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Fundamedios participó en la apertura de las mesas técnicas de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para tratar los primeros artículos del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. Es la primera vez que Ecuador contará con una norma de esta naturaleza y Frank LaRue, Ex Relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas para  compareció en esta sesión junto a invitados  invitó a representantes de la sociedad civil, académicos y expertos  a discutir

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019. 

Janette Colamarco, CEO de  Legaltech, fue una de las ponentes. La experta en Derecho de la Nueva Tecnología señaló que el objeto de la Ley debe ser la regulación del ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Actualmente se enuncian otros aspectos como la autodeterminación normativa y derechos digitales que, en lugar de aportar, pueden “distraer y confundir”. 

Pablo Solines coincidió con ese punto de vista. El abogado insistió en que mencionar varios derechos en un mismo articulado puede resultar contraproducente para el ciudadano, pues no ve con claridad el propósito de la norma que pretende salvaguardar a la persona en toda su dimensión. 

En el primer avance de la discusión se acogieron las sugerencias de los expositores. En ese sentido, se contempla como objeto “regular el ejercicio del derecho a la protección de datos personales a través del desarrollo de principios, derechos, obligaciones, mecanismos de tutela recogidos en la presente Ley”. 

Frank LaRue, actual Director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, precisó que mientras más clara y concisa sea el cuerpo legal tendrá un mayor impacto. Enfatizó en que es necesario revisar la terminología para evitar confusiones e interpretaciones erróneas. Como ejemplo, mencionó el  artículo 2 sobre la finalidad para garantizar los derechos fundamentales y libertades individuales de los ciudadanos. 

LaRue aseguró que es caduco referirse solo a las libertades individuales, pues ahora también existen libertades colectivas en las cuales se ejercen los derechos. “No mencionarla sería una grave omisión al mismo derecho”, explicó. 

Sobre el artículo 27 que menciona el llamado “Derecho al olvido”, el Director de Derechos Humanos e Incidencia de Fundamedios, explicó que los derechos deben ser planteados siempre de forma positiva y no negativa. En ese sentido, olvidar constituiría una acción que se contradice con la memoria histórica. Por ejemplo, en los crímenes de lesa humanidad, los datos de personas involucradas jamás deberían eliminarse, así como los de las víctimas de las dictaduras o genocidios. “Es un tema que debería revisarse”. 

Diego Beltrán, docente de la Universidad SEK, celebró que se haya planteado la discusión sobre un “derecho constitucional ampliamente olvidado”. Insistió en que el debate debe apalancarse en la Constitución. Especificó que actualmente la utilización de datos personales no pertenece únicamente a entidades bancarias, sino a tiendas de consumo, hospitales, líneas aéreas, escuelas… “Tiene que ver con aspectos económicos, sociales, políticos y hasta culturales y le interesa a toda la población”. 

En la sesión, que gira en torno a cada uno de los artículos, también se discutió sobre alcance de la Ley, la territorialidad y la confidencialidad de los datos con un consentimiento general y reforzado para que favorezca al emprendimiento, la innovación y no perjudique los derechos ciudadanos.

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Ecuador, 11 de mayo 2020.- Desde la declaratoria de emergencia por la COVID-19, Fundamedios vio con preocupación cómo el gremio periodístico fue golpeado por la pandemia. Despidos masivos, colapso operativo de medios, contagios y fallecimientos de trabajadores de medios de comunicación han sido recurrentes. 

El 14 de abril, la organización, con apoyo de SOS Familias Guayaquil, elaboró un cuestionario para dimensionar la problemática en la provincia del Guayas, epicentro de la crisis sanitaria.  Esta herramienta se distribuyó por correo electrónico y WhatsApp hasta el 21 de abril. 

También se accedió a una lista de periodistas de emisoras pequeñas, así como de canales de televisión que perdieron su empleo debido a la pandemia y, por lo tanto, su situación económica era precaria. El equipo de FDM constató telefónicamente cada uno de los casos. 

Con eso se levantó una lista de 113 periodistas y sus familias que presentaban necesidades urgentes. El 22 de abril se puso en marcha la campaña de recolección de fondos #SOSPeriodistas a la que se sumaron otras organizaciones de periodistas y comunicadores: Periodistas sin Cadenas, Nos Faltan 3 y Chicas Poderosas

Hasta el pasado 5 de mayo se recaudó $1360 y se apoyó directamente a 23 afectados. Una lista de 75 comunicadores fue acogida dentro del programa de asistencia económica Salvar Vidas Ecuador, del Banco de Guayaquil. Actualmente, se gestiona apoyo para otros 11 periodistas que podrían recibir ayuda internacional. 

