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Ecuador

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Ecuador, 11 de mayo 2020.- Desde la declaratoria de emergencia por la COVID-19, Fundamedios vio con preocupación cómo el gremio periodístico fue golpeado por la pandemia. Despidos masivos, colapso operativo de medios, contagios y fallecimientos de trabajadores de medios de comunicación han sido recurrentes. 

El 14 de abril, la organización, con apoyo de SOS Familias Guayaquil, elaboró un cuestionario para dimensionar la problemática en la provincia del Guayas, epicentro de la crisis sanitaria.  Esta herramienta se distribuyó por correo electrónico y WhatsApp hasta el 21 de abril. 

También se accedió a una lista de periodistas de emisoras pequeñas, así como de canales de televisión que perdieron su empleo debido a la pandemia y, por lo tanto, su situación económica era precaria. El equipo de FDM constató telefónicamente cada uno de los casos. 

Con eso se levantó una lista de 113 periodistas y sus familias que presentaban necesidades urgentes. El 22 de abril se puso en marcha la campaña de recolección de fondos #SOSPeriodistas a la que se sumaron otras organizaciones de periodistas y comunicadores: Periodistas sin Cadenas, Nos Faltan 3 y Chicas Poderosas

Hasta el pasado 5 de mayo se recaudó $1360 y se apoyó directamente a 23 afectados. Una lista de 75 comunicadores fue acogida dentro del programa de asistencia económica Salvar Vidas Ecuador, del Banco de Guayaquil. Actualmente, se gestiona apoyo para otros 11 periodistas que podrían recibir ayuda internacional. 

Quienes integramos #SOSPeriodistas estamos convencidos de que el trabajo de la prensa en época de crisis es fundamental para garantizar el derecho de la ciudadanía a informarse. Agradecemos a quienes se sumaron y aportaron. 

Insistimos en instar al Estado a activar los mecanismos necesarios para precautelar la vida y la seguridad de quienes se exponen durante la pandemia con el objetivo de informar. Además, exigimos al Ministerio de Trabajo y al Comité de Protección de Periodistas que establezcan mecanismos de verificación de las medidas tomadas por las empresas periodísticas en cuanto a despidos para que no se vulneren derechos laborales.

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Quito, mayo 2020En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se realizó el foro virtual Desinfodemia en América Latina: hechos-19, coorganizado por Fundamedios y la Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea, las Embajadas de Estados Unidos y de Canadá, en Ecuador, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés). El centro temático del fue el fenómeno de la desinformación, con énfasis en los impactos de la difusión de contenidos falsos en el escenario de la COVID-19

La iniciativa contó con la participación de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; Saadia Sánchez Vega, directora de la oficina de la UNESCO en Quito y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela; Desirée Yépez, de Ecuador Chequea; Liliana Elósegui, de Verificado México; Luiza Bandeira, de Digital Forensic Research Lab (DRL)-Atlantic Council; y Cristina Tardáguila, de la International Fact-Checking Network (IFCN) y Poynter Institute.

Al inicio del foro, Saadia Sánchez mencionó que durante la crisis, la información se ha colocado en el centro del escenario: Lo que ha denominado la UNESCO ‘desinfodemia’” es un flagelo que desvirtúa e incluso falsifica la realidad con consecuencias de vida o muerte al estimular decisiones esencialmente ‘desinformadas’ sobre la COVID-19”. Además, expresó que la información verificable y fiable es la llave para construir sociedades del conocimiento. 

#WorldPressFreedomDay Hechos-19: La Desinfodemia en América Latina

Foro organizado por Fundamedios, UNESCO Quito, UNESCO en español, Embajada de Estados Unidos en Quito, Embajada de Canadá en Ecuador, Unión Europea en Ecuador y PADF Ecuador.Participan: Cristina Tardáguila Poynter, Liliana Elósegui Verificado, Luiza Bandeira DFRLab, Nela Balbi IPYS Venezuela, Desirée Yépez Ecuador ChequeaModera: César Ricaurte FundamediosIntroduce: Saadia Sánchez Vega

Publicerat av FUNDAMEDIOS Onsdag 6 maj 2020

Por su parte, Cristina Tardáguila indicó el impacto de siete olas de desinformación  en torno a la COVID-19: origen, manipulación de archivos multimedia, métodos de prevención, xenofobia, politización de la enfermedad, confinamiento y la ultrapolitización. Por su parte, Luiza Bandeira acotó que el cambio constante supone una situación demandante y de creciente complejidad para el trabajo periodístico: “Hoy las personas están comprendiendo cómo la información sirve para generar una narrativa de intereses particulares”.

