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Fundamedios

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El pasado viernes 17 y sábado 18 de septiembre de 2021  se realizó en la ciudad de Guaranda provincia de Bolívar, el taller denominado “Ruta  Hacia la Libertad” organizado por Fundamedios y la Fundación Konrad Adenauer con su oficina en Ecuador.  En esta ocasión contó  con el apoyo de la Federación Nacional de Periodistas, FENAPE, y el Colegio de Periodistas de Bolívar.

La bienvenida y apertura al evento lo hicieron Danilo Villarroel, presidente de la Federación Nacional  de Periodistas; Bladimir Guarnizo, presidente del Colegio de Periodistas de Bolívar y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Ellos resaltaron la importancia de la capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los periodistas  lo que deriva en la mejor calidad de información que reciben los ciudadanos.

La temáticas abordadas fueron: desinformación, libertad de expresión, acceso a la información y periodismo de datos, a la cita acudieron 25 personas entre periodistas y estudiantes de periodismo de la provincia de Bolívar y sus alrededores.

Alexis Serrano Carmona, licenciado en periodismo y actual editor de Ecuador Chequea y de la Coalición Ecuador Verifica, habló sobre la definición del dato y el periodismo de datos, el uso de los mismos, cómo  encontrarlos, interpretarlos y visualizarlos. Asimismo, recalcó que el uso de datos no es un invento reciente para el periodismo si no se trabaja con ellos  todos los días y en distintas aristas.

Por otro lado se  habló sobre la importancia del acceso a la información pública como un derecho  humano fundamental y cómo los periodistas pueden acceder a la información que está en la entidades públicas y cómo utilizar la transparencia activa en la búsqueda de información periodística.

Paola Simbaña periodista en Ecuador Chequea y en la coalición Ecuador Verifica fue la encargada de hablar sobre los principales aspectos de la desinformación, el origen de este término, cómo reconocer la misma y cómo se clasifica y las herramientas gratuitas que se utilizan para identificar los contenidos engañosos que circulan en la red.

Por último César Ricaurte habló de los  principios de la libertad de expresión y de cómo defender este derecho desde la práctica periodística, así como monitorear y reportar las agresiones contra la prensa. Enfatizó en el papel  de los periodistas como  defensores de los DD.HH. y cómo convertirse en uno.

Además, habló sobre la propuesta de la nueva Ley de Libertad de Expresión y Comunicación, las definiciones que se abordan en este cuerpo legal así como las obligaciones del Estado en la protección del trabajo periodístico

Este primer encuentro forma parte de un ciclo de talleres presenciales que se dictarán en las ciudades de Loja, Riobamba, Ambato, Sucumbíos, Manta, Esmeraldas, Ibarra y otros en modalidad virtual.

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En agosto, Fundamedios registró 20 agresiones que vulneran la libertad de expresión y libertad de prensa en el Ecuador de periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos. Este número reflejó la misma cantidad de agresiones que se registraron en julio.

 

Las cifras

Entre 2007 y el 31 de agosto Fundamedios ha registrado un total de 2945 alertas. En agosto de 2021 el principal agresor fue el Estado con ocho agresiones; seguidos de agresores no estatales que protagonizaron 5 agresiones y en otras cinco ocasiones fueron agresiones protagonizadas por agresores desconocidos.

En total 16 periodistas fueron agredidos en agosto del 2021, seis mujeres y 10 hombres; los medios de comunicación fueron atacados tres veces así como el Consejo de Comunicación cuya página fue hackeada. En total se registraron 20 agresiones y ataques que incluyen un atentado, cinco agresiones físicas, cuatro amenazas, cuatro procesos judiciales, tres restricciones al espacio digital y tres impedimentos de acceso a la información. 

Seis agresiones contra periodistas se desarrollaron en la provincia de Pichincha, no obstante las agresiones más fuertes este mes se produjeron en Machala donde el periodista Mario Pinto de MP Noticias sufrió un atentado con un artefacto explosivo la noche del 25 de agosto en su domicilio, ubicado en el centro norte. Asimismo, la periodista del programa ‘Tus noches con Virginia’, Virginia Suárez, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Los Ríos, por el delito de intimidación en su contra que incluyó mensajes con amenazas de muerte. 

 

Amenazas de muerte y un atentado con explosivos 

La agresión más grave del mes ocurrió la noche del 25 de agosto cuando el  periodista Mario Pinto de MP Noticias sufrió un atentado con un artefacto explosivo en su domicilio, ubicado en el centro norte de Machala. Según versiones de los vecinos, un individuo que se transportaba en un bicicleta se acercó hasta la casa del comunicador y acercó un encendedor a una mecha, cuando un grupo de personas gritaron que no hiciera eso. El taco de dinamita se le cayó al piso, lo recogió, logró encenderlo y lo lanzó hacia el balcón del domicilio del comunicador, donde  explotó. Agentes de la Policía Judicial y Criminalística acudieron al sitio del atentado para recopilar los hechos. 