Quienes integramos #SOSPeriodistas estamos convencidos de que el trabajo de la prensa en época de crisis es fundamental para garantizar el derecho de la ciudadanía a informarse. Agradecemos a quienes se sumaron y aportaron. 

Insistimos en instar al Estado a activar los mecanismos necesarios para precautelar la vida y la seguridad de quienes se exponen durante la pandemia con el objetivo de informar. Además, exigimos al Ministerio de Trabajo y al Comité de Protección de Periodistas que establezcan mecanismos de verificación de las medidas tomadas por las empresas periodísticas en cuanto a despidos para que no se vulneren derechos laborales.

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En el marco de la emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada del COVID-19, el acceso a información, tal como lo determina el Artículo 18 de la Constitución es de vital importancia, pues datos oportunos, fiables y contrastados se convierten en un insumo de toma de decisiones tanto para la ciudadanía como para los actores públicos y privados. Como periodistas entendemos las limitaciones que la pandemia ha desatado en todos los sistemas de comunicación del mundo; sin embargo, en el caso ecuatoriano enfrentamos la cobertura con datos dispersos, cifras dispares que manejan los funcionarios y que no guardan correspondencia con los cuadros estadísticos que entrega el Ministerio de Salud.

Pese a los múltiples pedidos de mejoramiento en las dinámicas de comunicación, sigue faltando información transparente en torno a las defunciones en los cantones del país y otra deuda informativa es la opacidad en torno a las pruebas que se han tomado  a escala provincial para detectar la COVID-19. Además dejamos sentado que los múltiples cambios en el reporte diario dificultan el análisis periodístico en torno a la evolución de la pandemia. 

Enfatizamos en que es inadmisible el discurso épico implementado por el gobierno nacional respecto a quienes están en primera línea de esta emergencia. Las palabras de felicitación no se conduelen con quienes han fallecido o enfermado por falta de decisiones oportunas y claras a favor de la preservación de la salud y la vida. 

Como periodistas exigimos  transparencia e insistimos en obtener una respuesta oficial del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. Esta es la segunda carta colectiva que enviamos. Han pasado 22 días desde la primera y no hemos recibido ni siquiera el acuso de recibo por parte del ministerio de Gobierno, la Cancillería y la Secretaría General de Comunicación, instituciones que en abril de 2019 firmaron el acuerdo interinstitucional para la conformación del Comité. Demandamos que  esta instancia  esclarezca las acciones que ha realizado a favor de la preservación de la salud, la vida y las garantías laborales para ejercer la labor periodística en el país.

Ponemos en conocimiento que ante el silencio estatal, desde distintas organizaciones hemos realizado una campaña de solidaridad para apoyar la situación de más de 100 familias de periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil que han perdido sus trabajos, han enfermado o fallecido como consecuencia de su trabajo y que hasta la fecha suman por lo menos 13 muertes, encabezando  la lista de países con mayor número de profesionales de la comunicación fallecidos en el contexto de pandemia.

Es necesario que el Comité verifique la implementación de protocolos y entrega de material de bioseguridad, al igual que el acceso a la salud integral —física y psicológica—, y el respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo reporteros, fotógrafos, camarógrafos,,  conductores, personal de prensa, preprensa,  personal de limpieza, programadores, productores, asistentes de cámara, repartidores de periódicos, entre otros trabajadores de medios en Guayaquil y en todo el país.

Es urgente que el Comité, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, establezca mecanismos de verificación de las medidas tomadas por las empresas periodísticas para que no se vulneren los derechos laborales de quienes han sufrido despidos intempestivos como consecuencia de la pandemia, y que hasta la fecha pueden ser hasta 500 personas.

A pesar de que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación fue activado el 10 de abril y se ha reunido para trabajar en un protocolo de seguridad, sentimos el vacío en acciones de monitoreo y protección que  respondan a las necesidades concretas del sector. Hasta la fecha no han existido pronunciamientos oficiales que permitan conocer la situación real y los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el ámbito de la comunicación.

Es fundamental mantener reuniones constantes y concretas, a las que exigimos ser convocados para evaluar las situaciones descritas y tomar decisiones a favor de quienes están cubriendo  la pandemia por COVID-19.

La información a la que todos los ciudadanos tienen derecho, depende de las garantías que el Estado entregue a los trabajadores de la comunicación y es obligación del Comité precautelar la seguridad de los periodistas. 

