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El Alcalde de Quito fue una de las figuras que motivaron las observaciones de Contraloría para dar de baja el concurso de frecuencias de 2016.  Sin embargo, el modus operandi se repite este año: busca conseguir medios a través de parientes, socios o empleados y vuelve a figurar a través de un esquema de testaferrismo como otro de los grandes beneficiarios del espectro radioeléctrico en el Ecuador. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS es la tercera parte de tres entregas que revelan los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país.  

 

16 de noviembre de 2020

No es un secreto a voces. En 2016 la Contraloría General del Estado expuso que un grupo societario pretendía acaparar 42 frecuencias de radio FM,  a través de 12 empresas, un sistema que podría calzar dentro de la categoría de testaferrismo. Entre las empresas vinculadas a este se encontraba “Radio Canela S.A”, marca a la que, directa o indirectamente, puso los reflectores en la figura del actual alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien al igual que ‘El Fantasma’ González, podría ser otro de los beneficiados del concurso de frecuencias 2020. 

Poco ha cambiado desde que el  informe de la Contraloría General del Estado (CGE), realizado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017, desnudó las irregularidades en el proceso y señaló que se abrió la puerta a la concentración de frecuencias en manos de tres grupos empresariales. Entre ellos relucieron marcas como Ecuaenlace S.A, Canela S.A, Lesotho S.A., etc. Aunque en el reporte no se identificó a los accionistas de los conglomerados por su nombre, sí señaló sus cédulas de identidad. Estas pertenecían a Jorge Yunda, burgomaestre de la capital, Lilia Yunda Machado (hermana),  Jorge Sebatian Yunda Yunda (hijo) y Beatriz Enriqueta Machado  (madre). 

Así, el informe de la Contraloría expuso que las empresas del denominado “Grupo A” estaban vinculadas al alcalde de Quito:

Además, la Contraloría identificó que:

A pesar de los hallazgos presentados por el organismo de control, se detectó que “no verificaron en la primera fase, el cumplimiento de las inhabilidades motivos de descalificación establecidos en las bases del concurso, por consiguiente, afectaron el objetivo del concurso convocado el 12 de abril de 2016 (…) Al no garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los postulantes, dejando abierta la posibilidad que se de la concentración de frecuencias”.    

Quince meses después casi todo continúa igual. De las 16 empresas vinculadas a Jorge Yunda, y revisadas por Fundamedios, ocho están nuevamente a concurso y, de ellas, siete ya fueron identificadas previamente en el informe de Contraloría. 

Una de las recomendaciones principales del Organismo de Control decía: “para futuros concursos públicos, previa a la calificación de postulantes, verifique el cumplimiento de las inhabilidades y motivos de descalificación”.

Sin embargo, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, junto con el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Xavier Aguirre, en una rueda de prensa el pasado 17 de septiembre, para responder a la investigación presentada por Fundamedios sobre la presencia de Ángel González en el actual concurso, aseguró que se han acogido las recomendaciones de la Contraloría, y que para este proceso se incluyó una cláusula denominada “Declaración Responsable”, que permite revisar que todas las declaraciones realizadas por los participantes cumplan con lo estipulado en la Ley. Además, dijo que actuarán después de que adjudiquen las frecuencias, en el caso de encontrar irregularidades. 

Los Yunda y sus testaferros

El informe de la Contraloría no sólo reveló las irregularidades en el proceso, también expuso que Jorge Yunda pretendía obtener medios a través de parientes, socios y empleados. Todavía hoy sus hijos y familiares figuran como administradores y accionistas de cinco empresas. Ellos son: Lilia Yunda Machado (hermana), Gabriel Yunda Padilla, Jorge Sebastian Yunda Yunda (hijo), Beatriz Enriqueta Machado (madre), y Luis David Yunda Machado (hermano)

Solo en una de ellas, Radio Canela S.A. (106.5 FM), el actual alcalde aparece como accionista desde 2015. Esta compañía fue constituida el 6 de marzo de 2008 en Quito por la madre del alcalde, quien es actual presidenta de la empresa. En ese periodo Yunda era presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Cornatel) entre 2007 y 2009.

Radio Canela S.A. también fue mencionada en el informe de Contraloría revelando que esta mantiene relación de dependencia con las empresas relacionadas al Grupo B. Asimismo, los gerentes generales también mantenían relación de dependencia con las siguientes empresas:

Entre Contraloría y Arcotel se contradicen. El mismo informe publicado en 2018 la Contraloría detalla que “Radio Canela S.A. con RUC 1792129265001 (…) no tiene asignada una frecuencia”. Sin embargo, según Arcotel en febrero de 2019 resolvió dar por terminado el contrato de concesión del dial 106.5 en Quito como “Canela Radio Corp”. Entonces ¿cómo se revierte la concesión de una empresa que no posee frecuencia?  

Continuando con el árbol familiar y empresarial. Lesotho S.A es otro ejemplo de que todo ha quedado en familia, esta compañía fue creada en 1998 en Guayaquil, y actualmente tiene como accionistas a Luis David Yunda Machado (hermano) y a Beatriz Enriqueta Machado Orozco (madre). Además, participa en el concurso por la frecuencia 90.5.

El alcalde Yunda fue accionista de esta empresa hasta 2007. El informe de la Contraloría decía que esta empresa tenía como presidenta a la madre de Yunda, quien figura como accionista de Radio Canela S.A. y de la empresa Telecanela S.A, la cual tenía la frecuencia 105.7 en Loja y fue disuelta, según consta en la Superintendencia de Compañías, en ella se configuraban como accionistas Luis David Yunda Machado (hermano),  licenciado en producción de televisión y medios digitales, y Lilia Yunda Machado, economista (hermana).  

Además, Luis David es accionista de All Publicidad & Marketing S.A., una empresa constituida en 2016 en Guayaquil, que tiene varias actividades en torno a la publicidad. Y de Telecanela S.A empresa actualmente disuelta.  

Fundamedios verificó, además, en el portal de la Superintendencia de Compañías para constatar si al 2020, los accionistas de las 46 frecuencias que buscaba obtener Yunda en 2017, siguen siendo los mismos o se han sumado nuevos nombres. La organización ubicó a 7 nuevos accionistas: Luis Noboa Haro, Marco Antonio García Gallardo, Diego Eduardo Paucar Valvidieso, Mario Oswaldo Amaguaya Romero, Jossellyn Rosmarie Sierra Quijije y Telma Solanda Valle Mera.

El perfil de los nuevos accionistas que tienen relación con Yunda Machado y su empresa de medios son los siguientes: 

Telma Solanda Valle Mera y Jossellyn Rosmarie Sierra Quijije son accionistas de Radio Eventos y Canela Piel del Ecuador Aspengtas S.A., respectivamente, no se ha logrado determinar alguna relación cercana con Yunda. 

Jossellyn Sierra consta en la Senescyt como Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Chimborazo y máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad Carlos III de Madrid. No tiene RUC activo. Telma Valle, en cambio, es licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad Historia y Geografía de la Universidad Técnica de Manabí y profesora de segunda enseñanza, especialidad Historia y Geografía de la misma universidad. Graduada en 2002. 

