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Jueves, 16 de diciembre de 2021- 17 medios, comunicadores y grupos de medios de Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, México y Perú recibirán apoyo para mantener sus operaciones y producir contenidos específicos en relación con la pandemia de COVID-19. Los beneficiarios fueron seleccionados mediante la última convocatoria abierta del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe, a la que aplicaron 251 medios, periodistas, comunicadores y organizaciones de la sociedad civil de la región. 

Los beneficiarios seleccionados en esta convocatoria, la cual permaneció abierta del 29 de septiembre al 24 de octubre de 2021, se suman a aquellos de las dos rondas anteriores del Fondo de Respuesta Rápida, dando un total de 58 medios, comunicadores y grupos de medios apoyados por este programa lanzado por las organizaciones Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios. 

En el contexto de la pandemia de COVID-19, el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida ha permitido que los medios afectados por los efectos económicos de la crisis cubran algunos de sus costos operativos y financien la producción de contenidos específicos relacionados con la pandemia y sus impactos con foco en población indígena y rural, afrodescendientes, migrantes, mujeres y la comunidad LGBTQ+. En específico, se apoyaron a medios y comunicadores que trabajan directamente con y desde las comunidades a las que informan. 

Hasta la fecha, las investigaciones y especiales, podcasts, videos cortos, spots radiales, infografías, impresos y campañas informativas producidas por los beneficiarios del Fondo de Respuesta Rápida han abarcado las necesidades informativas de las audiencias priorizadas, respondiendo a contextos locales y a la evolución de la COVID-19 para reforzar las medidas de prevención en idiomas locales, combatir la desinformación en torno a las vacunas, y visibilizar las afectaciones de la pandemia en la seguridad alimentaria, los derechos laborales de mujeres y personas LGBTQ+, o la salud mental, entre otros. 

A la par del apoyo financiero, las organizaciones convocantes han lanzado una oferta formativa para aspirantes y ganadores del Fondo de Respuesta Rápida en periodismo de investigación, periodismo de salud, enfoque de género, libertad de expresión y administración de medios, extendiendo el apoyo a más medios, periodistas y comunicadores la región. A la fecha han participado 169 personas en estas actividades. 

Chicas Poderosas, Consejo de Redacción, Fundamedios e Internews agradecen a todos los medios y comunicadores en la región que aplicaron a las tres rondas del Fondo de Respuesta Rápida.

 

Internews: internews.org 

Chicas Poderosas: chicaspoderosas.org 

Consejo de Redacción: consejoderedaccion.org

Fundamedios: fundamedios.org

Para más información, escribir a: AMER-RRF@internews.org

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Ecuador, 13 de diciembre de 2021. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional retomó el tratamiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con el objetivo de recoger criterios para la construcción de la Ley la Comisión escuchó a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios quien presentó aportes y observaciones al proyecto.

Link a la sesión: https://www.facebook.com/100069440615418/videos/991959144735639

El director de Fundamedios detalló aspectos relativos a la nueva Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública: señaló que es fundamental que se puedan desarrollar leyes que se ajusten a la nueva realidad normativa global, basada en las tendencias vigentes como: gobierno digital, gobierno abierto, y manejo de datos abiertos. 

En su intervención, también reiteró que es mejor legislar de forma general y trabajar en un robusto y preciso Régimen de Excepciones donde se pueda definir claramente el significado y causales para categorizar  la información como confidencial o reservada. 

Asimismo, mencionó que la información confidencial debe responder a principios fundamentales como: el derecho a la intimidad, incluyendo la privacidad relacionada a la vida, salud, seguridad, integridad de los datos personales, etc. “ La concordancia entre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública es indispensable. “Son las dos caras de una misma moneda”, dijo. 

Ricaurte mencionó que una de las mayores debilidades que se han identificado en la efectiva vigencia e implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LOTAIP) radica en que el Órgano Garante ha sido la Defensoría del Pueblo la cual no tiene capacidad sancionatoria. Este Órgano ha hecho lo que ha estado en sus manos pero que para el Director de Fundamedios, los esfuerzos han sido insuficientes. Con lo antes mencionado, en la nueva Ley de Acceso a la Información Pública se debe priorizar la creación de un nuevo Órgano Garante. 

La idea central que planteó Fundamedios giró en la necesidad de crear un Órgano Garante. Aquí se partió haciendo un análisis de la ley modelo, de La Organización de Estados Americanos (OEA),  sobre los estándares mínimos que debe tener la autoridad que promoverá, interpretará, dará cumplimiento y garantizará el derecho al acceso a la Información pública. 

Ricaurte señaló que “la Comisión Parlamentaria de Derechos Colectivos y la Asamblea Nacional tienen una oportunidad de oro para dar un paso gigantesco en la efectiva garantía y protección del Derecho de Acceso a la Información Pública” con la creación de un nuevo órgano garante que nacería de la complementación de la Superintendencia de Protección de Datos Personales que debe crearse por lo dispuesto en la ya vigente Ley de Protección de Datos Personales para de esa forma constituir la Superintendencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como órgano garante de los dos derechos.

Este Órgano contaría con personalidad jurídica propia y sería establecido por ley, autónomo e independiente y con capacidad para decidir sobre la ejecución de su presupuesto; especializado e imparcial; y dotado de capacidad sancionatoria, en el marco de sus competencias. Entre las facultades del nuevo Órgano Garante, Ricaurte resaltó tres: Denuncia de Infracciones; sanciones o medidas de apremio y recursos. La nueva Superintendencia de Acceso a la Información y Protección de Datos  también podrá determinar infracciones administrativas.

