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FUNDAMEDIOS expresa su preocupación ante las acciones violentas, intimidatorias o abiertamente represivas de la Policía Nacional durante los tres últimos meses, en respuesta a manifestaciones civiles y casos relacionados con la libre expresión y movilidad. La organización hace un llamado al Ministerio del Interior para que tome acciones que garanticen el derecho de las personas a expresarse y opinar libremente en una sociedad democrática, así como el derecho a la libre asociación, reconocido en el campo civil por el Estado ecuatoriano.

El artículo 2 del Reglamento del Uso Adecuado de la Fuerza indica que “se aplicará para neutralizar, y preferentemente, reducir el nivel de amenaza y resistencia, de uno o más ciudadanas o ciudadanos sujetos del procedimiento policial”. Además, estipula que se usará “en salvaguarda de la seguridad ciudadana, el orden público, la protección del libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas…”.

El pasado 10 de agosto, miembros de la Policía Nacional detuvieron arbitrariamente a tres jóvenes que practicaban skate y filmaban sus destrezas para el portal ‘Tres Sucres’. FUNDAMEDIOS tuvo acceso a un video dónde se observa cómo un policía en moto intenta atropellar a uno de los jóvenes, mientras el resto de uniformados los desalojan con insultos y golpes. Mientras los muchachos intentan defenderse, la Policía los inmoviliza con gas pimienta.

Los jóvenes fueron vejados y maltratados en un centro de retención por más de dos horas hasta que fueron trasladados a la Fiscalía. La autoridad de turno determinó que no se cumplió con el debido proceso y fueron liberados.

Otro incidente ocurrió en la marcha por el Día del Trabajo, del  pasado 1 de mayo; la marcha por la marihuana, realizada en Guayaquil el 4 de mayo, y la protesta pacífica de los estudiantes de Medicina de la UG, del pasado 14 de mayo, no constituyen una amenaza a la ciudadanía. Tampoco lo es el libre tránsito de mujeres transexuales en las calles de Quito. Sin embargo, miembros de la Policía Nacional obviaron el mandato constitucional que los llama a “atender la seguridad ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas” y, en su lugar, optaron por actuar de manera represiva y violenta, poniendo en peligro la seguridad física de los participantes, quienes hacían efectivo su derecho a ser protegidos por las fuerzas del orden.

El uso desmedido de la fuerza y la intimidación policial también constituye una amenaza a la libertad de expresión. En junio y julio, nuestra organización reportó cuatro alertas relacionadas a este tema. El 12 de junio, un comunicador de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), recibió un toletazo en la pierna derecha por un policía mientras realizaba una cobertura en el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura. El 27 de junio, un periodista de El Universo fue retenido por la Policía mientras tomaba fotografías con su celular en medio de un operativo. Fue llevado a una Unidad de Policía Comunitaria escoltado por seis patrullas de uniformados. 

El pasado 29 de junio, un miembro de la Policía Nacional golpeó en la espalda con un tolete al periodista radial Zamny Nájera, mientras intentaba frenar la detención de su hija en la ciudad de Guaranda. Tras el golpe quedó inconsciente y fue llevado a un hospital de la localidad. Según testigos, su hija, de 18 años, fue detenida por alrededor de 40 uniformados, quienes actuaron de forma intimidatoria.  Finalmente, el 3 de julio, la Policía impidió que un artista urbano pinte un mural sobre diversidad sexual. Si bien no hubo agresión física, amenazaron al joven con llevarlo detenido. 

FUNDAMEDIOS insta a que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, garantice los Derechos Humanos de los ecuatorianos. La libertad de asociación y de expresión están amparadas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El artículo 20 dicta que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos elaborada en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo proclama en su artículo 16: “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”.

El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos señala que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

De conformidad con los estándares internacionales, los ecuatorianos tienen derecho a expresarse libremente. FUNDAMEDIOS recalca que los Derechos Humanos son inherentes a toda persona y son reconocidos como universales, inalienables e indivisibles. Es trascendental que, ante lo expuesto, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional revisen e investiguen las acciones de sus uniformados.

