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Ecuador, 12 de agosto de 2020.- Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares 45/2020, en el caso del secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen. 

Resolución CIDH

El 12 de abril de 2018 la CIDH otorgó las medidas cautelares en respuesta al pedido realizado por Fundamedios, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) y los familiares de las víctimas. Entonces se consideró que la situación cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, necesarios para otorgar dichas resoluciones. 

Parte de las acciones de la Comisión incluyó la conformación de un equipo de seguimiento especial (ESE) para acompañar la investigación de los asesinatos. A través de esta instancia, en diciembre de 2019, se presentó un informe que conmina a Ecuador y Colombia a una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico. Esto no ha ocurrido.

En el comunicado de este 12 de agosto, la Comisión explica que las medidas cautelares fueron otorgadas con miras a que se “adopten las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra” y “las medidas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”. Tras conocerse del asesinato, la CIDH recuerda que el ESE se implementó “en el entendido de que la obligación de investigar y determinar las responsabilidades que dieran lugar a los hechos recae sobre el Estado”.

En ese contexto, dos años y cuatro meses después, al no existir los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, el organismo estima que corresponde levantar las medidas cautelares.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano.

En el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano. (Al final de este comunicado pueden consultar una línea de tiempo con las fechas del proceso contra Angulo Arboleda.)

Resulta pertinente recordar que en junio de este año también quedó en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien no se ha presentado a las audiencias que se continúan adelantando en su contra.

En 2018, el Estado anunciaba a las familias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haría todo lo posible para que los responsables fueran sometidos a la justicia, pareciera que ese compromiso se hubiese borrado con el paso del tiempo.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el acceso a la justicia ha sido indignante, y desgastante: “No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese: darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”.

Para Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH.

En ese sentido, el Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, debe adoptar lineamientos para priorizar la procuración de justicia en este caso, de conformidad con los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Como víctimas también nos afecta. Nos hace pensar que lamentablemente es un camino duro el cual tenemos que seguir labrando y luchando hasta poder conseguir el objetivo de llegar a esa justicia y a esa verdad y a esa equidad en este caso”, Ricardo Rivas.

200805 Comunicado Libertad por Vencimiento de Términos Cherry.docx

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Ecuador, 7 de agosto de 2020.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concedió este viernes el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2020 a más de 100 periodistas y trabajadores que perdieron la vida en el ejercicio de la profesión como consecuencia de la pandemia. El reconocimiento incluye a personas de Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Ecuador.

Omar Salvatierra, Augusto Itúrburu, Luis Alberto Flores, Omar Paredes, Ángel Sánchez, Manuel Adolfo Varas, Víctor Hugo Peña, Olmedo Méndez Tacuri, Paúl Tobar, Carlos Loor, Rosendo Escobar Cárdenas, Roberto Román, Guido Castro, Fernando Asencio Baquerizo, Julio Rodríguez, Carlos Pangol son los nombres de los ecuatorianos reconocidos por la SIP

Desde el inicio de la emergencia en Ecuador, a fines de febrero pasado, Fundamedios ha hecho un seguimiento de cómo la situación afectó a quienes están en primera línea, es decir, reporteras, reporteros, camarógrafos, chóferes, entre otros trabajadores de la prensa. La organización ha registrado hasta el 26 de julio 19 víctimas del nuevo coronavirus.   

Como parte del anuncio del reconocimiento, Christopher Barnes agradeció a todas las organizaciones del continente y a los socios de la SIP que colaboraron proveyendo información sobre las víctimas. «Esta pandemia está lejos de haber terminado», indicó. Además, instó a los periodistas y trabajadores de medios y, en especial, a los medios de comunicación «a fortalecer los protocolos de sanidad y seguridad para reducir el impacto en la profesión».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron el pasado 19 de marzo una declaración conjunta donde reconocen el derecho a la libertad de expresión; pero, además, llaman a los gobiernos a garantizar información veraz sobre la amenaza que supone el coronavirus  y a los medios a protegerse a sí mismos, a su familia y a la comunidad. 

