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Ecuador, 17 de septiembre. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, y el presidente de la organización y director de Plan V, Juan Carlos Calderón, realizaron una rueda de prensa la mañana del 17 de septiembre para ratificar las irregularidades encontradas en el concurso público de frecuencias, que podrían reforzar la concentración de los medios de comunicación en el país.

Ricaurte recordó que, a inicios de esta semana, Fundamedios presentó una investigación que detectó que el mismo esquema de concentración de frecuencias –que observó la Contraloría General en el concurso del 2016 se repite– beneficiando al magnate Ángel González, alias “El Fantasma”.

Sobre la Declaración Responsable, que permitirá a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) revisar todas las declaraciones realizadas por los participantes luego de la adjudicación de las frecuencias, Fundamedios considera que es una equivocación ya que la concesión de frecuencias no es un trámite administrativo sino un concurso, por lo que no se podría aplicar un requisito establecido para simplificar trámites que se hacen de forma habitual ante los ministerios.

Ricaurte aseguró que “el espectro radioeléctrico se relaciona a la libertad de expresión” y que las autoridades tienen todas las herramientas legales en la Constitución, la Ley de Comunicación, la Ley de Telecomunicaciones, en las atribuciones que se le da al ARCOTEL y en las mismas bases del concurso para actuar de forma inmediata. “Actuar a posteriori, sería faltar a la buena fe pública: “el momento que entreguen el título habilitante generan derechos. Los concesionarios, si se les intenta revertir ese título habilitante impondrán todos los recursos posibles y no devolverán las frecuencias, pacíficamente”, explicó Ricaurte. Eso es lo que ya pasa con el mismo Fantasma Goznález y frecuencias irregulares de TV que se le ha intentado revertir.

Las pruebas de la concentración de medios son contundentes y fueron presentadas por Juan Carlos Caderón, quien aseguró que, desde su creación, Fundamedios vigila los concursos de frecuencias y que, luego de 15 meses, el nuevo proceso no ha subsanado las observaciones realizadas por la Contraloría”. La investigación de Fundamedios constató que Ángel González compite por nueve emisoras matrices con alcance nacional y que juntas suman 19 repetidoras en provincias, para un total de 28 frecuencias”.

Según la investigación de Fundamedios estas nueve empresas nacionales, que compiten por las frecuencias, cuentan con 8 compañías accionistas con sede en Uruguay. Seis de estas se ubican en la misma dirección que se encuentra en el patio trasero de un estudio de contadores.

Fundamedios hace un llamado al Mintel y al Arcotel para que, en lugar de entrar en ataques o descalificativos personales, expliquen al Ecuador y actúan realizando un control previo de los antecedentes de los participantes del concurso. Como periodistas aportamos información válida, documentada y pertinente para que las autoridades puedan actuar. 

Ricaurte recordó que es importante tener un concurso de frecuencias democrático, transparente y legal, auspiciado por la ley, porque las frecuencias son propiedad del Estado ecuatoriano y es un patrimonio nacional por lo que deben ser concesionadas de manera transparente. 

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Ecuador, 4 de septiembre de 2020.- La Secretaría Técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mediante la Resolución Nro. CPCCS-STPCS-2020-0002-RES de 31 de agosto, ratificó la participación de Roberto Wohlgemuth Jarrín, alias @mashiroberto, con lo cual esa veeduría perdió los últimos resquicios de legitimidad que pudo haber tenido en algún momento. 

Fundamedios señaló que “@mashiroberto fue y sigue siendo uno de los operadores más agresivos del aparato de propaganda del correismo, especializado en el manejo distorsionado de redes sociales y la generación desinformación”, tal como lo detectó una investigación académica que sirvió de base para que Facebook diera de baja 41 cuentas, 77 páginas, y 56 cuentas de Instagram por coordinar comportamientos “no auténticos” a nombre una institución extranjera o gubernamental, las actividades tenían origen en la empresa Estraterra, fundada por Roberto Wohlgemuth.

