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Ecuador

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El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, mostró su preocupación por el actual concurso de frecuencias de radio FM en Ecuador, que está en su segunda etapa.

«Habría empresarios que ya tienen frecuencias y que, por el límite de la concentración, no podrían presentarse a otros concursos y lo estarían haciendo a través de testaferros… en fin, sociedades anónimas en donde en apariencia no están, pero en realidad sí están”, dijo, en una entrevista con Ecuavisa.

Lanza ve con preocupación que el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) hayan anunciado que se revisará el tema de la concentración de frecuencias después de que estas se hayan entregado.

«A priori me parece que quita garantías para la democracia el hecho de que se retiren las garantías del proceso administrativo para que se revise la documentación que se presenta alegando que no se tiene otras frecuencias, por ejemplo, o las garantías que tienen las personas para montar un proyecto de comunicación o cuáles son sus proyectos de comunicación… me parece que debería revisarse antes. Una vez que se asignan las frecuencias, todos sabemos que va a ser muy difícil que el Estado vuelva para atrás y corriendo el riesgo de sufrir juicios, etc».

«Habrá otros que podrán impugnar esto ante los órganos nacionales e internacionales», mencionó el relator especial. 

FUNDAMEDIOS realizó una investigación publicada en conjunto con Ecuavisa y Revista Digital Plan V dónde se reveló los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias. 

Lanza recordó que el tema de la asignación de frecuencias a los medios es vital para la democracia y por tanto debe manejarse con transparencia. Asignar frecuencias a una persona que no podía concursar viola el principio de pluralismo y de no concentración de los medios. La Constitución, además, prohíbe el monopolio y oligopolio de los medios de comunicación.

Actualmente, el concurso de asignación de frecuencias de radio FM está en su segunda etapa y a partir del 06 de octubre se empezará a conocer a los beneficiarios de las primeras  frecuencias.

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Cuatro años después del fallido concurso de frecuencias un nuevo proceso público avanza con las mismas irregularidades y vicios del anterior, pese a las advertencias de los organismos de control. El resultado: Remigio Ángel González, alias El Fantasma, aún consta como la figura central en el mapa mediático ecuatoriano y concursa, a través de un opaco esquema de empresas de papel domiciliadas en su mayoría en Uruguay, por frecuencias de radio FM. El resultado de este “proceso público competitivo” será anunciado por ARCOTEL en esta semana y de no mediar ninguna sorpresa resultará en que se sacramente la concentración de medios en el país, un acto prohibido por la Constitución, la Ley de Comunicación y condenado por instrumentos internacionales de protección a la libertad de prensa y que además, fue uno de los hechos centrales que motivaron las observaciones de Contraloría para dar de baja el concurso de frecuencias del 2016.  

Sabemos que el caso del “Fantasma” no es el único caso de un grupo mediático posiblemente favorecido en el actual concurso de frecuencias. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS, Ecuavisa y Revista Digital Plan V será la primera de tres entregas que revelarán los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país. 

 

14 de septiembre de 2020

La presencia del magnate mexicano en el espectro radiodifusor de Ecuador no es reciente. En abril de 2016, aprovechó el primer concurso para postular y casi obtener la concesión de 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras. Lo hizo a través de 18 empresas con accionistas distintos con el propósito de evitar ser señalado por concentración de medios, prohibido en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).  

González tiene inversiones en 15 países de América Latina. Como dueño de la cadena Albavisión posee 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica y 1 medio impreso. En Ecuador, sus prácticas consolidan su emporio de forma irregular.  

Así lo detectó un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), realizado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017. El documento desnudó irregularidades en el proceso y señaló que se abrió la puerta a la concentración de frecuencias en manos de tres grupos empresariales. Aunque en el reporte no se identificó a los accionistas de los conglomerados por su nombre, salieron a relucir las marcas Canela, Andivisión S.A y Capital Televisión de Manabí. Dichas empresas, acorde a investigaciones previas realizadas por Fundamedios (FDM), están encabezadas por Jorge Yunda, actual alcalde de Quito (Grupo A); el Fantasma González (Grupo B); y Lenín Andrade, empresario manabita (Grupo C).

Esto decía la Contraloría sobre las empresas vinculadas al mexicano:  

Además: 

De esta manera, no solo se reveló que el Fantasma obtuvo medios a través de parientes, abogados o empleados, sino que a raíz de los descubrimientos, la Contraloría solicitó a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) dar de baja el concurso. El 21 de diciembre de 2018 se declaró la nulidad del concurso recordado por muchos como la ‘feria de frecuencias’. 

