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Fundamedios

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Ecuador, 02 de diciembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, conformada por FUNDAMEDIOS, INREDH, Periodistas Sin Cadenas, Colectivo Nos Faltan 3, y ASFADEC, participó en el pleno M.-061 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Durante el Pleno Ordinario 061 se incluyó en el orden del día la comparecencia de César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios y otros miembros de la Veeduría Ciudadana quienes hicieron uso de la “Silla de la Democracia” para dar a conocer las recomendaciones dadas por el Equipo de Seguimiento Especial- ESE para  esclarecer los hechos del secuestro de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. 

La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, dio la bienvenida a los integrantes de la Veeduría Nos Faltan 3 y dijo es su obligación escucharlos y resolver lo que esté en sus competencias. César Ricaurte explicó que la veeduría tiene el objetivo de lograr Verdad, Justicia y Reparación a través del dar seguimiento a las investigaciones pues es un crimen contra periodistas que se cometió en zona de frontera y en la cual tienen responsabilidad los estados de Ecuador y Colombia.

“Estamos ante una gravísima vulneración de Derechos Humanos, un golpe que no había vivido el periodismo en el Ecuador y una severa afectación a la libertad de Expresión, si bien sabemos quien fue quienes jalaron del gatillo y fueron los autores del secuestro y asesinato hay muchas otras responsabilidades del Estado sea por acción o por omisión”, dijo Ricauerte. 

Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, explicó ante el Pleno del CPCCS los hechos contradictorios que revelaban como el Estado ecuatoriano quiso deslindar su responsabilidad en el secuestro y asesinato y que además el manejo que se dio del caso no fue adecuado.  Recordó que ellos se enteraron que existía un canal de comunicación directo entre el grupo subversivo y las autoridades. “Están involucradas muchas autoridades en este hecho; hay documentos que se mantienen bajo reserva y su desclasificación depende del Presidente; este caso es la punta de un iceberg de una maraña y un sistema de corrupción que existe hasta el día de hoy”.

Rivas recordó que van al tercer año de impunidad pues no hay detenidos del secuestro y asesinato del equipo periodístico y denunció el cambio constante de fiscales y una negativa de las instituciones involucradas en facilitar la información pertinente. 

Diego Cazar, miembro de la Fundación de Periodistas Sin Cadenas realizó una serie de preguntas extraídas del informe del ESE de la CIDH entre las que se encuentran: ¿Cuál fue la estrategia que se diseñó desde el Estado?; ¿Qué papel cumplió el Comité de Crisis?; ¿Quiénes tomaron las decisiones durante este periodo? y si ¿se autorizó a la Fuerzas Armadas de Colombia a realizar estos operativos? Destacó la impunidad que ha tenido este caso y que las entidades del Estado deben responder a los pedidos de la Fiscalía que esta debe ser proactiva. 

Almeida agradeció a la Veeduría y dijo que son el puente entre la ciudadanía y el Estado y puso en consideración una moción de Resolución que fue aprobada por el Pleno. 

  1. Art. 1.- Acoger lo expuesto por la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, para realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE, órgano técnico especializado de la CIDH respecto a la muerte del equipo periodístico del Diario el Comercio. 
  2. Art. 2.- Exhortar al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa, y al Consejo de Seguridad Pública del Estado, el inmediato cumplimiento del artículo 18 de la Constitución de la República en relación al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos  y que procedan a la desclasificación y entrega sin más dilatorias de los documentos relativos al caso que reposan en su poder conforme lo determinó el informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH y permitan a la Fiscalía avanzar en las investigaciones de los hechos, en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 
  3. Art. 3.- Exhortar a la Asamblea Nacional a la conformación de una Comisión Especializada Ocasional que pueda investigar lo siguiente:  a) La estrategia que se trazó para el manejo del secuestro; b) El papel que cumplió el comité de crisis; c) Las personas o funcionarios públicos que tomaban las decisiones de lo que debía hacerse; d) La decisión de la ruta a seguir y el momento en que se la tomó; e) La autorización a las fuerzas armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico.
  4. Art. 4.- Exhortar a la Fiscalía a continuar con las investigaciones correspondientes atendiendo a las recomendaciones generales y específicas emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH, aplicando un enfoque de derechos humanos que impida la revictimización de los familiares de las Víctimas por el ejercicio de su profesión como periodistas.
  5. Art. 5.- Exhortar al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas que se incluyan las siguientes políticas al interior de la institución: a) inclusión de participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas en su estructura organizacional; b) Establecimiento de una política de protección integral de periodistas en concordancia con los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos  y proveer de los recursos materiales y humanos para su funcionamiento; y, c) Establecimiento de un protocolo común de intercambio de información entre los Comités de Colombia y Ecuador, acerca de las zonas de frontera en las que existan diferentes riesgos para el ejercicio del periodismo y articular las medidas de protección necesarias al interior de cada Estado.
  6. Art. 6.- Solicitar al Presidente de la República para que a través de los mecanismos de protección de Derechos Humanos nacionales e internacionales vigentes y reconocidos en el Ecuador determine una reparación integral a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra por la afectación grave a los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República del Ecuador que han afectado y vulnerado su condición de vida y han cercenado el proyecto de vida de sus familiares fallecidos
  7. Art. 7.- Exhortar a la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Protección de Derechos Humanos, a realizar las acciones correspondientes de acompañamiento, seguimiento y vigilancia para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH.-
  8. Art. 8.- Solicitar la comparecencia ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a las entonces autoridades que se encargaron de la emergencia en relación al secuestro de los periodistas: César Navas, Patricio Zambrano, César Merizalde, Ramiro Mantilla y Ramiro Rivadeneira.

