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Ecuador, 22 de diciembre del 2020. La Fundación Andina para la Observación de Medios, Fundamedios, presenta su informe anual sobre los ataques contra la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información ocurridos entre enero y diciembre del 2020. 

Este fue un año distinto por la crisis sanitaria mundial. La llegada de la pandemia por COVID-19 significó nuevos desafíos para el ejercicio periodístico y para la libertad de expresión. En comparación al 2019 el número de alertas registradas en este año disminuyó. Mientras que en ese año se registraron 212 ataques a la prensa, en el 2020 fueron 144. Mientras el número de alertas registradas descendió, esto no se reflejó en el impacto que estas generaron y que fue superior al año anterior.

En total fueron 960 medios de comunicación, periodistas, activistas o ciudadanos que fueron agredidos en este 2020, lo que representa un incremento del 254% en comparación al 2019 cuando llegaron a 373. 

El principal grupo de agredidos lo encabezan los periodistas que en general llegan a la cifra de 863 afectados lo que corresponde al 90% de las alertas registradas por Fundamedios en este año. Los medios de comunicación afectados este 2020 fueron 36 seguidos de los casos de seis reporteros gráficos. 

El informe, además de datos estadísticos completos, incluye capítulos que tratan la relación de los Periodistas y COVID, analiza dos leyes claves para luchar contra la corrupción y la transparencia, hace referencia a que en este año se consolidaron imperios mediáticos y anota la seguridad para periodistas como una deuda pendiente 

Fundamedios es una organización comprometida desde 2007 con  la protección y promoción de la libertad de expresión como un Derecho Humano universal y el monitoreo de las agresiones y los riesgos que enfrentan los periodistas en América Latina.

Nuestro trabajo se ha realizado en colaboración estrecha con los medios de comunicación, la sociedad civil y organizaciones internacionales, así como con los Sistemas Interamericano y Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 

A continuación el informe completo:

Informe 2020 final

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Ecuador, 11 de diciembre del 2020. La veeduría ciudadana Nos Faltan Tres realizó el Foro: A un año del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ¿Ha cunplido el Estado? con el propósito de analizar las recomendaciones realizadas por el Equipo Especial de Seguimiento (ESE) presentadas el 12 de diciembre del 2019 y que involucran a múltiples instituciones del Estado ecuatoriano.

El 26 de marzo de 2018, a la medianoche, los medios de comunicación del país difundieron la noticia del secuestro de quienes integraban el equipo periodístico de El Comercio Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Días más tarde, luego de fallidas negociaciones, se confirmó el asesinato de los mismos.

Frente a estos hechos surgieron varios reclamos e interrogantes acerca de la actuación del gobierno frente al secuestro del equipo periodístico. Por esta razón, el Estado Ecuatoriano conjuntamente con los familiares de las víctimas solicitaron a la CIDH su intervención en el esclarecimiento de los hechos desarrollados en el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín.

De esta manera la CIDH conformó el ESE, quienes remitieron el Informe que analiza las omisiones del Estado y la Fiscalía, en torno a la investigación de los hechos que llevaron al secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín. 

César Ricaurte, Director de Fundamedios, aseguró que un año después, el Estado ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones de la CIDH. Explicó además el trabajo realizado desde la Veeduría Nos Faltan Tres como una serie de acciones para que los Estados asuman su responsabilidad en este crimen y luego acojan las recomendaciones.

Entre las principales recomendaciones está:

  1. Revisión de procedimientos internos para mejorar la cooperación internacional.
  2. Analizar el material decomisado en investigaciones, y las pruebas relacionadas con el funcionamiento de la organización criminal mediante un plan de investigación. 
  3. Reexaminar la información que reposa en las extracciones forenses de telefonía móvil y computación.
  4. Evitar la revictimización de Javier, Paúl y Efraín en las investigaciones debido a su trabajo periodístico
  5. Examinar las descoordinaciones y omisiones del Estado.
  6. Desclasificar la información en poder de las F.A.  de Ecuador.
  7. Designar una comisión especial que garantice a las familias acceso a la información en manos de entidades. 
  8. Crear mecanismos de reparación integral a los familiares
  9. Crear un Comité de Protección de Periodistas, y crear un protocolo de intercambio de información con Colombia

Otras acciones de la veeduría fueron envío de solicitud de información e insistencia de cumplimiento de recomendaciones  a entidades como la Fiscalía General del Estado, Presidencia de la República, Ministerio de Gobierno, Ministerio Defensa, Asamblea Nacional, Comité de Protección de Periodistas; Consejo de Participación Ciudadana 

Ricaurte destacó que ha existido falta de cooperación por parte de las entidades del Ejecutivo en la desclasificación de la información ya que las entidades del Estado no entregan la información a pesar que en casos de DD.HH no se puede clasificar la información y dificulta que se llegue a la verdad y a la justicia y hace que los casos queden en la impunidad.  Destacó la inoperancia en la Fiscalía General del Estado en el desarrollo de las investigaciones y estamos frente a un caso que se podrá prolongar por años hasta que exista voluntad política para desclasificar la información, una clara falta de actuación por parte de esta entidades.   Además la falta de actuación política por parte de entidades que tienen facultades fiscalizadoras e investigativas con una ausencia total de la Defensoría del Pueblo en este caso y la falta de acompañamiento y actuación por parte de instituciones nacionales de Derechos Humanos. “No vamos a parar hasta que exista una reparación y se conozca la verdad” aseguró. 

Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH aseguró que hay un insumo producido con estándares técnicos con el liderazgo de su predecesor, Edison Lanza, y que este es un informe inédito en la historia de organismos e instrumentos internacionales con una investigación del asesinato a periodista y es un insumo valioso y util para los Estados es su obligación  de  sancionar:  “tras un año estas recomendaciones siguen siendo vigentes”  

Dentro del Foro, Soraya Constante de Periodistas Sin Cadena dijo que hubo omisiones por parte del Estado y la más importante fue la descoordinación entre las instituciones y tres años después no hay resultado de las investigaciones. Tampoco tomarse en serio la protección para periodistas en zonas de riesgo. Sobre el Comité de Protección de Periodistas sostuvo que no ha tenido resultados concretos y fue una solución parche. 

Angela Caro de la Fundación para la libertad de prensa aseguró que en 2018 ambos Estados anunciaron varias acciones pero ha sido un camino que se va alargando en busca de la verdad y la justicia. Sostuvo que el Estado no ha asumido compromisos en la investigación del caso y el Estado Colombiano no ha aclarado muchos temas pendientes y la zona de frontera sigue siendo una zona de riesgo para el trabajo periodístico. 

En representación del Colectivo Nos Faltan Tres habló Ricardo Rivas quien recordó que a los estados de Ecuador ni Colombia no les interesa seguir investigando ya que se ha priorizado la imagen porque saben que una verdadera investigación afectará la imagen de los gobiernos. “Colombia  no quiere investigar más allá de quien jaló el gatillo y Ecuador está a la espera de la información de las entidades”. 

La Veeduría Ciudadana Nos Faltes Tres continuará realizando acciones para evitar la impunidad en este caso . 

INFORME ESE 2020

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No son solamente los casos sobre la concentración de frecuencias que han sido ignorados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). A ello se suman múltiples voces ciudadanas que compiten por una emisora y que denuncian irregularidades  en el proceso público. Fundamedios recoge algunos de los casos que se reproducen en todo el país y dejan una secuela de afectación e impotencia. 

3 de diciembre de 2020

Errores administrativos, envíos de información a correos equivocados, radios históricas sin frecuencia, puntajes altos a participantes sin experiencia, supuestos conflictos de intereses, son algunas de las irregularidades que se denuncian en diferentes provincias. A raíz de que el pasado viernes, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) dio a conocer los resultados preliminares dentro del proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias de radio FM. Dos informes fueron publicados en el portal: el primero sobre el Resultado de la Evaluación de Solicitudes, que enlista los concesionarios que cumplieron o no con los requisitos y los respectivos puntajes e informes jurídicos; el segundo sobre el Informe General de Prohibiciones e Inhabilidades, en el que se registraba la información acerca del cruce de datos que realizaron con ocho instituciones.   

Aunque se tratan de resultados preliminares, los casos de concentración de medios detectados no son del único mal que adolece el concurso. Aquí las historias. 

Excolaborador de Gabriela Rivadeneira ganará Radio La Prensa, medio incautado, y sumará cuatro frecuencias familiares 

Existen casos en los cuales a extrabajadores o funcionarios públicos que mantuvieron relación con las altas esferas del poder se les otorga no una sino dos frecuencias y en este paquete va incluido frecuencias de medios de comunicación que pertenecen actualmente al Estado, y que permitirán la consolidación de nuevos ‘mini imperios mediáticos’, este el caso de la familia Carrillo de Otavalo. 

Según la última lista que publicó el ARCOTEL, Carrillo Espín Willian Alfredo participa por la frecuencia 97.9 que corresponde a Radiomar en Esmeraldas; la frecuencia 98.5 de Radio Ritmo en Santo Domingo y la frecuencia 100.1 que corresponde a Radio La Prensa T.V S.A de Guayaquil, medio de comunicación incautado que actualmente forma parte del paquete de medios públicos. Carrillo Espín es concesionario desde hace dos años de la Radio Qué Buena 90.1 de El Carchi. 

Los extrabajadores de Radio La Prensa realizaron un plantón el pasado 20 de noviembre, pues se oponen a la concesión de la frecuencia de radio. Según señaló Margarita Constante, vocera de los excolaboradores, la venta de esa radio era una de las alternativas que presentan para cobrar liquidaciones pendientes, pero eso se quedaría sin piso en el momento en que el Estado se quite la frecuencia a sí mismo.

De acuerdo al grupo de extrabajadores, Radio La Prensa Sport tiene empleados sin cobrar sus liquidaciones, y sin tener su cancelación del seguro social por lo que han solicitado públicamente que no ingrese a concurso. 

Según los registros iniciales de Arcotel la Empresa de Medios Públicos, accionista en los medios incautados, si solicitaron la renovación de la frecuencia, pero desde el primer proceso no cumplieron los requisitos. Es así que Carrillo Espín Willian Alfredo, con un puntaje de 79 puntos se llevaría esta frecuencia en Guayaquil.

Él es abogado, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Técnica del Norte y con especialidad en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Fue experto 2 en la Unidad Técnica Legislativa y su ingreso a la Asamblea se dio en la época de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, con quien mantiene una relación profesional desde Otavalo, de donde ambos son originarios. 

