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Fundamedios

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Ecuador, 8 de abril de 2021. Los equipos periodísticos de Fundamedios y Ecuador Verifica mantuvieron una reunión, la noche del 7 de abril, con la Misión de Observación Electoral de la OEA, quienes conocieron de primera mano los datos de las violaciones  a la libertad de expresión y desinformación ocurridas en el marco de las Elecciones Generales 2021.

Durante el encuentro, Fundamedios presentó la Misión las cifras del monitoreo sobre los ataques a la libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información ocurridas durante la primera vuelta electoral, comprendida entre el 31 de diciembre de 2020 y el 04 de febrero de 2021. Asimismo, del período desde el 05 de febrero al 15 de marzo y los datos de la segunda vuelta que arrancó el 16 de marzo, con corte al 08 de abril. 

Durante estos tres periodos Fundamedios registró 76 alertas por agresiones, 29 durante la primera vuelta, 24 en la segunda vuelta y 23 entre el 05 de febrero al 15 de marzo. De ese total, 60 corresponden a periodistas de medios de medios de comunicación, seis activistas, cinco medios de comunicación, cuatro ciudadanos, y un organismo de periodistas. 

El principal agresor fue el Estado con 28 alertas registradas, seguido de grupos No Estatales, encabezados por políticos, que registran 23 alertas. 17 fueron realizadas por desconocidos, cuatro por la COVID-19 y dos por grupos al margen de la Ley. 

Del total de alertas registradas, 24 fueron por discurso estigmatizante, 20 por agresiones y ataques, 15 por acceso a la información, siete por procesos judiciales, cuatro periodistas fallecidos con COVID-19, cuatro restricciones en el espacio espacio digital, un asesinato y una alerta por censura. 

Durante la reunión el área de Libertades de Fundamedios hizo énfasis en las agresiones contra periodistas mujeres por su género. Se registró desde el 31 de diciembre del 2020 hasta el 08 de abril del 2021, 23 agresiones específicas contra mujeres periodistas, de este grupo, 17 se enmarcan dentro de una categoría de Ataques por Género y que son específicas contra mujeres periodistas.  La Misión expresó que considerará este asunto con especial  interés y atención.

Otro de los puntos centrales de la reunión fue dar a conocer las cifras de ECUADOR VERIFICA que chequeó 258 frases y contenidos virales durante la campaña electoral. Entre octubre de 2020 y marzo de 2021, el equipo realizó 258 verificaciones que se dividen entre declaraciones de los candidatos a la presidencia y contenido viral que circula en las redes sociales.

Solo en discurso público, se registraron 116 verificaciones que incluyen a los 16 candidatos presidenciales que participaron en la primera vuelta electoral y a los dos finalistas para la segunda vuelta. De este total, el 32% fue calificado como falso; 26% como cierto; 39% como Sí, pero y un 3% como Inverificable.

En el mismo periodo se analizaron 142 contenidos potencialmente falsos o engañosos que circulan en redes sociales como Facebook y Twitter. De los cuales, un 58% fue falso, un 23% Sí, pero; un 14% Cierto y un 5% inverificable.  

En términos de flujo de desinformación, en las dos semanas previas a la fecha de los comicios, aumentó notablemente la cantidad de contenidos falsos o engañosos. De un promedio de 8 verificaciones semanales, la cifra se duplicó en las últimas semanas de campaña de los candidatos. Este fenómeno sucedió tanto en primera vuelta como en la segunda.

Durante la primera vuelta electoral, los temas que predominaron en la desinformación fueron principalmente en torno a la organización del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral y a los tres candidatos que encabezaban las encuestas de opinión ciudadana: Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yaku Pérez. 

Mientras que durante la segunda vuelta, la desinformación se centró en los dos candidatos finalistas sobre todo con contenidos sobre el pasado político de cada uno, los apoyos y alianzas que se establecen y también se puso en duda si los candidatos y sus equipos o familiares habrían recibido la vacuna con la COVID-19. 

