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Cuatro años después del fallido concurso de frecuencias un nuevo proceso público avanza con las mismas irregularidades y vicios del anterior, pese a las advertencias de los organismos de control. El resultado: Remigio Ángel González, alias El Fantasma, aún consta como la figura central en el mapa mediático ecuatoriano y concursa, a través de un opaco esquema de empresas de papel domiciliadas en su mayoría en Uruguay, por frecuencias de radio FM. El resultado de este “proceso público competitivo” será anunciado por ARCOTEL en esta semana y de no mediar ninguna sorpresa resultará en que se sacramente la concentración de medios en el país, un acto prohibido por la Constitución, la Ley de Comunicación y condenado por instrumentos internacionales de protección a la libertad de prensa y que además, fue uno de los hechos centrales que motivaron las observaciones de Contraloría para dar de baja el concurso de frecuencias del 2016.  

Sabemos que el caso del “Fantasma” no es el único caso de un grupo mediático posiblemente favorecido en el actual concurso de frecuencias. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS, Ecuavisa y Revista Digital Plan V será la primera de tres entregas que revelarán los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país. 

 

14 de septiembre de 2020

La presencia del magnate mexicano en el espectro radiodifusor de Ecuador no es reciente. En abril de 2016, aprovechó el primer concurso para postular y casi obtener la concesión de 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras. Lo hizo a través de 18 empresas con accionistas distintos con el propósito de evitar ser señalado por concentración de medios, prohibido en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).  

González tiene inversiones en 15 países de América Latina. Como dueño de la cadena Albavisión posee 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica y 1 medio impreso. En Ecuador, sus prácticas consolidan su emporio de forma irregular.  

Así lo detectó un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), realizado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017. El documento desnudó irregularidades en el proceso y señaló que se abrió la puerta a la concentración de frecuencias en manos de tres grupos empresariales. Aunque en el reporte no se identificó a los accionistas de los conglomerados por su nombre, salieron a relucir las marcas Canela, Andivisión S.A y Capital Televisión de Manabí. Dichas empresas, acorde a investigaciones previas realizadas por Fundamedios (FDM), están encabezadas por Jorge Yunda, actual alcalde de Quito (Grupo A); el Fantasma González (Grupo B); y Lenín Andrade, empresario manabita (Grupo C).

Esto decía la Contraloría sobre las empresas vinculadas al mexicano:  

Además: 

De esta manera, no solo se reveló que el Fantasma obtuvo medios a través de parientes, abogados o empleados, sino que a raíz de los descubrimientos, la Contraloría solicitó a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) dar de baja el concurso. El 21 de diciembre de 2018 se declaró la nulidad del concurso recordado por muchos como la ‘feria de frecuencias’. 

En paralelo, mientras el informe ya estaba vigente, se reveló que el Fantasma González, había tenido otra aparición, esta vez, en las elecciones presidenciales de 2017, pues fue parte del club de financiadores de la campaña electoral del binomio Moreno-Glas. Según la investigación publicada por el portal Mil Hojas, en uno de los chats filtrados por #InaPapers en agosto de 2016, Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y  su exabogado Carlos Lorefice Lynch, quien era el encargado de manejar todos los medios del Fantasma en la región, se habrían reunido con Moreno, cuando estuvo viviendo en Ginebra con un cargo diplomático. Tres años después de posesionado Moreno, el informe continúa sin ejecutarse.  

La misma receta 

Quince meses han pasado y, en mayo de 2020, Arcotel publicó una nueva convocatoria al Concurso público para la adjudicación de 3096  frecuencias de Radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM). Sólo 621 participantes manifestaron interés para concursar

En una reunión con el gremio radial el pasado 20 de julio, el presidente Lenín Moreno afirmó que entre las bondades del concurso consta la eliminación de la competencia desleal.  Además, el  ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, en una entrevista con Teleamazonas el 30 de junio, aseguró que “iniciamos el cumplimiento de ciertas normas de la Contraloría en el concurso de 2016. Hemos cumplido absolutamente todos los pedidos de la Contraloría para dar paso al nuevo concurso”, aseguró

Pero, ¿qué ocurre en la práctica?  