En paralelo, mientras el informe ya estaba vigente, se reveló que el Fantasma González, había tenido otra aparición, esta vez, en las elecciones presidenciales de 2017, pues fue parte del club de financiadores de la campaña electoral del binomio Moreno-Glas. Según la investigación publicada por el portal Mil Hojas, en uno de los chats filtrados por #InaPapers en agosto de 2016, Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y  su exabogado Carlos Lorefice Lynch, quien era el encargado de manejar todos los medios del Fantasma en la región, se habrían reunido con Moreno, cuando estuvo viviendo en Ginebra con un cargo diplomático. Tres años después de posesionado Moreno, el informe continúa sin ejecutarse.  

La misma receta 

Quince meses han pasado y, en mayo de 2020, Arcotel publicó una nueva convocatoria al Concurso público para la adjudicación de 3096  frecuencias de Radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM). Sólo 621 participantes manifestaron interés para concursar

En una reunión con el gremio radial el pasado 20 de julio, el presidente Lenín Moreno afirmó que entre las bondades del concurso consta la eliminación de la competencia desleal.  Además, el  ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, en una entrevista con Teleamazonas el 30 de junio, aseguró que “iniciamos el cumplimiento de ciertas normas de la Contraloría en el concurso de 2016. Hemos cumplido absolutamente todos los pedidos de la Contraloría para dar paso al nuevo concurso”, aseguró

Pero, ¿qué ocurre en la práctica?  

Ángel González, a pesar de que fue señalado en 2016 por concentrar medios, busca obtener las mismas frecuencias. Fundamedios constató que compite por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1).  La mayoría de emisoras tiene presencia nacional, su matriz se ubica en Quito o Guayaquil y suma 19 repetidoras en provincias.  

Aunque las recomendaciones realizadas por la Contraloría exigían “ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”, en el concurso actual siguen constando las empresas que antes fueron señaladas por el organismo. 

De acuerdo a Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), “esta dirigencia nacional constantemente le ha recordado a Arcotel que tiene que dar cumplimiento a las recomendaciones del estudio especial que hiciera la Contraloría General del Estado allá en el 2018”.  Chica y la dirigencia de AER han avalado el concurso, y el pasado 19 de agosto en declaraciones a Fundamedios, expresó que considera que ha sido un proceso “justo y transparente”.

Para José Ignacio López Vigil, coordinador de Radialistas Apasionados y Apasionadas (centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe), la inacción no es una sorpresa. “Participé en la auditoría de frecuencias que se hizo a partir de la constituyente. Investigamos, mandamos un informe, y el informe ha dormido hace años en las gavetas y, después con Arcotel, no se hizo nada”, asegura.  

Fundamedios a través de Ecuavisa buscó la versión de Arcotel, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Mientras que, Contraloría afirmó al canal de televisión que no habrá un pronunciamiento previo, sino cuando se haga, de ser necesario, una auditoría al concurso.

Las radiofrecuencias (FM) vinculadas al Fantasma González en Ecuador:

¿Cómo compite el Fantasma por las frecuencias?

Como su sobrenombre lo indica, se vale de su habilidad para montar mecanismos que despistan y desvían la atención sin dejar rastro. Este 2020 postuló a través de nueve empresas nacionales que, a su vez, cuentan con ocho compañías accionistas con sede en Uruguay.  

Andivisión S.A., la empresa que aparece en el informe de Contraloría y actual participante del concurso, es propietaria de Tropicálida Stereo (91.3) y tiene como accionista a la empresa uruguaya Fizler S.A. y a Radio y Televisión Guatemala S.A. Mientras que Radiodifusora Trafalgar del Ecuador,  también presente en el informe, compite por la frecuencia 96.1 de Joya Stereo que tiene como accionista a Cuminol S.A, firma uruguaya. 

Ridalto Ridaltosa S.A. compite por la frecuencia de La Fabu (97.3) que posee dos accionistas: el Banco Central del Ecuador (BCE) y Trueage S.A., que también tiene dos accionistas, uno es la empresa uruguaya Calafone S.A. y Jesús Armando González González (México), hermano de ‘El Fantasma’.

En Megacomunications S.A., concesionaria de Fabu Stereo (105.7), figura como accionista Adaratop S.A, que tiene como accionista a la uruguaya Cirvana Trading S.A. Esa es la única empresa donde la figura de Ángel González se expone, pues la preside desde 2018. 

(‘La red del Fantasma González’. Aplasta el cursor para conocer el mapa de conexiones de empresas uruguayas y ecuatorianas.Selecciona la opción del signo menos (zoom out) para ver la gráfica completa. Es recomendable visualizarlo desde una computadora).   

Fundamedios solicitó a la Dirección Nacional de Registros en Uruguay información acerca de las ocho empresas accionistas de concesionarias ecuatorianas. De allí se desprende que seis se ubican en la misma dirección: Juan Parra del Riego 989, en Montevideo. Otro dato es que la dirección pertenece a la oficina Molinari & Asociados Contadores, pero el número señalado en el registro de la empresa corresponde a la parte trasera del inmueble y no a la delantera como, regularmente, consta en los registros. 