Fundamedios envió a la Misión Electoral de la OEA un informe completo con los detalles de las amenazas a periodistas y las notas sobre desinformación. 

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Gremios, organizaciones de la sociedad civil, academicos y representantes de medios de comunicación presentaron ayer la “Hoja de Ruta de Libertad de Expresión 2021-2025” a varios asambleístas electos por CREO, por el Partido Social Cristiano, por la Alianza Honestidad y por la Izquierda Democrática con el propósito de construir en Ecuador, una agenda de la comunicación, periodismo y libertad de expresión a partir de 2021. 

Los legisladores presentes y sus equipos se comprometieron con la defensa, promoción y garantía de la libertad de expresión y a impulsar la Hoja de Ruta coincidieron en que es necesario trabajar junto con las organizaciones de la sociedad civil para reforzar la libertad de expresión y acceso a la información en Ecuador, de cara a un nuevo periodo.

De la reunión participaron los legisladores electos Marjorie Chávez, Diego Ordoñez, Wilma Andrade, Jorge Pinto, Nathaly Arias, Eckner Recalde y César Rhon. También se comprometieron con la libertad de expresión, aunque no estuvieron en la reunión los asambleístas electos Dayllana Paisslague, Fernando Cabazcango y Fernando Villavicencio. 

El director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dio la bienvenida a los asistentes y presentó la Hoja de Ruta, con un énfasis en las acciones parlamentarias.

Los legisladores electos y sus equipos fueron informados del grave deterioro de la libertad de expresión a lo largo de los últimos 14 años y que se manifiesta en más de 2 000 agresiones contra periodistas. Estas han ido desde asesinatos, agresiones físicas, sanciones por normativas, procesos penales, censura, amenazas, insultos y descalificaciones, uso abusivo del poder estatal, procesos constitucionales, administrativos y civiles. Asimismo, en los últimos años estas violaciones se han trasladado  al espacio digital con ciber amenazas, acoso en redes sociales e incluso hackeos y abuso de normas de propiedad para censurar contenido o dar de baja a cuentas.

La Hoja de Ruta plantea una serie de acciones para el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Sector Privado y la Academia.

Desde la nueva Asamblea se debe legislar para blindar y fortalecer a los medios públicos y regular la pauta oficial para que cumpla los principios de equidad y transparencia. Asimismo, garantizar la asignación transparente, justa y plural de las frecuencias de radio y televisión para garantizar el acceso a la democracia. Para lo cual es preciso someter a fiscalización los actuales procesos de concesión de frecuencias que ha favorecido a los monopolios mediáticos.

Así mismo, en pos de reforzar la libertad de expresión. Se vuelve prioritario la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se alinee a los más altos estándares internacionales. También es urgente la Ley de Protección de Datos Personales, como uno de los pilares de la economía digital. 

Otros retos para el Legislativo son la creación de una ley que garantice la libertad de expresión en Internet y los derechos digitales, es decir, los Derechos Humanos en Internet; una reforma de la Ley Antimonopolio, la cual prohíbe que quien tenga actividad económica en cualquier sector  económico no pueda invertir en un medio de comunicación y la reforma del Código Orgánico Integral Penal para eliminar la figura de la contravención para castigar la opinión, como pretexto de la protección del honor, así como para eliminar los tipos penales relacionados con el sabotaje y la paralización de servicios públicos relacionados con el ejercicio de la protesta social pacífica.

Los legisladores destacaron la importancia de que la asignación de frecuencias esté alejada del poder político y que se debe incluir un compromiso de autorregulación del trabajo periodístico. También coincidieron en que no es posible que los periodistas que realicen su trabajo enfrenten procesos judiciales. Asimismo, que la Ley de Comunicación debe ser revisada de manera integral, vía su derogatoria total o una reforma integral.

