Tags Posts tagged with "impunidad"

impunidad

305

Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

142

América Latina tiene una alta tasa de impunidad de crímenes contra periodistas y paradójicamente es la región que cuenta con más organizaciones de la sociedad civil que protegen el trabajo de la prensa. Así lo mencionó Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el foro El retrato de la impunidad: la violencia contra periodistas en América Latina. El encuentro se desarrolló este 8 de noviembre, en Quito.

“La violencia contra periodistas e impunidad es un binomio inseparable”, asegura Lanza tras identificar tres factores clave de agresiones a comunicadores: el crimen organizado, gobiernos autoritarios y una crisis de la democracia.

“Si hay más de 30 asesinatos de periodistas por año, centenares de amenazas, agresiones por doquier y todo esto queda impune, no hay sanción para quien es el actor de esta violencia contra quien ejerce un derecho fundamental, refuerza justamente esa violencia contra la prensa… La señal es que los periodistas son un blanco de ataque que el Estado debería proteger”, sostiene el Relator.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, cuestiona por qué, pese a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, las agresiones a la prensa no cesan. “Nosotros hacemos nuestra parte: campañas, presiones a los Estados, señalar culpables, pero siguen matando periodistas como moscas (…) ¿En qué hemos fallado?”, se cuestiona.

Ricaurte cree que el problema es estructural y muy arraigado a países con altos niveles de corrupción. “Los actores estatales lo hacen en complicidad con el crimen organizado y, muchas veces, son el crimen organizado. Esos actores son el gobernador, el teniente político, el juez o el mismo fiscal que después tiene que investigar esas agresiones. Esa convivencia entre crimen organizado y Estado es quizá uno de los factores más terribles que explican esos grados de violencia que desembocan en la prensa”, puntualiza.

Lourdes Arróliga es especialista de Medios de la Fundación Violeta Chamorro de Nicaragua, una organización que vela por los derechos de los periodistas. Asegura que en su país es muy complicado ejercer la profesión por el gobierno autoritario de Daniel Ortega, quien, amparado en la Policía Nacional, agrede la libertad de expresión.   

Desde abril de 2018 hasta abril de 2019, la Fundación ha registrado 1080 agresiones.  En sus reportes también documentan 89 casos de periodistas con exilio obligatorio y la cancelación arbitraria de la personería jurídica a ocho organizaciones de la sociedad civil. “Una cosa es conocer la cifra, pero cuando le pones rostro, cuando cuentas la historia de lo que hay detrás de esa cifra, es realmente espeluznante las amenazas a los periodistas.  Que te llamen a tu teléfono o a tu WhatsApp y que te digan: ‘ya sé dónde vives, dónde estudian tus hijas, puedes terminar incendiada o podemos violar a tus niñas’ es muy grave”, explicó.

Los expertos concordaron que es necesario crear un sistema de monitoreo preciso para que las agresiones y asesinatos a periodistas no queden impunes. Este mecanismo debería contar con apoyo de la sociedad civil del Estado. 

El foro fue organizado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, FUNDAMEDIOS, la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), IFEX-ALC en el marco del Proyecto Voces del Sur.

53

Este 19 de octubre periodistas de distintos países de América Latina respondieron a las interrogantes ¿cuáles son los peligros del ejercicio periodístico?, ¿cómo luchar en contra de la impunidad? En el foro ‘El riesgo de informar’, impulsado por FUNDAMEDIOS, Unesco y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) participaron representantes de organizaciones de Ecuador, Honduras, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay.

El encuentro contó con la presencia de autoridades nacionales como Édison Toro, superintendente de la Información y Comunicación; Danilo Silva, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom); y Rosario Utreras, consejera representante de la Defensoría del Pueblo ante el Cordicom.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, indicó que junto a los colegas de siete organizaciones de la región, que desde hace varios años monitorean la situación de la libertad de expresión y de prensa, se trabajó para unificar los sistemas de monitoreo. Colectivamente se concluyó que existen cinco elementos básicos que expresan las agresiones más extremas en contra de periodistas, las cuales pueden ser generadas por actores estatales o no estatales: asesinato, desaparición forzada, secuestro, tortura y detención arbitraria.

“Desde 2019, entre las siete organizaciones entregaremos información sobre la situación de la prensa a los Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas”, explicó Ricaurte. El objetivo es generar conciencia en la sociedad y en las autoridades para que mejoren las condiciones del ejercicio profesional del periodismo, para que los ciudadanos puedan estar mejor informados y se pueda informar sin censura. “La meta es que esto se convierta en política pública”, resaltó.

Para el desarrollo de esta estrategia se partió de que la normalización de los asesinatos de periodistas en América Latina es alarmante. La mayoría de agresiones permanece impune.

Las estadísticas reflejan una realidad. Indira Salazar, oficial de Comunicación de Unesco, señaló que en 9 de cada 10 casos los autores de los crímenes no son procesados. Además, en los últimos años, cerca de 930 periodistas han sido asesinados por informar

Los datos de Reporteros sin fronteras también son preocupantes. Eric Samson indicó que, a escala mundial, en lo que va de 2018, 57 periodistas fueron asesinados. 168 comunicadores están en la cárcel.

Honduras es uno de los escenarios más desoladores. Miriam Elvir, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre, Honduras), expuso que desde 2003 a la actualidad se han emitido más de 2000 alertas. “De 2000 a 2018 hay 73 periodistas asesinados y el 95% de casos está en la impunidad”, enfatizó.