  • Risfelar S.A.
  • Fizler S.A.
  • Cirvane Trading S.A.
  • Cuminol S.A., Calafone S.A
  • Noxlyn Trade S.A.
  • Yabil S.A.
  • Burtown S.A. 
  • Calafone S.A.

Además, los presidentes de las empresas forman parte del círculo del mexicano que involucra a su hermano Jesús Armando González, Fernando Guido Contreras López, amigo cercano radicado en Costa Rica y presidente de la empresa de televisión abierta Repretel, parte del conglomerado de Albavisión; José Yarzabal Burela, quien es parte de sus encargados regionales y figura como presidente de Risfelar S.A. y, según el medio mexicano Milenio, forma parte de su grupo de confianza. 

Pero, ¿por qué Uruguay? Por muchos años ese país fue catalogado como un paraíso fiscal en la región. Sin embargo, Daniel Espinosa, exsecretario Antilavado de la Presidencia uruguaya, destaca que aquel estatus corresponde al pasado, ya que “actualmente, no tiene ninguna de las características de opacidad y secreto financiero que caracterizan a este tipo de centros ‘offshore’”. Desde 2017 está vigente la Ley nº 19.484, que obliga a identificar al beneficiario final de todas las sociedades y estructuras jurídicas (es decir, el dueño legal de la empresa).  

No obstante, en el caso de las empresas nombradas no registran los dueños como manda la norma; en el registro sólo consta la información sobre la persona física (el presidente de la empresa), como nos explica el periodista uruguayo, Fabián Werner, aquello no permite saber quiénes son los dueños verdaderos. 

Para el guatemalteco Gonzalo Marroquín, director de la revista mensual Crónica y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), lo que sucede en Ecuador es parte del modus operandi que El Fantasma replica en la región. Por ejemplo, en Guatemala, país donde empezó su emporio, es dueño de cuatro canales de comunicación. “Ha desarrollado con mucha habilidad una mecánica que replica de país en país, primero para apropiarse de medios de comunicación u obtener frecuencias de televisión y de radio utilizando sociedades que son fachada, utilizando prestanombres y sobretodo y esto es lo más triste aprovechándose de la debilidad de la clase política Latinoamericana”, describe.   

¿Cómo afecta su presencia a la población? Marroquín asegura que “la concentración de medios es una gran limitante para la libertad de prensa y para el derecho a la población a recibir información. Ángel González es parte de esa estrategia de ciertos gobiernos de concentrar la información (…) un efecto en las masas muy grande, aquí (Guatemala) han habido noticias que los canales de televisión y los medios de González han callado en casos de corrupción”, asegura.  

¿Un artículo con dedicatoria?

Así, las irregularidades del concurso de frecuencias en Ecuador se suman a la pandemia y a las puertas de un proceso electoral. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) impulsó una veeduría ciudadana que vigile el proceso, pero que terminó con una capacidad nula de supervisión como lo alertó el exmiembro de esta entidad, Raúl Fernando Cabrera. 

“Han asumido como que la veeduría solo debe firmar lo que ellos hagan al final de cada etapa para avalar, sin la posibilidad de haber examinado o participado en los procesos”, sostiene. También renunciaron a ese espacio Emilio Fernando Uzcategui Jimenez;Xavier Olmedo Barragán Martínez; María José Ramírez Campos, Paola Aguilar, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

Roberto Wohlgemuth Jarrín consta dentro de la veeduría, pese que el mismo CPCCS informó la suspensión de dicha nominación, a través de un boletín de prensa, el 3 de agosto. Esto luego de que el pasado 8 de julio Facebook lo identificó como uno de los operadores de las granjas de trolls para desinformar.

A esta capacidad nula de observación se suman normas que abren las puertas a los capitales extranjeros.  Antes de las reformas a la LOC, que entraron en vigencia en febrero de 2019, el artículo 6 prohibía que una persona o empresa extranjera sea dueña de un medio de comunicación a escala nacional.  

Tras las modificaciones, el artículo 6 explica que «los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49 % de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional”. Ximena Peña, legisladora del movimiento oficialista Alianza País (AP), impulsó ese texto. 

Mientras que el Reglamento de la norma, que no ha sido cambiado, determina que existe una excepción para personas naturales y jurídicas de países con los que Ecuador tiene convenios comerciales. En la actualidad, Ecuador mantiene acuerdos comerciales con México, Chile, Guatemala, la Unión Europea, El Salvador, entre otros. 

Andivisión S.A. incumple con el porcentaje establecido. Tras la revisión del portal de la Superintendencia de Compañías, se evidenció que sus dos accionistas son empresas extranjeras: Fizler S.A. (Uruguay) y Radio y Televisión Guatemala S.A.

