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Édison Lanza

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Ecuador, 6 de octubre del 2020. Desde Fundamedios Ecuador y Fundamedios USA agradecemos públicamente a Edison Lanza, quien durante los últimos 6 años fue el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiempo en el cual demostró su interés por precautelar este derecho fundamental, así como una actuación permanente y crítica contra aquellos que pretenden menoscabar esta Libertad.

En Ecuador, Edison Lanza desempeñó un papel importante en varios momentos claves. En el caso del secuestró y asesinato de los periodistas de El Comercio, encabezó el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH que emitió recomendaciones y se formó con el objetivo de vigilar de cerca las investigaciones para que el hecho no quede en la impunidad.

A finales de octubre, en el marco de las protestas por la eliminación del subsidio al combustible, Lanza llegó al Ecuador en una visita oficial para que la CIDH investigue lo ocurrido durante los once días de manifestaciones masivas y disturbios. En ese tiempo el ex Relator cuestionó las agresiones físicas a medios de comunicación que fueron atacados y aseguró que serán investigados.

El 25 de julio de 2018, Lanza fue recibido por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramitó las reformas a la Ley de Comunicación. Al respecto presentó un análisis del proyecto de reformas del ejecutivo y aseguró que, si bien el texto muestra algunos avances, hay otros que sugiere ser observados para adecuarse a los estándares antes mencionados.

A inicios de octubre, Lanza aseguró que mira con preocupación que el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) hayan anunciado que se revisará el tema de la concentración de frecuencias  en el concurso público, después de que estas se hayan entregado

Desde su creación en 1997, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha sido la columna vertebral de la promoción y vigilancia de la libertad de expresión en las Américas. Por lo que damos la bienvenida a Pedro Vaca, quien fue elegido entre una lista de destacados profesionales comprometidos con la libertad de expresión en el hemisferio.

Su nombramiento es el resultado de un proceso de selección transparente y participativo liderado por la CIDH. En ese sentido, destacamos la relevancia de las medidas sugeridas por la sociedad civil adoptadas por la Comisión, como la publicación de una lista paritaria y la publicación de videos de los diez finalistas. Al cargo se postularon 81 personas y la Comisión recibió cientos de observaciones de la sociedad civil y de los Estados miembros de la OEA, lo cual reafirma la importancia de este mandato para las Américas.

Desde Fundamedios Ecuador y Fundamedios USA acompañaremos al nuevo relator en su camino de defensa de la Libertad de Expresión y le auguramos los mejores deseos.

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El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, mostró su preocupación por el actual concurso de frecuencias de radio FM en Ecuador, que está en su segunda etapa.

«Habría empresarios que ya tienen frecuencias y que, por el límite de la concentración, no podrían presentarse a otros concursos y lo estarían haciendo a través de testaferros… en fin, sociedades anónimas en donde en apariencia no están, pero en realidad sí están”, dijo, en una entrevista con Ecuavisa.

Lanza ve con preocupación que el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) hayan anunciado que se revisará el tema de la concentración de frecuencias después de que estas se hayan entregado.

«A priori me parece que quita garantías para la democracia el hecho de que se retiren las garantías del proceso administrativo para que se revise la documentación que se presenta alegando que no se tiene otras frecuencias, por ejemplo, o las garantías que tienen las personas para montar un proyecto de comunicación o cuáles son sus proyectos de comunicación… me parece que debería revisarse antes. Una vez que se asignan las frecuencias, todos sabemos que va a ser muy difícil que el Estado vuelva para atrás y corriendo el riesgo de sufrir juicios, etc».

«Habrá otros que podrán impugnar esto ante los órganos nacionales e internacionales», mencionó el relator especial. 

FUNDAMEDIOS realizó una investigación publicada en conjunto con Ecuavisa y Revista Digital Plan V dónde se reveló los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias. 

Lanza recordó que el tema de la asignación de frecuencias a los medios es vital para la democracia y por tanto debe manejarse con transparencia. Asignar frecuencias a una persona que no podía concursar viola el principio de pluralismo y de no concentración de los medios. La Constitución, además, prohíbe el monopolio y oligopolio de los medios de comunicación.

Actualmente, el concurso de asignación de frecuencias de radio FM está en su segunda etapa y a partir del 06 de octubre se empezará a conocer a los beneficiarios de las primeras  frecuencias.

