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Diario El Comercio

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El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano.

En el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano. (Al final de este comunicado pueden consultar una línea de tiempo con las fechas del proceso contra Angulo Arboleda.)

Resulta pertinente recordar que en junio de este año también quedó en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien no se ha presentado a las audiencias que se continúan adelantando en su contra.

En 2018, el Estado anunciaba a las familias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haría todo lo posible para que los responsables fueran sometidos a la justicia, pareciera que ese compromiso se hubiese borrado con el paso del tiempo.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el acceso a la justicia ha sido indignante, y desgastante: “No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese: darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”.

Para Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH.

En ese sentido, el Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, debe adoptar lineamientos para priorizar la procuración de justicia en este caso, de conformidad con los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Como víctimas también nos afecta. Nos hace pensar que lamentablemente es un camino duro el cual tenemos que seguir labrando y luchando hasta poder conseguir el objetivo de llegar a esa justicia y a esa verdad y a esa equidad en este caso”, Ricardo Rivas.

200805 Comunicado Libertad por Vencimiento de Términos Cherry.docx

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Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra hacían su trabajo cuando, en abril de 2018, los asesinaron. Buscaban la noticia y a sus personajes. Defendían el derecho de ejercer su oficio y el de toda la sociedad de estar informada. Historias urgentes es una recopilación de voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este libro reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que no descansan en su exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.

El crimen también puso en evidencia las limitaciones de las instituciones ecuatorianas, y la estulticia de muchos funcionarios y políticos. Además, desató enormes muestras de solidaridad en la sociedad ecuatoriana. Pero quizá lo más conmovedor fue que mostró la humanidad, la dolorosa templanza de sus familias y colegas, que lucharon y luchan por esclarecer las razones profundas de su muerte y señalar no solo a los autores materiales, sino a los perpetradores intelectuales, a sus cómplices y encubridores.

Un manto de silencio no debe invisibilizar las deficiencias y omisiones de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a sus habitantes y al trabajo periodístico.

Agradecemos a todos quienes participaron en el proceso. Y recordamos que Fundamedios acompañará a las familias en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición: Historias urgentes.

 

 

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Dos años han pasado: y no hay respuestas. Un día como hoy, el 26 de marzo de 2018, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, de Diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje (norte de Esmeraldas) y trasladados a territorio colombiano por el Frente Óliver Sinisterra (FOS). El grupo narcoguerrillero, a cargo de Walter Patricio Arizala Vernaza, Guacho, los captó en medio de una escalada de violencia y días después los tres se convirtieron en víctimas de un crimen que tras 24 meses no tiene responsables. 

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Un documento de 104 páginas que indica que ese podría ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de las familias Ortega, Rivas y Segarra, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Para Fundamedios, se trata de un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra el periodismo es multidimensional. Además, es preciso garantizar su protección para que sea posible informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos ejerzan su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho.

Dos años después, la organización insiste en que el trabajo del ESE es inicial y deben crearse mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones. Instamos a la CIDH a que en el marco de las medidas cautelares aún en vigencia se haga un monitoreo exhaustivo a sus sugerencias, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse instrumentos regionales de seguridad. Pero también, una vez más, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Fundamedios exige que exista una desclasificación real de la información sobre los operativos en la zona de frontera y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias: solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

La coyuntura demuestra que, a pesar de este precedente, Ecuador todavía no ofrece las garantías necesarias a los trabajadores de la prensa para cumplir su rol. A pesar de que existen esfuerzos para que opere un Comité para la Seguridad de Periodistas, las condiciones de inseguridad afectan severamente el ejercicio periodístico. 

Se lo pido comprobar dramáticamente durante las protestas de octubre, con más de 200 reporteros agredidos. Y ahora se lo vuelve a percibir durante la crisis provocada por el COVID19

Los periodistas ecuatorianos enfrentan muchos retos al cubrir la pandemia en medio de la incertidumbre y sin que las autoridades adopten políticas de seguridad  y los medios de comunicación establezcan protocolos y medidas de prevención a quienes están altamente expuestos por su trabajo. En esas condiciones, la autoprotección es la única defensa de quienes informan desde las calles. 

A dos años del traumático secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín, la protección a los periodistas en el Ecuador es un pendiente que debe apelar a las conciencias de todos los actores.

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Los nombres del periodista Javier Ortega y del fotógrafo Paúl Rivas se agregarán a la muestra del Newseum: el rincón más importante de la memoria histórica en lo que refiere a periodismo y medios de comunicación. El Museo de las Noticias, ubicado en Washington D.C (EE.UU.), es un espacio interactivo que promueve la libertad de prensa.