 

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Este 27 de junio de 2019 se ha dado un severo golpe a la posibilidad de ejercer plenamente la libertad de expresar críticas, desacuerdos contra funcionarios públicos, incluso si éstas son injustas o excesivas, tal como dictan los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. 

En la fecha antes señalada, un Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha integrado por los jueces Patlova Guerra Guerra, Paulina Grijalva Chacón y Henry Cáliz Ramos, dictaron una resolución que constituye un atentado al derecho a la libertad de expresión, pues el Tribunal establece que decir en un lugar público, en voz alta: “mira a un correísta blanqueado” constituye una ofensa, una provocación de tal magnitud, que justifica represalias y agresiones, ante las cuales, un ciudadano, además, debe permanecer inactivo, con los brazos abajo y dejándose someter. Tal como sucedió durante el Régimen autoritario y violador de Derechos Humanos de Rafael Correa, cuando desde la misma caravana presidencial se ordenaba apresar a ciudadanos que se atrevían a hacer algún gesto que el Caudillo consideraba ofensivo.

Lamentablemente en el Ecuador de “las libertades y los derechos”, el mismo espíritu de control y castigo sigue vigente; especialmente en las cortes de justicia, donde en lugar de proteger a los ciudadanos o a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, se los condena por ejercer el justo derecho a la crítica. 

En mi caso, debo dejar establecido con absoluta claridad los hechos: El día 6 de julio, ingresé al Supermaxi con mi esposa para hacer unas compras. Vi que en una caja estaba Jorge Jurado, uno de los más conspicuos funcionarios del Régimen de Correa, un sujeto que se daba el lujo de perseguir a exiliados ecuatorianos en la República Checa y que, en su calidad de Embajador de Correa en Alemania, acudía a foros dónde críticos al Régimen presentaban sus casos (Yasunidos, por ejemplo) para descalificarlos a viva voz. 

Comenté a mi esposa, en voz alta: “mira ahí está un correísta blanqueado” y seguí mi camino. Acto seguido, Jorge Jurado se abalanzó encima mío y de mi esposa con todo el peso de su humanidad y nos increpó con gritos e insultos, que para mí, eran inentendibles. 

De una vez por todas, debemos establecer que el agredido fui yo. Jurado se abalanzó encima mío y para ello sorteó unos cinco metros que nos separaban, con toda agilidad. De ninguna forma, la supuesta discapacidad que tiene le impidió moverse de esa manera. Cuando logré ver esto, regresé y lo enfrenté. Forcejeamos, me pecheó y yo simplemente puse las manos en frente para repeler la agresión y el funcionario se tumbó al suelo. Es claro que yo nunca tuve el ánimo de provocar su caída, solo quería separarlo de mí y de mi esposa. Obviamente, lamento que el voluminoso señor Jurado haya caído y se haya golpeado levemente, pero esto fue consecuencia de su propia actitud agresiva al haberse abalanzado encima mío. 

Estos hechos, que serían una anécdota sin importancia, por obra y gracias de los jueces que han conocido el caso, se ha convertido en un terrible precedente y en un mensaje contra la libertad de expresión. Luego de sufrir este largo, penoso y surrealista proceso, me queda claro que la justicia correísta está plenamente vigente y que los jueces que me juzgan nunca me van a perdonar la “ofensa” de llamar a un funcionario reciclado “correísta blanqueado”, es decir un correísta en fase de hipocresía total solo para conservar un puesto y sus privilegios. 

Que se trata de un castigo a la expresión y no a una supuesta agresión, inexistente de mi parte, se demuestra cuando en las sentencias, se busca obligarme a “pedir disculpas a través de un medio de circulación nacional”, medida que solo cabría si fuera un proceso en un juicio por un delito contra el honor. Con esta medida abusiva y absurda queda expuesto que estamos ante un caso de libertad de expresión, en toda regla. 

Estoy convencido de que si hubiera dicho “ahí está un correísta corrupto” o “correísta ladrón”, este caso no habría prosperado. Sin embargo, al haber señalado con el dedo la hipocresía del sistema, se me condena de una forma absurda y delirante. 