Los legisladores electos destacaron la necesidad de transparentar cómo se maneja la relación con el Estado y los medios de comunicación transparentando el manejo de la publicidad oficial. Las condiciones laborales de los periodistas será otro tema prioritario para los legisladores electos. Coincidieron en que los comunicadores deben tener todas las  garantías para realizar el trabajo y crear condiciones que mejoren su calidad laboral. 

Otra de las conclusiones de la reunión fue que la libertad de expresión se debe garantizar para todos los ciudadanos, los medios de comunicación y periodistas y no debe ser regulado por el Estado de forma alguna, sino generar las condiciones para poder ejercer estas libertades. Asimismo,  que el Poder Legislativo debe ser uno de los principales pilares que garanticen estas libertades.

Las organizaciones, medios y gremios Fundamedios, Periodistas Sin Cadenas, La Barra Espaciadora Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos-AEDEP, Colectivo Nos Faltan 3, Chicas Poderosas, Antena 1, Noticias de Ondas Azuayas, Telesucesos, Diario La Prensa, Fundación Carlos Freire, Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados-CCREA, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Pichincha-AER PICHINCHA, Asociación de Canales de Televisión del Ecuador-ACTVE, Federación Nacional de Periodistas, FENAPE,, Revista Criterios, Fundación Mil Hojas, Periodismo de Investigación, Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil del Guayas, Coalición Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales, Plataforma Social Nosotros Somos Ecuador, Colectivo El Quinto Poder Somos Todos. Los ciudadanos Fernando Najas, Juan Carlos Calderón, Jean Cano, Mónica Almeida, Cristian Zurita, Abel Suing, Kruskaya Ordóñez, María José Calderón, Gustavo Cardoso, Sol Borja, Martha Roldós, Carla Maldonado, y José Luís Ojeda y todos quienes hemos promovido la Hoja de Ruta por la Libertad de Expresión 2021-2015, invitamos nuevamente a los candidatos finalistas que aún no se comprometen con la Libertad de Expresión para que suscriban el documento donde se plasma el respeto y los avances en torno a este derecho humano fundamental. Vamos a estar vigilantes para que eso suceda.

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15 de marzo de 2021- Las organizaciones Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios abren la convocatoria del Fondo de Respuesta Rápida para brindar apoyo financiero y técnico a medios, comunicadores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en América Latina y el Caribe, cuya labor haya sido afectada por la pandemia de COVID-19.

El programa de apoyo surge como una respuesta a la situación que enfrentan quienes trabajan en comunicación, información y periodismo, afectados por las consecuencias de la pandemia en una de las regiones más afectadas por el COVID-19. Se da en un contexto en el que el acceso a información verificada, útil e inclusiva se vuelve crucial, especialmente para poblaciones vulnerables.

Los solicitantes podrán acceder a diferentes tipos de financiamiento, además de mentorías y apoyo para fortalecer sus capacidades administrativas y periodísticas.

Pueden postular medios de información, organizaciones, asociaciones, grupos de la sociedad civil que realizan una labor informativa, así como periodistas y comunicadores independientes o afiliados a un medio de información que cubran la pandemia de COVID-19 dentro de la región.

Se dará prioridad a quienes informen con foco en grupos vulnerables, incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y poblaciones rurales, mujeres y población LGBTQ+.

Los postulantes deberán estar basados y trabajar en la región de América Latina y el Caribe. Además, su labor tiene que haber sido afectada o amenazada por la pandemia por COVID-19.

Como parte de este programa, se abrirán tres rondas de financiación a lo largo del año. Esta primera convocatoria estará vigente desde el 15 de marzo hasta el 4 de abril de 2021 a las 23:59 hrs. (EDT).