En ésa época legislativa se le asignaron varias representaciones: en agosto del 2014 fue designado por la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana que realizó la primera renovación del Consejo Nacional Electoral y en julio del 2015 junto  con Vladimir Salazar González, y Johana Pesántez Benítez fueron elegidos como candidatos a jueces de la Corte Constitucional (CC) en representación de la Función Legislativa, en el proceso de renovación parcial. Sus nombres fueron mocionados entonces por William Garzón, de Alianza PAIS (AP). Recibieron 81 votos a favor.

En julio del 2016 formó parte de la Comisión Ciudadana de Selección que llevó a cabo el concurso de oposición y méritos para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Según el Servicio de Rentas (SRI) Internas la principal actividad económica de Carrillo Espín Willian Alfredo es el servicio de pasajeros. 

Se podría decir que Carillo no ha estado inmerso en el mundo de la radiodifusión, pues en realidad es su padre, Mario Alfredo Carrillo Vargas, quien tiene como actividad principal la radiodifusión desde hace 25 años y es concesionario de Radio Satélite  que opera bajo el dial 107.1 en Otavalo. En su página web se detalla que la estación radial fue creada en 1994 de la mano del ingeniero Mario Alfredo Carrillo Vargas, y que en su programación se tratan temas de actualidad e interés general, tanto referentes a Otavalo como sucesos de Ecuador y el mundo. Según las últimas listas de Arcotel, Carrillo Vargas participó por la frecuencia 95.7 correspondiente a la Corporación Comunicacional de Cotopaxi SCC, con 88.5 puntos, sin embargo, no ganaría porque otros competidores tienen mejor puntaje.  

Sobre la posibilidad de que luego del concurso, su familia sea la propietaria de cinco frecuencias en Otavalo, Cotopaxi, Tulcán, Esmeraldas y Guayas, aseguró que su padre ha sido radiodifusor por más de 25 años y que de ninguna manera se puede configurar un ‘mini imperio mediático’ familiar pues “hasta ahora está endeudado en los equipos”. 

Willian Alfredo Carrillo Espín contó a Fundamedios que el mercado de Carchi no es bueno y que por eso decidió participar para obtener frecuencias en Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas. Además, destacó que de estas tres, la de Santo Domingo quedó lejos de estar en sus manos. 

No deja de ser llamativo, que quien señala admite que la operación actual de su medio de comunicación madre no es “bueno”, es decir lucrativo, tenga la capacidad para instalar repetidoras que cubren buena parte del territorio nacional y que sus planes de sustento económicos merezcan altos puntajes.

Sobre Radio La Prensa y los pedidos de extrabajadores del medio, contestó que desconocía la situación laboral y legal de la radio guayaquileña cuando concursó y que se escapa de su alcance pues la frecuencia se lanzó al proceso y él solamente participó. 

Al preguntarle sobre su relación con la ex Titular del Legislativo, respondió: “A Gabriela Rivadeneira no la he visto desde hace tres años, yo trabajé en una unidad jurídica de la Asamblea. Nunca he pegado un afiche de ellos jamás y no voy a permitir que difamen mi nombre, no tengo ninguna relación con Gabriela Rivadeniera, no la he visto ni he hablado con ella”, aseguró. 

 

¿Conflicto de intereses?

Steve Alexander Calvopiña Tipan tiene 19 años y es estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información en la escuela Politécnica Nacional de Quito. Actualmente, también es uno de los participantes por la frecuencia 102.9 con el nombre propuesto de ‘Sky Radio’. Según el informe emitido por ARCOTEL, Calvopiña obtuvo un puntaje de 119.5, el mayor entre los que compiten por la misma frecuencia. 

Podría pensarse que es la falta de experiencia o la juventud de Steve Calvopiña lo que llama la atención, aunque si se trate de un indicio, lo que realmente pone en tela de duda su participación es la relación que tiene con William Leopoldo Calvopiña Hinojosa, quien es su padre y según el portal de Contraloría de Declaraciones Patrimoniales Juradas, fue funcionario en ARCOTEL desde el 2 de mayo de 2003 hasta el 13 de diciembre de 2019, bajo el cargo de “Profesional Técnico 1” en la ciudad de Riobamba.

De acuerdo, a las inhabilidades del concurso, se establece que no podrán participar “quienes tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y con la autoridad de telecomunicaciones; se entenderá por autoridad de telecomunicaciones al Director Ejecutivo y todos los miembros del Directorio de ARCOTEL”. Es muy llamativo que en las bases del concurso se prohíbe participar a los miembros del Consejo de Comunicación, que no tiene nada que ver en el actual concurso, y en cambio sólo se establezcan prohibiciones para el presidente y el Directorio de ARCOTEL. ¿Los funcionarios de ARCOTEL que tienen a su cargo la calificación de las propuestas no tienen ninguna inhabilidad para participar? 

En el informe de Inhabilidades publicado por el organismo, se detalla que la información sobre Calvopiña (hijo) no ha sido entregada por el Registro Civil. 

“Si el padre del postulante apenas se retiró el año pasado de ARCOTEL, es obvio entender y comprender que él mismo tenía conflicto de intereses y por esta razón no postula él directamente en el concurso, por ello utiliza como testaferro a su hijo”, denuncia Luis Alberto Pumagualle, quien tiene más de cuarenta años de experiencia en la comunicación radial, y quien también participa por la frecuencia 102.9 de Riobamba, pero como repetidora.  Lo hace bajo el nombre de la empresa CG Producciones y Entretenimiento S.A. concesionaria de Radio Sensación 102.9, estación con más de una década operando en el cantón Guamote de la Provincia de Chimborazo.  

“Tienen todo su derecho de participar, siempre y cuando no hayan conflictos de intereses por parte de quienes ya fueron funcionarios de ARCOTEL”, recalca. Ellos en cambio obtuvieron un puntaje de 98.5 como puntaje final, pues el postulante Calvopiña en el dictamen de sostenibilidad financiera saca un punto más  39.5.  Actualmente, expresa Pumagualle que han ingresado la documentación a ARCOTEL para que se reconsidere la puntuación. 

Fundamedios contactó a William Calvopiña y al preguntarle si su hijo estaba a concurso, respondió:  “Sí entiendo que si, él es mayor de edad”, y agregó “yo no tengo nada que ver con Arcotel (…) yo nunca fui director ni miembro del directorio yo ya no soy funcionario de Arcotel desde el año anterior, incluso yo pudiera participar no hay ningún impedimento”, aseguró e indicó que las inhabilidades aplican solo para los familiares del director y los miembros del directorio de ARCOTEL. 

Este no es el único caso denunciado sobre supuestos conflictos de intereses, ni tampoco el único en Riobamba. Alex Hernán Velasco García, quien participa por la frecuencia 93.7 con el nombre propuesto de ‘La Macarena’ obtuvo 86 puntos. Las denuncias en torno al caso giran sobre Ángel Hernán Velasco Jara, quien trabaja desde 1995 como “Profesional Técnico 3” y es el padre del participante.  Fundamedios contactó a Ángel Hernán Velasco, quien corroboró que su hijo está a concurso, y al igual que Calvopiña mencionó que aquello no incurre en ninguna inhabilidad. 

‘El Fantasma’ nunca pierde

A finales de 1950, Daniel Pinos (97 años), hoy uno de los radiodifusores pioneros del Ecuador, compró los derechos de Radio Cuenca 1180 AM. Desde entonces la estación fue conocida por tratar temas culturales, políticos, y deportivos. Así, Pinos dirigió la emisora hasta el año 2011, dejando su legado a cargo de la segunda generación de la familia, a su hijo Kleber Pinos.  

En diciembre de 2019, esa trayectoria fue interrumpida, debido a un “proceso de persecución”, como describe Kleber, pues cuenta que “por tener una postura de análisis y de crítica al anterior gobierno de Rafael Correa en el concurso anterior que fue fallido, nos descalificaron de entrada. Entonces nos sacaron del aire”, recuerda.  

El próximo mes cumplen un año de funcionar solo de forma online y de redes sociales, pero además se cumple su aniversario número 70, siendo Radio Cuenca una de las emisoras más antiguas del país. “Somos una familia de radiodifusores (…) decidimos este año tratar de conseguir una frecuencia para migrar de radio AM a FM”. Por ello, Daniel Enrrique Pinos Andrade, hijo de Kleber y parte de la tercera generación de radiodifusores de la familia,  participa para obtener la frecuencia 102.9 para una matriz en Cuenca con el nombre propuesto ‘Radiopolis’. Alcanzaron la puntuación perfecta entre el dictamen jurídico y el informe financiero sumando en total 120 puntos. Pese a su trayectoria de 70 años, esta propuesta no obtuvo puntos adicionales por experiencia y años de servicio.

El puntaje perfecto de la propuesta no es suficiente si su contrincante por la misma frecuencia era la empresa Televisión Independiente Indetel S.A. concesionaria de Galaxia Stereo que como ha revelado FUNDAMEDIOS forma parte de los medios de Ángel González alias El Fantasma. 

Recordemos. 

Indetel es de propiedad de la sociedad uruguaya Burtown S.A. sociedad que estuvo presidida y representada por Carlos Lorefice Lynch, exabogado del Fantasma; y la otra propietaria es la empresa guatemalteca, Televisiete S.A.

Además, el apoderado de la empresa ecuatoriana Indetel es Juan Carlos González Saenz, sobrino de El Fantasma. Según el informe publicado por ARCOTEL, Indetel obtiene 129 puntos pues acumula 30 puntos adicionales por experiencia y “años de servicios”.

“No nos imaginamos jamás que se incluirían, desde mi punto de vista, de una manera mañosa para que las mismas personas que han acumulado frecuencias como es el Fantasma González, el señor Yunda o el señor Andrade en Manabí, vuelvan a ganar con la trampa en donde se pone como parámetro ‘la experiencia’; que de pronto está ligada a la frecuencia que tenía un concesionario desde años atrás. Entonces, es imposible competir en esas condiciones (…) El Sr. Fantasma González sigue siendo el amo y señor de las frecuencias en el país, camufladas en varias empresas”, concluye Pinos. 

Quienes eclipsaron a ‘Radio La Luna’ vuelven a obtenerla  

La frecuencia Radio La Luna 99.3 seguirá en manos del Centro de Educación Popular (Cedep), su concesionario desde julio de 1998. Una emisora histórica por su trayectoria en temas culturales y políticos,  y además, fue una de las impulsoras de la autoconformación del denominado grupo de “forajidos” que terminó con el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Sin embargo, en enero de 2011 aquella radio emblemática cambió su contenido y fue a parar al terreno de los deportes y el entretenimiento, la empresa Planet Audio asumió la programación e instaló una nueva emisora bajo el nombre de “La Deportiva” a cargo de la dirección del periodista deportivo Oscar Portilla. Pero la concesión siguió siendo de la Cedep. 