En todo caso, los jueces y la justicia correísta plenamente vigente y dispuesta a fallar contra la libertad de expresión de los ciudadanos, debe saber que estoy dispuesto a dar todas las batallas  y acudir a todas las instancias legales para proteger el derecho a expresarse libremente, porque no me van a callar jamás, como nunca pudieron hacer durante los 10 años en que gobernó su Caudillo de forma autoritaria y violenta.

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Teleamazonas fue uno de los medios más perseguidos entre 2007 y 2017. En esa década, el canal televisivo recibió más de 10 sanciones, ofreció disculpas públicas al menos 3 veces, fue sancionado con multas económicas y perdió a 4 periodistas por presiones externas.

El canal fue uno de los más críticos con el gobierno de Rafael Correa. Reportajes sobre supuestos cambios de última hora al proyecto de reforma constitucional impulsado por Alianza País, notas que recogían objeciones a las obras que llevaba adelante el Gobierno o irregularidades en los comicios electorales que marcaban la reelección del exmandatario fueron algunos de los temas que mayor malestar causaron al régimen y que terminaron por convertirlo en blanco de constantes críticas y descalificaciones.

Jorge Ortiz, quien manejaba su programa matutino “La Hora de Jorge Ortiz” fue uno de los periodistas más criticados. “Era evidente que había una persecución contra los medios de comunicación independientes. Parte de esa persecución era tratar que Teleamazonas salga del aire (…) Creo que había una dedicatoria contra mí, nunca hubo un argumento o una acusación concreta, sus ataques eran al estilo Correa con mucho odio, descalificación y epítetos”, afirmó a FUNDAMEDIOS. 

La Constitución de Montecristi, aprobada en 2008, también prohibió a la banca tener acciones en medios de comunicación. Fidel Egas, dueño de Banco Pichincha y de la estación televisiva, vendió la totalidad de las acciones de Teleamazonas.

Carlos Jijón, quien en ese entonces se desempeñaba como Director Nacional de Noticias, también dejó el canal. A su criterio, uno de las coberturas periodísticas que más molestó al Presidente fue el reporte del impacto de la exploración de gas de PDVSA en la isla Puná, esta investigación fue penada con la suspensión de la transmisión, afortunadamente, una Corte provincial falló a favor de la televisora.

Jijón cree que nunca hubo tantas limitaciones a la prensa como en la década pasada. “Yo empecé a hacer periodismo en 1982 y hasta la fecha no encuentro que haya habido una persecución a la prensa tan fuerte como fue en el gobierno de Correa”, sostuvo.

A continuación hacemos un recuento de las sanciones que recibió Teleamazonas y de las razones por las que cuatro periodistas abandonaron la pantalla.

 

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El libro «La Difícil Transición desde un Gobierno Autoritario: 10 años son muchos», que recopila hechos sociales, jurídicos y económicos durante el régimen de Rafael Correa y la transición hacia un nuevo período presidencial, fue presentado ayer, 25 de junio, en el auditorio del Consejo Nacional Electoral.

El libro, que consta de cuatro capítulos escritos por Gloria Ardaya, Alejandro Molina, Luis Verdesoto Custode, Alejandra Cárdenas Reyes, César Ulloa – Tapia y Fausto Camacho, es parte de una serie de publicaciones de la Plataforma Democracia y DDHH.

La socióloga y autora Gloria Ardaya explicó que una de las motivaciones que la llevó a escribir uno de los capítulos, fue dejar testimonio de una época autoritaria y, además, ser un aporte para consolidar la democracia en el país. «El Estado personificado en la figura del expresidente no garantizó la gobernabilidad, no solo por la judicialización de la política, sino porque el mandatario no aplicó sus propios planes de gobierno», aseguró la experta.

El juez de la Corte Constitucional y catedrático, Ramiro Ávila, quien participó en el panel de discusión, se refirió al aspecto jurídico del libro. Dijo que en la época pasada se crearon «reformas en todas las instancias de la vida». A su criterio, el Código Integral Penal fue uno de los instrumentos legales más importantes para penalizar, callar y sancionar.

El jurista explicó que solo en esos diez años se presentaron 60 mil actos de carácter administrativo, que representaron un 25% del total de actos presentados durante toda la vida republicana ecuatoriana.