Mientras que Mario Oswaldo Amaguaya Romero, accionista en Canela Piel del Ecuador Aspengtas S.A., sí tiene una relación muy estrecha con el Alcalde, pues incluso aparece en fotografías junto al Colectivo Colonial, una agrupación ciudadana que ayudó al funcionario a llegar a la Alcaldía.

Amaguaya no tiene registro de título en la Senescyt y tiene el RUC suspendido como persona natural en 2017. Actualmente es funcionario directivo 3 del Municipio de Quito con una remuneración mensual de 3.700 USD y anual de 44.400 USD. Aparece con Yunda en su foto de portada en Facebook y en 2019 posan juntos en las fiestas de Nayón. 

El Constitucionalista Ismael Quintana sostiene que el artículo 230 de la Constitución establece un Régimen General de Prohibiciones para los funcionarios públicos entre las que se establece el nepotismo y trabajar simultáneamente en otro cargo público, a excepción de la docencia, y que el artículo 232 además establece que no podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. En general, Quintana sostiene que la prohibición se cumple siempre y cuando exista un interés contrapuesto.

Otro caso es el de Marco Antonio Gallardo Garcia, doctor en medicina y especialista en cirugía. Estudió en la misma universidad que Yunda, la Universidad Central del Ecuador. Esperanza Beatriz Valarezo Ortiz, quien era  accionista desde 2011 de Ecuaenlace S.A, le cedió el 23 de mayo de 2019 sus acciones al doctor Marco Antonio Gallardo, actual accionista. 

Siguiendo la misma línea, Diego Eduardo Paucar Valdivieso (31 años) , es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). En 2011, pasó a ser accionista luego de que Rocío del Pilar Lara Miranda le cediera sus acciones de Gamboa Comunicación Total Cía. Ltda., empresa que tiene Radio Canela Esmeraldas (99.5). En 2018, la empresa tuvo un memorando por parte de la Arcotel, pues se realizaron transferencias de acciones sin autorización previa.  La Arcotel dispuso cancelar el contrato de concesión de la frecuencia 106.5 en Pichincha y de las repetidoras en Esmeraldas y Santo Domingo. A su vez, Paucar es accionista de Dashboard Community S.A., una empresa que realiza actividades de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad.  

JH Radio FM Pintractu S.A. es la empresa concesionaria de la frecuencia (106.5 FM) de la provincia de Tungurahua y fue constituida por Jorge Yunda. En 2018, Johanna Parra Cardenas, le transfirió las acciones por $392 a Luis Fernando Noboa Haro, uno de los nuevos accionistas.   

La historia de Factualti S.A.

La historia de esta emisora, que forma parte del emporio mediático de Canela, revela cómo a través de argucias legales se deja sin efecto las recomendaciones claras de los organismos de control y de esta manera evaden responsabilidades y mantienen la concentración de frecuencias. 

A través de las Resoluciones No. ARCOTEL-2018-0803 de 20 de septiembre de 2018, y No. ARCOTEL-2019-0081 de 06 de febrero de 2019 el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, resolvió Iniciar el proceso de terminación del contrato de concesión de la frecuencia 92.7 MHz denominada «CANELA», en la ciudad de Ibarra, Imbabura, por haber inobservado las causales de terminación de concesión de frecuencias y por hallarse incursos en la disposición que prohíbe la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión, conforme lo establece la normativa vigente. 

La historia de esta radio inicia el 10 de marzo de 2004 cuando se suscribió el contrato de concesión entre la ex Superintendencia de Telecomunicaciones y Jorge Yunda Machado para operar la estación de radiodifusión de la frecuencia 92.7 MHz. 

El artículo 44 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones se refiere a la transferencia o cesión y establece que los títulos habilitantes no podrán enajenarse, cederse, transferirse, arrendarse o gravarse por ningún medio sin autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Incurrir en esta prohibición, sería causa suficiente para la terminación anticipada del título habilitante, sin perjuicio de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Además, que el Artículo 112 de la Ley Orgánica de Comunicación en lo que se refiere a la terminación de la concesión de frecuencia, dice que la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta terminará por hallarse incurso de manera comprobada en la disposición que prohíbe la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión.

El 14 de enero de 2015, ante la Notaría Cuadragésima Sexta del cantón Quito, entre la ex Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y Jorge Yunda, representante legal de la compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. suscribieron el contrato modificatorio que autorizó el cambio de titular de la concesión de la frecuencia 92.7 MHz. Pasó de las manos de Yunda a la persona jurídica mercantil compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A.

Este movimiento fue criticado por la Contraloría General del Estado que en el Informe General No. DNA4-00025-2018 señaló que esta frecuencia debía ser revertida porque hubo una transferencia de acciones sin autorización por 408 dólares. Se dispuso al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que, conjuntamente con el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes y el Director Técnico de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico, apliquen, calculen y notifiquen las multas al amparo del artículo 117 de la Ley Orgánica de Comunicación a los beneficiarios de las concesiones que transfirieron las acciones y/o participaciones sin sujeción a la normativa vigente para el efecto. 

Al coordinador Técnico de Control y al coordinador Técnico de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico se les dispuso que inicien el proceso de extinción de los títulos habilitantes de servicios de radiodifusión de las empresas citadas, en función a la normativa establecida en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y Ley Orgánica de Comunicación.

El 19 de febrero de 2019 Rodrigo Francisco Padilla Pretel, representante legal de la compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A presentó un recurso de apelación, el mismo que fue inadmitido  y archivado.  El 21 de agosto de 2019, presentó un Recurso Extraordinario de Revisión en contra del acto administrativo. A través de la providencia No. ARCOTEL-CJDI-2019-00225 de 17 de septiembre de 2019, la Dirección de Impugnaciones de la ARCOTEL, dispuso la admisión a trámite del recurso extraordinario de revisión, abrió término de prueba por quince días, y requirió el expediente administrativo a la Unidad de Gestión Documental y Archivo de la ARCOTEL. 

Entre los argumentos de esta emisora está que el acto impugnado resulta nulo por haber sido dictado por una autoridad incompetente y, además, resulta ilegal toda vez que no se incurrió en ninguna causal de terminación de la concesión pues lo que sucedió es la transferencia de 408 acciones de la misma compañía.

El 31 de octubre del 2019, el Arcotel emitió la resolución 835 en la cual  concluye que la transferencia de acciones en ningún caso puede ser considerado como transferencia de la concesión y aceptó el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. y se revocó la Resolución No. ARCOTEL-2018-0081 de 06 de febrero de 2019; y la Resolución No. ARCOTEL-2019-0363 de 13 de mayo de 2019. 