En su tiempo, el gerente de Radio la Luna explicaba en Diario El Comercio la negociación con Planet Audio: “Es como un matrimonio, que beneficiará a La Luna”. Asimismo, Ataulfo Tobar negó que detrás de esa negociación hubiera alguna presión política, asegurando que todo el proceso era legal y que “se liquidó a sus seis empleados”. La unión inicialmente duraría un año y traería, según Portilla, nuevos equipos y personal.  Fuentes vinculadas a la negociación dijeron que cada mes los concesionarios de la frecuencia recibirán USD 12 000 como pago del alquiler, aunque Tobar no quiso dar detalles de la alianza en ese momento tampoco quiso darlos una década más tarde. 

Fundamedios contactó a Cedep y al preguntar sobre la negociación de 2011, Ataulfo Tobar, representante legal, dijo: “aquí no hay figura de alquiler porque está prohibido por la Ley, aquí hay libre asociación como la Constitución del país lo establece cada iniciativa tiene todo el derecho de asociarse con quien considere importante para llevar a cabo su trabajo”, afirmó que Portilla se retiró de la administración hace tres años, “esta fue una relación que duró un tiempo y se cerró”, y no agregó más detalles. 

En la actualidad operan como Área Deportiva, un proyecto vigente hace tres años. La estructura la compone Robin Noboa, periodista deportivo, Mariella Molla, ingeniera en finanzas, Julieta Estrella, directora de contenido, y tienen una plantilla de entre 50 y 60 personas. 

Muchos de los fundadores del Centro de Educación Popular (Cedep)  fueron cercanos al gobierno anterior de Rafael Correa, entre ellos Manuela Gallegos, ex ministra de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; Galo Chiriboga, ex Ministro de Minas y Petróleo y Paco Velasco, exministro de cultura. Actualmente, según el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales, SUIOS, el director ejecutivo del Centro, sigue siendo Ataulfo Tobar, junto a Martin Tobar Vaca, director administrativo de proyectos, Carlos Martinez Borja, director de proyectos de radio y Gloria Lozano, miembro de la asamblea de la Cedep. 

Además, recordó que en sus inicios la radio fue de carácter privado, pero que a raíz de la aprobación de la Ley de Comunicación en mayo de 2013 pasaron a ser una radio comunitaria, es decir, que el convenio con la empresa Planet Audio siguió vigente incluso luego del cambio. En la misma línea, al preguntarle sobre el rol que juega la empresa Ravimus Producciones La Luna Cia. Ltda., de la cual Tobar es accionista, expresó que “se creó para poder administrar Radio La Luna, pero desde que somos una radio comunitaria perdió sentido”. El otro accionista de la empresa es Ángel Serafín Astudillo, quien trabajaba como portero de la radio según publicó Diario El Comercio en 2011, “para demostrar que él podía ser parte de las personas de toma de decisiones, se abrió esa posibilidad”. 

De acuerdo, a Tobar la empresa se encuentra en un proceso de disolución, sin embargo según el Portal de la Superintendencia de Compañías esta continua activa. 

En este nuevo concurso el concesionario de Radio La Luna 99.3 obtuvo un puntaje de 169, el máximo, entre los demás participantes, pues Cedep recibe los tan preciados puntos adicionales de experiencia y años de servicio. Por su parte, la Fundación El Churo, que concursa por el mismo dial como Wambra Radio obtiene 138.5 por la frecuencia. Aunque en el puntaje financiero obtiene 39.5 no alcanza a superar al Centro por no contar con los puntos extras.  Un escenario similar le sucede a la Universidad de las Américas (UDLA), que concursa con el nombre propuesto de UDLA Estéreo y obtiene un total de 135.5 puntos. Así, el tablero está jugado y Radio La Luna continuará por 15 años, aunque como un proyecto llamado Área Deportiva. 

Jorge Cano, miembro de Fundación El Churo, quienes llevan trabajando contenido comunitario desde hace 15 años, señala que decidieron participar por esta frecuencia “porque en términos políticos vimos que dejó de generar contenido comunitario desde el año 2011 cuando generan un convenio con una programación deportiva”, lo que corresponde, describe Cano, a ceder la administración de una frecuencia. Un modus operandi que se reproduce en varios casos “alguien concesiona la frecuencia como un medio comunitario, pero cuando ya adquieren la frecuencia ceden los derechos de transmisión internamente como programación y contenidos a terceras personas quienes administran”. 

Además, Cano destaca que al arrebatarle las competencias al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) para la evaluación de contenidos comunicacionales, y recuerda que en el concurso de 2016 entre los requisitos se evaluaba el proyecto comunicacional. Un requerimiento que el actual concurso no tiene, “al existir actualmente ese vacío legal en donde no existe competencias, ni designada ninguna autoridad en el Estado para dar seguimiento en que esas frecuencias están siendo usadas para lo que fueron pedidas”.  

Por su parte, Julieta Estrella, directora de contenido de Área Deportiva específico que “no es una radio eminentemente deportiva tiene espacios de contenidos sociales donde tenemos programas de variedades que hablan de temas de salud, política desde el humor”, detalló. Atahulfo Tobar defendió: “no hay nada más comunitario que lo deportivo. Es una de las expresiones más importantes de la cultura popular.”

La figura legal de la administración de la radio La Luna, su identidad y la naturaleza de su programación en los últimos años es confusa, si se compara la información disponible y las distintas versiones, al respecto. Ante eso, ARCOTEL, una vez más, debía cumplir su función y verificar los antecedentes de los concursantes. Pero, como sucede sistemáticamente en este concurso, ARCOTEL parece ser un espectador pasivo en el uso de las frecuencias.

Un “error administrativo” los dejó fuera del concurso

El desarrollar el concurso público en medio de una pandemia, con oficinas cerradas, teléfonos desactivados y la imposibilidad de que los concursantes puedan realizar visitar para conocer los avances del proceso o realizar algún reclamo in situ, dejó un mal sabor de boca para más un participante que, debido a errores que se escaparon de su control y que los consideran de mala fe o intencionales, ahora se encuentran fuera del concurso. 

Esta es la historia de los periodistas comunitarios de Los Ríos: Guido Briccio y Johanna García Lalangui, cuyo proyecto Radio Juntos FM quedó en sueños. Ellos competían por la frecuencia 101.9 en esa provincia. En el 2018 participaron en el anterior concurso de frecuencias obteniendo un puntaje de 93, sin embargo ese proceso nunca se concretó y quedaron en el limbo. 

Briccio comenta a Fundamedios que decidieron participar en el concurso público de adjudicación de frecuencias de este año con el objetivo de desarrollar un periodismo comunitario y ciudadano. Invirtieron USD 4000 en los estudios y la póliza de seguro y se lanzaron al concurso. 

Ahora, sostiene que ARCOTEL les jugó sucio pues al final aparecieron como no competidores  en un juego de correos, al más puro estilo del gato y el ratón: “los correos de aclaración nos llegaban a una dirección que no estaba operativa mientras que las sanciones de la autoridad sí llegaban al correo correcto”. 

El 7 de agosto del 2020 la  Cordinación Técnica de Títulos Habilitantes del ARCOTEL envió una solicitud de aclaración de información a Radio Juntos FM. Sin embargo, este mensaje  fue enviado a un correo electrónico erróneo, que no coincidía con el que había registrado y que estaba inoperativo.

Lo curioso del caso es que el 2 de septiembre les llegó un mensaje al correo electrónico correcto informándoles que su trámite quedaba archivado pues no habían respondido al pedido de aclaración en los tiempos establecidos. Apelaron la decisión y nuevamente desde el ARCOTEL respondieron el 11 de septiembre a un correo electrónico equivocado.

Finalmente, la comunicación sancionatoria les llegó nuevamente al correo correcto. Así, a través del  Oficio Nro. ARCOTEL-CTHB-2020-1523-OF inadmiten la impugnación interpuesta por no haber dado cumplimiento y declarando el desistimiento de la impugnación.

Los periodistas afectados analizan las acciones legales pertinentes, pues sostienen que en el envío de los mensajes aclaratorios a correos inequívocos, mientras que los mensajes  sancionatorios sí llegaban a los correos correctos, se evidencia una intencionalidad para afectar su postulación a la frecuencia y dejarlos fuera del Concurso. 

Según los últimos resultados de ARCOTEL, también participa por la frecuencia 101.9 en Los Ríos la ciudadana Zambrano Ramos Aracely Giomar quien con 83.5 puntos, menos de lo que obtendría JUNTOS FM, se adjudicaría esta frecuencia pues goza del visto bueno jurídico del ARCOTEL. 

Los afectados aseguran que Zambrano no es conocida dentro del periodismo de la provincia de Los Ríos ni por ejercer alguna actividad relacionada a la comunicación. Según el SRI la actividad económica principal de Zambrano es la Contabilidad y su domicilio se ubica al norte de Quito. 

2126

El Alcalde de Quito fue una de las figuras que motivaron las observaciones de Contraloría para dar de baja el concurso de frecuencias de 2016.  Sin embargo, el modus operandi se repite este año: busca conseguir medios a través de parientes, socios o empleados y vuelve a figurar a través de un esquema de testaferrismo como otro de los grandes beneficiarios del espectro radioeléctrico en el Ecuador. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS es la tercera parte de tres entregas que revelan los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país.  

 

16 de noviembre de 2020

No es un secreto a voces. En 2016 la Contraloría General del Estado expuso que un grupo societario pretendía acaparar 42 frecuencias de radio FM,  a través de 12 empresas, un sistema que podría calzar dentro de la categoría de testaferrismo. Entre las empresas vinculadas a este se encontraba “Radio Canela S.A”, marca a la que, directa o indirectamente, puso los reflectores en la figura del actual alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien al igual que ‘El Fantasma’ González, podría ser otro de los beneficiados del concurso de frecuencias 2020. 

Poco ha cambiado desde que el  informe de la Contraloría General del Estado (CGE), realizado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017, desnudó las irregularidades en el proceso y señaló que se abrió la puerta a la concentración de frecuencias en manos de tres grupos empresariales. Entre ellos relucieron marcas como Ecuaenlace S.A, Canela S.A, Lesotho S.A., etc. Aunque en el reporte no se identificó a los accionistas de los conglomerados por su nombre, sí señaló sus cédulas de identidad. Estas pertenecían a Jorge Yunda, burgomaestre de la capital, Lilia Yunda Machado (hermana),  Jorge Sebatian Yunda Yunda (hijo) y Beatriz Enriqueta Machado  (madre). 