A manera de ejemplo, Cesar Ricaurte mencionó un estudio hecho por Fundamedios, previo a la presentación del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, en donde se visibilizó un análisis comparativo sobre las mejores prácticas desarrolladas en la región sobre el papel de los Órganos Garantes. Entre los aspectos destacados se resaltó a Chile, país que creó un Órgano para salvaguardar el derecho al acceso a la información pública llamado Consejo para la Transparencia, es decir un órgano colegiado independiente, con personalidad jurídica y patrimonio. Esta es una corporación autónoma de derecho público. En México se reconoce el derecho al acceso a la información pública en su constitución  mediante un Órgano Constitucional Autónomo denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales el cual tiene autonomía normativa, orgánica, de gestión y presupuesto y es la encargada de vigilar el libre ejercicios y cumplimiento del derecho al acceso a la información. 

Para poder contextualizar la necesidad y urgencia del tratamiento de esta ley, Ricaurte hizo un breve recuento sobre algunas acciones tomadas por autoridades del sector público, las cuales, han puesto en riesgo el derecho al acceso a la información. El director de Fundamedios expuso, como antecedente, el reciente caso del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Ambato el cual intentó que no se pueda entregar ningún tipo de información a ciudadanos ni periodistas. “Con procesos como el anteriormente mencionado se evidencia que el tratamiento de la información pública se maneja de forma arbitraria y descuidada”, señaló.

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Martes, 14 de diciembre de 2021.- El fin de semana se llevó a cabo la segunda fase de los talleres Ruta Hacia la Libertad, esta vez con el apoyo de la Embajada Británica en Ecuador, en las provincias de Guayas y Santa Elena, ambas ubicadas en el litoral ecuatoriano.

En el mensaje de bienvenida, César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios, resaltó el trabajo de la organización en la promoción defensa, monitoreo de la libertad de expresión y con ello también el impulso a la calidad en el periodismo, precisamente es el objetivo de llevar los talleres Ruta Hacia la libertad en distintos puntos del país. Agradeció, además, a los convocantes locales así como el aporte de la Embajada Británica en este proceso.

En Guayaquil, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la periodista Alina Manrique, docente de la Universidad Santiago de Guayaquil. En su intervención resaltó la importancia de trabajar en las temáticas propuestas por la organización de libertad de expresión, la relación entre el periodismo y los datos y el combate contra la desinformación. Manrique destacó que para hacer mejor y buen periodismo son necesarios estos espacios de capacitación, a la vez que pidió a los asistentes no quedarse en la coyuntura, sino ir más allá, buscar historias a profundidad y de más largo aliento.

En Santa Elena la bienvenida estuvo a cargo de Wilson León, director de la carrera Comunicación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena quien destacó la visita de Fundamedios a la ciudad y la importancia de la formación académica para los estudiantes y profesionales de la localidad. Además, se comprometió que harán la revisión de la malla curricular para incluir el tema de alfabetización digital como materia regular y la incorporación de la Universidad a la Coalición Ecuador Verifica para, desde el espacio académico, luchar contra la desinformación.

En el primer taller a  cargo de César Ricaurte se trató los principios, orígenes, conceptos básicos y universales y contemporáneos de la libertad de expresión, que son la base del periodismo y precisamente el ejercicio de este derecho es la base de la comunicación humana.

Se habló sobre la estrecha relación histórica entre la libertad de expresión y el desarrollo del concepto de democracia, así como de los principios y estándares internacionales que protegen el derecho a expresarse. Se hizo un recuento histórico y estadístico de lo fue la aplicación de la Ley de Comunicación, aprobada en el 2013, modificada en el 2019  y que  actualmente está en discusión en la Asamblea Nacional una nueva de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación, impulsado por Fundamedios

En la segunda parte se trató sobre la relación entre periodismo y datos, que si bien es una de las relaciones más complejas, también es uno de los aspectos de la comunicación contemporánea que ha tenido más peso frente la masiva introducción de datos en todos los aspectos de la vida humana, el periodismo tiene que afrontar el manejo de esos datos.

Alexis Serrano Carmona, tallerista de esta sección, hizo hincapié en que detrás de cada uno de los periodistas hay un ser humano y son ellos los encargados de hacer que una historia trascienda, por lo que es importante hablar con mucha gente, escuchar, mirar, no dejar de sorprenderse y sobre todo «gastar suela» al hacer alusión que el periodismo no se hace atrás de un escritorio.

Estas jornadas terminaron hablando sobre el combate contra la desinformación que se ha convertido en uno de los flagelos de las instituciones democráticas y en la actualidad es uno de los retos mayores del periodismo, por ello surgió toda esta nueva tendencia del periodismo de verificación o fact-checking, qué es la comprobación, la verificación de los contenidos, posiblemente engaños, en esa línea se entregaron varias herramientas para contrarrestar la información engañosa.

La periodista de Ecuador Verifica, Paola Simbaña, recordó que el fact-checking es trabajo periodístico básico, que debe también  ir dirigido a los ciudadanos que es a quienes les llega esta avalancha de información engañosa, por lo que abordó la clasificación de la desinformación para entender de dónde proviene y resaltó la importancia de los procesos de alfabetización digital. 