Ángel González, a pesar de que fue señalado en 2016 por concentrar medios, busca obtener las mismas frecuencias. Fundamedios constató que compite por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  La mayoría de emisoras tiene presencia nacional, su matriz se ubica en Quito o Guayaquil y suma 19 repetidoras en provincias.  

Aunque las recomendaciones realizadas por la Contraloría exigían “ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”, en el concurso actual siguen constando las empresas que antes fueron señaladas por el organismo. 

De acuerdo a Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), “esta dirigencia nacional constantemente le ha recordado a Arcotel que tiene que dar cumplimiento a las recomendaciones del estudio especial que hiciera la Contraloría General del Estado allá en el 2018”.  Chica y la dirigencia de AER han avalado el concurso, y el pasado 19 de agosto en declaraciones a Fundamedios, expresó que considera que ha sido un proceso “justo y transparente”.

Para José Ignacio López Vigil, coordinador de Radialistas Apasionados y Apasionadas (centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe), la inacción no es una sorpresa. “Participé en la auditoría de frecuencias que se hizo a partir de la constituyente. Investigamos, mandamos un informe, y el informe ha dormido hace años en las gavetas y, después con Arcotel, no se hizo nada”, asegura.  

Fundamedios a través de Ecuavisa buscó la versión de Arcotel, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Mientras que, Contraloría afirmó al canal de televisión que no habrá un pronunciamiento previo, sino cuando se haga, de ser necesario, una auditoría al concurso.

Las radiofrecuencias (FM) vinculadas al Fantasma González en Ecuador:

¿Cómo compite el Fantasma por las frecuencias?

Como su sobrenombre lo indica, se vale de su habilidad para montar mecanismos que despistan y desvían la atención sin dejar rastro. Este 2020 postuló a través de nueve empresas nacionales que, a su vez, cuentan con ocho compañías accionistas con sede en Uruguay.  

Andivisión S.A., la empresa que aparece en el informe de Contraloría y actual participante del concurso, es propietaria de Tropicálida Stereo (91.3) y tiene como accionista a la empresa uruguaya Fizler S.A. y a Radio y Televisión Guatemala S.A. Mientras que Radiodifusora Trafalgar del Ecuador,  también presente en el informe, compite por la frecuencia 96.1 de Joya Stereo que tiene como accionista a Cuminol S.A, firma uruguaya. 

Ridalto Ridaltosa S.A. compite por la frecuencia de La Fabu (97.3) que posee dos accionistas: el Banco Central del Ecuador (BCE) y Trueage S.A., que también tiene dos accionistas, uno es la empresa uruguaya Calafone S.A. y Jesús Armando González González (México), hermano de ‘El Fantasma’.

En Megacomunications S.A., concesionaria de Fabu Stereo (105.7), figura como accionista Adaratop S.A, que tiene como accionista a la uruguaya Cirvana Trading S.A. Esa es la única empresa donde la figura de Ángel González se expone, pues la preside desde 2018. 

(‘La red del Fantasma González’. Aplasta el cursor para conocer el mapa de conexiones de empresas uruguayas y ecuatorianas.Selecciona la opción del signo menos (zoom out) para ver la gráfica completa. Es recomendable visualizarlo desde una computadora).   

Fundamedios solicitó a la Dirección Nacional de Registros en Uruguay información acerca de las ocho empresas accionistas de concesionarias ecuatorianas. De allí se desprende que seis se ubican en la misma dirección: Juan Parra del Riego 989, en Montevideo. Otro dato es que la dirección pertenece a la oficina Molinari & Asociados Contadores, pero el número señalado en el registro de la empresa corresponde a la parte trasera del inmueble y no a la delantera como, regularmente, consta en los registros. 

  • Risfelar S.A.
  • Fizler S.A.
  • Cirvane Trading S.A.
  • Cuminol S.A., Calafone S.A
  • Noxlyn Trade S.A.
  • Yabil S.A.
  • Burtown S.A. 
  • Calafone S.A.

