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Ecuador

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Las vidas de las familias Ortega, Rivas, Segarra; de sus amigas y amigos son ejemplo de dignidad. Dos años después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no descansan en su afán de exigir verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición. Lo afirmaron desde el 26 de marzo de 2018: ¡Nadie se cansa!

Tras 24 meses sin respuesta, Fundamedios presentó un foro virtual moderado por Juan Carlos Calderón, periodista y presidente de la organización; y donde intervinieron Galo Ortega, padre de Javier; y Yadira Aguagallo, miembro del colectivo Nos faltan 3 y pareja de Paúl. 

La conversación también fue el espacio para mostrar ‘Historias urgentes’, un libro editado por Fundamedios y que recopila las voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este texto reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que dan batalla en su búsqueda de respuestas.

“Nunca dejaré de decir que el Gobierno nos debe a nuestros seres queridos”, insistió Galo Ortega durante el foro. Para el hombre que se coloca cadenas y candados en honor al nombre de su hijo no ha pasado un día. “Todo lo que el Gobierno no ha hecho nos ha indignado, causa impotencia. Pero seguimos adelante en la lucha por la verdad”.

Y en eso coincide la periodista Yadira Aguagallo. “Cuando hay impunidad, intentos de silencio y no se encuentran respuestas sobreviene una profunda indignación. La búsqueda de justicia ya no es solo por esas tres personas que fueron asesinadas, sino que nos pone en perspectiva de las condiciones del periodismo ecuatoriano. Dos años después, nos faltan muchos más: nos faltan los periodistas que están muriendo en el contexto de la cobertura de la Covid19”.

Hay muchas cosas por hacer. Ortega y Aguagallo coinciden en que se ha hecho memoria sobre Paúl, Javier y Efraín; pero no se ha aprendido la importancia de que en Ecuador no exista impunidad y sí garantías de derechos.

En ese contexto, ‘Historias urgentes‘ también es un llamado a los Estados de Ecuador y Colombia a hacer una desclasificación real de la información que guardan, a no descansar en las investigaciones y a seguir las recomendaciones que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho. Es un pedido a esa Comisión a no abandonar el caso, a presionar para el cumplimiento de sus observaciones. 

‘Historias urgentes‘ es un recordatorio de que por Javier, Paúl y Efraín, nadie se cansa: Historias urgentes 

 

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Dos años han pasado: y no hay respuestas. Un día como hoy, el 26 de marzo de 2018, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, de Diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje (norte de Esmeraldas) y trasladados a territorio colombiano por el Frente Óliver Sinisterra (FOS). El grupo narcoguerrillero, a cargo de Walter Patricio Arizala Vernaza, Guacho, los captó en medio de una escalada de violencia y días después los tres se convirtieron en víctimas de un crimen que tras 24 meses no tiene responsables. 

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Un documento de 104 páginas que indica que ese podría ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de las familias Ortega, Rivas y Segarra, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Para Fundamedios, se trata de un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra el periodismo es multidimensional. Además, es preciso garantizar su protección para que sea posible informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos ejerzan su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho.

Dos años después, la organización insiste en que el trabajo del ESE es inicial y deben crearse mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones. Instamos a la CIDH a que en el marco de las medidas cautelares aún en vigencia se haga un monitoreo exhaustivo a sus sugerencias, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse instrumentos regionales de seguridad. Pero también, una vez más, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Fundamedios exige que exista una desclasificación real de la información sobre los operativos en la zona de frontera y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias: solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

La coyuntura demuestra que, a pesar de este precedente, Ecuador todavía no ofrece las garantías necesarias a los trabajadores de la prensa para cumplir su rol. A pesar de que existen esfuerzos para que opere un Comité para la Seguridad de Periodistas, las condiciones de inseguridad afectan severamente el ejercicio periodístico. 