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Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

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Desde el pasado 18 de febrero, periodistas y activistas han denunciado la censura y suspensión de sus cuentas en la red social Twitter. Los sucesos se dan bajo la premisa de que los usuarios incumplen reglas de la comunidad por supuestamente publicar información personal de personajes políticos de Ecuador.

Las censuran han incluido el bloqueo de las cuentas del portal La Fuente, la de su director Fernando Villavicencio y de la ciberactivista ‘Shababaty’. Aunque abrieron cuentas alternas, la segunda cuenta del investigador (@villaviecuador) ha sido dada de baja la madrugada de este 8 de marzo, tras la publicación de otras investigación de corrupción del círculo del presidente Lenín Moreno.

Como organización, hemos reportado los siguientes casos:

  • La Fuente (@somos_lafuente)
  • Fernando Villavicencio (@VillaviFer, @VillaviEcuador)
  • BorisVian1 (@shababaty)
  • Christian Zurita (@christianzr)
  • Crudo Ecuador (@elsextocrudo)

FUNDAMEDIOS se contactó con Twitter para conseguir su versión de las constantes censuras a las cuentas, sin embargo, se nos ha indicado que la plataforma no puede ofrecer una postura en casos específicos. Argumenta que cada usuario recibe una notificación en donde se explica la razón puntual de su suspensión. Rechazamos enérgicamente las acciones tomadas por la plataforma, pues resultan contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y constituyen una clara agresión a lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Instamos a Twitter a ser más cuidadosos con las denuncias que llevan a posteriores censuras reiteradas de ciertos usuarios. Recordamos que la consolidación de un Estado democrático sólo se puede dar cuando sus ciudadanos gozan en pleno de sus derechos y hay transparencia en la información pública. Además ponemos en conocimiento de Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las constantes limitaciones impuestas por Twitter a sus usuarios quienes han actuado dentro de los estándares impuestos por la misma plataforma.

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El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a Ecuador, como parte de la investigación que realiza sobre el asesinato del equipo periodístico de El Comercio, ocurrido en abril pasado. El propósito, recopilar información y analizar los avances de las indagaciones que realizan las instituciones en torno al secuestro y muerte del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Este 22 de noviembre, el ESE se reunió con representantes de Cancillería y Ministerio de Defensa. El canciller José Valencia indicó que el Estado ecuatoriano ha destinado más de USD 200.000 para cubrir las necesidades del Equipo, lo cual demuestra la disposición del país para que se esclarezcan los hechos.

La Agenda de la CIDH incluyó reuniones con el Fiscal encargado del caso y con un equipo técnico del Ministerio del Interior. También coordinaron encuentros con funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia, Jefes de las Unidades policiales de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, anunció vía Twitter que el ESE ha cumplido una semana de trabajo en el Ecuador así como su agradecimiento a autoridades, familias y sociedad civil por la información y documentación para el seguimiento de la investigación.

Las conclusiones de estas visitas y las investigaciones hechas durante las mismas serán conocidas en diciembre luego de las audiencias públicas a las que asistirán los familiares del equipo de prensa.

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Este 01 de noviembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, presentó un informe preliminar de la investigación que se realiza en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. El periodista, fotógrafo y conductor fueron asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia, en abril de 2018, a manos del frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC.

En esta primera etapa, el análisis determina inconvenientes en el acceso a parte del expediente del caso y problemas en el enfoque de la indagación que Ecuador llevan a cabo. Se solicita a las autoridades ecuatorianas que la información requerida y que falta por examinar sea suministrada de “manera expedita y oportuna”, puesto que la información relevante no ha sido entregada en su totalidad, alegando “reserva de la investigación”. En ese sentido el Equipo de Seguimiento le recuerda al Estado “la importancia de adoptar las medidas necesarias para posibilitar que el ESE acceda a la totalidad de la investigación”.

En el caso de la investigación en el Estado colombiano, el ESE expresa que existen avances significativos en lo desarrollado por la Fiscalía de Colombia, con la captura y judicialización de al menos tres de los coautores del crimen.

Todo lo contrario ocurre en territorio ecuatoriano donde “no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables y observa la necesidad de que la Fiscalía General del Estado realice un esfuerzo integrador que permita incorporar a la investigación las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla de las FARC, en la frontera de Ecuador y Colombia entre los meses de setiembre de 2017 y abril de 2018”.

