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EPU

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Diez recomendaciones emitidas por los países durante el Examen Periódico Universal (EPU) relacionadas a la libertad de expresión, asociación e independencia de la justicia fueron rechazadas por el Ecuador. El rechazo a recomendaciones sobre estos hechos fundamentales fue dado a conocer por el embajador del Ecuador en Ginebra, Guillaume Long, en una sesión del Consejo de DDHHH de Naciones Unidas.

Sobre la libertad de expresión y asociación, el Ecuador rechazó las recomendaciones de Alemania, Costa Rica, Bélgica, Suiza, Estados Unidos, por considerar que la legislación a la que se refieren ya se ajusta a las normas internacionales.

Las recomendaciones rechazadas fueron las siguientes:

Eliminar todas las formas de discriminación y criminalización de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación, en particular mediante la derogación de los Decretos Ejecutivos núms. 16, 739 y 691 y la Ley Orgánica de Comunicación y por la finalización del proceso penal contra personas participar en protestas sociales basadas en delitos de amplia redacción contenidos en el Código Penal, como el sabotaje y el terrorismo (Alemania);

Considerar la posibilidad de revisar el Decreto Ejecutivo No. 739 reglamentación de las organizaciones sociales y la Ley Orgánica de Comunicación a la luz de derechos humanos (Costa Rica);

Revisar los decretos presidenciales núms. 16 y 739, Del Código Penal, así como la Ley Orgánica de la Comunicación para adecuarlas a las normas de derechos humanos (Bélgica);

Reformar los decretos presidenciales núms. 16 y 739 y cualquier proyecto de ley garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos y garantizar la independencia y la funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, en particular aceptando la oferta de asistencia los relatores especiales de las Naciones Unidas para reformar la legislación vigente (Suiza);

Asegurar la organizaciones de la sociedad civil puedan funcionar libremente, incluidos los grupos que Modificando o derogando los decretos presidenciales núms. 16 y 739 (Estados Unidos de América).

Derogar el Decreto Nº 1247 y establecer procedimientos claros en la legislación secundaria para para aplicar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, o medidas administrativas que afecten a sus territorios y sus medios de subsistencia, tal como figuran en la Ecuador y en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, 1989 (Nº 169) (Alemania).

Asimismo, sobre la independencia judicial, el Ecuador rechazó las recomendaciones de Canadá y República Checa por considerar que esta contiene “información factualmente incorrecta”, en el primer caso y en el segundo, por considerar que la legislación a la que se refieren ya se ajusta a las normas internacionales.

Canadá pidió al Ecuador que se debe revisar el Código Orgánico del Poder Judicial con vistas a garantizar la independencia judicial, incluso mediante la selección independiente de las autoridades judiciales, mientras que República Checa sugirió revisar y enmendar la legislación y la práctica pertinentes para fortalecer la independencia de la justicia, garantizar el nombramiento de jueces por mérito y proteger su interferencia política.

Finalmente, dos recomendaciones emitidas por Liechestein, sobre tomar las medidas necesarias para asegurar que todas las operaciones de las agencias de inteligencia sean supervisadas por un mecanismo independiente, y otra emitida por Países Bajos, respecto a que se debería elaborar y adoptar un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos, prestando especial atención a la posición de los defensores de los derechos humanos, también fueron rechazadas.

El Ecuador consideró que el Sistema Nacional de Seguridad Pública existente, incluyendo la Secretaría Nacional de Inteligencia, está regulado por la Ley de Seguridad Pública, que prevé el control civil y democrático y que no es necesario un plan de acción nacional ya que el marco jurídico vigente contempla la plena protección y promoción de los derechos humanos en el contexto de las operaciones comerciales.

Tanto los Decretos que regulan a la sociedad civil en el ECuador, como la Ley de Comunicación han sido observados unánimemente por todos los organismos independientes de protección de Derechos Humanos como violatorias de tratados y estándares internacionales. Así mismo, la independencia de la Justicia ha sido severamente observada.

DOCUMENTO EPU Ecuador

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libertad de asociacion en jaque

“Tenemos en nuestro país una sociedad civil muy vibrante y grande. Tenemos más de 90mil organizaciones registradas. Y a veces -yo que como canciller viajó de un espacio multilateral a otro- vemos siempre las tres o cuatro mismas organizaciones de la sociedad civil financiadas por países, que expresan las mismas quejas que luego se exponen de manera sistemática en espacios como este”. Estas eran las palabras del Canciller Guillaume Long, el pasado 1 de Mayo, durante el Examen Periódico Universal (EPU) que realiza cada 5 años la ONU a los países miembros para determinar la situación de los DDHH en cada nación.

Durante dicho examen, el Ecuador recibió recomendaciones de 27 países en temas como derecho a la protesta social, independencia de la justicia, libertad de expresión y libertad de asociación. Respecto a este último tópico, fueron 16 las naciones que hicieron referencia a la vulneración de ese derecho básico, y en específico, varias se refirieron a los Decretos Presidenciales 16 y 739, los cuales fueron creados para registrar y regular el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. En este aspecto, no fueron aceptadas por el Ecuador las recomendaciones de cuatro países (Bélgica, Costa Rica, EEUU y República Checa) que abogaban por la libertad de asociación y por la revisión o derogación de tales decretos.

Infografía 27 países-01

Ello porque los decretos en cuestión contemplan, entre otras causales, la disolución de las organizaciones por “desviarse de los fines para los que fueron constituidas” y por “dedicarse a actividades de política partidista, actividades que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública”, lo cual contraviene el derecho fundamental de la  libre asociación contemplado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros tratados internacionales.

Pero, ¿qué hay detrás de todo este cercamiento y blindaje legal a las organizaciones de la sociedad civil? Y, además, ¿cuáles son los riesgos de que dichos decretos sean transformados en ley, como se pretende hacer con el Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social que acaba de aprobarse para ser debatido en la Asamblea?

Empecemos por partes. Según información del SUIOS (Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales) en efecto existen más de 90 mil organizaciones de la sociedad civil registradas en el RUOS, es decir, el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil. Al momento, para ser exactos, 90.566 y dicha cifra va en aumento constantemente. Por ejemplo, a fecha del 18 de abril, el número registrado en la página del RUOS era de 90.148.

De este número de organizaciones, la mayoría están en estatus de registradas y el resto constan como activas, disueltas o liquidadas. Según información publicada en diario El Comercio en marzo pasado, serían 26.081 las organizaciones registradas en el SUIOS  y el resto estarían en proceso de registro. Esta información no ha podido ser refrendada por Fundamedios, pues, pese a haberse solicitado por varios medios y haber enviado oficios a la Secretaría de Gestión de la Política, que es en donde se registran todas las organizaciones, no recibimos respuesta alguna, lo cual contraviene el derecho al acceso a la información pública contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por otro lado, información proporcionada por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil (CEOSC) recoge que en el país existirían 46mil organizaciones, dato proporcionado por comunicados oficiales desde el Estado, según indicó la CEOSC. No obstante, a decir de Galo Toapanta, comunicador de tal organismo, este dato no lo pueden verificar, pero la referencia que pueden proporcionar es las cerca de 2000 organizaciones que lograron mapear: “muchas de estas requieren de una comprobación. Luego de una verificación una por una, tenemos un mapeo de cerca de 400 organizaciones”. Por otro lado, son 64 las organizaciones miembros de la CEOSC a nivel nacional.

Pese a que en la página web del RUOS está subido el registro y el acuerdo ministerial (no en todos los casos) de cada una de las 90mil organizaciones registradas, incluyendo su objetivo principal y su ámbito de acción, no existe un mapeo general de qué tipo de actividad realizan y es imposible determinar si son partícipes activas del ámbito público y social. Por ello, es impreciso asegurar que aquellas organizaciones representan en su totalidad a una “vibrante y grande sociedad civil”.

Respecto a eso, Ivonne Yánez, miembro de Acción Ecológica y una de las personas que elaboró uno de los informes sobre libertad de asociación presentado a los países miembros de la ONU para el EPU, opina que “efectivamente podría haber un número elevado de organizaciones de la sociedad civil, pero muchas de ellas tienen solamente un nombre o pueden ser simplemente asociaciones de padres de familia, por ejemplo. Digamos que, probablemente, en términos de cantidad sí es elevado, sin embargo, el que sea vibrante y que efectivamente tenga las mejores condiciones posibles para poder trabajar, es otra cosa”.

Con ello coincide Mauricio Alarcón, ‎director (E) de Fundamedios, quien cree que la sociedad civil siempre ha sido grande, “como tercer sector ha sido uno de los elementos fundamentales del país; lo que cuestionaría es el término de vibrante, pues justamente la política del Gobierno respecto de la sociedad civil ha creado un sistema de premios y castigos que a muchas organizaciones ha silenciado, a algunas ha anulado y a otras que han logrado sobrevivir, se les ha estigmatizado, perseguido y hostigado como ha ocurrido en los últimos años”.

¿Se trata de las cuatro organizaciones de siempre?

Aunque la posición oficial del gobierno acusa de hacer un lobbying parcializado a un grupo reducido de organizaciones de la sociedad civil en el marco del EPU, lo cierto es que es imposible trazar una línea de proporcionalidad entre las más de 90mil organizaciones que constan en el RUOS y las que se dedican a la defensa y promoción de los DDHH, pues, como se dijo anteriormente, además de la inexactitud de aquellos datos, muchas de esas organizaciones registradas tienen actividades que distan de tener una incidencia en la esfera pública y social en el tema de derechos.

Según Alexandra Almeida, directora de Acción Ecológica, no es cierto que simplemente se trate de tres o cuatro organizaciones: “ha existido una amplia participación para hacer estos informes sombra que incluso se hicieron individualmente y también en conjunto, dependiendo de los temas. También en el cabildeo que se hizo en embajadas esta vez hubo muchas más organizaciones participando”.

Según la información oficial del EPU, las organizaciones de la sociedad civil presentaron 47 informes, 26 de los cuales fueron realizados por coaliciones de varias entidades en temas diversos como derechos sexuales y reproductivos, derechos de niños, niñas y adolescentes, diversidad sexual, género, medioambiente, derechos territoriales, reunión pacífica, entre otros; además de los ya mencionados: derecho a la protesta social, independencia de la justicia, libertad de expresión y libertad de asociación. Esto en contraste con los 19 informes que se presentaron durante la evaluación anterior en 2012, por lo que la participación de la sociedad civil se incrementó este año en más del doble.

Infografía informes-02

Es por ello que Mauricio Alarcón considera que los dichos del canciller denotan “una terrible ignorancia, pues ni siquiera se ha tomado el tiempo de leer los informes que presentó la sociedad civil”. También explicó que en ellos “se abordan todos los derechos fundamentales, no únicamente dos o tres temas, y precisamente de ahí parten los cuestionamientos”.

Con ello coincide Ivonne Yánez, y resalta que los países realizan sus recomendaciones a través de serias investigaciones, por lo cual considera “una grosería del canciller Long decir que los países se limitan a tomar esos informes”. También explica que los mismos se realizan de forma individual y luego colectiva con varias organizaciones en diversos temas. Posteriormente algunas organizaciones de derechos humanos hicieron un trabajo de incidencia ante las embajadas, y también se hizo  una visita en los períodos de apreciación en el mes de abril en Ginebra, previo al Examen Periódico Universal.

Una de las agrupaciones de la sociedad civil que presentó un informe conjunto para el EPU fue la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador, misma que agrupa a 25 organizaciones de diversa índole, como la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos -AEDEP-, el Colectivo YASUNIDOS, la Confederación Mujeres por el Cambio, la ECUARUNARI, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador –CUCOMITAE-, la Federación de Médicos del Ecuador, la Fundación DESAFÍO, entre otras, cuyo informe incluye el análisis de la situación de ocho derechos básicos en el país.