Entonces, ¿existe una contradicción entre la Ley y el Reglamento? El constitucionalista Carlos De Tomaso considera que se trata de una aparente contradicción entre el artículo 6 de la LOC, que establece que un medio de comunicación no puede pertenecer en más del 49% a una empresa persona extranjera; y el Reglamento que abre excepciones. “Ni la Ley ni los Asambleístas previeron la excepción de que las personas jurídicas o naturales de países con los que el Ecuador haya suscrito convenios comerciales de cierto tipo puedan ser dueñas de medios de comunicación en más del 49%”, sostiene.  

Sin embargo, la realidad es que la excepción o puerta trasera creada por el artículo 6 del Reglamento se aplicó para sacramentar la compra de medios por parte del empresario mexicano.

El representante de Radialistas Apasionados y Apasionadas, concuerda con De Tomaso y afirma que “hicieron el artículo 6 del Reglamento para que Ángel Gonzalez no fuera molestado, los hermanos Alvarado eran muy amigos y siguen siendo muy amigos del señor Ángel Gonzalez (…) el artículo 6 del Reglamento contradice al mismo artículo 6 de la Ley Orgánica, y no pasa nada, son delitos tan fragantes, no pasa nada”, sostiene.   

Los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado fueron mano derecha del expresidente Rafael Correa. Este último, desde el 2009  hasta 2015 fue el Secretario Nacional de Comunicación y desde inicios de 2014 estuvo al mando de los medios públicos de Ecuador TV y Radio Pública, como titular del directorio de la Empresa Pública Televisión y Radio del Ecuador. Vinicio Alvarado fue sentenciado dentro del caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho mientras que, Fernando Alvarado fue llamado a juicio delito de peculado por realizar contrataciones de servicios de comunicación con recursos del Estado. Ambos se encuentran prófugos.

Fundamedios contactó a Fernando Alvarado, exsecretario Nacional de Comunicación (Secom). El publicista respondió: “no soy amigo del señor Ángel González. Si fuese amigo, los medios como diario El Comercio, que dicen son de su propiedad, no me hubieran atacado criminal y miserablemente como lo hicieron”

Por ahora, a pesar de las irregularidades, de la pandemia, del auge electoral o de ‘fantasmales’ presiones, el concurso continúa su rumbo. Se prevé que hasta el 22 de septiembre se publique los resultados de adjudicación de las frecuencias que marcarán las voces radiodifusoras por los próximos 15 años. 

  

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Ecuador, 10 de septiembre 2020.- La coalición ECUADOR VERIFICA es una iniciativa inédita en el país que reúne a 15 medios de comunicación, 6 organizaciones de la sociedad civil y 7 universidades. Su objetivo, entre septiembre de 2020 y abril de 2021, es combatir la desinformación, verificar la veracidad del discurso de los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia y desarrollar herramientas que permitan a la ciudadanía decidir con base en información certera. 

Se trata de una propuesta colaborativa, en donde los aliados contribuyen desde distintos frentes a combatir la desinformación y a promover la alfabetización digital. Los contenidos que se produzcan desde esta Coalición estarán alojados en un portal web; además, se difundirán en redes sociales y en las diversas plataformas de sus miembros. Esta iniciativa emula otras que se han desarrollado en varios países, por ejemplo: Electionland, en Estados Unidos; CrossCheck, en Francia; Verificado, en México; Projeto Comprova, Brasil. 

El fenómeno de la desinformación tiene un efecto determinante en las agendas informativas y puede marcar el rumbo de un proceso electoral, erosionando la confianza en las instituciones democráticas, influyendo en la decisión de los votantes y desestabilizando el entorno político.

Como ya ha sucedido en procesos electorales anteriores, en el país existen candidatos dispuestos a basar sus discursos en premisas erróneas o a utilizar datos no corroborados para ganar simpatías, en contraste con electores potenciales sin herramientas para determinar qué tan acertada es la precisión de su mensaje. 

Ecuador Verifica cuenta con el apoyo de organizaciones de la cooperación internacional comprometidas con la lucha contra la desinformación como el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés) que, en coordinación con organizaciones plurales y diversas, medios de comunicación y academia se unen para ofrecer herramientas que permitan diferenciar lo cierto de lo falso. Así, esta coalición contribuirá al desarrollo de un proceso transparente y determinante en democracia. 

Aliados

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

AFP

Antena 7 Radio y Tv On Line

Criterios

Ecuavisa

El Universo

GK

Gráficos Nacionales (diarios EXPRESO y EXTRA)

La Barra Espaciadora

Medios Públicos del Ecuador

Plan V

Primicias

Radio Centro

UDLA Channel

Vistazo

Wambra Medio Digital Comunitario

ACADEMIA:

Universidad de las Américas (UDLA)

Universidad del Azuay

Universidad Católica de Guayaquil

Universidad Casa Grande 

Universidad de Los Hemisferios 

Universidad Internacional Del Ecuador(UIDE)

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

SOCIEDAD CIVIL:

Chicas Poderosas Ecuador

Diálogo Diverso

Fundación CAJE

Fundamedios

Fundación Periodistas sin cadenas

Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ)

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La Procuraduría General de Colombia a través del Boletín 603 censuró que por causa de la congestión que registra el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, Nariño, en los últimos cuatro meses más de un centenar de personas privadas de la libertad quedó libre por vencimiento de términos. Dentro de ese grupo se encuentran los procesados por el secuestro y homicidio de los periodistas de diario El Comercio: Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

El 4 de agosto de 2020 el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. El sujeto se encontraba con medida de aseguramiento por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir.