Accede a las bases de la convocatoria del #FondoRespuestaRápida en:

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Accede al formato de solicitud en línea 

 

Conoce más acerca de las organizaciones convocantes:

Internews: internews.org

Chicas Poderosas: chicaspoderosas.org

Consejo de Redacción: consejoderedaccion.org

Fundamedios: fundamedios.org

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Ecuador, 09 de febrero del 2021. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, presentó esta tarde los aportes al informe del primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricaurte señaló que la Ley debe incluir un enfoque de respeto, promoción y garantía de Derechos pues se debe considerar la conexión entre la protección de datos personales, el acceso a la información y la libertad de expresión, priorizando el derecho a la autodeterminación informativa de las personas en el contexto de la sociedad de la información y protegerla en forma independiente del derecho a la intimidad.

Especificó que cualquier limitación en cuanto a la información que sea relevante para el interés público debe estar sujeto al test tripartito señalado en estándares internacionales que incluye: establecer la restricción en una Ley en sentido formal y material; ser necesaria e idónea para alcanzar un objetivo legítimo; y, ser aplicada en forma proporcional para lograr la menor afectación posible del derecho. Además, que las mismas deben ser ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente bajo garantías del debido proceso. 

Respecto a la Autoridad de Protección de Datos señaló que debe contar con personal técnico que posea conocimiento en la materia, que tenga patrimonio propio con independencia del gobierno, que tenga facultades de generar normativa y emitir resoluciones administrativas; así como facultades para manejar temas de cooperación internacional; facultades que van de la mano con las obligaciones que organismos internacionales de Derechos Humanos han establecido para la Autoridad de Acceso a la Información por lo que debería considerarse que ambas competencias las desempeñe la misma entidad. 

Respecto al llamado derecho al olvido digital, Ricaurte dijo que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha señalado que las medidas de remoción o desindexación de contenidos de internet pueden tener un impacto muy negtivo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva.

También expuso sobre la importancia de considerar el contexto latinoamericano que contempla muchos años de conflictos y regímenes autoritarios y dictatoriales, así como de las graves violaciones a los Derechos Humanos, que han instado un mayor acceso a la información acerca de la actividad gubernamental y militar, por esta razón es importante reconocer cómo el derecho al olvido puede afectar el derecho a la verdad y la memoria.

Finalmente, concluyó agradeciendo al Pleno de la Asamblea la consideración de estos aportes con la finalidad de contar con un proyecto que garantice de manera adecuada tanto el derecho a la privacidad y a la protección de datos como el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. 

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Ecuador, 22 de diciembre del 2020. La Fundación Andina para la Observación de Medios, Fundamedios, presenta su informe anual sobre los ataques contra la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información ocurridos entre enero y diciembre del 2020. 

Este fue un año distinto por la crisis sanitaria mundial. La llegada de la pandemia por COVID-19 significó nuevos desafíos para el ejercicio periodístico y para la libertad de expresión. En comparación al 2019 el número de alertas registradas en este año disminuyó. Mientras que en ese año se registraron 212 ataques a la prensa, en el 2020 fueron 144. Mientras el número de alertas registradas descendió, esto no se reflejó en el impacto que estas generaron y que fue superior al año anterior.

En total fueron 960 medios de comunicación, periodistas, activistas o ciudadanos que fueron agredidos en este 2020, lo que representa un incremento del 254% en comparación al 2019 cuando llegaron a 373. 

El principal grupo de agredidos lo encabezan los periodistas que en general llegan a la cifra de 863 afectados lo que corresponde al 90% de las alertas registradas por Fundamedios en este año. Los medios de comunicación afectados este 2020 fueron 36 seguidos de los casos de seis reporteros gráficos. 

El informe, además de datos estadísticos completos, incluye capítulos que tratan la relación de los Periodistas y COVID, analiza dos leyes claves para luchar contra la corrupción y la transparencia, hace referencia a que en este año se consolidaron imperios mediáticos y anota la seguridad para periodistas como una deuda pendiente 

Fundamedios es una organización comprometida desde 2007 con  la protección y promoción de la libertad de expresión como un Derecho Humano universal y el monitoreo de las agresiones y los riesgos que enfrentan los periodistas en América Latina.