De esta forma, el ex director de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), Ricardo Freire, antes de dejar su cargo revirtió cinco frecuencias de radio y televisión entre la que se encontraba 92.7 MHz. Las resoluciones fueron firmadas por Galo Prócel, coordinador técnico de Títulos Habilitantes de la Arcotel y después de que se emitieron estas resoluciones, el director de esa agencia, Ricardo Freire, renunció a su cargo. RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. actualmente está a concurso en la cual Gabriel Fernando Padilla Yunda es uno de los accionistas de este medio de comunicación.

Brochas y frecuencias: ¿quién era Bernardo Nussbaum? 

Otro de los personajes claves cercanos a Jorge Yunda, y cuya relación fue pública cuando llegó a la Alcaldía de Quito, fue Bernardo Nussbaum, quien es el proveedor más grande de frecuencias del actual Alcalde de Quito. Así lo confirmó una fuente que solicitó el anonimato.

Nussbaum fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y, en 2008, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senacor) del Gobierno de Rafael Correa solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación previa para dar con los responsables del perjuicio al Estado, ocasionado por el presunto acaparamiento de frecuencias de radio por parte de la empresa Servidinámica S.A., que obtuvo frecuencias de radio a través de empresas vinculadas como las radios  Colón, Sabormix, Kiss, Más Candela, Onda Cero, Pasión  y  Sol.  En esa época se dijo que tenía hasta 48 frecuencias sin justificación suficiente, pero Nussbaum siempre aseguró que solo tenía tres radios: Equispunto S.A., Rock & Pop Yava S.A., y, Radio FM 92. 

Según la fuente que solicitó la reserva, Nussbaum habría vendido al menos 6 radios a  Jorge Yunda, el más importante es Radio Colon C.A que es una Sociedad Anónima pues era la única de cobertura nacional y maneja la firma comercial de Radio Armónica. Según el portal de la Superintendencia de Compañías, Servidinamica S.A. fue constituida en Quito, en 1980. Nussbaum es uno de los accionistas de la empresa que aún sigue activa. 

Además, Lilian Margarita Ruf Kywi, quien es representante legal de esta empresa y presidenta de Brochas Wilson S.A. Fue administradora de Radio Colon C.A entre 2001 y 2005 y accionista hasta 2011.  

En abril del 2019, Bernardo Nussbaum se convirtió en una de las piezas claves para el recién electo Alcalde de Quito, pues lo asesoraba en temas diversos desde movilidad, protocolo y hasta ambiente. De hecho, Nussbaum participó en las reuniones previas con grupos sociales e incluso recomendó algunos funcionarios de alto rango para la nueva administración. Actualmente, no ocupa ningún cargo importante dentro del Municipio. Algunas fuentes internas confirmaron que a los 15 días de haber llegado al Palacio Municipal prefirió abandonar el barco debido al carácter “egocéntrico” que caracteriza al Alcalde de Quito.

En el actual concurso de frecuencias se han postulado radios que tuvieron relación con Nussbaum. Por ejemplo, Radio Colon C.A cuyo nombre comercial es Armónica. También consta como postulante la Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A., cuyo nombre comercial es La Radio Redonda, de la cual Nussbaum fue accionista desde 2006 a 2010. Estas dos ya no pertenecen al empresario. No obstante, no está del todo fuera de la radiodifusión. La frecuencia de Más Candela, ubicada en Manabí y de la cual es accionista, según el Portal de la Superintendencia de Compañías, sí está compitiendo por una frecuencia pero según información de Arcotel, esta “no cumple” con los requisitos. 

Diferentes empresas, mismos contadores y similares direcciones

10 de las 16 empresas revisadas por Fundamedios presentan como contacto secundario un correo electrónico de la firma Rodríguez y Asociados, específicamente se detallan los correos de Omar Eduardo Rodríguez y de Paúl Vinicio Rodríguez. Ambos nombres también fueron identificados en el informe de la Contraloría de 2016.

En la página web de esta firma se destacan sus servicios contables y asesoramiento ante las autoridades tributarias. Radio Canela, La Radio Redonda, RadioEventos y Komunikest son algunas de las empresas radiales que representan con clientes ubicados en Chimborazo, Azuay, El Oro, Tungurahua, Guayas y Pichincha. En la misma página web destacan que entre sus clientes se encuentran La Corporación Canela,  La Radio Redonda y La Otra FM.

Esta empresa brinda asesorías para la constitución de empresas, se especializan en notarias registro mercantil y se encargan del manejo de información en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas. Una de las ubicaciones de esta empresa es Av. 6 de Diciembre e Ignacio Bossano en el Edificio Torre Bossano Piso 9 y la otra está ubicada en la Cuenca N8-44 y Manabí. 

Ecuaenlace S.A es propietario de La Otra FM, una de las empresas que se encuentra compitiendo por una frecuencia. En la información que reposa en el Servicio de Rentas Internas, esta empresa registró como su dirección al Edificio Albra, que está ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Coruña al norte de Quito. 

Sin embargo, FUNDAMEDIOS constató que en esa ubicación desde hace dos años ya no funciona dicha radio. Ahora, La Otra FM se domicilia en el mismo edificio donde se ubica el emporio de comunicación de Canela TV, en el pasaje Leonidas Batallas.  En este sitio al norte de Quito se ubica Radio Canela S.A y Telecanela  S.A. También es la dirección registrada por la Empresa Gamboa Comunicación Total CIA LTDA.

Por ahora, el concurso continúa con su cambiante cronograma. Xavier Aguirre, director de Arcotel, ya anunció que el proceso público para la asignación de frecuencias se aplaza 25 días y las resoluciones de adjudicaciones a aquellos participantes que no han solicitado revisión se emitirán a partir del 30 de noviembre.

El pasado 13 de noviembre Arcotel publicó que el 70% de los 621 postulantes «están listos para recibir su título habilitante por 15 años», al cumplir con todos los requisitos del proceso. De una primera revisión que hemos podido hacer de la confusa documentación que subió ARCOTEL a su página web se desprende que toda las empresas relacionadas con Jorge Yunda obtendrían frecuencias con excepción de Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. 

Sin embargo, aún no se identifica ninguna acción concreta por parte de las autoridades, considerando que, entre los participantes, están antiguos denunciados y grupos de poder que utilizan argucias y mecanismos antiéticos o claramente ilegales e inconstitucionales  para concentrar frecuencias, lo que afecta la libertad de expresión en el país.

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El proyecto “Working Together for Freedom of Information in Ecuador”, realizado por FUNDAMEDIOS y FERRERE Abogados, recibió el premio TrustLaw por mejor trabajo colaborativo 2020.

Este premio reconoce el trabajo realizado de forma conjunta entre cinco equipos jurídicos de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, ONG ‘s y organizaciones sociales, y el potencial impacto que puede obtenerse de estos proyectos.

De esta colaboración se construyó el Informe llamado “Análisis Comparativo de Acceso a la Información”, que contiene buenas prácticas regionales y la aplicación de la normativa que regula este derecho humano. 

Asimismo se realizaron distintas mesas de diálogo y foros regionales, en los que se contó con distintos expertos que realizaron aportes respecto a los requisitos mínimos que debía cumplir la normativa, en especial en lo relacionado con la autonomía e independencia del Órgano Rector de Acceso a la Información Pública.