Previamente, el 17 de junio, el mismo Juzgado concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para aplicar la Ley 1809, según la cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Óliver Sinisterra (FOS) como un grupo armado organizado.

Para la Procuraduría, las libertades otorgadas por vencimiento de términos lesionan indiscutiblemente los derechos de las víctimas, quienes reclaman una justicia pronta y oportuna.

El 12 de agosto de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares en el caso del secuestro y posterior asesinato de los miembros del equipo periodístico. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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Ecuador, 12 de agosto de 2020.- Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares 45/2020, en el caso del secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen. 

Resolución CIDH

El 12 de abril de 2018 la CIDH otorgó las medidas cautelares en respuesta al pedido realizado por Fundamedios, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) y los familiares de las víctimas. Entonces se consideró que la situación cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, necesarios para otorgar dichas resoluciones. 

Parte de las acciones de la Comisión incluyó la conformación de un equipo de seguimiento especial (ESE) para acompañar la investigación de los asesinatos. A través de esta instancia, en diciembre de 2019, se presentó un informe que conmina a Ecuador y Colombia a una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico. Esto no ha ocurrido.

En el comunicado de este 12 de agosto, la Comisión explica que las medidas cautelares fueron otorgadas con miras a que se “adopten las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra” y “las medidas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”. Tras conocerse del asesinato, la CIDH recuerda que el ESE se implementó “en el entendido de que la obligación de investigar y determinar las responsabilidades que dieran lugar a los hechos recae sobre el Estado”.

En ese contexto, dos años y cuatro meses después, al no existir los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, el organismo estima que corresponde levantar las medidas cautelares.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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Ecuador, 11 de mayo 2020.- Desde la declaratoria de emergencia por la COVID-19, Fundamedios vio con preocupación cómo el gremio periodístico fue golpeado por la pandemia. Despidos masivos, colapso operativo de medios, contagios y fallecimientos de trabajadores de medios de comunicación han sido recurrentes. 

El 14 de abril, la organización, con apoyo de SOS Familias Guayaquil, elaboró un cuestionario para dimensionar la problemática en la provincia del Guayas, epicentro de la crisis sanitaria.  Esta herramienta se distribuyó por correo electrónico y WhatsApp hasta el 21 de abril. 

También se accedió a una lista de periodistas de emisoras pequeñas, así como de canales de televisión que perdieron su empleo debido a la pandemia y, por lo tanto, su situación económica era precaria. El equipo de FDM constató telefónicamente cada uno de los casos. 

Con eso se levantó una lista de 113 periodistas y sus familias que presentaban necesidades urgentes. El 22 de abril se puso en marcha la campaña de recolección de fondos #SOSPeriodistas a la que se sumaron otras organizaciones de periodistas y comunicadores: Periodistas sin Cadenas, Nos Faltan 3 y Chicas Poderosas

Hasta el pasado 5 de mayo se recaudó $1360 y se apoyó directamente a 23 afectados. Una lista de 75 comunicadores fue acogida dentro del programa de asistencia económica Salvar Vidas Ecuador, del Banco de Guayaquil. Actualmente, se gestiona apoyo para otros 11 periodistas que podrían recibir ayuda internacional. 

Quienes integramos #SOSPeriodistas estamos convencidos de que el trabajo de la prensa en época de crisis es fundamental para garantizar el derecho de la ciudadanía a informarse. Agradecemos a quienes se sumaron y aportaron. 

Insistimos en instar al Estado a activar los mecanismos necesarios para precautelar la vida y la seguridad de quienes se exponen durante la pandemia con el objetivo de informar. Además, exigimos al Ministerio de Trabajo y al Comité de Protección de Periodistas que establezcan mecanismos de verificación de las medidas tomadas por las empresas periodísticas en cuanto a despidos para que no se vulneren derechos laborales.

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Quito, mayo 2020En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se realizó el foro virtual Desinfodemia en América Latina: hechos-19, coorganizado por Fundamedios y la Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea, las Embajadas de Estados Unidos y de Canadá, en Ecuador, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés). El centro temático del fue el fenómeno de la desinformación, con énfasis en los impactos de la difusión de contenidos falsos en el escenario de la COVID-19

La iniciativa contó con la participación de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; Saadia Sánchez Vega, directora de la oficina de la UNESCO en Quito y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela; Desirée Yépez, de Ecuador Chequea; Liliana Elósegui, de Verificado México; Luiza Bandeira, de Digital Forensic Research Lab (DRL)-Atlantic Council; y Cristina Tardáguila, de la International Fact-Checking Network (IFCN) y Poynter Institute.