Los familiares de los reporteros, Fundamedios y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) realizaron intensas gestiones ante los directivos del Newseum, con el fin de incorporar el legado de los integrantes del equipo periodístico ecuatoriano a este espacio. En el Memorial se honra a los trabajadores de la prensa fallecidos en todo el mundo, en cumplimiento de su deber de informar.

La directora ejecutiva y curadora del Newseum, Carrie Christoffersen, explicó que este 2019 los nombres de Juan Javier Ortega Reyes y Paúl Rivas serán agregados al Memorial como representantes de los 54 periodistas asesinados en 2018, según datos del CPJ. Expresó que el Newseum y el Freedom Forum Institute continúa ofreciendo sus condolencias por la pérdida de Paúl y Javier así como las de su colega, Efraín Segarra.   

Christoffersen puntualizó que el propósito del Memorial y del Newseum es recordar a sus visitantes la importancia del periodismo. Ofrecer un espacio en se que reconozcan los retos y riesgos que asumen quienes ejercen esta profesión: intimidación, prisión, violencia y muerte.

Ortega y Rivas forman parte del equipo periodístico que, en abril de 2018, fue asesinado a manos del frente Óliver Sinisterra, en la frontera entre Ecuador y Colombia. En el Journalists Memorial del Newseum se honra a aquellos reporteros, fotógrafos, presentadores de radio y televisión que murieron haciendo noticias. Más de 2200 profesionales de la información de todo el mundo están grabados en los paneles de cristal que cuelgan de las dos estructuras del museo. Este 2019, se incluirán 21 nombres.

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La mañana del 26 de marzo, familiares y colegas del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y asesinado en la frontera norte de Ecuador ofrecieron una rueda de prensa en la Plaza Grande, en el Centro de Quito. En el lugar los asistentes conmemoraron el primer aniversario del suceso y exigieron al Gobierno de Lenín Moreno respuestas concretas en torno a la muerte de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

Frente al Palacio de Carondelet, Yadira Aguagallo, expareja del fotógrafo Paúl, afirmó que los familiares y su equipo legal han exigido a la Fiscalía General del Estado que no se cierre la investigación en torno al asesinato de los comunicadores. “Hemos insistido a la Fiscalía que cambie su horizonte de investigación”, añadió.

“Lo más duro ha sido tener que vivir sin mi hijo y el resto del equipo” sentenció Galo Ortega, padre de Javier. Él se presentó al plantón con una cadena alrededor de su cuello y pecho como símbolo del encierro padecido por el equipo durante el secuestro, y el peso del doloroso proceso que han vivido los familiares de las víctimas.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl,  “la visión de reparación de las autoridades ecuatorianas fue muy corta”. El docente detalló que el accionar del Estado ecuatoriano en el caso ha sido deficiente, insensible e indignante, agregando que el hecho de que no exista un pronunciamiento oficial a sus demandas no hará que el país se olvide de este terrible atropello a los Derechos Humanos.

“Es una visión muy limitada, que piensa que los familiares solo buscamos favores económicos y lo que se busca exclusivamente en este caso es la verdad y la no repetición”, agregó Aguagallo.

Los familiares de las víctimas concuerdan en que durante el último año ha  primado una política de silencio alrededor del crimen contra el equipo periodístico. Los mismos sostuvieron que se han reunido con distintos asambleístas y otros funcionarios, sin embargo ninguno ha tomado el reto de fiscalizar las acciones de las autoridades que estuvieron al mando durante el secuestro.

Ricardo Rivas, Yadira Aguagallo y Galo Ortega esperan ansiosos el informe del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, creado para investigar este suceso. Anhelan que este instrumento sirva para llegar a la verdad no solamente en Ecuador sino también en Colombia.

Durante toda la semana, se realizarán varias actividades de vigilia para conmemorar al equipo.

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A un año del secuestro en la frontera colombo-ecuatoriana de Juan Javier Ortega Reyes, Paúl Giovanny Rivas Bravo y Kelly Efraín Segarra, del diario ecuatoriano El Comercio, las organizaciones que suscriben este comunicado hacen saber a la opinión pública que:

Destacamos los procedimientos para la recuperación e identificación de los cuerpos. También los avances en la investigación que a la fecha tienen acusadas a 3 personas, y a otras 4 con orden de captura.

También entendemos que ningún gobierno puede renunciar a la persecución de criminales como Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, y Luis Alberto Bermeo, alias ‘Pitufin’, responsables del secuestro y asesinato de los tres ciudadanos ecuatorianos. Reconocemos los esfuerzos de Colombia y Ecuador para cesar su actividad criminal haciendo uso de la fuerza legítima del Estado. Sin embargo, la muerte de alias ‘Guacho’ y de alias ‘Pitufin’ no es suficiente para evitar que en este caso haya impunidad.