Por lo expuesto, exigimos al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación:

 

  1. Que  comunique oportunamente las acciones que ha desarrollado para proteger a quienes están cubriendo la pandemia en Ecuador.
  2. Que  defina mecanismos de verificación del estado de salud física, mental y de las condiciones económicas de los periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil y en otras ciudades del país y destine las ayudas necesarias para este grupo.
  3. Que verifique que los medios de comunicación estén cumpliendo con la implementación de protocolos, entregas de material de bioseguridad y respeto de los turnos laborales de su personal en todo el país.
  4. Que inste al Ministerio de Trabajo a verificar que las decisiones de despidos tomadas por las empresas periodísticas respeten el marco jurídico respectivo y cumplan con todas las obligaciones que les corresponden.

Este manifiesto es suscrito por varias organizaciones, facultades de comunicación y  medios. Descargue el documento completo: Demandamos respuesta del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación frente a emergencia en Ecuador

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Desde que el 12 de marzo de 2020 se declaró la emergencia por la COVID-19 en Ecuador, Guayaquil es la ciudad más golpeada. Registra más de 8 mil contagios y la tasa de mortalidad de sus habitantes va en aumento. 

La prensa está ahí para constatarlo. Para informar, los periodistas luchan contra un enemigo invisible. Hay quienes buscan la noticia en las calles, y otros que, desde el aislamiento, levantan historias; incluso las de sus colegas fallecidos por la pandemia: hasta este 21 de abril, al menos trece trabajadores de medios de comunicación murieron. 

En Guayas, más de 70 comunicadores se han visto forzados a cerrar sus radios y periódicos impresos por falta de recursos. Otros no pueden pagar los salarios de sus empleados, dejándolos en estado de precariedad. La situación es tan urgente que actualmente a las y los periodistas les resulta una tarea titánica conseguir dinero para alimentar a sus familias. 

No es lo único. Hay un grupo que está confinado en su domicilio sobreviviendo a la enfermedad, pero sin recursos para medicina e imposibilitado de recibir atención en un hospital debido al colapso del sistema sanitario. Muchos son el sostén económico de su hogar.

Fundamedios junto a organizaciones de la sociedad civil como SOS Familias Guayaquil, Nos Faltan 3, Chicas Poderosas y Periodistas sin Cadenas emprendieron una campaña de donación para recaudar fondos y ayudar a quienes ahora se encuentran en una situación de riesgo y que han defendido el derecho de la ciudadanía a estar informada. 

Los fondos recaudados serán auditados para garantizar la transparencia sobre el buen uso del dinero y asegurar que llegue a las manos de quienes más lo necesitan.

 

¡Actuemos solidariamente en tiempos de coronavirus. Tu donación marca la diferencia!

#SOSPeriodistas

 

Fundamedios habilitó esta cuenta especifica para receptar sus donaciones: 

Cuenta Corriente No. 2100025062

Banco Pichincha 

El Pulpitoconsult Communication and Consulting

RUC: 1792368812001

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 21 de marzo el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Se trata de un documento de 394 páginas que expone la situación de la prensa de 35 países de América durante 2019 e incluye conclusiones y recomendaciones a los Estados. 

El panorama no es alentador: los índices de violencia no han mermado. Un ejemplo son los asesinatos de al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa el año pasado en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y México. Un factor en común entre estos casos es la impunidad. 

Ante esa realidad, la Relatoría recomienda adoptar mecanismos de prevención que eviten los ataques, respetar la reserva de las fuentes, capacitar a los funcionarios en el respeto a la libertad de expresión y determinar sanciones de manera proporcionada al daño cometido.

Las sugerencias resultan determinantes si se toma en cuenta el incremento de la estigmatización y el descrédito hacia los comunicadores por parte de las autoridades a través de discursos que menoscaban y descalifican la labor periodística. Esta fue una constante que se evidenció más durante las manifestaciones desatadas durante el último trimestre de 2019 en países como Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. 

Sobre el derecho a la protesta social, la Relatoría hace un llamado a respetar el derecho legítimo a expresarse e impedir las restricciones desproporcionadas para reprimir expresiones críticas o disidentes. Sobre el uso de la fuerza, recomienda que sea planificada cuidadosa y minuciosamente por personas con experiencia y capacitación específicas. Por ejemplo, menciona que se establezcan garantías para que “las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas”. 

El informe destaca que hay avances sobre reformas normativas para alinear a los estándares interamericanos los delitos que buscan proteger el honor y la reputación de los funcionarios; pero señala que se utilizan tipos penales para criminalizar el derecho a la libertad de expresión en la región. 

Por ejemplo, en Perú, la periodista Paola Ugaz tiene por los menos cinco procesos judiciales por difamación. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli presentó nueve querellas por calumnias e injurias en contra de alrededor de 40 comunicadores y dueños de medios. En Brasil, Venezuela y República Dominicana la misma tónica; mientras que en México, el periodista Sergio Aguayo fue condenado a pagar medio millón de dólares por supuesto daño moral al expresidente del PRI, Humberto Moreira. 