Al inicio del foro, Saadia Sánchez mencionó que durante la crisis, la información se ha colocado en el centro del escenario: Lo que ha denominado la UNESCO ‘desinfodemia’” es un flagelo que desvirtúa e incluso falsifica la realidad con consecuencias de vida o muerte al estimular decisiones esencialmente ‘desinformadas’ sobre la COVID-19”. Además, expresó que la información verificable y fiable es la llave para construir sociedades del conocimiento. 

#WorldPressFreedomDay Hechos-19: La Desinfodemia en América Latina

Foro organizado por Fundamedios, UNESCO Quito, UNESCO en español, Embajada de Estados Unidos en Quito, Embajada de Canadá en Ecuador, Unión Europea en Ecuador y PADF Ecuador.Participan: Cristina Tardáguila Poynter, Liliana Elósegui Verificado, Luiza Bandeira DFRLab, Nela Balbi IPYS Venezuela, Desirée Yépez Ecuador ChequeaModera: César Ricaurte FundamediosIntroduce: Saadia Sánchez Vega

Publicerat av FUNDAMEDIOS Onsdag 6 maj 2020

Por su parte, Cristina Tardáguila indicó el impacto de siete olas de desinformación  en torno a la COVID-19: origen, manipulación de archivos multimedia, métodos de prevención, xenofobia, politización de la enfermedad, confinamiento y la ultrapolitización. Por su parte, Luiza Bandeira acotó que el cambio constante supone una situación demandante y de creciente complejidad para el trabajo periodístico: “Hoy las personas están comprendiendo cómo la información sirve para generar una narrativa de intereses particulares”.

Desirée Yépez apuntó a la confianza recobrada por el periodismo desde la perspectiva ciudadana, específicamente en lo relativo a su rol fiscalizador de la función pública. Mientras que Liliana Elósegui añadió que los bots (programas informáticos) han encontrado en los vacíos informativos espacios para introducir datos que, en muchas ocasiones, terminan en fraudes o estafas, sobre todo en América Latina. Precisó que, frente a ello, los equipos de periodistas a escala mundial deben reforzar la disponibilidad de herramientas relevantes y educar a las audiencias acerca de la verificación de contenidos, para fortalecer las defensas ciudadanas ante la desinfodemia.  

César Ricaurte concluyó que los periodistas, trabajadoras y trabajadores de la prensa son cruciales como guías de la ciudadanía para tomar decisiones informadas. “Ahora más que nunca necesitamos que los medios de comunicación documenten lo que está sucediendo”, puntualizó.

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Ecuador, 3 de mayo de 2020

Sr. Licenciado

Lenín Moreno

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 

Sr. Ingeniero

César Litardo

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador

Presente.-

Carta abierta de Fundamedios a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado ecuatoriano 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 decenas de medios de comunicación pueden extinguirse 

 

La situación de los medios de comunicación ecuatorianos es crítica. La pandemia de la COVID-19 supone una paradoja: hay un consumo elevado de información indispensable, pero el periodismo enfrenta un presente y futuro precarios. Durante las últimas semanas, Ecuador es un escenario donde se tornan comunes los despidos masivos de las redacciones e, incluso, el final de las operaciones: la prensa deja de imprimirse. 

Este problema no tiene únicamente dimensiones empresariales. Tampoco se reduce a la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Se trata de Derechos Humanos que impactan en la libertad de expresión, pues el silenciamiento de voces atenta contra el pluralismo y la circulación de ideas, indispensables en una sociedad democrática. 

Las complicaciones de las empresas mediáticas no nacen con el nuevo coronavirus. Pero sí se agudizan. La economía débil del país se agravó con la emergencia sanitaria y precipitó la crisis. Para ponerlo en números, desde la declaratoria del estado de excepción el pasado 16 de marzo: por lo menos siete periódicos dejaron de circular en su versión impresa y decenas de trabajadores han sido separados de los medios. 

La alerta se encendió el 21 de abril, cuando Diario El Universo notificó la reducción de personal de las distintas áreas. Más de 150 colaboradores pasaron a estar desempleados. El periódico, que desde 1921 circula a escala nacional, anunció que en mayo modificará el tamaño de su edición impresa.

Un día después, el 22, se supo de la situación de Canal UNO, que ya estaba golpeada. Quince de sus trabajadores fueron despedidos telefónicamente. Personal que no había recibido su salario desde junio de 2019 y que actualmente denuncia una serie de irregularidades ante este acto intempestivo: ni siquiera se le ha permitido el paso a las instalaciones de la televisora para dialogar con los directivos y mediar las indemnizaciones. 

