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Equipo de Seguimiento Especial

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Este jueves 6 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a los familiares y representantes de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega, equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en abril pasado en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Los familiares de las víctimas, representantes de los Estados ecuatoriano y colombiano analizaron los avances de las investigaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH durante dos audiencias continuas.

En la primera audiencia, en la cual intervino el procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, Juan Pablo Albán, abogado de las familias, presentó sus preocupaciones en cuanto a los resultados de las indagaciones. “Lo que tenemos ahora es una estructura política de silencio, en la que muchas contradicciones ocurridas durante el secuestro de nuestros familiares han sido comprobadas”, expresó Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl. “¿Quién tomaba las decisiones sobre la vida de nuestros familiares?”, cuestionó al Estado.

El Procurador General expuso que “las funciones hechas fueron las más adecuadas. Lo ha dicho hoy el presidente Moreno cuando expresó al país que como Estado hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para rescatar a nuestros hermanos periodistas”. Añadió que se entregó la información ofrecida al ESE, así como el sustento económico para la investigación. También sostuvo que el secuestro, cautiverio y asesinato de Rivas, Segarra y Ortega ocurrió en territorio colombiano. Salvador también pidió a la CIDH que la investigación concluya el 31 de diciembre o, máximo, en las primeras semanas de enero de 2019 y que se archive la medida cautelar en contra de Ecuador y Colombia. Los familiares, en desacuerdo con esta postura, respondieron que aún existen muchos temas por investigar.

Édison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión y miembro del ESE, indicó que “la verdad va a surgir no de lo que sostenga una autoridad, sino del agotamiento de las líneas de investigación, de que se compruebe y se descarte que, por ejemplo, el secuestro no ocurrió en territorio bajo control ecuatoriano, lo cual desmiente las investigaciones de Colombia”. Aclaró también que no es cierto que el Equipo de Seguimiento Especial ha tenido acceso irrestricto a la documentación de parte de Ecuador, pues se ha pedido copias de los documentos en reiteradas oportunidades y se les dijo “que hay una interpretación que hace el Fiscal, de que no se pueda entregar ni siquiera en el marco de este mecanismo”.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, añadió en la audiencia la intervención de los representantes del Estado “causa un dolor enorme”. “Vinieron a tratar de ajustar cuentas con la CIDH y no es justo con las víctimas. Actúan con profunda insensibilidad, viniendo de un Estado que durante 10 años agredió sistemáticamente a periodistas. Que quede en sus conciencias que su intervención nos causa un profundo dolor”, enfatizó.

En la audiencia con el Estado de Colombia, los familiares afirmaron que con el actual gobierno de Iván Duque no ha existido la misma apertura que hubo con el expresidente Juan Manuel Santos,  a pesar de que durante la más reciente del Mandatario, el pasado 4 de diciembre, expresó que el asesinato no quedará en la impunidad.

Colombia, representado por Claudia Carrasquilla de la Fiscalía, detalló que, según sus investigaciones, el equipo de prensa fue secuestrado por miembros del Frente Oliver Sinisterra, quienes consultaron a alias Guacho qué hacer con ellos. Afirmó que el asesinato no sucedió porque Javier, Paúl y Efraín fueran periodistas, sino por una orden de ejecución en “razón de una situación que se venía presentando con el Gobierno ecuatoriano”.

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Desde este 3 de diciembre se lleva a cabo el 170 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C – Estados Unidos. Los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y asesinado en la frontera norte, entre Ecuador y Colombia, participarán en jornadas de trabajo y las audiencias respectivas.  

Este jueves 6 de diciembre, FUNDAMEDIOS acompañará a los representantes de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega en las dos audiencias que se celebrarán con el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) y los Estados de Ecuador y Colombia. El encuentro, que se desarrollará a partir de las 15:45, se transmitirá a través del siguiente enlace: https://bit.ly/2KRscCa.

La más reciente visita del ESE a Ecuador se realizó en noviembre pasado. Este equipo desarrolla una investigación para determinar las condiciones y contexto que rodean al crimen que acabó con la vida del periodista, fotógrafo y conductor del diario ecuatoriano. El propósito de sus viajes también a Colombia ha sido recopilar información y analizar los avances de las indagaciones que realizan las instituciones responsables en cada país.