El capítulo del libro que analiza la democracia en Ecuador, fue presentado por la académica Solanda Goyes, quien aseguró que las cuatro elecciones consecutivas y el apoyo de la mayoría de la bancada legislativa entregó mucho poder al Ejecutivo para imponer cualquier reforma. Esto, sumado a los altos réditos del petróleo y la politización de la justicia, fortalecieron la imagen del correísmo.

Una imagen que luego de la transición al gobierno de Lenín Moreno se vio debilitada por el nuevo rumbo político que ya no era afín a la década anterior.

Goyes destacó que los casos destapados de corrupción, de cambio de leyes, de tensiones internas en el partido, terminaron por resquebrajar al Estado. “Lo más complejo es que terminamos sin una visión de país y de estado nación”, sostuvo.

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El Informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en Ecuador es presentado hoy, 25 de junio, en Ginebra (Suiza), en el marco del 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento fue elaborado por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión de la Organización de las Naciones Unidas, David Kane y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quienes visitaron Ecuador en 2018.

Los Relatores reconocen como un avance significativo las medidas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno para “poner fin a las violaciones del derecho a la libertad de expresión” que se registraron en el gobierno pasado. También, destacan las modificaciones a la Ley Orgánica de Comunicación en 2018 y la decisión de la Corte Constitucional que derogó una disposición que establecía que la comunicación debía considerarse un servicio público y no un medio para ejercer la libertad de expresión.

En sus reuniones con periodistas, representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, miembros de comunidades indígenas y otras personas, los Relatores Especiales observaron que la persecución ejercida durante casi diez años había sometido a esos agentes a una presión considerable. El periodismo como profesión y como institución fundamental de la democracia se vio socavado y desacreditado. Algunos de los miembros más valiosos de la profesión se vieron obligados a abandonar el periodismo o el país por temor a las represalias. 

El informe, que consta de 21 páginas, aborda puntualmente nueve temas de relevancia con sus respectivas observaciones. Por ejemplo, se mencionan las modificaciones jurídicas, la promoción de un periodismo independiente, el pluralismo y diversidad en las comunicaciones, el acceso a la información, así como la seguridad de los periodistas (en donde condenan el asesinato del grupo de prensa de El Comercio).

Sobre la muerte de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, los Relatores Especiales concluyeron que constituyó el “ataque más grave perpetrado contra los medios de comunicación ecuatorianos por un grupo delictivo organizado”. Este lamentable hecho, según se menciona, puso de manifiesto las “deficiencias de protección en el Ecuador” y la carencia de “medidas o protocolos para garantizar la seguridad de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación”. Por ello, los Relatores instan al Gobierno a fortalecer las actividades y la seguridad en las zonas de alto riesgo. 

Así también, destacan y valoran la creación de un comité interinstitucional para la protección de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, anunciada por el Gobierno, que coordinará los esfuerzos de diversas instituciones y de la sociedad civil para proteger a los periodistas en situaciones de riesgo y establecer una política de prevención de la violencia. 

Sin embargo, concuerdan con que el comité debe incluir a los periodistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y familiares de las víctimas. Además, recomiendan que las metodologías de evaluación de riesgos deben incluir un enfoque diferenciado que tome en cuenta los riesgos específicos a los que se enfrentan las mujeres periodistas, los trabajadores comunitarios e indígenas de los medios de comunicación.

Sobre la situación general de los medios y periodistas, la valoración de los relatores es aún de expectativa. El documento manifiesta que el restablecimiento de la confianza del público en la prensa y la promoción del periodismo independiente “requerirá un esfuerzo colectivo del Gobierno, los periodistas y el pueblo de Ecuador en general”. Los Relatores mencionan que los comunicadores ecuatorianos y los medios desempeñan un papel fundamental para la buena salud de la profesión. 

El informe también se refirió a la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Los Relatores escucharon numerosos casos de criminalización de activistas en el contexto de protestas sociales y manifestaciones. Datos entregados por la Defensoría del Pueblo, indicaron que en la década pasada se iniciaron acciones penales contra 841 personas, el 90% fueron emprendidas por el Estado.