De acuerdo a la información incluida en el resumen de los comunicados de las 50 partes interesadas para el EPU Ecuador, serían más de 80 organizaciones de la sociedad civil las que presentaron informes en el marco de dicho examen.

¿Cuál es el riesgo de que los decretos 16 y 739 se conviertan en Ley?

Que la posición oficial deslegitime a las organizaciones que denuncian las violaciones de derechos básicos es bastante decidor respecto al derecho que justamente se está vulnerando con la aplicación de tales decretos: el de la libre asociación. Es por ello que varias organizaciones denunciaron la situación en la coyuntura del Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, que precisamente acaba de entrar a la Asamblea mediante avocación de conocimiento de la Comisión de Participación Ciudadana para su posterior primer debate.

Ello pese a la acción de protección en contra del trámite de dicho proyecto presentada en abril por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la cual fue denegada.

Este proyecto busca, entre otras cosas, convertir en ley a los Decretos 16 y 739, con lo cual, según Juan Auz, abogado de la organización Terra Mater, “se perdería el principal argumento que tenemos desde la sociedad civil para rechazarlos, que consiste en que se está regulando un derecho fundamental -el de la libre asociación- mediante una norma de jerarquía menor, entonces eso viola el principio de legalidad”.

De hecho, esa es una de las mayores críticas de los organismos internacionales, tal como se recoge en el Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, A/HRC/20/27, de 2012, que en su párrafo 16 dice que “toda restricción (a derechos fundamentales) debe… estar prescrita por la ley, lo que implica que la ley debe ser accesible y estar formulada con la suficiente precisión”. Asimismo, el Segundo Informe de la CIDH sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, de 2011, señala que “las restricciones a la libertad de asociación sólo serán válidas si han sido establecidas por ley (mediante una decisión del Parlamento o una norma no escrita equivalente del common law) y no son permisibles si se establecen por decreto de gobierno o mediante otro tipo de decisión administrativa”.

“Cuando elevas un decreto a ley orgánica, ya tienes la legitimidad y la legalidad; además de que es más difícil derogar una ley que un decreto, de hecho, un nuevo gobierno puede derogar un decreto pero no una ley”, explica Auz.

Alexandra Almeida por su parte, cree que el proyecto de ley “es nefasto, dado que eso da pie a que se cierren otras organizaciones”. Cree además que es una “violación total a los derechos que tenemos como ciudadanos y también para las organizaciones”. En ese sentido, Mauricio Alarcón expresa que “si no hubiera la intención de seguir controlando a las organizaciones a través de restricciones, ¿por qué elevar a categoría de ley una norma que, dicho por los relatores, no cumple con los estándares internacionales? Pues para dejar un blindaje que sea una suerte de amenaza a ciertas organizaciones, para que el nuevo gobierno la aplique quizá de manera selectiva”.

Según Marcelo Espinel, Director de Proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, “es necesario que las organizaciones de la sociedad civil planteen ante los legisladores que el proyecto no cumple con los estándares internacionales y que el informe que debería emitir la comisión encargada es su inmediato archivo”.

Una de las críticas respecto al incumplimiento de los estándares internacionales es que el hoy proyecto de ley contempla causales de disolución que son poco claras y se prestan a interpretación discrecional. Según el informe emitido por el Comité de DDHH de la ONU en junio pasado, “al Comité le preocupa la información de que la legislación del Estado parte contiene disposiciones que permiten disolver organizaciones sociales que cuenten con personería jurídica, con base en causales que podrían resultar muy amplias o ambiguas”.

Para Ivonne Yánez, las causales de disolución “no son sólo subjetivas sino que están a discrecionalidad de los funcionarios públicos que son los que deciden cuándo las organizaciones están cumpliendo con sus objetivos, o cuando se pone en riesgo la seguridad del Estado. Lo que buscan es amedrentar a las organizaciones, evitar que se denuncie las posibles violaciones a derechos, cuando en realidad ese es nuestro trabajo”.

Desde 2013, año en el que fue aprobado el Decreto 16, se han disuelto dos organizaciones de manera arbitraria y polémica basándose en tales disposiciones: la Fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores UNE. La primera acusada de atentar en contra de la seguridad interna del Estado y la paz pública, y la segunda por supuesto incumplimiento del registro de su directiva.

Otras dos organizaciones que también estuvieron a punto de ser disueltas por la aplicación de dicho decreto fueron Fundamedios, por supuestamente alejarse de sus fines estatutarios al evidenciar posiciones de carácter político;  y Acción Ecológica, la más reciente, por desviarse de los fines para los cuales fue constituida, y por supuestamente atentar contra la seguridad interna del Estado y afectar a la paz pública.  

No obstante, estas cuatro organizaciones no son las únicas disueltas o amenazadas por la aplicación de tales decretos. En una próxima entrega Fundamedios presentará una investigación sobre cuántas organizaciones de la sociedad civil realmente han sido disueltas en el país.

 

 

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El Gobierno de Ecuador rechazó 19 de las 182 recomendaciones formuladas por 83 Estados que examinaron al país, durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU), que tuvo lugar el 1 de mayo en la sede de la ONU, en Ginebra. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos por el cual se evalúa a los Estados miembros, en el cumplimiento de sus compromisos internacionales sobre la materia.

La decisión se conoció este 6 de mayo durante la sesión de adopción del informe del EPU. De las 182 recomendaciones, 159 tuvieron el apoyo del Ecuador afirmando que ya están implementadas o en proceso de implementación, mientras que la posición de 4 de ellas quedaron diferidas y deberán conocerse hasta el 36 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en septiembre de este año.

Las recomendaciones, que no fueron aceptadas por el Ecuador tienen relación con el respeto pleno y la garantía de los derechos de libertad de expresión y asociación (la revisión de la Ley Orgánica de Comunicación y otras normas como el Decreto Ejecutivo 16 y 739 que resultan restrictivas para el ejercicio de los derechos), así como la independencia de la justicia, con especial énfasis en la revisión de la figura de “error inexcusable” para sancionar a jueces.

María Fernanda Espinosa, Embajadora de Ecuador en la ONU cuestionó que el país ha recibido algunas recomendaciones sobre ciertos aspectos normativos o políticas públicas que “simplemente no existen o no corresponden a la realidad ecuatoriana”. Al respecto, la funcionaria afirmó que “es de fundamental importancia asegurar que este mecanismo mantenga su carácter constructivo, objetivo y no politizado, sin duda una de las formas de hacerlo, es asegurando que las recomendaciones que realicen los estados en el diálogo interactivo sean coherentes con las propias realidades internas y las buenas prácticas de los Estados que las proponen. Solo así el EPU podrá mantener su legitimidad y credibilidad. Por otra parte, creemos fundamental mantener el objetivo principal del Examen Periódico Universal como mecanismo en el que los países sean examinados bajo estándares de información objetiva y fidedigna”.

De las 182 recomendaciones formuladas, 36 corresponden exclusivamente al respeto y mejora de los derechos de libertad de expresión y asociación emitidas por los siguientes países: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estonia, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, México, Perú, República Checa, República de Corea, Reino Unido, Suecia, Suiza y Ucrania.

A continuación puede revisar las recomendaciones formuladas por cada país en el siguiente cuadro:

RECOMENDACIONES EPU PDF

 

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización Freedom House presentaron este 28 de abril de 2017, sus informes anuales respecto a la libertad de expresión. Estos informes se emiten a días de que el Ecuador sea examinado por los países miembros de Naciones Unidas, en el cumplimiento de las medidas adoptadas para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país. Esta evaluación, denominada “Examen Periódico Universal, EPU”, se lleva a cabo cada cuatro años y este 1 de mayo será el turno del Ecuador, en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.

Respecto al estado de la libertad de expresión en el Ecuador, la Relatoría dedicó 20 páginas distribuidos en nueve subcapítulos para detallar los casos de violaciones a este derecho fundamental que más le preocupan a este organismo, en su informe del 2016. Entre los subcapítulos se encuentran las amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación, protesta social, declaraciones estigmatizantes, responsabilidades ulteriores, Ley de Comunicación, Internet y libertad de expresión, uso de los derechos de propiedad intelectual para bloquear contenidos en Internet, diversidad y pluralismo y otras situaciones relevantes.

En dichos apartados se destaca, por ejemplo, la reiterada preocupación de la Relatoría en la aplicación de la Ley de Comunicación “por las gravosas restricciones que la ley establece y el amplio margen de discreción que le otorga a la autoridad de aplicación para restringir contenidos difundidos por medios”. Es así que en este último informe, la Relatoría reiteró que la ambigüedad en los términos de las restricciones y la cuantía exorbitante de las sanciones impuestas podrían generar un efecto amedrentador en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Ecuador.

En ese sentido, el informe de la Relatoría hace especial énfasis en los abusos al derecho a la rectificación y afirmó que a través de este mecanismo es posible obligar a un medio a difundir una información que no desea publicar. “El artículo 14 de la Convención establece condiciones estrictas para que proceda su imposición a los medios de comunicación social de modo de respetar las exigencias del derecho a la libertad de expresión. En efecto, entre otras cosas, el derecho no procede ante la mera mención de una persona en un medio de comunicación, sino ante afectaciones producidas por informaciones inexactas o agraviantes”, apuntó la Relatoría.

En esa línea y dentro del apartado “Diversidad y pluralismo”, la Relatoría se refirió al concurso de frecuencias que lleva a cabo la ARCOTEL, en donde aseguró que ha recibido información sobre las dificultades que habrían enfrentado las radios comunitarias, en especial aquellas en los lugares más alejados de la capital para participar en el concurso, toda vez que el formulario de postulación resultaba de un alto contenido técnico y no tenía en consideración características propias de las radios comunitarias.

La Relatoría recordó que la asignación de licencias de radio y televisión debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes, que sirvan de freno a la posible arbitrariedad del Estado y que garanticen condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas y sectores interesados.

Los temas de derechos digitales también son de la preocupación de la Relatoría, por lo que se refirió a los ataques a portales informativos, en donde aseguró que el Estado debe “investigar cuando un sitio de Internet es objeto de ataques como, por ejemplo, los llamados Denial of Service Attacks (DoS). “Este tipo de agresiones informáticas pueden estar dirigidas a personas en particular o a medios de comunicación y pueden ser enormemente disruptivos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, razón por la cual el Estado está obligado a investigar estos ataques y repararlos adecuadamente”

En su informe, la Relatoría  también se refirió al bloqueo de contenidos, a propósito de las reclamaciones que ha hecho la Secretaría de Comunicación, por supuestas violaciones a los derechos de Copyright, por lo que recordó que este tipo de acciones son “una medida extrema que debe evitar ser utilizada para restringir la difusión de discursos especialmente protegidos o que tienen presunción de protección cuando dicha presunción no ha sido desvirtuada por una autoridad competente que ofrezca suficientes garantías de independencia, autonomía e imparcialidad”

En cuanto a las intimidaciones sufridas por los periodistas y la criminalización a la protesta social, la Relatoría recordó casos como las amenazas a través de redes sociales a los miembros del portal 4Pelagatos, por haber cuestionado al presidente Correa por utilizar el diario estatal El Telégrafo para publicar un artículo de su hija; la agresión con palos al periodista Jean Cano durante unas protestas en marzo; o el caso de los “29 de Saraguro”, quienes fueron procesados tras una jornada de protestas.

Al respecto, la Relatoría recordó que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. Sobre la protesta social, aseguró que esta es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos y es esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades

Finalmente, las declaraciones estigmatizantes siguen siendo un tema de preocupación para la Relatoría y este último informe reiteró que “los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos…”. Esto, a propósito de los insultos y descalificaciones emitidas por el presidente Correa durante sus Enlaces Ciudadanos de cada sábado.