El 11 de agosto, el periodista Wilson Cabrera, corresponsal de Teleamazonas en Morona Santiago y director de las plataformas periodísticas Conectados y Verificado, fue amenazado a través de un mensaje a su WhatsApp: “Llámanos, queremos entregar la camioneta sin problemas con policía, trátanos serios sabemos trabajar”, junto a este mensaje le enviaron un video de una persona sosteniendo una pistola con municiones, que está siendo cargada. Asimismo, la periodista del programa ‘Tus noches con Virginia’, Virginia Suárez, de Ventanas presentó una denuncia ante la Fiscalía de Los Ríos, por el delito de intimidación en su contra luego de recibir dos amenazas de muerte por realizar su labor periodística. 

La noche del 8 de agosto, el periodista Holguer Guerrero de Tiempo Real recibió chats de WhatsApp mensajes que cuestionan su trabajo. El primero criticaba la nota: “La  Izquierda Democrática quiere blindar a Lenin Moreno” y la segunda: Reparto de la Defensoría del Pueblo que hablaba sobre la entrega de la delegación de Galápagos al cuñado de la asesora de Alejandro Jaramillo. El 13 de agosto de 2021 Guerrero presentó una denuncia ante la Fiscalía en la cual señaló que el asesor le escribió a reclamarle por qué había publicado esas notas con el uso de un tono amenazante. Ésta ya fue aceptada. 

El 26 de agosto, la reportera del noticiero de la comunidad de Ecuavisa, Andrea Baez fue amenazada por un desconocido que intentó agredirla. Ocurrió durante una transmisión en vivo desde el Comité del Pueblo (norte de Quito) para hablar sobre la inseguridad en la zona y los reclamos de los vecinos.

 

Miembros de la Policía Nacional y guardias protagonizaron incidentes. 

Un grupo de Policías del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) agredió la mañana de 10 de agosto al periodista Miguel Laje, corresponsal de TC Televisión en la ciudad de Milagro y a la periodista Karina Sarabia de Prensa La Verdad, mientras realizaban una cobertura de un asesinato en un barrio peligroso. 

Ese mismo día, el fotoperiodista independiente y colaborador de la Agencia Alemana de Prensa, Juan Diego Montenegro, fue atacado en Quito por un can de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional luego de que el Policía que lo sostenía soltó la cuerda, mientras cubría la jornada de protestas de ayer en la calle Chile del Centro Histórico de la capital  

El 17 de agosto el periodista de HM Noticias, Harvey Maya, fue agredido por cinco guardias de seguridad de la empresa privada Alerta Red, durante la cobertura de una detención en las afueras de la Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil.

 

Ataques informáticos y restricciones en la Red

El portal web de la Fundación Mil Hojas sufrió un ataque informático a inicios del mes que lo dejó fuera del aire durante varios días y que impidió a los lectores acceder a ciertos reportajes de investigación que se encontraban alojados exclusivamente en este sitio web.

La página Web del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, donde reposa información del registro de medios públicos; publicaciones de insumos; procesos de registros a medios públicos sufrió un ataque a sus sistemas informáticos. 

Además la página de Facebook del medio de comunicación digital Manta En Vivo, de la provincia de Manabí, está imposibilitada de publicar contenidos debido a una supuesta violación de los derechos de propiedad intelectual.

 

Procesos judiciales y millonarias indemnizaciones 

Los periodistas y cofundadores del medio digital La Posta, Andersson Boscán y Luis Eduardo Vivanco, junto con el Gerente General de TC Televisión, Rafael Cuesta Caputi, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por Actos de Odio. Alex Gustavo Flores Álvarez, Coordinador General de la plataforma “Va por ti Ecuador”, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la cual sostiene que “los evidentes actos de violencia psicológica y de odio” realizados por por los periodistas están expresamente tipificados como Delitos de Odio y “no pueden ser enmarcados en una falsa libertad de expresión”. 

Mientras la compañía SERVICIOS UTPL C. LTDA, cuyo accionista mayoritario es la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), impulsó al sur de país una demanda en contra de la cadena televisiva Ecotel y de su director, el periodista Ramiro Cueva, por supuestos daños y perjuicios en contra de la imagen de la Universidad que habrían ocasionado pérdidas por  USD 1.3 millones. 