Nuestro trabajo se ha realizado en colaboración estrecha con los medios de comunicación, la sociedad civil y organizaciones internacionales, así como con los Sistemas Interamericano y Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 

A continuación el informe completo:

Informe 2020 final

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Ecuador, 02 de diciembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, conformada por FUNDAMEDIOS, INREDH, Periodistas Sin Cadenas, Colectivo Nos Faltan 3, y ASFADEC, participó en el pleno M.-061 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Durante el Pleno Ordinario 061 se incluyó en el orden del día la comparecencia de César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios y otros miembros de la Veeduría Ciudadana quienes hicieron uso de la “Silla de la Democracia” para dar a conocer las recomendaciones dadas por el Equipo de Seguimiento Especial- ESE para  esclarecer los hechos del secuestro de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. 

La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, dio la bienvenida a los integrantes de la Veeduría Nos Faltan 3 y dijo es su obligación escucharlos y resolver lo que esté en sus competencias. César Ricaurte explicó que la veeduría tiene el objetivo de lograr Verdad, Justicia y Reparación a través del dar seguimiento a las investigaciones pues es un crimen contra periodistas que se cometió en zona de frontera y en la cual tienen responsabilidad los estados de Ecuador y Colombia.

“Estamos ante una gravísima vulneración de Derechos Humanos, un golpe que no había vivido el periodismo en el Ecuador y una severa afectación a la libertad de Expresión, si bien sabemos quien fue quienes jalaron del gatillo y fueron los autores del secuestro y asesinato hay muchas otras responsabilidades del Estado sea por acción o por omisión”, dijo Ricauerte. 

Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, explicó ante el Pleno del CPCCS los hechos contradictorios que revelaban como el Estado ecuatoriano quiso deslindar su responsabilidad en el secuestro y asesinato y que además el manejo que se dio del caso no fue adecuado.  Recordó que ellos se enteraron que existía un canal de comunicación directo entre el grupo subversivo y las autoridades. “Están involucradas muchas autoridades en este hecho; hay documentos que se mantienen bajo reserva y su desclasificación depende del Presidente; este caso es la punta de un iceberg de una maraña y un sistema de corrupción que existe hasta el día de hoy”.

Rivas recordó que van al tercer año de impunidad pues no hay detenidos del secuestro y asesinato del equipo periodístico y denunció el cambio constante de fiscales y una negativa de las instituciones involucradas en facilitar la información pertinente. 

Diego Cazar, miembro de la Fundación de Periodistas Sin Cadenas realizó una serie de preguntas extraídas del informe del ESE de la CIDH entre las que se encuentran: ¿Cuál fue la estrategia que se diseñó desde el Estado?; ¿Qué papel cumplió el Comité de Crisis?; ¿Quiénes tomaron las decisiones durante este periodo? y si ¿se autorizó a la Fuerzas Armadas de Colombia a realizar estos operativos? Destacó la impunidad que ha tenido este caso y que las entidades del Estado deben responder a los pedidos de la Fiscalía que esta debe ser proactiva. 

Almeida agradeció a la Veeduría y dijo que son el puente entre la ciudadanía y el Estado y puso en consideración una moción de Resolución que fue aprobada por el Pleno. 