Esta nueva gira terminó con la incorporación simbólica de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena a la Coalición Ecuador Verifica impulsada por Fundamedios y la oportunidad de cooperación y trabajo con la Asociación de Canales de Televisión, ACTV.

En Guayaquil se contó con el apoyo de dos centros universitarios: la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y la Universidad Casa Grande y en Santa Elena con la la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la Federación Nacional de Periodistas y la FENAPE.

Los asistentes evaluaron los talleres con las valoraciones más altas. Por ejemplo, Lissette Moreno Célleri estudiante  de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE)  publicó en su cuenta de Facebook:  

 

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Ecuador, 10 de diciembre de 2021.  Fundamedios, el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el despacho de la asambleísta Marjorie Chávez continúan con la serie de talleres virtuales sobre estándares internacionales en libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información dirigidos a los asambleístas y sus asesores con el fin de proveer insumos para la construcción de las nuevas leyes vinculadas con la de Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública.

El tercer taller se denominó: “Normativa y estándares mínimos con los que debe contar una legislación garantista en libertad de expresión” el cual fue dictado por Santiago Cantón, primer relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, y realizó una maestría en Derecho Internacional en la American University en Washington. Desde 1994 hasta 1998, se desempeñó como director para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, una organización dedicada al desarrollo democrático con base en Washington D.C. Además, trabajó como consejero político del Presidente Jimmy Carter en programas de desarrollo democrático. Después de terminar un periodo como relator, fue elegido por la Comisión como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el periodo de 1 agosto de 2001 al 30 de junio de 2012. Actualmente, es director del Programa de Estado de Derecho Peter D-Bell de Diálogo Inter–Americano y profesor visitante internacional de la Facultad de Derecho de American University en D.C. 

Miguel Hernández director del IRI en Ecuador dió la bienvenido a los asistentes y dijo que la libertad de expresión va de la mano de la democratización del acceso a la información. Mencionó que muchos de los ataques a la democracia, en estos tiempos, tienen como protagonista a la desinformación. Recordó que para combatir este fenómeno se debe fortalecer fuentes alternativas de datos, que estas sean veraces y creíbles, dentro de una legislación que las garantice. 

Santiago Cantón ofreció a los asistentes una charla magistral sobre aspectos de la libertad de expresión. Se analizó el marco de los estándares y la evolución de la libertad de expresión en la región, haciendo también un breve recuento histórico-político. 

Cuando se habla de una ley de libertad de expresión, los legisladores están en la responsabilidad de dar un avance o retroceso para la democracia por lo que la creación de nueva normativa no se debe tomar a la ligera. Cantón hizo énfasis en que este tema es crucial y por esta razón nació la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. 

El ex Relator menciona que la libertad de expresión es fundamental por tres razones. En primer lugar, pues es una fuente de realización, la expresión de las propias ideas. Segundo, es la piedra angular de la democracia. Y finalmente, habilita al goce de otros derechos humanos como libertad religiosa, a pensar, a asociarse.  

En el marco de los estándares vinculados con la jurisprudencia internacional creada por la CIDH, se trató sobre el concepto de la “real malicia” para poder derogar la figura del desacato, la cual se crea justamente para poder evitar la persecución desproporcionada a periodistas. Cantón abordó , adicionalmente, la posibilidad de crear fiscalías especializadas en temas de libertad de expresión. Dijo, también, que el desafío sobre el actual acceso a internet implica una limitante para el ejercicio de la libertad de expresión puesto que la gente se informa más por internet.   

El próximo lunes 13 de diciembre se impartirá el siguiente taller con Frank La Rue, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Ecuador, 9 de diciembre de 2021. La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional aprobó, con cinco votos a favor y cuatro en contra, el articulado del proyecto de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, que de esa forma pasa al primer debate dentro del Pleno de la Asamblea Nacional.

La votación de los integrantes de la Comisión reflejó las posturas presentadas en los últimos meses de tratamiento de la norma: Los legisladores de UNES Fernando Cedeño, Raisa Corral y Mónica Palacios y el de Pachakutik, Ángel Salvador, quienes mantuvieron un discurso crítico a la autorregulación, no aprobaron la propuesta. 

Fueron los votos de Luis Patricio Cervantes, Elias Jachero, Miguel Ángel Pabón, Jéssica Castillo y Juan Fernando Flores los que apoyaron la iniciativa por la libre expresión. 

Pabón, expresó que el proyecto que fue sometido a un debate técnico responsable con varios actores que crea un modelo de responsabilidad ulterior, cuyo propósito es superar un modelo que incentivó la autocensura en diversas formas pues no se deja carta abierta para que difundan información sin responsabilidad.

Durante dos sesiones, los legisladores conocieron los detalles del proyecto unificado de la Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. Este trabajo fue realizado por el equipo asesor especializado de la Comisión durante las reuniones en distintas mesas de trabajo. La última modificación se realizó sobre la base de observaciones realizadas por legisladores la semana pasada. 

Los proyectos unificados son los que, por un lado, presentó el Presidente Guillermo Lasso y, por otro lado, el que presentó FUNDAMEDIOS junto con los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio con las firmas de respaldo de 20 asambleístas más. 

En la sistematización del proyecto constan las propuestas sobre las frecuencias, el derecho a la comunicación de las personas con discapacidad y contenidos comunicacionales, se amplía la definición de los medios comunitarios, que serán de propiedad y gestión de los colectivos, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades,  movimientos sociales u organizaciones de la sociedad civil.