Entre otros temas preocupantes como la censura directa e indirecta, el acceso a la información pública y la responsabilidad ulterior, la Relatoría Especial señaló que existe una tendencia a la vigilancia de quienes se manifiestan a través de redes sociales y se valen de la tecnología para espiar a periodistas, líderes sociales y políticos. 

La Relatoría le dedicó un capítulo especial a Ecuador en donde destaca varias limitaciones al ejercicio periodístico. Estas son algunas de las conclusiones: 

 

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La emergencia sanitaria del coronavirus está presionando como nunca antes al sistema sanitario del país y motivó para que las autoridades ecuatorianas a doblegar esfuerzos para evitar más contagios. Los datos más recientes, entregados el 03 de junio por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), exponen 40.996 portadores de COVID19 y 3.486 muertes por esa causa. 

Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de catorce periodistas en Guayaquil. Olmedo Méndez Tacuri de radio Universal de Guayaquil murió el 25 de marzo. Según sus colegas cercanos, hace varios días presentaba síntomas del coronavirus. Se acercó a un hospital, le dieron paracetamol y le enviaron a su domicilio sin diagnóstico claro. El martes 24 de marzo fue sometido finalmente a la prueba del Covid19, pero hasta el jueves 26 de marzo a las 17:00 no se entregaron los resultados y se desconoce la causa de su muerte. 

Mientras que el coordinador de noticias de Ecuavisa en Guayaquil, Víctor Hugo Peña, falleció el 27 de marzo. Nuestra organización conoció que presentó síntomas severos del coronavirus, pero no alcanzó a hacerse la prueba. Deja a dos hijos menores de edad en orfandad. El 30 de marzo, falleció Guido Evaristo Castro, periodista en radio Cristal. Según su hija Ivis Castro, no pudo realizarse la prueba del COVID-19 pero tenía todos los síntomas.

A estos casos se suman los de Manuel Adolfo Varasperiodista y comentarista deportivo de radio Caravana, quien falleció en la clínica Kennedy, en Guayaquil (costa sur de Ecuador) con los síntomas de Covid19; el de Ángel Sánchez, periodista de amplia trayectoria en medios como Ecuavisa, GamaTV y TC Televisión y coordinador de Prensa de la Prefectura, quien murió sin saber si los resultados del examen de coronavirus dieron o no positivo. Ambos murieron el pasado 30 de agosto.

Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de Paúl Tobar, coordinador de Noticias de Canal Uno, quien falleció el 02 de abril con los síntomas del Covid. Sus colegas aseguraron que debido a su condición fue llevado a una casa de salud. También el deceso de Carlos Loor, tramoyista de Canal Uno y Omar Paredes, chofer de Expreso.

El periodista y locutor de radio Estrella, Luis Alberto Flores, falleció el 7 de abril. Según su hijo Diego, presentaba síntomas de la COVID-19 y en el acta de defunción consta que falleció por esa posible causa.

Roberto Román, periodista de WQ Radio, falleció el pasado 09 de abril con síntomas de COVID-19 y con un cuadro de neumonía tras haber sido atendido en una clínica privada de Guayaquil, mientras que el 15 de este mes, Augusto Itúrburu, periodista de diario El Telégrafo murió con coronavirus.

Ese mismo día falleció el radiodifusor Rosendo Escobar Cárdenas, propietario de RVT Satelital 91.5 fm, en Quevedo, provincia de Los Ríos (a 174 km de Guayas, epicentro de la pandemia en Ecuador). La razón fue una afección respiratoria que no pudo superar a sus 80 años. Teo Escobar, hijo del locutor, aseguró que presentó todos los síntomas del COVID-19.

Dos días después, el 17 de abril, Omar Salvatierra, productor radial de la emisora i99, falleció también con pronóstico positivo para el virus. La madrugada del 20 de abril, corrió la misma suerte, el excamarógrafo de RTS y TC Televisión, Fernando Albán, quien se practicó la prueba del coronavirus que resultó positiva. Albán estaba jubilado y tratando de reponerse a la enfermedad en la Clínica Guayaquil.

La organización además registra 36 periodistas con diagnóstico positivo, tres de ellos curados, hasta el 21 de mayo.

Fundamedios ve con preocupación que dicho listado se incrementa diariamente. Por eso, hacemos un llamado a los medios de comunicación para proveer de los niveles adecuados de protección a periodistas y trabajadores incluyendo camarógrafos, fotógrafos, personal técnico, obreros, personal de servicio. En la medida de lo posible debe optarse por el aislamiento y el teletrabajo. Así mismo,  apelamos a los mismos periodistas, camarógrafos, fotógrafos, personal técnico y a los directivos de los medios de comunicación para que adopten protocolos de autoprotección en las coberturas de una pandemia que crece exponencialmente y sin duda, desafía a la prensa en su labor de informar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda usar mascarillas y gel antibacterial, lavarse las manos, usar guantes protectores e, incluso, un traje enterizo (mono) y una máscara facial completa si se está en una zona de alto contagio. Además, sugiere descontaminar el equipo de trabajo (cámaras, grabadoras, celulares) con alcohol. 