Desirée Yépez apuntó a la confianza recobrada por el periodismo desde la perspectiva ciudadana, específicamente en lo relativo a su rol fiscalizador de la función pública. Mientras que Liliana Elósegui añadió que los bots (programas informáticos) han encontrado en los vacíos informativos espacios para introducir datos que, en muchas ocasiones, terminan en fraudes o estafas, sobre todo en América Latina. Precisó que, frente a ello, los equipos de periodistas a escala mundial deben reforzar la disponibilidad de herramientas relevantes y educar a las audiencias acerca de la verificación de contenidos, para fortalecer las defensas ciudadanas ante la desinfodemia.  

César Ricaurte concluyó que los periodistas, trabajadoras y trabajadores de la prensa son cruciales como guías de la ciudadanía para tomar decisiones informadas. “Ahora más que nunca necesitamos que los medios de comunicación documenten lo que está sucediendo”, puntualizó.

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Ecuador, 3 de mayo de 2020

Sr. Licenciado

Lenín Moreno

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 

Sr. Ingeniero

César Litardo

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador

Presente.-

Carta abierta de Fundamedios a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado ecuatoriano 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 decenas de medios de comunicación pueden extinguirse 

 

La situación de los medios de comunicación ecuatorianos es crítica. La pandemia de la COVID-19 supone una paradoja: hay un consumo elevado de información indispensable, pero el periodismo enfrenta un presente y futuro precarios. Durante las últimas semanas, Ecuador es un escenario donde se tornan comunes los despidos masivos de las redacciones e, incluso, el final de las operaciones: la prensa deja de imprimirse. 

Este problema no tiene únicamente dimensiones empresariales. Tampoco se reduce a la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Se trata de Derechos Humanos que impactan en la libertad de expresión, pues el silenciamiento de voces atenta contra el pluralismo y la circulación de ideas, indispensables en una sociedad democrática. 

Las complicaciones de las empresas mediáticas no nacen con el nuevo coronavirus. Pero sí se agudizan. La economía débil del país se agravó con la emergencia sanitaria y precipitó la crisis. Para ponerlo en números, desde la declaratoria del estado de excepción el pasado 16 de marzo: por lo menos siete periódicos dejaron de circular en su versión impresa y decenas de trabajadores han sido separados de los medios. 

La alerta se encendió el 21 de abril, cuando Diario El Universo notificó la reducción de personal de las distintas áreas. Más de 150 colaboradores pasaron a estar desempleados. El periódico, que desde 1921 circula a escala nacional, anunció que en mayo modificará el tamaño de su edición impresa.

Un día después, el 22, se supo de la situación de Canal UNO, que ya estaba golpeada. Quince de sus trabajadores fueron despedidos telefónicamente. Personal que no había recibido su salario desde junio de 2019 y que actualmente denuncia una serie de irregularidades ante este acto intempestivo: ni siquiera se le ha permitido el paso a las instalaciones de la televisora para dialogar con los directivos y mediar las indemnizaciones. 

Mientras esto ocurre, las imprentas se detienen -literalmente-. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reconoce que el sector más impactado son los impresos que no se aventuraron a la transformación digital, pues comprar insumos implica un costo. Además, la circulación y venta de los ejemplares se limitan por las condiciones del estado de excepción. En Ecuador, los efectos son claros. 

Desde diciembre de 2009, en el país se gravó al papel periódico con el 12 % de IVA. Y desde mediados de marzo de 2020 está en vigencia un toque de queda que impide que voceadores puedan expender los rotativos en las calles.  

“La situación de los medios de comunicación nacionales ha sido bastante difícil y dura desde hace 10 años, cuando el Gobierno utilizó todos sus mecanismos para imponer trabas al periodismo independiente”, reconoce Juan Manuel Yépez, editor de Contenidos de Gráficos Nacionales S.A (Granasa) que edita Extra y Expreso. Esto quiere decir el panorama ya era pantanoso. Sin embargo, la pandemia supuso una oportunidad para que esas marcas históricamente posicionadas defiendan su rol en una sociedad democrática, garanticen el derecho al acceso a la información y combatan en primera línea el fenómeno de desinfodemia que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como otro de los peligros que acechan: las epidemias nocivas de rumores e información engañosa. 