Así, el informe de la Contraloría expuso que las empresas del denominado “Grupo A” estaban vinculadas al alcalde de Quito:

Además, la Contraloría identificó que:

A pesar de los hallazgos presentados por el organismo de control, se detectó que “no verificaron en la primera fase, el cumplimiento de las inhabilidades motivos de descalificación establecidos en las bases del concurso, por consiguiente, afectaron el objetivo del concurso convocado el 12 de abril de 2016 (…) Al no garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los postulantes, dejando abierta la posibilidad que se de la concentración de frecuencias”.    

Quince meses después casi todo continúa igual. De las 16 empresas vinculadas a Jorge Yunda, y revisadas por Fundamedios, ocho están nuevamente a concurso y, de ellas, siete ya fueron identificadas previamente en el informe de Contraloría. 

Una de las recomendaciones principales del Organismo de Control decía: “para futuros concursos públicos, previa a la calificación de postulantes, verifique el cumplimiento de las inhabilidades y motivos de descalificación”.

Sin embargo, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, junto con el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Xavier Aguirre, en una rueda de prensa el pasado 17 de septiembre, para responder a la investigación presentada por Fundamedios sobre la presencia de Ángel González en el actual concurso, aseguró que se han acogido las recomendaciones de la Contraloría, y que para este proceso se incluyó una cláusula denominada “Declaración Responsable”, que permite revisar que todas las declaraciones realizadas por los participantes cumplan con lo estipulado en la Ley. Además, dijo que actuarán después de que adjudiquen las frecuencias, en el caso de encontrar irregularidades. 

Los Yunda y sus testaferros

El informe de la Contraloría no sólo reveló las irregularidades en el proceso, también expuso que Jorge Yunda pretendía obtener medios a través de parientes, socios y empleados. Todavía hoy sus hijos y familiares figuran como administradores y accionistas de cinco empresas. Ellos son: Lilia Yunda Machado (hermana), Gabriel Yunda Padilla, Jorge Sebastian Yunda Yunda (hijo), Beatriz Enriqueta Machado (madre), y Luis David Yunda Machado (hermano)

Solo en una de ellas, Radio Canela S.A. (106.5 FM), el actual alcalde aparece como accionista desde 2015. Esta compañía fue constituida el 6 de marzo de 2008 en Quito por la madre del alcalde, quien es actual presidenta de la empresa. En ese periodo Yunda era presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Cornatel) entre 2007 y 2009.

Radio Canela S.A. también fue mencionada en el informe de Contraloría revelando que esta mantiene relación de dependencia con las empresas relacionadas al Grupo B. Asimismo, los gerentes generales también mantenían relación de dependencia con las siguientes empresas:

Entre Contraloría y Arcotel se contradicen. El mismo informe publicado en 2018 la Contraloría detalla que “Radio Canela S.A. con RUC 1792129265001 (…) no tiene asignada una frecuencia”. Sin embargo, según Arcotel en febrero de 2019 resolvió dar por terminado el contrato de concesión del dial 106.5 en Quito como “Canela Radio Corp”. Entonces ¿cómo se revierte la concesión de una empresa que no posee frecuencia?  

Continuando con el árbol familiar y empresarial. Lesotho S.A es otro ejemplo de que todo ha quedado en familia, esta compañía fue creada en 1998 en Guayaquil, y actualmente tiene como accionistas a Luis David Yunda Machado (hermano) y a Beatriz Enriqueta Machado Orozco (madre). Además, participa en el concurso por la frecuencia 90.5.

El alcalde Yunda fue accionista de esta empresa hasta 2007. El informe de la Contraloría decía que esta empresa tenía como presidenta a la madre de Yunda, quien figura como accionista de Radio Canela S.A. y de la empresa Telecanela S.A, la cual tenía la frecuencia 105.7 en Loja y fue disuelta, según consta en la Superintendencia de Compañías, en ella se configuraban como accionistas Luis David Yunda Machado (hermano),  licenciado en producción de televisión y medios digitales, y Lilia Yunda Machado, economista (hermana).  

Además, Luis David es accionista de All Publicidad & Marketing S.A., una empresa constituida en 2016 en Guayaquil, que tiene varias actividades en torno a la publicidad. Y de Telecanela S.A empresa actualmente disuelta.  

Fundamedios verificó, además, en el portal de la Superintendencia de Compañías para constatar si al 2020, los accionistas de las 46 frecuencias que buscaba obtener Yunda en 2017, siguen siendo los mismos o se han sumado nuevos nombres. La organización ubicó a 7 nuevos accionistas: Luis Noboa Haro, Marco Antonio García Gallardo, Diego Eduardo Paucar Valvidieso, Mario Oswaldo Amaguaya Romero, Jossellyn Rosmarie Sierra Quijije y Telma Solanda Valle Mera.

El perfil de los nuevos accionistas que tienen relación con Yunda Machado y su empresa de medios son los siguientes: 

Telma Solanda Valle Mera y Jossellyn Rosmarie Sierra Quijije son accionistas de Radio Eventos y Canela Piel del Ecuador Aspengtas S.A., respectivamente, no se ha logrado determinar alguna relación cercana con Yunda. 

Jossellyn Sierra consta en la Senescyt como Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Chimborazo y máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad Carlos III de Madrid. No tiene RUC activo. Telma Valle, en cambio, es licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad Historia y Geografía de la Universidad Técnica de Manabí y profesora de segunda enseñanza, especialidad Historia y Geografía de la misma universidad. Graduada en 2002. 

Mientras que Mario Oswaldo Amaguaya Romero, accionista en Canela Piel del Ecuador Aspengtas S.A., sí tiene una relación muy estrecha con el Alcalde, pues incluso aparece en fotografías junto al Colectivo Colonial, una agrupación ciudadana que ayudó al funcionario a llegar a la Alcaldía.

Amaguaya no tiene registro de título en la Senescyt y tiene el RUC suspendido como persona natural en 2017. Actualmente es funcionario directivo 3 del Municipio de Quito con una remuneración mensual de 3.700 USD y anual de 44.400 USD. Aparece con Yunda en su foto de portada en Facebook y en 2019 posan juntos en las fiestas de Nayón. 

El Constitucionalista Ismael Quintana sostiene que el artículo 230 de la Constitución establece un Régimen General de Prohibiciones para los funcionarios públicos entre las que se establece el nepotismo y trabajar simultáneamente en otro cargo público, a excepción de la docencia, y que el artículo 232 además establece que no podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. En general, Quintana sostiene que la prohibición se cumple siempre y cuando exista un interés contrapuesto.

Otro caso es el de Marco Antonio Gallardo Garcia, doctor en medicina y especialista en cirugía. Estudió en la misma universidad que Yunda, la Universidad Central del Ecuador. Esperanza Beatriz Valarezo Ortiz, quien era  accionista desde 2011 de Ecuaenlace S.A, le cedió el 23 de mayo de 2019 sus acciones al doctor Marco Antonio Gallardo, actual accionista. 

Siguiendo la misma línea, Diego Eduardo Paucar Valdivieso (31 años) , es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). En 2011, pasó a ser accionista luego de que Rocío del Pilar Lara Miranda le cediera sus acciones de Gamboa Comunicación Total Cía. Ltda., empresa que tiene Radio Canela Esmeraldas (99.5). En 2018, la empresa tuvo un memorando por parte de la Arcotel, pues se realizaron transferencias de acciones sin autorización previa.  La Arcotel dispuso cancelar el contrato de concesión de la frecuencia 106.5 en Pichincha y de las repetidoras en Esmeraldas y Santo Domingo. A su vez, Paucar es accionista de Dashboard Community S.A., una empresa que realiza actividades de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad.  

JH Radio FM Pintractu S.A. es la empresa concesionaria de la frecuencia (106.5 FM) de la provincia de Tungurahua y fue constituida por Jorge Yunda. En 2018, Johanna Parra Cardenas, le transfirió las acciones por $392 a Luis Fernando Noboa Haro, uno de los nuevos accionistas.   

La historia de Factualti S.A.

La historia de esta emisora, que forma parte del emporio mediático de Canela, revela cómo a través de argucias legales se deja sin efecto las recomendaciones claras de los organismos de control y de esta manera evaden responsabilidades y mantienen la concentración de frecuencias. 

A través de las Resoluciones No. ARCOTEL-2018-0803 de 20 de septiembre de 2018, y No. ARCOTEL-2019-0081 de 06 de febrero de 2019 el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, resolvió Iniciar el proceso de terminación del contrato de concesión de la frecuencia 92.7 MHz denominada «CANELA», en la ciudad de Ibarra, Imbabura, por haber inobservado las causales de terminación de concesión de frecuencias y por hallarse incursos en la disposición que prohíbe la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión, conforme lo establece la normativa vigente. 

La historia de esta radio inicia el 10 de marzo de 2004 cuando se suscribió el contrato de concesión entre la ex Superintendencia de Telecomunicaciones y Jorge Yunda Machado para operar la estación de radiodifusión de la frecuencia 92.7 MHz. 

El artículo 44 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones se refiere a la transferencia o cesión y establece que los títulos habilitantes no podrán enajenarse, cederse, transferirse, arrendarse o gravarse por ningún medio sin autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Incurrir en esta prohibición, sería causa suficiente para la terminación anticipada del título habilitante, sin perjuicio de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Además, que el Artículo 112 de la Ley Orgánica de Comunicación en lo que se refiere a la terminación de la concesión de frecuencia, dice que la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta terminará por hallarse incurso de manera comprobada en la disposición que prohíbe la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión.

El 14 de enero de 2015, ante la Notaría Cuadragésima Sexta del cantón Quito, entre la ex Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y Jorge Yunda, representante legal de la compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. suscribieron el contrato modificatorio que autorizó el cambio de titular de la concesión de la frecuencia 92.7 MHz. Pasó de las manos de Yunda a la persona jurídica mercantil compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A.

Este movimiento fue criticado por la Contraloría General del Estado que en el Informe General No. DNA4-00025-2018 señaló que esta frecuencia debía ser revertida porque hubo una transferencia de acciones sin autorización por 408 dólares. Se dispuso al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que, conjuntamente con el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes y el Director Técnico de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico, apliquen, calculen y notifiquen las multas al amparo del artículo 117 de la Ley Orgánica de Comunicación a los beneficiarios de las concesiones que transfirieron las acciones y/o participaciones sin sujeción a la normativa vigente para el efecto. 