 

Violaciones al derecho de acceso a  la información pública

La periodista independiente Gabriela Ruiz no recibió una información pública que solicitó a Petroecuador hace un mes, con el propósito de analizar la figura de los convenios de compensación social administrados por esa entidad en las comunidades amazónicas. 

El 16 de julio del 2021, la periodista independiente, que trabajó un reportaje para Climate Tracker, envió un cuestionario de 20 preguntas dirigida al Gerente de Petroecuador, Pablo Luna y amparada en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nunca tuvo respuesta.  

El periodista de Macas News, Carlos López,  fue expulsado el 26 de agosto del chat de prensa de la Gobernación de Morona Santiago luego de que el gobernador Freddy Villamagua, ordenó a su equipo de comunicación una “depuración” del canal de comunicación que tiene más de una década.  Además la semana pasada la periodista y presentadora del programa “Tus Noches con Virginia”, Virginia Suárez, sufrió un intento de impedimento de cobertura durante una entrevista con la concejal de Ventanas (Los Ríos), Sonia Velarde.

 

 

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La noche del 3 de agosto el Gerente General de TC Televisión, Rafael Cuesta, ofreció unas disculpas públicas a las personas e instituciones que fueron maltratadas y vilipendiadas por ese canal durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. Recordó que contra algunos se hicieron programas especiales y que sobre la mayoría se dijo mentiras decenas de veces para tratar de convertirlas en verdades. 

Reconocieron que hubo una mala práctica periodística por parte de comunicadores dentro del canal, así como una mala utilización de la pantalla en espacios concedidos por los administradores, para que se ofenda a ciudadanos.

Se recordaron excesos del medio de comunicación y se solicitó disculpas públicas a Jeannine Cruz; Carlos Vera; Diario El Comercio; Diario El Universo y Emilio Palacio; Sofía Espín; Galo Lara, Guillermo Lasso; Guadalupe Llori; Manuela Picq; Carlos Pérez Guartambel; Salvador Quishpe; Jhajaira Urresta y a Fundamedios, que en junio del 2012 fue acusado de violar sus estatutos, promover el irrespeto a la Ley de Comunicación del correísmo y no velar por los derechos de los periodistas.

Anotamos en ese listado, omisiones importantes, como la campaña masiva y sistemática de desprestigio que se llevó adelante contra Martha Roldós, Christian Zurita, Juan Carlos Calderón, la propia Fundamedios, a quienes se nos acusó no solo de encabezar una estructura al servicio de la CIA, sino de traidores a la patria, de lavado de dinero, de conspirar para preparar un magnicidio. De todo eso, TC Televisión, no solo que fue una caja de resonancia de altísima importancia dado los altos niveles de sintonía que históricamente ha tenido sino que muchos de sus periodistas, editores y directores fueron autores o cómplices. Lástima que esa memoria histórica no haya sido rescatada en este pedido de disculpas. 

Fundamedios acepta las disculpas públicas de TC Televisión, por haber formado parte del engranaje estatal que funcionó durante el régimen autoritario de Rafael Correa para perseguir la libertad de expresión.  Sin embargo, se debe reconocer que, durante 14 años TC Televisión ha sido utilizada por los gobiernos de turno como una herramienta de persecución, primero, y luego para el ocultamiento de responsabilidades estatales en casos como el de Nos Faltan Tres, el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio. 

Es importante reconocer los errores, para no volverlos a cometer y para alimentar el ejercicio de la memoria histórica. La consigna debe ser un: Nunca Más, que, además, debe ser asumido como sociedad y por eso desde Fundamedios hacemos un llamado para que los medios que formaron parte de la estructura estatal de la persecución, las empresas privadas de comunicación que lucraron de ello, las instituciones y servidores públicos que fueron parte de la misma, hagan propio este gesto de mea culpa, como camino a un verdadero reencuentro.

 

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Fundamedios es una organización comprometida con los derechos humanos que, desde el 2007, trabaja en la promoción de la libertad de expresión, en el monitoreo de las agresiones y los riesgos que enfrentan los periodistas en América Latina. Su oficina en Ecuador se ha encargado de registrar alertas de ataques contra la prensa, los periodistas, activistas y ciudadanos, con base en indicadores regionales para la vigilancia y difusión de la libertad de expresión. 

El trabajo de la Fundación se ha realizado en colaboración estrecha con los medios de comunicación, la sociedad civil y organizaciones internacionales, así como con los Sistemas Interamericano y Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 

En los 14 años de monitoreo, registro y apoyo a periodistas en situación de riesgo, Fundamedios ha mantenido su compromiso y su respeto absoluto con las víctimas y sus decisiones. Es así que, cuando un periodista o ciudadano pide que no se haga pública una alerta, Fundamedios se ha abstenido de publicarla. Sin embargo, la vigilancia, el monitoreo y el acompañamiento se ha dado en todas las ocasiones, inclusive en aquellas en las que, por pedido de la víctima, no se ha realizado un pronunciamiento público.