Fundamedios reconoce los esfuerzos del Gobierno por intentar contener la emergencia sanitaria, pero también insta a que se proteja y garantice el trabajo de los periodistas, que al estar en cobertura donde se registran los hechos es un grupo vulnerable. El Comité de Protección de Periodistas debe activarse en contingencias como esta y velar para promover el acceso a información de calidad, impedir la censura, desarrollar -desde los altos mandos- mensajes claros, combatir la desinformación y afianzar el acceso a Internet, este último una herramienta vital para dar y recibir información.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron el pasado 19 de marzo una declaración conjunta donde reconocen el derecho a la libertad de expresión; pero, además, llaman a los gobiernos a garantizar información veraz sobre la amenaza que supone el coronavirus  y a los medios a protegerse a sí mismos, a su familia y a la comunidad. 

“El derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma”, dice la declaratoria. 

Fundamedios se hace eco de este pronunciamiento. La organización está convencida de que contar con canales informativos oficiales de calidad permitiría que más periodistas se sumen al teletrabajo y cumplan con su labor informativa desde ese ámbito. La prevención siempre será la mejor arma en contra del virus.

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La prensa cumple un rol indispensable en la cobertura de las crisis y emergencias sanitarias. Son los periodistas y sus equipos quienes se encargan de llevar a la ciudadanía la información de primera mano. 

Actualmente el COVID19 es la noticia en el mundo. Los medios informan sin parar sobre los resultados de esta pandemia que ha contagiado a más de 80 mil personas y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está entre las seis emergencias de salud pública más potentes desde 2009.

En Ecuador, hasta este 20 de marzo, la cifra asciende a 367 casos. El presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción por calamidad pública durante 60 días y anunció toque de queda.

En el Decreto 1017 se limitan algunos derechos como el libre tránsito, la libre asociación y reunión. Esto implica que los ciudadanos no podrán transitar por las calles o reunirse. La disposición no limita la libertad de expresión, ni menciona la censura previa. 

Fundamedios te entrega información importante que debes tomar en cuenta durante las próximas coberturas. 

Como periodista, ¿puedo movilizarme durante el toque de queda y estado de excepción?

SÍ. El artículo 5 del Decreto menciona que los comunicadores acreditados podrán movilizarse en el territorio nacional pues cumplen con el rol de informar a la ciudadanía. 

¿Cuáles son las limitaciones en el toque de queda?

El presidente Lenín Moreno decretó toque de queda, es decir la prohibición total de que los ciudadanos circulen. Los periodistas que porten con su credencial y el salvoconducto entregado por el Ministerio de Gobierno, a través de www.ministeriodegobierno.gob.ec, podrán circular porque cumplen con el rol fundamental de informar. 

A partir del 21 de marzo de 2020, en todo el territorio nacional, a excepción de la provincia de Guayas, el toque de queda se iniciará desde las 19:00 hasta las 05:00 del día siguiente. Mientras que para Guayas la medida regirá desde las 16:00 hasta las 05:00.

¿Cómo puedo acreditarme?

Ingresa a www.ministeriodegobierno.gob.ec, haz clic en la parte superior izquierda (en el slide show de noticias) donde dice “Salvoconducto”. Imprime el formulario que está disponible. Un responsable del medio de comunicación debe llenarlo y firmarlo, así como la persona que saldrá de cobertura. No necesitas firma adicional del Ministerio de Gobierno. Tu acreditación es el salvoconducto.   

¿Hay algo adicional que deba llevar  y que garantice mi circulación sin problema?

Sí, debes portar la credencial del medio de comunicación que certifique que eres periodista o perteneces a la empresa.

¿Tengo restricciones para emitir información durante el estado de excepción?

Según el Decreto 1017, la libertad de expresión no está limitada, solamente el libre tránsito, la libre asociación y reunión. Es decir, los periodistas pueden informar en sus canales de comunicación sobre el COVID19 sin restricciones. Sin embargo, existe la responsabilidad ulterior, contemplada en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación LOC) que menciona que los medios son responsables de la información que publican en sus canales informativos.  

El numeral 4 del artículo 165 de la Constitución dispone censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. Sin embargo, en el Decreto suscrito por el Presidente no se hace referencia explícita a limitar el derecho de libertad de expresión. Según expertos consultados por Fundamedios, los decretos de estado de excepción deben mencionar expresamente los derechos que se verán limitados. 