Además, los presidentes de las empresas forman parte del círculo del mexicano que involucra a su hermano Jesús Armando González, Fernando Guido Contreras López, amigo cercano radicado en Costa Rica y presidente de la empresa de televisión abierta Repretel, parte del conglomerado de Albavisión; José Yarzabal Burela, quien es parte de sus encargados regionales y figura como presidente de Risfelar S.A. y, según el medio mexicano Milenio, forma parte de su grupo de confianza. 

Pero, ¿por qué Uruguay? Por muchos años ese país fue catalogado como un paraíso fiscal en la región. Sin embargo, Daniel Espinosa, exsecretario Antilavado de la Presidencia uruguaya, destaca que aquel estatus corresponde al pasado, ya que “actualmente, no tiene ninguna de las características de opacidad y secreto financiero que caracterizan a este tipo de centros ‘offshore’”. Desde 2017 está vigente la Ley nº 19.484, que obliga a identificar al beneficiario final de todas las sociedades y estructuras jurídicas (es decir, el dueño legal de la empresa).  

No obstante, en el caso de las empresas nombradas no registran los dueños como manda la norma; en el registro sólo consta la información sobre la persona física (el presidente de la empresa), como nos explica el periodista uruguayo, Fabián Werner, aquello no permite saber quiénes son los dueños verdaderos. 

Para el guatemalteco Gonzalo Marroquín, director de la revista mensual Crónica y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), lo que sucede en Ecuador es parte del modus operandi que El Fantasma replica en la región. Por ejemplo, en Guatemala, país donde empezó su emporio, es dueño de cuatro canales de comunicación. “Ha desarrollado con mucha habilidad una mecánica que replica de país en país, primero para apropiarse de medios de comunicación u obtener frecuencias de televisión y de radio utilizando sociedades que son fachada, utilizando prestanombres y sobretodo y esto es lo más triste aprovechándose de la debilidad de la clase política Latinoamericana”, describe.   

¿Cómo afecta su presencia a la población? Marroquín asegura que “la concentración de medios es una gran limitante para la libertad de prensa y para el derecho a la población a recibir información. Ángel González es parte de esa estrategia de ciertos gobiernos de concentrar la información (…) un efecto en las masas muy grande, aquí (Guatemala) han habido noticias que los canales de televisión y los medios de González han callado en casos de corrupción”, asegura.  

¿Un artículo con dedicatoria?

Así, las irregularidades del concurso de frecuencias en Ecuador se suman a la pandemia y a las puertas de un proceso electoral. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) impulsó una veeduría ciudadana que vigile el proceso, pero que terminó con una capacidad nula de supervisión como lo alertó el exmiembro de esta entidad, Raúl Fernando Cabrera. 

“Han asumido como que la veeduría solo debe firmar lo que ellos hagan al final de cada etapa para avalar, sin la posibilidad de haber examinado o participado en los procesos”, sostiene. También renunciaron a ese espacio Emilio Fernando Uzcategui Jimenez;Xavier Olmedo Barragán Martínez; María José Ramírez Campos, Paola Aguilar, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

Roberto Wohlgemuth Jarrín consta dentro de la veeduría, pese que el mismo CPCCS informó la suspensión de dicha nominación, a través de un boletín de prensa, el 3 de agosto. Esto luego de que el pasado 8 de julio Facebook lo identificó como uno de los operadores de las granjas de trolls para desinformar.

A esta capacidad nula de observación se suman normas que abren las puertas a los capitales extranjeros.  Antes de las reformas a la LOC, que entraron en vigencia en febrero de 2019, el artículo 6 prohibía que una persona o empresa extranjera sea dueña de un medio de comunicación a escala nacional.  

Tras las modificaciones, el artículo 6 explica que «los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49 % de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional”. Ximena Peña, legisladora del movimiento oficialista Alianza País (AP), impulsó ese texto. 

Mientras que el Reglamento de la norma, que no ha sido cambiado, determina que existe una excepción para personas naturales y jurídicas de países con los que Ecuador tiene convenios comerciales. En la actualidad, Ecuador mantiene acuerdos comerciales con México, Chile, Guatemala, la Unión Europea, El Salvador, entre otros. 

Andivisión S.A. incumple con el porcentaje establecido. Tras la revisión del portal de la Superintendencia de Compañías, se evidenció que sus dos accionistas son empresas extranjeras: Fizler S.A. (Uruguay) y Radio y Televisión Guatemala S.A.