En el sur del continente el panorama no deja de ser complejo. Alfredo Zacarías, vicepresidente del Foro de Periodistas Argentino (FOPEA), indicó que en los últimos dos años, en su país, los casos de agresiones a la prensa crecen y la mayoría proviene de actores estatales; mientras que en Bolivia, desde la llegada de Evo Morales en 2006, las restricciones y la censura han ido en aumento a través de leyes y decretos, añadió Marcelo Miralles, de la Asociación Nacional de la Prensa boliviana.

En los últimos 15 años, en Perú se han asesinado a siete periodistas. “Todos los casos están impunes”, afirmó Adriana León, del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). El 85% de homicidios, según la UNESCO, no ha sido investigado. En ese sentido, Saudia Levoyer, directora del área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB, Ecuador), acotó que el asesinato es el último escalón de una escalera que busca instaurar el miedo no solo en los periodistas, sino en la sociedad.

Frente a eso, “la impunidad es una decisión política, porque garantizar los derechos de la población es un deber de los Estados”, insistió el uruguayo Fabián Werner, del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).

Por ejemplo, en Venezuela, se enfrenta un problema estructural, relacionado con una debilidad institucional. Mariaengracia Chirinos, de Ipys, explicó que entre 2013 y 2018 68 medios impresos salieron de circulación. Solo en este año, han cerrado 22 medios. En cinco estados ya no existen periódicos.  

118

¿Cuáles son los peligros del ejercicio periodístico? ¿Cómo luchar en contra de la impunidad? Esas son las interrogantes en torno a las cuales el próximo 19 de octubre periodistas latinoamericanos reflexionarán, en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). En el foro ‘El riesgo de informar’ participarán representantes de organizaciones de Ecuador, Honduras, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay.

FUNDAMEDIOS se une a la primera etapa del encuentro Periodismo en Debate 2018 (Perdebate), organizado por la USFQ. En conjunto con otros organismos como Unesco impulsa un encuentro en donde se expondrá la realidad de siete países de la región alrededor del oficio, sus riesgos y la impunidad.   

El teatro Shakeaspeare, de la Universidad San Francisco (Cumbayá, Quito) acogerá el foro a partir de las 09:00 del próximo 19 de octubre. En la primera parte de la cita, ‘Rastreando el peligro: Monitoreo de agresiones contra periodistas’, participarán Adriana León, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS, Perú); César Ricaurte, Fundamedios (Ecuador); Alfredo Zacarías, Foro de Periodismo Argentino; Marcelo Miralles, Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia; y Eric Samson, Reporteros sin Fronteras.

A partir de las 11:00, en ‘El mecanismo de la impunidad’, intervendrán Mariaengracia Chirinos, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS, Venezuela); Miriam Elvir, Comité por la Libre Expresión (C-Libre, Honduras); Fabián Werner, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo, Uruguay); y Saudia Levoyer, Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador).

Para participar en este evento gratuito es posible registrarse en el siguiente enlace: bit.ly/2E9UhFi .   

126

Doctor
Ledy Zúñiga Rocha
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Doctor
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo

Abogado
José Serrano
Ministro del Interior

Dear Madam and Sirs,

Ecuador has been a member of the United Nations Organization since June 26, 1945, and is committed to fulfill the obligations under the various international instruments it has signed and ratified, among them the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances and the Geneva Conventions of August 12, 1949 and their Additional Protocols.

Bearing in mind that the safety of journalists and the struggle against impunity for their killers are essential to preserve the fundamental right to freedom of expression, it is necessary to take into account the importance of their work, essential to the preservation of all rights and fundamental freedoms, particularly the freedom of expression, enshrined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. Freedom of expression is an individual right, for which no one should be killed, but it is also a collective right, which empowers populations through facilitating dialogue, participation and democracy, and thereby makes autonomous and sustainable development possible.

The United Nation’s Action Plan on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity was approved on December 18, 2013. This document points out that in recent years there has been disquieting evidence of the scale and the number of attacks against the physical safety of journalists and media workers, as well as of incidents affecting their ability to exercise freedom of expression by threats of prosecution, arrest, imprisonment, denial of journalistic access, and failures to investigate and prosecute crimes against them. The General Assembly invited the agencies, funds and programs of the United Nations to work with Member States such as Ecuador, so that journalists and media workers can exercise their profession freely and safely, both in conflict and non-conflict areas, with a view to strengthen peace, democracy and development.

Journalists fulfill a broad mandate to gather information and disseminate it publicly through the press, radio or television. When performing their function, not all of them are defenders of human rights. Many journalists, however, act as such when, for example, they report abuses and acts they have witnessed, which are often sensitive issues that may put their lives at risk by the fact of sharing highly relevant information; so that there must be a minimum commitment by the State at all times to, first and foremost, protect their physical integrity and their journalistic activity.

It is necessary to specify that the aforementioned resolution urges Member States to make every effort to prevent violence against journalists and media workers, ensure accountability through impartial, prompt and effective investigations into all allegations of violence against journalists and media workers that fall within their jurisdiction, bring the perpetrators of these crimes to justice and provide the victims with the possibility of adequate legal remedies.