Se lo pido comprobar dramáticamente durante las protestas de octubre, con más de 200 reporteros agredidos. Y ahora se lo vuelve a percibir durante la crisis provocada por el COVID19

Los periodistas ecuatorianos enfrentan muchos retos al cubrir la pandemia en medio de la incertidumbre y sin que las autoridades adopten políticas de seguridad  y los medios de comunicación establezcan protocolos y medidas de prevención a quienes están altamente expuestos por su trabajo. En esas condiciones, la autoprotección es la única defensa de quienes informan desde las calles. 

A dos años del traumático secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín, la protección a los periodistas en el Ecuador es un pendiente que debe apelar a las conciencias de todos los actores.

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El periodismo juega un rol clave en la gestión de crisis sanitarias y alertas globales como la que actualmente se atraviesa en torno al coronavirus. El trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población; pero, también, no comunicar bien produce desconfianza y miedo. Así lo han expresado las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) y el Instituto Poynter

En Ecuador, la cobertura del Covid19 cobró relevancia a partir del 29 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de la enfermedad en el país. En ese contexto, información de mala calidad sobre un virus que atraviesa un ciclo frenético de noticias puede llevar al pánico y a una reacción exagerada e ineficaz.

Se precisa pensar en la construcción de los titulares, en los ejes de las historias y las imágenes que se usan para su difusión. El contexto es crítico y hay temas locales para ser contados que, con pautas claras, permiten influir en la sociedad y, al mismo tiempo, combatir el fenómeno de la desinformación

Fundamedios, como parte de su objetivo de capacitar periodistas y promocionar un periodismo de calidad, desagrega elementos a tomar en cuenta en la cobertura: Periodismo en tiempos de COVID19.

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Se conformó una comisión ciudadana, sin agendas políticas o particulares que busca mediar y abrir canales de diálogo entre los cinco consejeros principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes actualmente están enfrentados por diversas causas. Esto ha provocado un deterioro institucional. 

“Para la opinión pública y para los sujetos políticos ha sido evidente la imposibilidad del diálogo fluido” entre los consejeros. Esto dificulta la gobernabilidad interna y deteriora la credibilidad institucional, irremplazables en un proceso electoral transparente. 

La meta es sugerir acciones enfocadas a trazar el rumbo adecuado de los objetivos nacionales, de cara a las elecciones generales de 2021. En rueda de prensa ofrecida el pasado 4 de marzo, Francisco Rocha, presidente de laAsociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep); Gonzalo Ruiz, subdirector adjunto de El Comercio; Boris Cornejo, director ejecutivo de Fundación Esquel; César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; y Simón Espinosa aclararon que su propósito es “facilitar la transparencia y no inmiscuirse en las funciones de los directivos del CNE”. 

Cabe señalar que la intervención de cada uno de estos ciudadanos es a título personal. No lo hacen en representación institucional de las entidades donde trabajan o colaboran.

“La Comisión quiere mediar en un diálogo entre los distintos consejeros para que se puedan realizar unos comicios absolutamente confiables y transparentes. La idea es que podamos aportar, desde sectores ciudadanos, sin agendas políticas”, explicó Ricaurte.

Las dudas se generan ya que hasta el momento, a menos de un año de asistir a las urnas, factores como el presupuesto, equipamiento, tecnología, no están claros en la logística ni capacidad operativa de la función Electoral. 

Rocha manifestó la “preocupación por el destino de la democracia en Ecuador; y, en especial, por el acontecer institucional del Consejo para dirigir, organizar y controlar” las votaciones, “la más alta expresión de voluntad del pueblo”. 

Cornejo reiteró que “no se trata de inmiscuirse en las funciones. Ecuador merece un clima de confianza en sus instituciones en la construcción de una democracia plena, libre y transparente”.

Este 5 de marzo, los miembros de la Comisión mantuvieron las primeras reuniones con el vicepresidente del CNE, Enrique Pita; y con el consejero José Cabrera. El próximo lunes 09 de marzo tienen previsto reunirse con la presidenta del Consejo, Diana Atamaint.