Entonces, ¿existe una contradicción entre la Ley y el Reglamento? El constitucionalista Carlos De Tomaso considera que se trata de una aparente contradicción entre el artículo 6 de la LOC, que establece que un medio de comunicación no puede pertenecer en más del 49% a una empresa persona extranjera; y el Reglamento que abre excepciones. “Ni la Ley ni los Asambleístas previeron la excepción de que las personas jurídicas o naturales de países con los que el Ecuador haya suscrito convenios comerciales de cierto tipo puedan ser dueñas de medios de comunicación en más del 49%”, sostiene.  

Sin embargo, la realidad es que la excepción o puerta trasera creada por el artículo 6 del Reglamento se aplicó para sacramentar la compra de medios por parte del empresario mexicano.

El representante de Radialistas Apasionados y Apasionadas, concuerda con De Tomaso y afirma que “hicieron el artículo 6 del Reglamento para que Ángel Gonzalez no fuera molestado, los hermanos Alvarado eran muy amigos y siguen siendo muy amigos del señor Ángel Gonzalez (…) el artículo 6 del Reglamento contradice al mismo artículo 6 de la Ley Orgánica, y no pasa nada, son delitos tan fragantes, no pasa nada”, sostiene.   

Los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado fueron mano derecha del expresidente Rafael Correa. Este último, desde el 2009  hasta 2015 fue el Secretario Nacional de Comunicación y desde inicios de 2014 estuvo al mando de los medios públicos de Ecuador TV y Radio Pública, como titular del directorio de la Empresa Pública Televisión y Radio del Ecuador. Vinicio Alvarado fue sentenciado dentro del caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho mientras que, Fernando Alvarado fue llamado a juicio delito de peculado por realizar contrataciones de servicios de comunicación con recursos del Estado. Ambos se encuentran prófugos.

Fundamedios contactó a Fernando Alvarado, exsecretario Nacional de Comunicación (Secom). El publicista respondió: “no soy amigo del señor Ángel González. Si fuese amigo, los medios como diario El Comercio, que dicen son de su propiedad, no me hubieran atacado criminal y miserablemente como lo hicieron”

Por ahora, a pesar de las irregularidades, de la pandemia, del auge electoral o de ‘fantasmales’ presiones, el concurso continúa su rumbo. Se prevé que hasta el 22 de septiembre se publique los resultados de adjudicación de las frecuencias que marcarán las voces radiodifusoras por los próximos 15 años. 

  

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Ecuador, 10 de septiembre de 2020.- El Pleno de la Corte Constitucional (CC) del Ecuador, por unanimidad, declaró como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del 26 de septiembre del 2012 que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial “Un NO Rotundo” -publicado por el medio sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011- fue “propaganda electoral”. Ese referemdum es conocido como el de “la metida de mano en la justicia”, pues permitió al ex presidente y actual prófugo de la justicia, Rafael Correa, reformar y controlar el sistema judicial. 

A través de la Sentencia No. 1651-12-EP/20, la Jueza ponente, Teresa Nuques Martínez, declaró que la sentencia del TCE contra Vistazo vulneró los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de recibir decisiones motivadas y a la libertad de expresión, por lo cual dejó sin efecto dicha sentencia.

Además, ordenó que el TCE ofrezca disculpas públicas a ENSA (editorial de revista Vistazo) y que deberán ser expuestas en un cartel tamaño A3 colocado en un lugar visible a la entrada del edificio principal y en un banner web instalado en el portal institucional durante 30 días. Las disculpas públicas deberán contener el siguiente texto:

«Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia No. 1651-12-EP/20, el Tribunal Contencioso Electoral reconoce las vulneraciones sucedidas al debido proceso y libertad de expresión en la causa electoral No. 794-2011-TCE y acumulados. Por lo tanto, ofrece sus disculpas públicas por las vulneraciones causadas a la compañía Editores Nacionales S.A. ENSA (editora de Revista Vistazo) y reconoce su obligación de respetar la Constitución de la República del Ecuador y particularmente la protección a la libertad de expresión en contextos electorales”.