El consejero David Rosero planteó la moción de que el CPCCS disponga a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción abra una investigación sobre el caso Nos Faltan Tres que tuvo el apoyo unánime de todos los vocales. 

El consejero Hernán Ulloa planteó la moción de que se requiera la presencia del Director de Gestión Procesal de la Fiscalía ante el Pleno del CPCCS para que en audiencia reservada proporcione los detalles de su gestión pero recibió cuatro abstenciones y tres votos a favor por lo que no fue aprobada la moción.

La Veeduría Ciudadana continuará con las acciones que permitan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de desclasificación de la información por parte de las distintas instituciones del Estado, toda vez que no existe ningún sustento legal ni constitucional para mantener la información en reserva, en especial al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos. 

Veeduría Ciudadana Caso Nos Faltan 3

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Ecuador, 01 de diciembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3 conformada por FUNDAMEDIOS, INREDH, Periodistas Sin Cadenas, Colectivo Nos Faltan 3, y ASFADEC, se reunió ayer con el director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Daniel Vejar, y con el fiscal encargado del caso, Nelson Guano. 

En esta reunión se analizó el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Equipo de Seguimiento Especial- ESE a la Fiscalía, así como las acciones realizadas por esta Institución en cuanto a las investigaciones pertinentes del caso, considerando que el tiempo legal establecido en el Código Orgánico Integral Penal para la fase de investigación previa ha concluido y que hasta la fecha no se han obtenido resultados por parte de esta Institución. 

César Ricaurte y Lidia Rueda, representantes de la Veeduría Ciudadana, señalaron la importancia de avanzar con las investigaciones de acuerdo a las recomendaciones específicas establecidas por el órgano de la CIDH, con la finalidad de que este caso no quede en la impunidad. 

Los representantes de la Fiscalía General del Estado señalaron, sin entrar en detalles por la reserva en que se encuentran las investigaciones, que una de las razones principales para la falta de avances ha sido la falta de colaboración por parte de las instituciones del Estado que manejan información necesaria para realizar las investigaciones correspondientes, mismas que han clasificado dicha información como reservada, pese a tratarse de un grave caso de violación de Derechos Humanos, lo cual es contrario a la Constitución de la República.  

Asimismo, el fiscal Nelson Guano señaló que desde que avocó conocimiento del caso en julio del presente año, se han realizado distintas insistencias a dichas instituciones sin resultados. En este caso, reiteraron el compromiso por parte de la Fiscalía de avanzar con las investigaciones correspondientes por el tiempo que sea necesario. 

La Veeduría Ciudadana continuará con las acciones que permitan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de desclasificación de la información por parte de las distintas instituciones del Estado, toda vez que no existe ningún sustento legal ni constitucional para mantener la información en reserva, en especial al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos. 

Veeduría Ciudadana Caso Nos Faltan 3

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Ecuador, 27 de noviembre del 2020. En Guayaquil se realizó la representación del Documental Nos Faltan 3 que relata los principales momentos del secuestro y asesinado del equipo periodístico de El Comercio, ocurrido en 2018 en la frontera colombo ecuatoriana. 

Gabriela Loja, una de las autoras del documental, dijo que se trata de una recopilación histórica de hechos narrados en forma cronológica del asesinato de Javier, Paúl y Efrain y que el objetivo es mantener latente la memoria. 