We respectfully remind you that on September 13, 2013, the Special Rapporteur of the United Nations for the Protection and Promotion of the Right to Freedom of Opinion and Expression and the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission Human Rights of the OAS issued a «Joint Declaration on violence against journalists and media workers in the context of social protest», ratifying the States’ obligations on this issue.

Some of the attacks against journalists recorded by our organization are:

• David Castillo, journalist and correspondent for the newspaper La Hora, on 1 and 2 October 2012, in the locality of Huaquillas – in the southern border of Ecuador – and the renowned investigative journalist Juan Carlos Calderón, received death threats after the publication of newspaper articles. In the first case, a story related to the arrest of an alleged hit man, while in the second case, because of the dissemination of an investigation related to the alleged mismanagement of the State’s reinsurance programs, through digital magazine Plan V.

• Diego Cornejo, journalist and executive director of the Ecuadorian Association of Newspaper Editors, AEDEP, on 12 May 2013, was threatened by an unidentified man who, according to Cornejo, said he was defending President Rafael Correa, while walking through a park in northern Quito.

• Xavier Bonilla, caricaturist known as «Bonil», on 11 April 2013, reported that he had received threats through social networks. This took place after President Rafael Correa discredited the caricaturist during his Saturday broadcast No. 310.

• On 20 May 2013, Ecuavisa TV station’s news team was physically attacked while attempting to record the testimonies of unsatisfied users of the medicine delivery system in the Carlos Andrade Marín public hospital, in the city of Quito.

• Hubel and Alcibiades Onofre, correspondents for two TV stations that were seized by the State, Gama and TC Televisión, on Tuesday 17 January 2012, were verbally attacked and threatened by unidentified persons in the city of Babahoyo (304 Km from Quito). The brothers attributed this to the publication of a story that romantically linked a woman accused of being the mastermind of a triple murder, to Patriotic Society member of the Assembly Galo Lara.

• Felipe Jurado and Mario Crespo, cameramen for the State operated media outlet, Ecuador TV, on 22 May 2011, were physically attacked and their equipment destroyed, while covering a police operation to control the sale of alcoholic beverages in the city of Guayaquil. Julio César Quiñónez, police commissioner, told Fundamedios that a subject, who has been fully identified, took and destroyed Crespo’s camera and his cell phone, owned by the station.

• Byron Baldeón, 1 July 2012. The freelance journalist who worked for the newspaper Extra and the rural weekly paper Impacto, in the town of El Triunfo, was shot in the head nine times and killed by unidentified men, near his home located in this town, 61 km from the coastal city of Guayaquil. The crime occurred after the journalist monitored the robbery of a container loaded with televisions, which led to the capture of three policemen on active duty and two civilians, in May 2011.

• Luis Arnoldo Ruiz, known as «Noro». On 3 September 2012, the Police found the journalist’s body, who had been killed by a bullet to the head. The journalist, who worked as a correspondent for the newspapers Extra and Expreso in the locality of Playas, located 97 km from Guayaquil, had been reported missing since the beginning of the week.

• Journalist Fausto Valdiviezo, was killed by unidentified persons on 11 April 2013 in the city of Guayaquil. Witnesses revealed to the press that the 53 year old journalist was attacked by three hooded persons who shot him several times hitting him twice in the chest and one side of his body.

• Christian Zurita, journalist for the newspaper El Universo, on 16 July 2015, was a victim of physical and verbal aggressions as he was insulted, pushed, kicked and spat at. Government supporters attacked him while covering a protest in the historic center of the capital against Mauricio Rodas, mayor of Quito. This was the second time the journalist was attacked. On 18 April 2013, Zurita was also physically attacked by provincial prosecutor Simón Lara Grueso in the border town of Esmeraldas – located 318 km north of Quito – while covering the trial of one of the accused in the drug trafficking case known as «Resurgir».

The organizations we represent demand that you, as the national authorities responsible for the safety and the rights and freedoms of all citizens, begin the necessary actions to ensure that the different attacks against journalists do not remain unpunished. The Ecuadorian State has the obligation to respect and guarantee the fundamental rights and freedoms of its citizens, and is therefore responsible of providing guarantees and protection to journalists for the full exercise of their profession.

Thank you for your attention.

Sincerely,

César Antonio Ricaurte Pérez
Executive Director
FUNDAMEDIOS

Diego Cornejo Menacho
Executive Director
AEDEP

CC.
David Kaye
Special Rapporteur for the Promotion and Protection of Freedom of Opinion and Expression

Edison Lanza
Special Rapporteur on Freedom of Expression
Inter American Commission on Human Rights

Diego Zorrilla
UN Resident Coordinator
UNDP Resident Representative -Ecuador

Lee este comunicado en español

353

CAMPAÑA:

¿Estás de acuerdo con la carta? Firma y comparte esta petición en Change.org

Doctora
Ledy Zúñiga Rocha
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Doctor
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo

Abogado
José Serrano
Ministro del Interior

De nuestra consideración:

Ecuador es miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde el 26 de Junio de 1945, por lo que está comprometido a cumplir con las obligaciones emanadas de los distintos instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales.

Tomando en cuenta la seguridad de los periodistas y la impunidad de que gozan sus agresores o asesinos, se debe tener presente la importancia de su trabajo, esencial para preservar todos los derechos y libertades fundamentales, en especial la libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La libertad de expresión es un derecho individual por el que nadie debería ser asesinado ni agredido; pero también es un derecho colectivo, que empodera a la población por medio de la facilitación del diálogo, la participación y la democracia, y, consiguientemente, permite un desarrollo autónomo y sostenible.