“La difusión de contenidos falsos ha apuntalado la credibilidad de quienes nos hemos preocupado por contrastar y verificar los datos que circulan, reportamos desde hospitales, morgues, barrios. Estamos empeñados en no bajar los brazos: en el papel y en el digital”, describe el periodista. Aunque Granasa todavía no ha recortado personal en su redacción, sí asumió una caída en el tiraje de sus productos. 

Extra, conocido por ser el de mayor circulación nacional, bajó su impresión en un 71 %. Y Expreso en 55 %.

Desde la Unesco se advierte que si ante esta crisis económica y de seguridad sanitaria no se hace algo, se asiste a un “evento de extinción de los medios”. Así de alarmante y real. 

El viernes 24 de abril, la editorial Minotauro, responsable de Diario La Hora, empezó un proceso de suspensión de la circulación total de sus ediciones. En la carta con que notifica a sus colaboradores expone que “las condiciones de evidente fuerza mayor provocaron la paralización de toda venta e ingreso, por lo que imposibilita completamente la continuidad normal de nuestras actividades y lamentablemente nos obliga a suspender de manera definitiva nuestras operaciones comerciales”. Así terminó la historia de un periódico que se fundó en 1982 y que destacó por su enfoque en la cobertura local y provincial.

Guilherme Canela, Consejero de la Unesco en Comunicación e Información, insiste en la necesidad de generar mecanismos que funcionen como salvaguardia en este naufragio, pero que no limiten la autonomía editorial. Desde el Gobierno de Lenín Moreno hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre posibles incentivos que permitan sostener la actividad periodística. ¿Es su responsabilidad? El artículo 17 de la Constitución reza que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Pero en la situación actual, ni siquiera se los considera para acceder a préstamos bancarios.

Ese es el caso de Diario El Norte, de Ibarra, que no ha podido ser sujeto de crédito porque “la prensa está en el grupo de riesgo”. Sus ingresos por venta de ejemplares y publicidad se desplomaron, puesto que ya no se imprime y se entrega virtualmente a través de Telegram. “No se ha dejado de informar, seguimos con el digital de 24 páginas y con un canal en línea en Facebook; pero en estos momentos es más difícil  monetizar porque las prioridades de la gente y de las empresas son otras”, reconoce Patricio Pérez, director del rotativo.

Instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE) adeudan cientos de miles de dólares a varios medios por pauta electoral correspondiente a 2018 y 2019. “Desde hace un año, el Estado debe una cantidad importante y no nos paga. Si lo hiciera, sería una gran ayuda”, revela Pedro Zambrano, director de Ediasa, responsable de los periódicos El Diario y La Marea (Manabí), Centro (Santo Domingo), el canal Manavisión y la radio Amiga. Actualmente su objetivo es encontrar un modelo que permita operar ante la coyuntura donde la web duplicó en visitas pero no en ventas como para mantener al personal que la actualiza. 

La situación se replica en las redacciones locales. Lucy Freire, vocera de la Asociación de Editores de Periódicos de Provincia, señala que, a pesar de las limitaciones, se trabaja más. Ahora enfrentan la imposibilidad de reponer insumos -como el papel-, la dificultad para llegar a tiempo con los salarios y la necesidad de cumplir con los lectores que demandan información. “Hay un exceso de trabajo, disminución de suministros, al no haber ingreso se complica hacer nuevos pedidos. Es una situación calamitosa”, confirma.

En la organización que representa también dan seguimiento a lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía que no pueden reponer sus reservas para imprimir. “Trabajan a través de Facebook, en una zona donde apenas el 18% tiene acceso a Internet”, comenta. 

Los porcentajes en la baja de los ingresos y circulación coincide con las cifras globales. Los datos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) apuntan a caídas bastante homogéneas en el mundo que van del 60 % al 80 % en ingresos publicitarios y del 20 % al 25 % en el tiraje de periódicos. Los medios privados resultan especialmente castigados. Los ingresos han mermado entre el 70 % y el 80 %.

¿Qué tienen el Gobierno y la Asamblea Nacional en sus manos? La posibilidad de aliviar la situación de quienes defienden el derecho de la ciudadanía a estar informada. ¿Cómo?