Luego de 14 años de agresiones y con la esperanza que el nuevo Gobierno deje de lado las prácticas estigmatizantes y de ataques a la libertad de expresión, Fundamedios hace un llamado al respeto por los derechos de los ciudadanos sin importar su ideología política, considerando que la pluralidad de voces es uno de los pilares de la democracia. De igual forma, Fundamedios reitera su compromiso de velar por el respeto de la libertad de expresión de los comunicadores, periodistas, activistas y ciudadanos; y hacemos un llamado a todos los ecuatorianos a evitar caer en discursos polarizadores y empezar a construir el país democrático y de derechos que todos merecemos.

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Ecuador, 8 de abril de 2021. Los equipos periodísticos de Fundamedios y Ecuador Verifica mantuvieron una reunión, la noche del 7 de abril, con la Misión de Observación Electoral de la OEA, quienes conocieron de primera mano los datos de las violaciones  a la libertad de expresión y desinformación ocurridas en el marco de las Elecciones Generales 2021.

Durante el encuentro, Fundamedios presentó la Misión las cifras del monitoreo sobre los ataques a la libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información ocurridas durante la primera vuelta electoral, comprendida entre el 31 de diciembre de 2020 y el 04 de febrero de 2021. Asimismo, del período desde el 05 de febrero al 15 de marzo y los datos de la segunda vuelta que arrancó el 16 de marzo, con corte al 08 de abril. 

Durante estos tres periodos Fundamedios registró 76 alertas por agresiones, 29 durante la primera vuelta, 24 en la segunda vuelta y 23 entre el 05 de febrero al 15 de marzo. De ese total, 60 corresponden a periodistas de medios de medios de comunicación, seis activistas, cinco medios de comunicación, cuatro ciudadanos, y un organismo de periodistas. 

El principal agresor fue el Estado con 28 alertas registradas, seguido de grupos No Estatales, encabezados por políticos, que registran 23 alertas. 17 fueron realizadas por desconocidos, cuatro por la COVID-19 y dos por grupos al margen de la Ley. 

Del total de alertas registradas, 24 fueron por discurso estigmatizante, 20 por agresiones y ataques, 15 por acceso a la información, siete por procesos judiciales, cuatro periodistas fallecidos con COVID-19, cuatro restricciones en el espacio espacio digital, un asesinato y una alerta por censura. 

Durante la reunión el área de Libertades de Fundamedios hizo énfasis en las agresiones contra periodistas mujeres por su género. Se registró desde el 31 de diciembre del 2020 hasta el 08 de abril del 2021, 23 agresiones específicas contra mujeres periodistas, de este grupo, 17 se enmarcan dentro de una categoría de Ataques por Género y que son específicas contra mujeres periodistas.  La Misión expresó que considerará este asunto con especial  interés y atención.

Otro de los puntos centrales de la reunión fue dar a conocer las cifras de ECUADOR VERIFICA que chequeó 258 frases y contenidos virales durante la campaña electoral. Entre octubre de 2020 y marzo de 2021, el equipo realizó 258 verificaciones que se dividen entre declaraciones de los candidatos a la presidencia y contenido viral que circula en las redes sociales.

Solo en discurso público, se registraron 116 verificaciones que incluyen a los 16 candidatos presidenciales que participaron en la primera vuelta electoral y a los dos finalistas para la segunda vuelta. De este total, el 32% fue calificado como falso; 26% como cierto; 39% como Sí, pero y un 3% como Inverificable.

En el mismo periodo se analizaron 142 contenidos potencialmente falsos o engañosos que circulan en redes sociales como Facebook y Twitter. De los cuales, un 58% fue falso, un 23% Sí, pero; un 14% Cierto y un 5% inverificable.  

En términos de flujo de desinformación, en las dos semanas previas a la fecha de los comicios, aumentó notablemente la cantidad de contenidos falsos o engañosos. De un promedio de 8 verificaciones semanales, la cifra se duplicó en las últimas semanas de campaña de los candidatos. Este fenómeno sucedió tanto en primera vuelta como en la segunda.

Durante la primera vuelta electoral, los temas que predominaron en la desinformación fueron principalmente en torno a la organización del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral y a los tres candidatos que encabezaban las encuestas de opinión ciudadana: Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yaku Pérez. 