¿Cómo nace el documental, las motivaciones y cómo fue el acceso a la información? fue la pregunta que realizó Billy Navarrete del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos para impulsar el conversatorio. 

Luego del documental, Gabriela Loja aseguró que escogieron este tema por el impacto que tuvo cuando cursaba el último año de la carrera de comunicación pues nos cuestionamos ¿qué hubiera pasado si nos pasaba a nosotras? Otro tema que les motivo es la desinformación que hubo alrededor del caso y la poca acción por parte de las actividades. 

Sobre el escaso acceso a la información por parte de las autoridades y directivos de Diario El Comercio las autoras del documental sostienen que hasta el final no pudieron obtener respuestas y recurrieron a los testimonios de familiares, colegas y amigos. 

Diego Cazar, de La Barra Espaciadora, dijo que celebra el ejercicio de memoria del Documental que marcó un antes y un después en la libertad de expresión en Ecuador pues significó la amenaza de esta libertad contra toda una sociedad.  Como sociedad debemos recordar que preservar la seguridad del ejercicio periodístico protege los derechos de toda una sociedad y que está viva en democracia.  

Cazar recordó que el Estado Ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y destacó la indolencia de las autoridades del Ecuador que no han desclasificado los documentos del caso y no han cumplido su palabra.

Loja aseguró que se mantiene en una vigilia informativa para que el caso de Nos Faltan 3 no queden en el olvido y que es necesario contribuir a la memoria histórica y que si luego de tres años se los sigue recordando “lo están cumpliendo”. 

Sobre las coberturas de riesgo en zonas fronterizas y la ausencia del Estado en estos espacios, Cazar dijo que dentro del cordón fronterizo norte, la provincia de Esmeraldas en donde se concentran focos de pobreza y está afectada por monocultivos, minería ilegal y narcotráfico se genera un ambiente adverso para el ejercicio periodístico. 

Esta es la segunda ocasión en la que el documental Nos Faltan 3 se proyecta en Ecuador, la primera vez fue en Quito y está prevista otras proyecciones en otras ciudades del país. 

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Ecuador, 27 de noviembre del 2020. La tarde de este viernes 27 de noviembre la Veeduría Ciudadana sobre el Caso #NoFaltan3 conformada por FUNDAMEDIOS, la Fundación Nos Faltan 3, ASFADEC, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, e INREDH, se reunió con la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, con la finalidad de plantear posibles acciones que puede realizar el Consejo de Participación Ciudadana en este caso. 

César Ricaurte, Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS, señaló que esta Veeduría se conformó para dar seguimiento al caso a través de la constatación del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, respecto al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, caso que ocurrió hace 2 años y 9 meses exactamente, y que conmocionó al país. 

Ricaurte señaló que es lamentable que a un año de haber sido emitidas las recomendaciones del ESE, no se vean avances en las investigaciones del Caso.  por lo que la finalidad de esta Veeduría Ciudadana es la vigilancia de la forma más técnica posible a este cumplimiento. Así mismo, manifestó que la Veeduría nace como iniciativa de la ciudadanía y en el marco del ejercicio de los Derechos fundamentales a la asociación y a la participación por lo que sería importante conocer las acciones de acompañamiento que puede realizar el Consejo en este caso. 

Diego Cazar, representante de Periodistas Sin Cadenas señaló que el momento de la conformación de la Veeduría es crucial, debido al cambio de gobierno que vendrá el próximo año, lo cual podría imposibilitar alcanzar avances en el proceso, por lo que es necesaria la exigencia de celeridad en este proceso de violación de Derechos Humanos. 

Cazar también señaló las ocasiones en las que las distintas autoridades se han comprometido a realizar acciones que permitan esclarecer los hechos respecto a este caso, incluyendo las siete veces que el Presidente de la República ofreció desclasificar la información del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, sin tener resultados favorables al respecto, por lo que el caso sigue en la impunidad. 

La Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida reconoció la legitimidad de la Veeduría Ciudadana señalando que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reconoce el derecho a la participación ciudadana y control social, por lo que se comprometía a generar acciones que acompañen a la Veeduría en este proceso.

La Presidenta también señaló que es primordial que tanto el Pleno del Consejo como la ciudadanía escuche los hechos que se han venido desarrollando respecto al caso, la inacción por parte de las distintas instituciones y las acciones realizadas por la Veeduría, por lo que se comprometió a convocar en las próximas semanas a la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3 ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Finalmente reiteró el compromiso del Consejo de generar las acciones que sean necesarias para avanzar en el Caso. 

Esta Veeduría agradece el compromiso manifestado por parte de la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y se encuentra atenta a las próximas acciones que sean realizadas por este organismo que constitutiye parte del Cuarto Poder del Estado. Asimismo, señalamos que seguiremos dando seguimiento a las demás instituciones que aún no han dado respuesta a la solicitud de acciones realizadas en torno al Caso #NosFaltan3. 

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Ecuador, 24 de noviembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del caso Nos Faltan 3, que fue conformada el pasado el pasado 25 de septiembre del presente año, ha realizado distintas acciones a partir de su conformación. Una de estas acciones fue el envío de nueve cartas a diversos organismos de las Funciones del Estado con el objetivo de dar a conocer tanto su conformación como vigilar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial-ESE. 

En este sentido, la Veeduría envió cartas a la Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Comunicación, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de la Judicatura y la Asamblea Nacional. 

Es así que, la Fiscalía General del Estado se reunirá con la Veeduría Ciudadana el próximo lunes 30 de noviembre, con la finalidad de dialogar acerca del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el ESE, respecto a la investigación del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín; y que hasta la fecha actual sigue en etapa de investigación previa. 

Luego de una negativa inicial de Fiscalía, valoramos que se haya reconocido está Veeduría Ciudadana como expresión legítima del Derecho Humano fundamental que tenemos a asociarnos y participar de los temas de alto interés público.  

Esta veeduría conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS, Nos Faltan 3, Periodistas Sin Cadena, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC, continuará dando seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones por parte de las instituciones responsables de esclarecer los hechos en torno a este caso. 

Por Javier, Paúl y Efraín nadie se cansa.

Veeduría Caso Nos faltan 3

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Ecuador, 24 de noviembre del 2020. FUNDAMEDIOS solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la aplicación de medidas cautelares a favor del periodista Juan Sarmiento, que fue sentenciado a 10 días de prisión, al pago del 25% de una Remuneración Básica Unificada (USD 100) y a pedir disculpas públicas por daño moral como resultado de una querella impulsada por el exgobernador de Napo, Patricio Espíndola.

A través del formulario respectivo, un escrito específico y 5 documentos anexos, Fundamedios argumentó que en este caso se cumplen los tres criterios de consideración en torno a las medidas cautelares, los cuales son: la gravedad de la situación; urgencia de la situación y el daño irreparable.

En el documento se detalla que, desde abril de 2020, el periodista Juan Sarmiento publicó varias críticas mediante redes sociales referentes al mal manejo por parte del ahora exgobernador Jorge Patricio Espíndola respecto a la pandemia COVID19. Estas críticas se relacionan con la ineficiencia del funcionario al dotar de protección de bioseguridad a los médicos del sistema de salud en la provincia, al coordinar acciones con el COE Provincial y al comunicar a la ciudadanía acerca de la situación de la provincia frente a la crisis sanitaria.

Entre las críticas mencionadas se señala la expuesta el 29 de mayo de 2020 en su cuenta de Facebook, en dicha publicación se encuentra un vídeo en el cual el Gobernador de Napo señaló que si la ciudadanía quería hacerse una prueba rápida de COVID19 hagan lo que él hizo, acudir a un laboratorio privado, a lo que Sarmiento señaló “¿Es en serio Gobernador? ¿A ese nivel de miseria humana le llevó el puesto? ¿Qué pasará con las personas que viven con 1 dólar diario?”

El 30 de julio del 2020, el entonces Gobernador presentó una querella en contra del periodista Juan Modesto Sarmiento Loja, por daño moral, daño a la dignidad del hombre y daño emocional por la emisión de críticas mediante redes sociales, relacionadas con la ineficiencia en la respuesta a la crisis sanitaria por el número real de contagiados y la gestión para dotar capacidad de respuesta al sistema de salud en la provincia.

El 12 de octubre de 2020, la Unidad Judicial Penal de Garantías Penales de Napo declaró  la responsabilidad penal del periodista Juan Sarmiento en la Contravención de cuarta clase, establecida en el art. 396 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Este artículo establece lo siguiente: “Art. 396.- Contravenciones de cuarta clase. – Será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días: 1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.

Esta sentencia fue apelada por el periodista Sarmiento ante la Corte Provincial de Justicia de Napo, el 14 de octubre de 2020. Este recurso fue rechazado y se procedió a ratificar la sentencia emitida el 12 de octubre de 2020 condenando al periodista a 10 días de prisión, al pago del 25% de una Remuneración Básica Unificada y a pedir disculpas públicas al Gobernador.

Entre los argumentos establecidos en dicha sentencia se establece que “la libertad de expresión no puede constituirse de modo alguno como un medio para vulnerar otros derechos fundamentales de las personas, al margen del cargo, dignidad o puesto que ocupe una persona en la sociedad, como efectivamente ha sucedido en la presente causa”; 

Fundamedios señaló que está en riesgo la libertad de pensamiento y expresión, un derecho establecido en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Desde la postura de Fundamedios, estas sanciones penales pueden utilizarse como método para suprimir los cuestionamientos, al proteger a los funcionarios y últimamente al propio gobierno de las críticas, sobre todo en medio de la crisis existente, en la que a nivel mundial los distintos gobiernos se han visto severamente expuestos por un mal manejo de la pandemia.

En el contexto del COVID19, una serie de derechos relativos a la libertad de expresión y el acceso a la información han sido vulnerados, lo que ha desencadenado una criminalización a los periodistas, en muchas ocasiones por emitir una crítica hacia la gestión de funcionarios públicos, como el caso del periodista Sarmiento.

Fundamedios señaló en su comunicado ante la CIDH que, en muchos casos, los periodistas fueron detenidos o arrestados luego de plantear preguntas acerca de las limitaciones de las estadísticas oficiales o por facilitar el debate acerca del suministro de equipos médicos. De acuerdo al Instituto de Prensa Internacional al menos 38 periodistas han sido detenidos y/o arrestados.

En Ecuador, Fundamedios ha generado 105 alertas por agresiones y ataques contra periodistas desde el inicio de la pandemia. Este tipo de violencia contra periodistas además de vulnerar el derecho a expresar opiniones e información, genera un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura. La gestión pública es objeto de control por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación son parte esencial para promover la discusión acerca de asuntos de interés público además de ser un medio de control a la gestión gubernamental. Esta crisis ha evidenciado que la libertad de expresión “es fundamental para enfrentar los desafíos de la pandemia, toda vez que combate la desinformación, por esta razón es importante que los medios de comunicación sean capaces de informar sobre la pandemia sin temor o censura”.

Para Fundamedios, se vuelve urgente la necesidad de la medida cautelar toda vez que se han agotado los recursos disponibles de acuerdo a la normativa legal vigente para apelar la sentencia, lo que implicaría la privación de libertad del periodista de forma inmediata, generando una vulneración grave a sus derechos humanos, a su libertad de expresión, a su libertad personal, a la imposición de sanciones pecuniarias afectando de forma grave sus derechos humanos, su integridad personal y su dignidad.

Después de exponer estos hechos y fundamentos, se solicitó a la CIDH que se emitan las medidas cautelares que signifique la suspensión de los efectos de la sentencia, en especial se suspenda la pena privativa de libertad de 10 días en cárcel impuesta en aplicación del Artículo 396 Numeral 1 del Código Orgánica Integral Penal para el beneficiario Juan Modesto Sarmiento Loja, toda vez que las consecuencias del proceso penal, la imposición de la sanción pecuniaria, los antecedentes penales generados, la pérdida de la libertad personal, representan una grave afectación a los Derechos Humanos del beneficiario, resultando extremadamente desproporcionadas, al tratarse de una crítica respecto a actos oficiales de una autoridad pública en el desempeño de su cargo, lo cual no puede ser objeto de sanción, pues es contrario al artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos e instrumentos internacionales en materia de libertad de expresión.

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Ecuador 18 de noviembre del 2020. Fundamedios realizó una rueda de prensa para dar a conocer su postura sobre el resultado preliminar dentro del concurso de asignación de frecuencias de radio impulsado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL. 

El pasado viernes, ARCOTEL dio a conocer dos informes: el primero que daba el listado de concesionarios que cumplieron todos los requisitos con los respectivos puntajes e informes jurídicos y otro en el que se entregó información acerca del cruce de datos que realizaron con otras instituciones. 

Fundamedios examinó los dos documentos y existen interrogantes acerca de la información entregada y, en aras de la transparencia de este concurso, se pidió una aclaración sobre el contenido de la información. A través de un cuadro comparativo se demostró que el esquema de concentración de frecuencias, tanto del empresario mexicano Ángel González, así como de la familia del alcalde de Quito, Jorge Yunda, se mantienen. 

De las nueve frecuencias que forman parte del imperio mediático de Ángel González solamente RIDALTO RIDALTOSA S.A no cumpliría los requerimientos, según el informe jurídico, mientras que 8 empresas sí cumplirían todos los parámetros. 

