Tags Posts tagged with "Édison Lanza"

Édison Lanza

82

El diseño institucional es el séptimo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Al respecto, el organismo internacional destacó que el proyecto del Ejecutivo elimina la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) por considerar que la entidad incumplía con los estándares internacionales en su conformación y atribuciones; por el impacto negativo y la afectación que esta figura produjo en la aplicación de sanciones desproporcionadas a los medios de comunicación en Ecuador.

La Relatoría recordó que es fundamental que la autoridad de aplicación y fiscalización en materia de radiodifusión esté protegida de injerencias del Gobierno y del sector privado, vinculado a la radiodifusión. Sobre este punto, reiteró que en 2013 hizo una advertencia temprana respecto a que «la falta de claridad sobre el alcance de las distintas instancias (SUPERCOM, CORDICOM y ARCOTEL) puede generar un nivel importante de incertidumbre respecto del alcance de las atribuciones de cada una de estas».

En cuanto al papel del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, CORDICOM, la Relatoría señaló que en el proyecto de reformas tampoco se asegura la independencia del gobierno de este organismo. “De hecho, se propone sumar un representante de la institución pública encargada de la comunicación del Estado y que el representante de la Función Ejecutiva que lo preside tenga ‘voto dirimente’, dándole un voto de calidad que antes no tenía”, apunta.

Sobre la intención de traspasar las atribuciones de la SUPERCOM a la Defensoría del Pueblo, la Relatoría recomendó, a la luz de la doctrina internacional, que los órganos de aplicación en materia de regulación de medios de comunicación sean especializados y reúnan requisitos de independencia y autonomía.

En conclusión, sugirió que se examine la reforma planteada en lo que respecta al marco institucional y se estudie la creación de un organismo acorde a los estándares internacionales, con amplia participación de todos los interesados.

90

El Derecho de Respuesta es el quinto punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trata dentro de las observaciones hechas al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

El organismo internacional aseguró que, ante eventuales abusos de la libertad de expresión que perjudiquen derechos ajenos, el Estado debe imponer las medidas menos restrictivas para el ejercicio de ese derecho. En ese sentido, apuntó que el derecho de rectificación o respuesta, consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana, es recomendado como una medida adecuada para la protección de la reputación y la reparación ante un posible daño, como un posible agravio o una inexactitud.

Sin embargo, la Relatoría advirtió que el derecho de respuesta podría implicar una forma de restricción a la libertad de expresión, si existe una reglamentación del mecanismo inadecuada, o la imposición de cargas o sanciones exorbitantes a los medios de comunicación en el ejercicio de este derecho, lo que puede derivar en abusos o formas de afectación desproporcionadas a la libertad de expresión.

Según la Relatoría, la LOC vigente otorgó una amplia discrecionalidad a la Supercom para imponer rectificaciones y réplicas a los medios de comunicación, disponiendo del espacio y estableciendo sanciones económicas desproporcionadas que amenazaron la sustentabilidad financiera de los medios.

La Relatoría sugirió revisar de manera integral la redacción de los artículos 16 al 21 del proyecto de reformas entregado por el Ejecutivo, así como un repaso cuidadoso de los términos en que se reglamenta el derecho de rectificación y respuesta.

La Relatoría recordó que el artículo 14 de la Convención Americana en forma taxativa admite el derecho de respuesta, pero únicamente para responder a «informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio» de la persona afectada a través de medios legalmente reglamentados. Por lo tanto, el solicitante no tiene la posibilidad de responder o pedir la rectificación ante cualquier información que lo involucre, sino cuando pueda acreditar que hay una inexactitud o un agravio en la información publicada y que ese error le afecta.

Por otra parte, advirtió que la imposición de condicionamientos previos, como la veracidad, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.

104

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y quien forma parte del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer el crimen en contra del equipo periodístico de diario El Comercio, expresó su respaldo a los familiares de los comunicadores sobre la necesidad de tener la información completa del caso y se mostró optimista respecto a la voluntad del gobierno ecuatoriano para colaborar. El anuncio lo dio este 26 de julio de 2018, en un diálogo con la prensa, tras las primeras reuniones mantenidas en Ecuador con autoridades del gobierno y la sociedad civil, durante la visita de tres días que duró la misión del ESE.

En cuanto al caso, Lanza explicó que para entenderlo e investigarlo, es necesario tomar en cuenta cuatro aspectos o niveles. El primero, sobre el contexto violento que se vive en la frontera, con una serie de episodios y atentados ocurridos antes y después del plagio de los periodistas.