El 18 de diciembre de 2013 fue aprobado el Plan de Acción de las Naciones Unidas Sobre La Seguridad  de los Periodistas y la cuestión de la Impunidad.  Este documento puntualiza que en los últimos años ha habido pruebas preocupantes de la magnitud y el número de los ataques perpetrados contra la seguridad física de los periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación, así como de los incidentes que afectan a su capacidad para ejercer la libertad de expresión, como consecuencia de amenazas, detenciones, el encarcelamiento, la denegación de acceso a la prensa y la falta de investigación y procesamiento de los crímenes de los que son víctimas. La Asamblea General invitó a los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas a que trabajaran con los Estados Miembros, como Ecuador, para que los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación pudieran desempeñar su función libremente y en condiciones de seguridad, tanto en las situaciones de conflicto como en otras, con miras a fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo.

Los periodistas cumplen el amplio mandato de reunir información y difundirla públicamente por medio de la prensa, la radio o la televisión. En el desempeño de su función, no todos son defensores de los derechos humanos. No obstante, muchos periodistas actúan como tales cuando, por ejemplo, informan de abusos y actos que han presenciado, que muchas veces son temas delicados que pueden poner en riesgo su vida por el hecho de compartir información de alta relevancia; por lo que debe existir el compromiso mínimo que en todo momento debe asumir el Estado hacia los periodistas para, ante todo, proteger su integridad física como su actividad periodística.

Es necesario precisar, que la resolución antes mencionada, insta a los Estados miembros a que hagan todo lo posible por prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, asegurar la rendición de cuentas por medio de la realización de investigaciones imparciales, prontas y eficaces de todas las denuncias de presuntos actos de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que competan a su jurisdicción, llevar a los autores de esos delitos ante la justicia y ofrecer a las víctimas posibilidades de recurso apropiadas.

Nos permitimos recordar a ustedes además que el pasado 13 de septiembre de 2013 el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hicieron pública una “Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales” ratificando las obligaciones estatales en torno a este tema.

Algunas agresiones a periodistas registradas por nuestra organización son las siguientes:

• David Castillo, periodista y corresponsal de diario La Hora, el 1 y 2 de octubre de 2012, en la localidad de Huaquillas –en la frontera sur del país-, y el reconocido periodista de investigación Juan Carlos Calderón fueron amenazados de muerte tras la publicación de notas periodísticas. En el primer caso, se trató de una noticia relacionada a la detención de un presunto sicario, mientras que en el segundo caso, por la difusión de una investigación relacionada con el supuesto mal manejo en los reaseguros del Estado, en la revista digital Plan V.

• Diego Cornejo, periodista y director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, el 12 de mayo de 2013, fue amenazado por un desconocido quien, según Cornejo, dijo que defendía al presidente Rafael Correa, mientras caminaba por un parque en el norte de la ciudad de Quito.

• Xavier Bonilla, caricaturista conocido como “Bonil”, el 11 de abril de 2013 denunció que había sido víctima de amenazas a través de las redes sociales. Los hechos ocurrieron tras descalificaciones proferidas por el presidente Rafael Correa durante su Enlace Ciudadano No. 310.

• El 20 de mayo de 2013, el equipo periodístico de la estación televisiva Ecuavisa fue agredido físicamente mientras intentaba tomar testimonios de usuarios inconformes con la entrega de medicinas en el hospital público Carlos Andrade Marín, de la ciudad de Quito.

• Hubel y Alcibiades Onofre, periodistas corresponsales de los medios incautados Gama y TC Televisión, el martes 17 de enero de 2012, fueron agredidos verbalmente y amenazados por desconocidos en la ciudad de Babahoyo (a 304 Km de Quito). Los hermanos atribuyen este hecho a la publicación de una noticia que vincula sentimentalmente a una mujer acusada de ser la autora intelectual de un triple asesinato, con el asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara.

• Felipe Jurado y Mario Crespo, camarógrafos del medio estatal Ecuador TV, el 22 de mayo de 2011, fueron agredidos físicamente y sus equipos destruidos, durante la cobertura de un operativo policial para el control del expendio de bebidas alcohólicas, en la ciudad de Guayaquil. Julio César Quiñónez, intendente de policía aseguró a Fundamedios que un sujeto, que ha sido plenamente identificado, le quitó y destruyó la cámara a Crespo, al igual que su teléfono celular, de propiedad del canal.

• Byron Baldeón, 1 de Julio de 2012. El periodista freelance de diario Extra y del semanario rural Impacto, en la ciudad El Triunfo, fue asesinado por desconocidos con nueve tiros en la cabeza, cerca de su domicilio, ubicado en dicha localidad, a 61 Km de la ciudad costera de Guayaquil. El crimen ocurrió tras haber realizado el seguimiento del robo a un contenedor cargado de televisores del que fueron capturados tres policías en servicio activo y dos civiles, en mayo de 2011.

• Luis Arnoldo Ruiz, conocido como “Noro”. El 3 de septiembre de 2012, la Policía halló el cuerpo del periodista, asesinado con un balazo en la cabeza. El comunicador, quien trabajaba como corresponsal de los diarios Extra y Expreso en la localidad de Playas, ubicada a 97 Km de Guayaquil, había sido reportado como desaparecido desde inicios de la semana del asesinato.