¿Cuáles son las fuentes oficiales de información durante la emergencia del COVID-19?

El Gobierno Nacional dispuso que la fuente oficial de información en el territorio nacional sea el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que funciona como una instancia interinstitucional para reducir riesgos en contextos de emergencias nacionales.

¿Cómo puedo acceder a información oficial?

El Gobierno ofrece varias cadenas nacionales al día, que se transmiten en línea en el perfil de Facebook de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y en medios tradicionales. En estas ruedas de prensa se presentan ministros y autoridades para actualizar datos sobre la situación del COVID19 y contestar dudas de la prensa.

¿Puedo preguntar en las ruedas de prensa virtuales? ¿Cómo lo hago?

Sí. Los periodistas pueden enviar sus interrogantes a los funcionarios a través de los chats de prensa de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Debes mandar tu consulta en forma de mensaje e identificarte.  

Si cubro Asamblea Nacional, ¿cómo puedo acceder a las reuniones de los legisladores?

El poder Legislativo tiene habilitada su plataforma en Facebook para transmitir algunas sesiones. La radio de la Asamblea: www.laradio.asambleanacional.gob.ec permanece al aire. Además, existe un chat de prensa donde se envían diariamente la agenda y enlaces de reuniones legislativas en Zoom. Si eres periodista y deseas ser incluido en la lista, escribe al +593 98 408 0980.

Mi especialidad son temas judiciales, ¿cómo puedo informarme sobre ellos?

La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con el correo electrónico comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec, el cual se encuentra activo. Además, en el sitio www.fiscalia.gob.ec consta la plataforma estadística donde se actualizan datos de personas procesadas por no acatar toque de queda y otros temas. Las redes sociales se alimentan diariamente. 

¿Cómo obtengo  información sobre el tránsito y los operativos en Quito?

Existe un chat de prensa donde puedes ser incluido y recibir información actualizada. Si deseas hacerlo, comunícate al +593 98 704 4409 . Las seis redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se actualizan con información relevante y datos estadísticos, así como la plataforma Quito Informa (http://www.quitoinforma.gob.ec). 

¿Con quién debo comunicarme si tuve inconvenientes durante mi cobertura?

Fundamedios ha habilitado su línea telefónica: +593 98 453 5165 en donde puedes reportar agresiones al trabajo periodístico e impedimentos de cobertura. El Consejo de Comunicación ha dispuesto el correo electrónico gvalencia@consejodecomunicacion.gob.ec para ello. 

Si tengo sospechas de un contagio por COVID-19, ¿a quién debo reportarlo?

Debes llamar a la línea 171 para que evalúen tus síntomas. El personal se encargará de derivarte a un centro especializado para someterte a una prueba.

¿Qué medidas de seguridad debo tomar durante mi trabajo?

Fundamedios preparó con manual con información relevante sobre el tema. Las recomendaciones se ajustan a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Descarga el documento aquí

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El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió  dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019. 

El informe más amplio (CRDPIC-CT- DEC-2019-004-IT) al cual Fundamedios tuvo acceso contiene cuatro conclusiones: 

El análisis del discurso realizado por el Consejo de Comunicación contiene una sinopsis descriptiva, referencia conceptual, análisis contextual, análisis textual, análisis co-textual y conclusiones. Entre sus líneas hace alusión a la protesta social como un derecho reconocido en la Constitución, así como la libertad de expresión, pero también menciona que “estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”. 

Para Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de radio Pichincha es polémico y la sanción desproporcionada.

Efectivamente, el Consejo analizó el discurso de nueve fragmentos de intervenciones. Las de: Luisa Maldonado (excandidata a la Alcaldía de Quito), del director del programa, Washington Yépez; del periodista Patricio Peralta, de un ciudadano y del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se menciona también que en ese espacio se recibieron 14 llamadas de oyentes.

Maldonado es la persona más mencionada en el análisis. A las 09:45, según el informe, afirmó que el alza de combustibles implica un encarecimiento en el costo de la vida. 

En su análisis, el Consejo asegura que el verbo “saludar”, según la Real Academia Española (RAE), tiene relación con la acción de “acoger  un hecho o acontecimiento de forma favorable”. Es decir, la invitada acogió la paralización del transporte, lo cual está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El informe cita otro diálogo de las 09:46 entre Maldonado y Washington Yépez. 

Para el Consejo, las frases de Yépez expresan su respaldo, como director del programa, a las afirmaciones de la entrevistada y se menciona que tampoco emite un comentario que “permita resignificar el saludo que realiza la entrevistada frente a la paralización del transporte público”. 

El informe Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, de la Relatoría, señala que la regulación sobre radiodifusión debe ser clara y concisa para “evitar vaguedades o ambigüedades que favorezcan potenciales actos de arbitrariedad”.

El documento menciona que el artículo 13 de  la Convención Americana fija limitaciones a la libertad de expresión, una de ellas es la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, aclara que cuando exista una posible amenaza de este tipo es responsabilidad del Estado verificar si obedece a causas reales, verificables e invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden, ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (…) ”.

Incluso, la Corte Interamericana ha definido que la expresión ‘orden público’ debe ser interpretada como “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”. En ese sentido, dice que la regulación no limitará la circulación de noticias, ideas u opiniones ciudadanas por más molestas, chocantes o perturbadoras que sean, en nombre de la defensa del ‘orden público’.

Lanza ejemplificó casos excepcionales en que medios de comunicación son cerrados por emitir discursos de odio y motivar a la la violencia. Se trata de la radio Televisión Libre de las Mil Colinas o RTLM, una emisora en Ruanda (África) que, entre 1993 y 1994,  jugó un rol importante durante el genocidio de la etnia de los Tutsis. 

Mensajes como: “los Tutsis no merecen vivir, hay que matarlos”; “a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”; “si las cucarachas se esconden en las escuelas, con que llenaremos las tumbas”; fueron algunas de las frases condenatorias por las cuales se concluyó con el cierre del medio y llevando a prisión a los directores del mismo. 

Frank La Rue, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, recalcó que la protesta social es un derecho que tiene íntima relación con la libertad de expresión.

“Se da el derecho de reunión con la idea de expresarse, de discutir ideas, de defender derechos en común y en algunos momentos ese derecho implica el poder manifestarse públicamente, haciendo una protesta, eso es totalmente válido”, explica el experto. Eso sí,  aclara que la libertad de expresión no puede servir de excusa para violentar derechos ajenos.

El informe técnico que motivó el retiro del título habilitante a radio Pichincha Universal fue remitido por el Consejo de Comunicación a la Defensoría del Pueblo el 3 y 7 de octubre de 2019, tal como lo establece el artículo 68, numeral 1 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero también fue puesto en conocimiento del Ministerio de Defensa. 

Fundamedios revisó la norma y en el artículo antes mencionado no se le faculta al Consejo “poner en conocimiento de otras instituciones públicas” los informes técnicos sin que sean solicitados, pero tampoco hay una prohibición explícita para ello. 

Para el abogado Salim Zaidán hubo una interpretación errónea y el envío del informe a otra institución no era procedente. “En ninguna parte de la Ley eso está considerado, ni siquiera en situaciones de excepción como se dio en octubre. Fue totalmente descabellado lo que se ha hecho. No tiene ningún sustento legal que se haya enviado al Ministerio de Defensa”. 

Sucede que el Decreto ejecutivo 884 que determinó el estado de excepción no se refirió a la censura previa ni limitó el derecho a la libertad de expresión. Incluso, el presidente Lenín Moreno anunció el estado de excepción a las 13:18 del 3 de octubre y el programa En la Oreja fue transmitido a las 09:00. 

Además, el 8 de octubre, el Consejo denunció a la radio sin fines judiciales en la Fiscalía, amparado en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”, dice el artículo.

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En las últimas décadas en Latinoamérica las mujeres alcanzaron derechos que antes no tenían. Se reconoció el voto femenino como un derecho humano fundamental, así como la representación, paridad de género en la política y hasta -en algunos países- la despenalización del aborto. Sin embargo, la violencia sexual, psicológica y física todavía permean con fuerza y alcanza a mujeres y niñas sin distinción social. 

América Latina es la segunda región del mundo más letal para las mujeres después de África. Cada dos horas y media se registra un femicidio y una de cada tres mujeres sufre violencia sexual. Así lo confirma la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Las periodistas son doblemente expuestas a situaciones de violencia. No solo se enfrentan en la cotidianidad a patrones machistas, sino que también soportan desigualdad en el ámbito laboral, comentarios sexistas, estigmatización y falta de oportunidades cuando deciden ser madres. Esto, sumado a la desprotección y la deficiencia en la investigación de casos, las deja en estado de indefensión.

Estos son algunos de los argumentos del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ‘Mujeres periodistas y libertad de expresión’, presentado públicamente en marzo de 2019 en Estados Unidos. 

La Relatoría menciona algunos hallazgos del último Proyecto de Monitoreo Global de Medios (2015), en América Latina, en el cual el 43% de las personas que presentaban o reportaban noticias eran mujeres, un 15% más que en el 2000. En el Caribe, la cifra alcanzó el 45%. En cambio, en Estados Unidos disminuyó. El número de periodistas mujeres se  redujo de 46%, en 2000, a 38% en 2015. 