  1. Art. 1.- Acoger lo expuesto por la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, para realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE, órgano técnico especializado de la CIDH respecto a la muerte del equipo periodístico del Diario el Comercio. 
  2. Art. 2.- Exhortar al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa, y al Consejo de Seguridad Pública del Estado, el inmediato cumplimiento del artículo 18 de la Constitución de la República en relación al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos  y que procedan a la desclasificación y entrega sin más dilatorias de los documentos relativos al caso que reposan en su poder conforme lo determinó el informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH y permitan a la Fiscalía avanzar en las investigaciones de los hechos, en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 
  3. Art. 3.- Exhortar a la Asamblea Nacional a la conformación de una Comisión Especializada Ocasional que pueda investigar lo siguiente:  a) La estrategia que se trazó para el manejo del secuestro; b) El papel que cumplió el comité de crisis; c) Las personas o funcionarios públicos que tomaban las decisiones de lo que debía hacerse; d) La decisión de la ruta a seguir y el momento en que se la tomó; e) La autorización a las fuerzas armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico.
  4. Art. 4.- Exhortar a la Fiscalía a continuar con las investigaciones correspondientes atendiendo a las recomendaciones generales y específicas emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH, aplicando un enfoque de derechos humanos que impida la revictimización de los familiares de las Víctimas por el ejercicio de su profesión como periodistas.
  5. Art. 5.- Exhortar al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas que se incluyan las siguientes políticas al interior de la institución: a) inclusión de participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas en su estructura organizacional; b) Establecimiento de una política de protección integral de periodistas en concordancia con los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos  y proveer de los recursos materiales y humanos para su funcionamiento; y, c) Establecimiento de un protocolo común de intercambio de información entre los Comités de Colombia y Ecuador, acerca de las zonas de frontera en las que existan diferentes riesgos para el ejercicio del periodismo y articular las medidas de protección necesarias al interior de cada Estado.
  6. Art. 6.- Solicitar al Presidente de la República para que a través de los mecanismos de protección de Derechos Humanos nacionales e internacionales vigentes y reconocidos en el Ecuador determine una reparación integral a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra por la afectación grave a los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República del Ecuador que han afectado y vulnerado su condición de vida y han cercenado el proyecto de vida de sus familiares fallecidos
  7. Art. 7.- Exhortar a la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Protección de Derechos Humanos, a realizar las acciones correspondientes de acompañamiento, seguimiento y vigilancia para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH.-
  8. Art. 8.- Solicitar la comparecencia ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a las entonces autoridades que se encargaron de la emergencia en relación al secuestro de los periodistas: César Navas, Patricio Zambrano, César Merizalde, Ramiro Mantilla y Ramiro Rivadeneira.

El consejero David Rosero planteó la moción de que el CPCCS disponga a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción abra una investigación sobre el caso Nos Faltan Tres que tuvo el apoyo unánime de todos los vocales. 

El consejero Hernán Ulloa planteó la moción de que se requiera la presencia del Director de Gestión Procesal de la Fiscalía ante el Pleno del CPCCS para que en audiencia reservada proporcione los detalles de su gestión pero recibió cuatro abstenciones y tres votos a favor por lo que no fue aprobada la moción.

La Veeduría Ciudadana continuará con las acciones que permitan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de desclasificación de la información por parte de las distintas instituciones del Estado, toda vez que no existe ningún sustento legal ni constitucional para mantener la información en reserva, en especial al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos. 

Veeduría Ciudadana Caso Nos Faltan 3

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Ecuador, 01 de diciembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3 conformada por FUNDAMEDIOS, INREDH, Periodistas Sin Cadenas, Colectivo Nos Faltan 3, y ASFADEC, se reunió ayer con el director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Daniel Vejar, y con el fiscal encargado del caso, Nelson Guano. 

En esta reunión se analizó el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Equipo de Seguimiento Especial- ESE a la Fiscalía, así como las acciones realizadas por esta Institución en cuanto a las investigaciones pertinentes del caso, considerando que el tiempo legal establecido en el Código Orgánico Integral Penal para la fase de investigación previa ha concluido y que hasta la fecha no se han obtenido resultados por parte de esta Institución. 

César Ricaurte y Lidia Rueda, representantes de la Veeduría Ciudadana, señalaron la importancia de avanzar con las investigaciones de acuerdo a las recomendaciones específicas establecidas por el órgano de la CIDH, con la finalidad de que este caso no quede en la impunidad. 