También dispuso al TCE y al Consejo Nacional Electoral implementar un programa de capacitación a sus miembros sobre la protección a la libertad de expresión haciendo énfasis de la vigencia de este derecho en épocas y contextos electorales.

En septiembre de 2012 Fundamedios emitió la alerta de la sanción. En la nota se menciona que a través de una sentencia de 24 páginas, los jueces: Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez consideraron que el editorial de Vistazo viola el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios dejando sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Ximena Endara.

Además, la CC, con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático, exhortó a las juezas y los jueces, así como autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con la libertad de expresión.

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Ecuador, 10 de septiembre 2020.- La coalición ECUADOR VERIFICA es una iniciativa inédita en el país que reúne a 15 medios de comunicación, 6 organizaciones de la sociedad civil y 7 universidades. Su objetivo, entre septiembre de 2020 y abril de 2021, es combatir la desinformación, verificar la veracidad del discurso de los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia y desarrollar herramientas que permitan a la ciudadanía decidir con base en información certera. 

Se trata de una propuesta colaborativa, en donde los aliados contribuyen desde distintos frentes a combatir la desinformación y a promover la alfabetización digital. Los contenidos que se produzcan desde esta Coalición estarán alojados en un portal web; además, se difundirán en redes sociales y en las diversas plataformas de sus miembros. Esta iniciativa emula otras que se han desarrollado en varios países, por ejemplo: Electionland, en Estados Unidos; CrossCheck, en Francia; Verificado, en México; Projeto Comprova, Brasil. 

El fenómeno de la desinformación tiene un efecto determinante en las agendas informativas y puede marcar el rumbo de un proceso electoral, erosionando la confianza en las instituciones democráticas, influyendo en la decisión de los votantes y desestabilizando el entorno político.

Como ya ha sucedido en procesos electorales anteriores, en el país existen candidatos dispuestos a basar sus discursos en premisas erróneas o a utilizar datos no corroborados para ganar simpatías, en contraste con electores potenciales sin herramientas para determinar qué tan acertada es la precisión de su mensaje. 

Ecuador Verifica cuenta con el apoyo de organizaciones de la cooperación internacional comprometidas con la lucha contra la desinformación como el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés) que, en coordinación con organizaciones plurales y diversas, medios de comunicación y academia se unen para ofrecer herramientas que permitan diferenciar lo cierto de lo falso. Así, esta coalición contribuirá al desarrollo de un proceso transparente y determinante en democracia. 

Aliados

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

AFP

Antena 7 Radio y Tv On Line

Criterios

Ecuavisa

El Universo

GK

Gráficos Nacionales (diarios EXPRESO y EXTRA)

La Barra Espaciadora

Medios Públicos del Ecuador

Plan V

Primicias

Radio Centro

UDLA Channel

Vistazo

Wambra Medio Digital Comunitario

ACADEMIA:

Universidad de las Américas (UDLA)

Universidad del Azuay

Universidad Católica de Guayaquil

Universidad Casa Grande 

Universidad de Los Hemisferios 

Universidad Internacional Del Ecuador(UIDE)

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

SOCIEDAD CIVIL:

Chicas Poderosas Ecuador

Diálogo Diverso

Fundación CAJE

Fundamedios

Fundación Periodistas sin cadenas

Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ)

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Ecuador, 4 de septiembre de 2020.- La Secretaría Técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mediante la Resolución Nro. CPCCS-STPCS-2020-0002-RES de 31 de agosto, ratificó la participación de Roberto Wohlgemuth Jarrín, alias @mashiroberto, con lo cual esa veeduría perdió los últimos resquicios de legitimidad que pudo haber tenido en algún momento. 

Fundamedios señaló que “@mashiroberto fue y sigue siendo uno de los operadores más agresivos del aparato de propaganda del correismo, especializado en el manejo distorsionado de redes sociales y la generación desinformación”, tal como lo detectó una investigación académica que sirvió de base para que Facebook diera de baja 41 cuentas, 77 páginas, y 56 cuentas de Instagram por coordinar comportamientos “no auténticos” a nombre una institución extranjera o gubernamental, las actividades tenían origen en la empresa Estraterra, fundada por Roberto Wohlgemuth.