 

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Desinformación, marco legal, Derechos Humanos y nuevas narrativas fueron los temas que se analizaron el pasado 8 de febrero, en Ibarra (Imbabura), durante un taller coorganizado por Fundamedios, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Imán Transmedia, Diario El Norte y el Colegio de Periodistas de Imbabura. Hasta la Pontificia Universidad Católica (Pucesi) llegaron 40 personas interesadas en reflexionar en torno a los retos nuevos que enfrenta la profesión.

Durante la jornada, periodistas, comunicadores institucionales y estudiantes se capacitaron para combatir la difusión de contenidos falsos que actualmente representa un reto para responder con rapidez y precisión ante las audiencias; el ámbito legal que envuelve al oficio, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en febrero de 2019; las buenas prácticas periodísticas y las posibilidades que ofrece la realidad virtual en el momento de contar historias de la mano con la tecnología. 

El objetivo de este encuentro fue sensibilizar ante la optimización de la calidad de los contenidos y generar interés de las audiencias

Los asistentes coincidieron en la importancia de conocer insumos tecnológicos que faciliten las tareas de verificación, pues cada vez son más -y más potentes- las mentiras que circulan a través de la web. Un dato que valida esa impresión es que 2019 representó el año de la desinformación para Ecuador Chequea, portal de Fundamedios especializado en fact checking. En 2018 se atacó 79 mentiras, cifra que el año pasado trepó a 180. Eso implicó un aumento del 128% del trabajo de chequeo y evidenció que el uso de la información falsa no es inocente.

También se sintieron atraídos por las herramientas inmersivas y su impacto social. Juan Pablo Urgilés y Caridian Niama, de Imán Transmedia, presentaron ‘Cruzar’, un proyecto realizado entre periodistas de Ecuador y Venezuela que narra la historia de una mujer migrante a través de cámaras 360.

 

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El incidente del 4 de febrero en el cual un funcionario del Ejecutivo denunció al portal 4 Pelagatos (4P) por supuesta violación de propiedad intelectual está lejos de saldarse y deja muchas incógnitas abiertas respecto a la sobrevivencia de un aparato de censura sofisticado, heredado del correísmo en el seno de la misma Presidencia de la República, ante el cual ningún alto funcionario actuó durante los últimos años, pese a saber perfectamente lo que Juan Carlos Chávez y la llamada “Dirección de Síntesis y Alertas” hacían. Las denuncias públicas en este periodo se han acumulado, sin merecer ninguna respuesta. 

Chávez, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas, demandó a 4 Pelagatos por usar una fotografía de Lenín Moreno. Según la demanda introducida, esto viola la propiedad intelectual de Carondelet.

Luego de la denuncia de 4P y la condena temprana de organizaciones como Fundamedios, la Presidencia reaccionó y el mismo Presidente de la República llamó a los editores del portal. En la nota “Presidente, devuelva al país lo que no es suyo”, publicada el 5 de febrero en el portal, se describe que Moreno “se dijo molesto y sorprendido porque un funcionario de rango inferior hubiese podido, a nombre de la Presidencia, demandar a los pelagatos (…) ¿Qué podemos hacer? Preguntó el presidente. La respuesta: retirar la demanda, investigar quién tomó la decisión de demandar a 4P. por usar una fotografía de Lenín Moreno y, sobre todo, eliminar la falacia jurídica que Correa creó (y este gobierno conserva) para apropiarse ilegalmente de bienes públicos”. 

https://twitter.com/FUNDAMEDIOS/status/1224820600750989315?s=20

Esa misma noche, la Secretaría de Comunicación emitió un mensaje que matiza la condena del Mandatario e, incluso, justifica la censura con base en normas extranjeras de ‘copyright’: “El Gobierno Nacional, en su lucha contra la desinformación, al igual que muchos Estados, tiene derechos de autor sobre imágenes e información que genera. Y en función de sus facultades y la normativa general respectiva, precautela el buen uso de estos contenidos, sin que esto menoscabe el derecho que tienen los medios de informar”. 