El segundo aspecto es el componente sobre la protección y seguridad de los comunicadores. “Hemos tenido de primera mano el reconocimiento por parte de la propia autoridad (…) que la situación que se vivía en la frontera cuando ocurrieron los hechos en materia de seguridad era gravísima y que el riesgo era muy elevado y extremo”, dijo Lanza. Por lo que, a su criterio, las medidas que se tomaron para prevenir lo que pasó con los periodistas es un elemento que debe constar en la investigación.

El tercer aspecto al que se refirió el Relator es en cuanto al manejo del secuestro y de las negociaciones, si es que las hubo. Para Lanza es importante determinar los elementos que incidieron para el desenlace ocurrido.

Finalmente, el cuarto aspecto se refiere a la transparencia y acceso a la información pública, que ha incidido en la forma en cómo se ha clasificado la información. Sobre este tema en particular, el Relator cree que durante estos últimos 10 años existieron falencias para el acceso de información pública.

Por su parte, Adriana Camargo, la experta internacional que asiste al grupo en las investigaciones también fue optimista en cuanto al proceso. Aseguró que tras la queja de las familias de no tener información relevante, lo importante ahora es que  fluya la información completa para tener una visión integral y un informe que sirva para esclarecer los hechos. Dijo que, tras dialogar con las autoridades, se les ha indicado que hoy se ha generado más información que la que se entregó en ese momento.

La experta comentó que hay casos en donde se tiene poca información, pero que en este, hay una serie de hipótesis bastante confirmadas sobre los actores que operaban en frontera, que es una misma fiscalía que lleva los expedientes y que ahora se deben establecer las conexiones entre todos los organismos estatales para tener una verdad. “El compromiso es entregar un panorama completo (…) y ahondar en esos cuatro elementos ya mencionados.

Lanza no quiso dar conclusiones sobre el caso, ya que está en etapa de revisión, pero anunció que van a tener conclusiones preliminares por etapas para no tener que esperar hasta, diciembre que es el mes en el que está previsto que concluya la misión del ESE, con la entrega de un informe final.

La próxima visita del Relator Especial está prevista para mediados de agosto, como parte de una visita in loco tras invitación del gobierno del Ecuador, mientras que aún están por definirse las fechas en las que el equipo investigador acudirá a Colombia, como parte de su misión.

Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza fue recibido la tarde de este 25 de julio de 2018 por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramita las reformas a la Ley de Comunicación.

En su intervención el Relator saludó la iniciativa del gobierno y el legislativo de abrir un proceso para adaptar y adoptar las reformas necesarias para que la legislación esté acorde a las directrices y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, considerando que la actual ley ha sido motivo de preocupación por no estar alineada a estándares internacionales, desde que fue promulgada en 2013.

Al respecto presentó un análisis del proyecto de reformas del ejecutivo y aseguró que si bien el texto presenta algunos avances, hay otros que sugiere ser observados para adecuarse a los estándares antes mencionados.

En ese sentido celebró que el proyecto de ley suprima disposiciones que representan responsabilidades ulteriores que limitan de manera desproporcionada la libertad de prensa como la figura del linchamiento mediático. También aseguró que le parece positivo que se reserve un porcentaje del espectro radioeléctrico para medios comunitarios, más no para medios públicos.

Para comenzar, señaló que la libertad de expresión se ejerce sin censura previa y sin condicionamientos previos de un Estado, por lo que criterios como la obligación de transmitir información veraz, verificada, contextualizada podría ser desproporcionada.

En esa línea, Lanza cree que la imposición de un código deontológico desde el Estado, o establecer criterios mínimos como plantea el actual proyecto de reforma del ejecutivo “podría ser un corsé” para los medios de comunicación. En su lugar, sugiere que se creen otros mecanismos como concejos de prensa, defensores de audiencias y la autorregulación desde cada medio.

En cuanto a la responsabilidad ulterior, el Relator sostuvo que esta debe ser aplicada bajo estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad y que en caso de una eventual vulneración de derechos a terceros, se debe utilizar la vía civil y excluir la vía penal.

El Relator también se refirió a los mecanismos de réplica y rectificación y cuestionó que la actual ley ha dado paso a un abuso de este mecanismo, por lo que sugirió que se revise este aspecto y se adecúe a lo que establece el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual menciona que se debe dar paso a una rectificación cuando se afecte a un tercero por información inexacta o agraviante. “Sino entraríamos en la lógica de que cualquier alusión a alguien podría dar paso a usar espacios e imponer contenidos”

Lanza también observó que el proyecto de Lenín Moreno mantiene las restricciones a la circulación de información, como la que está protegida por cláusula de reserva,  o datos personales, así como en casos judiciales en etapa de investigación. Para el experto, cuando se tratan de temas de interés público no debería existir esta restricción.

