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Ecuador, 9 de julio 2020.- César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó este jueves 9 de julio, su renuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como veedor del Proceso público competitivo de otorgamiento de frecuencias. El periodista señaló  que este proceso no ha sido transparente ni riguroso.  

“Consideramos que una organización del prestigio de Fundamedios no puede ser parte de una veeduría que ha pretendido ser manipulada con fines partidistas, nada transparente y ajena a lo que debería ser el ejercicio noble del derecho a la participación ciudadana y el control social”, enfatizó Ricaurte en una rueda de prensa virtual. 

Además, cuestionó que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) haya presentado un oficio donde impugna a algunos integrantes de la veeduría con argumentos “frívolos”, como que algunos integrantes no enviaron su hoja de vida cuando existen miembros con un interés político claro. Ese es el caso del actual subcoordinador, Roberto Wohlgemuth, conocido en redes sociales como @mashiroberto. 

Wohlgemuth fue uno de los operadores más agresivos en la política de acoso sistemático en contra de periodistas y medios de comunicación durante el gobierno de Rafael Correa. Además, Facebook lo identificó como uno de los grandes operadores de las granjas de trolls para desinformar.

Precisamente, el 8 de julio, la plataforma eliminó más de 50 páginas detectadas como difusoras de información falsa manejada por consultores políticos y exempleados gubernamentales de Ecuador y de los socios de la empresa ecuatoriana Estraterra, establecida en Canadá y cuyo representante legal es Roberto Wohlgemuth.

Wohlgemuth llegó al CPCCS luego de la salida de varios de sus miembros. Esto, tras la contundente denuncia pública que hizo Fundamedios el pasado 23 de junio que reveló los intereses políticos de los veedores que, en ese momento, estaban activos y que concluyó con la renuncia de Héctor Velasco Álvarez, entonces coordinador de la veeduría y presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Dicha organización participó en el concurso pasado por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicitaba se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. Cuatro veedores más también fueron cuestionados. Ver nota.

Ricaurte reiteró que renuncia a una veeduría que desde su creación tuvo intereses políticos, pero no renuncia al derecho ciudadano de vigilar rigurosamente un proceso que como el de otorgamiento de frecuencias es clave para que en el Ecuador se avance en materia de libertad de expresión.

“Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó. 

Descargue la carta de renuncia 

 

 

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Facebook eliminó 41 cuentas, 77 páginas de esa plataforma y 56 cuentas de Instagram por tener un comportamiento no auténtico y violar la política de interferencia extranjera al publicar información falsa. 

Algunas de estas cuentas son manejadas por consultores políticos y exempleados gubernamentales en Ecuador. Es el caso de los socios de la empresa ecuatoriana  luego establecida en Canadá llamada “Estraterra”, cuyo representante legal es Roberto Wohlgemuth, vinculado al correísmo y más conocido como @’MashiRoberto. Quien en un acto insólito fue invitado  a ser veedor y fue designado subcoordinador de la veeduría ciudadana que vigila el concurso de frecuencias radiales FM en Ecuador. 

Fundamedios considera un acto escandaloso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) haya nombrado a Wohlgemuth -señalado por mover cuentas en redes sociales para desinformar y atacar a periodistas, medios y defensores de DDHH- como veedor para vigilar un proceso tan trascendente para la libertad de expresión en Ecuador. 

“Aunque las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus identidades y coordinación, nuestra investigación encontró vínculos con consultores políticos y ex empleados del gobierno en Ecuador y Estraterra, una firma de relaciones públicas con sede en Canadá. Estraterra ahora está prohibido en nuestras plataformas”, concluye el comunicado de Fecbook publicado el 8 de julio

Fundamedios constató que Estraterra S.A. es una empresa activa en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías. Esta firma fue constituida en nuestro país el 07 de julio de 2016 con un capital de mil dólares por Roberto Wohlgemuth,  Pablo Yánez y María Augusta Enríquez. Wohlgemuth fue gerente general en 2018 y también accionista de la empresa. 

Yánez se desempeñó como exsubsecretario de la Secretaría de Comunicación (Secom) y María Augusta Enríquez,  fue exasesora del exministro Vinicio Alvarado, ambos fueron funcionarios durante la gestión delexpresidente Rafael Correa.

Al buscar en el Servicio de Rentas Internas (SRI), la empresa con el RUC 1792790719001 aparece también activa y con Wohlgemuth como representante legal. Su actividad económica consiste en brindar servicios integrales relacionados a la comunicación y publicidad. Solo en 2017 reportó $1,662.02 como impuesto a la renta. 