Los gobiernos de Colombia y Ecuador no han dado explicaciones satisfactorias sobre lo sucedido en entre el 26 de marzo y el 13 de abril del 2018, las familias del equipo periodístico merecen saber con precisión cómo se desarrollaron los lamentables hechos.

El esclarecimiento de estos hechos es necesario para establecer la responsabilidad de los dos Estados en las fallas que se presentaron para garantizar los derechos básicos del equipo humano de El Comercio, tales como: la vida, la libre locomoción y la libertad de expresión.

Al mismo tiempo, como consecuencia de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 12 de abril del 2018, se creó el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH en cuyo mandato se encuentra el acompañamiento de las investigaciones que se realizan en las fiscalías de los dos países.

El trabajo del ESE ha tenido diversas dificultades para llevar adelante su tarea y finalmente se espera que se haga público su informe, que ahora mismo está ya en manos de los Estados.

Probablemente, los esfuerzos más consistentes para conocer la verdad de lo sucedido en la frontera entre finales de marzo y abril del año pasado, ha provenido del periodismo. El  trabajo conjunto de equipos periodísticos a los dos lados de la frontera se convirtió en una gran labor de sistematización de información. Más tarde en el libro Rehenes, los periodistas ecuatorianos Arturo Torres y María Belén Arroyo revelaron que las autoridades de cada país no detuvieron las operaciones de “barrido” en ambos lados de la frontera, a pesar de que se había solicitado y ordenado la suspensión de actividades para no poner en riesgo a los 3 ciudadanos ecuatorianos y buscar una negociación que facilitara su liberación. Adjunto a este comunicado está la carta radicada el 13 de febrero que detalla las inconsistencias consignadas en el libro Rehenes.

De manera extemporánea, el ministerio de Defensa solo contestó las dudas de las familias hasta el pasado viernes 22 de marzo. Dicha respuesta es insuficiente y no es satisfactoria para las denuncias detalladas en el libro. También se adjunta a esta comunicación la respuesta del ministerio de Defensa.

A un año de la desaparición del equipo periodístico ecuatoriano en la frontera, las organizaciones que defendemos el ejercicio periodístico en Colombia manifestamos nuestro temor porque no se sepa la verdad completa en este caso, lo cual también significa impunidad y resta posibilidades para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir.

Nariño, el principal  departamento fronterizo con Ecuador, es un lugar donde solo 6 de sus 64 municipios tienen una oferta suficiente de información. Los habitantes de la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador tienen derecho a estar informados de manera apropiada y eso solo lo puede garantizar el ejercicio del periodismo libre y seguro.

Agradecemos a la sociedad las manifestaciones de respaldo y cariño a lo largo de estos 12 meses. El periodismo está para servirle a los ciudadanos y, por tanto, este crimen fue un ataque a toda la sociedad. Pedimos a los colombianos y a los ecuatorianos que sigan acompañando a la prensa en los esfuerzos por saber la verdad completa sobre el crimen del que fueron víctimas Paúl, Efraín y Javier.

Fundamedios y la FLIP reiteran su voluntad de seguir acompañando a las víctimas y a las familias de los periodistas asesinados. Seguimos, también, comprometidos en apoyar los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad por llegar a la verdad. Exigimos a los Gobiernos y Fiscalías que den pasos certeros y decididos para no dejar estos terribles asesinatos en la impunidad. Instamos a la comunidad internacional a seguir acompañando las investigaciones, también a acordar con los Estados y las sociedades en todo el continente mecanismos más efectivos para la protección efectiva del periodismo.

Debemos recordar en esta fecha, no solo a Paúl, Javier y Efraín, con ellos también traemos a la memoria a los 144 periodistas mexicanos asesinados en la última década, cinco únicamente en lo que va del año. Los periodistas asesinados en Honduras, Brasil, Estados Unidos y en muchas parte del mundo deben encontrar justicia.

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La noche de este 21 de diciembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que Walter Patricio Arízala Vernaza, alias ‘Guacho’, estaba muerto. En Twitter, añadió que fue abatido por los “héroes de Colombia. Le dije al pueblo ecuatoriano que el crimen de los tres periodistas no quedaría en la impunidad”.

El narcoguerrillero era el líder de la disidencia de las FARC, Frente Óliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato, en abril pasado, de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. La Fiscalía de Colombia comunicó que el disidente murió en la vereda Peña Caraño, en Llorente, zona rural de Tumaco, Nariño.

