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Ecuador, 16 de septiembre de 2021. La investigación de FUNDAMEDIOS y 4 Pelagatos sobre la adjudicación irregular de cuatro frecuencias al magnate mexicano Ángel González, “El Fantasma” tuvo las primeras reacciones oficiales y una respuesta del ex director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) que asegura que fue durante el régimen de Guillermo Lasso que las cuatro frecuencias fueron adjudicadas.

Desde el Gobierno, el actual Director Ejecutivo  de ARCOTEL, Andrés Jácome, aseguró en un video que el organismo “adjudicó los títulos habilitantes en el anterior concurso de frecuencias”, aplicando los procesos de control y revisión emitidos por la entidad en mayo de 2020 y que actualmente se encuentran en revisión y modificación. 

Recordó que estos procedimientos establecen la posibilidad de  nuevas acciones de control posteriores al otorgamiento de nuevos títulos habilitantes para detectar la presencia de prohibiciones e inhabilidades que no hubieren sido evidenciadas oportunamente. 

La investigación de FUNDAMEDIOS y 4 Pelagatos reveló que las cuatro emisoras de González fueron descalificadas durante el concurso de frecuencias impulsado por la  Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, por incumplir un requisito de la Ley de Comunicación: pertenecer entre un 90 y un 99%, a empresas radicadas en Guatemala y Uruguay, cuando el porcentaje máximo de participación de capital extranjero era de un 49% máximo.  

Pese a incurrir en esta inhabilidad, la Cancillería respondió favorablemente una consulta que la Arcotel sobre los acuerdos entre Ecuador y Guatemala y los de Ecuador con Uruguay —país de origen de algunas empresas accionistas de las emisoras de González en Ecuador—. El 27 de mayo, Xavier Aguirre, entonces director ejecutivo de la Arcotel designado por el ya exministro Andrés Michelena, se allanó al informe del departamento jurídico que, a su vez, aceptó las apelaciones de las compañías y dejó sin efecto las resoluciones en que habían sido descalificadas las emisoras , devolviéndole las cuatro estaciones de radio a las manos de “El Fantasma”. 

Sobre las apelaciones de las radios Galaxia Stereo (88.5),  Alfa Stereo (104.1),  Tropicalida Stereo (91.3) y Like Fm  (96.1) a su descalificación, la autoridad de ARCOTEL señaló que dentro del proceso de otorgamiento de títulos habilitantes en el caso de que los postulantes estén en desacuerdo con las decisiones de ARCOTEL les asiste el derecho de interponer reclamos administrativos y así lo hicieron las cuatro compañías. 

“ARCOTEL, cumpliendo las directrices de Transparencia del Gobierno del Encuentro ha iniciado ya la revisión, supervisión  y control de las frecuencias adjudicadas” dijo Jácome y también que solicitó a la Contraloría General del Estado la realización de un Exámen Especial integral al Concurso de Frecuencias convocado en 2020. 

Desde el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información también se anunciaron acciones. La titular de la Cartera de Estado, Vianna Maino, aclaró durante una entrevista en Teleamazonas que si bien la adjudicación de las emisoras Galaxia Stereo (88.5),  Alfa Stereo (104.1),  Tropicálida Stereo (91.3) y Like Fm  (96.1) se dio al inicio del mandato del presidente Guillermo Lasso, no fue una decisión de este Gobierno. La Ministra dijo que las impugnaciones y apelaciones durante un concurso de frecuencias son habituales pero que la resolución final respecto de esas  adjudicaciones está en revisión al interior de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y que en los próximos días tendrán una posición clara de cómo se obró en este caso.

Sin embargo, Xavier Aguirre, ex Director Ejecutivo de ARCOTEL aseguró que su gestión terminó el 28 de mayo de 2020 cuando fue reemplazado por la actual administración gubernamental: “En mi gestión debo reiterar que no se entregaron títulos habilitantes ni frecuencias a las radios mencionadas” y que se firmó el título habilitante para la explotación comercial de estas frecuencias en las siguientes fechas, es decir durante la administración del actual director, Andrés Jácome. 

Efectivamente, la resoluciones ARCOTEL-2021-0685 de 18 de junio de 2021 correspondiente a Galaxia Stereo; ARCOTEL-2021-0788 de 8 de julio de 2021 correspondiente Alfa Stereo: ARCOTEL-2021-0651 de 9 de junio de 2021 correspondiente a Tropicálida Stereo y ARCOTEL-2021-0664 de 15 de junio de 2021 correspondiente a Like FM fueron firmadas durante el gobierno de Guillermo Lasso por el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes, Galo Cristóbal Prócel Ruiz. No obstante, en las resoluciones que adjudican estas cuatro frecuencias se establece claramente como elementos que motivan su entrega a los documentos firmados el 28 de mayo de 2021 por Xavier Aguirre y donde dispuso a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes que requiera a los participantes la “renovación de dichas garantías” por el tiempo que corresponda dentro del Proceso Público Competitivo.

La Ministra de Telecomunicaciones aseguró que el hecho de que inicialmente se descalifique o se piense que existe una causal para descalificación no quita el derecho de la parte de justificar y que están evidenciado si esa justificación fue correcta o no y si “la adjudicación cumplió o no con la Ley”. Asimismo, advirtió que en los próximos días se conocerán los resultados de este análisis al interior de Arcotel y del Ministerio de Telecomunicaciones. 

FUNDAMEDIOS insiste en que el debate de fondo es la concentración de frecuencias en Ecuador, en manos de capital extranjero, más no se reduce a un tema de carácter administrativo. Estamos a la espera de entrevistas con la Ministra de Telecomunicaciones, con el Director Ejecutivo de Arcotel y con el Secretario de Comunicación para abordar del tema. 