FUNDAMEDIOS se congratula por este gran paso adelante en la superación definitiva de un modelo legal basado en la hiperregulación estatal y el control del Gobierno sobre el sector de la Comunicación. 

En los próximos días, presentaremos un análisis detallado del articulado aprobado por la Comisión. 

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El país no tiene garantías legales para la aplicación de tecnología biométrica y se incumplen con estándares internacionales para resguardar la privacidad ciudadana . 

INFORME VIDEOVIGILANCIA

Fundamedios insta al Gobierno y a los municipios a prescindir de la implementación de tecnología de vigilancia biométrica como es el reconocimiento facial. Tal como se demuestra en la investigación hecha por la organización, Ecuador no cuenta en la actualidad con una legislación específica que proteja los derechos ciudadanos ante la actual videovigilancia. El país, además, incumple con los estándares internacionales que recomiendan a los Estados tomar medidas eficaces para impedir la retención, el procesamiento y el uso ilegales de datos personales almacenados por las autoridades públicas y por empresas. La vigilancia indiscriminada y masiva además vulnera el derecho de reunión pacífica, según la ONU.

Por ello, Fundamedios hace un llamado a la Asamblea Nacional a definir la normativa necesaria que llene el vacío actual y regule el uso de videovigilancia. Es importante que el país adopte las recomendaciones de las Naciones Unidas ante la implementación de vigilancia masiva con inteligencia artificial. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, aprobada en mayo de 2021, no menciona los límites de la videovigilancia,  ni se refiere con claridad a los datos personales obtenidos mediante cámaras de videovigilancia (ni reconocimiento facial). 

Fundamedios además señala que es fundamental que se levante la reserva de información confidencial que el ECU 911 mantiene desde 2013 en los protocolos,  procedimientos, metodologías, instructivos para la atención de emergencias, videovigilancia y recepción de llamadas al 911. La confidencialidad está establecida hasta el año 2028. Según la Ley de Acceso a la Información Pública, la confidencialidad sólo se aplica a temas de defensa nacional ante posibles amenazas en contra del Estado, información sobre ubicación de material bélico y fondos de reserva para defensa nacional. Por ello, no se justifica que los procedimientos del ECU 911 sean reservados. 

Estas peticiones surgen después de la investigación “La videovigilancia  en Ecuador desde la perspectiva de los derechos humanos” que Fundamedios realizó con el apoyo de Derechos Digitales durante cuatro meses (julio- octubre 2021). Para ello, revisó la documentación de cuatro municipios: Quito, Guayaquil, Cuenca y Latacunga y del ECU 911. Realizó 25 peticiones de acceso a la información a instituciones involucradas en el tema, realizó más de 12 entrevistas y revisó decenas de decretos, contratos, además de la revisión de la legislación nacional e internacional. 

Dentro de los hallazgos también se constató que muchos de los funcionarios públicos encargados de la videovigilancia en el país desconocen que el rostro es un dato personal. Fundamedios detectó la necesidad de mayor capacitación de los operadores de seguridad y de justicia en materia de derechos humanos y sus posibles vulneraciones. Otro hallazgo preocupante fue que algunas instituciones analizadas usan de forma indiscriminada contenidos de la videovigilancia para su comunicación institucional en redes sociales, pese a que este contenido sólo puede usarse para fines judiciales. 

En este sentido, Fundamedios considera fundamental que la ciudadanía eleve su conciencia respecto a su derecho a la privacidad y a la intimidad y demande su respecto.

La investigación constató que la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito, la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, el Consejo para la Seguridad Ciudadana de Cuenca y el Municipio de Latacunga han adquirido 353 cámaras con capacidad de reconocimiento facial por casi 3 millones de dólares, hasta octubre de 2021. Sin embargo, ninguna de estas cámaras cumple con la capacidad de reconocimiento facial al no estar conectadas a una base de datos con el software adecuado. 

A Fundamedios le preocupa que en los próximos años se prevé la compra masiva de tecnología de reconocimiento facial sin contar con una legislación robusta que impida la vulneración de derechos ciudadanos. Por ejemplo, el Municipio de Guayaquil anunció una inversión de 30 millones de dólares para comprar 15 mil cámaras con reconocimiento facial durante los próximos 4 años. El ECU 911 también analiza la compra de 1.294 cámaras con estas características que serán operadas por la Policía Nacional.

Mayor información:

Paola Aguilar

Info@fundamedios.org

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Fundamedios y la Fundación Konrad Adenauer con su oficina en Ecuador organizaron el 10mo y último taller denominado “Ruta Hacia la Libertad”, con apoyo del Colegio de Periodistas del Azuay. El encuentro se desarrolló este 7 de diciembre en la ciudad de Cuenca. 

Al iniciar este taller el representante de Ecuador y Perú de la Fundación Konrad Adenauer, Robert Helbig señaló que quienes promueven y protegen la libertad serán parte de una sociedad que camine hacia el bien común. “Damos inicio a este taller de la Ruta hacia la Libertad, un espacio de conversación, debate y aprendizaje en torno a la libertad de expresión, el periodismo y la lucha contra la desinformación”, mencionó Helbig.

El representante de la Fundación Konrad Adenauer recalcó que el compromiso de la fundación es de apoyo al fortalecimiento del Estado de Derecho y la constitucionalidad. Enfatizó que la responsabilidad de transparentar una sociedad, no es únicamente de los periodistas, sino que son quienes tienen un importante rol dentro de este proceso.  