  • Exención de IVA 
  • Líneas de crédito específicas
  • Revisión de las directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre de 2020 del sector público que impide la contratación de pauta
  • Que el crédito fiscal a favor de la empresa de medios de comunicación sea utilizado para pagar cualquier tributo estatal. Quienes accedan al incentivo deben mantener la nómina bajo acuerdos laborales.
  • Que el gasto en publicidad de las empresas, de cualquier tamaño, en medios sea deducible al pago del Impuesto a la Renta.
  • Que el Gobierno mantenga el gasto programado en medios de comunicación.

La situación es tan alarmante que el mismo Diario El Telégrafo, a cargo de la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, abandonó su versión física desde mediados de marzo.

El 3 de mayo de 2018, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, usted, señor presidente Lenín Moreno, afirmó que “es deber de los medios de comunicación lograr que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a información verdadera y sin censura» y estos son una “piedra angular de la democracia”. 

Entonces, señores presidentes de la República y de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el destino de un país que asiste en silencio al entierro de sus medios?

Atentamente,

Fundamedios

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El periodismo juega un rol clave en la gestión de crisis sanitarias y alertas globales como la que actualmente se atraviesa en torno al nuevo coronavirus. El trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población; pero, también, no comunicar bien produce desconfianza y miedo. En ese contexto, la mañana de este 30 de abril se desarrolló un webinar enfocado en las buenas prácticas periodísticas y la seguridad de quienes reportan en primera línea. 

Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) coorganizaron un taller virtual dirigido por César Ricaurte. El espacio, que contó con la participación de 24 inscritos sirvió para repasar los distintos mecanismos y protocolos que garantizan el ejercicio periodístico en el país.

En Ecuador, la cobertura de la COVID-19 cobró relevancia a partir del 29 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de la enfermedad. En ese contexto, información de mala calidad sobre un virus que atraviesa un ciclo frenético de noticias puede llevar al pánico y a una reacción exagerada e ineficaz.

Paralelamente, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) incluye que el Estado y los medios de comunicación son responsables de proteger a los trabajadores. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación elaborará y coordinará las acciones necesarias. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria esas necesidades no se han visto cubiertas y por eso resulta relevante insistir en la autoprotección de los reporteros.

Además, en el momento de armar las piezas periodística se precisa pensar en la construcción de los titulares, en los ejes de las historias y las imágenes que se usan para su difusión. El contexto es crítico y hay temas locales para ser contados que, con pautas claras, permiten influir en la sociedad y, al mismo tiempo, combatir el fenómeno de la desinformación

 

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El 1 de abril de 2020, la revista digital La Barra Espaciadora lanzó el proyecto  Memorias Vivas. Pocos días después del estado de excepción declarado en Ecuador, las cifras inexactas emitidas a través de boletines oficiales no daban cuenta de las vidas perdidas por el COVID-19. Entonces, un grupo de periodistas se unió para construir obituarios y rendir homenaje a los fallecidos durante la emergencia, cuyos familiares están imposibilitados de realizar funerales.

Al día de hoy, en Memorias Vivas, que cuenta con el apoyo de Fundamedios, se han publicado 73 obituarios, y en el registro están pendientes casi 600 nombres. Amigos, familiares y gremios han contactado al equipo porque quieren inmortalizar el recuerdo de quienes amaron y que no sean olvidados detrás de un balance general de la pandemia.

“Una cosa desgarradora del momento que vivimos es que nuestros seres queridos no pueden recibir el homenaje colectivo que merecen. Este proyecto intenta reparar de algún modo esa imposibilidad. Porque todas las vidas perdidas son importantes”, resalta la periodista Alina Manrique. Cada día, ella y los periodistas Diego Cazar, Thalíe Ponce, José Miguel Cabrera, Jackeline Beltrán, Eddie Paucar y Karla Armas, verifican nombres, edades, profesiones e historias.

“Detrás de los números hay vida. Mucha vida”, apunta Diego Cazar, quien destaca la potencia del periodismo colaborativo en tiempos de emergencia nacional. Sin duda, Memorias Vivas, de La Barra Espaciadora, servirá como fuente de consulta para establecer la dimensión de la tragedia y sus múltiples matices.

“Se pretende ganarle al olvido, darle rostro a las cifras, poner nombre a esas personas que no están y que no pudimos abrazar”, subraya Thalíe Ponce. Recordarlas en este memorial colectivo es un ejercicio para buscar la verdad y hacerle frente al dolor.