“El derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma”, dice la declaratoria. 

En marzo pasado Fundamedios se hizo eco de ese pronunciamiento. La organización exigió al Gobierno Nacional a comprometerse a preservar la salud y la vida, respetar los Derechos Humanos y a garantizar el ejercicio periodístico como parte de sus obligaciones democráticas.

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Ecuador, 7 de agosto de 2020.- Fundamedios entregó a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional y al grupo multipartiditas de Asambleístas por la Transparencia y el Acceso a la Información el texto del anteproyecto de nueva Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, LOAIP como una herramienta de lucha contra la corrupción y como garantía del Derecho Humano fundamental de todos los ecuatorianos. 

El Presidente de la Asamblea y los diversos legisladores presentes y sus equipos técnicos se comprometieron a darle un tratamiento prioritario con el objetivo de que la nueva Ley sea aprobada en el actual periodo legislativo. 

El anteproyecto fue construido a través de un riguroso trabajo de análisis comparativo de las legislaciones más avanzadas del Hemisferio elaborado en cooperación con el programa TrustLaw de la Fundación Thompson Reuters y la coordinación del Estudio Jurídico Ferrere. Además, de la permanente consulta a expertos como el Ex-Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue. La nueva LOAIP ecuatoriana sería la primera Ley de la Región en aprobarse atendiendo los avances y estándares establecidos por la OEA en la llamada Ley Modelo 2.0. 

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, explicó que el documento consta de nueve capítulos. Su objeto es promover y garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública, fomentar la transparencia y contar con una herramientas de primera línea en la lucha contra la corrupción.

Entre los puntos más novedosos está la creación de una Superintendencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano independiente e imparcial con autonomía administrativa y financiera que garantice el acceso y la protección de información personal.

Entre sus responsabilidades está velar por el cumplimiento de los términos señalados, vigilar que la información entregada no sea incompleta, incomprensible o poco accesible y evitar que la información que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial sea denegada. Además, se propone multas de 1 a 20 salarios básicos unificados (SBU) para quien viole la norma. 

Frank LaRue, quien es también director de Defensa y Derechos Humanos de Fundamedios en Estados Unidos, mencionó que es vital actualizar y modificar las leyes de acuerdo a los avances de  los tratados internacionales y otras condiciones como el desarrollo tecnológico.

“Gran parte del éxito de una ley está en el tipo de una autoridad o responsable que se establezca en ella (…) La creación de una Superintendencia como ente autónomo es importante y la autonomía de ese órgano es lo más importante para garantizar la transparencia”, insistió. 

Por su parte, el Presidente del Legislativo felicitó la propuesta que nació de la sociedad civil. Litardo ratificó su compromiso para ingresar el anteproyecto con celeridad al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que sea calificado y pase a la comisión correspondiente. 

Asambleístas como Lourdes Cuesta, Héctor Muñoz, Héctor Yépez, Ana Belén Marín, Dennis Marín, Jeannine Cruz, Wilma Andrade, Cristina Reyes, expresaron su apoyo a la Ley y su voluntad de respaldar con sus firmas el ingreso a trámite parlamentario. En total son 16 Asambleístas que conformaron hace algunas semanas el Grupo Parlamentario por el Acceso y la Transparencia. 

Para revisar el anteproyecto, ingrese aquí.

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Ecuador, 31 de julio 2020.- Cuando un periodista cubre temas de salud mental debe cuidar, respetar a sus fuentes y establecer un vínculo de confianza para comprender lo que le ocurre emocionalmente a quien entrevista. Esta fue una de las lecciones que impartieron Myriam Vidal y Rodrigo Pérez, ambos ganadores de la beca Rosalynn Carter 2019 de la Fundación Gabo, por una investigación sobre el impacto en psiquis de los migrantes en la frontera entre México y EE.UU. 