¿Cuáles son sus vínculos con Canadá? En la primera reunión de la veeduría ciudadana para vigilar el concurso de frecuencias, de la que Fundamedios también es parte. “Wohlgemuth reconoció abiertamente estar radicado en Canadá administrando una empresa de comunicación que ahora sabemos a qué se dedica, señaló César Ricaurte, director de Fundamedios. 

De hecho, en la cuenta de LinkedhIn, Estraterra es una empresa con sede en Vancouver (Canadá) y señala a Wohlgemuth como uno de los empleados en estrategia de comunicación política y redes sociales. Incluso el dominio del sitio web estraterra.com está a su nombre. 

Facebook explicó que la inusual actividad se originó en Canadá y Ecuador y se centró en El Salvador, Argentina, Uruguay Venezuela, Ecuador y Chile. El movimiento de estas cuentas, algunas falsas y duplicadas, se daban en torno a elecciones, exponiendo elogios a ciertos gobiernos y críticas al presidente de Ecuador, al partido peronista en Argentina y al partido progresista en Chile. 

Las 41 cuentas de Facebook, 77 páginas y 56 cuentas de Instagram tenían alrededor de 274,000 cuentas que siguieron una o más de estas páginas y alrededor de 78,000 seguidores en Instagram. En cuanto a publicidad, Facebook reporta la asombrosa cantidad de $ 1.38 millones en gastos para anuncios

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Ecuador, 26 de junio 2020.- Con la renuncia a la veeduría del señor Héctor Velasco y de la señora María Gabriela Vargas, coordinador y subcoordinadora, respectivamente de la ‘Veeduría ciudadana para vigilar el proceso público competitivo para el otorgamiento de frecuencias para los servicios de radiodifusión de señal abierta para los medios de comunicación privados y comunitarios’ se abre una gran oportunidad para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), constituya una veeduría sin sesgos políticos ni intereses ocultos y con alto nivel técnico. 

El pasado 23 de junio, el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte expuso en rueda de prensa los posibles conflictos de intereses y la clara identificación de vario veedores con un sector político que ejerció el poder por más de una década acosando a la prensa independientes y socavando seriamente la libertad de expresión en el país.

Especialmente notorio era el caso de Héctor Velasco quien como presidente de la  Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC), participó en el concurso previo por la frecuencia 92.5, operada por EXA, uno de los medios de comunicación críticos al gobierno de Rafael Correa. Incluso el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho,  solicitando que se le asigne de forma directa, irregular y arbitraria dicha frecuencia. 

No obstante lo claro de la situación, en su carta de renuncia, el señor Héctor Velasco, acusa de “prácticas de violencia política, hostigamiento e intimidación” de César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, acusación que no tiene ningún asidero y que rechazamos rotundamente. En la misiva menciona que no descarta “la posibilidad de iniciar acciones legales para defender su dignidad”, amenaza que consideramos no tiene ningún fundamento.

Este 26 de junio, Fundamedios dirigió una carta al Presidente del Consejo de Participación para que se revea la composición de la veeduría ciudadana tomando en cuenta que se trata de un proceso trascendental para la libertad de expresión y la democracia en Ecuador.  

Fundamedios conoció que el CPCCS recibió tres nuevas postulaciones para integrar la veeduría. Se trata de María José Ramírez, Francesco Magnilio y Karla Sofía Ayora.

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Ecuador, 23 de junio 2020.- El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, denunció la mañana de este martes 23 de junio que la conformación de la veeduría ciudadana para vigilar que el proceso público competitivo para otorgar frecuencias FM en el país no cumple con los principios de transparencia e idoneidad. Existen intereses políticos de sus miembros y poco conocimiento del sector de la radio y la televisión. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó el pasado 26 de mayo a inscripciones para la conformación de una veeduría ciudadana. El objetivo era la  vigilancia del concurso de adjudicación de frecuencias propuesto por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

El caso más claro es el de Héctor Velasco Álvarez, coordinador de la veeduría, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Esta empresa participó en el concurso previo por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicita se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. 

El Presidente de EMPEC mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); el Servicio de Rentas Internas (SRI) y BanEcuador.  “Es por eso que el señor Velasco en el momento de posicionarse como veedor y coordinador de esta veeduría señala que su objetivo es dar de baja este concurso”, indicó Ricaurte, quien también integró este órgano de supervisión junto a Paola Aguilar, miembro de Fundamedios.