Hasta la entrada en vigor del Código Penal en 2014, se utilizaron varios delitos con tipificaciones jurídicas incompatibles con el principio de la estricta legalidad. Entre ellas, figuraban los delitos de obstrucción ilegal de vías públicas, sabotaje, apología del delito, terrorismo, promoción de desfiles o manifestaciones públicas sin autorización, conspiración contra la seguridad del Estado y delitos contra funcionarios públicos.

En la parte final del informe se recogen más de 15 recomendaciones concretas al gobierno ecuatoriano. Sobre la Ley de Comunicación,solicitan revisar la aplicación de los artículos 23 y 24 relacionados con la rectificación y réplica, con el fin de evitar la  censura indirecta y la intimidación. 

Sobre los efectos nocivos sobre el periodismo señalan que: “La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 socavó seriamente la independencia de los medios de comunicación, al igual que las presiones ejercidas sobre los periodistas y reporteros por el Gobierno anterior. La autocensura y el recelo en torno al periodismo de investigación persisten entre los miembros de la prensa, ya que siguen temiendo ser perseguidos en virtud de la Ley, a pesar de su reforma jurídica y técnica.”

Con respecto al COIP, exhortan a las autoridades a despenalizar los delitos contra el honor y la reputación para transformarlas en infracciones civiles. El documento hace referencia a los artículos 182, 396, 307 y 322 de este cuerpo legal.

Los Relatores Especiales observan, además, que el Código contiene otros delitos problemáticos como los tipificados en los artículos 307 y 322, que prevén penas de 5 a 7 años de privación de libertad para quien difunda noticias falsas que den lugar a una situación de pánico económico o financiero. “Las disposiciones de ese tipo forzosamente producen un efecto desalentador en quienes comentan sobre la economía o los asuntos financieros, como los periodistas, los medios de comunicación y las instituciones académicas”, destaca el documento.

El pasado 20 de mayo, el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea, la reforma del artículo 396 del COIP, eliminando la pena privativa de libertad de 15 a 30 días para quien “profiera expresiones en descrédito o deshonra”. En su lugar, propuso una nueva figura denominada contravención contra el honor, que sustituye la pena privativa de libertad por una sanción con trabajo comunitario de hasta 80 horas o multa de tres a seis remuneraciones básicas unificadas. 

Esa reforma, a la luz de las recomendaciones de lo Relatores y los estándares internacionales es insuficiente, pues los expertos de ONU y la CIDH instan “al Estado a que derogue esas disposiciones y apruebe otras pertinentes de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Al desalentar la expresión oral y la transmisión de información, la legislación vigente afecta no solo a los periodistas y a otras personas, sino también a la cantidad de información que el público puede recibir”.

Otro de los puntos importantes que destaca el documento es la adjudicación y renovación de las licencias de radio y televisión, que deben estar orientadas por criterios democráticos y procedimientos públicos y transparentes. Sobre ello, los Relatores recomiendan “que el Estado establezca un consejo o foro consultivo para todas las partes interesadas (medios de comunicación públicos, privados, comerciales y comunitarios), a fin de entablar un diálogo sobre el marco general para la adjudicación del espectro”. En este sentido, ofrecen su asistencia para el seguimiento y asesoramiento técnico en el tema. 

El informe también sugiere promover una cultura de transparencia y de libre acceso a la información pública, investigar los delitos contra periodistas para evitar la impunidad y brindar reparaciones a las víctimas (comunicadores, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos) que se hayan visto afectadas por violaciones de la libertad de expresión en los diez últimos años. Las medidas de reparación deben ofrecer “restitución, indemnización o rehabilitación a las víctimas, así como medidas generales de satisfacción y garantías de no repetición para la amplia gama de violaciones de la libertad de expresión”. 

Los Relatores exhortan a la promulgación de una disposición transitoria de modificación a la Ley Orgánica de Comunicación para establecer un proceso de revisión de la aplicación de sanciones por la Superintendencia de la Información y Comunicación, entidad que estará en operaciones hasta julio de 2019. 

FUNDAMEDIOS se compromete a velar para que las recomendaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sean tomadas en cuenta por el Ejecutivo y se convierta en un instrumento de trabajo para garantizar el derecho a la libre expresión en el país.