El pronunciamiento contiene una falacia de fondo: la lucha contra la desinformación. El uso de normas de ‘copyright’ fue una forma creativa de censura generada durante el régimen autoritario de Rafael Correa y luego replicada por otros líderes del mismo tipo, como Viktor Orban, de Hungría; o Recep Erdogan, de Turquía; en lo que los expertos llaman “la curva de aprendizaje de los autoritarios”. 

Así es. En época de Correa el envío masivo de avisos de infracción de derechos de autor a los ciudadanos que criticaban su administración fue una práctica común. Medios, articulistas, tuiteros que utilizaron imágenes transmitidas por la televisión pública ecuatoriana, videos de YouTube donde figuraba el entonces Mandatario recibían estas alertas, caídas de sus portales o bloqueos de sus perfiles en redes sociales

Y hay un escenario que parece no mutar. Entre enero de 2018 y febrero de 2020, Fundamedios ha reportado 20 alertas de censura en Internet, las cuales contemplan el cierre de redes sociales pero también “abuso de normas de derechos de autor”. Existe preocupación de que el Gobierno abuse de las solicitudes de ‘copyright’ para silenciar a la prensa. Aquí un recuento de los casos más representativos.

El 11 de julio de 2019, el sitio de La Fuente fue suspendido por una orden de la Presidencia de la República. El argumento: violación de los derechos de copyright y autor, al usar material gráfico sin autorización en reportajes. El equipo denunció que las fotos aparecían en artículos relacionados a INA Papers, Arroz Verde e investigaciones que vinculaban a Santiago Cuesta, entonces consejero de Moreno. “Todos los contenidos que están vinculados con la Presidencia han sido censurados”, expuso el medio.

Previamente, el 8 de mayo, Fernando Villavicencio, director del portal, denunció un ataque por haber publicado fotografías de Presidencia de la República, reclamadas como protegidas con “derechos de autor”.

No fue el único. Entre el 29 y el 31 de julio de  2019, Ecuadorinmediato recibió 10 notificaciones en su servidor IWEB por infringir ‘copyright’ y mal uso de fotografías de “propiedad” de Carondelet. El proceso lo inició Juan Carlos Chávez Cevallos, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia; el consejero Cuesta y dos acusaciones anónimas. Se notificó al medio por uso de imágenes de Moreno con su homólogo colombiano, Iván Duque; y otras autoridades internacionales. También se reclamó la utilización de una gráfica de la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa

El 21 de noviembre del año pasado, los contenidos publicados en www.latindadd.org, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, fueron reportados y dados de baja con el mismo argumento: uso de una gráfica supuestamente protegida con derechos de autor desde Carondelet. En el artículo “Vicepresidente ecuatoriano se beneficiaría por desregularización de paraísos fiscales propuesta en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico” se publicó una imagen de Otto Sonnenholzner. El denunciante, una vez más, Juan Carlos Chávez.

El caso más reciente es el del portal 4 Pelagatos que 4 de febrero de 2020 alertó que el Gobierno de Lenín Moreno, a través del Técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia de la República, lo demandó por usar una fotografía del Primer Mandatario. 

Aunque el Gobierno se escuda en que Juan Carlos Chávez ya fue separado de la institución, hay una práctica que -aunque simulada- está vigente y abre serias interrogantes sobre lo que sucede en la Presidencia y en la estructura del Estado y que es posible resumir en un par de preguntas: ¿Qué tanto se desmontó en las instituciones estatales la estructura autoritaria correísta? Si esa estructura opera desde el mismo Palacio de Gobierno, aparentemente a espaldas de Moreno, ¿qué esperar de otros poderes del Estado?

Nótese que Chávez actuaba abierta y públicamente censurando contenidos a través de denuncias de copyright, por lo que cabe preguntarse, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo protegía? ¿Era solo Chávez o esta unidad de Síntesis y Análisis es, en realidad, una oficina de censura que opera desde Carondelet?