El pasado 01 de noviembre el Equipo de Seguimiento Especial presentó un informe preliminar. En la primera etapa, el análisis determina inconvenientes en el acceso a parte del expediente del caso y problemas en el enfoque de la indagación que Ecuador lleva a cabo.

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El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a Ecuador, como parte de la investigación que realiza sobre el asesinato del equipo periodístico de El Comercio, ocurrido en abril pasado. El propósito, recopilar información y analizar los avances de las indagaciones que realizan las instituciones en torno al secuestro y muerte del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Este 22 de noviembre, el ESE se reunió con representantes de Cancillería y Ministerio de Defensa. El canciller José Valencia indicó que el Estado ecuatoriano ha destinado más de USD 200.000 para cubrir las necesidades del Equipo, lo cual demuestra la disposición del país para que se esclarezcan los hechos.

La Agenda de la CIDH incluyó reuniones con el Fiscal encargado del caso y con un equipo técnico del Ministerio del Interior. También coordinaron encuentros con funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia, Jefes de las Unidades policiales de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, anunció vía Twitter que el ESE ha cumplido una semana de trabajo en el Ecuador así como su agradecimiento a autoridades, familias y sociedad civil por la información y documentación para el seguimiento de la investigación.

Las conclusiones de estas visitas y las investigaciones hechas durante las mismas serán conocidas en diciembre luego de las audiencias públicas a las que asistirán los familiares del equipo de prensa.

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El pasado 1 de noviembre, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe preliminar sobre el crimen en contra de los periodistas del equipo de Diario El Comercio perpetrado en abril pasado, en la frontera entre Ecuador y Colombia.

En el documento se indica que en la Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriano “no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables y observa la necesidad de que la FGE realice un esfuerzo integrador que permita incorporar las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla de las FARC, en la frontera entre los meses de septiembre de 2017 y abril de 2018”.

El ESE recomienda a la Fiscalía incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico.

Basados en estas conclusiones, desde FUNDAMEDIOS consideramos que Wilson Toainga, fiscal a cargo del caso, ha dado muestras suficientes de negligencia y falta de idoneidad, por lo cual solicitamos a las autoridades pertinentes tomar las medidas necesarias para rencauzar las investigaciones y evitar que este crimen execrable quede en la impunidad. Entre estas acciones se torna necesario y urgente el cambio del Fiscal, actualmente responsable de las indagaciones en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

FUNDAMEDIOS se hace eco de las primeras conclusiones de la CIDH. “El derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido apareja el deber de las autoridades investigativas de examinar todas las variables que el caso plantea, de ahí la necesidad que se aborde esta línea de investigación de manera que se establezca cómo se gestionó el paso de los comunicadores mientras se mantuvo el estado de excepción decretado en la zona; si se adoptaron medidas de prevención y protección a periodistas dado el evidente interés público en los hechos que ocurrían y si eran suficientes para la protección de la integridad de los periodistas; así como las recomendaciones que se les impartieron en el puesto de control militar, entre otros aspectos”.

El informe preliminar del ESE también recomendó a la FGE incorporar a su plan de trabajo, actividades dirigidas a investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística que cumplía el equipo secuestrado, para lo cual es importante profundizar la investigación en relación al trabajo que realizaban los periodistas y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley, lo que a la postre podría abrir otro abanico de posibilidades acerca de la verdad de lo sucedido y de sus responsables.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recuerda que frente a crímenes contra periodistas, los Estados, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales, tienen la obligación de actuar con debida diligencia en las investigaciones, hecho que el fiscal Wilson Toainga, siete meses después de lo ocurrido, no ha logrado establecer.

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El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y quien forma parte del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer el crimen en contra del equipo periodístico de diario El Comercio, expresó su respaldo a los familiares de los comunicadores sobre la necesidad de tener la información completa del caso y se mostró optimista respecto a la voluntad del gobierno ecuatoriano para colaborar. El anuncio lo dio este 26 de julio de 2018, en un diálogo con la prensa, tras las primeras reuniones mantenidas en Ecuador con autoridades del gobierno y la sociedad civil, durante la visita de tres días que duró la misión del ESE.