En cuanto al informe de Freedom House, este organismo pone al Ecuador en la categoría de “No libre”, con un puntaje de 66/100, el más bajo de latinoamérica después de Venezuela, que obtuvo la puntuación de 81/100 y Cuba, que fue calificada con 91/100. El puntaje de Ecuador es igual al obtenido el año pasado y es el mismo obtenido por Marruecos o Camerún y similar al de otros países africanos.

A nivel global, Freedom House recalcó que la libertad de prensa en el mundo ha sufrido una recaída a su punto más bajo en 13 años debido a las constantes amenazas en contra de medios y periodistas y la creciente tendencia a controlar la información por parte  de gobiernos autoritarios. Según este organismo, el 45% de la población mundial vive en países sin prensa libre, cuyas peores calificaciones las obtuvieron: Azerbaijan, Crimea, Cuba, Guinea Ecuatorial, Irán, Corea del Norte, Siria, Turkmenistán y Uzbekistán.

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ruedadeprensa1Más de una veintena de organizaciones enviaron al menos 16 informes sobre la situación de derechos humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Ecuador, que se efectuará en mayo de 2017. Esta es la segunda vez que la sociedad civil participa de forma activa en las instancias de derechos humanos de la ONU. La primera vez ocurrió en el Comité de DDHH de la ONU en Ginebra, en junio pasado, cuando enviaron 13 informes.

El EPU es un proceso que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, cada cuatro años.  El último EPU de Ecuador fue en el 2012 donde países como Eslovaquia, Canadá, Noruega, Letonia, Bélgica, Francia, Costa Rica, entre otros, hicieron observaciones al país sobre el estado de la libertad de expresión y de asociación, la despenalización de la difamación, la independencia de los medios, entre otros puntos.

Luis Verdesoto, presidente de la Plataforma de DDHH y Democracia, recordó en la rueda de prensa de ayer junto con representantes de las organizaciones que realizaron los informes que “existe una acuciosa mirada” internacional y de la sociedad civil sobre el Estado ecuatoriano y de la respuesta que dará este en el próximo Examen.

Marcelo Espinel, abogado de Fundamedios, presentó los dos informes realizados por la organización en coalición con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y  la organización internacional Civicus. Estos informes abordan las libertades de expresión y asociación, el acoso, la intimidación y los ataques a defensores de DDHH, la independencia de los medios de comunicación y el acceso a la información pública.  “La situación está en retroceso constante”, afirmó Espinel. Informó que en estos temas, el 70% de las recomendaciones del EPU de 2012 no ha sido implementado, un 10% ha sido atendido de forma parcial y solo el 20% restante fue cumplido en su totalidad.

Espinel manifestó además que el Estado está usando la figura de protección de datos personales para restringir el acceso a la información pública tanto a periodistas como a activistas. Y agregó que incluso abogados han sido amenazados por presentar acciones judiciales de acceso de información. Espinel resaltó las recomendaciones que se plantean en los reportes:

En libertad de asociación:

  • Adoptar medidas para fomentar un ambiente seguro y respetuoso para la sociedad civil. Esto incluye la eliminación de políticas y normativas que limitan injustificadamente el derecho a la libre asociación. Específicamente el los Decretos Ejecutivos N° 16 y N ° 739, mismos que deberían ser derogados y sustituidos por una ley integral que elimine todas las restricciones a la libertad de asociación, de conformidad con el artículo 21 y 22 de la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
  • Abstenerse de realizar actos que conduzcan al cierre de las organizaciones o la suspensión de sus actividades pacíficas, y restablecer a todas las organizaciones de la sociedad civil que han sido arbitraria e indebidamente retirada su personería jurídica.

Respecto al acoso a defensores de DDHH:

  • Proporcionar un ambiente seguro y protegido para los miembros de la sociedad civil, periodistas y defensores de los derechos humanos para que puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor, ni impedimentos, ni acoso legal o administrativo alguno.
  • Llevar a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas y efectivas sobre todos los casos de ataques, acoso e intimidación contra activistas de la sociedad civil, periodistas y defensores de derechos humanos, y juzgar a los autores de dichos delitos.
  • Derogar o enmendar las leyes y decretos que restringen injustificadamente el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos en consonancia con la Declaración sobre los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas. De manera específica, el Código Orgánico Integral Penal debe modificarse de acuerdo a las normas internacionales citadas, con el fin de asegurar que sus disposiciones sobre los delitos contra la seguridad interna del Estado, tales como el sabotaje y la interrupción de los servicios públicos, no sean empleados para impedir o criminalizar el trabajo de los defensores de derechos humanos. Una legislación específica sobre la protección de los defensores de los derechos humanos también debería ser adoptada de conformidad con la resolución 27.31 del Consejo de Derechos Humanos.
  • Todos los defensores de DDHH detenidos por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica deben ser liberados de inmediato y sin condiciones. Sus casos deben ser revisados ​​para evitar un mayor acoso.

En libertad de expresión:

  • Garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa, adecuando la legislación interna a las normas internacionales. De manera específica, se debe revisar y alinear la Ley Orgánica de Comunicación con las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de libertad de expresión, particularmente, con los aspectos que contemplan controles a los contenidos periodísticos y la criminalización de la libertad de expresión. En ese sentido, se debe abstener  la adopción de leyes que regulen la censura o el control indebido de los contenidos mediáticos.
  • Tomar las medidas adecuadas para levantar las restricciones a la libertad de expresión y adoptar un marco que proteja a los periodistas de la persecución,  intimidación y acoso.
  • Asegurar que los periodistas y redactores de medios escritos como digitales puedan trabajar libremente y sin miedo al castigo por expresar sus opiniones críticas, o al momento de dar cobertura a temas que podrían ser sensibles para el gobierno.
  • Reformar la legislación de difamación de conformidad con el artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
  • Desarrollar un plan de acción para garantizar que las leyes de Internet cumplan con el compromiso del Gobierno de proteger la libertad de expresión e información, y, de esta manera, asegurar el libre acceso a los medios electrónicos, liberar las reglas de propiedad de medios electrónicos y permitir a los bloggers, periodistas y otros usuarios nacionales de Internet jugar una papel activo en la promoción y protección de los derechos humanos.

Sobre libertad de reunión:

  • Adoptar las mejores prácticas en materia de libertad a la reunión pacífica, según lo propuesto por el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a  la libertad de reunión pacífica y asociación en su informe anual (2012), que aboga por una simple notificación, en lugar de un permiso explícito.
  • Promulgar una ley federal que regule las reuniones públicas con el fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, y asegurar que las leyes que juzgan el terrorismo no sean mal utilizadas para imponer restricciones injustificadas al ejercicio de la libertad de reunión.
  • Proporcionar una investigación imparcial e inmediata de todos los casos en los que se haya aplicado el uso progresivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, durante protestas y manifestaciones. Altos funcionarios del gobierno deben condenar públicamente el uso de fuerza excesiva y brutal por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar las protestas.
  • Revisar la necesidad de actualizar la formación de la policía y demás fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos, con la ayuda de organizaciones no gubernamentales independientes para fomentar la aplicación más coherente de las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y ​​Armas de Fuego.

Sobre visitas oficiales de los relatores:

  • El Gobierno del Ecuador tiene una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la ONU desde el año 2003. Se debe dar prioridad a las visitas oficiales del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el derecho a la la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre defensores de los derechos humanos.

Sobre acceso a la información:

  • Delimitar, acorde a los principios de legalidad y reserva de ley, así como de estándares internacionales, los casos en que la información se considera reservada o confidencial, para garantizar el derecho ciudadano al acceso a la información pública.
  • Derogar el  numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Legislativa evitando así que el régimen disciplinario establecido en esta norma sea aplicado de manera arbitraria y menoscabe derechos fundamentales de los abogados en el ejercicio de su profesión o sus representados.
  • Reformar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, especialmente en lo relacionado con el plazo de entrega de la información a la ciudadanía, el formato en el que esta información debe ser entregada, la realización de solicitudes de información vía electrónica y la protección y el anonimato de los solicitantes, fomentando la promoción del Gobierno Abierto y la apertura de datos en todas las instituciones.
  • Exigir al Estado que implemente medidas positivas tendientes a que todas las instituciones obligadas por la ley cumplan de manera integral lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información y, en su defecto, que aplique las sanciones previstas en el artículo 23 de la misma norma a toda autoridad que haya incurrido en cualquier acción u omisión por la cual se niegue, tácita o expresamente, la entrega de información pública.
  • Garantizar que el proyecto de Ley Orgánica de la Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales cumpla con estándares internacionales sobre la materia, así como con lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional, revisando sobre todo las definiciones de datos personales y datos sensibles para que mediante su modificación se garantice de manera plena el derecho al acceso a la información pública.

Asimismo, Espinel informó que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) elaboró un informe sobre el estado de la independencia de la justicia en el Ecuador, que se centra en el uso de la figura del error inexcusable a través de la cual se ha destituido a numerosos funcionarios judiciales.

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De la misma forma la Fundación Mil Hojas habló de su informe sobre privacidad y acceso al internet hecho en coalición con Usuarios Digitales. La Ecuarunari explicó su reporte sobre las limitaciones al acceso a educación en los sectores indígenas. Asimismo Terra Mater informó sobre su reporte acerca del derecho a la consulta previa en los pueblos indígenas; el Observatorio de Derechos y Justicia junto con el Colegio de Abogados de Pichincha analizaron el uso de las garantías constitucionales como la acción de protección; la Internacional de Servicios Públicos abordó los derechos de los trabajadores; Yasunidos se enfocó en los derechos de los pueblos en aislamiento; la Coalición de Mujeres trató los derechos de las mujeres; la Fundación Dayuma explicó sobre la libertad de asociación y el derecho a la protesta pacífica; y la Asociación de bananeros y trabajadores agrícolas sobre el derecho a la libertad sindical.

Descargue los 16 informes:

  1.  Fundamedios, FCD, Civicus y Aedep: Libertad de expresión y asociación
  1.  FCD y Fundamedios: Acceso a la información pública
  1.  Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD):  Independencia de la justicia
  1.  Plataforma por la defensa de la Democracia y Derechos Humanos en Ecuador (PDDHE): Derechos de asociación y participación, pueblos indígenas, privacidad, género, medio ambiente, libertad de expresión, opinión y prensa, y justicia
  1. ISP y UNE con el apoyo de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en Ecuador (PDDHE): Derechos laborales de los Trabajadores Públicos
  1. Observatorio Ciudadano Electoral y Participación Ciudadana: Derechos de participación y Consulta Popular
  1.  ECUARUNARI: Derecho a la educación (educación intercultural bilingüe), derecho al agua (Ley de Aguas) y derechos colectivos
  1. PDDHE y Colectivo Nosotras por la Democracia: Derechos de Comunicación, libertad de expresión y privacidad; asociación y reunión; justicia; género; y pueblos indígenas
  2.  Coalición Nacional de Mujeres: Violencia de género contra las mujeres
  3. Frente Ecuatoriano de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y el Taller de Comunicación Mujer: Delitos sexuales
  4. Coalición Yasunidos con Acción Ecológica y Saramanta Warmikuna: Derechos de los pueblos en aislamiento, derecho al territorio, a no ser despojados y a la participación política
  5. Observatorio de Derechos y Justicia: Acceso a la justicia
  6. Coalición PIDHDD, UNE, CUCOMITAE y Fundación Dayuma: Derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación
  7. Fundación Mil Hojas y Usuarios Digitales: Informe sobre privacidad y acceso al Internet
  8. Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas Bananeros y Campesinos: Derechos sindicales
  9. Terra Mater junto con CONAIE, CONFENIAE y el Centro de DDHH de la PUCE: Derecho a la consulta previa, libre e informada en relación a la concesión de bloques petroleros en la Ronda Suroriente

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Estado ecuatoriano incumple con recomendaciones sobre libertad de expresión recibidas durante II Examen Periódico Universal

Al cumplirse un año desde que el Ecuador se sometió al Examen Periódico Universal EPU, en la sede de la ONU, en Suiza se puede concluir que existe incumplimiento y mínimo interés para que en Ecuador mejore la situación de las libertades de pensamiento y expresión, así como los derechos de asociación y protesta pacífica. Y es que los hechos hablan por sí solos, los problemas existentes en el país en esta materia no han mejorado al contrario se han profundizado en este último año. Esto se desprende de una valoración objetiva de los hechos de este último año que se establece en este informe.