Estos insumos permitieron la construcción del proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, documento que fue entregado a la Bancada Multipartidista de Asambleístas por la Transparencia y Acceso a la Información, el 7 de agosto del presente año.

Desde Fundamedios recibimos este reconocimiento con satisfacción y agradecimiento hacia TrustLaw, Ferrere Abogados que coordinó a los estudios jurídicos de América Latina y a los estudios jurídicos que participaron del proyecto por todo el trabajo realizado con Ferrere Abogados, a quienes extendemos un agradecimiento por toda la cooperación y el esfuerzo brindado en el desarrollo de este proyecto. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para velar la libertad de expresión en nuestro país. 

Finalmente, esperamos que el proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, cuyo tratamiento ya ha iniciado en la Asamblea Nacional, nos permita contar pronto con un cuerpo normativo acorde a  disposiciones constitucionales y estándares internacionales de Derechos Humanos.

 

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Cuatro años después del fallido concurso de frecuencias un nuevo proceso público avanza con las mismas irregularidades y vicios del anterior, pese a las advertencias de los organismos de control. El resultado: Remigio Ángel González, alias El Fantasma, aún consta como la figura central en el mapa mediático ecuatoriano y concursa, a través de un opaco esquema de empresas de papel domiciliadas en su mayoría en Uruguay, por frecuencias de radio FM. El resultado de este “proceso público competitivo” será anunciado por ARCOTEL en esta semana y de no mediar ninguna sorpresa resultará en que se sacramente la concentración de medios en el país, un acto prohibido por la Constitución, la Ley de Comunicación y condenado por instrumentos internacionales de protección a la libertad de prensa y que además, fue uno de los hechos centrales que motivaron las observaciones de Contraloría para dar de baja el concurso de frecuencias del 2016.  

Sabemos que el caso del “Fantasma” no es el único caso de un grupo mediático posiblemente favorecido en el actual concurso de frecuencias. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS, Ecuavisa y Revista Digital Plan V será la primera de tres entregas que revelarán los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país. 

 

14 de septiembre de 2020

La presencia del magnate mexicano en el espectro radiodifusor de Ecuador no es reciente. En abril de 2016, aprovechó el primer concurso para postular y casi obtener la concesión de 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras. Lo hizo a través de 18 empresas con accionistas distintos con el propósito de evitar ser señalado por concentración de medios, prohibido en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).  

González tiene inversiones en 15 países de América Latina. Como dueño de la cadena Albavisión posee 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica y 1 medio impreso. En Ecuador, sus prácticas consolidan su emporio de forma irregular.  

Así lo detectó un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), realizado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017. El documento desnudó irregularidades en el proceso y señaló que se abrió la puerta a la concentración de frecuencias en manos de tres grupos empresariales. Aunque en el reporte no se identificó a los accionistas de los conglomerados por su nombre, salieron a relucir las marcas Canela, Andivisión S.A y Capital Televisión de Manabí. Dichas empresas, acorde a investigaciones previas realizadas por Fundamedios (FDM), están encabezadas por Jorge Yunda, actual alcalde de Quito (Grupo A); el Fantasma González (Grupo B); y Lenín Andrade, empresario manabita (Grupo C).

Esto decía la Contraloría sobre las empresas vinculadas al mexicano:  

Además: 

De esta manera, no solo se reveló que el Fantasma obtuvo medios a través de parientes, abogados o empleados, sino que a raíz de los descubrimientos, la Contraloría solicitó a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) dar de baja el concurso. El 21 de diciembre de 2018 se declaró la nulidad del concurso recordado por muchos como la ‘feria de frecuencias’. 

En paralelo, mientras el informe ya estaba vigente, se reveló que el Fantasma González, había tenido otra aparición, esta vez, en las elecciones presidenciales de 2017, pues fue parte del club de financiadores de la campaña electoral del binomio Moreno-Glas. Según la investigación publicada por el portal Mil Hojas, en uno de los chats filtrados por #InaPapers en agosto de 2016, Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y  su exabogado Carlos Lorefice Lynch, quien era el encargado de manejar todos los medios del Fantasma en la región, se habrían reunido con Moreno, cuando estuvo viviendo en Ginebra con un cargo diplomático. Tres años después de posesionado Moreno, el informe continúa sin ejecutarse.  

La misma receta 

Quince meses han pasado y, en mayo de 2020, Arcotel publicó una nueva convocatoria al Concurso público para la adjudicación de 3096  frecuencias de Radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM). Sólo 621 participantes manifestaron interés para concursar

En una reunión con el gremio radial el pasado 20 de julio, el presidente Lenín Moreno afirmó que entre las bondades del concurso consta la eliminación de la competencia desleal.  Además, el  ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, en una entrevista con Teleamazonas el 30 de junio, aseguró que “iniciamos el cumplimiento de ciertas normas de la Contraloría en el concurso de 2016. Hemos cumplido absolutamente todos los pedidos de la Contraloría para dar paso al nuevo concurso”, aseguró

Pero, ¿qué ocurre en la práctica?  

Ángel González, a pesar de que fue señalado en 2016 por concentrar medios, busca obtener las mismas frecuencias. Fundamedios constató que compite por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  La mayoría de emisoras tiene presencia nacional, su matriz se ubica en Quito o Guayaquil y suma 19 repetidoras en provincias.  

Aunque las recomendaciones realizadas por la Contraloría exigían “ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”, en el concurso actual siguen constando las empresas que antes fueron señaladas por el organismo. 

De acuerdo a Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), “esta dirigencia nacional constantemente le ha recordado a Arcotel que tiene que dar cumplimiento a las recomendaciones del estudio especial que hiciera la Contraloría General del Estado allá en el 2018”.  Chica y la dirigencia de AER han avalado el concurso, y el pasado 19 de agosto en declaraciones a Fundamedios, expresó que considera que ha sido un proceso “justo y transparente”.

Para José Ignacio López Vigil, coordinador de Radialistas Apasionados y Apasionadas (centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe), la inacción no es una sorpresa. “Participé en la auditoría de frecuencias que se hizo a partir de la constituyente. Investigamos, mandamos un informe, y el informe ha dormido hace años en las gavetas y, después con Arcotel, no se hizo nada”, asegura.  

Fundamedios a través de Ecuavisa buscó la versión de Arcotel, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Mientras que, Contraloría afirmó al canal de televisión que no habrá un pronunciamiento previo, sino cuando se haga, de ser necesario, una auditoría al concurso.

Las radiofrecuencias (FM) vinculadas al Fantasma González en Ecuador:

¿Cómo compite el Fantasma por las frecuencias?

Como su sobrenombre lo indica, se vale de su habilidad para montar mecanismos que despistan y desvían la atención sin dejar rastro. Este 2020 postuló a través de nueve empresas nacionales que, a su vez, cuentan con ocho compañías accionistas con sede en Uruguay.  