Vidal es periodista freelance en The New York Times en Español y Medscape en Español y Pérez es reportero en la revista Quanta y coordinador de la sección de español de The Open Notebook. Los comunicadores fueron los talleristas del segundo webinar ‘¿Cómo cubrir y escribir sobre salud mental mientras sobrevives a la pandemia?’, organizado por Fundamedios, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Chicas Poderosas Ecuador y Nos Faltan 3. El encuentro gratuito convocó a más de 70 participantes en línea. 

Ambos concordaron en que hay que trabajar en el uso correcto de las definiciones de las enfermedades mentales para no estigmatizar. A su criterio, uno de los temas más polémicos para reportear y escribir es el suicidio. Por ello consideran que el uso de imágenes e ilustraciones incide en cómo el público percibe un reportaje. Por ejemplo, si se habla de las formas más comunes de morir por suicidio, esto podría generar una ola de reacciones en cadena como está comprobado, según Pérez.

En estos casos, lo correcto es decir “murió por suicidio” y no “se suicidó”. La razón es que esa muerte es el resultado de una una serie de trastornos que van más allá del control de la persona. Decir “se suicidó”-para los expertos- es culpar a un individuo por estar enfermo.  

Pérez y Vidal recomendaron no revictimizar a los entrevistados porque podría generar rechazo. Expresiones como “lo entiendo” pueden terminar con el lazo de confianza alcanzado. Tampoco es recomendable preguntar a quien padece un trastorno cuál es la sintomatología, qué siente cuando tiene depresión, cómo sabe que está ansioso. 

Este tipo de preguntas acrecientan el dolor. Preguntar sobre el entorno, estilo de vida y círculo cercano da más pistas para entender sus posibles trastornos. “Todas esas historias deben ser tratadas con dignidad”, dice la colaboradora de NYT

Los reportajes deben brindar una opción de ayuda: un teléfono de contacto, una página web de apoyo es una manera de cerrar un reportaje.

Este segundo webinar fue parte de un programa gratuito de salud mental que Fundamedios, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Chicas Poderosas Ecuador y Nos Faltan 3 lleva adelante como apoyo a los periodistas ecuatorianos que cubren la pandemia en el marco de la COVID-19. 

 

Si deseas acceder al primer webinar ‘Salud mental y periodismo: una mirada desde la ciencia’, dictado por la psicóloga Yahira Guzmán, míralo acá: 

Además, te invitamos a escuchar el podcast Buscando el equilibrio emocional de Al Grano Press donde escucharás testimonios y recomendaciones de psicólogos y terapeutas alternativos.

También tenemos disponible un panel sobre salud mental durante la Pandemia que se transmitió en el espacio “La Regla del Pomodoro” de AlGrano.press.

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Ecuador, 30 de julio, 2020.- En América Latina, el acceso a la información está garantizado en las constituciones, leyes complementarias y en tratados internacionales. El compromiso de los actores e instituciones que ponen a disposición la información al ciudadano es clave para hacer cumplir este derecho. No obstante, hay excepciones como la privacidad y la protección de datos personales, elementos que fueron analizados en el foro Derecho de Acceso a la Información en América Latina.

Este 29 de julio se desarrolló el encuentro virtual impulsado por Fundamedios, el programa TrustLaw de la Fundación Thomson Reuters, FERRERE y Abogados, moderado por la periodista ecuatoriana Thalía Flores. En el espacio participaron Federica de Llano, asociada en Philippi, Pietrocarrizosa, Ferrero DU & Uria; Pedro Córdova, director del Área de Propiedad Intelectual, Life Science y Data Privacy de FERRERE en Ecuador;  Isabel Ortiz Monasterio, asociada senior de Ritch, Mueller, Heather y Nicolao, S.C. y experta en protección de datos personales, de México; y María José Arancibia, experta en protección de datos y privacidad, en Chile y fundadora de Obrero Digital, que brinda apoyo a empresas basada en soporte de digitalización y herramientas legales.