El 15 de julio Paola Ivonne Pacheco solicitó al CPCCS se revisen los requisitos y prohibiciones de Wohlgemuth, ya que sostenía que tenía conflictos de interés con el objeto observado.  Ella mencionó dentro de su sustentación la nota de prensa del Portal Primicias del 8 de julio del 2020 que informó que Facebook eliminó cuentas de una red de contenido falso que funcionaba en Ecuador.

El reportaje menciona que las investigaciones internas de la Red Social encontraron vínculos entre las personas detrás de esta red y consultores políticos y exfuncionarios de Ecuador y Estraterra que tiene base  en Canadá y que tiene entre sus exaccionistas a @mashiroberto. “El CPCCS se basa en un tecnicismo para devolver la calidad de veedor a @mashiroberto, el hecho de que la denunciante hace uso de una fuente indirecta, cuando perfectamente el CPCCS pudo haber pedido información directa a Facebook o a los autores de la investigación que es el laboratorio de Investigación Digital del centro Atlantic Council”, señaló César Ricaurte de Fundamedios. “no ha existido ninguna voluntad real de investigar y eso demuestra que la veeduría ha intentado ser manipulado desde el principio con lo cual pierde toda legitimidad”, añadío el vocero de la organización.

El 3 de agosto Wohlgemuth fue notificado con la suspensión como miembro de la veeduría, solicitándole a la vez remitir en el término de 10 días sus pruebas de descargo, que fueron presentadas el 17 de agosto de 2020. Entonces explicó que los datos acreditados sobre su participación como socio fundador de la compañía Estraterra S.A. se realizaron hace más de 4 años y “nada tienen que ver con la condición de veedor ciudadano; y por sí mismo, el hecho de fundar esta empresa, no constituye un hecho ilegal y menos aún violatorio”. Recordó además que desde 2018 ya no es accionista de la empresa, pues transfirió sus acciones.

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. Y desde la organización se rechazó la presencia de ‘@mashiroberto’ en la entidad.

 El primer coordinador de la veeduría fue Héctor Velazco, quien en el concurso del 2016 tramitaba ante el vicepresidente de esa  época y actual reo por cohecho, una frecuencia de radio FM.

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Ecuador, 19 de agosto de 2020.- La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha notificó el 18 de agosto a radio Pichincha Universal que la acción de protección presentada por el medio de comunicación en contra de la Agencia de Regulación y Control y de las Comunicaciones (Arcotel) que dispuso la extinción de su título habilitante fue revocada.

En un documento de 31 páginas se establece que se aceptan los recursos de apelación interpuestos por Jorge Carrión Pazmiño, en representación de la Arcotel; y de Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. Con base en ello, se revoca la sentencia dictada por el juez Mario Cadena Escobar, “por no existir vulneración de los derechos alegados”.

El relator especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, tuiteó que hace 10 meses desde dicho organismo se indicó que la suspensión preventiva de un medio de comunicación es desproporcionada. “Sin debido proceso que pruebe promoción de violencia. Sería poco razonable no esperar decisión/fondo», enfatizó.

En marzo pasado, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Arcotel. Las medidas se tomaron tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019, en el marco del paro nacional en contra de las medidas económicas del Gobierno.

Según la institución, las frases y opiniones instaron a la protesta, la paralización del transporte público y la toma de las calles; el programa radial aprobó las acciones de los manifestantes; el medio de comunicación no intervino como mediador ni motivó un diálogo ciudadano respetuoso y responsable; y se emitió en una franja horaria de protección a niñas, niños y adolescentes.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, durante una rueda de prensa aseguró el 19 de agosto que interpondrán ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección con el objetivo de que se garantice el derecho a la libertad de expresión y el debido proceso. 

El 12 de marzo, Fundamedios publicó un especial que expone que las interpretaciones del informe que sancionó a la emisora son subjetivas y arbitrarias. Frank La Rue, exrelator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y director de Derechos Humanos e Incidencia de la organización, recalcó que la cobertura y el despliegue informativo en torno a las protestas forman parte del derecho a la libertad de expresión. Si un ciudadano usó la radio como canal, a través de una llamada al aire o en vivo, es legítimo. “No se puede intervenir ni silenciar a la radio por eso; a quienes están en el poder, normalmente esto les disgusta pues las movilizaciones suelen ser en su contra”.