El 15 de julio Paola Ivonne Pacheco solicitó al CPCCS se revisen los requisitos y prohibiciones de Wohlgemuth, ya que sostenía que tenía conflictos de interés con el objeto observado.  Ella mencionó dentro de su sustentación la nota de prensa del Portal Primicias del 8 de julio del 2020 que informó que Facebook eliminó cuentas de una red de contenido falso que funcionaba en Ecuador.

El reportaje menciona que las investigaciones internas de la Red Social encontraron vínculos entre las personas detrás de esta red y consultores políticos y exfuncionarios de Ecuador y Estraterra que tiene base  en Canadá y que tiene entre sus exaccionistas a @mashiroberto. “El CPCCS se basa en un tecnicismo para devolver la calidad de veedor a @mashiroberto, el hecho de que la denunciante hace uso de una fuente indirecta, cuando perfectamente el CPCCS pudo haber pedido información directa a Facebook o a los autores de la investigación que es el laboratorio de Investigación Digital del centro Atlantic Council”, señaló César Ricaurte de Fundamedios. “no ha existido ninguna voluntad real de investigar y eso demuestra que la veeduría ha intentado ser manipulado desde el principio con lo cual pierde toda legitimidad”, añadío el vocero de la organización.

El 3 de agosto Wohlgemuth fue notificado con la suspensión como miembro de la veeduría, solicitándole a la vez remitir en el término de 10 días sus pruebas de descargo, que fueron presentadas el 17 de agosto de 2020. Entonces explicó que los datos acreditados sobre su participación como socio fundador de la compañía Estraterra S.A. se realizaron hace más de 4 años y “nada tienen que ver con la condición de veedor ciudadano; y por sí mismo, el hecho de fundar esta empresa, no constituye un hecho ilegal y menos aún violatorio”. Recordó además que desde 2018 ya no es accionista de la empresa, pues transfirió sus acciones.

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. Y desde la organización se rechazó la presencia de ‘@mashiroberto’ en la entidad.

 El primer coordinador de la veeduría fue Héctor Velazco, quien en el concurso del 2016 tramitaba ante el vicepresidente de esa  época y actual reo por cohecho, una frecuencia de radio FM.

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Ecuador, 19 de agosto de 2020.- La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha notificó el 18 de agosto a radio Pichincha Universal que la acción de protección presentada por el medio de comunicación en contra de la Agencia de Regulación y Control y de las Comunicaciones (Arcotel) que dispuso la extinción de su título habilitante fue revocada.

En un documento de 31 páginas se establece que se aceptan los recursos de apelación interpuestos por Jorge Carrión Pazmiño, en representación de la Arcotel; y de Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. Con base en ello, se revoca la sentencia dictada por el juez Mario Cadena Escobar, “por no existir vulneración de los derechos alegados”.

El relator especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, tuiteó que hace 10 meses desde dicho organismo se indicó que la suspensión preventiva de un medio de comunicación es desproporcionada. “Sin debido proceso que pruebe promoción de violencia. Sería poco razonable no esperar decisión/fondo», enfatizó.

En marzo pasado, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Arcotel. Las medidas se tomaron tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019, en el marco del paro nacional en contra de las medidas económicas del Gobierno.

Según la institución, las frases y opiniones instaron a la protesta, la paralización del transporte público y la toma de las calles; el programa radial aprobó las acciones de los manifestantes; el medio de comunicación no intervino como mediador ni motivó un diálogo ciudadano respetuoso y responsable; y se emitió en una franja horaria de protección a niñas, niños y adolescentes.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, durante una rueda de prensa aseguró el 19 de agosto que interpondrán ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección con el objetivo de que se garantice el derecho a la libertad de expresión y el debido proceso. 

El 12 de marzo, Fundamedios publicó un especial que expone que las interpretaciones del informe que sancionó a la emisora son subjetivas y arbitrarias. Frank La Rue, exrelator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y director de Derechos Humanos e Incidencia de la organización, recalcó que la cobertura y el despliegue informativo en torno a las protestas forman parte del derecho a la libertad de expresión. Si un ciudadano usó la radio como canal, a través de una llamada al aire o en vivo, es legítimo. “No se puede intervenir ni silenciar a la radio por eso; a quienes están en el poder, normalmente esto les disgusta pues las movilizaciones suelen ser en su contra”.