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Ante la situación de emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada de la COVID- 19, colectivos, periodistas y trabajadores de la comunicación nos hemos autoconvocado para señalar necesidades urgentes que garanticen el ejercicio de nuestra profesión. Principalmente, exigimos al Gobierno Nacional que se comprometa a preservar la salud y la vida, respetar los Derechos Humanos y a garantizar el ejercicio periodístico como parte de sus obligaciones democráticas, conforme al artículo 18 de la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).

Casi un mes después de haberse decretado la cuarentena en el país, manifestamos nuestra preocupación frente a hechos y medidas tomadas por el Gobierno que vulneran el derecho al acceso a la información y la transparencia de la misma. Alertamos sobre la creciente cifra de periodistas y trabajadores en medios que han fallecido como consecuencia del contagio en el ejercicio de sus funciones y que hasta el 13 de abril sumaban, por lo menos, nueve. Además, se han identificado mínimo 16 contagios y 18 personas en aislamiento. Estas cifras suponen un subregistro, precisamente por la dificultad de realizarse pruebas y las limitaciones para acceder a datos precisos.

En una crisis sanitaria, como la que enfrentan Ecuador y el mundo, la posibilidad de garantizar el acceso a información útil, oportuna, precisa, documentada y transparente puede evitar que se profundice el caos generado por rumores y datos falsos, especialmente en redes sociales; además, puede ayudar a evitar contagios y salvar vidas. Sin embargo, como lo reseña una carta abierta suscrita por varios periodistas ecuatorianos, desde que se implementaron las medidas de aislamiento social y se estableció el mecanismo de las denominadas ruedas de prensa virtuales, esa posibilidad se ha visto limitada. Como muestra de ello, se han recogido testimonios de reporteros que tienen dificultades en los espacios abiertos por las autoridades para entregar información y ven limitadas sus posibilidades de repreguntar para asegurar que sus audiencias reciban información completa y oportuna.

Quienes ejercemos el periodismo tenemos que enviar las preguntas con anterioridad a chats de prensa coordinados por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom), pero desconocemos los filtros para seleccionarlas. A esto se suma la falta de respuesta a los pedidos realizados a instituciones públicas y a las autoridades locales que atienden la crisis, cuando es su obligación comunicar de forma transparente y entregar los datos solicitados. Queremos advertir la falta de una estrategia para que la información sea accesible a las audiencias de los pueblos y nacionalidades indígenas, al igual que para las personas con discapacidad auditiva. Esto desconoce el derecho a la comunicación intercultural e incluyente reconocido por la Constitución.  En su lugar, vemos con preocupación cómo se ha intentado marcar pautas e incidir en la cobertura de los medios de comunicación, lo cual a futuro podría configurarse en censura previa

Enfatizamos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Harlem Désir, establecen que los gobiernos deben garantizar información veraz sobre el coronavirus. Según el comunicado, el periodismo es crucial ya que informa al público y monitorea las acciones del Gobierno. 

Adicionalmente, en una encuesta sobre condiciones laborales de periodistas cubriendo la emergencia, impulsada desde la sociedad civil, se señala la importancia de que el Ministerio de Trabajo exija a las empresas relacionadas al ámbito del periodismo y la comunicación la creación de protocolos específicos para el manejo de la emergencia, la distribución de implementos de bioseguridad, acceso a la salud integral —física y psicológica—, y respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo conductores y personal de limpieza.

Por lo expuesto:

  1. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los trabajadores de la comunicación que han fallecido en esta coyuntura y exigimos que las autoridades dispongan los medios necesarios para asegurarles un descanso digno. Asimismo, nos solidarizamos con los compañeros que se encuentran a la espera de la toma de una prueba o de un diagnóstico y hacemos un llamado para que las autoridades pertinentes y los medios a los que pertenecen se apersonen de sus casos.
  2. Exigimos que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación, creado en abril de 2019, se encargue de atender estas necesidades. Entre las que están el acceso a test de COVID-19 y servicios de salud integral, protección de derechos laborales, reformulación de las ruedas de prensa virtuales para que se garantice el acceso sin ningún tipo de discriminación a datos precisos y oportunos.
  3. Si bien, en declaraciones del 10 de abril de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha ofrecido una reestructuración de las ruedas de prensa, es fundamental que estas respeten el principio de pluralidad y diversidad para que todos los periodistas, sin importar el medio al que pertenezcan puedan participar de ellas. Exigimos que el nuevo mecanismo sea transparente, que sea dado a conocer de manera oportuna y que contenga el compromiso de las autoridades para responder las inquietudes de los periodistas.
  4. Acceso a fuentes no oficiales: Como lo han manifestado múltiples organizaciones de libertad de expresión en la región y el país, es fundamental tener en cuenta que el libre ejercicio periodístico comprende la contrastación de información con fuentes no oficiales para fortalecer el debate público. En este caso, el personal médico que atiende la emergencia de primera mano y los pacientes son fuentes indispensables para la prensa. Es imperativo que las autoridades hospitalarias se abstengan de promover medidas restrictivas que dificulten el diálogo de la prensa con este tipo de fuentes.