Otro caso es el de María Gabriela Vargas, extitular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) durante el correísmo; y el de Bernardo Cañizares, quien reporta ingresos provenientes de contratos con el sector público por 173.000 dólares.  

Emilio Uscátegui, exfuncionario de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt) y, recientemente, asesor en la Asamblea Nacional también figura. En ese contexto, llama la atención que un funcionario de rango medio tenga una propiedad valorada en 600.000 dólares y maneje un Lexus 4×4.

“La conformación de la veeduría deja muchas interrogantes y hacemos un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que revea su  composición, pues no hay claridad en cómo se eligieron a sus miembros (…) La veeduría debería ser transparente pues estamos frente a un proceso muy importante para la libertad de expresión”, destacó Ricaurte. 

En una rueda de prensa posterior, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, hizo eco de las palabras del Director de Fundamedios. Aseguró que la veeduría está direccionada por un integrante que tiene “intereses ocultos para boicotear el proceso”, refiriéndose a Héctor Velasco. 

«Lastimosamente el CPCCS ha convocado a una veeduría ciudadana en la que cuatro personas no tienen el perfil técnico para ponerse a la altura de este proceso que ha sido trabajado en los últimos dos años. No estamos opuestos a una veeduría, pero sí a aquellas personas que no tienen el perfil técnico, y no estamos de acuerdo con una persona que en el 2016 mostró un conflicto de interés. El CPCCS debe ponerse a la altura”, mencionó el Ministro. 

 

A tomar en cuenta

  • La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones convocó a concurso público competitivo para la adjudicación de 3.196 frecuencias de radio FM el 15 de mayo de 2020. 

 

  • Del 26 de mayo al 2 de junio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social habilitó un proceso de inscripciones para la conformación de una veeduría que vigile la adjudicación de frecuencias.

 

  • El concurso más reciente data de 2016, durante el mandato de Rafael Correa. En ese entonces se adjudicaron frecuencias a través de un proceso que luego fue suspendido por informes de la Contraloría General del Estado (CGE) que determinaron irregularidades e indicios de responsabilidad penal. 

 

  • El ministro Andrés Michelena aseguró que el 15 septiembre se llevará a cabo el concurso de frecuencias de televisión y las de AM. 

Mire la rueda de prensa y descargue aquí la documentación que avala la denuncia realizada por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

 

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Con base en el Informe  de Auditoria emitido por la Contraloría General de Ecuador (informe No. DNA4-0025-2018 de 22 de junio de 2018)  respecto al examen especial sobre los procesos de concesión de frecuencias, nos adherimos a las denuncias que se han realizado sobre las graves irregularidades del Grupo de Ángel González «El Fantasma», quien concentra frecuencias y varios medios de comunicación entre los que se conoce: 3 canales de televisión nacionales, 11 radios y un medio impreso en el Ecuador.

Han pasado 8 autoridades por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – ARCOTEL en lo que va del actual Gobierno, y ninguna de estas autoridades ha podido hacer cumplir la ley poniendo  fin a las irregularidades.

Los canales y diarios firmantes, junto con Fundamedios y fundación El Churo Comunicación, rechazamos estas prácticas tendientes a acaparar frecuencias y  medios de comunicación. Prácticas, que además han inobservado procedimientos legales, vejando la seguridad jurídica en materia de telecomunicaciones y otras conexas.

Por lo expuesto, solicitamos al Ministro de Telecomunicaciones y Presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, disponga la inmediata ejecución de las resoluciones mediante las cuales, la ARCOTEL, ordenó la reversión de las frecuencias correspondientes; acción que demostrará, el compromiso del gobierno del Presidente de la República por combatir la corrupción.

Patricio Jaramillo

ECUAVISA

 

 

Juan Carlos Calderón

FUNDAMEDIOS

 

 

 

Carlos Pérez

DIARIO EL UNIVERSO

 

Félix Varas

MANAVISIÓN

Fernando Najas

TELESUCESOS

 

Ana María Acosta

FUNDACIÓN EL CHURO COMUNICACIÓN

 

   

Christian Zurita

FUNDACIÓN MIL HOJAS

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Una semana después de cerrado el plazo para la recepción de solicitudes, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) no transparenta la información completa sobre los postulantes dentro de este proceso.