El ESE recomienda a la Físcalía “incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico”, así como agregar a su plan de trabajo “actividades dirigidas a investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística (…) y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley”.

Además, el ESE reitera que los familiares tienen derecho a saber las circunstancias y el motivo del secuestro y recuerda que frente a crímenes contra periodistas, “los Estados, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales, tienen la obligación de actuar con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de las víctimas”.

Este diagnóstico es el resultado de las visitas técnicas realizadas por el ESE a Ecuador y Colombia, en julio y agosto pasados, respectivamente. También se tomaron en cuenta las reuniones de trabajo y la audiencia en que participaron ambos Estados y los familiares de las víctimas, el pasado 3 de octubre en el 169 período de sesiones de la CIDH, en Boulder, Estados Unidos.

El Equipo de Seguimiento Especial está integrado por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Ecuador; Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH; el equipo técnico de la sección de medidas cautelares y de la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión, Édison Lanza. Los principios de transparencia, acompañamiento y centralidad en los hechos ocurridos en relación con el asesinato marcan su línea de investigación.

Desde su integración, el ESE trabaja con base en cuatro objetivos: 1) Asesoramiento técnico y monitoreo en el avance de la investigación y sanción de los responsables del secuestro y asesinato de los periodistas; 2) Acompañar la atención integral a las víctimas y familiares, y mantenerlas informadas del proceso; 3) Asesoramiento técnico y monitoreo en el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre el acceso a la información y a la verdad de lo sucedido, tanto a la sociedad ecuatoriana, como a los familiares; 4) Asesorar y apoyar al Estado en la adopción de medidas estructurales a que hubiere lugar y evitar su repetición.

Está previsto que para diciembre de 2018 se presente el informe final con observaciones, conclusiones y recomendaciones en torno al manejo de la investigación oficial para esclarecer el contexto en que se produjeron los hechos que acabaron en la muerte de los miembros del equipo periodístico.

El informe completo

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Édison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, informó a través de Twitter este 1 de octubre que se inició el 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos (CIDH), en Boulder, Colorado (Estados Unidos).

Este miércoles 3 de octubre los familiares de los tres periodistas secuestrados y posteriormente asesinados de Diario El Comercio, los miembros del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) y representantes del Estado ecuatoriano y colombiano, se reunirán para tratar cuestiones vinculadas con la investigación. El encuentro se desarrollará en la Universidad de Colorado, a partir de las 08:15.

El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a cargo de Esmeralda Arosemena de Troitiño, viajó junto a los representantes de las familias de Pául Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, para apoyar técnicamente las investigaciones, exponer los avances y esclarecer dudas.

Yadira Aguagallo, pareja del fotoperiodista asesinado por el frente Oliver Sinisterra (disidencia de las FARC), comentó que espera que la reunión se desarrolle de la manera más seria y fructífera posible. El objetivo es “que se concrete la verdad para alcanzar la justicia en torno al asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio”.

El pasado 27 de septiembre el ESE concluyó su visita en Colombia, tras la cual se recibió información relevante sobre la investigación. En ese contexto, ante la CIDH se prevé determinar el nivel de coordinación y trabajo en conjunto que ha existido entre las fiscalías de Ecuador y Colombia, analizar cuántas asistencias penales se han solicitado y despachado y cuál es el modo en el que han trabajado antes, durante y después del crimen.

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Este 11 de septiembre, los integrantes de la Comisión de Alto Nivel Pluripartidista y Multisectorial informaron los resultados de las reuniones que mantuvieron entre el 4 y 6 de septiembre con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Banco Mundial y del Congreso y Gobierno de Estados Unidos.

El historiador Enrique Ayala Mora indicó que la delegación surgió por iniciativa de varios sectores de la sociedad civil y de la política con el objetivo de transmitir en foros internacionales el proceso de reinstitucionalización democrática que se atraviesa en Ecuador. El viaje a Washington D.C (EE.UU.) se desarrolló para exponer “la naturaleza, objetivos y marcha exitosa del plan orientado a rescatar valores fundamentales de la tradición democrática ecuatoriana”, explicó el académico.