Al coordinador Técnico de Control y al coordinador Técnico de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico se les dispuso que inicien el proceso de extinción de los títulos habilitantes de servicios de radiodifusión de las empresas citadas, en función a la normativa establecida en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y Ley Orgánica de Comunicación.

El 19 de febrero de 2019 Rodrigo Francisco Padilla Pretel, representante legal de la compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A presentó un recurso de apelación, el mismo que fue inadmitido  y archivado.  El 21 de agosto de 2019, presentó un Recurso Extraordinario de Revisión en contra del acto administrativo. A través de la providencia No. ARCOTEL-CJDI-2019-00225 de 17 de septiembre de 2019, la Dirección de Impugnaciones de la ARCOTEL, dispuso la admisión a trámite del recurso extraordinario de revisión, abrió término de prueba por quince días, y requirió el expediente administrativo a la Unidad de Gestión Documental y Archivo de la ARCOTEL. 

Entre los argumentos de esta emisora está que el acto impugnado resulta nulo por haber sido dictado por una autoridad incompetente y, además, resulta ilegal toda vez que no se incurrió en ninguna causal de terminación de la concesión pues lo que sucedió es la transferencia de 408 acciones de la misma compañía.

El 31 de octubre del 2019, el Arcotel emitió la resolución 835 en la cual  concluye que la transferencia de acciones en ningún caso puede ser considerado como transferencia de la concesión y aceptó el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. y se revocó la Resolución No. ARCOTEL-2018-0081 de 06 de febrero de 2019; y la Resolución No. ARCOTEL-2019-0363 de 13 de mayo de 2019. 

De esta forma, el ex director de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), Ricardo Freire, antes de dejar su cargo revirtió cinco frecuencias de radio y televisión entre la que se encontraba 92.7 MHz. Las resoluciones fueron firmadas por Galo Prócel, coordinador técnico de Títulos Habilitantes de la Arcotel y después de que se emitieron estas resoluciones, el director de esa agencia, Ricardo Freire, renunció a su cargo. RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. actualmente está a concurso en la cual Gabriel Fernando Padilla Yunda es uno de los accionistas de este medio de comunicación.

Brochas y frecuencias: ¿quién era Bernardo Nussbaum? 

Otro de los personajes claves cercanos a Jorge Yunda, y cuya relación fue pública cuando llegó a la Alcaldía de Quito, fue Bernardo Nussbaum, quien es el proveedor más grande de frecuencias del actual Alcalde de Quito. Así lo confirmó una fuente que solicitó el anonimato.

Nussbaum fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y, en 2008, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senacor) del Gobierno de Rafael Correa solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación previa para dar con los responsables del perjuicio al Estado, ocasionado por el presunto acaparamiento de frecuencias de radio por parte de la empresa Servidinámica S.A., que obtuvo frecuencias de radio a través de empresas vinculadas como las radios  Colón, Sabormix, Kiss, Más Candela, Onda Cero, Pasión  y  Sol.  En esa época se dijo que tenía hasta 48 frecuencias sin justificación suficiente, pero Nussbaum siempre aseguró que solo tenía tres radios: Equispunto S.A., Rock & Pop Yava S.A., y, Radio FM 92. 

Según la fuente que solicitó la reserva, Nussbaum habría vendido al menos 6 radios a  Jorge Yunda, el más importante es Radio Colon C.A que es una Sociedad Anónima pues era la única de cobertura nacional y maneja la firma comercial de Radio Armónica. Según el portal de la Superintendencia de Compañías, Servidinamica S.A. fue constituida en Quito, en 1980. Nussbaum es uno de los accionistas de la empresa que aún sigue activa. 

Además, Lilian Margarita Ruf Kywi, quien es representante legal de esta empresa y presidenta de Brochas Wilson S.A. Fue administradora de Radio Colon C.A entre 2001 y 2005 y accionista hasta 2011.  

En abril del 2019, Bernardo Nussbaum se convirtió en una de las piezas claves para el recién electo Alcalde de Quito, pues lo asesoraba en temas diversos desde movilidad, protocolo y hasta ambiente. De hecho, Nussbaum participó en las reuniones previas con grupos sociales e incluso recomendó algunos funcionarios de alto rango para la nueva administración. Actualmente, no ocupa ningún cargo importante dentro del Municipio. Algunas fuentes internas confirmaron que a los 15 días de haber llegado al Palacio Municipal prefirió abandonar el barco debido al carácter “egocéntrico” que caracteriza al Alcalde de Quito.

En el actual concurso de frecuencias se han postulado radios que tuvieron relación con Nussbaum. Por ejemplo, Radio Colon C.A cuyo nombre comercial es Armónica. También consta como postulante la Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A., cuyo nombre comercial es La Radio Redonda, de la cual Nussbaum fue accionista desde 2006 a 2010. Estas dos ya no pertenecen al empresario. No obstante, no está del todo fuera de la radiodifusión. La frecuencia de Más Candela, ubicada en Manabí y de la cual es accionista, según el Portal de la Superintendencia de Compañías, sí está compitiendo por una frecuencia pero según información de Arcotel, esta “no cumple” con los requisitos. 

Diferentes empresas, mismos contadores y similares direcciones

10 de las 16 empresas revisadas por Fundamedios presentan como contacto secundario un correo electrónico de la firma Rodríguez y Asociados, específicamente se detallan los correos de Omar Eduardo Rodríguez y de Paúl Vinicio Rodríguez. Ambos nombres también fueron identificados en el informe de la Contraloría de 2016.

En la página web de esta firma se destacan sus servicios contables y asesoramiento ante las autoridades tributarias. Radio Canela, La Radio Redonda, RadioEventos y Komunikest son algunas de las empresas radiales que representan con clientes ubicados en Chimborazo, Azuay, El Oro, Tungurahua, Guayas y Pichincha. En la misma página web destacan que entre sus clientes se encuentran La Corporación Canela,  La Radio Redonda y La Otra FM.

Esta empresa brinda asesorías para la constitución de empresas, se especializan en notarias registro mercantil y se encargan del manejo de información en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas. Una de las ubicaciones de esta empresa es Av. 6 de Diciembre e Ignacio Bossano en el Edificio Torre Bossano Piso 9 y la otra está ubicada en la Cuenca N8-44 y Manabí. 

Ecuaenlace S.A es propietario de La Otra FM, una de las empresas que se encuentra compitiendo por una frecuencia. En la información que reposa en el Servicio de Rentas Internas, esta empresa registró como su dirección al Edificio Albra, que está ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Coruña al norte de Quito. 

Sin embargo, FUNDAMEDIOS constató que en esa ubicación desde hace dos años ya no funciona dicha radio. Ahora, La Otra FM se domicilia en el mismo edificio donde se ubica el emporio de comunicación de Canela TV, en el pasaje Leonidas Batallas.  En este sitio al norte de Quito se ubica Radio Canela S.A y Telecanela  S.A. También es la dirección registrada por la Empresa Gamboa Comunicación Total CIA LTDA.

Por ahora, el concurso continúa con su cambiante cronograma. Xavier Aguirre, director de Arcotel, ya anunció que el proceso público para la asignación de frecuencias se aplaza 25 días y las resoluciones de adjudicaciones a aquellos participantes que no han solicitado revisión se emitirán a partir del 30 de noviembre.

El pasado 13 de noviembre Arcotel publicó que el 70% de los 621 postulantes «están listos para recibir su título habilitante por 15 años», al cumplir con todos los requisitos del proceso. De una primera revisión que hemos podido hacer de la confusa documentación que subió ARCOTEL a su página web se desprende que toda las empresas relacionadas con Jorge Yunda obtendrían frecuencias con excepción de Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. 

Sin embargo, aún no se identifica ninguna acción concreta por parte de las autoridades, considerando que, entre los participantes, están antiguos denunciados y grupos de poder que utilizan argucias y mecanismos antiéticos o claramente ilegales e inconstitucionales  para concentrar frecuencias, lo que afecta la libertad de expresión en el país.

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El proyecto “Working Together for Freedom of Information in Ecuador”, realizado por FUNDAMEDIOS y FERRERE Abogados, recibió el premio TrustLaw por mejor trabajo colaborativo 2020.

Este premio reconoce el trabajo realizado de forma conjunta entre cinco equipos jurídicos de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, ONG ‘s y organizaciones sociales, y el potencial impacto que puede obtenerse de estos proyectos.

De esta colaboración se construyó el Informe llamado “Análisis Comparativo de Acceso a la Información”, que contiene buenas prácticas regionales y la aplicación de la normativa que regula este derecho humano. 

Asimismo se realizaron distintas mesas de diálogo y foros regionales, en los que se contó con distintos expertos que realizaron aportes respecto a los requisitos mínimos que debía cumplir la normativa, en especial en lo relacionado con la autonomía e independencia del Órgano Rector de Acceso a la Información Pública.

Estos insumos permitieron la construcción del proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, documento que fue entregado a la Bancada Multipartidista de Asambleístas por la Transparencia y Acceso a la Información, el 7 de agosto del presente año.

Desde Fundamedios recibimos este reconocimiento con satisfacción y agradecimiento hacia TrustLaw, Ferrere Abogados que coordinó a los estudios jurídicos de América Latina y a los estudios jurídicos que participaron del proyecto por todo el trabajo realizado con Ferrere Abogados, a quienes extendemos un agradecimiento por toda la cooperación y el esfuerzo brindado en el desarrollo de este proyecto. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para velar la libertad de expresión en nuestro país. 

Finalmente, esperamos que el proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, cuyo tratamiento ya ha iniciado en la Asamblea Nacional, nos permita contar pronto con un cuerpo normativo acorde a  disposiciones constitucionales y estándares internacionales de Derechos Humanos.

 

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Remigio Ángel González González aparece en el actual concurso de frecuencias, pero su presencia no es nueva para nadie y menos para los organismo de control ecuatorianos.  A través de un probable  esquema de sobornos ha pretendido limpiar el nombre de sus concesionarias identificadas en informes de auditoría. En concreto, hay indicios de que durante el periodo del expresidente Rafael Correa, intentó subsanar ocho concesiones de radio para que estas no fueran revertidas.  ¿El resultado?  hasta la fecha  estas siguen activas y se encuentran actualmente a concurso, con lo que su funcionamiento podría quedar consagrado por los próximos 15 años.