 

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Investigación de Fundamedios y 4P

Lenín Moreno no le falló a Ángel González, llamado El Fantasma. En las últimas horas de su Gobierno, el expresidente entregó al zar de medios, de origen mexicano y dueño del diario El Comercio, las frecuencias de otras cuatro estaciones de radio que, durante el concurso para su adjudicación, habían sido descalificadas por incumplir requisitos.

Las emisoras Galaxia Stereo (88.5),  Alfa Stereo (104.1),  Tropicalida Stereo (91.3) y Like Fm  (96.1) continúan al aire gracias a una resolución de 13 páginas que Arcotel cocinó durante los últimos días del Gobierno de Moreno, y que fue publicada el 27 de mayo del 2021 —cuatro días luego de asumir el Gobierno Guillermo Lasso y uno antes de que se posesionara el nuevo director de esa entidad de regulación.

Esas emisoras de González habían sido descalificadas por incumplir un requisito de la Ley de Comunicación: ser de propiedad, en un 49% máximo, de personas naturales o jurídicas. En los hechos, pertenecían, entre un 90 y un 99%, a empresas radicadas en Guatemala y Uruguay.

La decisión de Moreno a favor de González se concretó a raíz de un encuentro entre ambos. Según fuentes consultadas por Fundamedios y 4P, el encuentro ocurrió el 5 de mayo, cuando el presidente saliente —al que le quedaban 20 días en el cargo— participó en el Foro para la Defensa de la Democracia, que tuvo lugar entre el 4 y el 5 de mayo, en el Hotel Biltmore de Miami.  Ahí, Moreno y González (que vive en esa ciudad) tuvieron una reunión de apenas 10 minutos.

Moreno pidió entonces a la Cancillería que respondiera favorablemente una consulta que la Arcotel, encargada del concurso de frecuencias, había hecho el 29 de abril del 2021. Virna Jeannet Vásconez, su coordinadora general jurídica, había preguntado si el acuerdo de complementación económica entre Ecuador y Guatemala —país de origen de algunas empresas accionistas de las emisoras de González en Ecuador— hace parte de esos acuerdos que, “presuponen el establecimiento de reglas de derecho respecto de las cuales las partes no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir con estos acuerdos, como, por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación; y, por consiguiente, cumplen con las condiciones necesarias para que sean aplicados de conformidad con el orden jerárquico establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República, tal como se ha indicado en el artículo 6 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación». 

La consulta, contenida en seis páginas y dividida en tres puntos, tenía un objetivo preciso: establecer que ese acuerdo, por ser un instrumento internacional reconocido por Ecuador, estaba por encima de la Constitución y las leyes y permitía saltarse la Ley de Comunicación, que establecía, como se vio, limitaciones legales del accionariado extranjero para ser dueño de medios en el Ecuador.  

!Bingo¡ El pedido fue atendido de inmediato: el 5 de mayo —cuando Moreno aún estaba en Miami— la Dirección de Tratados de la Cancillería remitió a la Coordinación General Jurídica de la Arcotel la respuesta. Un oficio de 3 páginas en que le decía que el acuerdo con Guatemala y otros sí “forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y tienen carácter supralegal”. Lo firmó Mary Lorena Burey Cevallos, directora de Tratados, con copia a otras tres funcionarias de la Cancillería.

El camino quedaba así allanado para que Ángel González no perdiera esas frecuencias que, según fuentes de la Arcotel, habían sido descalificadas por el equipo técnico que seguía las recomendaciones de la Contraloría. En un informe publicado en el 2018, ese organismo había objetado la concesión de las frecuencias, hecha por el correato al grupo de González, en 2016. La Dirección Técnica de Títulos Habilitantes de la Arcotel, a cargo del concurso, comunicó, el 17 de febrero, a los representantes legales de González, que sus emisoras no habían pasado el concurso. Gabriela Cristina Hernández, su representante legal, apeló esa decisión el 24 de febrero del 2020. Ella no negó la participación mayoritaria de empresas extranjeras: adujo que, según la prelación de las leyes, el convenio con Guatemala estaba por encima de la Constitución y la Ley, y facultaba a una persona jurídica de ese país a tener más del 49% de acciones en un medio de comunicación nacional. Se trataba de las empresas Fizler S.A. y Radio y Televisión Guatemala S.A, de propiedad de González. Según la abogada, la descalificación hecha por la Arcotel, “constituye un evidente acto nulo, pues no ha dado aplicación directa del mandatorio (sic) constitucional y del respectivo Convenio internacional».

Lo curioso es que, una vez revisados los acuerdos de “complementación económica” citados, no se ha encontrado ninguna cláusula de protección a inversiones por parte de nacionales o empresas ecuatorianas en Guatemala y tampoco a la inversa.

Esa apelación fue la que motivó la consulta de la Arcotel a la Cancillería. Con la intervención de Moreno desde Miami, la respuesta de la Cancillería llegó justo a tiempo a la Coordinación Jurídica de la Arcotel que, en su informe jurídico del 25 de mayo, dio la razón a la abogada de González y ordenó al departamento organizador del concurso que devolviera las concesiones al zar de los medios. 

En este punto las fechas son claves. El 24 de mayo se había posesionado el Gobierno de Guillermo Lasso y la administración pública estaba en proceso de transición. En el sector de las Telecomunicaciones, se había nombrado como máxima autoridad a la ministra Vianna Maino.