De Llano se refirió a las obligaciones y alcances de los sujetos que entregan información pública. En Colombia, las entidades judiciales, ejecutivas y legislativas, independientemente de su ordenamiento territorial, deben hacerlo. En segundo lugar estarían los órganos independientes y autónomos; en tercer lugar las personas naturales o jurídicas que ejercen una función pública, así como las empresas o sociedades creadas por el Estado que administren fondos estatales. 

Para la experta es primordial que se respete la transparencia activa, que los sujetos o entidades que custodian la información brinden la apertura necesaria para divulgarla o presentarla, incluso aquello que no está visible en portales digitales,  con excepción de la información clasificada y confidencial. 

En su intervención, Pedro Córdova, Director del Área de Propiedad Intelectual, Life Science y Data Privacy de FERRERE mencionó que Ecuador está suscrito a la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que su artículo 13 garantiza el derecho a recibirla y difundirla. Para Córdova, es un avance que en la Constitución ecuatoriana se reconozca la Acción Constitucional de Acceso a la Información Pública que permite al ciudadano solicitar al juez que se respete, cuando este se haya visto vulnerado. Eso sí, como lo explicó el experto, en Ecuador también hay excepciones en la divulgación como la información confidencial y reservada. Aunque en el país aún no existe una Ley de Protección de Datos Personales, hay disposiciones que la garantizan, especialmente, en el sigilo bancario. 

Sobre la ponderación entre el derecho al acceso a la información y el derecho a la privacidad y protección de datos personales, María José Arancibia Obrador, cree que hay una línea muy delgada. Chile cuenta con dos normas relevantes: la Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia. La experta explicó que la primera agrupa varios elementos que ayudan a dilucidar si los datos que tiene la administración son de carácter personal y deben ser entregados o no. 

Arancibia destaca que en la Ley de Transparencia hay un principio de divisibilidad, que permite hacer una entrega parcial de la información y censura aquella que no es pública. En el país austral también existe el derecho a la proporcionalidad y el test de daño que evalúa si la información es eficaz o no para cumplir con la transparencia. 

Por su parte, Isabel Ortiz Monasterio, asociada senior de Ritch, Mueller, Heather y Nicolao, S.C. experta en Protección de Datos Personales de México, comentó que en ese país, al ser federal, cada uno de los 32 estados garantizan el derecho a la información tanto en el sector público como privado. 

El órgano garante es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y tiene competencia para conocer asuntos relacionados con el Derecho a la Información y con la Protección de Datos Personales,  cuenta con personalidad jurídica propia y garantiza que se entregue la información pública que haya sido solicitada por el ciudadano, así como también el uso adecuado de los datos personales; sin embargo, una de sus limitaciones es la imposibilidad de emitir leyes en materia de acceso a la información y protección de datos personales. 

El foro fue organizado como parte de la Hoja de Ruta institucional para la presentación, debate social y parlamentario para la aprobación en la Asamblea Nacional de una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública como fundamento en la lucha contra la corrupción y la garantía adecuada del derecho ciudadano a saber. 

 

 

 

 

 

 

 

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Ecuador, 24 de julio 2020.- Hablar de salud mental, enfermedad mental y periodismo, hasta hace algunos meses, era un tema lejano, pero a raíz de la COVID-19 se ha convertido en una discusión necesaria para quienes están en primera línea. Por ejemplo, los periodistas quienes han tenido que adaptarse al teletrabajo, al encierro y al miedo constante al contagio. 

Fundamedios, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Chicas Poderosas Ecuador y Nos Faltan 3 unieron esfuerzos para diseñar un programa gratuito que a través de webinars entregue conocimiento y herramientas a los reporteros. El objetivo es conocer mejor las temáticas relacionadas a salud mental y cubrir la pandemia con una mirada holística. 

Yahira Guzmán, docente y psiquiatra de la Universidad de la Sabana (Colombia) y administradora de la beca Rosalynn Carter junto a la Fundación Gabo, fue la tallerista de ‘Salud mental y periodismo: una mirada desde la ciencia’. En el encuentro virtual compartió con más de 100 periodistas ecuatorianos y estudiantes de Comunicación. 

Para la experta es necesario que la población comprenda la importancia de la salud mental. La define como “tener una calidad de vida adecuada” con el funcionamiento correcto de la parte física, el comportamiento adecuado en el trabajo, en la familia; tiene énfasis en alcanzar un estado de bienestar y vivir en paz. Si alguno de estos factores está alterado, podría tratarse de un trastorno o una enfermedad mental, que es lo que actualmente, se observa con la ansiedad, el estrés y la depresión. 

A lo largo de la historia, las enfermedades mentales han sido estigmatizadas y eso se debe al poco conocimiento alrededor de ellas. Según Guzmán, se suele pensar que una persona con esquizofrenia es peligrosa y está asociada a actos delictivos. Otros creen que padecer de una depresión es una invención del individuo y se cura con una charla. Esto se suma a tratamientos limitados de las enfermedades mentales en los años 50, en donde se asociaba este factor con imágenes de manicomios y dopajes.

Para la psiquiatra, el primer reto para el periodismo es hacer un abordaje que rompa el estigma e informe que las enfermedades mentales son tratables. “Debemos quitar la terminología como ‘el loco’, ‘el esquizofrénico’, etc y crear estrategias para quitar etiquetas. Eso no construye, sino destruye”. 

La ansiedad y depresión son las afecciones que más se dispararon en el contexto de la pandemia. Guzmán reconoce que los periodistas, por la naturaleza de su trabajo, están sometidos a niveles de estrés altos y es necesario que manejen estos conceptos no solo para entender a su entrevistado, sino para reconocer el momento exacto en que laboralmente están agotados y deben parar. 

La mezcla de actividades repartidas entre el trabajo, los quehaceres domésticos, el cuidado de los niños genera una sensación de falta de control y en ese aspecto la psiquiatra recomienda tener un estilo de vida saludable, realizar deporte, manejar  la frustración y el cansancio conversado con pares y  buscar una actividad lúdica. 

Es importante reconocer aquellos síntomas que podrían advertir que algo no funciona bien, como la alteración del sueño, dolor de cabeza constante e irritabilidad que podrían desencadenar en trastornos mentales. Saber detectar estas señales a tiempo incidirá en la búsqueda de un tratamiento temprano, pues el autocuidado es una pieza angular para alcanzar el bienestar emocional.

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Ecuador, 22 de julio, 2020.- Fundamedios coordinó una mesa de diálogo en torno al ‘Órgano rector en acceso a la información y protección de datos’, con la finalidad de examinar las opciones para contar con un ente independiente y autónomo que garantice el cumplimiento de la ley.

El encuentro virtual, desarrollado este 21 de julio, contó con la participación de  Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Frank LaRue, director de Defensa y Derechos Humanos de Fundamedios y exrelator especial de la ONU; Francisco Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México; María Paula Romo, ministra de Gobierno de Ecuador;  Fernando Flores, presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional; Lorena Naranjo, directora Nacional de Registro de Datos Públicos, entre otros invitados. Fue conducido por el Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte.

Desde la mirada de los participantes, debe existir un órgano independiente capaz de asumir las funciones de garante de la protección de datos personales y el derecho a acceder a la información. Para Frank La Rue, lo importante es contar un ente rector que sea independiente, mejor si es colegiado e integrado por máximo siete miembros -elegidos periódica y escalonadamente- para que el nivel de independencia frente al poder político sea efectivo.

El Relator Edison Lanza destacó la importancia de la existencia de un órgano que supervise el ejercicio del derecho a acceder a la información y protección de datos. Coincidió con el representante de Fundamedios en que debe ser independiente, especializado, autónomo financieramente. En este contexto, enfatizó en la necesidad de actualizar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso  a la Información Pública (Lotaip), vigente desde 2004.

Francisco Acuña, del INAI de México, expuso el ejemplo mexicano. Afirmó que defiende la autonomía y puso a disposición de las autoridades legislativas la posibilidad de un intercambio de experiencias con el Instituto.

Por su parte el Presidente de la Comisión de Soberanía, Fernando Flores,  aseguró que la redacción de la norma tiene un avance del 90 % y ha sido construida con los aportes de actores como expertos de la Comisión Europea, legisladores latinoamericanos, juristas y representantes de asociaciones de protección de datos, sociedad civil y academia. 

Para María Paula Romo, el acceso a la información y la protección de datos son temas fundamentales para el actual Gobierno. La Ministra indicó que el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales fue presentado como iniciativa del Ejecutivo, preocupado por la exposición de la ciudadanía a filtraciones y robo de información. Al ser Ecuador uno de los pocos países sin una norma que garantice esa protección, recalcó que espera que la norma sea aprobada en el actual periodo legislativo.

Lorena Naranjo, titular de la Dinardap, insistió en la urgencia de la aprobación de la Ley; sobre todo en el contexto actual donde existe mayor generación de información personal.

El encuentro contó con la participación de más de 40 invitados entre expertos internacionales, autoridades, periodistas, representantes de la sociedad civil, academia y embajadas.

Fundamedios seguirá acompañado el proceso de construcción de dos leyes que son fundamentales para la garantía de dos derechos: privacidad y acceso a la información, que son absolutamente necesarias para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

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Ecuador, 9 de julio 2020.- César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó este jueves 9 de julio, su renuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como veedor del Proceso público competitivo de otorgamiento de frecuencias. El periodista señaló  que este proceso no ha sido transparente ni riguroso.  

“Consideramos que una organización del prestigio de Fundamedios no puede ser parte de una veeduría que ha pretendido ser manipulada con fines partidistas, nada transparente y ajena a lo que debería ser el ejercicio noble del derecho a la participación ciudadana y el control social”, enfatizó Ricaurte en una rueda de prensa virtual. 

Además, cuestionó que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) haya presentado un oficio donde impugna a algunos integrantes de la veeduría con argumentos “frívolos”, como que algunos integrantes no enviaron su hoja de vida cuando existen miembros con un interés político claro. Ese es el caso del actual subcoordinador, Roberto Wohlgemuth, conocido en redes sociales como @mashiroberto. 

Wohlgemuth fue uno de los operadores más agresivos en la política de acoso sistemático en contra de periodistas y medios de comunicación durante el gobierno de Rafael Correa. Además, Facebook lo identificó como uno de los grandes operadores de las granjas de trolls para desinformar.

Precisamente, el 8 de julio, la plataforma eliminó más de 50 páginas detectadas como difusoras de información falsa manejada por consultores políticos y exempleados gubernamentales de Ecuador y de los socios de la empresa ecuatoriana Estraterra, establecida en Canadá y cuyo representante legal es Roberto Wohlgemuth.

Wohlgemuth llegó al CPCCS luego de la salida de varios de sus miembros. Esto, tras la contundente denuncia pública que hizo Fundamedios el pasado 23 de junio que reveló los intereses políticos de los veedores que, en ese momento, estaban activos y que concluyó con la renuncia de Héctor Velasco Álvarez, entonces coordinador de la veeduría y presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Dicha organización participó en el concurso pasado por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicitaba se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. Cuatro veedores más también fueron cuestionados. Ver nota.

Ricaurte reiteró que renuncia a una veeduría que desde su creación tuvo intereses políticos, pero no renuncia al derecho ciudadano de vigilar rigurosamente un proceso que como el de otorgamiento de frecuencias es clave para que en el Ecuador se avance en materia de libertad de expresión.

“Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó. 

Descargue la carta de renuncia 

 

 

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Facebook eliminó 41 cuentas, 77 páginas de esa plataforma y 56 cuentas de Instagram por tener un comportamiento no auténtico y violar la política de interferencia extranjera al publicar información falsa. 

Algunas de estas cuentas son manejadas por consultores políticos y exempleados gubernamentales en Ecuador. Es el caso de los socios de la empresa ecuatoriana  luego establecida en Canadá llamada “Estraterra”, cuyo representante legal es Roberto Wohlgemuth, vinculado al correísmo y más conocido como @’MashiRoberto. Quien en un acto insólito fue invitado  a ser veedor y fue designado subcoordinador de la veeduría ciudadana que vigila el concurso de frecuencias radiales FM en Ecuador. 

Fundamedios considera un acto escandaloso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) haya nombrado a Wohlgemuth -señalado por mover cuentas en redes sociales para desinformar y atacar a periodistas, medios y defensores de DDHH- como veedor para vigilar un proceso tan trascendente para la libertad de expresión en Ecuador. 

“Aunque las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus identidades y coordinación, nuestra investigación encontró vínculos con consultores políticos y ex empleados del gobierno en Ecuador y Estraterra, una firma de relaciones públicas con sede en Canadá. Estraterra ahora está prohibido en nuestras plataformas”, concluye el comunicado de Fecbook publicado el 8 de julio

Fundamedios constató que Estraterra S.A. es una empresa activa en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías. Esta firma fue constituida en nuestro país el 07 de julio de 2016 con un capital de mil dólares por Roberto Wohlgemuth,  Pablo Yánez y María Augusta Enríquez. Wohlgemuth fue gerente general en 2018 y también accionista de la empresa. 

Yánez se desempeñó como exsubsecretario de la Secretaría de Comunicación (Secom) y María Augusta Enríquez,  fue exasesora del exministro Vinicio Alvarado, ambos fueron funcionarios durante la gestión delexpresidente Rafael Correa.

Al buscar en el Servicio de Rentas Internas (SRI), la empresa con el RUC 1792790719001 aparece también activa y con Wohlgemuth como representante legal. Su actividad económica consiste en brindar servicios integrales relacionados a la comunicación y publicidad. Solo en 2017 reportó $1,662.02 como impuesto a la renta. 

¿Cuáles son sus vínculos con Canadá? En la primera reunión de la veeduría ciudadana para vigilar el concurso de frecuencias, de la que Fundamedios también es parte. “Wohlgemuth reconoció abiertamente estar radicado en Canadá administrando una empresa de comunicación que ahora sabemos a qué se dedica, señaló César Ricaurte, director de Fundamedios. 

De hecho, en la cuenta de LinkedhIn, Estraterra es una empresa con sede en Vancouver (Canadá) y señala a Wohlgemuth como uno de los empleados en estrategia de comunicación política y redes sociales. Incluso el dominio del sitio web estraterra.com está a su nombre. 

Facebook explicó que la inusual actividad se originó en Canadá y Ecuador y se centró en El Salvador, Argentina, Uruguay Venezuela, Ecuador y Chile. El movimiento de estas cuentas, algunas falsas y duplicadas, se daban en torno a elecciones, exponiendo elogios a ciertos gobiernos y críticas al presidente de Ecuador, al partido peronista en Argentina y al partido progresista en Chile. 

Las 41 cuentas de Facebook, 77 páginas y 56 cuentas de Instagram tenían alrededor de 274,000 cuentas que siguieron una o más de estas páginas y alrededor de 78,000 seguidores en Instagram. En cuanto a publicidad, Facebook reporta la asombrosa cantidad de $ 1.38 millones en gastos para anuncios