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ESE

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Dos años han pasado: y no hay respuestas. Un día como hoy, el 26 de marzo de 2018, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, de Diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje (norte de Esmeraldas) y trasladados a territorio colombiano por el Frente Óliver Sinisterra (FOS). El grupo narcoguerrillero, a cargo de Walter Patricio Arizala Vernaza, Guacho, los captó en medio de una escalada de violencia y días después los tres se convirtieron en víctimas de un crimen que tras 24 meses no tiene responsables. 

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Un documento de 104 páginas que indica que ese podría ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de las familias Ortega, Rivas y Segarra, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Para Fundamedios, se trata de un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra el periodismo es multidimensional. Además, es preciso garantizar su protección para que sea posible informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos ejerzan su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho.

Dos años después, la organización insiste en que el trabajo del ESE es inicial y deben crearse mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones. Instamos a la CIDH a que en el marco de las medidas cautelares aún en vigencia se haga un monitoreo exhaustivo a sus sugerencias, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse instrumentos regionales de seguridad. Pero también, una vez más, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Fundamedios exige que exista una desclasificación real de la información sobre los operativos en la zona de frontera y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias: solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

La coyuntura demuestra que, a pesar de este precedente, Ecuador todavía no ofrece las garantías necesarias a los trabajadores de la prensa para cumplir su rol. A pesar de que existen esfuerzos para que opere un Comité para la Seguridad de Periodistas, las condiciones de inseguridad afectan severamente el ejercicio periodístico. 

Se lo pido comprobar dramáticamente durante las protestas de octubre, con más de 200 reporteros agredidos. Y ahora se lo vuelve a percibir durante la crisis provocada por el COVID19

Los periodistas ecuatorianos enfrentan muchos retos al cubrir la pandemia en medio de la incertidumbre y sin que las autoridades adopten políticas de seguridad  y los medios de comunicación establezcan protocolos y medidas de prevención a quienes están altamente expuestos por su trabajo. En esas condiciones, la autoprotección es la única defensa de quienes informan desde las calles. 

A dos años del traumático secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín, la protección a los periodistas en el Ecuador es un pendiente que debe apelar a las conciencias de todos los actores.

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12 de diciembre de 2019 es una fecha clave en el esclarecimiento del crimen que segó la vida del reportero Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra. Esa fue la fecha escogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para entregar los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE), un documento de 104 páginas que indica que este puede ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Fundamedios, a través de su director jurídico y de DDHH, el exrelator Frank LaRue, expuso su posición en Washington D.C ante Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión; embajadores de Ecuador y Colombia; y las familias Ortega, Rivas y Segarra. 

Publicerat av Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Torsdag 12 december 2019

Para la organización, este es un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra la prensa se da de maneras diferentes y es multidimensional. Además, es preciso garantizar la seguridad y protección de los periodistas para que puedan informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos puedan ejercer su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho. 

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.  

Fundamedios insiste en que el trabajo del ESE es inicial y debe ser continuado. Instamos a la CIDH a dar seguimiento y monitoreo a sus recomendaciones, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse mecanismos regionales de seguridad. Tal como lo mencionó el exrelator especial de Naciones Unidas y actual asesor de la organización, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

 

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Actualización:  Este miércoles 13 de febrero los familiares de Efraín, Javier y Paúl enviaron una carta a Guillermo Botero, Ministro de Defensa de la República de Colombia para hacer oficial la entrega de la investigación periodística de ‘Rehenes’ y pedir colaboración del Ministerio para aclarar las circunstancias en las que se dieron los hechos.  Los puntos principales que los familiares quieren tratar con el ministerio es la liberación del equipo periodístico el 28 de marzo con el objetivo de tener claro que fue lo exactamente sucedió ese día, la negociación que existió y cual fue el rol que tomó el estado colombiano y la colaboración que hubo entre la policía colombiana y ecuatoriana en los operativos durante el secuestro.

Mediante la carta piden amplificar la información enviada desde la cartera del estado colombiano con relación a los operativos de la zona.
CARTA NOSFALTAN3 COLOMBIA 13 DE FEBRERO 2019

La mañana de este lunes 4 de febrero, Yadira Aguagallo, Ricardo Rivas y Galo Ortega, familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado hace 11 meses, se refirieron públicamente al contenido del libro ‘Rehenes’. La publicación, de los periodistas María Belén Arroyo y Arturo Torres, revela información en torno al porqué de la ejecución de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas.

“Ha sido el periodismo ecuatoriano, no la justicia ecuatoriana, quien nos ha dado más respuestas”, dijo Aguagallo. Los familiares agradecieron a los autores del libro por traer a la luz datos de absoluta relevancia sobre lo que sucedido con el equipo entre marzo y abril de 2018.  