El informe también dice que en la región las mujeres están sobrerrepresentadas entre quienes reportan noticias que abarcan temas “femeninos” versus aquellas que cubren política y economía. “Este patrón puede contribuir a que el trabajo de las mujeres periodistas sea menos visible y menos valorado”, se menciona. 

Un dato que llama la atención es que existe información escasa sobre la presencia de mujeres en cargos directivos de empresas periodísticas. De acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en 2011, la representación de las mujeres en los puestos de dirección de las compañías de medios de América Latina era inferior al 25% y menos de un tercio, 30,5%, en los niveles gerenciales (directores ejecutivos, directores generales, directores financieros). 

Otra de las amenazas latentes es la violencia sexual. El informe recopila datos de la Federación Internacional de Periodistas (2017) que concluye que el 37% de las periodistas encuestadas en varios países de la región reportó haber sufrido acoso sexual. 

La Relatoría Especial reconoce los esfuerzos de algunos Estados para establecer programas y mecanismos de protección en materia de violencia a las periodistas, pero concluye en que los esfuerzos aún no son suficientes. Es necesario emprender un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y los mismos medios de comunicación

La subeditora de diario El Tiempo, en Colombia, Jineth Bedoya, concuerda con esta postura. En una entrevista realizada por Fundamedios en agosto de 2019, a propósito del anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabilizó al Estado colombiano por su secuestro y violación en 2000 mientras hacía su trabajo, comentó acerca de las labores de capacitación que realiza para evitar que más mujeres sean violentadas. 

Bedoya no solo ha acudido a las redacciones colombianas, sino también a otras latinoamericanas y europeas. En estos espacios habla con ellos y ellas sobre los riesgos de la profesión y promueve un lenguaje inclusivo que no revictimice. También enseña sobre contenidos que apuesten a la igualdad y al respeto. 

“Además, tenemos charlas muy privadas entre las mujeres sobre cómo debemos autocuidarnos dentro y fuera de la redacción, de cómo enfrentar a nuestras fuentes, de cómo pedir ayuda, porque hay que hacerlo”, explica Bedoya. 

Yisbelsy Hernández es una periodista venezolana con 25 años de trayectoria en medios locales. No ha sufrido violencia ni discriminación, pero asegura que la realidad para todas no es la misma y antes menos mujeres eran visibles en las redacciones. “Ahora hay más mujeres ocupando espacios de importancia, aún cuando la mayoría siguen siendo hombres. Se ha ganado respeto y terreno sobre todo lo que tiene que ver con credibilidad y cómo se maneja la noticia”, asegura la reportera del portal Noticias de Aquí, en el estado Anzoátegui, oriente de Venezuela.

El dato

En Ecuador existen  5121 periodistas que trabajan en los medios ecuatorianos, 3653 son hombres y 1468 son mujeres. Esto, según una tesis doctoral en marcha de Ana Dávila, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en la que cita esta información obtenida a partir de estadísticas entregadas por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.

 

 

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Con cinco votos a favor y tres en contra, la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional aprobó este 12 de febrero la moción presentada por la legisladora Marcela Aguiñaga. La militante de la bancada de la Revolución Ciudadana propuso eliminar una posible regulación a las plataformas digitales y los términos ambiguos contenidos en la propuesta de modificación del artículo 5 presentado por el Ejecutivo en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 

Jaime Olivo, presidente de la Comisión, explicó a Fundamedios que el miércoles se discutieron dos puntos importantes. Primero hubo un consenso sobre la necesidad de reformar ese artículo para considerar a la comunicación como un derecho humano y no como un servicio público. 

El segundo punto de discusión que no generó consenso fue una posible regulación a las plataformas digitales que se menciona de forma ambigua: “Los medios de comunicación social son mecanismos e instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir, propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos, imágenes destinados a la población. Los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y/o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación y/o intercambio de contenidos a través de los instrumentos o mecanismos antes señalados”.

Con la votación se acordó eliminar los términos “mecanismos” o “instrumentos” que solo se prestan a confusiones y que incluirían a las plataformas digitales y a redes sociales. Olivo explicó que hay que garantizar la libertad de expresión con las limitaciones que la Constitución contempla como la intimidad y el derecho al buen nombre. 

La asambleísta Aguiñaga se pronunció al respecto en Twitter: “Aunque el gobierno de las ‘libertades’ pretendió reformar la Ley de Comunicación para regular las plataformas digitales, en @DerColectivosAN se aprobó mi moción para que se descarte del texto cualquier regulación en este sentido”.

Olivo mencionó que espera que este mes la discusión sobre esta reforma a la LOC pase a segundo debate.