Finalmente, el Relator concluyó su intervención con la sugerencia de trabajar en un diseño institucional que permita tener instituciones con absoluta independencia y autonomía del ejecutivo. Al respecto propuso estudiar modelos comparados más apropiados para blindarse de presiones políticas. “El diseño institucional es un tema que no está resuelto, hay que  incorporar una serie de cuestiones (…) es como un rompecabezas que hay que armarlo”, apuntó.

A la sesión Sesión Nro 176 de la Comisión también participó la Asambleísta de la Izquierda democrática, Wilma Andrade, quien propuso su proyecto “Chao Supercom” que, en términos generales, sugiere que en lugar de la Supercom exista un ente administrativo, en la propia Cordicom, que lleve temas administrativos y que establezca sanciones como disculpas públicas, espacios de réplica y, en casos de incumplimiento, sanciones económicas entre el 0.1 al 1% de la facturación del trimestre anterior de los medios, con posibilidad a impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, Julio César Trujillo y el Contralor General encargado, Pablo Celi también fueron invitados a aportar con sus criterios. Sin embargo, no acudieron.

 

116

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH publicó este 23 de marzo de 2018, su Informe Anual correspondiente a 2017. En el texto de 449 páginas se menciona que la violencia y estigmatización de la prensa persiste en varios países de la Región, en donde también preocupa el incremento del fenómeno de la desinformación y la proliferación de noticias falsas.

Sobre Ecuador, la Relatoría dedica 22 páginas para describir la situación del país, en donde se reconoce que tras la asunción del gobierno del presidente Lenín Moreno, se ha mitigado la mayor parte de prácticas estigmatizantes y criminalizantes características a la administración anterior. Sin embargo, destaca la necesidad de revisar leyes que establecen restricciones incompatibles con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia del derecho a la libertad de expresión y manifiesta su interés de asistir con recomendaciones a este proceso.

Al respecto, el informe manifiesta la preocupación de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación que, a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), se sancionó, amonestó y ordenó frecuentemente la publicación de réplicas y contenidos oficialistas a los medios, así como las descalificaciones vertidas por el expresidente Rafael Correa, desde sus enlaces sabatinos, en donde, a criterio de la Relatoría, “criticó y descalificó asiduamente a periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles no alineados al oficialismo”. En ese sentido, la Relatoría ve como un avance que se haya conformado un grupo parlamentario con miras a reformar dicha Ley.

En el capítulo sobre ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación, la Relatoría menciona hechos como el ocurrido en junio pasado, cuando el expresidente Rafael Correa divulgó en su cuenta de Twitter información personal sobre los tributos que paga el periodista Jean Cano, cuestionando los “pocos impuestos que ha pagado”, en respuesta a un tuit crítico del periodista, o de la amenaza de muerte a la periodista Janet Hinostroza, del canal Teleamazonas a través la cuenta “@alerta_911” en Twitter, así como las agresiones físicas y verbales ocurridas en septiembre, contra al menos cinco fotógrafos y camarógrafos de los medios El Comercio, Expreso, El Universo, Ecuavisa y Gama TV, por parte de presuntos simpatizantes del ex vicepresidente Jorge Glas, durante la comparecencia del ex jerarca ante la Fiscalía General del Estado, entre otros.

Al respecto, la Relatoría recordó que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, apunta.

En su informe, la Relatoría también cita casos de criminalización de la protesta social que han sido denunciados por organizaciones de la sociedad civil, como el allanamiento a la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), en Morona Santiago, y la detención de su presidente, Agustín Wachapá en diciembre de 2016, así como la declaratoria de estado de excepción como reacción a las medidas de resistencia de las comunidades contra las actividades extractivas en la zona en esa misma provincia en diciembre de 2016.

Sobre estos hechos, la Relatoría reitera que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades. “Resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión”.

El informe también da cuenta de varios hechos de estigmatización en contra de periodistas, sobretodo, desde los enlaces sabatinos que realizaba el expresidente Rafael Correa. En ese marco, la Relatoría recordó que la existencia de un contexto de marcada confrontación, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos, por lo que afirmó que es también deber del Estado contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas.