El 27 de mayo, Xavier Aguirre, director ejecutivo de la Arcotel designado por el ya exministro Andrés Michelena, se allanó al informe del departamento jurídico que, a su vez, aceptó las apelaciones de las compañías y dejó sin efecto las resoluciones en que habían sido descalificadas las emisoras. Del mismo modo, dejó sin efecto el Informe General de Inhabilidades y Prohibiciones, que determinó que cuatro frecuencias relacionadas con El Fantasma estaban inhabilitadas para participar. En sus últimas horas en el cargo, Aguirre dispuso a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes, que realizara un nuevo informe de verificación, analizando de forma integral los tratados internacionales y que requiriera a los participantes la renovación de las garantías por el tiempo que correspondiera dentro del Proceso Público Competitivo. Ese día se publicaron las resoluciones y González finalmente se quedó con las frecuencias.

¿Por qué participó en este proceso la Cancillería? Según los abogados consultados, no está legalmente facultada para absolver consultas como la que hizo la Arcotel. Esa es una prerrogativa de la Procuraduría General del Estado. En su Ley Orgánica dice, en efecto, que entre sus funciones tiene que «absolver, consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico».

La consulta a Cancillería y el posterior razonamiento jurídico de la Arcotel resultan polémicos. Cuando la Arcotel sostiene, en la resolución final, que el acuerdo con Guatemala es “supralegal” y encaja con el artículo 6 del reglamento de la Ley de Comunicación de 2013 —que establece la excepción a favor de los accionistas extranjeros amparados por acuerdos internacionales— se refiere a un reglamento que quedó obsoleto con la reforma hecha en 2019 a esa Ley. Ni la Cancillería ni la Arcotel tenían piso jurídico para decidir en la forma que lo hicieron.

Así, Moreno devolvió a González cuatro emisoras más. ¿Qué ganó a cambio? Las fuentes consultadas por 4P y Fundamedios hablan de una “protección” ante posibles demandas, que le puede otorgar al expresidente un grupo que ha acumulado más de 19 matrices, 85 repetidoras, incluyendo tres cadenas nacionales de TV, emisoras de radio por todo el territorio y un diario de alcance nacional, como El Comercio (aunque sumido en una profunda crisis); sin embargo, es una versión difícil de probar. Lo que sí es obvio es que hubo servicios prestados entre Moreno y El Fantasma, cuyo emporio mediático está manchado con denuncias de irregularidades y corrupción.

La relación entre ambos se inició cuando Ángel González envió a dos de sus operadores a visitar a Moreno en Ginebra, pocas semanas antes de su retorno a Ecuador, el 26 de septiembre de 2016, para iniciar la campaña presidencial: Carlos Mantilla, entonces director de El Comercio, y Carlos Lorefice Lynch, entonces responsable de medios en la región. Y luego Moreno, durante su Gobierno, protegió a ese grupo al no haber revertido la concesión irregular que obtuvo para el canal de televisión de El Comercio y las concesiones de radio que, según la Contraloría, fueron entregadas irregularmente durante el concurso organizado por el correato.

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Con el propósito de analizar los mecanismos que existen en la Región para la rendición de cuentas de las vulneraciones y ataques contra los periodistas, así como las sanciones que se establecen para los agresores, FUNDAMEDIOS junto con PADF organizaron un foro con expertos en el tema. 

Entre los panelistas estuvo Emmanuel Colombié, Director Regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras; Daniel Lizárraga, Editor de El Faro; Mauricio Alarcón, Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el ex Relator para la libertad de Prensa, Frank LaRue. César Ricaurte, Director de Fundamedios, moderó el panel. 

En la primera parte los asistentes realizaron una evaluación general de las agresiones contra la libertad de expresión en la Región. Emmanuel Colombié sostuvo que existe un deterioro generalizado de la Libertad de Expresión y recalcó que la crisis sanitaria por la COVID-19 incrementó la censura y las dificultades en el acceso a la información. Asimismo, en países como Nicaragua o Venezuela hubo detenciones contra periodistas solo por informar sobre la pandemia. 

Añadió que en los últimos meses existe una normalización de discursos estigmatizantes que debilitan el periodismo, junto con el uso abusivo de la justicia y la proliferación de campañas de desprestigio en internet contra periodistas. “El 80% de los asesinatos ocurridos contra periodistas entre 2011 y 2020 se concentran en  Brasil, Colombia, México y Honduras con 139 casos”, dijo Colombié. 

A Daniel Lizárraga, le preocupa que en El Salvador se estén agudizando los ataques contra la Libertad de Expresión y que no solo provienen de la delincuencia organizada sino desde el Estado, que lo hace de una manera “sistémica”.

Frank LaRue recalcó que existe un deterioro en la seguridad para periodistas en América Latina porque la violencia ha incrementado y porque han surgido nuevas formas de ataques contra la prensa como los discursos estigmatizantes y el uso tergiversado de la ley. Recordó la estructura del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección y resaltó que el fenómeno más importante de resolver es el de la impunidad.  

Por su parte Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo, sostuvo que es necesario entender que la rendición de cuentas es una de las principales responsabilidades de una autoridad, de todos los funcionarios y ciudadanos para así promover Derechos Humanos fundamentales.

Antes de iniciar la segunda parte del Foro, César Ricaurte reflexionó que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección en muchos casos parecen ser insuficientes

¿Qué se puede hacer para que la violación a la Libertad de Expresión se considere una violación grave a Derechos Humanos y para que los que atentan contra ella puedan también ser considerados dentro de los mecanismos de rendición de cuentas que significan sanciones unilaterales de algunos países contra los perpetradores? fue la duda que planteó Ricaurte. 

Emmanuel Colombié respondió que sin Libertad de Prensa no se puede verificar la existencia de las otras libertades y es fundamental defenderla pues es la base de cualquier democracia. Desde su óptica, es importante hacer un trabajo de pedagogía, educación y sensibilización ciudadana sobre la importancia del trabajo de la prensa para una sociedad. Además, no se trata solo de denunciar sino que “hay que trabajar con recomendaciones y de la mano con los Gobiernos”. 

