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Guayaquil

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En el marco de la emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada del COVID-19, el acceso a información, tal como lo determina el Artículo 18 de la Constitución es de vital importancia, pues datos oportunos, fiables y contrastados se convierten en un insumo de toma de decisiones tanto para la ciudadanía como para los actores públicos y privados. Como periodistas entendemos las limitaciones que la pandemia ha desatado en todos los sistemas de comunicación del mundo; sin embargo, en el caso ecuatoriano enfrentamos la cobertura con datos dispersos, cifras dispares que manejan los funcionarios y que no guardan correspondencia con los cuadros estadísticos que entrega el Ministerio de Salud.

Pese a los múltiples pedidos de mejoramiento en las dinámicas de comunicación, sigue faltando información transparente en torno a las defunciones en los cantones del país y otra deuda informativa es la opacidad en torno a las pruebas que se han tomado  a escala provincial para detectar la COVID-19. Además dejamos sentado que los múltiples cambios en el reporte diario dificultan el análisis periodístico en torno a la evolución de la pandemia. 

Enfatizamos en que es inadmisible el discurso épico implementado por el gobierno nacional respecto a quienes están en primera línea de esta emergencia. Las palabras de felicitación no se conduelen con quienes han fallecido o enfermado por falta de decisiones oportunas y claras a favor de la preservación de la salud y la vida. 

Como periodistas exigimos  transparencia e insistimos en obtener una respuesta oficial del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. Esta es la segunda carta colectiva que enviamos. Han pasado 22 días desde la primera y no hemos recibido ni siquiera el acuso de recibo por parte del ministerio de Gobierno, la Cancillería y la Secretaría General de Comunicación, instituciones que en abril de 2019 firmaron el acuerdo interinstitucional para la conformación del Comité. Demandamos que  esta instancia  esclarezca las acciones que ha realizado a favor de la preservación de la salud, la vida y las garantías laborales para ejercer la labor periodística en el país.

Ponemos en conocimiento que ante el silencio estatal, desde distintas organizaciones hemos realizado una campaña de solidaridad para apoyar la situación de más de 100 familias de periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil que han perdido sus trabajos, han enfermado o fallecido como consecuencia de su trabajo y que hasta la fecha suman por lo menos 13 muertes, encabezando  la lista de países con mayor número de profesionales de la comunicación fallecidos en el contexto de pandemia.

Es necesario que el Comité verifique la implementación de protocolos y entrega de material de bioseguridad, al igual que el acceso a la salud integral —física y psicológica—, y el respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo reporteros, fotógrafos, camarógrafos,,  conductores, personal de prensa, preprensa,  personal de limpieza, programadores, productores, asistentes de cámara, repartidores de periódicos, entre otros trabajadores de medios en Guayaquil y en todo el país.

Es urgente que el Comité, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, establezca mecanismos de verificación de las medidas tomadas por las empresas periodísticas para que no se vulneren los derechos laborales de quienes han sufrido despidos intempestivos como consecuencia de la pandemia, y que hasta la fecha pueden ser hasta 500 personas.

A pesar de que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación fue activado el 10 de abril y se ha reunido para trabajar en un protocolo de seguridad, sentimos el vacío en acciones de monitoreo y protección que  respondan a las necesidades concretas del sector. Hasta la fecha no han existido pronunciamientos oficiales que permitan conocer la situación real y los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el ámbito de la comunicación.

Es fundamental mantener reuniones constantes y concretas, a las que exigimos ser convocados para evaluar las situaciones descritas y tomar decisiones a favor de quienes están cubriendo  la pandemia por COVID-19.

La información a la que todos los ciudadanos tienen derecho, depende de las garantías que el Estado entregue a los trabajadores de la comunicación y es obligación del Comité precautelar la seguridad de los periodistas. 

Por lo expuesto, exigimos al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación:

 

  1. Que  comunique oportunamente las acciones que ha desarrollado para proteger a quienes están cubriendo la pandemia en Ecuador.
  2. Que  defina mecanismos de verificación del estado de salud física, mental y de las condiciones económicas de los periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil y en otras ciudades del país y destine las ayudas necesarias para este grupo.
  3. Que verifique que los medios de comunicación estén cumpliendo con la implementación de protocolos, entregas de material de bioseguridad y respeto de los turnos laborales de su personal en todo el país.
  4. Que inste al Ministerio de Trabajo a verificar que las decisiones de despidos tomadas por las empresas periodísticas respeten el marco jurídico respectivo y cumplan con todas las obligaciones que les corresponden.