La mañana de este sábado 22 de diciembre, Ricardo Rivas, Yadira Aguagallo, Galo y Andrea Ortega se pronunciaron ante el más reciente acontecimiento. La noche del viernes, autoridades colombianas les comunicaron que Arízala murió. Después de este contacto, la Presidencia del país vecino oficializó el anuncio. Autoridades de los ministerios de Justicia y del Interior de Ecuador también contactaron a las familias.

“Reconocemos el trabajo que ha desarrollado el Gobierno y La Fiscalía de Colombia. Pero bajo ningún concepto es motivo de celebración haber perdido una vida humana. Es fundamental reconocer que con la muerte de Guacho y Pitufín se va mucha información relevante para el esclarecimiento del caso”, dijo Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paúl.

En esa misma línea, Yadira Aguagallo, pareja del fotoreportero, enfatizó en que, tras la muerte del narcoguerrillero, no cabe el cierre de las investigaciones. “No fue solo alias Guacho. Alrededor de la estructura delictiva Óliver Sinisterra existen otros personajes que deben ser capturados hasta desmantelarla”. Los familias de las víctimas coinciden en que hasta que no se desclasifiquen todos los documentos, no se agoten todas las líneas indagación ni se determinen responsables a todos los niveles no es posible dar el caso por cerrado.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, indicó que desde la organización se insistirá en la necesidad de avanzar en las investigaciones a todo nivel. «No queremos que los gobiernos piensen que con este hecho se satisface la necesidad de verdad y justicia”, acotó.»

La realidad de los habitantes de la frontera norte del país es otro asunto pendiente para ambos gobiernos. A ello apuntan las declaraciones de Galo Ortega, padre del periodista Javier, quien conmina a las autoridades a preocuparse de esas personas que, en sus palabras, son víctimas de esas lacras dedicadas al narcotráfico.

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Este sábado 17 de noviembre, durante el Congreso Internacional de Periodismo en Debate (PerDebate 2018), coorganizado con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración para Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, asesinados en la frontera norte, en abril pasado. Familiares, amigos y colegas del equipo periodístico de Diario El Comercio hablaron de ellos como símbolo de la libertad de prensa y de la búsqueda de la verdad. Enfatizaron en la necesidad de esclarecer los acontecimientos que rodean el crimen.

La periodista Mónica Almeida, socia de FUNDAMEDIOS, afirmó que este suceso doloroso para la comunidad periodística en el Ecuador dejó en evidencia que los medios de comunicación y sus colaboradores son independientes a los intereses de sus dueños; contrario a la imagen que el gobierno de Rafael Correa buscó imponer durante su década de gobierno.

“Javier, Paúl y Efraín se convirtieron en inspiración de esa pasión periodística que nos lleva a buscar lo desconocido, de buscar la verdad. Ellos se convirtieron en un símbolo hasta que se sepa qué les pasó», dijo la Jefa de Investigación de Diario El Universo. También mencionó la importancia del informe preliminar del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el pasado 1 de noviembre. En el documento se enfatiza en la necesidad de reencauzar la investigación de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano.

Durante el homenaje, Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, agradeció a FUNDAMEDIOS y a la USFQ por el apoyo brindado. La periodista destacó que gracias al contingente de la organización fue posible lograr las medidas cautelares en la CIDH, las cuales servirán como herramienta para esclarecer los asesinatos.

«Esperamos que los estudiantes de periodismo no sean presas del miedo. A la corrupción, al narcotráfico, a la violencia se le hace frente con más y mejor periodismo», dijo la vocera de las familias de las víctimas.

Galo Ortega, padre de Javier, invitó a los asistentes a levantar la voz por los “héroes” caídos durante el ejercicio periodístico. “NADIE SE CANSA”, gritó. Frase a la que estudiantes, docentes y expositores se sumaron.

Patricio Segarra, hijo de Efraín, aseguró que lo ocurrido  marcó un rumbo nuevo para el periodismo ecuatoriano. Él relató la pasión y entrega de su padre en el momento de conducir a los reporteros a las distintas coberturas, siendo un aporte más en la reportería. ‘Segarrita’ fue un periodista de corazón.

Dimitri Barreto, macroeditor de Diario El Comercio, presentó un video dedicado a sus compañeros. Aprovechó para expresar la ilusión de que este material, junto con las pertenencias de Ortega, Rivas y Segarra, puedan llegar próximamente al Newseum, en Washington, D.C. (EE.UU.). Este es el museo más importante dedicado a la libertad de expresión y al homenaje a los periodistas caídos a escala mundial. 