En un primer comunicado, emitido el 1 de julio pasado, la Arcotel indicó que se receptaron 706 solicitudes de frecuencias en todo el país. Sin embargo, una semana después, el 7 de julio, esta institución colgó en su portal web un “acta de verificación de la información ingresada”, en la que se señala que se recibieron 1.268 solicitudes, desglosadas de esta manera:

AM: 68

FM: 911

TV: 289

Las solicitudes ni siquiera llegan al número de frecuencias ofertadas: 1.472. Esto quiere decir que hay frecuencias por las que nadie concursó. La variación en el número de solicitudes no ha sido explicada públicamente por las autoridades. Tampoco se ha desglosado cuántas frecuencias no recibieron solicitudes, cuáles son las más apetecidas, ni cuántas solicitudes fueron presentadas por actores privados y cuántas por comunitarios.

11 días después de cerrado el plazo para la recepción de solicitudes, en Arcotel se sigue trabajando a puertas cerradas, es decir sin veedurías ni presencia de prensa. Mientras, subsisten serias dudas, pues no se conoce quiénes son las personas que están solicitando las frecuencias, ni a qué frecuencia están apuntando. Todo esto no abona a crear confianza sobre la transparencia del concurso, factor que ha estado bajo cuestionamiento desde el primer minuto del proceso.

Fundamedios pudo conocer que está constituyéndose una veeduría independiente, sin embargo en estos días críticos no existe ningún proceso ciudadano que controle y vigile el concurso. Recordemos que la veeduría “autoconvocada” que se presentó  fue desestimada después de que Fundamedios expusiera las vinculaciones y conflictos de intereses de cuatro de los veedores lo cual después fue recogida en una denuncia de la misma Arcotel.

Fundamedios reitera su llamado a que se suspenda el concurso, pedido que se ve reforzado a la luz del fracaso de participación que ha significado. “En realidad, el actual concurso de frecuencias no está sirviendo de ninguna forma a que exista una distribución transparente, abierta y por lo tanto más democrática de las frecuencias, más allá de un par de casos puntuales, casi anecdóticos, mientras subsisten dudas provocadas por la falta de transparencia, en una fase crítica del concurso como es la apertura de las propuestas”, declaró el director de la organización, César Ricaurte.

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Guillermina Molina, Roberto Guerrero, Paúl Rojas y Marcelo Muñoz, durante la presentación de la veeduría, el 1 de junio del 2016.

El concurso público para la adjudicación de 1.472 frecuencias se convocó sin que en sus bases y reglamentos se contemple la creación de una veeduría oficial, convocada a través del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), que se encargue de hacer el seguimiento y control de todo este proceso.

El Reglamento General de Veedurías contempla tres tipos: por iniciativa ciudadana en forma colectiva, de las organizaciones de la sociedad o del CPCCS. Tradicionalmente en todos los concursos públicos se cumple con este requisito a través del Consejo, pues existe un mandato constitucional, aunque no hay una obligación expresa que obligue a hacerlo. Así, el art. 96 se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

En aras de la transparencia, Arcotel y Cordicom debían solicitar a esta entidad que se convoque la constitución de una veeduría o, a su vez, el Consejo podía convocar por su propia iniciativa, más aún si se considera la magnitud e importancia de un concurso que comprende el destino del 65% de todos los medios radiales y televisivos del país.

Hace pocos días, un grupo de ciudadanos “autoconvocados” anunció la constitución de una veeduría y la presentó el pasado 1 de junio. Se identifican como “independientes, ad honorem y pro bono”. Se inscribieron en el CPCCS, como les faculta numeral 5 del artículo 100 de la Constitución de la República.

Según la Ley de Participación Ciudadana (art. 8, numeral 3), “las veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo de la política pública con énfasis en los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público; la ejecución de planes, programas, proyectos, obras y servicios públicos, así como las actuaciones de las y los servidores públicos en general”.

El coordinador de la veeduría del concurso, Roberto Guerrero, señala que actúan dentro de las potestades que les da la Constitución y que lo hicieron pues están preocupados por este concurso, y señaló que los veedores tienen experiencia en los campos de la comunicación  y las telecomunicaciones.

Entre las inhabilidades para participar como veedor, establecidas en el artículo 16 del Reglamento, está el tener algún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de vinculación con el objeto y la ejecución de la veeduría. Sin embargo, durante la etapa de conformación de la veeduría de iniciativa ciudadana, según el Reglamento, no se abre una etapa de impugnación.

En este caso, cuatro de los seis veedores “autoconvocados” podrían entrar en esta inhabilidad. Lo que cuatro de ellos presentan como experiencia son vínculos con el actual Gobierno o funcionarios de éste.