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Ecuador, 18 de agosto de 2020.- Han pasado 42 días desde que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anunció la conformación de una veeduría ciudadana para vigilar el proceso público para el otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión de señal abierta para el funcionamiento de los medios de comunicación y las novedades continúan.

A través del oficio CPCCS-SNCS-2020-0236-OF, el CPCCS informó el 14 de agosto a Rodrigo Aguirre, director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel); y a Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la renuncia de un veedor y la incorporación de cuatro nuevos integrantes.

Se trata de María José Ramírez Campos, quien conformó dicha veeduría desde sus inicios, y presentó su renuncia irrevocable el pasado 10 de agosto. En el comunicado no consta la salida de Raúl Fernando Cabrera, que fue confirmada a FUNDAMEDIOS por el ahora exveedor. 

Cabrera sostiene que el trabajo de la entidad fue poco significativo y apunta hacia funcionarios de Acortel quienes habrían excluido a los veedores de las etapas del concurso. “Han asumido como que la veeduría solo debe firmar lo que ellos hagan al final de cada etapa para avalar, sin la posibilidad de haber examinado o participado en los procesos”, aseguró.

La lista de los vigilantes actuales del proceso es: Carlos Alberto Larrea Naranjo, Patricio Xavier Villacís Villafuerte, Katia Beatriz Murrieta Wong y Dixan Sánchez Blanco, quienes se incorporaron el 14 de agosto. Además, están Bernardo Francisco Cañizares, Washington Oswaldo Dután, Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo Emilio, Fernando Uzcátegui Jiménez, Fernando Andrés Villacrés Castro, Roberto Wohlgemuth Jarrín, Lenin Eduardo Saguay Sanaguano y Xavier Olmedo Barragán Martínez.

Según el Oficio del CPCCS, Wohlgemuth Jarrín aún figura como veedor del proceso, pese que el mismo organismo informó la suspensión de dicha nominación, a través de un boletín de prensa, el 3 de agosto. Esto luego de que el pasado 8 de julio Facebook lo identificó como uno de los grandes operadores de las granjas de trolls para desinformar.

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. 

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Ecuador. 14 de agosto del 2020. El Comité Interinstitucional para la Protección del Periodista y los trabajadores de la Comunicación se reactivó la noche del 11 de agosto, como una respuesta articulada al conjunto de agresiones que se han dado en los últimos días en contra de comunicadores del país.

Tras una hora de reunión virtual, los representantes del Gobierno y Sociedad Civil analizaron la importancia de precautelar la integridad de los periodistas y garantizar mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo. 

Entre los principales acuerdos están la integración de un representante de la Fiscalía General y del Consejo de la Judicatura y, de ser el caso, la intervención policial para brindar protección y acompañamiento.  La Ministra del Gobierno María Paula Romo se comprometió en realizar los acercamientos necesarios para cumplir con este acuerdo.   

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios aseguró que las agresiones contra la prensa han incrementado y que existe un componente de impunidad que es necesario combatir: “Se debe hacer seguimiento de los casos para que se castigue a los culpables y se genere un mensaje de que las agresiones contra la prensa no serán toleradas”, dijo.

FUNDAMEDIOS realiza un monitoreo a los ataques y agresiones contra periodistas, los primeros siete meses del 2020 se han emitido 106 alertas. Juan Carlos Calderón, presidente de la Organización, sostuvo que las medidas de protección por parte del Gobierno son necesarias para impedir que las amenazas crezcan y se conviertan en riesgos reales.

Este Comité se creó en abril 2019 tras los acontecimientos de abril de 2018, en los cuales un equipo periodístico de Diario El Comercio fue asesinado mientras realizaba una cobertura en la frontera entre Ecuador y Colombia.

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Ecuador, 7 de agosto de 2020.- Fundamedios entregó a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional y al grupo multipartiditas de Asambleístas por la Transparencia y el Acceso a la Información el texto del anteproyecto de nueva Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, LOAIP como una herramienta de lucha contra la corrupción y como garantía del Derecho Humano fundamental de todos los ecuatorianos. 