Mauricio Alarcón cuestionó que bajo los mecanismo actuales debemos esperar a que la persona deje de existir para proceder cuando se deberían garantizar todos los derechos fundamentales. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados y cuántas sanciones hay cuando incluso se tiene identificado a los autores intelectuales que provienen del gobierno? cuestionó Alarcón y añadió que es ahí cuando vemos cómo estos mecanismos resultan limitados y no son el camino óptimo para asegurarnos que haya una efectiva garantía de derechos y quienes deben garantizarlos rindan cuentas. 

Daniel Lizárraga recordó que en El Faro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno de Najib Bukele brindar protección a El Faro y a sus periodistas pero que es limitado porque el la práctica todo el sistema sigue actuando contra el periodico: “Debería promoverse que instancias internacionales tomen acciones para garantizar las libertades incluida la de expresión y los mecanismos deben apretarse y ser más estrictos, fuertes y agresivos”, aseguró. 

Entre las conclusiones del Foro destacan que es necesario construir mecanismos efectivos de protección para la prensa y fortalecer los existentes, trabajando de manera coordinada entre varios niveles de la Sociedad Civil y Gobierno. Asimismo, es necesario endurecer las sanciones contra aquellos que atenten contra los Derechos Humanos, incluido la libertad de expresión y de prensa. 

 

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En agosto, Fundamedios registró 20 agresiones que vulneran la libertad de expresión y libertad de prensa en el Ecuador de periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos. Este número reflejó la misma cantidad de agresiones que se registraron en julio.

 

Las cifras

Entre 2007 y el 31 de agosto Fundamedios ha registrado un total de 2945 alertas. En agosto de 2021 el principal agresor fue el Estado con ocho agresiones; seguidos de agresores no estatales que protagonizaron 5 agresiones y en otras cinco ocasiones fueron agresiones protagonizadas por agresores desconocidos.

En total 16 periodistas fueron agredidos en agosto del 2021, seis mujeres y 10 hombres; los medios de comunicación fueron atacados tres veces así como el Consejo de Comunicación cuya página fue hackeada. En total se registraron 20 agresiones y ataques que incluyen un atentado, cinco agresiones físicas, cuatro amenazas, cuatro procesos judiciales, tres restricciones al espacio digital y tres impedimentos de acceso a la información. 

Seis agresiones contra periodistas se desarrollaron en la provincia de Pichincha, no obstante las agresiones más fuertes este mes se produjeron en Machala donde el periodista Mario Pinto de MP Noticias sufrió un atentado con un artefacto explosivo la noche del 25 de agosto en su domicilio, ubicado en el centro norte. Asimismo, la periodista del programa ‘Tus noches con Virginia’, Virginia Suárez, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Los Ríos, por el delito de intimidación en su contra que incluyó mensajes con amenazas de muerte. 

 

Amenazas de muerte y un atentado con explosivos 

La agresión más grave del mes ocurrió la noche del 25 de agosto cuando el  periodista Mario Pinto de MP Noticias sufrió un atentado con un artefacto explosivo en su domicilio, ubicado en el centro norte de Machala. Según versiones de los vecinos, un individuo que se transportaba en un bicicleta se acercó hasta la casa del comunicador y acercó un encendedor a una mecha, cuando un grupo de personas gritaron que no hiciera eso. El taco de dinamita se le cayó al piso, lo recogió, logró encenderlo y lo lanzó hacia el balcón del domicilio del comunicador, donde  explotó. Agentes de la Policía Judicial y Criminalística acudieron al sitio del atentado para recopilar los hechos. 

El 11 de agosto, el periodista Wilson Cabrera, corresponsal de Teleamazonas en Morona Santiago y director de las plataformas periodísticas Conectados y Verificado, fue amenazado a través de un mensaje a su WhatsApp: “Llámanos, queremos entregar la camioneta sin problemas con policía, trátanos serios sabemos trabajar”, junto a este mensaje le enviaron un video de una persona sosteniendo una pistola con municiones, que está siendo cargada. Asimismo, la periodista del programa ‘Tus noches con Virginia’, Virginia Suárez, de Ventanas presentó una denuncia ante la Fiscalía de Los Ríos, por el delito de intimidación en su contra luego de recibir dos amenazas de muerte por realizar su labor periodística. 

La noche del 8 de agosto, el periodista Holguer Guerrero de Tiempo Real recibió chats de WhatsApp mensajes que cuestionan su trabajo. El primero criticaba la nota: “La  Izquierda Democrática quiere blindar a Lenin Moreno” y la segunda: Reparto de la Defensoría del Pueblo que hablaba sobre la entrega de la delegación de Galápagos al cuñado de la asesora de Alejandro Jaramillo. El 13 de agosto de 2021 Guerrero presentó una denuncia ante la Fiscalía en la cual señaló que el asesor le escribió a reclamarle por qué había publicado esas notas con el uso de un tono amenazante. Ésta ya fue aceptada. 

El 26 de agosto, la reportera del noticiero de la comunidad de Ecuavisa, Andrea Baez fue amenazada por un desconocido que intentó agredirla. Ocurrió durante una transmisión en vivo desde el Comité del Pueblo (norte de Quito) para hablar sobre la inseguridad en la zona y los reclamos de los vecinos.

 

Miembros de la Policía Nacional y guardias protagonizaron incidentes. 

Un grupo de Policías del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) agredió la mañana de 10 de agosto al periodista Miguel Laje, corresponsal de TC Televisión en la ciudad de Milagro y a la periodista Karina Sarabia de Prensa La Verdad, mientras realizaban una cobertura de un asesinato en un barrio peligroso. 

