quito el funcionario público con el cual me había contactado telefónicamente fue removido y se quedaron los dos documentos dentro: los del Padre Silvino Mina Corozo y los de Monseñor Eugenio Arellano”, contó Luz Marina Cifuentes. El 20 de abril de 2015, el Obispo Eugenio Arellano envió una declaración juramentada voluntaria donde indicó que es él único representante legal del Vicariato Apostólico de Esmeraldas y, por consiguiente, de la radio Antena Libre, que pertenece al Vicariato. 

DECLARACIÓN MONS. EUGENIO REPRESENTANTE LEGAL

Para el Vicariato de Esmeraldas, el envió de los documentos había quedado subsanado ya que no recibieron noticia alguna, por lo cual asumieron que no existiría futuros problemas con la frecuencia. No obstante, cinco años después, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), a cargo del Gobierno de Lenín Moreno, se valdría de la documentación enviada inicialmente por el Padre Silvino Mina Corozo y de la aplicación de la Transitoria Tercera de la Ley de Comunicación, para quitar la voz a Antena Libre. 

 

Un discurso incómodo y el final de una persecución

El 2018 fue un año particular para el Ecuador: el atentado contra el cuartel de Policía en San Lorenzo (enero), la muerte de tres marinos con una bomba artesanal (marzo), el secuestro y asesinato de los tres periodistas de El Comercio (marzo) y de una pareja de ciudadanos (abril), fueron algunos de los temas tratados en el medio de comunicación. 

El 4 de mayo de 2018 la Arcotel, a través del Oficio CTHB-2018-0431-OF, notificó al Vicariato Apostólico de Esmeraldas sobre el inicio del proceso de terminación del contrato de concesión de la frecuencia por el “incumplimiento” de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Comunicación. Arcotel se valió de la documentación enviada hace cinco años y mantenía el argumento de que “no era el Vicariato Apostólico de Esmeraldas quien utilizaba la frecuencia 105.9 sino que era el Padre Silvino Mina Corozo”, quien en los últimos años “hizo uso de la concesión y operó dicha frecuencia”. 

A su vez Arcotel se le otorgó 15 días para que el Vicariato Apostólico de Esmeraldas presente su contestación expresa, junto con los justificativos y documentos para la defensa de sus derechos. 

Oficio ARCOTEL 4 de mayo 2018

Desde el Vicariato explicaron que se trató de un error administrativo del extinto Consejo Nacional de Telecomunicaciones y que la información fue subsanada apenas el  Monseñor Eugenio Arellano regresó al Ecuador. 

Radio Antena Libre no podía ser ajena a la ola violencia que vivía la zona fronteriza del litoral norte y en sus espacios se reflexionó sobre los acontecimientos ocurridos.  Uno de los discursos difundidos, previos a la ratificación del retiro de su frecuencia, ocurrió el 11 de junio del 2018. El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Monseñor Eugenio Arellano (foto), durante una homilía ofrecida en la Universidad Católica de Esmeraldas lanzó un mensaje contra el abandono y la corrupción que vivía la zona:  

“Los acontecimientos de violencia que estamos viviendo en nuestra zona norte me dan mucho que pensar, mucho que pensar. Ustedes saben mejor que yo que la violencia es un fruto que solo nace, solo se cría en el árbol de la injusticia, otro árbol no da violencia, solo el de la injusticia. Y la violencia que estamos cosechando en la frontera norte nace de la injusticia y del abandono al que ha sido sometido por muchos gobiernos que han ido pasando uno tras otro, y que han ignorado esa facción del pueblo negro”.

Agregó que algunos jóvenes después de años de sacrificio y de estudio “tienen que sucumbir a la corrupción para conseguir un puesto de trabajo (…) Tiene que dar $4.000, $10.000, $12.000 si quiere trabajar en una empresa pública en Esmeraldas. Todos lo sabemos y nos callamos”. 

Una semana después del sermón, el 19 de junio de 2018, Arcotel envió a Monseñor Eugenio Arellano la notificación de la Resolución ARCOTEL-2018-0521 en la cual rechazaron los argumentos de defensa presentados por el Vicariato de Esmeraldas y procedieron a declarar la terminación unilateral y anticipada del contrato de concesión de la frecuencia 105.9 FM, dejando así a la radio fuera del aire.