El Presidente de la Asamblea y los diversos legisladores presentes y sus equipos técnicos se comprometieron a darle un tratamiento prioritario con el objetivo de que la nueva Ley sea aprobada en el actual periodo legislativo. 

El anteproyecto fue construido a través de un riguroso trabajo de análisis comparativo de las legislaciones más avanzadas del Hemisferio elaborado en cooperación con el programa TrustLaw de la Fundación Thompson Reuters y la coordinación del Estudio Jurídico Ferrere. Además, de la permanente consulta a expertos como el Ex-Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue. La nueva LOAIP ecuatoriana sería la primera Ley de la Región en aprobarse atendiendo los avances y estándares establecidos por la OEA en la llamada Ley Modelo 2.0. 

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, explicó que el documento consta de nueve capítulos. Su objeto es promover y garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública, fomentar la transparencia y contar con una herramientas de primera línea en la lucha contra la corrupción.

Entre los puntos más novedosos está la creación de una Superintendencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano independiente e imparcial con autonomía administrativa y financiera que garantice el acceso y la protección de información personal.

Entre sus responsabilidades está velar por el cumplimiento de los términos señalados, vigilar que la información entregada no sea incompleta, incomprensible o poco accesible y evitar que la información que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial sea denegada. Además, se propone multas de 1 a 20 salarios básicos unificados (SBU) para quien viole la norma. 

Frank LaRue, quien es también director de Defensa y Derechos Humanos de Fundamedios en Estados Unidos, mencionó que es vital actualizar y modificar las leyes de acuerdo a los avances de  los tratados internacionales y otras condiciones como el desarrollo tecnológico.

“Gran parte del éxito de una ley está en el tipo de una autoridad o responsable que se establezca en ella (…) La creación de una Superintendencia como ente autónomo es importante y la autonomía de ese órgano es lo más importante para garantizar la transparencia”, insistió. 

Por su parte, el Presidente del Legislativo felicitó la propuesta que nació de la sociedad civil. Litardo ratificó su compromiso para ingresar el anteproyecto con celeridad al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que sea calificado y pase a la comisión correspondiente. 

Asambleístas como Lourdes Cuesta, Héctor Muñoz, Héctor Yépez, Ana Belén Marín, Dennis Marín, Jeannine Cruz, Wilma Andrade, Cristina Reyes, expresaron su apoyo a la Ley y su voluntad de respaldar con sus firmas el ingreso a trámite parlamentario. En total son 16 Asambleístas que conformaron hace algunas semanas el Grupo Parlamentario por el Acceso y la Transparencia. 

Para revisar el anteproyecto, ingrese aquí.

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Ecuador, 31 de julio 2020.- Cuando un periodista cubre temas de salud mental debe cuidar, respetar a sus fuentes y establecer un vínculo de confianza para comprender lo que le ocurre emocionalmente a quien entrevista. Esta fue una de las lecciones que impartieron Myriam Vidal y Rodrigo Pérez, ambos ganadores de la beca Rosalynn Carter 2019 de la Fundación Gabo, por una investigación sobre el impacto en psiquis de los migrantes en la frontera entre México y EE.UU. 

Vidal es periodista freelance en The New York Times en Español y Medscape en Español y Pérez es reportero en la revista Quanta y coordinador de la sección de español de The Open Notebook. Los comunicadores fueron los talleristas del segundo webinar ‘¿Cómo cubrir y escribir sobre salud mental mientras sobrevives a la pandemia?’, organizado por Fundamedios, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Chicas Poderosas Ecuador y Nos Faltan 3. El encuentro gratuito convocó a más de 70 participantes en línea. 

Ambos concordaron en que hay que trabajar en el uso correcto de las definiciones de las enfermedades mentales para no estigmatizar. A su criterio, uno de los temas más polémicos para reportear y escribir es el suicidio. Por ello consideran que el uso de imágenes e ilustraciones incide en cómo el público percibe un reportaje. Por ejemplo, si se habla de las formas más comunes de morir por suicidio, esto podría generar una ola de reacciones en cadena como está comprobado, según Pérez.