Ese mismo día, el fotoperiodista independiente y colaborador de la Agencia Alemana de Prensa, Juan Diego Montenegro, fue atacado en Quito por un can de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional luego de que el Policía que lo sostenía soltó la cuerda, mientras cubría la jornada de protestas de ayer en la calle Chile del Centro Histórico de la capital  

El 17 de agosto el periodista de HM Noticias, Harvey Maya, fue agredido por cinco guardias de seguridad de la empresa privada Alerta Red, durante la cobertura de una detención en las afueras de la Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil.

 

Ataques informáticos y restricciones en la Red

El portal web de la Fundación Mil Hojas sufrió un ataque informático a inicios del mes que lo dejó fuera del aire durante varios días y que impidió a los lectores acceder a ciertos reportajes de investigación que se encontraban alojados exclusivamente en este sitio web.

La página Web del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, donde reposa información del registro de medios públicos; publicaciones de insumos; procesos de registros a medios públicos sufrió un ataque a sus sistemas informáticos. 

Además la página de Facebook del medio de comunicación digital Manta En Vivo, de la provincia de Manabí, está imposibilitada de publicar contenidos debido a una supuesta violación de los derechos de propiedad intelectual.

 

Procesos judiciales y millonarias indemnizaciones 

Los periodistas y cofundadores del medio digital La Posta, Andersson Boscán y Luis Eduardo Vivanco, junto con el Gerente General de TC Televisión, Rafael Cuesta Caputi, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por Actos de Odio. Alex Gustavo Flores Álvarez, Coordinador General de la plataforma “Va por ti Ecuador”, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la cual sostiene que “los evidentes actos de violencia psicológica y de odio” realizados por por los periodistas están expresamente tipificados como Delitos de Odio y “no pueden ser enmarcados en una falsa libertad de expresión”. 

Mientras la compañía SERVICIOS UTPL C. LTDA, cuyo accionista mayoritario es la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), impulsó al sur de país una demanda en contra de la cadena televisiva Ecotel y de su director, el periodista Ramiro Cueva, por supuestos daños y perjuicios en contra de la imagen de la Universidad que habrían ocasionado pérdidas por  USD 1.3 millones. 

 

Violaciones al derecho de acceso a  la información pública

La periodista independiente Gabriela Ruiz no recibió una información pública que solicitó a Petroecuador hace un mes, con el propósito de analizar la figura de los convenios de compensación social administrados por esa entidad en las comunidades amazónicas. 

El 16 de julio del 2021, la periodista independiente, que trabajó un reportaje para Climate Tracker, envió un cuestionario de 20 preguntas dirigida al Gerente de Petroecuador, Pablo Luna y amparada en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nunca tuvo respuesta.  

El periodista de Macas News, Carlos López,  fue expulsado el 26 de agosto del chat de prensa de la Gobernación de Morona Santiago luego de que el gobernador Freddy Villamagua, ordenó a su equipo de comunicación una “depuración” del canal de comunicación que tiene más de una década.  Además la semana pasada la periodista y presentadora del programa “Tus Noches con Virginia”, Virginia Suárez, sufrió un intento de impedimento de cobertura durante una entrevista con la concejal de Ventanas (Los Ríos), Sonia Velarde.

 

 

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Ecuador, 24 de agosto de 2021. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional aprobó, con seis votos, la moción de unificación de los proyectos de Ley de Libre Expresión, presentado por el presidente Guillermo Lasso, y del proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación, presentado por los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio de forma conjunta con Fundamedios.

Los legisladores que apoyaron la moción de unificación fueron Juan Fernado Flores, Luis Cervantes, Marjorie Chavez, Elías Jachero, Angel Maita y Jéssica Castillo. Mientras que Fernando Enríquez Cedeño Rivadeneira, Raisa Corral Alaba y Mónica Palacios votaron en contra. 

Previo a esta aprobación, ocurrieron 13 comparecencias de periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que plantearon sus puntos de vista sobre el proyecto de Libre Expresión.

Frank La Rue, ex relator de Naciones Unidas, sostuvo que las limitaciones dentro de la constitución de la nueva Ley deben estar reducidas al mínimo si se pretende prevenir el abuso del Estado.

La Rue sostuvo que debe haber una despenalización de las opiniones ya que amenazar con cárcel violenta gravemente la libertad de expresión, viola los principios del Sistema Interamericano y que las sanciones que deben existir deben ser administrativas pero bajo ningún concepto encarcelar a la persona.

Al defender la libertad de expresión el Estado debe defender el acceso a la ley de información que se da también con una prensa libre, el papel de la prensa es informar a la ciudadanía en el estado democrático. La Rue ratificó que el Estado debe garantizar a la prensa la seguridad para que los periodistas no puedan ser acosados físicamente, ni violentamente: “Una prensa intimidada ya no puede cumplir con su función”.

Para Indira Salazar, oficial de comunicación e información de la UNESCO, es muy importante que no se permitirá la censura previa y que sólo se admiten las responsabilidades ulteriores. Recordó la importancia de que la ley debería establecer la existencia de un organismo de regulación democrático, idóneo e independiente para impulsar, asegurar y proteger. “Lo idóneo desde el marco jurídico es disponer de un organismo regulador para evitar los desequilibrios de la comunicación”, dijo. 

Luis Eduardo Vivanco, vocero de Red de Periodistas Libres (RPL) aseguró que la propuesta del Ejecutivo tiene en su esencia acoplar la ley ecuatoriana a las normas internacionales de libertad de expresión y de prensa y que esté de acuerdo a un mundo civilizado. “Saludamos que no se contamine esta ley con temas que pueden tratarse en otras normas”, como los medios públicos o temas culturales. Sobre la protección de la comunicación personal, la RPL sostiene que se debe incluir una salvedad para aquellas que contengan casos comprobados de interés público o envuelvan casos de corrupción.

Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo, sostuvo que estamos frente a un proyecto de Ley que no busca regular a los medios ni el espectro sino establecer las bases de un derecho humano garantizado y que sean otras normas que regulen otros temas como el espectro radioeléctrico. Solicitó la rectificación dentro de la propuesta de Ley y que se despenalice la expresión y opinión de manera total.   

Jaqueline Gallegos, de Afro comunicaciones, sostuvo que Ley tiene muchas faltantes y se siguen vulnerando los derechos. Aseguró que no todos tienen las mismas condiciones y que la nueva Ley debe abarcar todas las realizadas existentes en el país: “el pueblo afro ecuatoriano ha quedado fuera de la distribución del espectro radioeléctrico y es una ley que no refleja las inequidades en el acceso a la comunicación”.

El ex-consejero de la extinta CORDICOM durante el gobierno de Rafael Correa, Hernán Reyes, consideró que existen muchos elementos de la ley presentada por Guillermo Lasso que no cumplen las normas internacionales y que no se habla de la concentración de medios y de incluir a medios que no tienen voz como los medios comunitarios.

Ricardo Rivas, del Colectivo Nos Faltan 3, solicitó considerar transparentar la información y fortalecer los mecanismos en los casos de delitos contra la prensa y Martha Roldós sostuvo que hace falta autorregulación y no sistemas regulatorios que asfixien a los medios y que luego son utilizados para impedir que los hechos salgan a la luz, “lo que pasó 14 años en el país”.

Los legisladores le dijeron sí a la unificación pues los dos proyectos de Ley tienen por objeto la defensa y fortalecimiento de la libertad de expresión, tienen concordancia y son complementarios. La Comisión comenzará a trabajar en los próximos días en la redacción final del articulado unificado de los proyectos, tal como anunció el Presidente de la Comisión Juan Fernando Flores.

Fundamedios considera que esta decisión es un paso adelante para el debate de la Ley de Libertad de Expresión. Asimismo, los dos cuerpos legales son complementarios y nos congratulamos con este paso clave para el desarrollo del debate y de la nueva normativa.

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Fundamedios es una organización que ha trabajado durante los últimos 15 años en el Ecuador y a escala regional en la defensa, promoción y monitoreo de las libertades de expresión y de prensa y el acceso a la información pública. Desde esa perspectiva, estamos muy conscientes de que siendo un Derecho Humano fundamental, la libertad de expresión tiene límites que están establecidos en los instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.

El martes 17 de agosto, Andres Pellaccini, uno de los presentadores del programa Mucho que Contar, que se transmite por radio Radio Diblu, dijo en vivo que invita a todas las feministas a que vayan a trabajar a Afganistán. “¿Por qué no van a trabajar allá?», dijo Pelaccini. Otro panelista le explicó que Afganistán es un país donde te entran a metralla. Pelaccini le contestó: «¿Por qué crees que las estoy enviando a toditas allá, a las ‘pañuelos verdes’?». Posteriormente el actor cantó parte de la canción “un violador en tu camino” e imitó el sonido de una ametralladora junto con gestos de disparos. 

Pero dónde Pellaccini traspasa todo límite aceptable es cuando realiza la justificación de un delito excecrable como la violación. Señaló “si sabes que hay enfermos, si sabes que hay violadores, si saben que existen, tu marchita no lo va cambiar, la locura es la locura”. Una de las panelistas le preguntó qué es para él provocar a lo que contestó: “provocar es que te vayas a la Sur Oscura, donde sabes que van a chupar (beber alcohol), y vas con minifalda con una blusita, así sin sostén y una tetotas y que digan no me van a tocar”.  Añadió que “si una mujer sale de una forma provocativa a una zona muy peligrosa, lo está provocando”.  

Fundamedios rechaza estas declaraciones que sobrepasan los discursos protegidos por la libertad de expresión, pues vulneran la dignidad humana al justificar y realizar la apología de un delito y banalizar la violencia en contra de las mujeres.

El Artículo 13 de la Convención Americana de DDHH  dónde se garantiza el derecho a la Libertad de Expresión en el Hemisferio, señala los límites del Derecho en su inciso 5to:

“Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”

Ninguna expresión a través de un medio de comunicación debe ser una incitación a la violencia y es absolutamente condenable la apología de un delito como la violación. Con los comentarios de Andrés Pellaccini, claramente, estamos ante expresiones no protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

 Por esas razones, consideramos que el medio de comunicación radio Diblu y el presentador  del programa Mucho que contar, Andres Pellaccin, deben presentar disculpas públicas acorde con la gravedad de una expresiones cuya emisión a través de un medio de comunicación son inaceptables. Hacemos un llamado a que los medios de comunicación desarrollen, revisen o apliquen sus códigos deontológicos y otros mecanismos de autorregulación.

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18 August 2021- The Rapid Response Fund for Latin America and the Caribbean, a support programme for media and communicators promoted by Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción and Fundamedios, selected 25 funding applications from Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Paraguay and Peru.

Amid a new wave of infections in several countries in the region and the advance of vaccination campaigns in others, the selected media and communicators will receive support to maintain their operations and create content to inform the most vulnerable communities about the Covid-19 pandemic, with a focus on indigenous peoples, afro-descendants, migrants, the LGBTQ+ community, women and rural populations. 

Among the selected applications, two partnerships between media and organisations will be funded for the creation of news content that elevates the voices of vulnerable groups and visibilises the effects that the pandemic has had on them. This is in line with the objectives of the convening organisations to promote collaborative journalism in the region in order to achieve greater social impact. 

The Rapid Response Fund grantees were selected through an open call for media, journalists, communicators and civil society organisations from Latin America and the Caribbean. The call, which was open from 1 to 18 July 2021, received 263 applications for support.

In addition to financial support, grantees will participate in professional capacity building activities provided by the convening organisations on fact checking, gender perspective and the inclusion of other marginalised voices, and new narrative formats, among others. 