En el examen, Ecuador recibió el 21 de mayo del año pasado, 24 recomendaciones sobre libertad de expresión de un paquete de 134 observaciones sobre derechos humanos. Durante el EPU, 18 Estados de los 193 que forman parte del sistema de Naciones Unidas mostraron su preocupación por la situación de este derecho fundamental en Ecuador.

En septiembre del año anterior, durante la sesión de adopción del informe,  Ecuador rechazó tres de las recomendaciones recibidas por estar ya implementándose. Sin embargo las 24 recomendaciones están siendo incumplidas, a esta conclusión se llegó luego de que de evaluar  la información entregada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el “avance” la aplicación de las recomendaciones recibidas.

Para evaluar la información entregada por el Ministerio, las 24 recomendaciones fueron agrupadas en 5 grandes temáticas que versan sobre el trabajo de los órganos internacionales de protección del derecho a la libre expresión, garantías generales al ejercicio de este derecho,  la adecuación de la normativa penal en materia de libertad de expresión y por último la protección para la prensa y los defensores de derechos humanos.

A continuación se reseña brevemente los actos mediante los cuales el Ecuador ha incumplido estos compromisos en el último año y un cuadro comparativo de las recomendaciones que fueron acogidas por el Estado, ordenadas por temas, y se incluye la respuesta del Estado con respecto al cumplimiento de las mismas, cuando procede.

1 Recomendaciones acerca del trabajo de los órganos internacionales de protección del derecho a la libre expresión.

Recomendación:

“Aceptar la solicitud presentada en 2004 por el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión para visitar el país (Bélgica); aceptar la solicitud del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que está a la espera de respuesta desde 2004 (Letonia)”.

Información del Estado: Ninguna

Actos de incumplimiento:

  • Desde el año 2012 el Ecuador ha llevado a cabo una campaña de debilitamiento a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
  • Aunque el proceso de reforma promovido por Ecuador en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) terminó sin mermar las facultades de estos órganos, Ecuador persiste en llevar a cabo gestiones diplomáticas  que apuntan a disminuir el financiamiento de la CIDH y la RELE, deslegitimar la facultad de la CIDH de emitir medidas cautelares y convertir estos mecanismos de protección en un proceso largo y complicado.
  • Las gestiones del gobierno  buscan mermar la independencia institucional y financiera de la RELE, y minimizar su capacidad de acción en el Hemisferio mediante la invisibilización de los actos de promoción y protección que surgen desde esa oficina temática.
  • En el marco de estas discusiones, Ecuador ha amenazado con “salir” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entendemos que se refiere a una denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos CADH.
  • Ecuador es el  único país de la región que en el año 2013 ha controvertido el Informe Anual de la RELE, a pesar de contener mayormente fuentes oficiales y gubernamentales para sustentar la información allí vertida.
  • La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Ecuador, que estaba originalmente planificada para junio de 2013, aún no ha sido concretada por el Estado.

2.  Recomendaciones que consagran garantías generales al ejercicio de la libre expresión:

Recomendación:  Proseguir los esfuerzos para garantizar a todos los ecuatorianos el derecho a la comunicación libre, intercultural, y participativa en todos los entornos y medios de comunicación, y el derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información fidedigna, verificada, oportuna, contextualizada y plural (Perú); garantizar a todos, incluidos los periodistas y los defensores de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión; cumplir sus compromisos internacionales, en particular el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Estonia); promover y proteger el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Suecia). proteger el derecho a la libertad de expresión de los periodistas (Australia); preparar mecanismos para aumentar la seguridad de los periodistas y asegurar que órganos independientes e imparciales investiguen todos los ataques (Austria);

Información del Estado: Sobre recomendación de Perú, informó que: “por primera vez en la historia del Ecuador ha existido acceso plural a los medios de comunicación. El Ecuador brinda acceso al espectro electromagnético a medios privados, comunitarios y públicos. De esta manera, el Estado está marcando una política que respeta la libertad de expresión y garantiza el derecho a la comunicación.”

Actos de Incumplimiento:

  • La constitución del Ecuador consagra el derecho de buscar, recibir y difundir información en el artículo 18, pero condiciona el ejercicio de este derecho a criterios subjetivos de objetividad, oportunidad y veracidad, en contradicción a los estándares internacionales en la materia.
  • En el año 2012, Fundamedios reportó 172 agresiones a periodistas y lo que vamos del 2013 ya se contabilizaron 68  ataques  a la libertad d expresión. El mayor número de estas agresiones provinieron del Presidente de la República.
  • Durante el año 2012 y lo que va del 2013, varios funcionarios públicos han anunciado la estatización de la comunicación como un servicio que debe ser provisto, administrado y otorgado por el Estado, en lugar de un derecho fundamental que debe reconocerse y garantizarse.
  • El Presidente ordenó a sus ministros no otorgar entrevistas a medios privados, para “no darles la primicia”. La medida verbal fue acatada por muchos miembros del gabinete presidencial y subiste hasta hoy.
  • El Presidente Correa prohibió bajo amenaza de destitución que los miembros de su gabinete brinden a asambleístas información requerida por ellos, a pesar de ser ésta una facultad constitucional y legal.  El Presidente ordenó que este tipo de información se canalice solo a través del presidente de la Asamblea.
  • Asamblea no podrían solicitar información.
  • Durante el año 2012 y lo que va del 2013 dos asambleístas de partidos opositores al gobierno han sido enjuiciados tras haber realizado denuncias de posibles actos de corrupción en la administración pública.
  • En julio de 2012 el Secretario de Comunicación ordenó que se retire el pautaje oficial de los medios de comunicación privados que sean críticos con el gobierno.
  • Entre el 2012 y 2013 se reportaron cuatro asesinatos a comunicadores sociales. El único que fue esclarecido correspondía al de un fotógrafo freelance hermano del Ministro del Interior. De los otros tres no se conoce avance alguno en las investigaciones realizadas.
  • En el año 2012 se registró el cierre de diez medios de comunicación, mediante la no renovación del contrato de frecuencia, o su terminación. Las acciones administrativas frecuentemente incluyeron la incautación y la destrucción de equipos, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales que participaron en los operativos. Los procesos administrativos de cierre de frecuencias han sido criticados por la inobservancia a las normas de procedimiento establecidas en la ley, y en muchas casos han servido para silenciar a estaciones o periodistas críticos en zonas de poca aceptación al gobierno nacional.

3. Recomendaciones acerca del derecho a la libertad de expresión y asociación como requisitos para ejercer el derecho a la protesta social, y el trabajo de los defensores de DDHH Y ONGS en el país.

RECOMENDACIÓN:  Velar porque los activistas comunitarios y los dirigentes indígenas puedan ejercer su derecho de reunión y protesta pacífica y que la legislación antiterrorista no se utilice inadecuadamente para censurar esas actividades (Canadá); respetar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica y restringir al mínimo estrictamente necesario los procesos penales contra quienes ejerzan estos derechos (Bélgica); velar porque las disposiciones penales no se utilicen para limitar la capacidad de los defensores de los derechos humanos o los manifestantes para ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y que las autoridades competentes vuelvan a examinar los casos de las personas detenidas y procesadas (Alemania); Promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación de conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos del país (Eslovaquia); velar porque todos los activistas de derechos humanos que actúen en el país, incluidas las personas que colaboren con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, estén libres de penalización, acoso o intimidación y puedan desempeñar libremente sus obligaciones legítimas (Eslovaquia); examinar la reciente legislación restrictiva sobre las ONG con vistas a impedir que las manifestaciones y las protestas legítimas de la sociedad civil puedan ser llevadas a los tribunales o penalizadas bajo la definición penal de “terrorismo” o “sabotaje” (España); participar en un diálogo constructivo con los medios de comunicación, las ONG y los órganos internacionales para promover la libertad de expresión en el Ecuador (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); velar por que los Decretos n.º 982 y n.º 812, relativos a la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de expresión, no se apliquen para bloquear la labor legítima de las ONG (Suiza); asegurarse de que el Decreto Presidencial n.º 982 no se aplique de manera que impida la labor de los defensores de los derechos humanos (Austria).

Información del Estado: “No puede asimilarse las acusaciones por terrorismo bajo la legislación ecuatoriana frente a la noción internacional, en especial a los criterios que sobre terrorismo maneja la UNODC, puesto que tienen nociones y consideraciones de aplicabilidad distintas en virtud del momento histórico en el cual dicho delito fue tipificado en el Ecuador. En este sentido, se evidencia que los términos que maneja el Código Penal ecuatoriano no guardan relación con la concepción internacional del terrorismo. Por otro lado, frente a los casos de las personas que se presentan en protestas sociales que resultan con la destrucción de bienes y servicios públicos y su actuación incurre en acciones delictivas, la Policía Nacional aplica el Acuerdo Ministerial No. 1699 del Ministerio del Interior de fecha 18 de agosto de 2010 en el cual se ha reglamentado e institucionalizado el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza”.

Actos de incumplimiento:

  • En el año 2012, 10 jóvenes activistas de izquierda (los 10 de Luluncoto) fueron arrestados cuando se encontraban reunidos organizando una marcha pacífica. Originalmente fueron acusados de delito flagrante que no pudo ser demostrado, luego se les involucró sin evidencia alguna en el la explosión de bombas panfletarias en la ciudad de Guayaquil. Finalmente, la Corte Nacional de Justicia los sentenció a un año de prisión por el delito de tentativa de terrorismo, cambiando la figura penal por la que originalmente fueron acusados.
  • En el marco del caso de los “10 de Luluncoto”, los familiares de los acusados fueron víctimas de múltiples actos de hostigamiento, requisas sorpresivas e incursiones arbitrarias en sus domicilios por parte de la fuerza pública, algunas veces sin orden de la autoridad competente.
  • En agosto de 2012 los dirigentes campesinos Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán y Efraín Arpi fueron condenados a ocho días de prisión por la Corte Nacional de Justicia por el delito de cierre de vías públicas y obstrucción de servicios básicos tras realizar una protesta en vía pública en el año 2010 contra la Ley de Aguas y Minería, en defensa de la reserva de Kimsacocha.  
  • En mayo de 2012 la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE presentó a la Asamblea un pedido de Amnistía para 129 líderes indígenas que actualmente enfrentan procesos por sus actividades de protesta y organización social. 23 denuncias, de las cuales 17 son penales, 2 civiles y 4 acciones administrativas. En el caso de las penales, 6 son por sabotaje y terrorismo.
  • En marzo de 2013 varios jóvenes alumnos del colegio Central Técnico fueron detenidos tras participar en una manifestación pública en protesta a la reforma curricular que impediría que los alumnos obtuvieran títulos técnicos al graduarse. Se espera una audiencia para conocer el dictamen fiscal para el 12 de junio.  Varios de los acusados son menores de edad. Durante los Enlaces Ciudadanos, el Presidente ha ordenado que los estudiantes “sean expulsados” y “juzgados con todo el peso de la Ley”.
  • Desde el año 2012 el presidente Correa ha amenazado con expulsar del país a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, alegando que financian actos de desestabilización en el país. USAID provee de fondos a 16 proyectos en diversas áreas.
  • En septiembre de 2012 el gobierno formalizó la salida de 26 ONGs internacionales, alegando incumplimiento en sus planes operativos o que habían terminado sus operaciones en la región. 16 más fueron notificadas con la orden de suscribir un nuevo convenio. En mayo de 2013, se reportó que son 26 las ONGs que deben actualizar sus datos de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 812 de 2011, y que corren el riesgo de ser expulsadas del país.