Carlos Almeida, presidente del Colegio de Periodistas del Azuay, afirmó que la libertad de expresión es un tema fundamental.  “Las personas que somos parte de los gremios en forma consciente tomamos y nos establecemos normas o nos autorregulamos en las normas”, dijo Almeida. 

El director de Fundamedios agradeció a la KAS por haber apoyado este proceso de fortalecimiento de capacidades para los periodistas ecuatorianos de 10 provincias del país más aquellos que se capacitaron a escala nacional por vías virtuales. Señaló que ha sido una experiencia maravillosa, redescubrir el país social y al país periodístico que deja la pandemia de la COVID-19. “Es notorio que el periodismo local afronta profundas crisis y profundos retos, pero al mismo tiempo vemos surgir por todo lado nuevas propuestas y experiencias que deben ser apoyadas para que puedan consolidarse. Estos talleres han sido un primer paso, en ese sentido, pero vendrán muchos otros, acompañados por un socio muy comprometido como es la FENAPE-FIP.”

Durante este taller, César Ricaurte expuso sobre la historia de la libertad de expresión y de su estrecha relación histórica con el desarrollo del concepto de democracia y como eso dio origen a los principios de la libertad de expresión y los estándares que la protegen. Además, se diseccionó el Artículo 19 de la Declaración Universal de DDHH y cada uno de los cinco incisos de la 13 de la Convención Americana de DDHH. También, se explicó sobre lo que fue la aplicación de la Ley de Comunicación del 2013 y la importancia de la discusión, en la Asamblea, del actual proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación, presentado por Fundamedios, encaminado a la garantía y promoción de derechos.

Este proyecto de Ley propone los principios de máxima garantía del derecho, la responsabilidad ulterior a través de los pedidos de réplica, la pluralidad y hace énfasis en la autorregulación periodística.

En el segundo módulo de este taller se habló de la relación que existe entre el periodismo y los datos, así lo explicó Alexis Serrano, editor de Ecuador Chequea. En este espacio, se recalcó que los datos son información que siempre debe estar presente en los contenidos periodísticos. “¿Es posible realizar un periodismo sin datos?”, cuestiona Serrano durante su intervención. El periodista mencionó que es importante encontrar la forma de contar historias que debe tener información, datos y recorrer las calles, para hacer periodismo. Además, explicó que los periodistas deben contar la información para que se entendida por todos los ciudadanos, no solo para personas expertas en cualquier temática.

Por último, se presentó el módulo sobre desinformación que fue expuesto por Paola Simbaña, periodista de Ecuador Chequea quien analizó si es correcto denominar al fenómeno de la desinformación como noticias falsas. En este espacio se mencionó que el fact-checking es el mismo ejercicio periodístico básico para verificar los contenidos engañosos que circulan en internet.

También se dijo que la posverdad ha influido en el fenómeno de la desinformación, ya que apela a las emociones para que los usuarios digitales compartan contenidos engañosos a través de la apelación a factores emotivos y apagar los elementos racionales que, en cambio, es la base de la construcción de la información. 

 

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Los datos de noviembre reflejan que las agresiones contra la prensa continúan en su pico más alto desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Con 24 agresiones, al igual que octubre, noviembre fue otro mes en el cual los ataques en contra de la libertad de prensa, libertad de expresión y derecho de acceso a la información no cesaron. 

Llama la atención que los ataques contra la prensa no han disminuido pese a que al inicio del mes la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró en un conversatorio con medios de comunicación en Carondelet que el Gobierno respetará la libertades de expresión y de prensa.

 

Las cifras

Entre 2007 y el 30 de noviembre de 2021, Fundamedios registró 3027 agresiones contra la prensa.  En noviembre Fundamedios registró 24 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.

En total 18 periodistas fueron agredidos: 12 hombres y seis mujeres; cuatro medios de comunicación, un constitucionalista y una ONG. El Estado fue el principal agresor, durante 10 ocasiones. Seguido de elementos No Estatales que intervinieron en ocho ocasiones. Asimismo, las agresiones y ataques contra la prensa en este mes llegaron a cinco; otros cinco casos fueron Impedimentos de acceso a la información pública; cuatro amenazas; tres intentos de censura; tres discursos estigmatizantes y una restricción en el espacio digital.

El análisis geográfico refleja qué Pichincha se produjeron 11 agresiones contra la prensa, en Bolívar se desarrollaron tres alertas, dos en Cotopaxi, dos en Guayas y una en El Oro. 

Los ataques a la prensa desde el Estado no paran 

Pese al discurso oficial del Gobierno de garantizar el trabajo periodístico en el Ecuador, el la práctica, el Estado se convirtió nuevamente en el principal agresor de los periodistas y medios de comunicación:

El periodista Jonathan Quezada del medio JQ Digital EC fue agredido y retenido arbitrariamente por integrantes de la Policía Nacional el 9 de noviembre luego de que tuvo una discusión con el Coronel de Policía Gabriel Paúl Villavicencio Salazar, tras  intentar registrar la agresión a un ciudadano, durante un desalojo en Guaranda. 

En un video al que tuvo acceso Fundamedios se observa cómo durante la cobertura, un grupo de policías rodean al periodista, lo intimidan y lo mantienen retenido mientras un grupo de mujeres solicita ayuda a gritos: “Ayuda”, “Ayuden al periodista”, “Liberen al señor periodista” exclaman. Al final, luego de un forcejeo lograron que el comunicador sea liberado. 