• El periodista  Fausto Valdiviezo,  el 11 de abril de 2013 fue asesinado por desconocidos en la ciudad de Guayaquil. Testigos revelaron a la prensa que el periodista de 53 años de edad habría sido atacado por tres sujetos encapuchados quienes le habrían propinado varios disparos, de los cuales dos de ellos habrían impactado en su pecho y en un costado de su cuerpo.

• Christian Zurita, periodista de diario El Universo, el 16 de julio de 2015 fue víctima de agresiones físicas y verbales, como insultos, empujones, patadas y escupitajos. Simpatizantes del gobierno lo agredieron mientras cubría un plantón de protesta en el centro histórico de la capital contra Mauricio Rodas, Alcalde de Quito. Esta es la segunda ocasión que agreden al periodista, ya que 18 de abril de 2013, Zurita, fue agredido físicamente por el fiscal provincial Simón Lara Grueso, en la localidad fronteriza de Esmeraldas -ubicada a 318 Km al norte de Quito- cuando cubría la audiencia de juzgamiento de uno de los involucrados en el caso de narcotráfico denominado “Resurgir”.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las organización a las que representamos exigimos a ustedes, en su calidad de autoridades nacionales responsables de la seguridad y los derechos y libertades de los ciudadanos, den inicio a las acciones respectivas que no dejen en la impunidad las distintas agresiones que se han dado en contra de periodistas. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, correspondiéndole, por lo tanto, brindar garantías y protección a los periodistas para el ejercicio pleno de su profesión y labores.

Por su atención favorable quedamos de ustedes muy agradecidos.

Atentamente,

César Antonio Ricaurte Pérez
Director Ejecutivo
FUNDAMEDIOS 

Diego Cornejo Menacho
Director Ejecutivo
AEDEP

C.C.
David Kaye
Relator Especial para la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión

Edison Lanza
Relator Especial de Libertad de Expresión de la OEA

Diego Zorrilla
Coordinador Residente ONU
Representante Residente UNDP-Ecuador

123

Quito, 15 de abril de 2014

Estimado Señor doctor
Galo Chiriboga
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

En su despacho.-

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, mediante la presente exponemos nuestra preocupación e inquietud en torno al asesinato del periodista Fausto Valdiviezo, al cumplirse un año del crimen del cual aún no se ha hecho justicia.

Como lo reiteramos en una misiva anterior, durante los primeros meses de la etapa de investigación se produjeron hechos desconcertantes y salieron a la luz nuevas pistas que son claramente contradictorias a las versiones oficiales.

Nuestra principal inquietud es que al haber transcurrido un año desde el cometimiento del crimen no se han establecido responsables del hecho, tampoco se ha esclarecido, ni el móvil del mismo, ni la relación que tiene la víctima con las cinco personas actualmente procesadas, de las cuales, el principal acusado como presunto autor intelectual está prófugo. También es cuestionable que la audiencia de juzgamiento haya sido postergada en tres ocasiones.

De los hechos se desprende que el 25 de septiembre, la Fiscalía del Guayas acusó a cinco de los seis involucrados en el asesinato de Valdiviezo. Sin embargo, la familia del periodista, a través de su abogado, el Dr. Julio César Cueva, ha expresado su insatisfacción y ha solicitado en reiteradas ocasiones que se siga investigando, porque, a su criterio, entre los acusados “no están todos los responsables”, además, que la familia ha asegurado desconocer a estas personas y cualquier vínculo con el fallecido.

En la misiva anterior también mencionamos que desconcierta el hecho de que tras el asesinato, la policía allanó la vivienda del comunicador y registró sus pertenencias-como lo denunció su hijo el pasado 13 de abril a través de la red social Twitter y que fue corroborado por el abogado de la familia quien confirmó que se trataba un procedimiento “inusual”, tomando en cuenta que el asesinato ocurrió en otro lugar-.

Asimismo, llama la atención que, a escasos cuatro días de ocurrido el asesinato del periodista, el Ministro del Interior José Serrano, descartó públicamente una posible relación entre el crimen y a la actividad periodística que, desde hace 30 años, venía realizando Valdiviezo. Esto a pesar de que el 5 de junio del presente año, Luz América Moscoso, madre del comunicador dio nuevas pistas a la Fiscalía tras declarar que su hijo, quien sufrió un atentado la noche anterior a su muerte, le había comentado que sospechaba de un directivo de un medio incautado, al cual Valdiviezo estaba investigando.

Antes, en una versión rendida el pasado 17 de mayo por Pedro César Jiménez Avelino, padrastro de la exesposa de Valdiviezo, afirmó que el periodista “sabía quién o quiénes podrían atentar contra su vida, pero no me indicó en ese momento de qué persona se trataba ni por qué motivo lo iban a  hacer, solamente me dijo que estaban haciendo unas investigaciones y que lo que él sabía, iba a causar un revuelo social”. En esta versión también se nombró al directivo del medio incautado. Sin embargo, el abogado de la familia señaló que esta versión “sospechosamente la tenía la policía judicial y hasta el día dehoy no ha aparecido en el expediente”.