The last funding round of the Rapid Response Fund will be announced on the organisations’ social media channels in the last quarter of 2021. All participants to the first two calls, as well as other eligible applicants in the region, are welcome to apply. 

Internews: internews.org 

Chicas Poderosas: chicaspoderosas.org 

Consejo de Redacción: consejoderedaccion.org

Fundamedios: fundamedios.org

For more information, please write to: AMER-RRF@internews.org

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18 de agosto de 2021- El Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe, un programa de apoyo para medios y comunicadores impulsado por las organizaciones Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios, seleccionó 25 solicitudes de financiamiento provenientes de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú.

Ante una nueva ola de contagios en varios países de la región y el avance de  campañas de vacunación en otros, los medios y comunicadores seleccionados recibirán apoyo para mantener sus operaciones y generar contenidos para informar a las comunidades más vulnerables acerca de la pandemia de Covid-19, con un foco en pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, comunidad LGBTQ+, mujeres y poblaciones rurales. 

Entre las solicitudes seleccionadas, se financiarán dos alianzas entre medios y organizaciones para la creación de contenidos informativos que eleven las voces de grupos vulnerables y que visibilicen los efectos que ha tenido la pandemia sobre ellos. Lo anterior responde a los objetivos de las organizaciones convocantes de impulsar el periodismo colaborativo en la región para lograr mayor impacto social. 

Los beneficiarios del Fondo de Respuesta Rápida fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta a medios, periodistas, comunicadores y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. En esta convocatoria, que permaneció abierta del 1 al 18 de julio de 2021, se recibieron 263 solicitudes de apoyo.

Además del apoyo financiero, los beneficiarios participarán en actividades de fortalecimiento de capacidades profesionales impartidas por las organizaciones convocantes, sobre verificación de datos, perspectiva de género e inclusión de otras voces marginadas, y nuevos formatos narrativos, entre otros. 

La última ronda de financiamiento del Fondo de Respuesta Rápida se anunciará en las redes sociales de las organizaciones en el último trimestre de 2021. Se invita a todos los participantes en las primeras dos convocatorias, así como a otros candidatos elegibles en la región, a aplicar. 

Internews: internews.org 

Chicas Poderosas: chicaspoderosas.org 

Consejo de Redacción: consejoderedaccion.org

Fundamedios: fundamedios.org

Para más información, escribir a: AMER-RRF@internews.org

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La noche del 3 de agosto el Gerente General de TC Televisión, Rafael Cuesta, ofreció unas disculpas públicas a las personas e instituciones que fueron maltratadas y vilipendiadas por ese canal durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. Recordó que contra algunos se hicieron programas especiales y que sobre la mayoría se dijo mentiras decenas de veces para tratar de convertirlas en verdades. 

Reconocieron que hubo una mala práctica periodística por parte de comunicadores dentro del canal, así como una mala utilización de la pantalla en espacios concedidos por los administradores, para que se ofenda a ciudadanos.

Se recordaron excesos del medio de comunicación y se solicitó disculpas públicas a Jeannine Cruz; Carlos Vera; Diario El Comercio; Diario El Universo y Emilio Palacio; Sofía Espín; Galo Lara, Guillermo Lasso; Guadalupe Llori; Manuela Picq; Carlos Pérez Guartambel; Salvador Quishpe; Jhajaira Urresta y a Fundamedios, que en junio del 2012 fue acusado de violar sus estatutos, promover el irrespeto a la Ley de Comunicación del correísmo y no velar por los derechos de los periodistas.

Anotamos en ese listado, omisiones importantes, como la campaña masiva y sistemática de desprestigio que se llevó adelante contra Martha Roldós, Christian Zurita, Juan Carlos Calderón, la propia Fundamedios, a quienes se nos acusó no solo de encabezar una estructura al servicio de la CIA, sino de traidores a la patria, de lavado de dinero, de conspirar para preparar un magnicidio. De todo eso, TC Televisión, no solo que fue una caja de resonancia de altísima importancia dado los altos niveles de sintonía que históricamente ha tenido sino que muchos de sus periodistas, editores y directores fueron autores o cómplices. Lástima que esa memoria histórica no haya sido rescatada en este pedido de disculpas. 

Fundamedios acepta las disculpas públicas de TC Televisión, por haber formado parte del engranaje estatal que funcionó durante el régimen autoritario de Rafael Correa para perseguir la libertad de expresión.  Sin embargo, se debe reconocer que, durante 14 años TC Televisión ha sido utilizada por los gobiernos de turno como una herramienta de persecución, primero, y luego para el ocultamiento de responsabilidades estatales en casos como el de Nos Faltan Tres, el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio. 

Es importante reconocer los errores, para no volverlos a cometer y para alimentar el ejercicio de la memoria histórica. La consigna debe ser un: Nunca Más, que, además, debe ser asumido como sociedad y por eso desde Fundamedios hacemos un llamado para que los medios que formaron parte de la estructura estatal de la persecución, las empresas privadas de comunicación que lucraron de ello, las instituciones y servidores públicos que fueron parte de la misma, hagan propio este gesto de mea culpa, como camino a un verdadero reencuentro.

 

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En julio, Fundamedios registró 20 agresiones que vulneran la libertad de expresión y libertad de prensa en el Ecuador de periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos. Este número significó un incremento en cuanto a las agresiones que se registraron en junio y que llegaron a 16. 

Las cifras

Entre 2007 y el 31 de julio Fundamedios ha registrado un total de 2925 alertas. En julio del 2021 el principal agresor fueron grupos no estatales con 11 agresiones;  seguidos de desconocidos que protagonizaron 5 agresiones y en cuatro ocasiones fueron agresiones protagonizadas por el Estado. 