 

Al día siguiente, miembros de la Seguridad Presidencial empujaron a periodistas de medios de comunicación e impidieron que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, diera declaraciones a la prensa. En Carondelet se desarrolló una reunión entre el presidente Guillermo Lasso y la CONAIE por lo que varios medios de comunicación estuvieron presentes para dar cobertura a los acontecimientos. A través de una serie de videos de los periodistas que estuvieron presentes y que circulan en redes sociales se puede observar cómo el equipo de Seguridad de Carondelet rodea a Leonidas Iza a su ingreso al Palacio e impide que los periodistas  tomen sus declaraciones.

En otros de los videos se puede observar a uno de los escoltas empujando de manera agresiva al periodista Francisco Garcés de Ecuavisa mientras este intenta obtener una declaración de Iza: “¿Qué le pasa? usted no me va a agredir, estoy trabajando” dice el periodista. Asimismo, los escoltas de seguridad no permitieron que Leonidas Iza diera declaraciones “Déjenlo hablar señores de seguridad”, pedían los comunicadores.

El 10 de noviembre los periodistas de UDLA Channel Napoleón Tamayo, Doménica Salvador y Paulina Lema fueron presionados durante una entrevista con un funcionario del Ministerio de Salud Pública (MSP), luego de que otra funcionaria del departamento de Comunicación les recriminó por realizar una pregunta que consideró de corte político.

A través del oficio FPEO-SAI-2021-002723 la Fiscalía General del Estado solicitó al Diario Correo de Machala entregar la información completa del periodista responsable de escribir una nota en el segmento de sucesos de este medio de comunicación. 

Se refieren a la noticia titulada: “Postergan audiencia para juzgar a acusado de violación”, que fue publicada en el medio de comunicación. La Fiscalía, bajo la figura de “reglas para la investigación de delitos cometidos mediante los medios de comunicación”, sostiene que dicha información deberá ser remitida bajo el principio de buena fe y lealtad procesal, en el plazo de 3 días desde la entrega del oficio.

El Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna presentó el pasado 19 de noviembre una acción de acceso a la información en contra del Ministerio de Salud, tras no haber recibido información solicitada sobre salud sexual, reproductiva y el aborto desde el 11 de agosto de 2021. 

Tatiana Jiménez, responsable del área de investigación de Surkuna, indicó a Fundamedios que buscaban datos sobre atenciones en parto, interrupción del embarazo, atención post aborto. “Esta información nos permite evaluar y conocer cómo está la realidad de las mujeres y cómo está su acceso a sus derechos de salud sexual y reproductiva”, dijo. 

 

Las amenazas y agresiones tomaron fuerza 

El 10 de noviembre de 2021 los periodistas Andy Calero y Jhonny Tuarez Guerrero de TV Centro fueron agredidos por un grupo de ciudadanos que empezaron a insultarlos y agredirlos a latigazos durante una cobertura en el centro de Guaranda. Andy Calero contó a Fundamedios que se encontraban realizando la cobertura en vivo  en la Plaza Roja  y que al terminar la cobertura “aparecieron unos infiltrados y empezaron a insultarnos y a entramos a latigazos” luego de decirles: “porque carajo están hablando mal de Medardo Chimbolema (alcalde de Guaranda)”. 

Ese mismo día las periodistas Dayana Escobar y Vanesa Cifuentes de UDLA Channel fueron agredidas por razones de género por un sujeto desconocido, durante una cobertura en las afueras del Hospital Baca Ortiz de Quito. Las periodistas llegaron hasta el sitio para realizar la cobertura de un plantón de pacientes que reclamaban por falta de medicamentos en la casa de salud. Según la versión de las comunicadoras se encontraban realizando tomas y entrevistas cuando un ciudadano desconocido y en estado etílico, se acercó hacia ellas y empezó a decirles insultos misóginos. Posteriormente rompió el trípode de UDLA Channel y empezó a perseguir a las periodistas con una de las patas en la mano, con el propósito de agredirlas. 

El 18 de noviembre cuatro guardias de seguridad de la empresa Vielarec, contratada por el Municipio de Guayaquil, agredieron a la periodista de Teleamazonas Vanessa Robles y al camarógrafo Eddy Robalino y les impidieron subir al Cerro Santa Ana, para realizar una entrevista con autoridades locales y ciudadanos. En un video publicado por la periodista se observa a los guardias de seguridad privada empujando al camarógrafo, mientras recogen algunos equipos de prensa que cayeron al piso, luego de que lo agredieron y empujaron de manera violenta: “no tiene por qué agredir al equipo” dice la periodista mientras los guardias le replican que no pueden subir las escalinatas del Cerro sin una autorización.

Ese mismo día, la periodista Alexandra Moyano y otro comunicador de Radio Municipal Latacunga, que prefiere mantener el anonimato, recibieron amenazas de muertes con un mismo modus operandi: a través de llamadas telefónicas de números desconocidos, a sus teléfonos personales. En el caso de Alexandra Moyano, primero recibió un mensaje preguntando si este era el número de la Radio Municipal, solicitando a la vez los contactos de todos los locutores “para poder solicitar música”, la periodista no proporcionó información.  Después recibió una llamada anónima y le advierten que si sigue realizando investigaciones sobre el tema carcelario en Cotopaxi, así como las bandas delincuenciales, la iban a matar a ella, a su familia y le dijeron “periodista de pacotilla”. 