En cuanto a casos relacionados a la responsabilidad ulterior, la Relatoría menciona algunos procesos como la demanda penal que interpuso el expresidente, Rafael Correa contra el periodista Martín Pallares, del portal 4Pelagatos, a quien acusó de proferir “expresiones en descrédito y deshonra” en su contra, a través de un artículo de opinión; también se refiere al caso de Freddy Aponte, cuando fue declarado insolvente en julio del año pasado, tras un juicio iniciado por  el alcalde de Loja José Bolívar Castillo, que se derivó de procesos anteriores por daño moral e injurias, por mencionar algunos.

Sobre estos casos, la Relatoría recuerda el principio 10 de la Declaración de Principios sobre libertad de Expresión de la CIDH que señala que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.

Finalmente, la Relatoría también dedica un apartado específico para casos de censura, otro para libertad de expresión en contextos electorales, así como sobre internet y libertad de expresión, vigilancia en las comunicaciones y radiodifusión comunitaria.

Respecto a la libertad de expresión en internet y vigilancia, cita algunos casos de suspensión de cuentas de Twitter de opositores, activistas y periodistas, ocurridas en meses anteriores, las denuncias de vigilancia por parte de la Secretaría de Inteligencia SENAIN así como la denuncia que hizo el recién posesionado presidente Lenín Moreno, cuando en septiembre del año pasado dijo que había encontrado una cámara oculta activa en su despacho presidencial que habría sido instalada por Correa.

Sobre este punto, la Relatoría asegura que las decisiones de realizar tareas de vigilancia que invadan la privacidad de las personas deben ser autorizadas por autoridades judiciales independientes. “Los Estados deben garantizar que la autoridad judicial sea especializada y competente para tomar decisiones judiciales sobre la legalidad de la vigilancia de las comunicaciones, las tecnologías utilizadas y su impacto en el ámbito de los derechos que pueden resultar comprometidos y que tengan suficientes garantías para ejercer sus funciones de manera adecuada”.

132
Fundamedios durante la audiencia sobre la libertad de expresión en Ecuador, en marzo de 2014. Foto: CIDH

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS) participará el próximo viernes, 8 de abril, en la audiencia “Situación del derecho a la libertad de asociación en América”, que se realizará desde las 14:00 a 15:00, hora de Washington (13:00 a 14:00 hora de Ecuador).

Junto a organizaciones de la región como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina (ACIJ), la Fundación Construir de Bolivia, la Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) abordarán las limitaciones y la persecución que sufren las organizaciones para operar en distintos países.

FUNDAMEDIOS sufrió un intento de cierre a finales de 2015. La Secretaría de Comunicación (SECOM) inició el proceso de disolución de la organización el 8 de septiembre de ese año por divulgar dos blogs independientes, mensajes y alertas con supuesto “tinte político”. Tres meses antes, la SECOM había advertido a FUNDAMEDIOS con el cierre y la “conminó” a no emitir alertas sobre libertad de expresión. Pero ante el masivo respaldo internacional y nacional a FUNDAMEDIOS, la SECOM archivó el proceso el 26 de septiembre de 2015. Por este caso, por primera vez cinco relatores (3 de ONU y 2 de CIDH) rechazaron la acción e hicieron un llamado al Gobierno a respetar las libertades.

La organización además participará, este martes 5 de abril, en el foro “2015: Un año clave para la libertad de expresión y la democracia en América”, en el que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presentará oficialmente su Informe Anual. Luis Almagro, secretario general de la OEA; Édison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; y James Cavallaro, presidente interino de la CIDH, realizarán el acto oficial.

En ese documento, la Relatoría hace un recuento de las principales trabas que tienen periodistas y ciudadanos para ejercer ese derecho fundamental en la región. En el caso de Ecuador, la Relatoría manifestó su preocupación sobre el discurso estigmatizante del Presidente en sus sabatinas; la interrupción gubernamental de espacios informativos; el abuso en la utilización de réplicas y rectificaciones, así como las graves restricciones a la libertad de expresión con la aplicación de Ley Orgánica de Comunicación y su amplio margen de discreción que deriva en continuas sanciones a los medios.

Este tema será abordado en la mesa redonda “Desafíos que presenta la situación de la libertad de expresión en América” en la que participará César Ricaurte, director de Fundamedios. Intervendrán también Marianela Balbi, directora de IPYS Venezuela; y Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia de Uruguay.

Finalmente, también este martes 5 de abril, Mauricio Alarcón, director de Proyectos de Fundamedios, participará en el conversatorio “Derechos humanos y Democracia en Ecuador”, organizado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), una fundación que promueve el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina.