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Este miércoles 16 de diciembre se proyectó el documental “Nos faltan 3” en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manta. Este documental nos cuenta de manera cronológica los hechos del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. 

Este Foro contó con la participación de Ana Cevallos de Rivas cuñada de Paúl Rivas, Patricio Ramos ex corresponsal en Jefe de Diario El Comercio en Manabí, Hernán Lucas periodista independiente, Gabriela Loja autora del documental y como moderadora Diana Zavala, periodista independiente y activista.

En este Foro, Ana Cevallos de Rivas, cuñada de Paúl Rivas manifestó que el documental visibiliza la secuencia cronológica dolorosa de un acontecimiento que afectó tanto a las familias como al país entero. También indicó que las familias de las víctimas se convirtieron en investigadores y periodistas con la finalidad de esclarecer los hechos, debido a la falta de actuación del Estado. 

Ana también expresó su indignación por la liberación de dos detenidos en Colombia debido a la negligencia de la Fiscalía General de la Nación de este país y de la falta de acciones coordinadas por parte de la Fiscalía de Ecuador, institución que no ha avanzado en las investigaciones debido a la clasificación de la información por parte del Estado. 

Hernán Lucas, indicó que los periodistas no tienen seguridad en el ejercicio de su profesión, de parte del Estado y de los dueños de los medios de comunicación. “Todos los ecuatorianos fueron testigos de los hechos que se desarrollaron en torno al secuestro de Javier, Paúl y Efraín y saben que el gobierno debe respuestas a distintas interrogantes.”

Patricio Ramos, señaló su inquietud por la ausencia de los Directores de El Comercio en el documental. “Parte medular, cuando uno sale de cobertura es la asignación del Diario, quienes deben asegurarse que el periodista cuente con todos los protocolos de seguridad”. A su vez señaló la importancia de contar con estos espacios para poder dialogar y evidenciar las necesidades que los periodistas enfrentan diariamente en el ejercicio de su profesión.

 Gabriela Loja, autora del documental aclaró que la ausencia de Directores de El Comercio en este trabajo audiovisual se debe a la falta de colaboración que los mismos tuvieron, así como autoridades que formaron parte del comité de crisis y se negaron a dar más información respecto al caso. 

Loja también indicó que durante la realización del documental evidenciaron que parte del protocolo de seguridad del medio consiste en mantener contacto frecuente con los periodistas que realizan coberturas como sucedió en el caso de Javier, Paúl y Efraín. “En Ecuador no existen manuales o protocolos de seguridad para periodistas que realizan coberturas. A raíz del caso Nos Faltan 3 se trabajaron distintos modelos pero estos no incluyen la participación de todos los actores involucrados.” 

Diana Zavala, también señaló que en distintos trabajos periodísticos se señaló que otro equipo del Diario El Comercio, visibilizó la complejidad de la situación y alertó a los compañeros, por lo que no se explica la falta de medidas de seguridad tomadas por el Diario. También resaltó la importancia de verificar si el trabajo realizado por Javier, acerca del diálogo de agentes estatales con miembros de la organización delictiva influyó en el desenlace obtenido. 

Finalmente, Zavala indicó que este documental es una pieza importante para evidenciar la ausencia de acciones de protección para los periodistas, ya sea por el Estado o por los medios para los que se trabaja. 

Se espera poder contar con distintas proyecciones del documental Nos Faltan 3 a nivel nacional. Este trabajo audiovisual tuvo su lanzamiento en el Cine Ocho y Medio de la ciudad de Quito, en noviembre del presente año, y ya ha sido proyectado en las  ciudades de Guayaquil, Portoviejo y Manta. 

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Ecuador, 11 de diciembre del 2020. La veeduría ciudadana Nos Faltan Tres realizó el Foro: A un año del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ¿Ha cunplido el Estado? con el propósito de analizar las recomendaciones realizadas por el Equipo Especial de Seguimiento (ESE) presentadas el 12 de diciembre del 2019 y que involucran a múltiples instituciones del Estado ecuatoriano.

El 26 de marzo de 2018, a la medianoche, los medios de comunicación del país difundieron la noticia del secuestro de quienes integraban el equipo periodístico de El Comercio Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Días más tarde, luego de fallidas negociaciones, se confirmó el asesinato de los mismos.

Frente a estos hechos surgieron varios reclamos e interrogantes acerca de la actuación del gobierno frente al secuestro del equipo periodístico. Por esta razón, el Estado Ecuatoriano conjuntamente con los familiares de las víctimas solicitaron a la CIDH su intervención en el esclarecimiento de los hechos desarrollados en el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín.

De esta manera la CIDH conformó el ESE, quienes remitieron el Informe que analiza las omisiones del Estado y la Fiscalía, en torno a la investigación de los hechos que llevaron al secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín. 

César Ricaurte, Director de Fundamedios, aseguró que un año después, el Estado ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones de la CIDH. Explicó además el trabajo realizado desde la Veeduría Nos Faltan Tres como una serie de acciones para que los Estados asuman su responsabilidad en este crimen y luego acojan las recomendaciones.