Los representantes de la Fiscalía General del Estado señalaron, sin entrar en detalles por la reserva en que se encuentran las investigaciones, que una de las razones principales para la falta de avances ha sido la falta de colaboración por parte de las instituciones del Estado que manejan información necesaria para realizar las investigaciones correspondientes, mismas que han clasificado dicha información como reservada, pese a tratarse de un grave caso de violación de Derechos Humanos, lo cual es contrario a la Constitución de la República.  

Asimismo, el fiscal Nelson Guano señaló que desde que avocó conocimiento del caso en julio del presente año, se han realizado distintas insistencias a dichas instituciones sin resultados. En este caso, reiteraron el compromiso por parte de la Fiscalía de avanzar con las investigaciones correspondientes por el tiempo que sea necesario. 

La Veeduría Ciudadana continuará con las acciones que permitan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de desclasificación de la información por parte de las distintas instituciones del Estado, toda vez que no existe ningún sustento legal ni constitucional para mantener la información en reserva, en especial al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos. 

Veeduría Ciudadana Caso Nos Faltan 3

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Ecuador, 27 de noviembre del 2020. En Guayaquil se realizó la representación del Documental Nos Faltan 3 que relata los principales momentos del secuestro y asesinado del equipo periodístico de El Comercio, ocurrido en 2018 en la frontera colombo ecuatoriana. 

Gabriela Loja, una de las autoras del documental, dijo que se trata de una recopilación histórica de hechos narrados en forma cronológica del asesinato de Javier, Paúl y Efrain y que el objetivo es mantener latente la memoria. 

¿Cómo nace el documental, las motivaciones y cómo fue el acceso a la información? fue la pregunta que realizó Billy Navarrete del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos para impulsar el conversatorio. 

Luego del documental, Gabriela Loja aseguró que escogieron este tema por el impacto que tuvo cuando cursaba el último año de la carrera de comunicación pues nos cuestionamos ¿qué hubiera pasado si nos pasaba a nosotras? Otro tema que les motivo es la desinformación que hubo alrededor del caso y la poca acción por parte de las actividades. 

Sobre el escaso acceso a la información por parte de las autoridades y directivos de Diario El Comercio las autoras del documental sostienen que hasta el final no pudieron obtener respuestas y recurrieron a los testimonios de familiares, colegas y amigos. 

Diego Cazar, de La Barra Espaciadora, dijo que celebra el ejercicio de memoria del Documental que marcó un antes y un después en la libertad de expresión en Ecuador pues significó la amenaza de esta libertad contra toda una sociedad.  Como sociedad debemos recordar que preservar la seguridad del ejercicio periodístico protege los derechos de toda una sociedad y que está viva en democracia.  

Cazar recordó que el Estado Ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y destacó la indolencia de las autoridades del Ecuador que no han desclasificado los documentos del caso y no han cumplido su palabra.

Loja aseguró que se mantiene en una vigilia informativa para que el caso de Nos Faltan 3 no queden en el olvido y que es necesario contribuir a la memoria histórica y que si luego de tres años se los sigue recordando “lo están cumpliendo”. 

Sobre las coberturas de riesgo en zonas fronterizas y la ausencia del Estado en estos espacios, Cazar dijo que dentro del cordón fronterizo norte, la provincia de Esmeraldas en donde se concentran focos de pobreza y está afectada por monocultivos, minería ilegal y narcotráfico se genera un ambiente adverso para el ejercicio periodístico. 

Esta es la segunda ocasión en la que el documental Nos Faltan 3 se proyecta en Ecuador, la primera vez fue en Quito y está prevista otras proyecciones en otras ciudades del país. 

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Ecuador, 27 de noviembre del 2020. La tarde de este viernes 27 de noviembre la Veeduría Ciudadana sobre el Caso #NoFaltan3 conformada por FUNDAMEDIOS, la Fundación Nos Faltan 3, ASFADEC, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, e INREDH, se reunió con la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, con la finalidad de plantear posibles acciones que puede realizar el Consejo de Participación Ciudadana en este caso. 