En otro hecho, el pasado 23 de mayo, y tras anunciarse la detención de siete personas presuntamente sospechosas del crimen, el Ministro Serrano aseguró, en rueda de prensa, que existe “una relación inusual” entre Valdiviezo y las personas detenidas que pertenecían a una banda de delincuentes que podría estar vinculada al tráfico de drogas, usura y trata de personas. En esa rueda de prensa el funcionario no supo explicar a los periodistas de qué se trataba el tipo de relación de la que hablaba, pero sí dejó entrever que Valdiviezo podría estar relacionado con los bandidos, porque atravesaba una situación económica difícil.  Estas declaraciones generaron el rechazo de los familiares del periodista, quienes enviaron una carta al Ministro para que esclareciera el tipo de relación a la que hacía mención el funcionario ya que, consideraron que el término de “inusual”, ensuciaba la memoria de Valdiviezo.

Asimismo, de los hechos se conoce que el esposo de la única persona detenida por este caso como supuesta cómplice, fue asesinado. Sin embargo, no se ha aclarado si esto tiene relación alguna con el crimen de Valdiviezo.

Por demás, sorprende en ese sentido, que habiendo transcurrido un año del lamentable crimen existan más interrogantes que certezas.

Por todo lo expuesto, como organización de la sociedad civil legalmente constituida y en cumplimiento de nuestro derecho constitucional a elevar peticiones a las autoridades y funcionarios públicos, le insistimos, Señor Fiscal: que se llegue a los verdaderos culpables y a las verdaderas causas del asesinato del periodista Fausto Valdiviezo. Es por demás inadecuado, que se haya desechado a priori que las causales del crimen estén relacionadas a la actividad periodística de la víctima, cuando existen testigos claves que han señalado que Fausto Valdiviezo había dado pistas de las posibles causas y culpables de cualquier hecho de violencia que podría darse en su contra. Esto no abona a la confianza en la transparencia de las investigaciones.

Atentamente,

César Ricaurte

Director Ejecutivo

FUNDAMEDIOS

76

Quito, 14 de junio de 2013

Estimado Señor doctor
Galo Chiriboga
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

En su despacho.-

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios. Mediante la presente nos permitimos exponerle las siguientes inquietudes: A dos meses del asesinato del periodista Fausto Valdiviezo, ocurrido el pasado 11 de abril de 2013 en Guayaquil, hay hechos que desconciertan y pistas que contradicen las versiones oficiales.

Una de ellas es que, a pesar de la detención de nueve personas presuntamente vinculadas con el crimen, aún no se han esclarecido; ni el móvil del mismo, ni la relación entre los sospechosos y la víctima.

Desconcierta, además, que tras el lamentable hecho, la Policía haya allanado la vivienda del comunicador y registrado sus pertenencias, como lo denunció su hijo el pasado 13 de abril a través de la red social Twitter. Hecho que fue corroborado por el abogado de la familia, Julio César Cueva, quien confirmó que se trataba un procedimiento “inusual”, tomando en cuenta que el asesinato ocurrió en otro lugar.

Asimismo, llama la atención que, a escasos cuatro días del asesinado del periodista, el ministro del interior José Serrano ya haya descartado públicamente una posible relación entre el crimen y a la actividad periodística que, desde hace 30 años, venía realizando Valdiviezo. Esto a pesar de que el 5 de junio del presente año, Luz América Moscoso, madre del comunicador dio nuevas pistas a la Fiscalía, tras declarar que su hijo, quien sufrió un atentado la noche anterior a su muerte, le había comentado que sospechaba de un directivo de un medio incautado, al cual Valdiviezo estaba investigando.

Antes, en una versión rendida el pasado 17 de mayo por Pedro César Jiménez Avelino, padrastro de la exesposa de Valdiviezo, afirmó que el periodista “sabía quién o quiénes podrían atentar contra su vida, pero no me indicó en ese momento de qué persona se trataba ni por qué motivo lo iban a  hacer, solamente me dijo que estaban haciendo unas investigaciones y que lo que él sabía, iba a causar un revuelo social”. En esta versión también se nombró al directivo del medio incautado. Sin embargo, el abogado de la familia señaló que esta versión “sospechosamente la tenía la policía judicial y hasta el día de hoy no ha aparecido en el expediente”.

En otro hecho, el pasado 23 de mayo, y tras anunciarse la detención de siete personas presuntamente sospechosas del crimen, el Ministro Serrano aseguró, en rueda de prensa, que existe “una relación inusual” entre Valdiviezo y las personas detenidas que pertenecían a una banda de delincuentes que podría estar vinculada al tráfico de drogas, usura y trata de personas. En esa rueda de prensa el funcionario no supo explicar a los periodistas de qué se trataba el tipo de relación de la que hablaba, pero sí dejó entrever que Valdiviezo podría estar relacionado con los bandidos porque atravesaba una situación económica difícil.  Estas declaraciones generaron el rechazo de los familiares del periodista, quienes enviaron una carta al Ministro para que esclareciera el tipo de relación del que hablaba el funcionario ya que consideraron que el término de “inusual”, ensuciaba la memoria de Valdiviezo.

Finalmente, tampoco es clara la relación que podría tener Ingrid Soraya León Bermúdez, identificada por la Policía como presunta autora intelectual del asesinato del periodista y su sobrina, quienes se habrían entregado de manera voluntaria el pasado 27 de mayo en medio de un confuso incidente en el que la sobrina habría intentado suplantar la identidad de su tía.