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El pasado 1 de noviembre, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe preliminar sobre el crimen en contra de los periodistas del equipo de Diario El Comercio perpetrado en abril pasado, en la frontera entre Ecuador y Colombia.

En el documento se indica que en la Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriano “no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables y observa la necesidad de que la FGE realice un esfuerzo integrador que permita incorporar las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla de las FARC, en la frontera entre los meses de septiembre de 2017 y abril de 2018”.

El ESE recomienda a la Fiscalía incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico.

Basados en estas conclusiones, desde FUNDAMEDIOS consideramos que Wilson Toainga, fiscal a cargo del caso, ha dado muestras suficientes de negligencia y falta de idoneidad, por lo cual solicitamos a las autoridades pertinentes tomar las medidas necesarias para rencauzar las investigaciones y evitar que este crimen execrable quede en la impunidad. Entre estas acciones se torna necesario y urgente el cambio del Fiscal, actualmente responsable de las indagaciones en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

FUNDAMEDIOS se hace eco de las primeras conclusiones de la CIDH. “El derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido apareja el deber de las autoridades investigativas de examinar todas las variables que el caso plantea, de ahí la necesidad que se aborde esta línea de investigación de manera que se establezca cómo se gestionó el paso de los comunicadores mientras se mantuvo el estado de excepción decretado en la zona; si se adoptaron medidas de prevención y protección a periodistas dado el evidente interés público en los hechos que ocurrían y si eran suficientes para la protección de la integridad de los periodistas; así como las recomendaciones que se les impartieron en el puesto de control militar, entre otros aspectos”.

El informe preliminar del ESE también recomendó a la FGE incorporar a su plan de trabajo, actividades dirigidas a investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística que cumplía el equipo secuestrado, para lo cual es importante profundizar la investigación en relación al trabajo que realizaban los periodistas y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley, lo que a la postre podría abrir otro abanico de posibilidades acerca de la verdad de lo sucedido y de sus responsables.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recuerda que frente a crímenes contra periodistas, los Estados, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales, tienen la obligación de actuar con debida diligencia en las investigaciones, hecho que el fiscal Wilson Toainga, siete meses después de lo ocurrido, no ha logrado establecer.

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Hay molestias entre los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrados y asesinados en la frontera norte, en manos del grupo armado Oliver Sinisterra. La razón: las contradicciones en la información vertida por las autoridades de Ecuador y Colombia.

Este jueves 19 de julio de 2018, el ministro de Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín, aseguró que la captura de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra no fue en Ecuador. Según recogieron varios medios locales, el funcionario recordó que la investigación se realiza en otro país y que Ecuador dio las facilidades respectivas.

Al ser cuestionado, Jarrín dijo que si le preguntan sobre motivaciones, argumentos en otro país, es muy difícil que responda. Las consecuencias son dolorosas, pero Ecuador ha sabido responder para protección de sus ciudadanos, aseguró el Ministro. “Sobre una investigación en otro país, por supuesto que nos informan, pero no estamos en capacidad de investigar en otro país”, insistió el funcionario.

Tras esto, los familiares, Ricardo Rivas y Yadira Aguagallo, exigieron al Ministro transparencia y que aclare con base en qué afirmó que el equipo no fue secuestrado en territorio nacional. Recordaron que la primera vez que el entonces ministro del Interior, César Navas, se pronunció sobre el caso, el 26 de marzo de 2018 en las instalaciones del ECU-911, dijo que el secuestro se produjo en Ecuador. El hermano de Paúl Rivas manifestó que, si Jarrín tiene información diferente, quisiera que la entregue a la Fiscalía para la investigación pertinente.

Aguagallo recordó que la próxima semana el equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) llega al país. La primera actividad propuesta por los familiares es la entrega de la información que el Ejecutivo desclasificó para ellos. Según Aguagallo, las afirmaciones del ministro Jarrín deberían constar en el expediente que se entregará a este Equipo Especial.

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, afirmó que los comunicadores fueron secuestrados en Mataje, localidad ecuatoriana de la provincia de Esmeraldas. El pronunciamiento lo dio en una rueda de prensa, tras la detención de Gustavo Angulo, alias ‘Cherry’, supuesto autor del secuestro del equipo periodístico.

Las familias Rivas, Ortega y Segarra organizaron un plantón para este sábado 21 de julio. El encuentro se realizará a las 15:00 en el parque El Arbolito, en Quito, para manifestar que la desaparición de personas no debe normalizarse. Consideran que no es posible olvidar a los secuestrados, tras la violencia en la zona fronteriza con Colombia.