Mientras que durante la segunda vuelta, la desinformación se centró en los dos candidatos finalistas sobre todo con contenidos sobre el pasado político de cada uno, los apoyos y alianzas que se establecen y también se puso en duda si los candidatos y sus equipos o familiares habrían recibido la vacuna con la COVID-19. 

Fundamedios envió a la Misión Electoral de la OEA un informe completo con los detalles de las amenazas a periodistas y las notas sobre desinformación. 

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Gremios, organizaciones de la sociedad civil, academicos y representantes de medios de comunicación presentaron ayer la “Hoja de Ruta de Libertad de Expresión 2021-2025” a varios asambleístas electos por CREO, por el Partido Social Cristiano, por la Alianza Honestidad y por la Izquierda Democrática con el propósito de construir en Ecuador, una agenda de la comunicación, periodismo y libertad de expresión a partir de 2021. 

Los legisladores presentes y sus equipos se comprometieron con la defensa, promoción y garantía de la libertad de expresión y a impulsar la Hoja de Ruta coincidieron en que es necesario trabajar junto con las organizaciones de la sociedad civil para reforzar la libertad de expresión y acceso a la información en Ecuador, de cara a un nuevo periodo.

De la reunión participaron los legisladores electos Marjorie Chávez, Diego Ordoñez, Wilma Andrade, Jorge Pinto, Nathaly Arias, Eckner Recalde y César Rhon. También se comprometieron con la libertad de expresión, aunque no estuvieron en la reunión los asambleístas electos Dayllana Paisslague, Fernando Cabazcango y Fernando Villavicencio. 

El director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dio la bienvenida a los asistentes y presentó la Hoja de Ruta, con un énfasis en las acciones parlamentarias.

Los legisladores electos y sus equipos fueron informados del grave deterioro de la libertad de expresión a lo largo de los últimos 14 años y que se manifiesta en más de 2 000 agresiones contra periodistas. Estas han ido desde asesinatos, agresiones físicas, sanciones por normativas, procesos penales, censura, amenazas, insultos y descalificaciones, uso abusivo del poder estatal, procesos constitucionales, administrativos y civiles. Asimismo, en los últimos años estas violaciones se han trasladado  al espacio digital con ciber amenazas, acoso en redes sociales e incluso hackeos y abuso de normas de propiedad para censurar contenido o dar de baja a cuentas.

La Hoja de Ruta plantea una serie de acciones para el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Sector Privado y la Academia.

Desde la nueva Asamblea se debe legislar para blindar y fortalecer a los medios públicos y regular la pauta oficial para que cumpla los principios de equidad y transparencia. Asimismo, garantizar la asignación transparente, justa y plural de las frecuencias de radio y televisión para garantizar el acceso a la democracia. Para lo cual es preciso someter a fiscalización los actuales procesos de concesión de frecuencias que ha favorecido a los monopolios mediáticos.

Así mismo, en pos de reforzar la libertad de expresión. Se vuelve prioritario la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se alinee a los más altos estándares internacionales. También es urgente la Ley de Protección de Datos Personales, como uno de los pilares de la economía digital. 

Otros retos para el Legislativo son la creación de una ley que garantice la libertad de expresión en Internet y los derechos digitales, es decir, los Derechos Humanos en Internet; una reforma de la Ley Antimonopolio, la cual prohíbe que quien tenga actividad económica en cualquier sector  económico no pueda invertir en un medio de comunicación y la reforma del Código Orgánico Integral Penal para eliminar la figura de la contravención para castigar la opinión, como pretexto de la protección del honor, así como para eliminar los tipos penales relacionados con el sabotaje y la paralización de servicios públicos relacionados con el ejercicio de la protesta social pacífica.

Los legisladores destacaron la importancia de que la asignación de frecuencias esté alejada del poder político y que se debe incluir un compromiso de autorregulación del trabajo periodístico. También coincidieron en que no es posible que los periodistas que realicen su trabajo enfrenten procesos judiciales. Asimismo, que la Ley de Comunicación debe ser revisada de manera integral, vía su derogatoria total o una reforma integral.

Los legisladores electos destacaron la necesidad de transparentar cómo se maneja la relación con el Estado y los medios de comunicación transparentando el manejo de la publicidad oficial. Las condiciones laborales de los periodistas será otro tema prioritario para los legisladores electos. Coincidieron en que los comunicadores deben tener todas las  garantías para realizar el trabajo y crear condiciones que mejoren su calidad laboral. 

Otra de las conclusiones de la reunión fue que la libertad de expresión se debe garantizar para todos los ciudadanos, los medios de comunicación y periodistas y no debe ser regulado por el Estado de forma alguna, sino generar las condiciones para poder ejercer estas libertades. Asimismo,  que el Poder Legislativo debe ser uno de los principales pilares que garanticen estas libertades.