Descargar el documento : 2019 junio CIDH-ONU Final EC Report_ESP (1)

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El pasado 20 de junio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que presentó la reforma al artículo 396 del Código Integral Penal (COIP) que, actualmente, estipula una pena privativa de libertad de quince a treinta días a la persona que, por cualquier medio, “profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.

En su lugar, propone una nueva figura denominada contravención contra el honor, en la que elimina la pena privativa de libertad, pero sanciona con trabajo comunitario de hasta 80 horas o multa de tres a seis remuneraciones básicas unificadas a la persona que “profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.

FUNDAMEDIOS reconoce como un avance importante la eliminación de la pena privativa de la libertad. Sin embargo, considera que el artículo tal como está redactado es insuficiente, ambiguo y sigue sancionando expresiones de interés público, pues no se elimina la contravención, solo se modifica la pena.

El objetivo del trabajo periodístico es investigar y develar aquellos actos que no se ajusten a la verdad. En ese sentido, es recurrente la realización de reportajes o investigaciones que involucren a personas que se encuentran en la esfera pública.

Creemos que con la reforma al artículo 396 del COIP, se coartaría la posibilidad de realizar investigaciones periodísticas, pues cualquier funcionario público tan solo por el hecho de ser nombrado en ese trabajo, puede denunciar haber sido víctima de “descrédito” y “deshonra”, lo cual terminaría limitando el trabajo de la prensa.

El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos señala que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

FUNDAMEDIOS hace un llamado al Ejecutivo para analizar la redacción de este artículo y rectificar la ambigüedad del misma para garantizar el libre trabajo de la prensa ecuatoriana.

Este 14 de noviembre, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se reunió para retomar la segunda etapa del debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Durante esta jornada se recibieron tres propuestas con observaciones al proyecto.
 
Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), se refirió a los medios de comunicación universitarios y de educación superior y su falta de presencia en la ley. “Es fundamental considerar a las universidades como una herramienta que ayudará a ampliar los objetivos de canales comunitarios que sufren de deficiencia económica y apoyo del Estado”, mencionó.
 
Juan Francisco Pozo, director Ejecutivo del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, expresó que él encuentra una sobrecarga regulatoria para muchos frentes y que se regulan aspectos que no deberían. Por ejemplo, indicó que el artículo 98 de la Ley vigente, que prohíbe la difusión de materiales y publicidad no producida por empresas o personas ecuatorianas, debería eliminarse. Lo mismo con el artículo 55 del Reglamento e incrementar el porcentaje de contenido internacional en el 58. Además, sugirió desarrollar una Ley de Publicidad que beneficie al consumidor y ofrezca garantías. “Creemos que es necesario regular la publicidad, pero enfocándose en derechos del consumidor. Los acuerdos internacionales no están siendo respetados al momento”.
 
Jorge Corozo, presidente de la Comisión, acotó que “en Derechos Colectivos queremos respetar derechos favorables de toda la población. Lo que quisiéramos es construir y buscar alternativas para dejar en claro que estamos construyendo una ley en la que todos están involucrados”.
 
La última propuesta fue presentada por Patricio Morales, del Colectivo Cantón del Sur, quien recomienda ratificar el artículo 103 de la LOC, para garantizar que se mantenga el 1 x1. También sugirió trasladar dicho artículo a la Ley Orgánica de Cultura.

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Este martes 13 de noviembre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio sustanció las impugnaciones en contra de tres candidatos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Luis Verdesoto, socio de FUNDAMEDIOS, defendió su derecho a participar en el proceso.

El impugnante Robinson Ruiz presentó sus preocupaciones sobre la candidatura del catedrático. Alegó tres aspectos: fechas establecidas de postulación, declaración de paraísos fiscales y verificación de título de tercer nivel.

Según Ruiz, el miembro de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos debió presentar tres informes para que su postulación sea admitida; y el segundo y tercer informes fueron remitidos después de la fecha establecida. También mencionó que el título de Licenciatura de tercer nivel de Verdesoto no consta en el sistema de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

En su defensa, el académico explicó que él buscó que seis instituciones diferentes respalden su candidatura al CNE. Cinco fueron descalificadas y dos admitidas después de realizar el pedido de admisión. Entre esas organizaciones estuvo FUNDAMEDIOS. Sobre su título de tercer nivel, indicó que fue expedido hace más de 43 años, razón por la cual no consta en la Senescyt. Sin embargo, expuso la evidencia notarizada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y recalcó que hubiera sido imposible recibir sus títulos de cuarto nivel, así el doctorado, si no contara con un título oficial avalado.