4. Recomendaciones relativas a la adecuación de la normativa penal en materia de libertad de expresión y a la utilización de tipos penales que criminalizan la información y la opinión.

Recomendación:   Examinar las leyes vigentes y los proyectos de ley sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa para asegurarse de que estén en conformidad con las normas internacionales y, más concretamente, eliminar las disposiciones que penalicen la difamación, las también llamadas leyes de desacato (Canadá); despenalizar la difamación y hacer las modificaciones necesarias al respecto, de conformidad con las normas interamericanas e internacionales (Noruega); derogar todas las disposiciones legales que contravengan a las normas internacionales sobre la libertad de expresión, especialmente todas las leyes contra el insulto y todas las normas que penalicen la difamación de los funcionarios y las instituciones públicas (Letonia); poner toda la legislación penal sobre el insulto y la difamación en conformidad con las normas internacionales sobre la libertad de expresión. Esperaba que estos importantes elementos se tuvieran en cuenta en la reforma en curso del Código Penal (Bélgica); garantizar en todas las circunstancias la independencia de los medios de comunicación y adoptar las medidas necesarias para que la legislación nacional sobre los delitos contra el honor y la difamación no mine la libertad de expresión (Francia);  estudiar la posibilidad de adoptar medidas para garantizar la libertad de expresión, en particular la libertad de prensa, y armonizar la legislación nacional en este ámbito con las normas internacionales (Costa Rica); cumplir sus compromisos internacionales, en particular el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Estonia).

Información del Estado: Ninguna

ACTOS DE INCUMPLIMIENTO:

  • Los arts. 230 y 231 del Código Penal establecen figuras penales análogas al desacato protegiendo el honor del Presidente y varios funcionarios públicos. Los delitos que tipifican la injuria calumniosa y no calumniosa, contenido en el Título VII del Código referente a delitos contra la honra, contienen disposiciones abiertas que no excluyen de su ámbito de aplicación a cuestiones de interés público o a funcionarios públicos. En la práctica, han sido justamente utilizados por éstos para silenciar a la prensa o a opositores críticos que denuncian actos de corrupción.
  • El Proyecto de Código Orgánico Integral Penal ha mantenido los tipos penales de desacato bajo otras denominaciones, y ha aumentado su ámbito de aplicación a otras situaciones no previstas por el Código de 1998.
  • Además, el Proyecto incorpora otros tipos penales que sin estar relacionados con los delitos contra el honor afectan el ejercicio a la libertad de expresión: el acoso político, rebelión, ofensas a símbolos patrios, insubordinación, instigación, etc, podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión por su amplitud e indeterminación.
  • El Proyecto de ley de Comunicación que próximamente aprobará la Asamblea, contiene disposiciones que regulan la ética de los medios y periodistas desde el Estado, establece cuotas de programación y regulan contenidos. Podrían crear un órgano de control cuya independencia del Ejecutivo es cuestionada, y cuyas competencias no se encuentran claramente definidas en el ámbito de ésta.
  • Otras leyes y cuerpos normativos no penales también han sido aprobados con el objeto de silenciar el debate y la crítica.  La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) cuyas últimas reformas entraron en vigencia en febrero de 2012 incluía disposiciones que mermaban la facultad de la prensa de informar y opinar en períodos de elecciones. En octubre de 2012 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial sobre las Reformas, pero mantuvo las disposiciones que prohíben a la prensa “manifestarse a favor o en contra de algún candidato”.
  • En cuanto a los procesos judiciales  y acoso judicial contra periodistas seguidos como responsabilidad ulterior,  en el año 2012 se contabilizaron 11 procesos  judiciales en distintos foros: penal, judicial, contencioso electoral y constitucional.  Igualmente se incluyen acciones iniciadas por la Fiscalía. Estos procesos se iniciaron por la emisión de opinión o información sobre asuntos de interés público, posición política en el marco de un proceso electoral, y denuncias sobre actos de corrupción. Todos ellos terminaron con condenas en contra de los periodistas o medios de comunicación procesados. En lo que va del año 2013 se reportaron tres casos de sentencias de altas cortes nacionales que ponen en riesgo la vigencia del derecho a la libre expresión.

5. Recomendaciones relacionadas a la protección que la prensa y los defensores de derechos humanos deben gozar contra actos de persecución y hostigamiento, así como las garantías al trabajo de las ONGS  en el país.

Recomendación: Crear un entorno jurídico propicio para que las organizaciones de la sociedad civil contribuyan a la gobernanza democrática estableciendo oportunidades para el diálogo y absteniéndose de restringir sus posibilidades de actuar con independencia y libertad (Canadá);  facilitar que diversos actores de la social civil expresen sus ideas y opiniones con responsabilidad y objetividad (Santa Sede); Proteger a los defensores de los derechos humanos y los periodistas del acoso y los ataques y garantizar plenamente la libertad de reunión (Letonia);  (Luxemburgo);  Dar a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos el espacio necesario para que desempeñen su labor no violenta de promoción, organización de campañas, presentación de informes e investigación y que el Gobierno del Ecuador colabore de forma constructiva con los defensores de los derechos humanos en la búsqueda de soluciones a los problemas de derechos humanos del país (Noruega).

Información del Estado: Ninguna.

Actos de incumplimiento:

  • Desde abril de 2012 el presidente de la República y varios funcionarios públicos han acusado a Fundamedios de ser “vigilantes del Imperio” y de incurrir en actos de “desestabilización del Estado”. Las acusaciones surgieron a través de un cable diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, donde indicaban que cierta información había sido provista por una organización “watchdog”(término anglosajón para referirse a organizaciones que monitorean distintos temas).  Estas acusaciones han persistido hasta la fecha. Las acusaciones también se refieren a presunta triangulación de fondos, y actos subversivos. En el marco de estas acusaciones, algunos funcionarios públicos han amenazado con iniciar investigaciones contra Fundamedios, pero no han brindado información alguna acerca de la existencia de tales procesos.

Similares acciones de descrédito y ridiculización ha tenido el Presidente con la presidenta de la Fundación Ecuménica de Derechos Humanos, Elsie Monge, y contra el presidente de la CONAIE.  En el año 2102, Fundamedios reportó  que el 20,8% de las agresiones constituían actos de hostigamiento verbal por parte del Presidente y varios funcionarios públicos, y para lo que va del 2013, se han reportado 15 actos de hostigamiento contra la prensa, y el uso de cadenas nacionales para insultar, deslegitimar o acosar a la prensa, defensores de DDHH constituye el 17, 19% del total de las agresiones reportadas.

Ecuador defaults on freedom of expression recommendations received during II Universal Periodic Review

Friday 31 May 2013

On the first anniversary since Ecuador submitted to the Universal Periodic Review (UPR) at the headquarters of the UN in Switzerland, we can conclude that the country has defaulted on the recommendations made then and there is little interest in improving the situation of freedom of thought and expression and the rights of association and peaceful protest.The facts speak for themselves. The problems in the country in this area have not improved; on the contrary, they have got worse over the past year.This follows from an objective assessment of the events of this past year as established in this report.

After the Review, on 21 May last year Ecuador received 24 recommendations on freedom of expression and a package of 134 observations on human rights.During the UPR, 18 of the 193 States that constitute the United Nations system showed their concern about the situation of this fundamental right in Ecuador.

In September last year, during the session of adoption of the report, Ecuador rejected three of the recommendations received stating they were already being implemented.However, Ecuador is defaulting on the 24 recommendations. This conclusion was reached after assessing the information provided by the Ministry of Justice and Human Rights on the «advance» in the implementation of the recommendations received.

To evaluate the information provided by the Ministry, the 24 recommendations were grouped into five major themes that deal with the work of international organizations that protect the right to free expression, general guarantees to ensure the exercise of this right, the adaptation of regulations on matters of freedom of expression, and finally protection for the press and human rights defenders.

The following is a brief description of the acts by which Ecuador has defaulted on these commitments over the last year and a comparative table of the recommendations that were accepted by the State, arranged by themes, including the State’s response with regard to compliance with them, where appropriate.

1. Recommendations on the work of international bodies to protect the right to free expression.

Recommendation:

“Accept the request of the Special Rapporteur on freedom of expression to visit the country which had been requested in 2004 (Belgium); Accept the request made by the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, which has been awaiting a response since 2004 (Latvia)”.

Information received from the State:None

Acts of default:

  • Since 2012 Ecuador has carried out a campaign to weaken the Inter-American System of Human Rights, in particular the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and its Special Rapporteur on Freedom of Expression (SRFE).
  • Although the reform process promoted by Ecuador in the Permanent Council of the Organization of American States (OAS) did not eventually impair the authority of these institutions, Ecuador persists in conducting diplomatic efforts aimed at reducing the funding of the IACHR and the SRFE, delegitimizing the IACHR’s authority to issue injunctions and turn these mechanisms for protection into a long and complicated process.
  • The government’s efforts seek undermine the institutional and financial independence of the SRFE and minimize its capacity to operate in the hemisphere through preventing the visibility of this office’s acts of promotion and protection.
  • Within the framework of these discussions, Ecuador has threatened to «leave» the Inter-American Human Rights System.We understand it concerns a formal complaint to the American Convention on Human Rights (ACHR).
  • Ecuador is the only country in the region that in 2013 has disputed the SRFE Annual Report despite the fact that the sources used to support the information presented in it are mainly official and governmental.
  • The visit of the Inter-American Commission on Human Rights to Ecuador, which was originally planned for June 2013, has not yet been approved by the State.

2.  Recommendations that establish general guarantees for the exercise of free expression:

Recommendation:     Continue making efforts to guarantee all Ecuadorians the right to free intercultural, diverse and participative communication in all environments and media and the right to search, receive, exchange produce and circulate truthful, verified, timely, contextualized and plural information (Peru);stick to its international commitments, particularly to article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Estonia); promote and protect the right to freedom of opinion and expression, in accordance with what is stated in article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (Sweden); protect the right to freedom of expression for journalists (Australia); develop mechanisms to improve the safety of journalists and ensure that all cases of attacks are investigated by independent and impartial bodies (Austria).

Information received from the State:On the recommendation made by Peru, it reported that:»For the first time in the history of Ecuador plural access to the media exists.Ecuador provides access to the electromagnetic spectrum to private, community based and public media. In this way the State is setting a policy that respects freedom of expression and guarantees the right to communication and information”.

Acts of default:

  • Article 18 of the Ecuadorian Constitution establishes the right to seek, receive and circulate information but conditions the exercise of this right to subjective criteria of objectivity, timeliness and veracity, in contradiction to international standards on the matter.
  • In 2012 Fundamedios reported 172 attacks on journalists and so far in 2013 there have already been 68 attacks on freedom of expression.The largest number of these attacks came from the president of the Republic.
  • During 2012 and so far in 2013 several public officials have announced the nationalization of communication as a service that must be provided, managed and granted by the State, rather than a fundamental right that must be recognized and guaranteed.
  • The President ordered his ministers not to grant interviews to private media so as «not to give them the scoop».This verbal measure was obeyed by many members of the presidential cabinet and is still in force.
  • President Correa forbade, under threat of dismissal, all members of his cabinet from providing members of the Assembly with any information they requested despite this being a constitutional and legal faculty.The president ordered that this information should be channeled only through the president of the Assembly.
  • Assembly members cannot request information.
  • During 2012 and so far in 2013 two Assembly members from opposition parties have been prosecuted after making allegations of possible acts of corruption in the civil service.
  • In July 2012 the Communications Secretary ordered the removal of official advertising from private media outlets that are critical of the government.
  • Between 2012 and 2013 four murders of social communicators were reported.The only one that was cleared concerned a freelance photographer who was the brother of the Minister of the Interior.There has been no known progress in the investigations regarding the other three cases.
  • In 2012 ten media outlets were closed down by not renewing their frequency contract or by terminating it.Administrative actions often included the seizure and destruction of equipment as well as the use of excessive force by police officers who participated in the operations.The administrative processes to close down frequencies have been criticized for their failure to observe the rules of procedure established by law. In many cases they have been used to silence critical journalists or stations in areas where the national government is not popular.