En total 12 periodistas fueron agredidos en julio del 2021, los medios de comunicación fueron atacados tres veces así como tres activistas y un concejal en Manabí. En total se registraron 14 agresiones y ataques que incluyen dos atentados contra el equipo periodístico La Hora en Los Ríos y contra una activista política en Durán así como una amenaza de muerte contra el periodista Charlie Castillo, dos discursos estigmatizantes, dos procesos legales, una autocensura  y una restricción en el espacio digital. 

En Los Ríos y Guayas se registraron alertas con uso de más violencia. El caso de la captadora ilegal de dinero BigMoney y la cobertura por parte de medios de comunicación generó un ambiente adverso para la profesión aupado por un discurso contra la prensa proveniente desde Miguel Nazareno y sus seguidores quienes la acusan de interferir con el “negocio”. 

 

Los casos del mes

el 1 de julio la corresponsal del noticiero de la cadena televisa de alcance nacional RTS en la provincia de Los Ríos, Odette Camacho, fue agredida y le sustrajeron el micrófono durante una cobertura del caso Big Money. Asimismo el 31 de julio un equipo periodístico del diario La Hora de la provincia de Los Ríos sufrió un atentado armado mientras se transportaban en un vehículo del medio de comunicación en la parroquia de San Camilo. Este atentado  ocurre un día después de que el medio de comunicación publicara un reportaje sobre cinco puntos donde esta plataforma captaba dinero.

El 13 de julio en Nobol (Guayas) la periodista Nicolle Kalil del El Noticiero de TC Televisión y el camarógrafo Jorge Ortega fueron impedidos de realizar la cobertura del paro campesino en, fueron insultados, recibieron intimidaciones y un intento de agresión.  El 28 de julio La periodista Luisa María Heredia y el camarógrafo Ronald Romo de Teleamazonas fueron agredidos e intimidados en Guayaquil (Guayas) por un grupo de seis personas que custodiaban el domicilio de Jacobo Bucaram Pulley, quien cumple un arresto domiciliario por el delito de delincuencia organizada por comercializar pruebas rápidas de Covid-19. 

Al día siguiente en Durán (Guayas) dos desconocidos incendiaron la camioneta de la activista política Alejandra Cornejo que estaba estacionada en la ciudadela María Piedad. Además, el periodista y fundador del Ferrodiario de Durán, Charlie Castillo recibió una amenaza de muerte en su fanpage de Facebook: “Cuidado se suicida con tres balazos en la espalda”, fue el mensaje que llegó a la página del medio de comunicación digital. Los dos casos de Durán tiene relación a comentarios que realizaron sobre una noticia difundida por la Fiscalía General del Estado que informó de la detención de 4 ciudadanos y la incautación de 2 toneladas de cocaína, 4 cabezales y 1 vehículo, luego de un operativo ejecutado por Fiscalía y la Policía en Durán. La droga fue hallada en contenedores de pescado congelado, cuyo destino era el Puerto Marítimo de Guayaquil.

El seis de julio el equipo periodístico de La Posta recibió una amenaza a través de tres graffitis que contienen las leyendas: “La Posta racista, prensa clacista. Diesel barato y arde La Posta y arde La Posta”.  Estos hechos ocurren 48 horas después de la transmisión en TC Televisión del estreno de La Posta XXX,  donde  se insultó al nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, al llamarlo “cabrón”, palabra que se utilizó como un acrónimo de “campesino, anarquista, bronquista, relevante, obsesivo, narcisista”. Mientras se lanzaban dardos contra una imagen del dirigente. 

Asimismo, la Procuradora del Municipio de Quito lanzó una amenaza pública a un medio de comunicación y la gran maestra de ajedrez ecuatoriana, Carla Heredia, fue el centro de una serie de mensajes ofensivos e incluso de corte sexista luego de que el ex presidente Rafael Correa le recriminara públicamente en Twitter lo que le llevó a la autocensura. 

 

Se sigue usando el Código Penal para castigar la libertad de expresión

La Corte Provincial de Justicia de la Ciudad de Manta ratificó la sentencia de 15 días de prisión contra el concejal Juan Casanova, de acuerdo con el literal 1 del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones de quince a treinta días de pena privativa de libertad a la persona que por cualquier medio “profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.

Además, el Concejal deberá pagar USD 3.000 por resarcimiento económico para el cabildo y USD 400 dólares como sanción. Asimismo, deberá emitir disculpas públicas hacia la municipalidad. Fundamedios rechazó el uso del derecho penal para coartar y castigar la libre expresión de cualquier ciudadano y recuerda la urgencia de que estos artículos, que castigan la libertad de expresión, deben ser eliminados. 

Lo positivo del mes 

La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de apelación interpuesto por el ex alcalde de Loja, Bolívar Castillo y dictó una sentencia absolutoria que ratificó la inocencia del periodista Lenin Paladines. Con la negación de la apelación, las vías legales para Castillo se agotaron. 

Lenin Paladines dijo que es un triunfo del periodismo ecuatoriano que pone punto final a un proceso de persecución que inició en 2008 con la implantación de un estado de sitio contra el periodismo ecuatoriano, impulsado por el expresidente Rafael Correa y algunas autoridades locales que lo veneraban y siguieron el mismo hilo conductor de persecución.  

DOCUMENTO COMPLETO

Finalmente, ell Servicio de Rentas Internas (SRI) entregó una serie de documentos al legislador Fernando Villavicencio de los cuales se desprende una investigación contra él y su entorno familiar emprendida por este organismo con la posible participación del Centro de Inteligencia Estratégica y bajo el auspicio del ex consejero presidencial de Lenin Moreno, Santiago Cuesta Caputi, cuando Villavicencio era editor del portal Periodismo de Investigación.