Mientras esto ocurre, las imprentas se detienen -literalmente-. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reconoce que el sector más impactado son los impresos que no se aventuraron a la transformación digital, pues comprar insumos implica un costo. Además, la circulación y venta de los ejemplares se limitan por las condiciones del estado de excepción. En Ecuador, los efectos son claros. 

Desde diciembre de 2009, en el país se gravó al papel periódico con el 12 % de IVA. Y desde mediados de marzo de 2020 está en vigencia un toque de queda que impide que voceadores puedan expender los rotativos en las calles.  

“La situación de los medios de comunicación nacionales ha sido bastante difícil y dura desde hace 10 años, cuando el Gobierno utilizó todos sus mecanismos para imponer trabas al periodismo independiente”, reconoce Juan Manuel Yépez, editor de Contenidos de Gráficos Nacionales S.A (Granasa) que edita Extra y Expreso. Esto quiere decir el panorama ya era pantanoso. Sin embargo, la pandemia supuso una oportunidad para que esas marcas históricamente posicionadas defiendan su rol en una sociedad democrática, garanticen el derecho al acceso a la información y combatan en primera línea el fenómeno de desinfodemia que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como otro de los peligros que acechan: las epidemias nocivas de rumores e información engañosa. 

“La difusión de contenidos falsos ha apuntalado la credibilidad de quienes nos hemos preocupado por contrastar y verificar los datos que circulan, reportamos desde hospitales, morgues, barrios. Estamos empeñados en no bajar los brazos: en el papel y en el digital”, describe el periodista. Aunque Granasa todavía no ha recortado personal en su redacción, sí asumió una caída en el tiraje de sus productos. 

Extra, conocido por ser el de mayor circulación nacional, bajó su impresión en un 71 %. Y Expreso en 55 %.

Desde la Unesco se advierte que si ante esta crisis económica y de seguridad sanitaria no se hace algo, se asiste a un “evento de extinción de los medios”. Así de alarmante y real. 

El viernes 24 de abril, la editorial Minotauro, responsable de Diario La Hora, empezó un proceso de suspensión de la circulación total de sus ediciones. En la carta con que notifica a sus colaboradores expone que “las condiciones de evidente fuerza mayor provocaron la paralización de toda venta e ingreso, por lo que imposibilita completamente la continuidad normal de nuestras actividades y lamentablemente nos obliga a suspender de manera definitiva nuestras operaciones comerciales”. Así terminó la historia de un periódico que se fundó en 1982 y que destacó por su enfoque en la cobertura local y provincial.

Guilherme Canela, Consejero de la Unesco en Comunicación e Información, insiste en la necesidad de generar mecanismos que funcionen como salvaguardia en este naufragio, pero que no limiten la autonomía editorial. Desde el Gobierno de Lenín Moreno hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre posibles incentivos que permitan sostener la actividad periodística. ¿Es su responsabilidad? El artículo 17 de la Constitución reza que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Pero en la situación actual, ni siquiera se los considera para acceder a préstamos bancarios.

Ese es el caso de Diario El Norte, de Ibarra, que no ha podido ser sujeto de crédito porque “la prensa está en el grupo de riesgo”. Sus ingresos por venta de ejemplares y publicidad se desplomaron, puesto que ya no se imprime y se entrega virtualmente a través de Telegram. “No se ha dejado de informar, seguimos con el digital de 24 páginas y con un canal en línea en Facebook; pero en estos momentos es más difícil  monetizar porque las prioridades de la gente y de las empresas son otras”, reconoce Patricio Pérez, director del rotativo.

Instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE) adeudan cientos de miles de dólares a varios medios por pauta electoral correspondiente a 2018 y 2019. “Desde hace un año, el Estado debe una cantidad importante y no nos paga. Si lo hiciera, sería una gran ayuda”, revela Pedro Zambrano, director de Ediasa, responsable de los periódicos El Diario y La Marea (Manabí), Centro (Santo Domingo), el canal Manavisión y la radio Amiga. Actualmente su objetivo es encontrar un modelo que permita operar ante la coyuntura donde la web duplicó en visitas pero no en ventas como para mantener al personal que la actualiza. 

La situación se replica en las redacciones locales. Lucy Freire, vocera de la Asociación de Editores de Periódicos de Provincia, señala que, a pesar de las limitaciones, se trabaja más. Ahora enfrentan la imposibilidad de reponer insumos -como el papel-, la dificultad para llegar a tiempo con los salarios y la necesidad de cumplir con los lectores que demandan información. “Hay un exceso de trabajo, disminución de suministros, al no haber ingreso se complica hacer nuevos pedidos. Es una situación calamitosa”, confirma.

En la organización que representa también dan seguimiento a lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía que no pueden reponer sus reservas para imprimir. “Trabajan a través de Facebook, en una zona donde apenas el 18% tiene acceso a Internet”, comenta. 