En el caso del otro periodista recibió una amenaza similar y por la misma vía: desconocidos le dijeron que si no depositaban dinero, ellos iban a matar a su familia. En ambos casos los agresores se identificaron como miembros de la banda Los Choneros. 

El 25 de noviembre, Charlie Castillo, fundador y periodista de FerroDiario, recibió en Instagram un mensaje intimidante de Josué Narváez, hermano del alcalde de Durán (Guayas), Dalton Narváez. “Ya mucho le estás metiendo”, decía el texto tras una publicación que hizo el medio en la red social en la que replicaba declaraciones que dio el funcionario a radio Águila.  En la publicación subida como historia a Instagram de FerroDiario, Dalton Narváez explica que el proyecto El Chobo es la única opción que tiene Durán para captar agua. “Yo estuve por Dubai en una luna de miel con mi esposa. En Dubai  no tienen río, es puro desierto. El agua la tratan del mar. ¿Sabes cuál es el promedio que pagan por energía eléctrica  y agua las familias de Dubai? 600 mensuales. Imagínate, altísimo. Vienen a inventarse que te mueres de sed  a lado del río. El agua de El Chobo es la más pura que puede haber en el mundo”, declaró el funcionario.

 

El discurso estigmatizante contra la prensa, una constante

El 19 de noviembre un grupo de militares retirados del Ejército asociados en la Promoción 81 “Teniente Elvis Molina” lanzaron una carta abierta para cuestionar las declaraciones del periodista de La Posta Andersson Boscán quién cuestionó la inacción de las fuerza militares ante la extrema violencia en la Penitenciaría del Litoral. En el comunicado los militares retirados repudian las expresiones del periodista porque, aseguran, menoscaba a la institución y genera una pérdida de la confianza de la sociedad en las Fuerzas Armadas y que también busca afectar la estabilidad del país en un momento en que se debe buscar cohesión.

No obstante en una parte del texto se asegura que es más fácil atacar “a quiénes le abrieron las puertas que defender su propio país’, eso es de cobardes” y se refieren a que se aprovecha de una mala entendida libertad de expresión para insultar a todo un grupo de la sociedad.  “Si no le gusta lo que ve entonces la solución es fácil, aprenda del honor y valor que tiene un militar para defender su país y regrese a su país de origen. Por qué gente malagradecida como usted señor Boscán debe ser expulsada del país”. 

El pasado 23 de noviembre, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa publicó un trino en el que tilda a la prensa ecuatoriana como una de ‘las peores del mundo’, acusándola de desestabilizar el régimen correísta. El mensaje de Twitter va acompañado de un video que tiene una duración de 2:20 en el que  se insinúa que los medios no cubren la noticia apegados a la verdad. 

El legislador Esteban Torres del Partido Social Cristiano (PSC) lanzó fuertes descalificaciones en contra del periodista de 4 Pelagatos, José Hernández, tras escribir una historia sobre la aprobación de la Reforma Tributaria en la Asamblea Nacional gracias a un acuerdo con el correísmo, en medio de una extorsión de otras bancadas a cambio de apoyo.

“Oye, pequeña piltrafa nauseabunda ¿sostienes aquí que he pedido algo a cambio de no oponerme a los impuestos?  Me estás atribuyendo un delito, ¿sí lo entiendes o no? Y lo mismo tu portal 4 Pelagatos. Lo que tienes es el corazón podrido y los bolsillos rotos”, tuiteó el legislador. 

 

 El acceso a la información tuvo altibajos 

Los periodistas y medios de comunicación enfrentaron este mes situaciones que afectaron el acceso a la información pública.  

El 16 de octubre la presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Tumbaco, Lorena Brito Cuzco, censuró públicamente al periodista Ángel Mediavilla del medio digital Tumbaco Informado, durante una cobertura de la reunión entre moradores y autoridades.  Los periodistas de Tumbaco Informado fueron contactados por los vecinos del Pasaje Josefa Lozano para que den cobertura a una reunión con las autoridades del GAD. En un video al que tuvo acceso Fundamedios se observa como Lorena Brito Cuzco interrumpe la grabación del medio de comunicación, realizada en medio de la calle, y dice “Joven, tenga la bondad, no tiene autorización, aquí tenemos un medio público del cual va a tener información para que publiquen en redes sociales, por favor baje la cámara”. Los moradores y el periodista le dicen que ellos invitaron al medio de comunicación. 

El 17 de noviembre una transmisión en vivo de las actividades del Presidente de la República, Guillermo Lasso, se cortó abruptamente justamente cuando se daba paso a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa no prevista inicialmente. 

El Primer Mandatario junto con las ministras de Salud y Educación, Ximena Garzón y María Brown, respectivamente, lideraron la inoculación a menores de edad que se realizó en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Al finalizar el recorrido en la unidad educativa los miembros de la prensa le solicitaron al Presidente un espacio para despejar algunas inquietudes, en ese instante el periodista Jorge Escobar de RTS le preguntó: “en materia política, ayer la Presidente de la Asamblea no dijo cuándo iba a convocar al pleno para el informe de Pandora Papers porque hay un informe de mayoría y minoría, Presidente”, justo en ese instante, algún funcionario no identificado de la Secretaría de Comunicación decidió cortar la transmisión en vivo.

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Más de 50 fiscales del Ecuador participaron del taller virtual “Operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos”  dictado por Frank La Rue, ex Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión y asesor en temas de libertad de expresión para Fundamedios. 