Las organizaciones, medios y gremios Fundamedios, Periodistas Sin Cadenas, La Barra Espaciadora Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos-AEDEP, Colectivo Nos Faltan 3, Chicas Poderosas, Antena 1, Noticias de Ondas Azuayas, Telesucesos, Diario La Prensa, Fundación Carlos Freire, Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados-CCREA, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Pichincha-AER PICHINCHA, Asociación de Canales de Televisión del Ecuador-ACTVE, Federación Nacional de Periodistas, FENAPE,, Revista Criterios, Fundación Mil Hojas, Periodismo de Investigación, Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil del Guayas, Coalición Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales, Plataforma Social Nosotros Somos Ecuador, Colectivo El Quinto Poder Somos Todos. Los ciudadanos Fernando Najas, Juan Carlos Calderón, Jean Cano, Mónica Almeida, Cristian Zurita, Abel Suing, Kruskaya Ordóñez, María José Calderón, Gustavo Cardoso, Sol Borja, Martha Roldós, Carla Maldonado, y José Luís Ojeda y todos quienes hemos promovido la Hoja de Ruta por la Libertad de Expresión 2021-2015, invitamos nuevamente a los candidatos finalistas que aún no se comprometen con la Libertad de Expresión para que suscriban el documento donde se plasma el respeto y los avances en torno a este derecho humano fundamental. Vamos a estar vigilantes para que eso suceda.

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15 de marzo de 2021- Las organizaciones Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios abren la convocatoria del Fondo de Respuesta Rápida para brindar apoyo financiero y técnico a medios, comunicadores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en América Latina y el Caribe, cuya labor haya sido afectada por la pandemia de COVID-19.

El programa de apoyo surge como una respuesta a la situación que enfrentan quienes trabajan en comunicación, información y periodismo, afectados por las consecuencias de la pandemia en una de las regiones más afectadas por el COVID-19. Se da en un contexto en el que el acceso a información verificada, útil e inclusiva se vuelve crucial, especialmente para poblaciones vulnerables.

Los solicitantes podrán acceder a diferentes tipos de financiamiento, además de mentorías y apoyo para fortalecer sus capacidades administrativas y periodísticas.

Pueden postular medios de información, organizaciones, asociaciones, grupos de la sociedad civil que realizan una labor informativa, así como periodistas y comunicadores independientes o afiliados a un medio de información que cubran la pandemia de COVID-19 dentro de la región.

Se dará prioridad a quienes informen con foco en grupos vulnerables, incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y poblaciones rurales, mujeres y población LGBTQ+.

Los postulantes deberán estar basados y trabajar en la región de América Latina y el Caribe. Además, su labor tiene que haber sido afectada o amenazada por la pandemia por COVID-19.

Como parte de este programa, se abrirán tres rondas de financiación a lo largo del año. Esta primera convocatoria estará vigente desde el 15 de marzo hasta el 4 de abril de 2021 a las 23:59 hrs. (EDT).

Accede a las bases de la convocatoria del #FondoRespuestaRápida en:

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Accede al formato de solicitud en línea 

 

Conoce más acerca de las organizaciones convocantes:

Internews: internews.org

Chicas Poderosas: chicaspoderosas.org

Consejo de Redacción: consejoderedaccion.org

Fundamedios: fundamedios.org

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Ecuador, 09 de febrero del 2021. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, presentó esta tarde los aportes al informe del primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricaurte señaló que la Ley debe incluir un enfoque de respeto, promoción y garantía de Derechos pues se debe considerar la conexión entre la protección de datos personales, el acceso a la información y la libertad de expresión, priorizando el derecho a la autodeterminación informativa de las personas en el contexto de la sociedad de la información y protegerla en forma independiente del derecho a la intimidad.

Especificó que cualquier limitación en cuanto a la información que sea relevante para el interés público debe estar sujeto al test tripartito señalado en estándares internacionales que incluye: establecer la restricción en una Ley en sentido formal y material; ser necesaria e idónea para alcanzar un objetivo legítimo; y, ser aplicada en forma proporcional para lograr la menor afectación posible del derecho. Además, que las mismas deben ser ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente bajo garantías del debido proceso. 

Respecto a la Autoridad de Protección de Datos señaló que debe contar con personal técnico que posea conocimiento en la materia, que tenga patrimonio propio con independencia del gobierno, que tenga facultades de generar normativa y emitir resoluciones administrativas; así como facultades para manejar temas de cooperación internacional; facultades que van de la mano con las obligaciones que organismos internacionales de Derechos Humanos han establecido para la Autoridad de Acceso a la Información por lo que debería considerarse que ambas competencias las desempeñe la misma entidad. 