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Ecuador, 18 de agosto de 2020.- Han pasado 42 días desde que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anunció la conformación de una veeduría ciudadana para vigilar el proceso público para el otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión de señal abierta para el funcionamiento de los medios de comunicación y las novedades continúan.

A través del oficio CPCCS-SNCS-2020-0236-OF, el CPCCS informó el 14 de agosto a Rodrigo Aguirre, director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel); y a Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la renuncia de un veedor y la incorporación de cuatro nuevos integrantes.

Se trata de María José Ramírez Campos, quien conformó dicha veeduría desde sus inicios, y presentó su renuncia irrevocable el pasado 10 de agosto. En el comunicado no consta la salida de Raúl Fernando Cabrera, que fue confirmada a FUNDAMEDIOS por el ahora exveedor. 

Cabrera sostiene que el trabajo de la entidad fue poco significativo y apunta hacia funcionarios de Acortel quienes habrían excluido a los veedores de las etapas del concurso. “Han asumido como que la veeduría solo debe firmar lo que ellos hagan al final de cada etapa para avalar, sin la posibilidad de haber examinado o participado en los procesos”, aseguró.

La lista de los vigilantes actuales del proceso es: Carlos Alberto Larrea Naranjo, Patricio Xavier Villacís Villafuerte, Katia Beatriz Murrieta Wong y Dixan Sánchez Blanco, quienes se incorporaron el 14 de agosto. Además, están Bernardo Francisco Cañizares, Washington Oswaldo Dután, Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo Emilio, Fernando Uzcátegui Jiménez, Fernando Andrés Villacrés Castro, Roberto Wohlgemuth Jarrín, Lenin Eduardo Saguay Sanaguano y Xavier Olmedo Barragán Martínez.

Según el Oficio del CPCCS, Wohlgemuth Jarrín aún figura como veedor del proceso, pese que el mismo organismo informó la suspensión de dicha nominación, a través de un boletín de prensa, el 3 de agosto. Esto luego de que el pasado 8 de julio Facebook lo identificó como uno de los grandes operadores de las granjas de trolls para desinformar.

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. 

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Ecuador. 14 de agosto del 2020. El Comité Interinstitucional para la Protección del Periodista y los trabajadores de la Comunicación se reactivó la noche del 11 de agosto, como una respuesta articulada al conjunto de agresiones que se han dado en los últimos días en contra de comunicadores del país.

Tras una hora de reunión virtual, los representantes del Gobierno y Sociedad Civil analizaron la importancia de precautelar la integridad de los periodistas y garantizar mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo. 

Entre los principales acuerdos están la integración de un representante de la Fiscalía General y del Consejo de la Judicatura y, de ser el caso, la intervención policial para brindar protección y acompañamiento.  La Ministra del Gobierno María Paula Romo se comprometió en realizar los acercamientos necesarios para cumplir con este acuerdo.   

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios aseguró que las agresiones contra la prensa han incrementado y que existe un componente de impunidad que es necesario combatir: “Se debe hacer seguimiento de los casos para que se castigue a los culpables y se genere un mensaje de que las agresiones contra la prensa no serán toleradas”, dijo.

FUNDAMEDIOS realiza un monitoreo a los ataques y agresiones contra periodistas, los primeros siete meses del 2020 se han emitido 106 alertas. Juan Carlos Calderón, presidente de la Organización, sostuvo que las medidas de protección por parte del Gobierno son necesarias para impedir que las amenazas crezcan y se conviertan en riesgos reales.

Este Comité se creó en abril 2019 tras los acontecimientos de abril de 2018, en los cuales un equipo periodístico de Diario El Comercio fue asesinado mientras realizaba una cobertura en la frontera entre Ecuador y Colombia.

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Ecuador, 12 de agosto de 2020.- Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares 45/2020, en el caso del secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen. 