El caso del “Fantasma” no es el único de un grupo mediático que será posiblemente favorecido en el actual concurso de frecuencias. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS, Ecuavisa y la Revista Digital Plan V es la segunda de tres entregas que revelan los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país. 

El baile de los informes: los elaboran y publican, pero no se ejecutan. 

Desde hace más de una década el nombre de Ángel González resuena en investigaciones y en informes. El documento que estuvo a cargo de la Comisión de Auditoría de las Frecuencias de Radio y Televisión, conformada bajo Decreto Ejecutivo en noviembre de 2008, detectó un sinnúmero de irregularidades en la concesión de las frecuencias: En 2009 los resultados arrojados registraron 45 casos de empresas beneficiadas con el mecanismo de “devolución y concesión”. 

Entre los casos detectados por usar este modus operandi constan ocho empresas de González, las cuales 11 años después, todas participan del actual concurso de frecuencias:

En ese entonces, la Comisión explicó que el mecanismo de “devolución y concesión” tenía dos objetivos: “ocultar a las personas que mantienen el control de la compañía concesionaria y favorecer un proceso de extranjerización de los medios de comunicación”, detalla el informe realizado en el período comprendido entre enero de 1995 a diciembre de 2008. 

«El informe es gravísimo, habrá que revertir algunas frecuencias, caerán algunas vacas sagradas», decía el expresidente Rafael Correa durante una entrevista con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). Mientras las autoridades del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), señalaban que el documento no tenía viabilidad jurídica, pues el excontralor del Estado, Carlos Polit,  manifestó que la única auditoría que puede servir de base para sancionar era la de la Contraloría General del Estado.

Ante ello, Guillermo Navarro, quien presidió la Comisión Auditora de Frecuencias, en una entrevista con diario El Comercio en 2009, señalaba que el informe no se aplicaba por intereses “hay gente que está acumulando fuerza  y va a seguir impidiendo que se aplique el informe, porque también se verían afectados”, expuso.  

Sin embargo, la auditoría que investigó las concesiones de  frecuencias durante 13 años no fue un informe pionero.  Existía uno anterior: el informe de Contraloría donde se analizó la situación de las frecuencias (un recurso público) entre el 2003 hasta el 2005, y expuso decenas de casos para revertir las frecuencias. Entre ellos, otra vez, se encontraba Radiodifusora Trafalgar del Ecuador (96.1 Joya Stereo), Andivision S.A. (91.3 Tropicalida Stereo), Radiodifusora Kashmir del Ecuador (88.5 Metro Stereo), Radiodifusora Ayax del Ecuador (104.1 Alfa Stereo) y Television Independiente Indetel S.A (88.5 Galaxia Stereo), empresas que actualmente concursan en el proceso público de adjudicación de frecuencias. 

 

El informe borrador de la Contraloría expuso que “Cornatel dispuso la devolución de las frecuencias radioeléctricas a los concesionarios de las estaciones de radiodifusión cuyas frecuencias fueron revertidas al Estado y dado por terminado los contratos de concesión, por operar con características diferentes a las autorizadas, convirtiendo las estaciones matrices en repetidoras (…)”, según relataba el informe sobre las empresas mencionadas vinculadas a Ángel González.

Así, en la primera investigación de la Contraloría (2003-2005), se recomendaban decenas de casos para la reversión, pero luego, de forma inexplicable y nunca explicada, la misma Contraloría matizó ese criterio y sugirió una revisión de procedimientos. Para Guillermo Navarro, expresidente de la Comisión Auditora de Frecuencias en entrevista con Fundamedios, dijo “la modificación violaba la Ley porque en ella no existe la revisión sino la reversión, pero eso también respondía a los intereses que estaban atrás de los altos funcionarios  de los diferentes poderes”, aseguró. 

Aparece el Cantante

En paralelo a los informes, otros acuerdos sucedían lejos de la luz pública, pero no lejos del ojo de funcionarios públicos. Un documento del grupo interno de Ángel González, titulado “ECU -Detalle negociaciones de JMB e IB”, al que tuvo acceso Fundamedios, describe el plan de pago para la “limpieza de ocho estaciones en auditoría”, refiriéndose a las empresas mencionadas en el reporte de la Comisión de Auditoría publicado en 2009.  

La fecha del documento correspondía a marzo de 2014, y detalla un pago inicial de $50.000 repartidos en una primera transferencia de $28.000 y dos cheques de $7.000 y uno de $8.000. Como parte del pago, además, figuraba una cámara de video “sony F55 4K que cuesta 28.900”, según describe el documento. 

Pero ¿quién era el beneficiario? Una empresa llamada Galápagos JMB LLC:  una sociedad radicada en la Isla de Nevis, lugar conocido entre los paraísos fiscales más secretos del mundo,  y con cuenta bancaria en Wells Fargo de los Estados Unidos, según constató Fundamedios a través de OpenCorporates. Además, la empresa está a nombre de la exmiss Ecuador, Gianella Avellaneda, y de su esposo el español José María Bacchelli Ortega, quien en el documento aparece como “El Cantante”, pues en el entorno de González era como lo llamaban por sus antecedentes artísticos. Actualmente esta cuenta está inactiva y en disolución. 

Las gestiones del Cantante implicaban su intervención directa e interacción con los funcionarios ecuatorianos. El Cantante recibía los borradores de la documentación a presentar a efectos de ser previamente revisados y aprobados previamente por los funcionarios públicos que luego decidirán sobre la cuestión (…) González acordó con el cantante que el gobierno ecuatoriano “limpiaría” de irregularidades dichas frecuencias para que no fueran revertidas, a un costo de US$35.000 por cada estación, dando un total de US$380.000 ”, asegura una fuente cercana al grupo González. Fundamedios contactó con  José María Bacchelli  y hasta el cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.  

Así, Prolasa S.A., la empresa realiza ambos pagos entre febrero y marzo de 2014, es una sociedad panameña creada en 1975 y aún activa que,  entre sus directivos constan: Jesús Armando González González (México), hermano de El Fantasma, Guadalupe Carlos Hernández Martínez, y José Luis Yarzabal Burela, prestanombres de González y quienes aparecen como presidentes en empresas uruguayas,  como ya publicó Fundamedios en la primera parte de esta investigación.  

Otra empresa que realizó pagos a  Galápagos JMB LLC fue Radio y Televisión Guatemala S.A. , compañía centroamericana actual accionista mayoritaria de la empresa Andivisión S.A.  que es concesionaria de la frecuencia a concurso Tropicalida Stereo (91.3). 

Televesiete S.A. empresa de nacionalidad guatemalteca realizó dos pagos por $15.000 en 2016  Galápagos JMB LLC. Empresa que en 2016 fue denunciada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por entregar dinero para el financiamiento ilícito de la campaña del exmandatario Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Es parte del Grupo Albavisión, y accionista de la empresa ecuatoriana Televisión Independiente Indetel S.A.  

En febrero de 2015 el documento titulado “negociación de Ecuador” describia los cambios de designaciones de los nuevos ministros de telecomunicaciones. En septiembre de 2014 el expresidente Rafael Correa, designó a Augusto Espín Tobar como nuevo ministro de Telecomunicaciones, tras la renuncia de Jaime Guerrero, quien estuvo en el cargo por más de cuatro años (asumió en abril del 2010).  

Lo que señala el documento: 

“En el 2014 cambian al ministro  (Jaime Guerrero Ruiz) que supuestamente tenía arreglado a mandos medios para que los temas se aprobarán en consejo. El nuevo ministro  (Augusto Espín Tobar) es muy amigo del cantante (José María Bacchelli) y  la negociación se mantuvo, aunque se perdió el contacto con los mandos medios (…) Al nuevo ministro bicicleta como adelanto de sus servicios ($4.286) que también se deducen del pago ”,  expone el documento. 

Al respecto Fundamedios contactó al exministro Augusto Espín, y se le preguntó sobre las acciones que se tomaron sobre las frecuencias que están relacionadas con El Fantasma González y si tiene alguna relación comercial o personal con José María Baccelli. El exministro respondió : «Yo le conozco a José María Baccelli, básicamente, lo conozco porque trabajó en Alegro fuimos compañeros de trabajo hace 10 años atrás, pero más allá de eso el tema del fantasma es un tema complejo porque en realidad viendo lo que he podido ver  desde mi responsabilidad en el ministerio, las responsabilidades eran las directrices de avanzar con el concurso, y desde el 2015 quien tenía la potestad de hacer el concurso y manejar las cosas era el ARCOTEL». 

Asimismo, se consultó con el exministro Jaime Guerrero, sobre su supuesta vinculación con El Fantasma y él respondió: “Debo recordarle que los informes de frecuencias de radio y TV en esa época eran elaborados no por el Ministerio a mi cargo, sino por una entidad autónoma cuyo titular era electo por la Asamblea. Me refiero al SUPERTEL.  Posteriormente con la ley de comunicación esta competencia cambia a Senatel, otra entidad autónoma  cuyo titular era designado por la presidencia de la república, por lo que desconozco lo referente a los informes que menciona al no pertenecer al ámbito de las competencias que tenía”, aseguró.

1800

Cuatro años después del fallido concurso de frecuencias un nuevo proceso público avanza con las mismas irregularidades y vicios del anterior, pese a las advertencias de los organismos de control. El resultado: Remigio Ángel González, alias El Fantasma, aún consta como la figura central en el mapa mediático ecuatoriano y concursa, a través de un opaco esquema de empresas de papel domiciliadas en su mayoría en Uruguay, por frecuencias de radio FM. El resultado de este “proceso público competitivo” será anunciado por ARCOTEL en esta semana y de no mediar ninguna sorpresa resultará en que se sacramente la concentración de medios en el país, un acto prohibido por la Constitución, la Ley de Comunicación y condenado por instrumentos internacionales de protección a la libertad de prensa y que además, fue uno de los hechos centrales que motivaron las observaciones de Contraloría para dar de baja el concurso de frecuencias del 2016.  

Sabemos que el caso del “Fantasma” no es el único caso de un grupo mediático posiblemente favorecido en el actual concurso de frecuencias. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS, Ecuavisa y Revista Digital Plan V será la primera de tres entregas que revelarán los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país. 

 

14 de septiembre de 2020

La presencia del magnate mexicano en el espectro radiodifusor de Ecuador no es reciente. En abril de 2016, aprovechó el primer concurso para postular y casi obtener la concesión de 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras. Lo hizo a través de 18 empresas con accionistas distintos con el propósito de evitar ser señalado por concentración de medios, prohibido en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).  