Uno de los temas principales que recoge el texto son los operativos que existieron de parte del Estado colombiano y ecuatoriano a partir del momento en que se supo sobre el secuestro de los periodistas. La pareja de Paúl Rivas explicó que existen contradicciones entre las autoridades sobre la fecha, hora y lugar del asesinato. En la investigación periodística, se abordan las operaciones de parte de la Policía de Colombia que se iniciaron en territorio ecuatoriano, mientras el equipo de prensa estaba en cautiverio en la frontera entre ambos países. Aguagallo expresó que esto desencadenó el asesinato e instó a las autoridades a dar una explicación detallada sobre todos los operativos.

Ricardo Rivas explicó que lo que se encontró en la camioneta en que se trasladaban los periodistas fueron las credenciales de uno de ellos y todo el equipo de fotografía de Paúl Rivas, lo que indica que no se bajaron del vehículo por voluntad para hacer cobertura. El hermano del fotoperiodista expresó su descontento con el trámite para la lectura de huellas digitales de la camioneta así como las grabaciones que existen de la cámara de seguridad de la casa de la madre de alias Guacho.

Los familiares también se refirieron a la liberación de las víctimas que se iba a concretar el 28 de marzo del 2018. Diario El Tiempo de Colombia informó sobre la negociación al respecto. Sin embargo, en su momento el entonces ministro del Interior, César Navas, sostuvo que no era cierto. Pero en ‘Rehenes’ se confirma que sí existió la negociación. “Se nos mintió a los ecuatorianos, se nos tuvo que haber informado por lo menos a nosotros como familiares sobre lo que estaba sucediendo”, acotó Aguagallo.

En los próximos días, los familiares viajarán a Colombia para reunirse con la Fiscalía colombiana para evaluar las investigaciones que se siguen. Rivas anunció que la información recopilada en el libro se enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Equipo Especial de Seguimiento (ESE) la incluya. “El Gobierno nos ha ido mintiendo sistemáticamente sobre la vida de nuestros familiares. El error fundamental fueron las mentiras”, expresó Rivas.

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El pasado viernes 6 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a los familiares de Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, en el marco del 170 Periodo de Sesiones Públicas, en Washington DC. En la audiencia con el Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, procurador general, sostuvo que el secuestro, cautiverio y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018, se produjo en territorio colombiano.

En ese contexto, el representante de Ecuador, solicitó que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH, conformado para investigar las condiciones en que se produjo el crimen, concluya su trabajo el próximo 31 de diciembre o, máximo, en las primeras semanas de enero de 2019. También pidió que se archive la medida cautelar que ampara las tareas del ESE.   

Este miércoles 12 de diciembre, FUNDAMEDIOS, y los colectivos Nos Faltan 3 y Periodistas sin cadenas coorganizan un conversatorio para ahondar en la postura de los familiares de las víctimas, ante la actitud que ha adoptado el Estado ecuatoriano. En la charla abierta, que se desarrollará desde las 20:00 en La Estación (Diego de Almagro y Francisco Andrade Marín – esquina), participarán Ricardo Rivas, Yadira Aguagallo, Galo y Andrea Ortega.

En el espacio, moderado por Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, también participará Diego Cazar, representante de los colectivos periodísticos que llevan adelante investigaciones para determinar por qué se produjo el secuestro y asesinato; así como para determinar las responsabilidades de las distintas autoridades de Ecuador y Colombia.  

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Las Organizaciones de Libertad de Expresión abajo firmantes expresamos nuestro apoyo al trabajo del Equipo de Seguimiento Especial -ESE- del caso del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y rechazamos las declaraciones de los Estados de Colombia y Ecuador realizadas en el marco del 170 Periodo de Sesiones Públicas de la CIDH.

En sus alegatos los Estados no aportaron avances ni evidencia relevante en las investigaciones y, por el contrario, estuvieron dirigidos a evadir responsabilidades propias y a revictimizar a los familiares de los periodistas Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas.