En cuanto al caso, Lanza explicó que para entenderlo e investigarlo, es necesario tomar en cuenta cuatro aspectos o niveles. El primero, sobre el contexto violento que se vive en la frontera, con una serie de episodios y atentados ocurridos antes y después del plagio de los periodistas.

El segundo aspecto es el componente sobre la protección y seguridad de los comunicadores. “Hemos tenido de primera mano el reconocimiento por parte de la propia autoridad (…) que la situación que se vivía en la frontera cuando ocurrieron los hechos en materia de seguridad era gravísima y que el riesgo era muy elevado y extremo”, dijo Lanza. Por lo que, a su criterio, las medidas que se tomaron para prevenir lo que pasó con los periodistas es un elemento que debe constar en la investigación.

El tercer aspecto al que se refirió el Relator es en cuanto al manejo del secuestro y de las negociaciones, si es que las hubo. Para Lanza es importante determinar los elementos que incidieron para el desenlace ocurrido.

Finalmente, el cuarto aspecto se refiere a la transparencia y acceso a la información pública, que ha incidido en la forma en cómo se ha clasificado la información. Sobre este tema en particular, el Relator cree que durante estos últimos 10 años existieron falencias para el acceso de información pública.

Por su parte, Adriana Camargo, la experta internacional que asiste al grupo en las investigaciones también fue optimista en cuanto al proceso. Aseguró que tras la queja de las familias de no tener información relevante, lo importante ahora es que  fluya la información completa para tener una visión integral y un informe que sirva para esclarecer los hechos. Dijo que, tras dialogar con las autoridades, se les ha indicado que hoy se ha generado más información que la que se entregó en ese momento.

La experta comentó que hay casos en donde se tiene poca información, pero que en este, hay una serie de hipótesis bastante confirmadas sobre los actores que operaban en frontera, que es una misma fiscalía que lleva los expedientes y que ahora se deben establecer las conexiones entre todos los organismos estatales para tener una verdad. “El compromiso es entregar un panorama completo (…) y ahondar en esos cuatro elementos ya mencionados.

Lanza no quiso dar conclusiones sobre el caso, ya que está en etapa de revisión, pero anunció que van a tener conclusiones preliminares por etapas para no tener que esperar hasta, diciembre que es el mes en el que está previsto que concluya la misión del ESE, con la entrega de un informe final.

La próxima visita del Relator Especial está prevista para mediados de agosto, como parte de una visita in loco tras invitación del gobierno del Ecuador, mientras que aún están por definirse las fechas en las que el equipo investigador acudirá a Colombia, como parte de su misión.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó el itinerario de trabajo que tendrá el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) durante su visita al Ecuador del 25 al 27 de julio de 2018.

La delegación que visitará el país estará integrada por: Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la CIDH y Relatora para el Ecuador; Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión y personal de apoyo técnico.

La mañana del 25 de julio, el Equipo Especial mantendrá una reunión protocolar con el canciller José Valencia. También se reunirán con familiares de las víctimas asesinadas en abril por el Frente Oliver Sinisterra y representantes, quienes harán la entrega de la información reservada.

La tarde del miércoles, el ESE mantendrá una reunión de presentación protocolar con autoridades que estuvieron, o están involucradas en los episodios que dieron lugar a la Medida Cautelar y en la investigación penal, como los Ministerios del Interior, Defensa y la Secretaría de Comunicación. El equipo culminará la primera jornada con una visita a diario El Comercio, donde conversarán con directivos y periodistas.

Para el 26 de julio, el ESE mantendrá reuniones técnicas. Entre ellas, una mesa de trabajo con autoridades y técnicos a cargo de la investigación, como fiscal, policía judicial y forenses. Una segunda mesa de trabajo con autoridades de los ministerios de Interior y Defensa a cargo de las negociaciones con el grupo disidente de las Farc y operaciones en la frontera.
En la tarde del segundo día, mantendrán encuentros privados con actores de la sociedad civil y particulares. A las 18:00 ofrecerán una rueda de prensa.

El viernes, el Equipo mantendrá mesas de trabajo con autoridades a cargo de los procesos de reparación y Defensoría del Pueblo, con sociedad civil, academia y organizaciones periodísticas.