La Comisión se integró con representantes de la sociedad civil, de tendencias políticas y vertientes ideológicas diversas pero reunidos en torno a un consenso nacional: impulsar un proceso que devenga en una base hacia el futuro del país. En esa línea, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS y presidente de la Plataforma por la Democracia, manifestó que existen avances sustanciales en el respeto a la prensa y el trabajo periodístico que se reflejan en reformas legales pertinentes a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro; y la secretaria adjunta de la CIDH, María Claudia Pulido, también se destacó el retorno de Ecuador al seno de la comunidad internacional de Derechos Humanos, hecho que se expresa en la visita reciente del relator de la CIDH, Édison Lanza; y la que hará próximamente David Kaye, relator especial de la ONU.

“Hay retos en este proceso de transición, pero es deber de todos los sectores empujar para que se concrete y haya instituciones democráticas sólidas”, enfatizó el Director de FUNDAMEDIOS. En esto coincidió Luis Maldonado, catedrático de la Universidad Intercultural Indígena de América Latina y el Caribe, para quien, a pesar de las dificultades, este es el resultado de un consenso que la mayoría de ecuatorianos respalda. “El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio ha sido designado por mandato popular. Sus acciones son reconocidas por el 70% de la población y, al mismo tiempo, el Gobierno ha emprendido procesos de apertura y diálogo para resolver problemas relacionados a los pueblos indígenas”, afirmó el docente.

Por su parte, la asambleísta Ximena Peña, de Alianza PAIS, señaló que a los organismos internacionales se les expuso la lucha contra la corrupción que se ha emprendido con el fin de que los funcionarios vinculados a actos ilícitos encaren a la justicia y enfrenten los procesos respectivos. Además, frente a miembros del Banco Mundial se repasó la situación económica del país, la cual afronta un alto nivel de endeudamiento.

Para el legislador Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano (PSC), la Comisión es un ejemplo de que la convergencia democrática es posible. “A la OEA y CIDH se les explicó que el proceso que se vive se enmarca en un estado de derecho, legalidad y legitimidad”. Fabricio Villamar, de CREO, concluyó que esta iniciativa representa un camino pacífico para resolver los problemas institucionales que el gobierno anterior dejó como legado.  

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El pasado 23 de agosto el Gobierno anunció la creación de un Comité de Protección para periodistas. La noticia se dio tras el encuentro que el presidente Lenín Moreno mantuvo con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, en el contexto de su visita oficial a Ecuador.

Dos meses antes, el 21 de junio, una delegación integrada por directivos de FUNDAMEDIOS, dirigentes de gremios como la UNP, la FENAPE, Cámara de Medios, CCREA, AER, colectivo Nos Faltan 3, comunicadores, solicitó al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, que se conforme oficialmente la Mesa de Coordinación para la Seguridad de los Periodistas que en el diálogo se convirtió en un Comité multisectorial que integra al Estado, Periodistas, Medios y Sociedad Civil. El funcionario mostró apertura y se comprometió a firmar un acuerdo para constituir dicho espacio en un plazo de 15 días, así como a buscar la fórmula para la constitución de un seguro universal para los profesionales de la comunicación.

Durante este lapso, se ha trabajado para constituir el Comité y el inicio de su trabajo, en la línea del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano para la protección de periodistas, los mandatos de la Asamblea General de la ONU, resoluciones del Consejo de DDHH de la ONU, informes y recomendaciones de la CIDH y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 16.10.1. Pese al anuncio del Presidente y el Secretario de Comunicación, durante la misión del relator Édison Lanza, periodistas y sociedad civil todavía no hemos sido informados sobre la fecha de constitución de dicho espacio, por lo cual pedimos al Gobierno información al respecto.

En ese sentido, la mañana de este 28 de agosto, Luis Vivanco (La Posta), Cristóbal Peñafiel (El Universo),  Susana Morán (Plan V), Susana Piedra (Federación Nacional de Periodistas -Fenape-), Jorge Imbaquingo (El Comercio), Desirée Yépez y César Ricaurte (Fundamedios), algunos de los miembros del Grupo para la conformación del Comité, se reunieron para discutir las próximas acciones a seguir para concretar el anuncio del Ejecutivo.

El Comité debe mantener su carácter de organismo multisectorial, que vincule a distintos actores del Estado: ministerios e instituciones del Ejecutivo, Fiscalía, sociedad civil y periodistas. En esa línea, los comunicadores deben participar en la elaboración del documento, de la guía, sobre la cual se cree dicho espacio que debe consolidarse como un mecanismo efectivo de protección para editores, reporteros bajo amenaza; así como trazar una política de reconocimiento de memoria y reparación para quienes han sido víctimas del ejercicio del periodismo en condiciones de riesgo e inseguridad.