La falta de voluntad de los dos Estados ha acarreado un serio retroceso y, ocho meses después de los hechos, todavía discuten sobre el lugar donde ocurrió el secuestro. Más allá de las inconsistencias de los alegatos los hechos son claros:

 

  1. La situación de violencia, la operación de grupos armados vinculados a disidencias de las FARC y al crimen organizado en la frontera colombo-ecuatoriano es una consecuencia del postconflicto colombiano, situación que no fue atendida oportunamente por las autoridades.
  2. La afectación de ese postconflicto y de la operación del narcotráfico había penetrado al norte del Ecuador y las autoridades sabían perfectamente de la situación de alto peligro que se vivía en la zona, pero no tomaron acciones para proteger la vida de los civiles y menos aún cumplieron las responsabilidades estatales de protección del ejercicio periodístico.
  3. En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, se vivió una década de persecución sistemática a la prensa concebida y ordenada desde las más altas instancias oficiales, lo cual ubicó a los periodistas en una situación de riesgo permanente y continuo. Esa situación no ha sido afrontada por el gobierno actual y no se han adoptado aún medidas de protección y reparación.
  4. Es ampliamente conocido yestá demostrado que el equipo del diario El Comercio se encontraba en una misión periodística y que fue en estas circunstancias que el Frente Oliver Sinisterra determinó su secuestro. La muerte de los periodistas se produce como consecuencia de esto, más allá del carácter político-extorsivo del secuestro. Eso es un hecho incontestable y denunciamos cualquier intento de relativizar esta condición.
  5. Las Fiscalías de Ecuador y Colombia han actuado de manera desarticulada y sin intención clara de intercambiar información que permita una reconstrucción integral de los hechos, y ampliar sus líneas de investigación para analizar el contexto en el que ocurrió este crimen, lo cual construye un escenario de impunidad.
  6. Los Estados, por su lado, han adoptado durante ocho meses una estrategia de acusaciones mutuas, para evitar así atender el llamado de las víctimas que reclaman justicia y verdad. Desde el 26 de marzo del 2018, día que se confirmó el secuestro de los periodistas, los Estados han despreciado a las víctimas, han obstaculizado el acceso a los hechos y han evadido su responsabilidad por la desprotección de los periodistas.

Es inaceptable el pedido de levantamiento de medidas cautelares y entendemos que es necesario la continuidad del Equipo de Seguimiento Especial -ESE- como un mecanismo que supervise vigile que este crimen no quede en la impunidad.  Por lo tanto expresamos nuestro apoyo al ESE, a la Relatoría de Libertad de Expresión y a la CIDH por su trabajo de acompañamiento técnico de las investigaciones y consideramos que tanto Colombia como Ecuador no han colaborado al nivel exigido para que las investigaciones puedan llegar a conclusiones concretas y a procurar justicia para las víctimas.

Una vez más expresamos nuestro apoyo total a las víctimas y sus familias y nuestra voluntad de acompañarlos en la búsqueda de verdad y justicia.

 

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Desde este 3 de diciembre se lleva a cabo el 170 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C – Estados Unidos. Los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y asesinado en la frontera norte, entre Ecuador y Colombia, participarán en jornadas de trabajo y las audiencias respectivas.  

Este jueves 6 de diciembre, FUNDAMEDIOS acompañará a los representantes de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega en las dos audiencias que se celebrarán con el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) y los Estados de Ecuador y Colombia. El encuentro, que se desarrollará a partir de las 15:45, se transmitirá a través del siguiente enlace: https://bit.ly/2KRscCa.

La más reciente visita del ESE a Ecuador se realizó en noviembre pasado. Este equipo desarrolla una investigación para determinar las condiciones y contexto que rodean al crimen que acabó con la vida del periodista, fotógrafo y conductor del diario ecuatoriano. El propósito de sus viajes también a Colombia ha sido recopilar información y analizar los avances de las indagaciones que realizan las instituciones responsables en cada país.

El pasado 01 de noviembre el Equipo de Seguimiento Especial presentó un informe preliminar. En la primera etapa, el análisis determina inconvenientes en el acceso a parte del expediente del caso y problemas en el enfoque de la indagación que Ecuador lleva a cabo.

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Este 01 de noviembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, presentó un informe preliminar de la investigación que se realiza en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. El periodista, fotógrafo y conductor fueron asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia, en abril de 2018, a manos del frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC.

En esta primera etapa, el análisis determina inconvenientes en el acceso a parte del expediente del caso y problemas en el enfoque de la indagación que Ecuador llevan a cabo. Se solicita a las autoridades ecuatorianas que la información requerida y que falta por examinar sea suministrada de “manera expedita y oportuna”, puesto que la información relevante no ha sido entregada en su totalidad, alegando “reserva de la investigación”. En ese sentido el Equipo de Seguimiento le recuerda al Estado “la importancia de adoptar las medidas necesarias para posibilitar que el ESE acceda a la totalidad de la investigación”.

En el caso de la investigación en el Estado colombiano, el ESE expresa que existen avances significativos en lo desarrollado por la Fiscalía de Colombia, con la captura y judicialización de al menos tres de los coautores del crimen.