En estos casos, lo correcto es decir “murió por suicidio” y no “se suicidó”. La razón es que esa muerte es el resultado de una una serie de trastornos que van más allá del control de la persona. Decir “se suicidó”-para los expertos- es culpar a un individuo por estar enfermo.  

Pérez y Vidal recomendaron no revictimizar a los entrevistados porque podría generar rechazo. Expresiones como “lo entiendo” pueden terminar con el lazo de confianza alcanzado. Tampoco es recomendable preguntar a quien padece un trastorno cuál es la sintomatología, qué siente cuando tiene depresión, cómo sabe que está ansioso. 

Este tipo de preguntas acrecientan el dolor. Preguntar sobre el entorno, estilo de vida y círculo cercano da más pistas para entender sus posibles trastornos. “Todas esas historias deben ser tratadas con dignidad”, dice la colaboradora de NYT

Los reportajes deben brindar una opción de ayuda: un teléfono de contacto, una página web de apoyo es una manera de cerrar un reportaje.

Este segundo webinar fue parte de un programa gratuito de salud mental que Fundamedios, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Chicas Poderosas Ecuador y Nos Faltan 3 lleva adelante como apoyo a los periodistas ecuatorianos que cubren la pandemia en el marco de la COVID-19. 

 

Si deseas acceder al primer webinar ‘Salud mental y periodismo: una mirada desde la ciencia’, dictado por la psicóloga Yahira Guzmán, míralo acá: 

Además, te invitamos a escuchar el podcast Buscando el equilibrio emocional de Al Grano Press donde escucharás testimonios y recomendaciones de psicólogos y terapeutas alternativos.

También tenemos disponible un panel sobre salud mental durante la Pandemia que se transmitió en el espacio “La Regla del Pomodoro” de AlGrano.press.

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Ecuador, 30 de julio, 2020.- En América Latina, el acceso a la información está garantizado en las constituciones, leyes complementarias y en tratados internacionales. El compromiso de los actores e instituciones que ponen a disposición la información al ciudadano es clave para hacer cumplir este derecho. No obstante, hay excepciones como la privacidad y la protección de datos personales, elementos que fueron analizados en el foro Derecho de Acceso a la Información en América Latina.

Este 29 de julio se desarrolló el encuentro virtual impulsado por Fundamedios, el programa TrustLaw de la Fundación Thomson Reuters, FERRERE y Abogados, moderado por la periodista ecuatoriana Thalía Flores. En el espacio participaron Federica de Llano, asociada en Philippi, Pietrocarrizosa, Ferrero DU & Uria; Pedro Córdova, director del Área de Propiedad Intelectual, Life Science y Data Privacy de FERRERE en Ecuador;  Isabel Ortiz Monasterio, asociada senior de Ritch, Mueller, Heather y Nicolao, S.C. y experta en protección de datos personales, de México; y María José Arancibia, experta en protección de datos y privacidad, en Chile y fundadora de Obrero Digital, que brinda apoyo a empresas basada en soporte de digitalización y herramientas legales.

De Llano se refirió a las obligaciones y alcances de los sujetos que entregan información pública. En Colombia, las entidades judiciales, ejecutivas y legislativas, independientemente de su ordenamiento territorial, deben hacerlo. En segundo lugar estarían los órganos independientes y autónomos; en tercer lugar las personas naturales o jurídicas que ejercen una función pública, así como las empresas o sociedades creadas por el Estado que administren fondos estatales. 

Para la experta es primordial que se respete la transparencia activa, que los sujetos o entidades que custodian la información brinden la apertura necesaria para divulgarla o presentarla, incluso aquello que no está visible en portales digitales,  con excepción de la información clasificada y confidencial. 

En su intervención, Pedro Córdova, Director del Área de Propiedad Intelectual, Life Science y Data Privacy de FERRERE mencionó que Ecuador está suscrito a la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que su artículo 13 garantiza el derecho a recibirla y difundirla. Para Córdova, es un avance que en la Constitución ecuatoriana se reconozca la Acción Constitucional de Acceso a la Información Pública que permite al ciudadano solicitar al juez que se respete, cuando este se haya visto vulnerado. Eso sí, como lo explicó el experto, en Ecuador también hay excepciones en la divulgación como la información confidencial y reservada. Aunque en el país aún no existe una Ley de Protección de Datos Personales, hay disposiciones que la garantizan, especialmente, en el sigilo bancario. 