3. Recommendations on the right to freedom of expression and association as requirements for exercising the right to social protest and the work of human rights defenders and NGOs in the country.

Recommendation:Ensure that community activists and indigenous leaders can exercise their right to peaceful assembly and protest and that anti-terrorist legislation is not misused to inappropriately censure such activities (Canada); respect the right to freedom of expression and peaceful demonstration, and restrict to the absolute minimum the use of criminal prosecutions against people who exercise these rights (Belgium); ensure that criminal provisions are not misused to curb the ability of human rights defenders or other protesters to exercise their rights to freedom of expression, assembly and association and that appropriate authorities reconsider the cases of those arrested and prosecuted (Germany); promote, protect and respect the right to freedom of expression, assembly and association in compliance with the country’s international HR obligations (Slovakia); ensure that all human rights activists operating in the country, including individuals cooperating with United Nations human rights mechanisms, are spared from any criminalization, harassment or intimidation and can perform freely their legitimate duties (Slovakia); examine recent restrictive legislation on NGOs with a view to prevent that legitimate demonstrations and protests by civil society can be taken to Court or criminalized under the penal definition of “terrorism” or “sabotage” (Spain); engage in a constructive dialogue with the media, NGOs and international bodies to promote freedom of expression in Ecuador (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);  ensure that Decrees No. 982 and No. 812, with regard to the freedom of association, freedom of assembly and freedom of expression, are not applied to block thelegitimate work of NGOs (Switzerland); make sure that the Presidential Decree No. 982 is not applied as a way to impede the work of human rights defenders (Austria).

Information received from the State:“Accusations of terrorism under Ecuadorian law cannot be comprehended under the international notion, especially the criteria on terrorism handled by UNODC, since they have different notions and considerations of applicability by virtue of the different historical moment in which the offense was typified in Ecuador.In this sense, it appears that the terms applied by the Ecuadorian Criminal Code are unrelated to the international concept of terrorism.On the other hand, in the case of those who participate in social protests resulting in the destruction of public property and services and their performance incurs in criminal actions, the National Police applies Ministerial Agreement No.1699 of the Ministry of the Interior dated 18 August 2010 which regulates and has institutionalized the Progressive and Differential Use of Force».

Acts of default:

  • In 2012 10 left-wing young activists (the Luluncoto 10) were arrested when they had gathered to organize a peaceful march.They were originally accused of flagrant offenses but these could not be proven. They were the linked without any evidence to the explosion of pamphlet bombs in the city of Guayaquil.Finally, the National Court of Justice sentenced them to one year in prison for the crime of attempted terrorism, changing the criminal offense for which they were originally charged.
  • Within the framework of the «Luluncoto 10» case, the relatives of the accused were victims of multiple acts of harassment, surprise seizures and arbitrary raids at their homes by the police, sometimes without a warrant from a relevant authority.
  • In August 2012 peasant leaders Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán and EfraínArpiwere sentenced to eight days in prison by the National Court of Justice for the crime of blocking public roads and the obstruction of basic services after carrying out a protest on the streets in 2010 against the Water and Mining Law in defense of the Kimsacocha reserve.
  • In May 2012 the Confederation of Indigenous Nationalities CONAIE presented to the Assembly an Amnesty request for 129 indigenous leaders who currently face prosecution because of their protest and social organization activities.23 accusations, of which 17 are criminal, 2 civilian and 4 administrative actions.In the case of the criminal accusations, 6 are for sabotage and terrorism.
  • In March 2013 several young students from the Central Technical School were arrested after participating in a public demonstration in protest of the curriculum reform that would prevent students from obtaining technical diplomas on graduation.There will be a hearing when the prosecutor’s charges will be announced on 12 June.Several of the accused are minors.The president has used his Saturday program Enlace Ciudadano to order that students «should be expelled» and «prosecuted to the full extent of the law”.
  • Since 2012 President Correa has been threatening to expel from Ecuador the U.S. Agency for International Development USAID, claiming that it funds destabilizing acts.USAID provides funds to 16 projects in various areas.
  • In September 2012 the government formalized the expulsion of 26 international NGOs, claiming a breach of their operational plans or that they had completed their operations in the region.16 more were given the order to sign a new agreement.In May 2013 it was reported that 26 NGOs must update their data in accordance with the provisions of Executive Decree 812 of 2011 and that they are at risk of being expelled from the country.

4. Recommendations concerning the adaptation of criminal law on matters of freedom of expression and the use of types of offenses that criminalize information and opinion.

Recommendation:Undertake a review of existing and proposed legislation relating to freedom of expression and media freedom to ensure its alignment with international standards, and more specifically, eliminate any existing criminal defamation provisions, also known as desacato [contempt] laws (Canada); decriminalize defamation and make the necessary amendments in this regard, in line with Inter-American and international standards (Norway); repeal all legal provisions that contravene international norms on freedom of expression, especially all insult laws and all norms that criminalize defamation of public officials and institutions (Latvia); align criminal legislation on insult and defamation with international standards governing freedom of expression.It hoped that these important elements would be taken into account in the ongoing reform of the Penal Code (Belgium); guarantee in all circumstances the independence of the media and take the necessary measures in order that domestic legislation on the offense against honor and defamation does not undermine the freedom of expression (France); consider taking measures to guarantee freedom of expression, particularly the freedom of the press and to harmonize national legislation in this area with international norms (Costa Rica); stick to its international commitments, particularly to article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Estonia).

Information received from the State:None

Acts of default:

  • Articles230 and 231 of the Criminal Code establish criminal categories akin to contempt protecting the honor of the president and several public officials.The crimes categorized as slanderous and non-slanderous offenses, contained in Title VII of the Code on crimes against honor, contain open provisions that do not exclude from their scope of application either public interest issues or public officials.In practice they have been used by these to silence the press or critical opponents who report acts of corruption.
  • The Organic Comprehensive Criminal Code bill has maintained the criminal categories of contempt under other names and increased its scope of application to other situations not covered by the Code of 1998.
  • In addition, the bill incorporates other criminal categories that without being related to crimes against honor affect the exercise of freedom of expression:political harassment, rebellion, offenses against national symbols, insubordination, instigation, etc., could affect the exercise of freedom of expression because of their extent and vagueness.
  • The Communications Bill that will shortly be approved by the Assembly contains provisions that regulate the ethics of the media and journalists from the State, establishes programming quotas and regulate content.It could lead to the creation of a supervisory body whose independence from the Executive is being questioned and whose competency is not clearly defined.
  • Other laws and non-criminal regulatory bodies have also been approved with the aim of silencing debate and criticism.The Organic Electoral and Political Organizations’ Law (Democracy Code), whose last reforms took effect in February 2012, included provisions that lessened the press’ ability to report and express opinions during electoral periods.In October 2012 the Constitutional Court declared the partial unconstitutionality of the Reforms but kept in force the provisions prohibiting the press to «express an opinion for or against any candidate».
  • In regard to legal proceedings and judicial harassment against journalists presented as further liability, in 2012 there were 11 lawsuits in different forums:criminal, judicial, electoral contentious and constitutional.Also included are actions initiated by the Prosecutor’s Office.These processes were initiated after an opinion was expressed or information on matters of public interest was reported, a political position within an electoral process was declared or allegations of corruption were made.They all ended with convictions against the journalists or media outlets that were prosecuted.So far in 2013 three cases of sentences issued by high courts have been reported that threaten adherence to the right to free expression.

5. Recommendations related to the protection that the press and human rights defenders should have against acts of persecution and harassment, as well as guarantees for the work of NGOs in the country.

Recommendation:Create an enabling legal environment for civil society organizations to contribute to democratic governance by creating entry points for dialogue and refraining from restricting their freedom to operate independently and freely (Canada); facilitate that different civil society actors express their views and opinions with responsibility and objectivity (Holy See); protect human rights defenders and journalists against harassment and attacks and fully ensure freedom of assembly (Latvia); (Luxembourg); allow national and international human rights organizations the space to undertake their non-violent advocacy, campaigning, reporting and investigative work and that the Government of Ecuador engage constructively with human rights defenders in seeking solutions to address Ecuador’s human rights challenges (Norway).

Information received from the State:None

Acts of default:

  • Since April 2012 the president of the Republic and several public officials have accused Fundamedios of being “guards of the Empire» and of engaging in acts to «destabilize the State».The allegations emerged through a diplomatic cable from the U.S. Embassy in Ecuador, which indicated that certain information had been provided by a “watchdog” organization.These accusations have persisted to date.The accusations also refer to an alleged triangulation of funds and subversive acts.Within the framework of these accusations some public officials have threatened to initiate investigations against Fundamedios, but have not provided any information about the existence of such processes.

The Ecuadorian president has engaged in similar actions to discredit and ridicule the president of the Ecumenical Human Rights Foundation, Elsie Monge, and the president of CONAIE.In 2102 Fundamedios reported that 20.8% of aggressions were acts of verbal harassment by the president and several public officials and so far in 2013 15 acts of harassment against the press have been reported and the use of national chains to insult, discredit or harass the press and human rights defenders constitutes 17,19% of reported aggressions.

136

Hace exactamente un año, el pasado 21 de mayo de 2012 Ecuador se sometió al Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. En este segundo examen, se recibieron 134 observaciones, de las cuales 24 estuvieron directamente relacionadas con el derecho a la libertad de expresión; 18 Estados mostraron su preocupación por la situación de esta libertad fundamental en nuestro país.

En la sesión de adopción del informe, que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre de 2012, Ecuador rechazó 3 de las 24 recomendaciones mencionadas. Una realizada por Suiza sobre «reformar la legislación relacionada con la libertad de expresión según una visión de adecuarla a los estándares internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos». Dos fueron formuladas por Estados Unidos respecto a  «eliminar las leyes criminalicen la opinión» y «aceptar las solicitudes de visita de los relatores especiales de libertad de expresión de la OEA y ONU». Las recomendaciones fueron rechazadas por el Embajador Luis Gallegos quien señaló que «no pueden derogarse leyes inexistentes» y que «nunca ha sido negado ningún requerimiento de visita de relatores de la OEA o de la ONU».

A pesar de la aceptación de la gran mayoría de observaciones por estar «implementándose o en vías de implementación», Fundamedios mira con preocupación que dichos avances en la práctica no se evidencian. Por el contrario, estos problemas se han agravado, lo que se evidencia en un aumento sustancial de las agresiones contra periodistas, juicios hacia ciudadanos por haber ejercido su derecho constitucional a la protesta, incremento de discurso hostil contra la prensa por parte de funcionarios públicos, entre otros hechos.

Fundamedios solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos información sobre el avance de la aplicación de las recomendaciones recibidas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De la documentación recibida se desprende la inexistencia de acciones por parte del Estado que permitan mejorar la situación de las libertades de expresión y de prensa, aunque se reconocen avances en otros  campos como en la protección de los derechos de las personas con capacidades diferentes. (Puede acceder al documento completo entregado a Fundamedios por el Ministerio de Justicia: Aquí.