Si en febrero de 2019 Moreno firmó la Declaración de Chapultepec, herramienta que consagra la existencia de una prensa libre como “condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”, no puede -paralelamente- aprovecharse del mecanismo instaurado por un régimen autoritario como lo fue el de su antecesor para silenciar lo que pueda fastidiarle. Al no haberse desmontado las estructuras autoritarias, Ecuador está ante más de lo mismo: la acumulación de mordazas.

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Desinformación y nueva legislación son dos temas relevantes en el quehacer del periodismo ecuatoriano. En la actualidad, la difusión de contenidos falsos reta a los periodistas a responder con rapidez y precisión ante las audiencias; mientras tanto, también se precisa conocer el ámbito legal que envuelve al oficio, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en febrero de 2019. Ese contexto fue la base para el taller que Fundamedios dictó a comunicadores de Manabí, provincia costera de Ecuador.

El pasado 16 de enero, César Ricaurte, director ejecutivo; y Desirée Yépez, directora de Contenidos de la organización, impartieron en Portoviejo dos jornadas donde se analizaron dichas temáticas. En un primer acto se convocó a los comunicadores institucionales en las instalaciones de la Gobernación de la provincia. Más de 20 relacionadores públicos se capacitaron en manejo de herramientas para verificar el origen de una información que no es real.

Los asistentes coincidieron en la importancia de conocer insumos tecnológicos que faciliten las tareas de verificación, pues cada vez son más -y más potentes- las mentiras que circulan a través de la web. Un dato que valida esa impresión es que 2019 representó el año de la desinformación para Ecuador Chequea, portal de Fundamedios especializado en fact checking. En 2018 se atacó 79 mentiras, cifra que el año pasado trepó a 180. Eso implicó un aumento del 128% del trabajo de chequeo y evidenció que el uso de la información falsa no es inocente.

Estas herramientas también se compartieron con estudiantes y docentes universitarios. Fundamedios, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Federación Nacional de Periodistas del Ecuador(Fenape), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Colegio de Periodistas de Manabí y Universidad Laica Eloy Alfaro convocaron a más de 100 personas para profundizar en torno al fenómeno de la desinformación y del marco normativo que regula las tareas de la prensa en el país.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, desmenuzó ocho factores clave que hay comprender sobre la LOC que en la actualidad está modificada y vigente. El cuerpo legal fue reformado en un 76% y varios de sus cambios implican las labores periodísticas. “La Ley actual es mejor que la anterior, pero aún tiene problemas porque todavía es una herramienta en manos del Estado, del poder”, enfatizó el periodista.

Las reformas de la Ley abrieron un amplio y profundo debate. Esta fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista diversos sobre la profesión y sus regulaciones.

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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en loInforme FDM EC 2019 (2)s últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo 

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El Internet Governance Forum (IGF), organizado por Naciones Unidas (ONU), reúne en un espacio libre y horizontal a los implicados en el desarrollo de un Internet libre, democrático, incluyente y abierto. Este 2019, se lleva a cabo en Berlín – Alemania del 25 al 29 de noviembre. 

El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la reunión preparatoria local, donde se sentaron las bases para la constitución de un IGF que, una vez institucionalizado, funcione como herramienta para lograr acuerdos en torno a políticas públicas dirigidas a la utilización de la red como un factor de construcción democrática y desarrollo socioeconómico. Este espacio fue coordinado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y Fundamedios. 

Internet y Derechos Humanos, Gobernanza Digital, Ciberseguridad, Alfabetización Digital e Internet abierto fueron los ejes para plantear recomendaciones y sugerencias. Más de 50 participantes de los distintos sectores pertenecientes al sector público, privado, sociedad civil, academia, comunidades técnicas, periodistas y medios de comunicación colaboraron en el desarrollo de los aspectos clave para encaminar al país a un proceso de transparencia y gobernanza en Internet. 

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Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.