Sobre la ponderación entre el derecho al acceso a la información y el derecho a la privacidad y protección de datos personales, María José Arancibia Obrador, cree que hay una línea muy delgada. Chile cuenta con dos normas relevantes: la Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia. La experta explicó que la primera agrupa varios elementos que ayudan a dilucidar si los datos que tiene la administración son de carácter personal y deben ser entregados o no. 

Arancibia destaca que en la Ley de Transparencia hay un principio de divisibilidad, que permite hacer una entrega parcial de la información y censura aquella que no es pública. En el país austral también existe el derecho a la proporcionalidad y el test de daño que evalúa si la información es eficaz o no para cumplir con la transparencia. 

Por su parte, Isabel Ortiz Monasterio, asociada senior de Ritch, Mueller, Heather y Nicolao, S.C. experta en Protección de Datos Personales de México, comentó que en ese país, al ser federal, cada uno de los 32 estados garantizan el derecho a la información tanto en el sector público como privado. 

El órgano garante es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y tiene competencia para conocer asuntos relacionados con el Derecho a la Información y con la Protección de Datos Personales,  cuenta con personalidad jurídica propia y garantiza que se entregue la información pública que haya sido solicitada por el ciudadano, así como también el uso adecuado de los datos personales; sin embargo, una de sus limitaciones es la imposibilidad de emitir leyes en materia de acceso a la información y protección de datos personales. 

El foro fue organizado como parte de la Hoja de Ruta institucional para la presentación, debate social y parlamentario para la aprobación en la Asamblea Nacional de una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública como fundamento en la lucha contra la corrupción y la garantía adecuada del derecho ciudadano a saber. 

 

 

 

 

 

 

 

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Ecuador, 24 de julio 2020.- Hablar de salud mental, enfermedad mental y periodismo, hasta hace algunos meses, era un tema lejano, pero a raíz de la COVID-19 se ha convertido en una discusión necesaria para quienes están en primera línea. Por ejemplo, los periodistas quienes han tenido que adaptarse al teletrabajo, al encierro y al miedo constante al contagio. 

Fundamedios, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Chicas Poderosas Ecuador y Nos Faltan 3 unieron esfuerzos para diseñar un programa gratuito que a través de webinars entregue conocimiento y herramientas a los reporteros. El objetivo es conocer mejor las temáticas relacionadas a salud mental y cubrir la pandemia con una mirada holística. 

Yahira Guzmán, docente y psiquiatra de la Universidad de la Sabana (Colombia) y administradora de la beca Rosalynn Carter junto a la Fundación Gabo, fue la tallerista de ‘Salud mental y periodismo: una mirada desde la ciencia’. En el encuentro virtual compartió con más de 100 periodistas ecuatorianos y estudiantes de Comunicación. 

Para la experta es necesario que la población comprenda la importancia de la salud mental. La define como “tener una calidad de vida adecuada” con el funcionamiento correcto de la parte física, el comportamiento adecuado en el trabajo, en la familia; tiene énfasis en alcanzar un estado de bienestar y vivir en paz. Si alguno de estos factores está alterado, podría tratarse de un trastorno o una enfermedad mental, que es lo que actualmente, se observa con la ansiedad, el estrés y la depresión. 

A lo largo de la historia, las enfermedades mentales han sido estigmatizadas y eso se debe al poco conocimiento alrededor de ellas. Según Guzmán, se suele pensar que una persona con esquizofrenia es peligrosa y está asociada a actos delictivos. Otros creen que padecer de una depresión es una invención del individuo y se cura con una charla. Esto se suma a tratamientos limitados de las enfermedades mentales en los años 50, en donde se asociaba este factor con imágenes de manicomios y dopajes.

Para la psiquiatra, el primer reto para el periodismo es hacer un abordaje que rompa el estigma e informe que las enfermedades mentales son tratables. “Debemos quitar la terminología como ‘el loco’, ‘el esquizofrénico’, etc y crear estrategias para quitar etiquetas. Eso no construye, sino destruye”. 

La ansiedad y depresión son las afecciones que más se dispararon en el contexto de la pandemia. Guzmán reconoce que los periodistas, por la naturaleza de su trabajo, están sometidos a niveles de estrés altos y es necesario que manejen estos conceptos no solo para entender a su entrevistado, sino para reconocer el momento exacto en que laboralmente están agotados y deben parar. 

La mezcla de actividades repartidas entre el trabajo, los quehaceres domésticos, el cuidado de los niños genera una sensación de falta de control y en ese aspecto la psiquiatra recomienda tener un estilo de vida saludable, realizar deporte, manejar  la frustración y el cansancio conversado con pares y  buscar una actividad lúdica. 

Es importante reconocer aquellos síntomas que podrían advertir que algo no funciona bien, como la alteración del sueño, dolor de cabeza constante e irritabilidad que podrían desencadenar en trastornos mentales. Saber detectar estas señales a tiempo incidirá en la búsqueda de un tratamiento temprano, pues el autocuidado es una pieza angular para alcanzar el bienestar emocional.

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Ecuador, 22 de julio, 2020.- Fundamedios coordinó una mesa de diálogo en torno al ‘Órgano rector en acceso a la información y protección de datos’, con la finalidad de examinar las opciones para contar con un ente independiente y autónomo que garantice el cumplimiento de la ley.

El encuentro virtual, desarrollado este 21 de julio, contó con la participación de  Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Frank LaRue, director de Defensa y Derechos Humanos de Fundamedios y exrelator especial de la ONU; Francisco Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México; María Paula Romo, ministra de Gobierno de Ecuador;  Fernando Flores, presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional; Lorena Naranjo, directora Nacional de Registro de Datos Públicos, entre otros invitados. Fue conducido por el Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte.

Desde la mirada de los participantes, debe existir un órgano independiente capaz de asumir las funciones de garante de la protección de datos personales y el derecho a acceder a la información. Para Frank La Rue, lo importante es contar un ente rector que sea independiente, mejor si es colegiado e integrado por máximo siete miembros -elegidos periódica y escalonadamente- para que el nivel de independencia frente al poder político sea efectivo.

El Relator Edison Lanza destacó la importancia de la existencia de un órgano que supervise el ejercicio del derecho a acceder a la información y protección de datos. Coincidió con el representante de Fundamedios en que debe ser independiente, especializado, autónomo financieramente. En este contexto, enfatizó en la necesidad de actualizar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso  a la Información Pública (Lotaip), vigente desde 2004.

Francisco Acuña, del INAI de México, expuso el ejemplo mexicano. Afirmó que defiende la autonomía y puso a disposición de las autoridades legislativas la posibilidad de un intercambio de experiencias con el Instituto.

Por su parte el Presidente de la Comisión de Soberanía, Fernando Flores,  aseguró que la redacción de la norma tiene un avance del 90 % y ha sido construida con los aportes de actores como expertos de la Comisión Europea, legisladores latinoamericanos, juristas y representantes de asociaciones de protección de datos, sociedad civil y academia. 

Para María Paula Romo, el acceso a la información y la protección de datos son temas fundamentales para el actual Gobierno. La Ministra indicó que el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales fue presentado como iniciativa del Ejecutivo, preocupado por la exposición de la ciudadanía a filtraciones y robo de información. Al ser Ecuador uno de los pocos países sin una norma que garantice esa protección, recalcó que espera que la norma sea aprobada en el actual periodo legislativo.

Lorena Naranjo, titular de la Dinardap, insistió en la urgencia de la aprobación de la Ley; sobre todo en el contexto actual donde existe mayor generación de información personal.

El encuentro contó con la participación de más de 40 invitados entre expertos internacionales, autoridades, periodistas, representantes de la sociedad civil, academia y embajadas.

Fundamedios seguirá acompañado el proceso de construcción de dos leyes que son fundamentales para la garantía de dos derechos: privacidad y acceso a la información, que son absolutamente necesarias para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.