Andivisión S.A., la empresa que aparece en el informe de Contraloría y actual participante del concurso, es propietaria de Tropicálida Stereo (91.3) y tiene como accionista a la empresa uruguaya Fizler S.A. y a Radio y Televisión Guatemala S.A. Mientras que Radiodifusora Trafalgar del Ecuador,  también presente en el informe, compite por la frecuencia 96.1 de Joya Stereo que tiene como accionista a Cuminol S.A, firma uruguaya. 

Ridalto Ridaltosa S.A. compite por la frecuencia de La Fabu (97.3) que posee dos accionistas: el Banco Central del Ecuador (BCE) y Trueage S.A., que también tiene dos accionistas, uno es la empresa uruguaya Calafone S.A. y Jesús Armando González González (México), hermano de ‘El Fantasma’.

En Megacomunications S.A., concesionaria de Fabu Stereo (105.7), figura como accionista Adaratop S.A, que tiene como accionista a la uruguaya Cirvana Trading S.A. Esa es la única empresa donde la figura de Ángel González se expone, pues la preside desde 2018. 

(‘La red del Fantasma González’. Aplasta el cursor para conocer el mapa de conexiones de empresas uruguayas y ecuatorianas.Selecciona la opción del signo menos (zoom out) para ver la gráfica completa. Es recomendable visualizarlo desde una computadora).   

Fundamedios solicitó a la Dirección Nacional de Registros en Uruguay información acerca de las ocho empresas accionistas de concesionarias ecuatorianas. De allí se desprende que seis se ubican en la misma dirección: Juan Parra del Riego 989, en Montevideo. Otro dato es que la dirección pertenece a la oficina Molinari & Asociados Contadores, pero el número señalado en el registro de la empresa corresponde a la parte trasera del inmueble y no a la delantera como, regularmente, consta en los registros. 

  • Risfelar S.A.
  • Fizler S.A.
  • Cirvane Trading S.A.
  • Cuminol S.A., Calafone S.A
  • Noxlyn Trade S.A.
  • Yabil S.A.
  • Burtown S.A. 
  • Calafone S.A.

Además, los presidentes de las empresas forman parte del círculo del mexicano que involucra a su hermano Jesús Armando González, Fernando Guido Contreras López, amigo cercano radicado en Costa Rica y presidente de la empresa de televisión abierta Repretel, parte del conglomerado de Albavisión; José Yarzabal Burela, quien es parte de sus encargados regionales y figura como presidente de Risfelar S.A. y, según el medio mexicano Milenio, forma parte de su grupo de confianza. 

Pero, ¿por qué Uruguay? Por muchos años ese país fue catalogado como un paraíso fiscal en la región. Sin embargo, Daniel Espinosa, exsecretario Antilavado de la Presidencia uruguaya, destaca que aquel estatus corresponde al pasado, ya que “actualmente, no tiene ninguna de las características de opacidad y secreto financiero que caracterizan a este tipo de centros ‘offshore’”. Desde 2017 está vigente la Ley nº 19.484, que obliga a identificar al beneficiario final de todas las sociedades y estructuras jurídicas (es decir, el dueño legal de la empresa).  

No obstante, en el caso de las empresas nombradas no registran los dueños como manda la norma; en el registro sólo consta la información sobre la persona física (el presidente de la empresa), como nos explica el periodista uruguayo, Fabián Werner, aquello no permite saber quiénes son los dueños verdaderos. 

Para el guatemalteco Gonzalo Marroquín, director de la revista mensual Crónica y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), lo que sucede en Ecuador es parte del modus operandi que El Fantasma replica en la región. Por ejemplo, en Guatemala, país donde empezó su emporio, es dueño de cuatro canales de comunicación. “Ha desarrollado con mucha habilidad una mecánica que replica de país en país, primero para apropiarse de medios de comunicación u obtener frecuencias de televisión y de radio utilizando sociedades que son fachada, utilizando prestanombres y sobretodo y esto es lo más triste aprovechándose de la debilidad de la clase política Latinoamericana”, describe.   

¿Cómo afecta su presencia a la población? Marroquín asegura que “la concentración de medios es una gran limitante para la libertad de prensa y para el derecho a la población a recibir información. Ángel González es parte de esa estrategia de ciertos gobiernos de concentrar la información (…) un efecto en las masas muy grande, aquí (Guatemala) han habido noticias que los canales de televisión y los medios de González han callado en casos de corrupción”, asegura.  

¿Un artículo con dedicatoria?

Así, las irregularidades del concurso de frecuencias en Ecuador se suman a la pandemia y a las puertas de un proceso electoral. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) impulsó una veeduría ciudadana que vigile el proceso, pero que terminó con una capacidad nula de supervisión como lo alertó el exmiembro de esta entidad, Raúl Fernando Cabrera. 

“Han asumido como que la veeduría solo debe firmar lo que ellos hagan al final de cada etapa para avalar, sin la posibilidad de haber examinado o participado en los procesos”, sostiene. También renunciaron a ese espacio Emilio Fernando Uzcategui Jimenez;Xavier Olmedo Barragán Martínez; María José Ramírez Campos, Paola Aguilar, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

Roberto Wohlgemuth Jarrín consta dentro de la veeduría, pese que el mismo CPCCS informó la suspensión de dicha nominación, a través de un boletín de prensa, el 3 de agosto. Esto luego de que el pasado 8 de julio Facebook lo identificó como uno de los operadores de las granjas de trolls para desinformar.

A esta capacidad nula de observación se suman normas que abren las puertas a los capitales extranjeros.  Antes de las reformas a la LOC, que entraron en vigencia en febrero de 2019, el artículo 6 prohibía que una persona o empresa extranjera sea dueña de un medio de comunicación a escala nacional.  

Tras las modificaciones, el artículo 6 explica que «los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49 % de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional”. Ximena Peña, legisladora del movimiento oficialista Alianza País (AP), impulsó ese texto. 

Mientras que el Reglamento de la norma, que no ha sido cambiado, determina que existe una excepción para personas naturales y jurídicas de países con los que Ecuador tiene convenios comerciales. En la actualidad, Ecuador mantiene acuerdos comerciales con México, Chile, Guatemala, la Unión Europea, El Salvador, entre otros. 

Andivisión S.A. incumple con el porcentaje establecido. Tras la revisión del portal de la Superintendencia de Compañías, se evidenció que sus dos accionistas son empresas extranjeras: Fizler S.A. (Uruguay) y Radio y Televisión Guatemala S.A.

Entonces, ¿existe una contradicción entre la Ley y el Reglamento? El constitucionalista Carlos De Tomaso considera que se trata de una aparente contradicción entre el artículo 6 de la LOC, que establece que un medio de comunicación no puede pertenecer en más del 49% a una empresa persona extranjera; y el Reglamento que abre excepciones. “Ni la Ley ni los Asambleístas previeron la excepción de que las personas jurídicas o naturales de países con los que el Ecuador haya suscrito convenios comerciales de cierto tipo puedan ser dueñas de medios de comunicación en más del 49%”, sostiene.  