César Ricaurte, Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS, señaló que esta Veeduría se conformó para dar seguimiento al caso a través de la constatación del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, respecto al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, caso que ocurrió hace 2 años y 9 meses exactamente, y que conmocionó al país. 

Ricaurte señaló que es lamentable que a un año de haber sido emitidas las recomendaciones del ESE, no se vean avances en las investigaciones del Caso.  por lo que la finalidad de esta Veeduría Ciudadana es la vigilancia de la forma más técnica posible a este cumplimiento. Así mismo, manifestó que la Veeduría nace como iniciativa de la ciudadanía y en el marco del ejercicio de los Derechos fundamentales a la asociación y a la participación por lo que sería importante conocer las acciones de acompañamiento que puede realizar el Consejo en este caso. 

Diego Cazar, representante de Periodistas Sin Cadenas señaló que el momento de la conformación de la Veeduría es crucial, debido al cambio de gobierno que vendrá el próximo año, lo cual podría imposibilitar alcanzar avances en el proceso, por lo que es necesaria la exigencia de celeridad en este proceso de violación de Derechos Humanos. 

Cazar también señaló las ocasiones en las que las distintas autoridades se han comprometido a realizar acciones que permitan esclarecer los hechos respecto a este caso, incluyendo las siete veces que el Presidente de la República ofreció desclasificar la información del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, sin tener resultados favorables al respecto, por lo que el caso sigue en la impunidad. 

La Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida reconoció la legitimidad de la Veeduría Ciudadana señalando que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reconoce el derecho a la participación ciudadana y control social, por lo que se comprometía a generar acciones que acompañen a la Veeduría en este proceso.

La Presidenta también señaló que es primordial que tanto el Pleno del Consejo como la ciudadanía escuche los hechos que se han venido desarrollando respecto al caso, la inacción por parte de las distintas instituciones y las acciones realizadas por la Veeduría, por lo que se comprometió a convocar en las próximas semanas a la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3 ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Finalmente reiteró el compromiso del Consejo de generar las acciones que sean necesarias para avanzar en el Caso. 

Esta Veeduría agradece el compromiso manifestado por parte de la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y se encuentra atenta a las próximas acciones que sean realizadas por este organismo que constitutiye parte del Cuarto Poder del Estado. Asimismo, señalamos que seguiremos dando seguimiento a las demás instituciones que aún no han dado respuesta a la solicitud de acciones realizadas en torno al Caso #NosFaltan3. 

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Ecuador, 24 de noviembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del caso Nos Faltan 3, que fue conformada el pasado el pasado 25 de septiembre del presente año, ha realizado distintas acciones a partir de su conformación. Una de estas acciones fue el envío de nueve cartas a diversos organismos de las Funciones del Estado con el objetivo de dar a conocer tanto su conformación como vigilar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial-ESE. 

En este sentido, la Veeduría envió cartas a la Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Comunicación, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de la Judicatura y la Asamblea Nacional. 

Es así que, la Fiscalía General del Estado se reunirá con la Veeduría Ciudadana el próximo lunes 30 de noviembre, con la finalidad de dialogar acerca del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el ESE, respecto a la investigación del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín; y que hasta la fecha actual sigue en etapa de investigación previa. 

Luego de una negativa inicial de Fiscalía, valoramos que se haya reconocido está Veeduría Ciudadana como expresión legítima del Derecho Humano fundamental que tenemos a asociarnos y participar de los temas de alto interés público.  

Esta veeduría conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS, Nos Faltan 3, Periodistas Sin Cadena, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC, continuará dando seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones por parte de las instituciones responsables de esclarecer los hechos en torno a este caso. 

Por Javier, Paúl y Efraín nadie se cansa.

Veeduría Caso Nos faltan 3