“Yo no incumplo ninguno de los requisitos pedidos. Yo jamás he servido a ninguna dictadura y nunca lo haré”, enfatizó Verdesoto. El próximo 21 de noviembre se conocerá el listado final de quienes estarán en la papeleta electoral. Ese día se convocará a las elecciones seccionales y del CPCCS.

 

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Ante el Comunicado divulgado esta mañana por los familiares de Xavier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinados en cumplimiento de su trabajo en territorio colombiano, FUNDAMEDIOS expresa su total respaldo a sus exigencias.

Sin duda debemos destacar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad colombiana por rescatar los cuerpos que posiblemente correspondan a los periodistas asesinados. Sin embargo, hacemos notar que este esfuerzo ha sido empañado por el hecho de que altas autoridades del Gobierno colombiano, encabezado por el Presidente Juan Manuel Santos, la Canciller, María Ángela Holguín y el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas han tenido un manejo irresponsable de la información del caso y un trato insensible e irrespetuoso con las familias, con el Gobierno ecuatoriano y en general con los ecuatorianos. Hechos que rechazamos.

Sería muy triste que el manejo de esta situación, humanante tan dolorosa y que ha significado, no sólo la vulneración del Derecho Humano a la vida, sino un caso emblemático de una severa violación a la Libertad de Expresión, se maneje con la lógica de la propaganda política.

Creemos muy oportuno el pedido de las familias del envío de una nota de protesta de la Cancillería colombiana, y la respuesta que ha tenido la Cancillería ecuatoriana. Respaldamos los términos de su nota de protesta y creemos que cabe una respuesta de parte del Gobierno de Colombia con disculpas a las familias y a los ecuatorianos.

A su vez reiteramos el pedido para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ponga en funcionamiento el Equipo de Seguimiento Especial, ESE y que este se haga presente en estos momentos críticos de la investigación como es el de los análisis forenses.

Hacemos notar que, hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha dado su aprobación al plan de trabajo presentado por la CIDH para que el ESE pueda extender su trabajo al territorio colombiano, pese a la aceptación del mecanismo expresado por las más altas autoridades colombianas y reiteradas por su Embajador ante la OEA, Andrés González.

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Frente a la iniciativa adoptada por el Presidente Lenin Moreno de examinar los términos para una convocatoria a consulta popular, la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos (PDDHE) realizó una rueda de prensa el 12 de septiembre de 2017. En este espacio, se expuso las propuestas sobre las enmiendas constitucionales a ser sometidas a referéndum.

La propuesta presentada por la Plataforma se refiere a las preguntas que se consideran urgentes y fundamentales para las enmiendas constitucionales en referéndum. Así, los temas abordados fueron: la reelección presidencial, la comunicación como servicio público, la composición y funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Independencia de la Función Judicial, la recuperación de la jerarquía de la Corte Nacional de Justicia, y la modificación del sistema electoral para garantizar la representación transparente y el reconocimiento de mayorías y minorías.

Luis Verdesoto, presidente de la PDDHE, resaltó la importancia de la independencia de la sociedad civil en este proceso en el que se encuentra el Estado ecuatoriano. “El inicio de un proceso de transición solo se puede dar mediante la eliminación de las condiciones de reproducción de hiperpresidencialismo ecuatoriano que alimentó al país de corrupción y autoritarismo”, señaló.

El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, recalcó que las propuestas presentadas forman parte de un documento de trabajo y que se espera que sea alimentado por otras iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil con el afán de ampliar el diálogo.

Finalmente, se exhortó la unión de la sociedad civil y actores políticos a dejar agendas particulares con la finalidad de consolidar fuerzas y abrir una ventana hacia la transición de un régimen autoritario a una plena democracia. .

Revise el documento de las enmiendas propuestas.