Sin embargo, la realidad es que la excepción o puerta trasera creada por el artículo 6 del Reglamento se aplicó para sacramentar la compra de medios por parte del empresario mexicano.

El representante de Radialistas Apasionados y Apasionadas, concuerda con De Tomaso y afirma que “hicieron el artículo 6 del Reglamento para que Ángel Gonzalez no fuera molestado, los hermanos Alvarado eran muy amigos y siguen siendo muy amigos del señor Ángel Gonzalez (…) el artículo 6 del Reglamento contradice al mismo artículo 6 de la Ley Orgánica, y no pasa nada, son delitos tan fragantes, no pasa nada”, sostiene.   

Los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado fueron mano derecha del expresidente Rafael Correa. Este último, desde el 2009  hasta 2015 fue el Secretario Nacional de Comunicación y desde inicios de 2014 estuvo al mando de los medios públicos de Ecuador TV y Radio Pública, como titular del directorio de la Empresa Pública Televisión y Radio del Ecuador. Vinicio Alvarado fue sentenciado dentro del caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho mientras que, Fernando Alvarado fue llamado a juicio delito de peculado por realizar contrataciones de servicios de comunicación con recursos del Estado. Ambos se encuentran prófugos.

Fundamedios contactó a Fernando Alvarado, exsecretario Nacional de Comunicación (Secom). El publicista respondió: “no soy amigo del señor Ángel González. Si fuese amigo, los medios como diario El Comercio, que dicen son de su propiedad, no me hubieran atacado criminal y miserablemente como lo hicieron”

Por ahora, a pesar de las irregularidades, de la pandemia, del auge electoral o de ‘fantasmales’ presiones, el concurso continúa su rumbo. Se prevé que hasta el 22 de septiembre se publique los resultados de adjudicación de las frecuencias que marcarán las voces radiodifusoras por los próximos 15 años. 

  

105

Ecuador, 4 de septiembre de 2020.- La Secretaría Técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mediante la Resolución Nro. CPCCS-STPCS-2020-0002-RES de 31 de agosto, ratificó la participación de Roberto Wohlgemuth Jarrín, alias @mashiroberto, con lo cual esa veeduría perdió los últimos resquicios de legitimidad que pudo haber tenido en algún momento. 

Fundamedios señaló que “@mashiroberto fue y sigue siendo uno de los operadores más agresivos del aparato de propaganda del correismo, especializado en el manejo distorsionado de redes sociales y la generación desinformación”, tal como lo detectó una investigación académica que sirvió de base para que Facebook diera de baja 41 cuentas, 77 páginas, y 56 cuentas de Instagram por coordinar comportamientos “no auténticos” a nombre una institución extranjera o gubernamental, las actividades tenían origen en la empresa Estraterra, fundada por Roberto Wohlgemuth.

El 15 de julio Paola Ivonne Pacheco solicitó al CPCCS se revisen los requisitos y prohibiciones de Wohlgemuth, ya que sostenía que tenía conflictos de interés con el objeto observado.  Ella mencionó dentro de su sustentación la nota de prensa del Portal Primicias del 8 de julio del 2020 que informó que Facebook eliminó cuentas de una red de contenido falso que funcionaba en Ecuador.

El reportaje menciona que las investigaciones internas de la Red Social encontraron vínculos entre las personas detrás de esta red y consultores políticos y exfuncionarios de Ecuador y Estraterra que tiene base  en Canadá y que tiene entre sus exaccionistas a @mashiroberto. “El CPCCS se basa en un tecnicismo para devolver la calidad de veedor a @mashiroberto, el hecho de que la denunciante hace uso de una fuente indirecta, cuando perfectamente el CPCCS pudo haber pedido información directa a Facebook o a los autores de la investigación que es el laboratorio de Investigación Digital del centro Atlantic Council”, señaló César Ricaurte de Fundamedios. “no ha existido ninguna voluntad real de investigar y eso demuestra que la veeduría ha intentado ser manipulado desde el principio con lo cual pierde toda legitimidad”, añadío el vocero de la organización.

El 3 de agosto Wohlgemuth fue notificado con la suspensión como miembro de la veeduría, solicitándole a la vez remitir en el término de 10 días sus pruebas de descargo, que fueron presentadas el 17 de agosto de 2020. Entonces explicó que los datos acreditados sobre su participación como socio fundador de la compañía Estraterra S.A. se realizaron hace más de 4 años y “nada tienen que ver con la condición de veedor ciudadano; y por sí mismo, el hecho de fundar esta empresa, no constituye un hecho ilegal y menos aún violatorio”. Recordó además que desde 2018 ya no es accionista de la empresa, pues transfirió sus acciones.

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. Y desde la organización se rechazó la presencia de ‘@mashiroberto’ en la entidad.

 El primer coordinador de la veeduría fue Héctor Velazco, quien en el concurso del 2016 tramitaba ante el vicepresidente de esa  época y actual reo por cohecho, una frecuencia de radio FM.

254

Ecuador, 19 de agosto de 2020.- La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha notificó el 18 de agosto a radio Pichincha Universal que la acción de protección presentada por el medio de comunicación en contra de la Agencia de Regulación y Control y de las Comunicaciones (Arcotel) que dispuso la extinción de su título habilitante fue revocada.

En un documento de 31 páginas se establece que se aceptan los recursos de apelación interpuestos por Jorge Carrión Pazmiño, en representación de la Arcotel; y de Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. Con base en ello, se revoca la sentencia dictada por el juez Mario Cadena Escobar, “por no existir vulneración de los derechos alegados”.

El relator especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, tuiteó que hace 10 meses desde dicho organismo se indicó que la suspensión preventiva de un medio de comunicación es desproporcionada. “Sin debido proceso que pruebe promoción de violencia. Sería poco razonable no esperar decisión/fondo», enfatizó.

En marzo pasado, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Arcotel. Las medidas se tomaron tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019, en el marco del paro nacional en contra de las medidas económicas del Gobierno.

Según la institución, las frases y opiniones instaron a la protesta, la paralización del transporte público y la toma de las calles; el programa radial aprobó las acciones de los manifestantes; el medio de comunicación no intervino como mediador ni motivó un diálogo ciudadano respetuoso y responsable; y se emitió en una franja horaria de protección a niñas, niños y adolescentes.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, durante una rueda de prensa aseguró el 19 de agosto que interpondrán ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección con el objetivo de que se garantice el derecho a la libertad de expresión y el debido proceso. 

El 12 de marzo, Fundamedios publicó un especial que expone que las interpretaciones del informe que sancionó a la emisora son subjetivas y arbitrarias. Frank La Rue, exrelator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y director de Derechos Humanos e Incidencia de la organización, recalcó que la cobertura y el despliegue informativo en torno a las protestas forman parte del derecho a la libertad de expresión. Si un ciudadano usó la radio como canal, a través de una llamada al aire o en vivo, es legítimo. “No se puede intervenir ni silenciar a la radio por eso; a quienes están en el poder, normalmente esto les disgusta pues las movilizaciones suelen ser en su contra”.