De acuerdo al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, solo dos recomendaciones relativas a libertad de expresión, asociación y protesta social han sido cumplidas y son aquellas formuladas por Perú y Canadá, a saber:

1.    Proseguir los esfuerzos para garantizar a todos los ecuatorianos el derecho a la comunicación libre, intercultural, diversa y participativa en todos los entornos y medios de comunicación, y el derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información fidedigna, verificada, oportuna, contextualizada y plural (Perú);

Al respecto, el MJDHC indicó que «Por primera vez en la historia del Ecuador ha existido acceso plural y diverso a los medios de comunicación. El Ecuador brinda acceso al espectro electromagnético a medios privados, comunitarios y públicos, de esta manera, el Estado está marcando una política que respeta la libertad de expresión y garantiza el derecho a la comunicación y la información» .

2.    Velar porque los activistas comunitarios y los dirigentes indígenas puedan ejercer su derecho de reunión y protesta pacífica y que la legislación antiterrorista no se utilice inadecuadamente para censurar esas actividades (Canadá);

Al respecto, el Ministerio de Justicia informó que «No puede asimilarse las acusaciones por terrorismo bajo la legislación ecuatoriana frente a la noción internacional, en especial a los criterios que sobre terrorismo maneja la UNODC, puesto que tienen nociones y consideraciones de aplicabilidad distintas en virtud del momento histórico en el cual dicho delito fue tipificado en el Ecuador. En este sentido, se evidencia que los términos que maneja el Código Penal ecuatoriano no guardan relación con la concepción internacional del terrorismo. Por otro lado, frente a los casos de las personas que se presentan en protestas sociales que resultan con la destrucción de bienes y servicios públicos y su actuación incurre en acciones delictivas, la Policía Nacional aplica el Acuerdo Ministerial No. 1699 del Ministerio del Interior de fecha 18 de agosto de 2010 en el cual se ha reglamentado e institucionalizado el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza».

A pesar de que el propio Ministerio publicó en diciembre de 2012 un libro compilatorio del EPU, en el que indicaba que entre las recomendaciones adquiridas por el Ecuador en materia de libertad de expresión se encontraban varias referentes a revisión y reforma de normativa y su adecuación a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, protección a periodistas, respeto a la protesta pública, entre otros, el Ministerio no hizo referencia alguna a éstas.

Fundamedios exhorta al Estado ecuatoriano a dar seguimiento a los compromisos adquiridos durante su segundo Examen Periódico Universal con el objetivo de promover y garantizar las libertades de expresión y de prensa, pilares fundamentales para el desarrollo de una democracia plena.

A continuación se puede encontrar el listado de las 24 observaciones que en materia de Libertad de Expresión 18 países: Aquí

One year after the Universal Periodic Review there is no progress on matters of freedom of expression

Exactly one year ago, on 21 May 2012, Ecuador submitted to the Universal Periodic Review (UPR) before the Human Rights Council of the UN, in Geneva, Switzerland.As a result of this second review 134 observations were received, 24 of them directly related to the right to freedom of expression; 18 States expressed their concern about the situation of this fundamental freedom in our country.

In the session for the adoption of the report, which took place on 19 September 2012, Ecuador rejected 3 of the 24 recommendations.One made by Switzerland about «Reforming legislation regarding freedom of expression with a view to bringing it in conformity with international standards and those of the Inter-American Commission on Human Rights”.Two made by the United States regarding «eliminating laws that criminalize opinion» and «accepting visit requests from the OAS and the UN special rapporteurs on freedom of expression”.The recommendations were rejected by Ambassador Luis Gallegos who noted that «we cannot eliminate inexistent laws» and that «no requests from Special Rapporteurs have been denied, both from the UN and the OAS».

Despite the acceptance of the vast majority of observations because they are “being implemented or under implementation”, Fundamedios is concerned that in practice these advances are not evident.On the contrary, these problems have worsened, as evidenced by a substantial increase in aggressions against journalists, lawsuits filed against citizens for exercising their constitutional right to protest, an increase in the hostile discourse against the press by public officials, among other things.

Fundamedios requested information from the Ministry of Justice and Human Rights on the progress of the implementation of the recommendations received in the UN’s Human Rights Council.The documentation received shows the lack of action by the State to improve the situation of the freedoms of speech and the press, while recognizing advances in other fields such as the protection of the rights of people with different abilities.(You can access the complete document delivered to Fundamedios by the Ministry of Justice: here)

According to the Ministry of Justice, Human Rights and Freedom of Religion, only two recommendations regarding the freedom of expression, association and social protest have been met and they are those made by Peru and Canada:

1. Continue making efforts to guarantee all Ecuadorians the right to free intercultural, diverse and participative communication in all environments and media and the right to search, receive, exchange produce and circulate truthful, verified, timely, contextualized and plural information (Perú);

In regard to this the MJDHCstated that “For the first time in Ecuador plural and diverse access to the media exists.Ecuador provides access to the electromagnetic spectrum to private, community based and public media. In this way the State is setting a policy that respects freedom of expression and guarantees the right to communication and information”.

2. Ensure that community activists and indigenous leaders to exercise their right of assembly and peaceful protest and anti-terrorist legislation is misused to censor these activities (Canada);

In this regard, the Ministry of Justice reported that «Accusations for terrorism under Ecuadorian law cannot be comprehended under the international notion, especially the criteria on terrorism handled by UNODC, since they have different notions and considerations of applicability by virtue of the different historical moment in which the offense was typified in Ecuador.

In this sense, it appears that the terms applied by the Ecuadorian Criminal Code are unrelated to the international concept of terrorism.On the other hand, in the case of those who participate in social protests resulting in the destruction of public property and services and when their performance incurs in criminal actions, the National Police applies Ministerial Agreement No.1699 of the Ministry of the Interior dated 18 August 2010 which regulates and has institutionalized the Progressive and Differential Use of Force».

Although the Ministry itself published in December 2012 a compilation of the UPR, in which it indicated that among the recommendations acquired by Ecuador on matters of freedom of expression were several concerning policy review and reform and its adjustment to international standards on freedom of expression, the protection of journalists, respect for public protest, among others, the Ministry made no reference to them.

Fundamedios urges the Ecuadorian State to follow up on the commitments made during its second Universal Periodic Review in order to promote and guarantee the freedoms of speech and the press, fundamental pillars for the development of a full democracy.

116

De un total de 134 recomendaciones que recibió el Ecuador en el segundo Examen Periódico Universal (EPU), 24 están directamente relacionadas con libertad de expresión. Las cifras son claras. Si bien estas 134 observaciones están agrupadas en 67 «paquetes», la redacción del documento no ha podido ocultar la realidad, de que existe una enorme preocupación internacional sobre el deterioro de la libertad de expresión y el ejercicio de la libertad de prensa en el Ecuador.

Frente a ello, el Gobierno respondió señalando que «el 97%» del total de observaciones, incluyendo 22 sobre libertad de expresión, están «implementadas o en proceso de implementación». Esta fórmula ha sido asimilada por los estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU, como una aceptación del Estado ecuatoriano a las recomendaciones formuladas.

La primera lectura, entonces, es positiva. El Gobierno ecuatoriano se ha comprometido ante la comunidad internacional ha implementar medidas que des penalicen la opinión, garanticen el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos, se abstendrá de cualquiera medida o pronunciamiento que los ponga en riesgo, etc. Al final de este comunicado, reproducimos exactamente las 22 recomendaciones de este tipo, con su original en inglés y la propuesta de traducción que hace Fundamedios.

Creemos en la buena fe de las autoridades y por lo tanto, desde Fundamedios valoramos y celebramos estos compromisos que podrían señalar un nuevo camino hacia la garantía plena de los derechos a la libre expresión, así como el respeto al trabajo de los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil y cualquier sector crítico o que piense distinto al partido en el poder.

Debemos recordar que En el caso de los derechos políticos y civiles, las observaciones se refieren al otorgamiento de las debidas garantías y protección para el ejercicio de la libertad de expresión, criminalización de la opinión y la protesta social; leyes que penalizan la opinión; reformas que afectan la independencia judicial, entre otros. En lo que tiene que ver con libertad de expresión, los criterios de Bélgica, Canadá, Costa Rica, Estonia, Francia, Estados Unidos, India, Lituania, Suecia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Holanda (país que presentó sus observaciones por escrito) y otros coinciden respecto a la necesidad de que el Estado ecuatoriano garantice este derecho fundamental, que las leyes no criminalicen la opinión y se den garantías para el trabajo de los periodistas.

Sin embargo, debemos recordar que el gobierno ecuatoriano se ha negado a aceptar dos recomendaciones claves para mejorar las condiciones de ejercicio de la libertad de expresión, la una planteada por Suiza y la otra por Estados Unidos.

La primera negativa se da sobre lo planteado por Suiza respecto a que se debe ajustar la legislación ecuatoriana en materia de libertad de expresión, conforme a lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante esto, el gobierno ha respondido que lo planteado «no puede aceptarse», puesto que el Ecuador ha suscrito y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, dónde se señala la obligatoriedad en el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana, y por lo tanto, las resoluciones y pronunciamientos de la Comisión, no tienen valor mandatorio.

Dado que la recomendación suiza se refiere a que la «legislación» se ajuste a los estándares desarrollados por la CIDH en materia de libertad de expresión, la negativa del Gobierno nos está dando indicios, de que no hay la voluntad política para aprobar la nueva Ley de Comunicación y otras leyes similares, respetando los estándares mínimos sobre los cuales se ha desarrollado el derecho a la libre expresión en el continente. Esta posición es por demás preocupante, pues abre las puertas a la aprobación de una legislación restrictiva e incluso atentatoria a los derechos fundamentales.

La segunda negativa se da sobre la recomendación que planteó Estados Unidos respecto a la eliminación de las leyes que criminalizan la opinión y la aceptación del pedido de visita de los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la OEA.

En este caso, el gobierno ha respondido que en el país no se encuentra vigentes leyes que criminalizan la opinión, y por lo tanto no se puede eliminar leyes que no existen. Sin embargo hacemos notar que existe que existe una clara contradicción entre esta afirmación y el hecho de que aún se encuentre vigente un Código Penal que consagra las figuras del desacato, la injuria y la calumnia. Además el proyecto de Código Orgánico Integral Penal aún mantiene dos de las tres figuras antes mencionadas que criminalizan la expresión y la opinión, así como un capítulo relacionado a los «delitos cometidos a través de los medios de comunicación».

En cuanto a la visita de los Relatores Especiales, se debe recordar al Gobierno que debe extender una invitación formal fijando fechas para las visitas, de lo contrario la figura de la «invitación abierta» parece ser más bien una coartada para no oficializar la venida al país del Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, e incluso de la Relatora Especial sobre la situación de defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya.

Finalmente, queremos resaltar las abundantes recomendaciones que se han hecho al Gobierno solicitando la protección al trabajo de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, basados en el derecho humano fundamental a la libre asociación.

Esperamos que el Gobierno ecuatoriano asuma sus compromisos en este sentido, derogando decretos claramente restrictivos y absteniéndose de legislar sobre un derecho fundamental en base a iniciativas que no pasan por una discusión en la Asamblea Nacional.