Se adhieren a este manifiesto y firman en conjunto las siguientes organizaciones, gremios, facultades de comunicación y medios:

 

 

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Las vidas de las familias Ortega, Rivas, Segarra; de sus amigas y amigos son ejemplo de dignidad. Dos años después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no descansan en su afán de exigir verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición. Lo afirmaron desde el 26 de marzo de 2018: ¡Nadie se cansa!

Tras 24 meses sin respuesta, Fundamedios presentó un foro virtual moderado por Juan Carlos Calderón, periodista y presidente de la organización; y donde intervinieron Galo Ortega, padre de Javier; y Yadira Aguagallo, miembro del colectivo Nos faltan 3 y pareja de Paúl. 

La conversación también fue el espacio para mostrar ‘Historias urgentes’, un libro editado por Fundamedios y que recopila las voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este texto reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que dan batalla en su búsqueda de respuestas.

“Nunca dejaré de decir que el Gobierno nos debe a nuestros seres queridos”, insistió Galo Ortega durante el foro. Para el hombre que se coloca cadenas y candados en honor al nombre de su hijo no ha pasado un día. “Todo lo que el Gobierno no ha hecho nos ha indignado, causa impotencia. Pero seguimos adelante en la lucha por la verdad”.

Y en eso coincide la periodista Yadira Aguagallo. “Cuando hay impunidad, intentos de silencio y no se encuentran respuestas sobreviene una profunda indignación. La búsqueda de justicia ya no es solo por esas tres personas que fueron asesinadas, sino que nos pone en perspectiva de las condiciones del periodismo ecuatoriano. Dos años después, nos faltan muchos más: nos faltan los periodistas que están muriendo en el contexto de la cobertura de la Covid19”.

Hay muchas cosas por hacer. Ortega y Aguagallo coinciden en que se ha hecho memoria sobre Paúl, Javier y Efraín; pero no se ha aprendido la importancia de que en Ecuador no exista impunidad y sí garantías de derechos.

En ese contexto, ‘Historias urgentes‘ también es un llamado a los Estados de Ecuador y Colombia a hacer una desclasificación real de la información que guardan, a no descansar en las investigaciones y a seguir las recomendaciones que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho. Es un pedido a esa Comisión a no abandonar el caso, a presionar para el cumplimiento de sus observaciones. 

‘Historias urgentes‘ es un recordatorio de que por Javier, Paúl y Efraín, nadie se cansa: Historias urgentes 

 

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Dos años han pasado: y no hay respuestas. Un día como hoy, el 26 de marzo de 2018, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, de Diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje (norte de Esmeraldas) y trasladados a territorio colombiano por el Frente Óliver Sinisterra (FOS). El grupo narcoguerrillero, a cargo de Walter Patricio Arizala Vernaza, Guacho, los captó en medio de una escalada de violencia y días después los tres se convirtieron en víctimas de un crimen que tras 24 meses no tiene responsables. 

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Un documento de 104 páginas que indica que ese podría ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de las familias Ortega, Rivas y Segarra, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Para Fundamedios, se trata de un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra el periodismo es multidimensional. Además, es preciso garantizar su protección para que sea posible informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos ejerzan su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho.

Dos años después, la organización insiste en que el trabajo del ESE es inicial y deben crearse mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones. Instamos a la CIDH a que en el marco de las medidas cautelares aún en vigencia se haga un monitoreo exhaustivo a sus sugerencias, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse instrumentos regionales de seguridad. Pero también, una vez más, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Fundamedios exige que exista una desclasificación real de la información sobre los operativos en la zona de frontera y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias: solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

La coyuntura demuestra que, a pesar de este precedente, Ecuador todavía no ofrece las garantías necesarias a los trabajadores de la prensa para cumplir su rol. A pesar de que existen esfuerzos para que opere un Comité para la Seguridad de Periodistas, las condiciones de inseguridad afectan severamente el ejercicio periodístico. 