En el caso de ECUADORADIO S.A., por ejemplo, constan como accionistas el Grupo El Comercio C.A. y Telecomunicaciones Globales de Entretenimiento Televisivo Holding Telglovis S.A. Sin embargo, Telglovis S.A., accionista mayoritaria del Grupo El Comercio, es de propiedad de la empresa uruguaya BLACKSTER S.A. presidida por Juan Carlos Gonzalez Saenz, sobrino de Ángel González, y según ARCOTEL no está inmersa en ninguna prohibición, cuando en realidad más del 49% del paquete accionario está en manos de extranjeros. 

En el caso de las 9  frecuencias vinculadas a las Familia del alcalde Jorge Yunda, 8 han sido calificadas con informe jurídico favorable, con excepción de Ecuenlace, lo que para Fundamedios ratifica que la ARCOTEL no tiene voluntad política para evitar esta concentración de frecuencias en manos de forma indirecta de un grupo empresarial y mediático. 

Para Fundamedios, la ARCOTEL no verificó en realidad si se cumple o no la concentración de frecuencias, ni realizó una verificación profunda de los dueños y accionistas, sólo ha realizado un cruce de datos básico y el organismo preguntó a los propios medios de comunicación. No ha existido la voluntad de esclarecer este punto y varias frecuencias se siguen concentrando en grupos de poder.

César Ricaurte, Director de Fundamedios, aseguró que existen más casos y se está recibiendo denuncias sobre una serie de posibles irregularidades en todo el país. Ratificó que la concentración de medios perjudica a todos los ecuatorianos y la libertad de informarnos libremente. 

Fundamedios sostiene que existe un patrón en el manejo de las frecuencias en las últimas décadas: en los noventas hubo la feria de la frecuencias que fueron repartidas en componendas políticas; en el 2007 hubo los informes de auditoría de la Contraloría y a pesar los anuncios de cambio entre el 2011 y el 2014 se detectan incluso el pago de posibles sobornos a funcionarios, incluidos ministros, y en en 2020 se repite el esquema de concentración, pese a que es de conocimiento público  y las autoridades no hacen nada para evitarlo. 

“No estamos concursando ni somos una parte interesada en alguna frecuencia pero como ciudadanos nos vemos afectados al no poder informarnos libremente, pues se afecta la pluralidad. Nuestras denuncias son públicas pues Fundamedios cumple una labor de vigilancia ciudadana que analiza y hace pública información sobre el concurso”, aseguró Ricaurte. 

Frecuencias disponibles 2020 – ARCOTEL RESULTADOS

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Ecuador, 12 de noviembre del 2020. La Sala del Cine Ocho y Medio en Quito fue el lugar escogido para la proyección del documental y posterior Conversatorio del caso “Nos Faltan 3”: una recopilación histórica y descriptiva del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, trabajadores de Diario El Comercio, ocurridos en los meses de marzo y abril del 2018 en la zona de Mataje, frontera entre Ecuador y Colombia.

Recuerda cómo el equipo periodístico salió a realizar su trabajo y fue secuestrado por el grupo de disidentes conocido como Frente Oliver Sinisterra. Durante tres semanas se activaron grupos de búsqueda y de negociación desde el Gobierno Nacional, con el objetivo de recuperar a los secuestrados, pero el viernes 13 de abril, el Presidente de la República confirmó que los tres integrantes de Diario El Comercio habían sido asesinados.

El documental de 1 hora con 13 minutos realiza un barrido histórico de estos acontecimientos, recoge testimonios potentes de amigos y familiares que insisten en que el Estado y el mal manejo del caso fueron los responsables de la muerte de Javier, Paul y de Efraín y revela los nudos críticos del caso.

Luego de la película se realizó un conversatorio que fue moderado por el Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte y contó con la participación de Gabriela Loja y Marisol Pesantez, autoras del video, Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas y de Luis Saavedra de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos.

Ricaurte aseguró que Javier Ortega era uno de los periodistas que mejor conocía la situación de inseguridad en esta zona y había advertido a través de reportajes las operaciones irregulares. Recordó que existen una serie de interrogantes que están planteadas en el documental y se refieren al papel del Estado y la inacción de las autoridades frente al secuestro.

“Lamentablemente lo que tenemos es una situación de impunidad, en Colombia se acaban de liberar a varios de los responsables y en el Ecuador no se ha avanzado nada en las investigaciones. Tenemos una situación de indolencia e impunidad que reflejan muchos casos en los cuales las autoridades se convierten en cómplices silenciosos de las violaciones de Derechos Humanos”, dijo Ricaurte.  