Resolución ARCOTEL

“De inmediato nos llegó el documento de cierre de la radio luego del discurso de Monseñor Arrellano, nos quedamos con la sensación que fue una dedicatoria” dijo el Padre Silvino Mina.

Así, el 20 de junio de 2018 Radio Antena Libre (105.9 FM) de Esmeraldas quedó fuera del aire por la aplicación de la Transitoria Tercera de la Ley de Comunicación aplicada por la Arcotel, cinco años después de haber sido aprobada dicha normativa y en un gobierno que se vanagloriaba de defender la libertad de expresión. 

El constitucionalista Gabriel Hidalgo calificó de “absurdo” el proceso de reversión de una frecuencia emprendida por Arcotel, pues la frecuencia fue concesionada antes del 2013 cuando fue aprobada la Ley Orgánica de Comunicación y ya existen derechos generados. Desde su visión, la sanción adoptada y la reversión de la frecuencia fueron “medidas exageradas” ya que derechos fundamentales como el ejercicio de la profesión, la libre asociación y los derechos de la comunicación y libre expresión no pueden estar por debajo de una una transitoria, que resulta finalmente en una disposición administrativa que lo que permite es una transición, pero en algún punto se agotan y dejan de existir. 

“No es posible que normas de índole transitoria, que se agotan con el tiempo y que están debajo de la norma, estén por encima de derechos constitucionales y de normas fundamentales, eso no tiene sentido”, señala el constitucionalista. Hidalgo insiste en que “no puede ser que los derechos fundamentales como el de la libre expresión y comunicación estén subordinados a una norma administrativa de carácter perentorio.”

Sin embargo, este acoso sistemático que se concretó con la aplicación de la Ley de Comunicación, durante el gobierno de Lenín Moreno, inició hace una década con Rafael Correa al poder. Durante ese gobierno existió “un accionar permanente  para atacar a la radio”, aseguró el Padre Silvino Mina . 

Según la Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico de Arcotel la frecuencia 105.9 tenía como zona de cobertura toda la provincia de Esmeraldas, con su transmisor ubicado en el Cerro Gatazo, con una potencia de la antena de 2000 watts.  El padre Mina Corozo aseguró que la señal de la radio llegaba a toda la provincia Verde incluido Tumaco, al sur de Colombia. sin embargo una de las  estrategias sutiles de este hostigamiento fue la disminución del alcance de su señal: “Desde la llegada del expresidente Rafael Correa al Gobierno nuestra radio fue poco a poco siendo mutilada, a tal punto que, en un momento, no podía llegar más allá de Atacames al sur y hacia el norte hasta Río Verde. La razón es que a Río Verde y Tonchigüe empezó a llegar Radio Pública”, recordó el Padre Mina Corozo. Asimismo, aseguró que tampoco recibieron una comunicación oficial sobre la disminución de la potencia de la señal: “por más que nos comunicamos con las autoridades, nunca recibimos una respuesta, nos fueron mutilando como quisieron”.

 

Pasado y futuro

Antena Libre fue fundada el 12 de diciembre de 1978 y su cierre se dio luego de cuatro décadas de transmisión al servicio de los esmeraldeños y, precisamente, durante uno de los momentos más violentos que vivió la frontera norte del Ecuador. 

Desde Antena Libre contemplaron en algún momento la emisión de su transmisión por Facebook. No obstante, declinaron en el intento pues no es una opción para una difusión certera en Esmeraldas, una de las provincias con un bajo acceso a internet en el país. Según una encuesta realizada en diciembre del 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos el 30.1% de personas utilizan la computadora mientras que el acceso a internet llega al 25%.

El Vicariato solicitará a Arcotel que revise su caso, pues insisten en que las causales para quitarles la frecuencia fueron insuficientes. “Hay la necesidad de un medio de comunicación del Vicariato que preste ayuda a la comunidad”, sostiene el Padre Silvino Mina Corozo.