El experto se refirió a la legislación internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que garantiza la libre expresión en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, también explicó que hay limitaciones a esta libertad que tienen que ver con expresarse para hacer daño intencional a otras personas o para hacer una apología al odio. 

Las leyes ecuatorianas son también importantes para ejercer el derecho a informar y a solicitar información pública. Ecuador tiene desde 2004 la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública que debe ser actualizada y una reciente Ley de Protección de Datos Personales aprobada en mayo de 2021. 

Sobre la relación que existe entre la libertad de expresión y el derecho penal, La Rue señaló que este último se usa en dos vías: para sancionar a quienes atenten contra el derecho a expresarse pero también se lo aplica erróneamente para penalizar a quien ejercita ese derecho. 

Citó por ejemplo el caso de la revista mexicana Contra Línea en la que sus periodistas  investigaron sobre el petróleo y eso motivó cuatro causas penales. Para el experto, un funcionario o una autoridad pública no pueden evadir la crítica amparándose en amenazas y judicialización a los periodistas, aunque aclaró que esto no exime el derecho a la defensa.

Frank destacó la importancia del rol de los periodistas en la sociedad y la democracia para generar una cultura de transparencia y revelar casos de corrupción que, muchas de las veces, involucra a funcionarios públicos y al Estado. Tales fueron los casos de  reporteros estadounidenses que revelaron irregularidades en la adquisición de tapas de inodoros para submarinos a un sobreprecio y la presencia de plazas fantasmas para supuestos cargos en el Congreso. Hechos que motivaron grandes debates y críticas ciudadanas.

El fiscal Andrés Cuasapaz expresó su preocupación respecto a los límites del derecho a expresarse y el derecho a la intimidad. En ese marco, La Rue explicó que la privacidad es la protección del espacio personal de un ser humano y es inviolable. No obstante aclaró que ese espacio privado es menor para un funcionario que debe estar sujeto al escrutinio público, más que para un ciudadano. 

Se refirió a la doctrina europea que plantea cuatro categorías: primero el funcionario público con menor nivel de privacidad, después las personas que por su oficio se convierten en personajes públicos como los deportistas, en tercer lugar los administradores públicos y en último lugar la ciudadanía. 

En el taller también se abordaron otros temas como la diversidad y pluralismo de los medios, la libertad de expresión en Internet y el acceso a la información como elemento fundamental para el sistema democrático. 

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Censura, libertad de expresión, normativa internacional, acceso a la información, protección a periodistas y derecho a la réplica y rectificación fueron algunos de los temas abordados  en el taller virtual “Normativa y estándares mínimos con los que debe contar una legislación garantista en libertad de expresión”. El encuentro se llevó a cabo este 22 de noviembre con apoyo del ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza. 

El taller es parte de un ciclo de conversatorios organizado por FUNDAMEDIOS, el Instituto Republicano Internacional, IRI, la Comisión de Relaciones  Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional y el despacho de la asambleísta Marjorie Chávez para fortalecer los conocimientos de legisladores y asesores sobre los estándares internacionales en libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información.

Edison Lanza presentó el marco normativo y jurídico internacional, al que los países latinoamericanos han adherido y que garantiza la libertad de expresión. Citó a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados adicionales y jurisprudencia de la CIDH. También mencionó algunas limitaciones a la libertad de expresión contenidas en varios numerales del artículo 13 de la Convención como realizar propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional y  la violencia. 

El experto también citó dos dimensiones de la libertad de expresión. La individual que responde al derecho de expresarse y la dimensión social en la que las personas tienen derecho a informarse a través de diversos canales. 

Lanza ponderó la importancia del acceso a la información para la democracia. Si bien Ecuador tiene una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, aseguró que es importante una actualización en la que se garantice una cultura de transparencia. “Toda la información que da el Estado debe ser accesible para el pueblo”, reiteró. 

Otro de los temas importantes que se destacó fue la protección de periodistas. Según el ex Relator de la CIDH, los comunicadores son garantistas de la libertad de expresión, pero debido a discursos estigmatizantes hacia los medios y sus trabajadores se crean sociedades polarizadas que limitan el ejercicio de la prensa. “No hay peor forma de censura que la violencia”, destacó, refiriéndose al asesinato de los periodistas de El Comercio en 2018. 

En ese marco, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, mencionó que no hay articulación suficiente entre actores estatales y de la organización para la sociedad civil para garantizar el trabajo de la prensa. Un gran ejemplo de ello ha sido las constantes amenazas a periodistas en el marco de la actual crisis carcelaria y el impedimento de cobertura en temas sensibles con una escalada de agresiones a la prensa, lo que ha impulsado a hacer un llamado a los actores estatales para generar  un diálogo urgente a fin de adoptar políticas públicas reflejadas en acciones efectivas de protección y seguridad para la prensa.

Marjorie Chávez, asambleísta y miembros del Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión, quien presentó un proyecto de ley de Libertad de Expresión junto a Fundamedios y el asambleísta Fernando Villavicencio, aseguró que no han recibido mayores aportes al articulado, pero reconoció que el rol del Consejo de Comunicación debe ser el de garantizar de derechos. 

Finalmente Edison Lanza reiteró que la libertad de expresión es una de las primeras libertades para fortalecer la democracia y requiere que la sociedad civil cuide de este derecho para que el debate público no se vuelva tóxico ni polarizado, más aún cuando hay temas por debatirse a futuro como la vigilancia estatal, el pluralismo de los medios, Internet y gobernanza, entre otros.