Los porcentajes en la baja de los ingresos y circulación coincide con las cifras globales. Los datos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) apuntan a caídas bastante homogéneas en el mundo que van del 60 % al 80 % en ingresos publicitarios y del 20 % al 25 % en el tiraje de periódicos. Los medios privados resultan especialmente castigados. Los ingresos han mermado entre el 70 % y el 80 %.

¿Qué tienen el Gobierno y la Asamblea Nacional en sus manos? La posibilidad de aliviar la situación de quienes defienden el derecho de la ciudadanía a estar informada. ¿Cómo?

  • Exención de IVA 
  • Líneas de crédito específicas
  • Revisión de las directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre de 2020 del sector público que impide la contratación de pauta
  • Que el crédito fiscal a favor de la empresa de medios de comunicación sea utilizado para pagar cualquier tributo estatal. Quienes accedan al incentivo deben mantener la nómina bajo acuerdos laborales.
  • Que el gasto en publicidad de las empresas, de cualquier tamaño, en medios sea deducible al pago del Impuesto a la Renta.
  • Que el Gobierno mantenga el gasto programado en medios de comunicación.

La situación es tan alarmante que el mismo Diario El Telégrafo, a cargo de la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, abandonó su versión física desde mediados de marzo.

El 3 de mayo de 2018, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, usted, señor presidente Lenín Moreno, afirmó que “es deber de los medios de comunicación lograr que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a información verdadera y sin censura» y estos son una “piedra angular de la democracia”. 

Entonces, señores presidentes de la República y de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el destino de un país que asiste en silencio al entierro de sus medios?

Atentamente,

Fundamedios

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El periodismo juega un rol clave en la gestión de crisis sanitarias y alertas globales como la que actualmente se atraviesa en torno al nuevo coronavirus. El trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población; pero, también, no comunicar bien produce desconfianza y miedo. En ese contexto, la mañana de este 30 de abril se desarrolló un webinar enfocado en las buenas prácticas periodísticas y la seguridad de quienes reportan en primera línea. 

Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) coorganizaron un taller virtual dirigido por César Ricaurte. El espacio, que contó con la participación de 24 inscritos sirvió para repasar los distintos mecanismos y protocolos que garantizan el ejercicio periodístico en el país.

En Ecuador, la cobertura de la COVID-19 cobró relevancia a partir del 29 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de la enfermedad. En ese contexto, información de mala calidad sobre un virus que atraviesa un ciclo frenético de noticias puede llevar al pánico y a una reacción exagerada e ineficaz.

Paralelamente, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) incluye que el Estado y los medios de comunicación son responsables de proteger a los trabajadores. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación elaborará y coordinará las acciones necesarias. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria esas necesidades no se han visto cubiertas y por eso resulta relevante insistir en la autoprotección de los reporteros.

Además, en el momento de armar las piezas periodística se precisa pensar en la construcción de los titulares, en los ejes de las historias y las imágenes que se usan para su difusión. El contexto es crítico y hay temas locales para ser contados que, con pautas claras, permiten influir en la sociedad y, al mismo tiempo, combatir el fenómeno de la desinformación

 

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El 1 de abril de 2020, la revista digital La Barra Espaciadora lanzó el proyecto  Memorias Vivas. Pocos días después del estado de excepción declarado en Ecuador, las cifras inexactas emitidas a través de boletines oficiales no daban cuenta de las vidas perdidas por el COVID-19. Entonces, un grupo de periodistas se unió para construir obituarios y rendir homenaje a los fallecidos durante la emergencia, cuyos familiares están imposibilitados de realizar funerales.

Al día de hoy, en Memorias Vivas, que cuenta con el apoyo de Fundamedios, se han publicado 73 obituarios, y en el registro están pendientes casi 600 nombres. Amigos, familiares y gremios han contactado al equipo porque quieren inmortalizar el recuerdo de quienes amaron y que no sean olvidados detrás de un balance general de la pandemia.

“Una cosa desgarradora del momento que vivimos es que nuestros seres queridos no pueden recibir el homenaje colectivo que merecen. Este proyecto intenta reparar de algún modo esa imposibilidad. Porque todas las vidas perdidas son importantes”, resalta la periodista Alina Manrique. Cada día, ella y los periodistas Diego Cazar, Thalíe Ponce, José Miguel Cabrera, Jackeline Beltrán, Eddie Paucar y Karla Armas, verifican nombres, edades, profesiones e historias.

“Detrás de los números hay vida. Mucha vida”, apunta Diego Cazar, quien destaca la potencia del periodismo colaborativo en tiempos de emergencia nacional. Sin duda, Memorias Vivas, de La Barra Espaciadora, servirá como fuente de consulta para establecer la dimensión de la tragedia y sus múltiples matices.

“Se pretende ganarle al olvido, darle rostro a las cifras, poner nombre a esas personas que no están y que no pudimos abrazar”, subraya Thalíe Ponce. Recordarlas en este memorial colectivo es un ejercicio para buscar la verdad y hacerle frente al dolor.