Todo lo contrario ocurre en territorio ecuatoriano donde “no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables y observa la necesidad de que la Fiscalía General del Estado realice un esfuerzo integrador que permita incorporar a la investigación las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla de las FARC, en la frontera de Ecuador y Colombia entre los meses de setiembre de 2017 y abril de 2018”.

El ESE recomienda a la Físcalía “incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico”, así como agregar a su plan de trabajo “actividades dirigidas a investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística (…) y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley”.

Además, el ESE reitera que los familiares tienen derecho a saber las circunstancias y el motivo del secuestro y recuerda que frente a crímenes contra periodistas, “los Estados, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales, tienen la obligación de actuar con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de las víctimas”.

Este diagnóstico es el resultado de las visitas técnicas realizadas por el ESE a Ecuador y Colombia, en julio y agosto pasados, respectivamente. También se tomaron en cuenta las reuniones de trabajo y la audiencia en que participaron ambos Estados y los familiares de las víctimas, el pasado 3 de octubre en el 169 período de sesiones de la CIDH, en Boulder, Estados Unidos.

El Equipo de Seguimiento Especial está integrado por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Ecuador; Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH; el equipo técnico de la sección de medidas cautelares y de la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión, Édison Lanza. Los principios de transparencia, acompañamiento y centralidad en los hechos ocurridos en relación con el asesinato marcan su línea de investigación.

Desde su integración, el ESE trabaja con base en cuatro objetivos: 1) Asesoramiento técnico y monitoreo en el avance de la investigación y sanción de los responsables del secuestro y asesinato de los periodistas; 2) Acompañar la atención integral a las víctimas y familiares, y mantenerlas informadas del proceso; 3) Asesoramiento técnico y monitoreo en el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre el acceso a la información y a la verdad de lo sucedido, tanto a la sociedad ecuatoriana, como a los familiares; 4) Asesorar y apoyar al Estado en la adopción de medidas estructurales a que hubiere lugar y evitar su repetición.

Está previsto que para diciembre de 2018 se presente el informe final con observaciones, conclusiones y recomendaciones en torno al manejo de la investigación oficial para esclarecer el contexto en que se produjeron los hechos que acabaron en la muerte de los miembros del equipo periodístico.

El informe completo

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Édison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, informó a través de Twitter este 1 de octubre que se inició el 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos (CIDH), en Boulder, Colorado (Estados Unidos).

Este miércoles 3 de octubre los familiares de los tres periodistas secuestrados y posteriormente asesinados de Diario El Comercio, los miembros del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) y representantes del Estado ecuatoriano y colombiano, se reunirán para tratar cuestiones vinculadas con la investigación. El encuentro se desarrollará en la Universidad de Colorado, a partir de las 08:15.

El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a cargo de Esmeralda Arosemena de Troitiño, viajó junto a los representantes de las familias de Pául Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, para apoyar técnicamente las investigaciones, exponer los avances y esclarecer dudas.

Yadira Aguagallo, pareja del fotoperiodista asesinado por el frente Oliver Sinisterra (disidencia de las FARC), comentó que espera que la reunión se desarrolle de la manera más seria y fructífera posible. El objetivo es “que se concrete la verdad para alcanzar la justicia en torno al asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio”.

El pasado 27 de septiembre el ESE concluyó su visita en Colombia, tras la cual se recibió información relevante sobre la investigación. En ese contexto, ante la CIDH se prevé determinar el nivel de coordinación y trabajo en conjunto que ha existido entre las fiscalías de Ecuador y Colombia, analizar cuántas asistencias penales se han solicitado y despachado y cuál es el modo en el que han trabajado antes, durante y después del crimen.

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El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Colombia desde este 24 al 26 de septiembre, como parte de su agenda de trabajo, según se confirmó en un comunicado. La visita se da dentro de las investigaciones que se realizan para esclarecer el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido en abril pasado en la frontera norte con Colombia, por parte del frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC.  

En el comunicado se informó que el ESE reservó dos espacios para reunirse con los familiares del equipo periodístico este lunes 24, de 16:30 a 19:00; y el 25 de septiembre de 14:30 a 16:00. También se informó que la agenda fue remitida directamente al Gobierno colombiano.

El pasado 25 de julio, el ESE arribó a Ecuador con una comisión que estuvo  integrada por Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la CIDH y relatora para el Ecuador; Édison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión y personal de apoyo técnico. Durante la visita, el Equipo mantuvo una serie de reuniones con los familiares de las víctimas, autoridades y técnicos a cargo de la investigación, como Fiscalía, Policía Judicial y forenses. También con autoridades de los ministerios de Interior, Cancillería y Defensa, así como autoridades a cargo de los procesos de reparación y Defensoría del Pueblo, con sociedad civil, academia y organizaciones periodísticas.

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