150

Ecuador, 18 de agosto de 2020.- Han pasado 42 días desde que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anunció la conformación de una veeduría ciudadana para vigilar el proceso público para el otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión de señal abierta para el funcionamiento de los medios de comunicación y las novedades continúan.

A través del oficio CPCCS-SNCS-2020-0236-OF, el CPCCS informó el 14 de agosto a Rodrigo Aguirre, director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel); y a Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la renuncia de un veedor y la incorporación de cuatro nuevos integrantes.

Se trata de María José Ramírez Campos, quien conformó dicha veeduría desde sus inicios, y presentó su renuncia irrevocable el pasado 10 de agosto. En el comunicado no consta la salida de Raúl Fernando Cabrera, que fue confirmada a FUNDAMEDIOS por el ahora exveedor. 

Cabrera sostiene que el trabajo de la entidad fue poco significativo y apunta hacia funcionarios de Acortel quienes habrían excluido a los veedores de las etapas del concurso. “Han asumido como que la veeduría solo debe firmar lo que ellos hagan al final de cada etapa para avalar, sin la posibilidad de haber examinado o participado en los procesos”, aseguró.

La lista de los vigilantes actuales del proceso es: Carlos Alberto Larrea Naranjo, Patricio Xavier Villacís Villafuerte, Katia Beatriz Murrieta Wong y Dixan Sánchez Blanco, quienes se incorporaron el 14 de agosto. Además, están Bernardo Francisco Cañizares, Washington Oswaldo Dután, Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo Emilio, Fernando Uzcátegui Jiménez, Fernando Andrés Villacrés Castro, Roberto Wohlgemuth Jarrín, Lenin Eduardo Saguay Sanaguano y Xavier Olmedo Barragán Martínez.

Según el Oficio del CPCCS, Wohlgemuth Jarrín aún figura como veedor del proceso, pese que el mismo organismo informó la suspensión de dicha nominación, a través de un boletín de prensa, el 3 de agosto. Esto luego de que el pasado 8 de julio Facebook lo identificó como uno de los grandes operadores de las granjas de trolls para desinformar.

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. 

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Ecuador. 14 de agosto del 2020. El Comité Interinstitucional para la Protección del Periodista y los trabajadores de la Comunicación se reactivó la noche del 11 de agosto, como una respuesta articulada al conjunto de agresiones que se han dado en los últimos días en contra de comunicadores del país.

Tras una hora de reunión virtual, los representantes del Gobierno y Sociedad Civil analizaron la importancia de precautelar la integridad de los periodistas y garantizar mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo. 

Entre los principales acuerdos están la integración de un representante de la Fiscalía General y del Consejo de la Judicatura y, de ser el caso, la intervención policial para brindar protección y acompañamiento.  La Ministra del Gobierno María Paula Romo se comprometió en realizar los acercamientos necesarios para cumplir con este acuerdo.   

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios aseguró que las agresiones contra la prensa han incrementado y que existe un componente de impunidad que es necesario combatir: “Se debe hacer seguimiento de los casos para que se castigue a los culpables y se genere un mensaje de que las agresiones contra la prensa no serán toleradas”, dijo.

FUNDAMEDIOS realiza un monitoreo a los ataques y agresiones contra periodistas, los primeros siete meses del 2020 se han emitido 106 alertas. Juan Carlos Calderón, presidente de la Organización, sostuvo que las medidas de protección por parte del Gobierno son necesarias para impedir que las amenazas crezcan y se conviertan en riesgos reales.

Este Comité se creó en abril 2019 tras los acontecimientos de abril de 2018, en los cuales un equipo periodístico de Diario El Comercio fue asesinado mientras realizaba una cobertura en la frontera entre Ecuador y Colombia.

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Ecuador, 7 de agosto de 2020.- Fundamedios entregó a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional y al grupo multipartiditas de Asambleístas por la Transparencia y el Acceso a la Información el texto del anteproyecto de nueva Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, LOAIP como una herramienta de lucha contra la corrupción y como garantía del Derecho Humano fundamental de todos los ecuatorianos. 

El Presidente de la Asamblea y los diversos legisladores presentes y sus equipos técnicos se comprometieron a darle un tratamiento prioritario con el objetivo de que la nueva Ley sea aprobada en el actual periodo legislativo. 

El anteproyecto fue construido a través de un riguroso trabajo de análisis comparativo de las legislaciones más avanzadas del Hemisferio elaborado en cooperación con el programa TrustLaw de la Fundación Thompson Reuters y la coordinación del Estudio Jurídico Ferrere. Además, de la permanente consulta a expertos como el Ex-Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue. La nueva LOAIP ecuatoriana sería la primera Ley de la Región en aprobarse atendiendo los avances y estándares establecidos por la OEA en la llamada Ley Modelo 2.0. 

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, explicó que el documento consta de nueve capítulos. Su objeto es promover y garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública, fomentar la transparencia y contar con una herramientas de primera línea en la lucha contra la corrupción.

Entre los puntos más novedosos está la creación de una Superintendencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano independiente e imparcial con autonomía administrativa y financiera que garantice el acceso y la protección de información personal.

Entre sus responsabilidades está velar por el cumplimiento de los términos señalados, vigilar que la información entregada no sea incompleta, incomprensible o poco accesible y evitar que la información que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial sea denegada. Además, se propone multas de 1 a 20 salarios básicos unificados (SBU) para quien viole la norma. 

Frank LaRue, quien es también director de Defensa y Derechos Humanos de Fundamedios en Estados Unidos, mencionó que es vital actualizar y modificar las leyes de acuerdo a los avances de  los tratados internacionales y otras condiciones como el desarrollo tecnológico.

“Gran parte del éxito de una ley está en el tipo de una autoridad o responsable que se establezca en ella (…) La creación de una Superintendencia como ente autónomo es importante y la autonomía de ese órgano es lo más importante para garantizar la transparencia”, insistió. 

Por su parte, el Presidente del Legislativo felicitó la propuesta que nació de la sociedad civil. Litardo ratificó su compromiso para ingresar el anteproyecto con celeridad al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que sea calificado y pase a la comisión correspondiente. 

Asambleístas como Lourdes Cuesta, Héctor Muñoz, Héctor Yépez, Ana Belén Marín, Dennis Marín, Jeannine Cruz, Wilma Andrade, Cristina Reyes, expresaron su apoyo a la Ley y su voluntad de respaldar con sus firmas el ingreso a trámite parlamentario. En total son 16 Asambleístas que conformaron hace algunas semanas el Grupo Parlamentario por el Acceso y la Transparencia. 

Para revisar el anteproyecto, ingrese aquí.

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Ecuador, 31 de julio 2020.- Cuando un periodista cubre temas de salud mental debe cuidar, respetar a sus fuentes y establecer un vínculo de confianza para comprender lo que le ocurre emocionalmente a quien entrevista. Esta fue una de las lecciones que impartieron Myriam Vidal y Rodrigo Pérez, ambos ganadores de la beca Rosalynn Carter 2019 de la Fundación Gabo, por una investigación sobre el impacto en psiquis de los migrantes en la frontera entre México y EE.UU. 