Este manifiesto es suscrito por varias organizaciones, facultades de comunicación y  medios. Descargue el documento completo: Demandamos respuesta del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación frente a emergencia en Ecuador

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Desde que el 12 de marzo de 2020 se declaró la emergencia por la COVID-19 en Ecuador, Guayaquil es la ciudad más golpeada. Registra más de 8 mil contagios y la tasa de mortalidad de sus habitantes va en aumento. 

La prensa está ahí para constatarlo. Para informar, los periodistas luchan contra un enemigo invisible. Hay quienes buscan la noticia en las calles, y otros que, desde el aislamiento, levantan historias; incluso las de sus colegas fallecidos por la pandemia: hasta este 21 de abril, al menos trece trabajadores de medios de comunicación murieron. 

En Guayas, más de 70 comunicadores se han visto forzados a cerrar sus radios y periódicos impresos por falta de recursos. Otros no pueden pagar los salarios de sus empleados, dejándolos en estado de precariedad. La situación es tan urgente que actualmente a las y los periodistas les resulta una tarea titánica conseguir dinero para alimentar a sus familias. 

No es lo único. Hay un grupo que está confinado en su domicilio sobreviviendo a la enfermedad, pero sin recursos para medicina e imposibilitado de recibir atención en un hospital debido al colapso del sistema sanitario. Muchos son el sostén económico de su hogar.

Fundamedios junto a organizaciones de la sociedad civil como SOS Familias Guayaquil, Nos Faltan 3, Chicas Poderosas y Periodistas sin Cadenas emprendieron una campaña de donación para recaudar fondos y ayudar a quienes ahora se encuentran en una situación de riesgo y que han defendido el derecho de la ciudadanía a estar informada. 

Los fondos recaudados serán auditados para garantizar la transparencia sobre el buen uso del dinero y asegurar que llegue a las manos de quienes más lo necesitan.

 

¡Actuemos solidariamente en tiempos de coronavirus. Tu donación marca la diferencia!

#SOSPeriodistas

 

Fundamedios habilitó esta cuenta especifica para receptar sus donaciones: 

Cuenta Corriente No. 2100025062

Banco Pichincha 

El Pulpitoconsult Communication and Consulting

RUC: 1792368812001

La mañana de este 22 de noviembre, periodistas independientes, de medios privados, públicos y comunitarios participaron en el cuarto diálogo sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, impulsado por Fundamedios, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El Puerto Principal fue la sede del encuentro de este jueves.

Esta iniciativa interinstitucional tuvo en su panel a Marco Pacheco, representante de la Defensoría; Martha Roldós, directora del portal Milhojas; Francisco Rocha, presidente de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep); y Juan Manual Yépez, editor de contenidos de diario Expreso.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, dio la bienvenida a las decenas de asistentes. «La reforma a la Ley de Comunicación es una oportunidad para contar con un cuerpo legal que garantice derechos y eliminar una herramienta utilizada para la persecución», destacó la periodista. Rosario Utreras, consejera del Cordicom, explicó que las observaciones que se intercambian en el diálogo se recogen. El objetivo es entregarlas oficialmente ante la Comisión de Derechos Colectivos que discute las reformas modificaciones.

Martha Roldós, directora del portal MilHojas inició su intervención mencionando que  la LOC fue concebida como una ley de medios, para la censura y para permitir que se cometan actos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos. En ese contexto, destacó la importancia de que, tal como indican los estándares internacionales, los códigos de ética de los medios se elaboren por un Consejo de Prensa y no impuestos por el Estado. «Es importante hablar de autorregularición. Hay que reformar otras leyes como el COIP, que todavía se usa para sancionar opiniones». También insistió en que debe reformarse lo que se refiere a reserva de información. «Las restricciones se mantienen en las reformas a la LOC. Este es uno de los puntos más críticos que impide u obstaculiza el ejercicio periodístico».

El representante de la Aedep sostuvo que se se quiere una Ley de Comunicación, debe ser una que promueva derechos y que se base en estándares internacionales de Derechos Humanos. Rocha aboga por la derogación de la norma. «No se puede reformar una ley que es inconstitucional, lo que es inconstitucional debe ser derogado no reformado».

Finalmente, Juan Manuel Yépez, editor de contenidos de diario Expreso, expuso que uno de los principales problemas de la Ley vigente es la subjetividad en su aplicación. Y presentó una serie de ejemplos. «En el caso de Extra teníamos en promedio cuatro audiencias al mes. Una por semana. Y debíamos presentarnos en Quito, ante la Supercom», relató ante el auditorio.

En las próximas semanas se presentará ante la Comisión de Derechos Colectivos las relatorías de estos encuentros. Próximamente también se desarrollará un foro para exponer los puntos clave de la reforma.