Resolución CIDH

El 12 de abril de 2018 la CIDH otorgó las medidas cautelares en respuesta al pedido realizado por Fundamedios, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) y los familiares de las víctimas. Entonces se consideró que la situación cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, necesarios para otorgar dichas resoluciones. 

Parte de las acciones de la Comisión incluyó la conformación de un equipo de seguimiento especial (ESE) para acompañar la investigación de los asesinatos. A través de esta instancia, en diciembre de 2019, se presentó un informe que conmina a Ecuador y Colombia a una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico. Esto no ha ocurrido.

En el comunicado de este 12 de agosto, la Comisión explica que las medidas cautelares fueron otorgadas con miras a que se “adopten las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra” y “las medidas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”. Tras conocerse del asesinato, la CIDH recuerda que el ESE se implementó “en el entendido de que la obligación de investigar y determinar las responsabilidades que dieran lugar a los hechos recae sobre el Estado”.

En ese contexto, dos años y cuatro meses después, al no existir los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, el organismo estima que corresponde levantar las medidas cautelares.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano.

En el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano. (Al final de este comunicado pueden consultar una línea de tiempo con las fechas del proceso contra Angulo Arboleda.)

Resulta pertinente recordar que en junio de este año también quedó en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien no se ha presentado a las audiencias que se continúan adelantando en su contra.

En 2018, el Estado anunciaba a las familias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haría todo lo posible para que los responsables fueran sometidos a la justicia, pareciera que ese compromiso se hubiese borrado con el paso del tiempo.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el acceso a la justicia ha sido indignante, y desgastante: “No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese: darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”.

Para Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH.

En ese sentido, el Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, debe adoptar lineamientos para priorizar la procuración de justicia en este caso, de conformidad con los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Como víctimas también nos afecta. Nos hace pensar que lamentablemente es un camino duro el cual tenemos que seguir labrando y luchando hasta poder conseguir el objetivo de llegar a esa justicia y a esa verdad y a esa equidad en este caso”, Ricardo Rivas.

200805 Comunicado Libertad por Vencimiento de Términos Cherry.docx

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Ecuador, 7 de agosto de 2020.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concedió este viernes el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2020 a más de 100 periodistas y trabajadores que perdieron la vida en el ejercicio de la profesión como consecuencia de la pandemia. El reconocimiento incluye a personas de Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Ecuador.

Omar Salvatierra, Augusto Itúrburu, Luis Alberto Flores, Omar Paredes, Ángel Sánchez, Manuel Adolfo Varas, Víctor Hugo Peña, Olmedo Méndez Tacuri, Paúl Tobar, Carlos Loor, Rosendo Escobar Cárdenas, Roberto Román, Guido Castro, Fernando Asencio Baquerizo, Julio Rodríguez, Carlos Pangol son los nombres de los ecuatorianos reconocidos por la SIP

Desde el inicio de la emergencia en Ecuador, a fines de febrero pasado, Fundamedios ha hecho un seguimiento de cómo la situación afectó a quienes están en primera línea, es decir, reporteras, reporteros, camarógrafos, chóferes, entre otros trabajadores de la prensa. La organización ha registrado hasta el 26 de julio 19 víctimas del nuevo coronavirus.   

Como parte del anuncio del reconocimiento, Christopher Barnes agradeció a todas las organizaciones del continente y a los socios de la SIP que colaboraron proveyendo información sobre las víctimas. «Esta pandemia está lejos de haber terminado», indicó. Además, instó a los periodistas y trabajadores de medios y, en especial, a los medios de comunicación «a fortalecer los protocolos de sanidad y seguridad para reducir el impacto en la profesión».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron el pasado 19 de marzo una declaración conjunta donde reconocen el derecho a la libertad de expresión; pero, además, llaman a los gobiernos a garantizar información veraz sobre la amenaza que supone el coronavirus  y a los medios a protegerse a sí mismos, a su familia y a la comunidad. 

“El derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma”, dice la declaratoria. 

En marzo pasado Fundamedios se hizo eco de ese pronunciamiento. La organización exigió al Gobierno Nacional a comprometerse a preservar la salud y la vida, respetar los Derechos Humanos y a garantizar el ejercicio periodístico como parte de sus obligaciones democráticas.