La primera pregunta del foro fue para las autoras a quienes se les preguntó por qué decidieron contar el caso a través de un documental.  Gabriela Loja contó que durante su último año de carrera en Periodismo le impactó el caso pues se cuestionó incluso si deseaba realizar periodismo, por lo que decidió , junto a Marisol Pesantez, investigar. “Que tres colegas han estado secuestrados y no saber lo que pasaba fue la razón principal por la que quisimos el tema”, explicó.

Para Marisol Pesantez este tipo de historias contribuyen para que la memoria histórica no se pierda y opina que se debe seguir investigando para que se conozca la verdad y para que se conozca la historia humana y los rostros que existen detrás de los periodistas.

Rivas se cuestionó: ¿Vale la pena seguir en la lucha? ¿Hasta qué punto es factible el desgaste familiar, económico, emocional? Respondió que sí vale la pena seguir luchando y ratificó que por parte del Gobierno han existido mentiras sistemáticas y que se han aprovechado del dolor de las familias: “Vivir esto es lo que te da más fuerza, es el motor es lo que te impulsa (..) Quisiera tenerle al presidente Moreno en la Casa y hacerle ver el ritual que hace mi madre día a día por su hijo a ver si eso no le cambia la perspectiva de buscar una verdad”. 

También Rivas aprovechó para criticar la lentitud del sistema de Justicia y ratificó que las familias están unidas para exigir justicia y evitar la impunidad por la negligencia de jueces y fiscales.

Ricaurte criticó la inacción de las autoridades pues recordó que con el proceso de Paz en Colombia las disidencias iban actuar en esa zona fronteriza y que ya se tenía nociones de que los carteles del narcotráfico habían tomado zonas de Tumaco que se habían convertido en las mayores plantaciones de hojas de coca.

Para analizar la situación de la frontera intervino Luis Saavedra quien sostuvo que en este tipo de casos están involucrados temas políticos y geopolíticos  y que como organización su postura desde un inicio  fue que se negocie a través de la Cruz Roja, pues sabían, que la única posibilidad de que los periodistas regresen con vida era negociando y adicionalmente no se intente operativos militares para un rescate. “El Gobierno actuó con prepotencia, con total desconocimiento de la situación de la zona y con total torpeza, pues no se entendía la ruta que querían tomar”, indicó 

Al finalizar hubo la intervención de los asistentes que giró en torno a la facilidad en el acceso a la información, así como las responsabilidades de las empresas periodísticas en el cuidado de sus trabajadores y los protocolos de seguridad para coberturas de riesgo. 

 

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La Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) arrancó el 9 de noviembre y se extenderá hasta el 16 de noviembre. En esos días se ofrecerán conferencias magistrales, mesas temáticas y talleres que reunirán al público interesado en conectarse con los autores de las mejores investigaciones periodísticas publicadas el último año.

En este evento participó el Director de Fundamedios, César Ricaurte, quien fue parte de la sesión especial sobre: “Retos, estrategias y acciones ante los ataques contra la prensa en América Latina” y moderó la mesa de Amenazas Físicas.

Durante su exposición, Ricaurte aseguró que en la Región existió un incremento en las agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación en el 2019. Para sostener su afirmación utilizó datos del Informe Sombra de Voces del Sur del 2019, que refleja que en el 2018 hubo 734 agresiones contra la prensa pero que en 2019 esta cifra se disparó a 2521, lo que supone un incremento del 243% de los casos pues se produjeron durante un contexto de protestas sociales que se dieron con fuerza en América Latina en el último trimestre del 2019.

Según el Informe Sombra, en 2019, hubo 9 asesinatos en la Región (se aclaró que en estas cifras no se incluyen los datos de México); 3 secuestros; 3 desapariciones forzadas; 65 detenciones arbitrarias; 18 casos de tortura y 775 agresiones físicas, siendo la cifra más alarmante.

Sobre estos datos Ricaurte planteó la pregunta: ¿Por qué la prensa se convierte en blanco de ataques tanto de las fuerzas del orden como de los manifestantes? Con lo que se abrió la discusión.

Se dijo que existen similitudes entre países como Cuba, Venezuela y Nicaragua en cuanto a la persecución y hostigamiento a los periodistas a través del seguimiento indirecto hacia familiares o a su entorno y el hostigamiento muchas veces tiene que ver con amenazas de confiscar documentos.

Se destacó que en el marco de la pandemia hubo un incremento de detenciones arbitrarias y se criticó las leyes de Nicaragua de Ciberdelitos y de Agentes Extranjeros a las que se las calificó como “Leyes del odio” para criminalizar y afectar el trabajo periodístico.