ANEXO

RECOMENDACIONES REFERENTES A LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OPINIÓN Y ASOCIACIÓN

i.              Accept the request of the Special Rapporteur on freedom of expression to visit the country which had been requested in 2004 (Belgium);

Aceptar la solicitud del Relator Especial para la libertad de expresión, quien había hecho un pedido en 2004, para que pueda visitar el país.(Bélgica);

ii.             Accept the request made by the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, which has been awaiting a response since 2004 (Latvia)

Aceptar la solicitud del Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, quien ha estado esperando una respuesta desde.(Latvia)

iii.            Ensure that community activists and indigenous leaders can exercise their right to peaceful assembly and protest and that anti-terrorist legislation is not misused to inappropriately censure such activities (Canada)

Asegurarse que los activistas comunitarios y líderes indígenas puedan ejercer su derecho de reunión pacífica y la protesta y que la legislación antiterrorista no se utilice indebidamente para censurar a los activistas. (Canadá)

iv.           Undertake a review of existing and proposed legislation relating to freedom of expression and media freedom to ensure its alignment with international standards, and more specifically, eliminate any existing criminal defamation provisions, also known as desacato laws (Canada)

Revisar la legislación existente y propuesta en materia de libertad de expresión y libertad de medios, para garantizar que esta esté alineada de acuerdo con las normas internacionales y, de manera más específica, para que se eliminen todas las disposiciones existentes de criminalización de la difamación, también conocidas como leyes de desacato (Canadá)

v.            Decriminalize defamation and make the necessary amendments in this regard, in line with Inter-American and international standards (Norway);

 Despenalizar la difamación y hacer las modificaciones necesarias al respecto para alinearse de acuerdo con los estándares interamericanos e  internacionales(Noruega);

vi.           Repeal all legal provisions that contravene international norms on freedom of expression, especially all insult laws and all norms that criminalize defamation of public officials and institutions (Latvia)

Derogar todas las disposiciones legales que contravienen las normas internacionales sobre libertad de expresión, en especial, todas las leyes de desacato y normas  que penalizan la difamación de funcionarios públicos e instituciones (Letonia)

vii.          Align criminal legislation on insult and defamation with international standards governing freedom of expression. It hoped that these important elements would be taken into account in the on-going reform of the Penal Code (Belgium)

Adaptar o alinear la legislación penal respecto al insulto y la difamación, con las normas internacionales que rigen sobre libertad de expresión. Se espera que estos elementos importantes sean tomados en cuenta en la reforma del Código Penal en curso. (Bélgica)

viii.         Guarantee in all circumstances the independence of the media and take the necessary measures in order that domestic legislation on the offense against honour and defamation does not undermine the freedom of expression (France)

 Garantizar la independencia de los medios de comunicación, en todas las circunstancias y tomar las medidas necesarias  para que la legislación nacional referente a delito contra el honor y la difamación no menoscabe a la libertad de expresión (Francia)

ix.           Respect the right to freedom of expression and peaceful demonstration, and restrict to the absolute minimum the use of criminal prosecutions against people who exercise these rights (Belgium)

 Respetar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica, y restringir al mínimo necesario, el uso de acciones penales en contra de las personas que ejercen estos derechos (Bélgica)

x.            Consider taking measures to guarantee freedom of expression, particularly the freedom of the press and to harmonize national legislation in this area with international norms (Costa Rica)

 Considerar la posibilidad de tomar medidas para garantizar la libertad de expresión, particularmente, la libertad de prensa y armonizar la legislación nacional en este ámbito con las normas internacionales (Costa Rica)

xi.           Stick to its international commitments, particularly to article 19 of  the International Covenant on Civil and Political Rights (Estonia)

Adherir a sus compromisos internacionales, en particular al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Estonia);

xii.          Ensure that criminal provisions are not misused to curb the ability of human rights defenders or other protesters to exercise their rights to freedom of expression, assembly and association and that appropriate authorities reconsider the cases of those arrested and prosecuted (Germany)

Asegurarse de que las normas penales no se mal utilicen para frenar la capacidad de los defensores de los derechos humanos, o de otros manifestantes, a ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y que las autoridades competentes reconsideren los casos de los detenidos y procesados (Alemania)

xiii.         Facilitate that different civil society actors express their views and opinions with responsibility and objectivity (Holy See)

 Facilitar que los diferentes actores de la sociedad civil puedan expresar sus puntos de vista y opiniones con responsabilidad y objetividad. (Santa Sede)

xiv.         Protect human rights defenders and journalists against harassment and attacks and to fully ensure freedom of assembly (Latvia)

Proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas contra el acoso y los ataques y garantizar plenamente la libertad de reunión(Letonia)

xv.          Guarantee to everyone, including journalists and human rights defenders, enjoyment of freedom of expression (Luxembourg)

 Garantizar a todos, incluyendo a los periodistas y a defensores de derechos humanos, el disfrute de la libertad de expresión (Luxemburgo)

xvi.         Protect the right to freedom of expression for journalists (Australia)

Proteger el derecho a la libertad de expresión de los periodistas(Australia);

xvii.        Develop mechanisms to improve the safety of journalists and ensure that all cases of attacks are investigated by independent and impartial bodies (Austria)

 Desarrollar mecanismos para mejorar la seguridad de los periodistas y garantizar que, en  casos de ataques, estos sean investigados por órganos independientes e imparciales (Austria)

xviii.       Promote, protect and respect the right to freedom of expression, assembly and association in compliance with country’s international HR obligations (Slovakia)

Promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación en cumplimiento con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. (Eslovaquia);

xix.         Engage in a constructive dialogue with the media, NGOs and international bodies to promote freedom of expression in Ecuador (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

Fomentar un diálogo constructivo con los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, para promover la libertad de expresión en el Ecuador (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

xx.          Promote and protect the right to freedom of opinion and expression, in accordance with what is stated in article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (Sweden)

Promover y proteger el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Suecia)

xxi.         Reform legislation regarding freedom of expression with a view to bringing it in conformity with international standards and those of the Inter-American Commission on Human Rights (Switzerland)

Reformar la legislación en materia de libertad de expresión en conformidad con las normas internacionales y las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Suiza)

xxii.        Eliminate laws that criminalize opinion and accept visit requests from the OAS and the United Nations Special Rapporteurs on Freedom of Expression (United States of America)

 Eliminar las leyes que penalizan la opinión y aceptar las solicitud de los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA, para que visiten el país. (Estados Unidos de América)

xxiii.       Continue making efforts to guarantee all Ecuadorians the right to free intercultural, diverse and participative communication in all environments and media and the right to search, receive, exchange produce and circulate truthful, verified, timely, contextualized and plural information (Peru)

Continuar realizando esfuerzos para garantizar a todos los ecuatorianos el derecho a la libre comunicación intercultural, diversa y participativa en todos los ambientes y medios, así como  el derecho a buscar, recibir, intercambiar producir y circular información veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural (Perú).

xxiv.       Examine recent restrictive legislation on NGOs with a view to prevent that legitimate demonstrations and protests by civil society can be taken to Court or criminalized under the penal definition of «terrorism» or «sabotage» (Spain)

Examinar la legislación reciente y restrictiva con las ONGs para evitar que las manifestaciones legítimas y las protestas de la sociedad civil puedan ser trasladadas a los tribunales o tipificadas como delitos bajo las figuras de «terrorismo» o «sabotaje» (España).

157

En su segundo Examen Periódico Universal (EPU), el Ecuador recibió observaciones de parte de 18 Estados que mostraron su preocupación por la situación de la libertad de expresión en el país. Una cifra que solo es superada por Irán y Birmania (Myanmar), que han sido catalogados, por organizaciones como Freedom House y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), entre los países menos libres y más censuradores. En sus respectivos EPUs, Irán recibió un total de 22 recomendaciones y Birmania 19, en materia de libertad de expresión.

A Irán -que ostenta el puesto  No 192, de un ranking de 197 por países con menos libertad de prensa, según Freedom House; y el puesto No 4 en la lista de los más censuradores, de acuerdo con CPJ- se le recomendó, entre otras cosas, que asegure que las leyes no criminalicen la libertad de expresión y asociación; que la fuerza pública no sea utilizada para reprimir a quienes expresan sus opiniones y que se proteja a periodistas y defensores de derechos humanos.

Asimismo, en el caso de Birmania -que según el ranking de CPJ ocupa el puesto No 7 entre los países más censuradores- fue recomendado de liberar a los prisioneros de conciencia; alinear las leyes locales y la constitución con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, así como de promover y garantizar el cumplimiento de este derecho.

Recomendaciones similares fueron hechas a Ecuador respecto a que se debe ajustar la normativa nacional de acuerdo estándares internacionales y derogar leyes que criminalizan la opinión.

Continuando con la comparación por número de recomendaciones y sobre la base de los rankings mundiales elaborados por estas dos organizaciones, Vietnam -que ocupa el puesto No 182, entre los países menos libres- recibió un total de 14 recomendaciones sobre libertad de expresión, en su última evaluación.

A este país le siguen Venezuela y  Cuba con 13 recomendaciones cada uno, Bielorrusia con 12, Honduras con 10 y Uzbekistán con 8, por mencionar algunos.

Eritrea y Corea del Norte -quienes figuran en el primer y segundo puesto por ser los más censuradores, según CPJ y en los últimos lugares (194 y 197, de 197), por países menos libres,  en el ranking de Freedom House- recibieron 11 y 6 recomendaciones en sus respectivos EPUs.

Descargue cuadro explicativo en este enlace

114

Un total de 134 recomendaciones recibió el Ecuador en el segundo Examen Periódico Universal (EPU), de las cuales 24 están directamente relacionadas con libertad de expresión. Este dato se desprende del borrador del informe que el Grupo de Trabajo, conocido como Troika, (compuesto por Cuba El Congo y Suiza) preparó, como parte de la evaluación al que fue sometido el País el pasado 21 de mayo.

Esas 134 observaciones están agrupadas en 67 «paquetes», por lo cual se ha dificultado una primera lectura y se ha creado confusión sobre el número real de observaciones.

32 países plantearon observaciones en el ámbito de los derechos civiles y políticos; 44 lo hicieron en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales y 9 en derechos colectivos.

En el borrador del Informe, se recoge que el Estado ecuatoriano únicamente ha aceptado 3 recomendaciones, mientras todas las restantes las ubica como «en vías de implementación», por lo que hay expectativa sobre la posición final del país.

En el caso de los derechos políticos y civiles, las observaciones de los 32 países se refieren al otorgamiento de las debidas garantías y protección para el ejercicio de la libertad de expresión, criminalización de la opinión y la protesta social; leyes que penalizan la opinión; reformas que afectan la independencia judicial, entre otros.

En lo que tiene que ver con libertad de expresión, los criterios de Bélgica, Canadá, Costa Rica, Estonia, Francia, Estados Unidos, India, Lituania, Suecia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, entre otros coinciden respecto a la necesidad de que el Estado ecuatoriano garantice este derecho fundamental, que las leyes no criminalicen la opinión y se den garantías para el trabajo de los periodistas.

El Gobierno ecuatoriano ya ha señalado que va a rechazar algunas observaciones  planteadas sobre esta materia. La primera negativa se da sobre lo planteado por Suiza respecto a que se debe ajustar la legislación ecuatoriana en materia de libertad de expresión, conforme a lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ante esto, el gobierno ha respondido que lo planteado “no puede aceptarse», puesto que el Ecuador ha suscrito y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, dónde se señala la obligatoriedad en el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana (Corte IDH)», sin embargo, para el Gobierno las resoluciones y pronunciamientos de la Comisión (CIDH), no tienen valor obligatorio.

Otra recomendación que se anuncia será  rechazada fue la planteada por los Estados Unidos, se refiere a la eliminación de las leyes que penalizan la opinión y el pedido de aceptar las visita de los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la OEA.

En este caso, el gobierno ha respondido que en el país no existen leyes que criminalizan la opinión, por lo que no se puede eliminar leyes que no existen. Esto pese a que aún está vigente en el actual Código Penal, la tipificación de los delitos contra la majestad de poder, así como los de injuria y calumnia. También recalcaron que no se ha negado ninguna solicitud de los relatores especiales, aunque el Gobierno tampoco ha puesto fecha para esas visitas.