González tiene inversiones en 15 países de América Latina. Como dueño de la cadena Albavisión posee 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica y 1 medio impreso. En Ecuador, sus prácticas consolidan su emporio de forma irregular.  

Así lo detectó un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), realizado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017. El documento desnudó irregularidades en el proceso y señaló que se abrió la puerta a la concentración de frecuencias en manos de tres grupos empresariales. Aunque en el reporte no se identificó a los accionistas de los conglomerados por su nombre, salieron a relucir las marcas Canela, Andivisión S.A y Capital Televisión de Manabí. Dichas empresas, acorde a investigaciones previas realizadas por Fundamedios (FDM), están encabezadas por Jorge Yunda, actual alcalde de Quito (Grupo A); el Fantasma González (Grupo B); y Lenín Andrade, empresario manabita (Grupo C).

Esto decía la Contraloría sobre las empresas vinculadas al mexicano:  

Además: 

De esta manera, no solo se reveló que el Fantasma obtuvo medios a través de parientes, abogados o empleados, sino que a raíz de los descubrimientos, la Contraloría solicitó a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) dar de baja el concurso. El 21 de diciembre de 2018 se declaró la nulidad del concurso recordado por muchos como la ‘feria de frecuencias’. 

En paralelo, mientras el informe ya estaba vigente, se reveló que el Fantasma González, había tenido otra aparición, esta vez, en las elecciones presidenciales de 2017, pues fue parte del club de financiadores de la campaña electoral del binomio Moreno-Glas. Según la investigación publicada por el portal Mil Hojas, en uno de los chats filtrados por #InaPapers en agosto de 2016, Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y  su exabogado Carlos Lorefice Lynch, quien era el encargado de manejar todos los medios del Fantasma en la región, se habrían reunido con Moreno, cuando estuvo viviendo en Ginebra con un cargo diplomático. Tres años después de posesionado Moreno, el informe continúa sin ejecutarse.  

La misma receta 

Quince meses han pasado y, en mayo de 2020, Arcotel publicó una nueva convocatoria al Concurso público para la adjudicación de 3096  frecuencias de Radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM). Sólo 621 participantes manifestaron interés para concursar

En una reunión con el gremio radial el pasado 20 de julio, el presidente Lenín Moreno afirmó que entre las bondades del concurso consta la eliminación de la competencia desleal.  Además, el  ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, en una entrevista con Teleamazonas el 30 de junio, aseguró que “iniciamos el cumplimiento de ciertas normas de la Contraloría en el concurso de 2016. Hemos cumplido absolutamente todos los pedidos de la Contraloría para dar paso al nuevo concurso”, aseguró

Pero, ¿qué ocurre en la práctica?  

Ángel González, a pesar de que fue señalado en 2016 por concentrar medios, busca obtener las mismas frecuencias. Fundamedios constató que compite por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  La mayoría de emisoras tiene presencia nacional, su matriz se ubica en Quito o Guayaquil y suma 19 repetidoras en provincias.  

Aunque las recomendaciones realizadas por la Contraloría exigían “ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”, en el concurso actual siguen constando las empresas que antes fueron señaladas por el organismo. 

De acuerdo a Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), “esta dirigencia nacional constantemente le ha recordado a Arcotel que tiene que dar cumplimiento a las recomendaciones del estudio especial que hiciera la Contraloría General del Estado allá en el 2018”.  Chica y la dirigencia de AER han avalado el concurso, y el pasado 19 de agosto en declaraciones a Fundamedios, expresó que considera que ha sido un proceso “justo y transparente”.

Para José Ignacio López Vigil, coordinador de Radialistas Apasionados y Apasionadas (centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe), la inacción no es una sorpresa. “Participé en la auditoría de frecuencias que se hizo a partir de la constituyente. Investigamos, mandamos un informe, y el informe ha dormido hace años en las gavetas y, después con Arcotel, no se hizo nada”, asegura.  

Fundamedios a través de Ecuavisa buscó la versión de Arcotel, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Mientras que, Contraloría afirmó al canal de televisión que no habrá un pronunciamiento previo, sino cuando se haga, de ser necesario, una auditoría al concurso.

Las radiofrecuencias (FM) vinculadas al Fantasma González en Ecuador:

¿Cómo compite el Fantasma por las frecuencias?

Como su sobrenombre lo indica, se vale de su habilidad para montar mecanismos que despistan y desvían la atención sin dejar rastro. Este 2020 postuló a través de nueve empresas nacionales que, a su vez, cuentan con ocho compañías accionistas con sede en Uruguay.  

Andivisión S.A., la empresa que aparece en el informe de Contraloría y actual participante del concurso, es propietaria de Tropicálida Stereo (91.3) y tiene como accionista a la empresa uruguaya Fizler S.A. y a Radio y Televisión Guatemala S.A. Mientras que Radiodifusora Trafalgar del Ecuador,  también presente en el informe, compite por la frecuencia 96.1 de Joya Stereo que tiene como accionista a Cuminol S.A, firma uruguaya. 

Ridalto Ridaltosa S.A. compite por la frecuencia de La Fabu (97.3) que posee dos accionistas: el Banco Central del Ecuador (BCE) y Trueage S.A., que también tiene dos accionistas, uno es la empresa uruguaya Calafone S.A. y Jesús Armando González González (México), hermano de ‘El Fantasma’.

En Megacomunications S.A., concesionaria de Fabu Stereo (105.7), figura como accionista Adaratop S.A, que tiene como accionista a la uruguaya Cirvana Trading S.A. Esa es la única empresa donde la figura de Ángel González se expone, pues la preside desde 2018. 

(‘La red del Fantasma González’. Aplasta el cursor para conocer el mapa de conexiones de empresas uruguayas y ecuatorianas.Selecciona la opción del signo menos (zoom out) para ver la gráfica completa. Es recomendable visualizarlo desde una computadora).   

Fundamedios solicitó a la Dirección Nacional de Registros en Uruguay información acerca de las ocho empresas accionistas de concesionarias ecuatorianas. De allí se desprende que seis se ubican en la misma dirección: Juan Parra del Riego 989, en Montevideo. Otro dato es que la dirección pertenece a la oficina Molinari & Asociados Contadores, pero el número señalado en el registro de la empresa corresponde a la parte trasera del inmueble y no a la delantera como, regularmente, consta en los registros. 

  • Risfelar S.A.
  • Fizler S.A.
  • Cirvane Trading S.A.
  • Cuminol S.A., Calafone S.A
  • Noxlyn Trade S.A.
  • Yabil S.A.
  • Burtown S.A. 
  • Calafone S.A.

Además, los presidentes de las empresas forman parte del círculo del mexicano que involucra a su hermano Jesús Armando González, Fernando Guido Contreras López, amigo cercano radicado en Costa Rica y presidente de la empresa de televisión abierta Repretel, parte del conglomerado de Albavisión; José Yarzabal Burela, quien es parte de sus encargados regionales y figura como presidente de Risfelar S.A. y, según el medio mexicano Milenio, forma parte de su grupo de confianza. 

Pero, ¿por qué Uruguay? Por muchos años ese país fue catalogado como un paraíso fiscal en la región. Sin embargo, Daniel Espinosa, exsecretario Antilavado de la Presidencia uruguaya, destaca que aquel estatus corresponde al pasado, ya que “actualmente, no tiene ninguna de las características de opacidad y secreto financiero que caracterizan a este tipo de centros ‘offshore’”. Desde 2017 está vigente la Ley nº 19.484, que obliga a identificar al beneficiario final de todas las sociedades y estructuras jurídicas (es decir, el dueño legal de la empresa).  

No obstante, en el caso de las empresas nombradas no registran los dueños como manda la norma; en el registro sólo consta la información sobre la persona física (el presidente de la empresa), como nos explica el periodista uruguayo, Fabián Werner, aquello no permite saber quiénes son los dueños verdaderos. 

Para el guatemalteco Gonzalo Marroquín, director de la revista mensual Crónica y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), lo que sucede en Ecuador es parte del modus operandi que El Fantasma replica en la región. Por ejemplo, en Guatemala, país donde empezó su emporio, es dueño de cuatro canales de comunicación. “Ha desarrollado con mucha habilidad una mecánica que replica de país en país, primero para apropiarse de medios de comunicación u obtener frecuencias de televisión y de radio utilizando sociedades que son fachada, utilizando prestanombres y sobretodo y esto es lo más triste aprovechándose de la debilidad de la clase política Latinoamericana”, describe.   

¿Cómo afecta su presencia a la población? Marroquín asegura que “la concentración de medios es una gran limitante para la libertad de prensa y para el derecho a la población a recibir información. Ángel González es parte de esa estrategia de ciertos gobiernos de concentrar la información (…) un efecto en las masas muy grande, aquí (Guatemala) han habido noticias que los canales de televisión y los medios de González han callado en casos de corrupción”, asegura.  

¿Un artículo con dedicatoria?

Así, las irregularidades del concurso de frecuencias en Ecuador se suman a la pandemia y a las puertas de un proceso electoral. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) impulsó una veeduría ciudadana que vigile el proceso, pero que terminó con una capacidad nula de supervisión como lo alertó el exmiembro de esta entidad, Raúl Fernando Cabrera. 

“Han asumido como que la veeduría solo debe firmar lo que ellos hagan al final de cada etapa para avalar, sin la posibilidad de haber examinado o participado en los procesos”, sostiene. También renunciaron a ese espacio Emilio Fernando Uzcategui Jimenez;Xavier Olmedo Barragán Martínez; María José Ramírez Campos, Paola Aguilar, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

Roberto Wohlgemuth Jarrín consta dentro de la veeduría, pese que el mismo CPCCS informó la suspensión de dicha nominación, a través de un boletín de prensa, el 3 de agosto. Esto luego de que el pasado 8 de julio Facebook lo identificó como uno de los operadores de las granjas de trolls para desinformar.

A esta capacidad nula de observación se suman normas que abren las puertas a los capitales extranjeros.  Antes de las reformas a la LOC, que entraron en vigencia en febrero de 2019, el artículo 6 prohibía que una persona o empresa extranjera sea dueña de un medio de comunicación a escala nacional.  

Tras las modificaciones, el artículo 6 explica que «los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49 % de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional”. Ximena Peña, legisladora del movimiento oficialista Alianza País (AP), impulsó ese texto. 

Mientras que el Reglamento de la norma, que no ha sido cambiado, determina que existe una excepción para personas naturales y jurídicas de países con los que Ecuador tiene convenios comerciales. En la actualidad, Ecuador mantiene acuerdos comerciales con México, Chile, Guatemala, la Unión Europea, El Salvador, entre otros. 

Andivisión S.A. incumple con el porcentaje establecido. Tras la revisión del portal de la Superintendencia de Compañías, se evidenció que sus dos accionistas son empresas extranjeras: Fizler S.A. (Uruguay) y Radio y Televisión Guatemala S.A.

Entonces, ¿existe una contradicción entre la Ley y el Reglamento? El constitucionalista Carlos De Tomaso considera que se trata de una aparente contradicción entre el artículo 6 de la LOC, que establece que un medio de comunicación no puede pertenecer en más del 49% a una empresa persona extranjera; y el Reglamento que abre excepciones. “Ni la Ley ni los Asambleístas previeron la excepción de que las personas jurídicas o naturales de países con los que el Ecuador haya suscrito convenios comerciales de cierto tipo puedan ser dueñas de medios de comunicación en más del 49%”, sostiene.  

Sin embargo, la realidad es que la excepción o puerta trasera creada por el artículo 6 del Reglamento se aplicó para sacramentar la compra de medios por parte del empresario mexicano.

El representante de Radialistas Apasionados y Apasionadas, concuerda con De Tomaso y afirma que “hicieron el artículo 6 del Reglamento para que Ángel Gonzalez no fuera molestado, los hermanos Alvarado eran muy amigos y siguen siendo muy amigos del señor Ángel Gonzalez (…) el artículo 6 del Reglamento contradice al mismo artículo 6 de la Ley Orgánica, y no pasa nada, son delitos tan fragantes, no pasa nada”, sostiene.   

Los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado fueron mano derecha del expresidente Rafael Correa. Este último, desde el 2009  hasta 2015 fue el Secretario Nacional de Comunicación y desde inicios de 2014 estuvo al mando de los medios públicos de Ecuador TV y Radio Pública, como titular del directorio de la Empresa Pública Televisión y Radio del Ecuador. Vinicio Alvarado fue sentenciado dentro del caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho mientras que, Fernando Alvarado fue llamado a juicio delito de peculado por realizar contrataciones de servicios de comunicación con recursos del Estado. Ambos se encuentran prófugos.

Fundamedios contactó a Fernando Alvarado, exsecretario Nacional de Comunicación (Secom). El publicista respondió: “no soy amigo del señor Ángel González. Si fuese amigo, los medios como diario El Comercio, que dicen son de su propiedad, no me hubieran atacado criminal y miserablemente como lo hicieron”

Por ahora, a pesar de las irregularidades, de la pandemia, del auge electoral o de ‘fantasmales’ presiones, el concurso continúa su rumbo. Se prevé que hasta el 22 de septiembre se publique los resultados de adjudicación de las frecuencias que marcarán las voces radiodifusoras por los próximos 15 años. 

  

457

Ecuador, 10 de septiembre de 2020.- El Pleno de la Corte Constitucional (CC) del Ecuador, por unanimidad, declaró como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del 26 de septiembre del 2012 que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial “Un NO Rotundo” -publicado por el medio sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011- fue “propaganda electoral”. Ese referemdum es conocido como el de “la metida de mano en la justicia”, pues permitió al ex presidente y actual prófugo de la justicia, Rafael Correa, reformar y controlar el sistema judicial. 

A través de la Sentencia No. 1651-12-EP/20, la Jueza ponente, Teresa Nuques Martínez, declaró que la sentencia del TCE contra Vistazo vulneró los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de recibir decisiones motivadas y a la libertad de expresión, por lo cual dejó sin efecto dicha sentencia.

Además, ordenó que el TCE ofrezca disculpas públicas a ENSA (editorial de revista Vistazo) y que deberán ser expuestas en un cartel tamaño A3 colocado en un lugar visible a la entrada del edificio principal y en un banner web instalado en el portal institucional durante 30 días. Las disculpas públicas deberán contener el siguiente texto:

«Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia No. 1651-12-EP/20, el Tribunal Contencioso Electoral reconoce las vulneraciones sucedidas al debido proceso y libertad de expresión en la causa electoral No. 794-2011-TCE y acumulados. Por lo tanto, ofrece sus disculpas públicas por las vulneraciones causadas a la compañía Editores Nacionales S.A. ENSA (editora de Revista Vistazo) y reconoce su obligación de respetar la Constitución de la República del Ecuador y particularmente la protección a la libertad de expresión en contextos electorales”.

También dispuso al TCE y al Consejo Nacional Electoral implementar un programa de capacitación a sus miembros sobre la protección a la libertad de expresión haciendo énfasis de la vigencia de este derecho en épocas y contextos electorales.

En septiembre de 2012 Fundamedios emitió la alerta de la sanción. En la nota se menciona que a través de una sentencia de 24 páginas, los jueces: Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez consideraron que el editorial de Vistazo viola el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios dejando sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Ximena Endara.

Además, la CC, con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático, exhortó a las juezas y los jueces, así como autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con la libertad de expresión.

501

Ecuador, 10 de septiembre 2020.- La coalición ECUADOR VERIFICA es una iniciativa inédita en el país que reúne a 15 medios de comunicación, 6 organizaciones de la sociedad civil y 7 universidades. Su objetivo, entre septiembre de 2020 y abril de 2021, es combatir la desinformación, verificar la veracidad del discurso de los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia y desarrollar herramientas que permitan a la ciudadanía decidir con base en información certera. 

Se trata de una propuesta colaborativa, en donde los aliados contribuyen desde distintos frentes a combatir la desinformación y a promover la alfabetización digital. Los contenidos que se produzcan desde esta Coalición estarán alojados en un portal web; además, se difundirán en redes sociales y en las diversas plataformas de sus miembros. Esta iniciativa emula otras que se han desarrollado en varios países, por ejemplo: Electionland, en Estados Unidos; CrossCheck, en Francia; Verificado, en México; Projeto Comprova, Brasil. 

El fenómeno de la desinformación tiene un efecto determinante en las agendas informativas y puede marcar el rumbo de un proceso electoral, erosionando la confianza en las instituciones democráticas, influyendo en la decisión de los votantes y desestabilizando el entorno político.

Como ya ha sucedido en procesos electorales anteriores, en el país existen candidatos dispuestos a basar sus discursos en premisas erróneas o a utilizar datos no corroborados para ganar simpatías, en contraste con electores potenciales sin herramientas para determinar qué tan acertada es la precisión de su mensaje. 

Ecuador Verifica cuenta con el apoyo de organizaciones de la cooperación internacional comprometidas con la lucha contra la desinformación como el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés) que, en coordinación con organizaciones plurales y diversas, medios de comunicación y academia se unen para ofrecer herramientas que permitan diferenciar lo cierto de lo falso. Así, esta coalición contribuirá al desarrollo de un proceso transparente y determinante en democracia. 

Aliados

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

AFP

Antena 7 Radio y Tv On Line

Criterios

Ecuavisa

El Universo

GK

Gráficos Nacionales (diarios EXPRESO y EXTRA)

La Barra Espaciadora

Medios Públicos del Ecuador

Plan V

Primicias

Radio Centro

UDLA Channel

Vistazo

Wambra Medio Digital Comunitario

ACADEMIA:

Universidad de las Américas (UDLA)

Universidad del Azuay

Universidad Católica de Guayaquil

Universidad Casa Grande 

Universidad de Los Hemisferios 

Universidad Internacional Del Ecuador(UIDE)

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

SOCIEDAD CIVIL:

Chicas Poderosas Ecuador

Diálogo Diverso

Fundación CAJE

Fundamedios

Fundación Periodistas sin cadenas

Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ)

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Ecuador, 4 de septiembre de 2020.- La Secretaría Técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mediante la Resolución Nro. CPCCS-STPCS-2020-0002-RES de 31 de agosto, ratificó la participación de Roberto Wohlgemuth Jarrín, alias @mashiroberto, con lo cual esa veeduría perdió los últimos resquicios de legitimidad que pudo haber tenido en algún momento. 

Fundamedios señaló que “@mashiroberto fue y sigue siendo uno de los operadores más agresivos del aparato de propaganda del correismo, especializado en el manejo distorsionado de redes sociales y la generación desinformación”, tal como lo detectó una investigación académica que sirvió de base para que Facebook diera de baja 41 cuentas, 77 páginas, y 56 cuentas de Instagram por coordinar comportamientos “no auténticos” a nombre una institución extranjera o gubernamental, las actividades tenían origen en la empresa Estraterra, fundada por Roberto Wohlgemuth.

El 15 de julio Paola Ivonne Pacheco solicitó al CPCCS se revisen los requisitos y prohibiciones de Wohlgemuth, ya que sostenía que tenía conflictos de interés con el objeto observado.  Ella mencionó dentro de su sustentación la nota de prensa del Portal Primicias del 8 de julio del 2020 que informó que Facebook eliminó cuentas de una red de contenido falso que funcionaba en Ecuador.

El reportaje menciona que las investigaciones internas de la Red Social encontraron vínculos entre las personas detrás de esta red y consultores políticos y exfuncionarios de Ecuador y Estraterra que tiene base  en Canadá y que tiene entre sus exaccionistas a @mashiroberto. “El CPCCS se basa en un tecnicismo para devolver la calidad de veedor a @mashiroberto, el hecho de que la denunciante hace uso de una fuente indirecta, cuando perfectamente el CPCCS pudo haber pedido información directa a Facebook o a los autores de la investigación que es el laboratorio de Investigación Digital del centro Atlantic Council”, señaló César Ricaurte de Fundamedios. “no ha existido ninguna voluntad real de investigar y eso demuestra que la veeduría ha intentado ser manipulado desde el principio con lo cual pierde toda legitimidad”, añadío el vocero de la organización.

El 3 de agosto Wohlgemuth fue notificado con la suspensión como miembro de la veeduría, solicitándole a la vez remitir en el término de 10 días sus pruebas de descargo, que fueron presentadas el 17 de agosto de 2020. Entonces explicó que los datos acreditados sobre su participación como socio fundador de la compañía Estraterra S.A. se realizaron hace más de 4 años y “nada tienen que ver con la condición de veedor ciudadano; y por sí mismo, el hecho de fundar esta empresa, no constituye un hecho ilegal y menos aún violatorio”. Recordó además que desde 2018 ya no es accionista de la empresa, pues transfirió sus acciones.

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. Y desde la organización se rechazó la presencia de ‘@mashiroberto’ en la entidad.

 El primer coordinador de la veeduría fue Héctor Velazco, quien en el concurso del 2016 tramitaba ante el vicepresidente de esa  época y actual reo por cohecho, una frecuencia de radio FM.