Respecto al llamado derecho al olvido digital, Ricaurte dijo que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha señalado que las medidas de remoción o desindexación de contenidos de internet pueden tener un impacto muy negtivo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva.

También expuso sobre la importancia de considerar el contexto latinoamericano que contempla muchos años de conflictos y regímenes autoritarios y dictatoriales, así como de las graves violaciones a los Derechos Humanos, que han instado un mayor acceso a la información acerca de la actividad gubernamental y militar, por esta razón es importante reconocer cómo el derecho al olvido puede afectar el derecho a la verdad y la memoria.

Finalmente, concluyó agradeciendo al Pleno de la Asamblea la consideración de estos aportes con la finalidad de contar con un proyecto que garantice de manera adecuada tanto el derecho a la privacidad y a la protección de datos como el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. 

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Ecuador, 22 de diciembre del 2020. La Fundación Andina para la Observación de Medios, Fundamedios, presenta su informe anual sobre los ataques contra la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información ocurridos entre enero y diciembre del 2020. 

Este fue un año distinto por la crisis sanitaria mundial. La llegada de la pandemia por COVID-19 significó nuevos desafíos para el ejercicio periodístico y para la libertad de expresión. En comparación al 2019 el número de alertas registradas en este año disminuyó. Mientras que en ese año se registraron 212 ataques a la prensa, en el 2020 fueron 144. Mientras el número de alertas registradas descendió, esto no se reflejó en el impacto que estas generaron y que fue superior al año anterior.

En total fueron 960 medios de comunicación, periodistas, activistas o ciudadanos que fueron agredidos en este 2020, lo que representa un incremento del 254% en comparación al 2019 cuando llegaron a 373. 

El principal grupo de agredidos lo encabezan los periodistas que en general llegan a la cifra de 863 afectados lo que corresponde al 90% de las alertas registradas por Fundamedios en este año. Los medios de comunicación afectados este 2020 fueron 36 seguidos de los casos de seis reporteros gráficos. 

El informe, además de datos estadísticos completos, incluye capítulos que tratan la relación de los Periodistas y COVID, analiza dos leyes claves para luchar contra la corrupción y la transparencia, hace referencia a que en este año se consolidaron imperios mediáticos y anota la seguridad para periodistas como una deuda pendiente 

Fundamedios es una organización comprometida desde 2007 con  la protección y promoción de la libertad de expresión como un Derecho Humano universal y el monitoreo de las agresiones y los riesgos que enfrentan los periodistas en América Latina.

Nuestro trabajo se ha realizado en colaboración estrecha con los medios de comunicación, la sociedad civil y organizaciones internacionales, así como con los Sistemas Interamericano y Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 

A continuación el informe completo:

Informe 2020 final

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Ecuador, 02 de diciembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, conformada por FUNDAMEDIOS, INREDH, Periodistas Sin Cadenas, Colectivo Nos Faltan 3, y ASFADEC, participó en el pleno M.-061 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Durante el Pleno Ordinario 061 se incluyó en el orden del día la comparecencia de César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios y otros miembros de la Veeduría Ciudadana quienes hicieron uso de la “Silla de la Democracia” para dar a conocer las recomendaciones dadas por el Equipo de Seguimiento Especial- ESE para  esclarecer los hechos del secuestro de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. 

La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, dio la bienvenida a los integrantes de la Veeduría Nos Faltan 3 y dijo es su obligación escucharlos y resolver lo que esté en sus competencias. César Ricaurte explicó que la veeduría tiene el objetivo de lograr Verdad, Justicia y Reparación a través del dar seguimiento a las investigaciones pues es un crimen contra periodistas que se cometió en zona de frontera y en la cual tienen responsabilidad los estados de Ecuador y Colombia.

“Estamos ante una gravísima vulneración de Derechos Humanos, un golpe que no había vivido el periodismo en el Ecuador y una severa afectación a la libertad de Expresión, si bien sabemos quien fue quienes jalaron del gatillo y fueron los autores del secuestro y asesinato hay muchas otras responsabilidades del Estado sea por acción o por omisión”, dijo Ricauerte. 

Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, explicó ante el Pleno del CPCCS los hechos contradictorios que revelaban como el Estado ecuatoriano quiso deslindar su responsabilidad en el secuestro y asesinato y que además el manejo que se dio del caso no fue adecuado.  Recordó que ellos se enteraron que existía un canal de comunicación directo entre el grupo subversivo y las autoridades. “Están involucradas muchas autoridades en este hecho; hay documentos que se mantienen bajo reserva y su desclasificación depende del Presidente; este caso es la punta de un iceberg de una maraña y un sistema de corrupción que existe hasta el día de hoy”.