Desde el Grupo se tiene listo un plan de acción que incluye la constitución de un mecanismo permanente de protección a periodistas, que incluya mapas de riesgos y protocolos a aplicar en las zonas y/o coberturas de riesgo y conflicto; un sistema de alertas tempranas y coordinaciones efectivas. Además, se plantearán estrategias para combatir la impunidad en las agresiones en contra de la prensa y las medidas necesarias de memoria y reparación frente a la política sistemática de persecución y agresión que se produjo en la década pasada. 

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Crear una política de reparación dirigida a las víctimas de agresiones a la libertad de expresión es una de las propuestas que hizo Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este 24 de agosto concluyó su visita oficial a Ecuador, iniciada el pasado lunes 20.

En una rueda de prensa, el Relator aseguró que su misión marca un punto de inflexión en la historia democrática del país. Es la primera vez, en más de una década, en estar invitado por el Gobierno, lo cual demuestra que se vive un momento distinto en donde se respira mayor libertad.

Lanza presentó las observaciones preliminares de su informe, las cuales son el resultado de la agenda cumplida. Durante cuatro días mantuvo reuniones, en Quito y Guayaquil, con autoridades como el presidente Lenín Moreno, el canciller José Valencia, representantes del poder Judicial, Legislativo, sociedad civil, periodistas y embajadores.

La Relatoría esboza ocho puntos claves en su informe preliminar:

  1. Transición desde el autoritarismo a un espacio cívico autónomo y democrático.
  2. Derecho a la libertad de expresión y uso del derecho penal.
  3. Seguridad para periodistas e impunidad.
  4. Acceso a la información pública.
  5. Pluralismo y diversidad.
  6. Internet y Libertad de Expresión.
  7. Protesta social y criminalización de manifestantes.
  8. Conclusiones y recomendaciones.

Para Lanza, en Ecuador se vive un momento de transición, en el que se pasa de un régimen autoritario -que configuró todo un aparataje para perseguir periodistas y a quienes opinaban distinto-, a uno más democrático. Sin embargo, aseguró que este es el primer paso de algunos más que hay que tomar para consolidar esta etapa.

En ese sentido se refirió al proceso de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que deben alinearse a estándares internacionales, acogiendo las observaciones propuestas por ese organismo ante el Legislativo; y, en un segundo momento, revisar las normas penales que criminalizan la opinión, como los delitos de calumnia y otros presentes en la normativa ecuatoriana y que tienden a impedir el escrutinio público.  

En cuanto a la seguridad para periodistas, abordó lo ocurrido con el equipo periodístico de El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera norte, en abril pasado, como una muestra de las falencias existentes en los mecanismos de protección, producto de una década de ataques a la prensa desde el Gobierno y las negativas al diálogo. Al respecto, destacó que se haya permitido la conformación de un equipo investigador internacional para esclarecer el crimen y una mesa interinstitucional enfocada en analizar y proponer mecanismos para proteger el trabajo periodístico.

Sobre al acceso a la información pública, el Relator fue enfático en señalar que Ecuador “arrastra una cultura del secretismo que aún no ha sido superada”. Esto debe mejorarse dentro de la agenda de transparencia del Gobierno.

La Relatoría también se refirió a los mecanismos de reparación a las víctimas que debe poner en marcha el Estado ecuatoriano. Entre ellas, mencionó que se haga un reconocimiento público a la legitimidad y el valor de los  periodistas, así como el repudio a todos los delitos perpetrados en contra de ellos. También propuso que la Asamblea Nacional apruebe una norma transitoria dentro de las reformas a la LOC, que habilite un proceso para revisar las sanciones aplicadas a los medios.

Sobre los casos de criminalización a la protesta social, Lanza sugirió  dictar una ley de amnistía en favor de comunicadores, activistas, defensores de Derechos Humanos que tienen procesos abiertos por autoridades del gobierno anterior; así como la puesta en marcha de procesos de memoria y verdad para que se conozca lo sucedido y la atención prioritaria de los casos de violaciones a Derechos que han sido presentados ante la CIDH.

El Relator aseguró que, tras esta visita, trabajará de manera conjunta con el Relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, David Kaye, con el fin de elaborar un informe final, que espera esté listo dentro de tres meses.