Vidal es periodista freelance en The New York Times en Español y Medscape en Español y Pérez es reportero en la revista Quanta y coordinador de la sección de español de The Open Notebook. Los comunicadores fueron los talleristas del segundo webinar ‘¿Cómo cubrir y escribir sobre salud mental mientras sobrevives a la pandemia?’, organizado por Fundamedios, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Chicas Poderosas Ecuador y Nos Faltan 3. El encuentro gratuito convocó a más de 70 participantes en línea. 

Ambos concordaron en que hay que trabajar en el uso correcto de las definiciones de las enfermedades mentales para no estigmatizar. A su criterio, uno de los temas más polémicos para reportear y escribir es el suicidio. Por ello consideran que el uso de imágenes e ilustraciones incide en cómo el público percibe un reportaje. Por ejemplo, si se habla de las formas más comunes de morir por suicidio, esto podría generar una ola de reacciones en cadena como está comprobado, según Pérez.

En estos casos, lo correcto es decir “murió por suicidio” y no “se suicidó”. La razón es que esa muerte es el resultado de una una serie de trastornos que van más allá del control de la persona. Decir “se suicidó”-para los expertos- es culpar a un individuo por estar enfermo.  

Pérez y Vidal recomendaron no revictimizar a los entrevistados porque podría generar rechazo. Expresiones como “lo entiendo” pueden terminar con el lazo de confianza alcanzado. Tampoco es recomendable preguntar a quien padece un trastorno cuál es la sintomatología, qué siente cuando tiene depresión, cómo sabe que está ansioso. 

Este tipo de preguntas acrecientan el dolor. Preguntar sobre el entorno, estilo de vida y círculo cercano da más pistas para entender sus posibles trastornos. “Todas esas historias deben ser tratadas con dignidad”, dice la colaboradora de NYT

Los reportajes deben brindar una opción de ayuda: un teléfono de contacto, una página web de apoyo es una manera de cerrar un reportaje.

Este segundo webinar fue parte de un programa gratuito de salud mental que Fundamedios, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Chicas Poderosas Ecuador y Nos Faltan 3 lleva adelante como apoyo a los periodistas ecuatorianos que cubren la pandemia en el marco de la COVID-19. 

 

Si deseas acceder al primer webinar ‘Salud mental y periodismo: una mirada desde la ciencia’, dictado por la psicóloga Yahira Guzmán, míralo acá: 

Además, te invitamos a escuchar el podcast Buscando el equilibrio emocional de Al Grano Press donde escucharás testimonios y recomendaciones de psicólogos y terapeutas alternativos.

También tenemos disponible un panel sobre salud mental durante la Pandemia que se transmitió en el espacio “La Regla del Pomodoro” de AlGrano.press.

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Ecuador, 30 de julio, 2020.- En América Latina, el acceso a la información está garantizado en las constituciones, leyes complementarias y en tratados internacionales. El compromiso de los actores e instituciones que ponen a disposición la información al ciudadano es clave para hacer cumplir este derecho. No obstante, hay excepciones como la privacidad y la protección de datos personales, elementos que fueron analizados en el foro Derecho de Acceso a la Información en América Latina.

Este 29 de julio se desarrolló el encuentro virtual impulsado por Fundamedios, el programa TrustLaw de la Fundación Thomson Reuters, FERRERE y Abogados, moderado por la periodista ecuatoriana Thalía Flores. En el espacio participaron Federica de Llano, asociada en Philippi, Pietrocarrizosa, Ferrero DU & Uria; Pedro Córdova, director del Área de Propiedad Intelectual, Life Science y Data Privacy de FERRERE en Ecuador;  Isabel Ortiz Monasterio, asociada senior de Ritch, Mueller, Heather y Nicolao, S.C. y experta en protección de datos personales, de México; y María José Arancibia, experta en protección de datos y privacidad, en Chile y fundadora de Obrero Digital, que brinda apoyo a empresas basada en soporte de digitalización y herramientas legales.

De Llano se refirió a las obligaciones y alcances de los sujetos que entregan información pública. En Colombia, las entidades judiciales, ejecutivas y legislativas, independientemente de su ordenamiento territorial, deben hacerlo. En segundo lugar estarían los órganos independientes y autónomos; en tercer lugar las personas naturales o jurídicas que ejercen una función pública, así como las empresas o sociedades creadas por el Estado que administren fondos estatales. 

Para la experta es primordial que se respete la transparencia activa, que los sujetos o entidades que custodian la información brinden la apertura necesaria para divulgarla o presentarla, incluso aquello que no está visible en portales digitales,  con excepción de la información clasificada y confidencial. 

En su intervención, Pedro Córdova, Director del Área de Propiedad Intelectual, Life Science y Data Privacy de FERRERE mencionó que Ecuador está suscrito a la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que su artículo 13 garantiza el derecho a recibirla y difundirla. Para Córdova, es un avance que en la Constitución ecuatoriana se reconozca la Acción Constitucional de Acceso a la Información Pública que permite al ciudadano solicitar al juez que se respete, cuando este se haya visto vulnerado. Eso sí, como lo explicó el experto, en Ecuador también hay excepciones en la divulgación como la información confidencial y reservada. Aunque en el país aún no existe una Ley de Protección de Datos Personales, hay disposiciones que la garantizan, especialmente, en el sigilo bancario. 

Sobre la ponderación entre el derecho al acceso a la información y el derecho a la privacidad y protección de datos personales, María José Arancibia Obrador, cree que hay una línea muy delgada. Chile cuenta con dos normas relevantes: la Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia. La experta explicó que la primera agrupa varios elementos que ayudan a dilucidar si los datos que tiene la administración son de carácter personal y deben ser entregados o no. 

Arancibia destaca que en la Ley de Transparencia hay un principio de divisibilidad, que permite hacer una entrega parcial de la información y censura aquella que no es pública. En el país austral también existe el derecho a la proporcionalidad y el test de daño que evalúa si la información es eficaz o no para cumplir con la transparencia. 

Por su parte, Isabel Ortiz Monasterio, asociada senior de Ritch, Mueller, Heather y Nicolao, S.C. experta en Protección de Datos Personales de México, comentó que en ese país, al ser federal, cada uno de los 32 estados garantizan el derecho a la información tanto en el sector público como privado. 

El órgano garante es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y tiene competencia para conocer asuntos relacionados con el Derecho a la Información y con la Protección de Datos Personales,  cuenta con personalidad jurídica propia y garantiza que se entregue la información pública que haya sido solicitada por el ciudadano, así como también el uso adecuado de los datos personales; sin embargo, una de sus limitaciones es la imposibilidad de emitir leyes en materia de acceso a la información y protección de datos personales. 

El foro fue organizado como parte de la Hoja de Ruta institucional para la presentación, debate social y parlamentario para la aprobación en la Asamblea Nacional de una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública como fundamento en la lucha contra la corrupción y la garantía adecuada del derecho ciudadano a saber.