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Fiscalía General del Estado

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El desarrollador de software libre de nacionalidad sueca, Ola Bini, fue detenido el pasado 13 de abril, después de que se dictara orden de prisión preventiva y una instrucción fiscal de 90 días por el supuesto delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Al experto en criptografía, residente en Ecuador hace cinco años, se le acusa de ser colaborador de Julian Assange y de presuntas actividades ilícitas relacionadas con Wikileaks.

Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), los indicios para iniciar la diligencia en su contra son equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, libros relacionados con hackeo electrónico y dinero. En ese contexto, ante las irregularidades que se exponen en el proceso de arresto y prisión preventiva, FUNDAMEDIOS, consciente de su responsabilidad en la defensa de la libertad de expresión a través de todo medio, incluido Internet, desea dejar sentado que es importante revisar la detención de Ola Bini, por las siguientes razones:

Los estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecen en sus principios rectores “la relevancia de Internet como plataforma para el goce y ejercicio de Derechos Humanos está directamente vinculada con la arquitectura de la red y los principios que la rigen, entre ellos el principio de apertura, descentralización y neutralidad”.

De acuerdo a dichos principios, “si bien la protección de datos personales constituye un objetivo legítimo, en ningún momento puede ser invocada para limitar o restringir la circulación de información de interés público, sobre funcionarios o personas públicas, o candidatos en el ejercicio de sus funciones, o que involucran violaciones de Derechos Humanos”.

Es factible conducir una investigación sobre cualquiera que, ilegalmente, intercepte comunicaciones de organismos estatales; pero esta no puede estar motivada por la sencilla inferencia de estar relacionada con Julian Assange y, por lo tanto, propiciar un arresto. Esto implicaría asumir que los medios de comunicación internacionales (The New York Times, The Guardian, The Washington Post) que -en el marco de la libertad de expresión y de prensa- utilizaron la información de Wikileaks, iniciada en 2006, contribuyeron a desestabilizar gobiernos. Lo cual resulta inaceptable.

Wikileaks puede resultar molesto para varios Estados, pero es precisamente el derecho de publicar y editar información el que representa el ejercicio de la libertad de expresión.

La investigación iniciada en Ecuador puede continuar, pero manteniendo los criterios del debido proceso. Mientras dure la indagación, el investigado debe gozar de libertad condicional, pues su detención puede resultar arbitraria.

El proceso debe determinar si hubo o no un acto ilícito de penetración ilegal del sistema informático del Estado. Por lo tanto, FUNDAMEDIOS exige a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y al Gobierno ecuatoriano garantizar el derecho al debido proceso de Ola Bini, así como su inmediata liberación.

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Este jueves 6 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a los familiares y representantes de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega, equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en abril pasado en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Los familiares de las víctimas, representantes de los Estados ecuatoriano y colombiano analizaron los avances de las investigaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH durante dos audiencias continuas.

En la primera audiencia, en la cual intervino el procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, Juan Pablo Albán, abogado de las familias, presentó sus preocupaciones en cuanto a los resultados de las indagaciones. “Lo que tenemos ahora es una estructura política de silencio, en la que muchas contradicciones ocurridas durante el secuestro de nuestros familiares han sido comprobadas”, expresó Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl. “¿Quién tomaba las decisiones sobre la vida de nuestros familiares?”, cuestionó al Estado.

El Procurador General expuso que “las funciones hechas fueron las más adecuadas. Lo ha dicho hoy el presidente Moreno cuando expresó al país que como Estado hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para rescatar a nuestros hermanos periodistas”. Añadió que se entregó la información ofrecida al ESE, así como el sustento económico para la investigación. También sostuvo que el secuestro, cautiverio y asesinato de Rivas, Segarra y Ortega ocurrió en territorio colombiano. Salvador también pidió a la CIDH que la investigación concluya el 31 de diciembre o, máximo, en las primeras semanas de enero de 2019 y que se archive la medida cautelar en contra de Ecuador y Colombia. Los familiares, en desacuerdo con esta postura, respondieron que aún existen muchos temas por investigar.

Édison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión y miembro del ESE, indicó que “la verdad va a surgir no de lo que sostenga una autoridad, sino del agotamiento de las líneas de investigación, de que se compruebe y se descarte que, por ejemplo, el secuestro no ocurrió en territorio bajo control ecuatoriano, lo cual desmiente las investigaciones de Colombia”. Aclaró también que no es cierto que el Equipo de Seguimiento Especial ha tenido acceso irrestricto a la documentación de parte de Ecuador, pues se ha pedido copias de los documentos en reiteradas oportunidades y se les dijo “que hay una interpretación que hace el Fiscal, de que no se pueda entregar ni siquiera en el marco de este mecanismo”.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, añadió en la audiencia la intervención de los representantes del Estado “causa un dolor enorme”. “Vinieron a tratar de ajustar cuentas con la CIDH y no es justo con las víctimas. Actúan con profunda insensibilidad, viniendo de un Estado que durante 10 años agredió sistemáticamente a periodistas. Que quede en sus conciencias que su intervención nos causa un profundo dolor”, enfatizó.

En la audiencia con el Estado de Colombia, los familiares afirmaron que con el actual gobierno de Iván Duque no ha existido la misma apertura que hubo con el expresidente Juan Manuel Santos,  a pesar de que durante la más reciente del Mandatario, el pasado 4 de diciembre, expresó que el asesinato no quedará en la impunidad.

Colombia, representado por Claudia Carrasquilla de la Fiscalía, detalló que, según sus investigaciones, el equipo de prensa fue secuestrado por miembros del Frente Oliver Sinisterra, quienes consultaron a alias Guacho qué hacer con ellos. Afirmó que el asesinato no sucedió porque Javier, Paúl y Efraín fueran periodistas, sino por una orden de ejecución en “razón de una situación que se venía presentando con el Gobierno ecuatoriano”.

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La plena garantía de la libertad de expresión, característica fundamental de un Estado democrático, requiere que las instituciones del Estado coordinen entre sí para la plena garantía del derecho y cooperen con la sociedad civil. Por esta razón, FUNDAMEDIOS ha pedido este 25 de octubre a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo entablar un diálogo y reuniones de trabajo con el fin de explorar acciones conjuntas y mecanismos de protección que busquen garantizar de manera plena la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en nuestro país.

En el caso de la Fiscalía, la Organización envió una carta al fiscal general Carlos Baca Mancheno para solicitar el involucramiento de esta entidad en este importante proceso, a fin de buscar mecanismos de protección para el trabajo de los periodistas.

Asimismo, FUNDAMEDIOS  remitió una carta al defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira Silva para solicitarle que, en observancia de los artículos No. 215 de la Constitución de la República, No. 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y No. 10 del Reglamento Orgánico Funcional De La Defensoría Del Pueblo, exhorte a la Fiscalía General del Estado a brindar especial atención a la situación que atraviesa el el trabajo periodístico en nuestro país así como a implementar mecanismos que garanticen la tutela efectiva del derecho a la libre expresión de los ciudadanos.

Desde el año 2008 hasta el 30 de septiembre de 2017, la red de monitoreo de libertades de la Organización ha registrado un total de 2261 ataques a la libertad de expresión en Ecuador. Dentro de esta alarmante cifra destacan un total de 461 agresiones físicas a periodistas y ciudadanos por el solo hecho de expresar su opinión o ejercer la labor periodística.

FUNDAMEDIOS es una organización de la sociedad civil creada en el 2007 cuya tarea principal es el apoyo a medios de comunicación y periodistas a través de su red de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión y asociación, proyectos, capacitaciones, talleres destinados a la reflexión en torno al oficio periodístico