Por demás, sorprende en ese sentido, que no se haya establecido o por lo menos se haya informado, acerca del móvil que habría motivado al cometimiento del delito por parte de los acusados.

Por todo lo expuesto, como organización de la sociedad civil legalmente constituida y en cumplimiento de nuestro derecho constitucional a elevar peticiones a las autoridades y funcionarios públicos, solicitamos, Señor Fiscal:

  1. Que se conduzca las investigaciones con la debida transparencia y se ofrezca información veraz, verificada, contextualizada para que la prensa pueda informar de esa manera a los ciudadanos
  2. Que se llegue a los verdaderos culpables y a las verdaderas causas del asesinato del periodista Fausto Valdiviezo. Es, por demás, inadecuado que se haya desechado a priori los causales relacionados a la actividad periodística de la víctima, cuando existían testigos claves que habían señalado que Fausto Valdiviezo había señalado causas y culpables de cualquier hecho de violencia que podría darse en su contra. Esto no abona a la confianza en la transparencia de las investigaciones.
  3. Que no se intente manchar el nombre del periodista con insinuaciones que no se sustentan ni se explican de forma clara y que se piense en los familiares de la víctima que viven momentos muy difíciles.

Atentamente,

César Ricaurte
Director Ejecutivo

  • CC/ Paúl Ponce, Fiscal Provincial del Guayas
  • José Serrano, Ministro del interior
  • Carlos Lauría, Comité para la Protección de los Periodistas CPJ
  • Frank La Rue, Relator Especial ONU
  • Catalina Botero, Relatora Especial CIDH/OEA
  • Periodistas y medios de comunicación nacionales e internacionales

Carta en PDF

ENGLISH VERSION

Quito, June 14, 2013

Doctor
Galo Chiriboga
National Prosecutor General
Quito, Ecuador.

The Andean Foundation for the Observancy and Study of the Media (FUNDAMEDIOS), kindly adress you in order to present some questions about facts regarding the death of journalists Fausto Valdivieso which are of our most serious concern:

It´s been two months since journalist Fausto Valdivieso was murdered on April 11 of 2013 in the city of Guayaquil. Up tp this date, there are some versions that contradict the official statements on the matter, as well as puzzling clues around the facts of the killing.

For instante, in spite of the fact that up untill now some nine people have been detained for being allegedly involved in the crime, it has not been clarified yet. Neither the motives nor the links of those arrested with the crime itself has been dully explained to the public.

It is baffling that after the crime took place, police agents searched Valdivieso´s home and registered his belongings. His son publicly denounced these actos on Twitter on April 13, as well as the family attorney, Julio Cesar Cueva, who indicated that this was an unusual procedure, considering that the murder someplace else.

 It is quite strange that only after four days after the investigations began, José Serrano, Minister of the Internal Affairs, already made public statement discarding that the murder might be related to Mr. Valdivies´s 30 years of journalistic work. All these, in spite of the fact that on June 5, 2013, Valdivieso´s mother, Luz América Moscoso, provided new evidence to the Prosecutor´s Office, in which she indicated that his son had been shot the night before he was murdered, and that he feared that the Director of a State-administrated network that Valdivieso was investigating might be behind this attack.

Also, Mr. Pedro Jiménez Robalino, former father in law of Valdivieso, testified on May 17 indicating that “the journalist knew who where the ones that were threatening his life,but  he did not mentioned any names or the reasons why he could be attacked.He just mentioned he was in the middle of some investigations that would cause a huge impact”. Mr. Jiménez Robalino also mentioned the name of the State-administrated network that Ms. Moscoso did in her statement. The family attorney indicated that “it is quite strange that these versions have not been included in the file that the Judicial Police is currently building for the case”.

Another strange fact is that on May 23 2013, after the arrest of seven people that were presumably related to the crime was made public, Minister Serrano held a press conference to talk about this case. Serrano indicated that “there was an unusual relationship between Valdivieso and the detainees, who where members of a criminal group that might have been involved in drug dealing, trafficking in persons, and usury. Nevertheless, the Minister failed to explain what kind of relationship he was talking about, but it was implied that Valdivieso might have been doing bussiness with the crooks. “He was in a precarious economic situation”, Serrano argued.

These statements  were rejected by Valdivieso´s family. They sent a letter to Minister Serrano requesting that he clarifies his statement, in particular those related to the alleged “unusual relationship”, and complained that such affirmation stainted Valdiviesos image after death.

Finally, it is still unclear the links between detainee Soraya León Bermúdez and her niece with the crime.While the Police mentions León as the mastermind behind Valdivieso´s murder, and both her and her niece turned themselves in on May 27 past in the midst of a very confusing incident, it is, no conclusive evidence on their responsibility or motives behind Valdivieso´s murder have been made public.

Therefore, as a legally existing civil society organization, and excersising our right to address letters and requests to any public authority, we request to the Prosecutor General :

1.    Investigations must be carried out with due transparency, providing the press and the public in general accurate, verified and contextualized information on this matter.

2.    That the truth behind Fausto Valdivieso´s murder in unraveled, by determining the perpetrators and the motives behind the crime. It is inadequate that the possible relation between Valdivieso´s murder and his works as a journalist  was discarded from the investigation prima facie, when some witnesses had told the Police that Valdivieso himself had indicated who could his possible attackers be, as well as the reasons for such attacks. These facts take credibility from the on-going investigation.