Rivas recordó que van al tercer año de impunidad pues no hay detenidos del secuestro y asesinato del equipo periodístico y denunció el cambio constante de fiscales y una negativa de las instituciones involucradas en facilitar la información pertinente. 

Diego Cazar, miembro de la Fundación de Periodistas Sin Cadenas realizó una serie de preguntas extraídas del informe del ESE de la CIDH entre las que se encuentran: ¿Cuál fue la estrategia que se diseñó desde el Estado?; ¿Qué papel cumplió el Comité de Crisis?; ¿Quiénes tomaron las decisiones durante este periodo? y si ¿se autorizó a la Fuerzas Armadas de Colombia a realizar estos operativos? Destacó la impunidad que ha tenido este caso y que las entidades del Estado deben responder a los pedidos de la Fiscalía que esta debe ser proactiva. 

Almeida agradeció a la Veeduría y dijo que son el puente entre la ciudadanía y el Estado y puso en consideración una moción de Resolución que fue aprobada por el Pleno. 

  1. Art. 1.- Acoger lo expuesto por la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, para realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE, órgano técnico especializado de la CIDH respecto a la muerte del equipo periodístico del Diario el Comercio. 
  2. Art. 2.- Exhortar al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa, y al Consejo de Seguridad Pública del Estado, el inmediato cumplimiento del artículo 18 de la Constitución de la República en relación al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos  y que procedan a la desclasificación y entrega sin más dilatorias de los documentos relativos al caso que reposan en su poder conforme lo determinó el informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH y permitan a la Fiscalía avanzar en las investigaciones de los hechos, en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 
  3. Art. 3.- Exhortar a la Asamblea Nacional a la conformación de una Comisión Especializada Ocasional que pueda investigar lo siguiente:  a) La estrategia que se trazó para el manejo del secuestro; b) El papel que cumplió el comité de crisis; c) Las personas o funcionarios públicos que tomaban las decisiones de lo que debía hacerse; d) La decisión de la ruta a seguir y el momento en que se la tomó; e) La autorización a las fuerzas armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico.
  4. Art. 4.- Exhortar a la Fiscalía a continuar con las investigaciones correspondientes atendiendo a las recomendaciones generales y específicas emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH, aplicando un enfoque de derechos humanos que impida la revictimización de los familiares de las Víctimas por el ejercicio de su profesión como periodistas.
  5. Art. 5.- Exhortar al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas que se incluyan las siguientes políticas al interior de la institución: a) inclusión de participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas en su estructura organizacional; b) Establecimiento de una política de protección integral de periodistas en concordancia con los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos  y proveer de los recursos materiales y humanos para su funcionamiento; y, c) Establecimiento de un protocolo común de intercambio de información entre los Comités de Colombia y Ecuador, acerca de las zonas de frontera en las que existan diferentes riesgos para el ejercicio del periodismo y articular las medidas de protección necesarias al interior de cada Estado.
  6. Art. 6.- Solicitar al Presidente de la República para que a través de los mecanismos de protección de Derechos Humanos nacionales e internacionales vigentes y reconocidos en el Ecuador determine una reparación integral a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra por la afectación grave a los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República del Ecuador que han afectado y vulnerado su condición de vida y han cercenado el proyecto de vida de sus familiares fallecidos
  7. Art. 7.- Exhortar a la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Protección de Derechos Humanos, a realizar las acciones correspondientes de acompañamiento, seguimiento y vigilancia para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH.-
  8. Art. 8.- Solicitar la comparecencia ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a las entonces autoridades que se encargaron de la emergencia en relación al secuestro de los periodistas: César Navas, Patricio Zambrano, César Merizalde, Ramiro Mantilla y Ramiro Rivadeneira.

El consejero David Rosero planteó la moción de que el CPCCS disponga a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción abra una investigación sobre el caso Nos Faltan Tres que tuvo el apoyo unánime de todos los vocales. 

El consejero Hernán Ulloa planteó la moción de que se requiera la presencia del Director de Gestión Procesal de la Fiscalía ante el Pleno del CPCCS para que en audiencia reservada proporcione los detalles de su gestión pero recibió cuatro abstenciones y tres votos a favor por lo que no fue aprobada la moción.

La Veeduría Ciudadana continuará con las acciones que permitan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de desclasificación de la información por parte de las distintas instituciones del Estado, toda vez que no existe ningún sustento legal ni constitucional para mantener la información en reserva, en especial al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos. 

Veeduría Ciudadana Caso Nos Faltan 3