Se lo pido comprobar dramáticamente durante las protestas de octubre, con más de 200 reporteros agredidos. Y ahora se lo vuelve a percibir durante la crisis provocada por el COVID19

Los periodistas ecuatorianos enfrentan muchos retos al cubrir la pandemia en medio de la incertidumbre y sin que las autoridades adopten políticas de seguridad  y los medios de comunicación establezcan protocolos y medidas de prevención a quienes están altamente expuestos por su trabajo. En esas condiciones, la autoprotección es la única defensa de quienes informan desde las calles. 

A dos años del traumático secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín, la protección a los periodistas en el Ecuador es un pendiente que debe apelar a las conciencias de todos los actores.

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El periodismo juega un rol clave en la gestión de crisis sanitarias y alertas globales como la que actualmente se atraviesa en torno al coronavirus. El trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población; pero, también, no comunicar bien produce desconfianza y miedo. Así lo han expresado las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) y el Instituto Poynter

En Ecuador, la cobertura del Covid19 cobró relevancia a partir del 29 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de la enfermedad en el país. En ese contexto, información de mala calidad sobre un virus que atraviesa un ciclo frenético de noticias puede llevar al pánico y a una reacción exagerada e ineficaz.

Se precisa pensar en la construcción de los titulares, en los ejes de las historias y las imágenes que se usan para su difusión. El contexto es crítico y hay temas locales para ser contados que, con pautas claras, permiten influir en la sociedad y, al mismo tiempo, combatir el fenómeno de la desinformación

Fundamedios, como parte de su objetivo de capacitar periodistas y promocionar un periodismo de calidad, desagrega elementos a tomar en cuenta en la cobertura: Periodismo en tiempos de COVID19.

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Se conformó una comisión ciudadana, sin agendas políticas o particulares que busca mediar y abrir canales de diálogo entre los cinco consejeros principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes actualmente están enfrentados por diversas causas. Esto ha provocado un deterioro institucional. 

“Para la opinión pública y para los sujetos políticos ha sido evidente la imposibilidad del diálogo fluido” entre los consejeros. Esto dificulta la gobernabilidad interna y deteriora la credibilidad institucional, irremplazables en un proceso electoral transparente. 

La meta es sugerir acciones enfocadas a trazar el rumbo adecuado de los objetivos nacionales, de cara a las elecciones generales de 2021. En rueda de prensa ofrecida el pasado 4 de marzo, Francisco Rocha, presidente de laAsociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep); Gonzalo Ruiz, subdirector adjunto de El Comercio; Boris Cornejo, director ejecutivo de Fundación Esquel; César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; y Simón Espinosa aclararon que su propósito es “facilitar la transparencia y no inmiscuirse en las funciones de los directivos del CNE”. 

Cabe señalar que la intervención de cada uno de estos ciudadanos es a título personal. No lo hacen en representación institucional de las entidades donde trabajan o colaboran.

“La Comisión quiere mediar en un diálogo entre los distintos consejeros para que se puedan realizar unos comicios absolutamente confiables y transparentes. La idea es que podamos aportar, desde sectores ciudadanos, sin agendas políticas”, explicó Ricaurte.

Las dudas se generan ya que hasta el momento, a menos de un año de asistir a las urnas, factores como el presupuesto, equipamiento, tecnología, no están claros en la logística ni capacidad operativa de la función Electoral. 

Rocha manifestó la “preocupación por el destino de la democracia en Ecuador; y, en especial, por el acontecer institucional del Consejo para dirigir, organizar y controlar” las votaciones, “la más alta expresión de voluntad del pueblo”. 

Cornejo reiteró que “no se trata de inmiscuirse en las funciones. Ecuador merece un clima de confianza en sus instituciones en la construcción de una democracia plena, libre y transparente”.

Este 5 de marzo, los miembros de la Comisión mantuvieron las primeras reuniones con el vicepresidente del CNE, Enrique Pita; y con el consejero José Cabrera. El próximo lunes 09 de marzo tienen previsto reunirse con la presidenta del Consejo, Diana Atamaint.