Estos son sus perfiles:

Paúl Rojas acredita en su hoja de vida que tiene 32 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Entre 2007 y 2008, durante un año y medio, fue Superintendente de Telecomunicaciones, cuando ya gobernaba el país Rafael Correa. Su paso por esa entidad estuvo llena de críticas, según lo señala la prensa de la época:

Una nota de El Universo reseña que, al día siguiente de su posesión, duplicó su salario. También fue cuestionado por tener una empresa que ofrecía servicios de telecomunicaciones y era contratista del Estado, según otra nota de El Universo. Finalmente, su nombramiento recibió críticas por haber designado como Intendente General y segundo al mando de la Superintendencia a Ricardo Rivera Arauz, quien era concesionario de una frecuencia, en un claro caso de conflicto de intereses. Este nombramiento se detalló en una nota del portal digital Plan V.

Rivera Arauz es tío en segundo grado del vicepresidente Jorge Glas Espinel, dado que es primo de su madre, Norma Espinel Arauz. Según narra la nota de Plan V, se conoció en los días del nombramiento de Rojas que fue Glas quien hizo las gestiones en el Congreso para que se lo nombrara Superintendente. En ese entonces, Glas era presidente del Fondo de Solidaridad. Rojas también es cuñado de Marcelo Vélez Arízaga, quien fue uno funcionario y uno de los principales técnicos durante la puesta en marcha del canal estatal Ecuador TV, según detalla Plan V.

Mientras se desempeñó como gerente de Advicom, Rojas suscribió varios contratos con el Estado. Por ejemplo, se encargó de la “provisión e instalación de equipos para la operación emergente de la Radio Legislativa”, por USD 37.790; el “servicio de alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la Radio de la Asamblea”, por USD 89.008; y el “sistema de transmisión para la estación de televisión análoga de la Asamblea”, por USD 115.700.

La empresa también tuvo contratos con el Ministerio de Educación,  USD 389.700, y recientemente, en 2015, con la Secretaría Nacional de la Administración Pública, por USD 1.785, para provisión de equipos.

Sebastián Muñoz Vélez es abogado, cuencano, y trabajó como asesor jurídico en la Superintendencia de Telecomunicaciones hasta agosto del 2015, según los registros de esa entidad. Esta entidad luego se transformó en la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel), que ahora convoca al concurso de frecuencias.

Además, Muñoz tiene un vínculo directo con Rojas. Es sobrino de su esposa, Maribel Vélez Arízaga. Pero también es socio de Rojas en la firma Lex Solutions Ecuador, que funciona en Quito en el tercer piso de un edificio en la calle París y Emilio Solá, en el sector de El Batán Bajo. En su página web, señalan que entre sus clientes está la Vicepresidencia de la República y la Arcotel.

En esa misma dirección funcionan dos empresas más, cuyos accionistas son los hijos de Rojas y primos de Muñoz: Advicom y Teratelecom. Las direcciones están registradas en la Superintendencia de Compañías.

Estas tres empresas han tenido contratos importantes con el Gobierno. Advicom, por ejemplo, ha tenido contratos con la Radio Pública y Ecuador TV, e instaló los equipos de la radio de la  Asamblea Nacional.|

Guillermina Molina tiene otro tipo de vinculaciones. Según ella mismo contó el día de la presentación de la veeduría, su experiencia se da en el ámbito comunicacional, pues fue parte del equipo de asesores de Alianza País que trabajaron en la elaboración de la Ley de Comunicación. Específicamente, fue asesora del entonces legislador Humberto Alvarado Correa y, después de su muerte, de su alterna, Maruja Jaramillo. Alvarado Correa es padre de Vinicio y Fernando Alvarado Espinel, quienes han ocupado diferentes cargos de alto nivel en el actual Gobierno, al punto que son considerados parte del grupo más íntimo del poder.

Jorge Saade es violinista, pero es también docente de la Universidad de las Artes, es decir, funcionario público.

Estas vinculaciones transgreden lo establecido entre las inhabilidades para participar como veedor, pues van en contra del principio de de independencia que la veeduría debería tener. Por esto, la veeduría anunciada la semana pasada no cumple los requisitos de idoneidad e independencia y por lo tanto está muy lejos de ser un aval para la transparencia e integridad del concurso de 1472 frecuencias de radio y TV.

Desde Fundamedios volvemos a hacer un llamado para la suspensión inmediata del concurso con el fin de que se vuelva a convocar a un proceso donde se cumpla con los estándares internacionales para el desarrollo de medios radiales y televisivos libres, independientes, plurales, democráticos y participativos. De llevarse adelante el proceso bajo las actuales condiciones, existe el riesgo inminente de que se entablen multitud de demandas contra el Estado ecuatoriano.

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