3.    Public authorities must refrain from tainting Valdivieso´s memory with unfounded accusations or vague statements that are not even proved, considering in particular, the harsh and hurtful situation that his family is currently facing.

Bestregards,

César Ricaurte
Executive Director

  • CC/ Paúl Ponce, Provincial Prosecutor of El Guayas
  • José Serrano, Ministerof Internal Affairs
  • Carlos Lauría, Senior Americas Program Coordinator for the Committee to Protect Journalists.CPJ
  • Frank La Rue, UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression
  • Catalina Botero, Special Rapporteur on Freedom of Expression of the Organization of American States.
  • National and International Press.

75
En el marco del Día Mundial Contra la Impunidad, que se celebra cada 23 de noviembre, IFEX-ALC, el capítulo de América Latina de la Red Internacional de organizaciones que promueven y defienden la libertad de expresión (IFEX), y de la cual hace parte Fundamedios, lanza el Informe anual de impunidad 2012: Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y el Caribe.Este informe resalta la situación de impunidad por ataques contra periodistas en 12 países de la región, entre ellos,Ecuador, Colombia, México, Honduras y Brasil. Cada capítulo desarrolla un análisis del contexto social y judicial de cada país, en el que se presentan fenómenos de violencia e impunidad contra los comunicadores.Igualmente, por cada país, el informe expone un caso emblemático. Para Ecuador, se resalta las agresiones contra medios de comunicación y periodistas, que en el  país superan el medio millar en cuatro años, que no son investigados porcentualmente y donde el Estado resulta el mayor agresor.

Informe completo Aquí o el capítulo Ecuador Aquí
El lanzamiento del informe de IFEX-ALC, se lleva a cabo en Ciudad de Guatemala, con el apoyo de CERIGUA, el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, y coincide con las actividades del Día Mundial Contra la Impunidad, una fecha que conmemora el aniversario de la masacre de Ampatuan, ocurrida en Filipinas en 2009, donde 32 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados.

 

 

85

Washington D.C., 6 de julio de 2012. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del fotógrafo Byron Baldeón, ocurrido el 1 de julio en El Triunfo, localidad cercana a Guayaquil, en Ecuador.

De acuerdo con información recibida, al llegar a su casa el 1 de julio, dos hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon al periodista en repetidas ocasiones. En mayo pasado, Baldeón, en ejercicio de su profesión, habría tomado una serie de fotografías de la escena de un hurto. La investigación judicial de dicho delito habría conducido a la vinculación de varios policías. Posteriormente Baldeón había sido llamado a testificar sobre tales hechos. El fotógrafo era colaborador del periódico Extra, donde fueron publicadas las fotografías.

La Relatoría Especial llama a las autoridades a actuar de manera oportuna para establecer la autoría y las causas del crimen, juzgar y condenar a sus responsables y exigir de estos una adecuada reparación a los familiares de la víctima. La violencia contra los y las comunicadoras no sólo representa un ataque directo e inaceptable contra las víctimas sino que afecta a la sociedad en su conjunto puesto que tiene un efecto disuasivo para el libre intercambio de información e ideas.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: «El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas un a reparación adecuada».

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/. Si desea dejar de recibir los comunicados de la Relatoría Especial, por favor escriba un mensaje electrónico a cidh-expresion@oas.org(o simplemente responda a este mensaje) y escriba en el tema: «cancelar suscripción».

 

 

PRESS RELEASE

R77/12

 

OFFICE OF THE SPECIAL RAPPORTEUR CONDEMNS MURDER OF PHOTOGRAPHER IN ECUADOR

 

Washington, D.C, July 6, 2012 The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) condemns the murder of photographer Byron Baldeón, which took place on July 1st in El Triunfo, a town located near Guayaquil, in Ecuador.

According to the information received, two armed men on a motorcycle shot the photographer several times on the afternoon of July 1st as he arrived home. In May, while exercising his profession, Baldeón had taken photographs of the scene of a robbery. The criminal investigation revealed that several policemen were involved in the robbery. Later, Baldeón was subpoenaed as a witness to the crime. The photographer was as a freelance collaborator of the newspaper Extra, where the pictures were published.

The Office of the Special Rapporteur urges the authorities to act in a timely manner to identify the masterminds and the causes of this crime, to prosecute and sanction the responsible parties, and to demand that they provide adequate reparations to the victim’s next of kin. Violence against journalists and other communicators represents an unacceptable attack not only on the victims but on society as a whole, as it has a chilling effect on the free flow of information and ideas.

Principle 9 of the Declaration of Principles on Freedom of Expressionstates: «The murder, kidnapping, intimidation of and/or threats to social communicators, as well as the material destruction of communications media violate the fundamental rights of individuals and strongly restrict freedom of expression. It is the duty of the state to prevent and investigate such occurrences, to punish their perpetrators and to ensure that victims receive due compensation.»

The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression was created by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to encourage the defense of the right to freedom of thought and expression in the hemisphere, given the fundamental role this right plays in consolidating and developing the democratic system.

For more information on the Office of the Special Rapporteur, please visit:http://www.cidh.oas.org/relatoria/index.asp?lID=1. If you would like to unsubscribe from the e-mailing list of the Office of the Special Rapporteur, please write an electronic mail to cidh-expresion@oas.org (or simply reply to this message) and write «unsubscribe» in the subject.