La seguridad de los periodistas indígenas y comunitarios fue otro punto importante del debate pues ellos realizan investigaciones de medio ambiente y son vulnerables a agresiones e intimidaciones tanto del Estado como de las grandes corporaciones.

Uno de los problemas en la defensa de estos comunicadores ha sido la dificultad de que la sociedad y el gremio periodístico que realizan una labor informativa en comunidades pues existe un patrón de desconocer la calidad de periodistas, reflejando racismo y clasismo por parte de algunos gremios.

Ricaurte recordó que el reconocimiento de los comunicadores va mucho más allá de la titulación, pues diversos documentos de las Naciones Unidas y resoluciones de Relatorías de la Organización de Estados Americanos reconocen que la categoría de periodistas es mucho más amplia de lo que reconocen ciertos gremios e incluye a los ciudadanos que producen información sistemática que es difunda, por lo cual la protección de la actividad periodística debe ser reclamada por comunicadores comunitarios e indígenas.

En México se destacó la lucha entre cárteles como uno de los elementos que agravan la situación de violencia contra periodistas en ese país, además del acoso de gobiernos locales a través de la compra de espacios publicitarios o presiones a la empresa privada para que no pauten con determinados medios de comunicación.

Entre los retos está el abordar el desplazamiento de los periodistas en situaciones de conflicto pues en el caso de Nicaragua se generó una ola de comunicadores que fueron a Costa Rica, como una consecuencia de asumir una voz discordante, y muchos de ellos actualmente se encuentran en el subempleo, sin posibilidad de ejercer la profesión.

Sobre las rutas de acción esta Mesa estableció que:

  • El periodista debe ser considerado un defensor de DD.HH. para que el rango de protección sea mayor.
  • El comunicador se debe auto-reconocer y estar convencido que defiende el Derecho Humano a la información y el Estado debe reconocer y respetar esta posición.
  • Se debe evitar la impunidad y los periodistas deben denunciar los actos que atenten contra su Libertad de Expresión o cualquier Derecho Humano.
  • Los periodistas deben buscar nuevas ventanas de expresión para trabajar de manera libre e independiente, sobre la base de las nuevas tecnologías y plataformas que permitan ejercer un periodismo audaz.
  • Dar seguimiento de los casos y agresiones icónicas y crear blindaje entre organizaciones para fortalecer las redes.
  • Crear un fondo de protección y emergencia para la labor periodística.
  • Que los Estados y/o organizaciones de defensa creen comités o protocolos para proteger a periodistas durante su labor.

En los últimos 10 años, COLPIN ha tenido lugar en Lima, Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Guayaquil, Bogotá y Ciudad de México, donde convocó a cientos de profesionales parte de la red de periodistas investigadores que articula.

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El proyecto “Working Together for Freedom of Information in Ecuador”, realizado por FUNDAMEDIOS y FERRERE Abogados, recibió el premio TrustLaw por mejor trabajo colaborativo 2020.

Este premio reconoce el trabajo realizado de forma conjunta entre cinco equipos jurídicos de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, ONG ‘s y organizaciones sociales, y el potencial impacto que puede obtenerse de estos proyectos.

De esta colaboración se construyó el Informe llamado “Análisis Comparativo de Acceso a la Información”, que contiene buenas prácticas regionales y la aplicación de la normativa que regula este derecho humano. 

Asimismo se realizaron distintas mesas de diálogo y foros regionales, en los que se contó con distintos expertos que realizaron aportes respecto a los requisitos mínimos que debía cumplir la normativa, en especial en lo relacionado con la autonomía e independencia del Órgano Rector de Acceso a la Información Pública.

Estos insumos permitieron la construcción del proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, documento que fue entregado a la Bancada Multipartidista de Asambleístas por la Transparencia y Acceso a la Información, el 7 de agosto del presente año.

Desde Fundamedios recibimos este reconocimiento con satisfacción y agradecimiento hacia TrustLaw, Ferrere Abogados que coordinó a los estudios jurídicos de América Latina y a los estudios jurídicos que participaron del proyecto por todo el trabajo realizado con Ferrere Abogados, a quienes extendemos un agradecimiento por toda la cooperación y el esfuerzo brindado en el desarrollo de este proyecto. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para velar la libertad de expresión en nuestro país. 

Finalmente, esperamos que el proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, cuyo tratamiento ya ha iniciado en la Asamblea Nacional, nos permita contar pronto con un cuerpo normativo acorde a  disposiciones constitucionales y estándares internacionales de Derechos Humanos.