Entre las principales recomendaciones está:

  1. Revisión de procedimientos internos para mejorar la cooperación internacional.
  2. Analizar el material decomisado en investigaciones, y las pruebas relacionadas con el funcionamiento de la organización criminal mediante un plan de investigación. 
  3. Reexaminar la información que reposa en las extracciones forenses de telefonía móvil y computación.
  4. Evitar la revictimización de Javier, Paúl y Efraín en las investigaciones debido a su trabajo periodístico
  5. Examinar las descoordinaciones y omisiones del Estado.
  6. Desclasificar la información en poder de las F.A.  de Ecuador.
  7. Designar una comisión especial que garantice a las familias acceso a la información en manos de entidades. 
  8. Crear mecanismos de reparación integral a los familiares
  9. Crear un Comité de Protección de Periodistas, y crear un protocolo de intercambio de información con Colombia

Otras acciones de la veeduría fueron envío de solicitud de información e insistencia de cumplimiento de recomendaciones  a entidades como la Fiscalía General del Estado, Presidencia de la República, Ministerio de Gobierno, Ministerio Defensa, Asamblea Nacional, Comité de Protección de Periodistas; Consejo de Participación Ciudadana 

Ricaurte destacó que ha existido falta de cooperación por parte de las entidades del Ejecutivo en la desclasificación de la información ya que las entidades del Estado no entregan la información a pesar que en casos de DD.HH no se puede clasificar la información y dificulta que se llegue a la verdad y a la justicia y hace que los casos queden en la impunidad.  Destacó la inoperancia en la Fiscalía General del Estado en el desarrollo de las investigaciones y estamos frente a un caso que se podrá prolongar por años hasta que exista voluntad política para desclasificar la información, una clara falta de actuación por parte de esta entidades.   Además la falta de actuación política por parte de entidades que tienen facultades fiscalizadoras e investigativas con una ausencia total de la Defensoría del Pueblo en este caso y la falta de acompañamiento y actuación por parte de instituciones nacionales de Derechos Humanos. “No vamos a parar hasta que exista una reparación y se conozca la verdad” aseguró. 

Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH aseguró que hay un insumo producido con estándares técnicos con el liderazgo de su predecesor, Edison Lanza, y que este es un informe inédito en la historia de organismos e instrumentos internacionales con una investigación del asesinato a periodista y es un insumo valioso y util para los Estados es su obligación  de  sancionar:  “tras un año estas recomendaciones siguen siendo vigentes”  

Dentro del Foro, Soraya Constante de Periodistas Sin Cadena dijo que hubo omisiones por parte del Estado y la más importante fue la descoordinación entre las instituciones y tres años después no hay resultado de las investigaciones. Tampoco tomarse en serio la protección para periodistas en zonas de riesgo. Sobre el Comité de Protección de Periodistas sostuvo que no ha tenido resultados concretos y fue una solución parche. 

Angela Caro de la Fundación para la libertad de prensa aseguró que en 2018 ambos Estados anunciaron varias acciones pero ha sido un camino que se va alargando en busca de la verdad y la justicia. Sostuvo que el Estado no ha asumido compromisos en la investigación del caso y el Estado Colombiano no ha aclarado muchos temas pendientes y la zona de frontera sigue siendo una zona de riesgo para el trabajo periodístico. 

En representación del Colectivo Nos Faltan Tres habló Ricardo Rivas quien recordó que a los estados de Ecuador ni Colombia no les interesa seguir investigando ya que se ha priorizado la imagen porque saben que una verdadera investigación afectará la imagen de los gobiernos. “Colombia  no quiere investigar más allá de quien jaló el gatillo y Ecuador está a la espera de la información de las entidades”. 

La Veeduría Ciudadana Nos Faltes Tres continuará realizando acciones para evitar la impunidad en este caso . 

INFORME ESE 2020

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Ecuador, 01 de diciembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3 conformada por FUNDAMEDIOS, INREDH, Periodistas Sin Cadenas, Colectivo Nos Faltan 3, y ASFADEC, se reunió ayer con el director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Daniel Vejar, y con el fiscal encargado del caso, Nelson Guano. 

En esta reunión se analizó el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Equipo de Seguimiento Especial- ESE a la Fiscalía, así como las acciones realizadas por esta Institución en cuanto a las investigaciones pertinentes del caso, considerando que el tiempo legal establecido en el Código Orgánico Integral Penal para la fase de investigación previa ha concluido y que hasta la fecha no se han obtenido resultados por parte de esta Institución. 

César Ricaurte y Lidia Rueda, representantes de la Veeduría Ciudadana, señalaron la importancia de avanzar con las investigaciones de acuerdo a las recomendaciones específicas establecidas por el órgano de la CIDH, con la finalidad de que este caso no quede en la impunidad. 

Los representantes de la Fiscalía General del Estado señalaron, sin entrar en detalles por la reserva en que se encuentran las investigaciones, que una de las razones principales para la falta de avances ha sido la falta de colaboración por parte de las instituciones del Estado que manejan información necesaria para realizar las investigaciones correspondientes, mismas que han clasificado dicha información como reservada, pese a tratarse de un grave caso de violación de Derechos Humanos, lo cual es contrario a la Constitución de la República.  

Asimismo, el fiscal Nelson Guano señaló que desde que avocó conocimiento del caso en julio del presente año, se han realizado distintas insistencias a dichas instituciones sin resultados. En este caso, reiteraron el compromiso por parte de la Fiscalía de avanzar con las investigaciones correspondientes por el tiempo que sea necesario. 

La Veeduría Ciudadana continuará con las acciones que permitan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de desclasificación de la información por parte de las distintas instituciones del Estado, toda vez que no existe ningún sustento legal ni constitucional para mantener la información en reserva, en especial al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos. 

Veeduría Ciudadana Caso Nos Faltan 3

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Ecuador, 27 de noviembre del 2020. En Guayaquil se realizó la representación del Documental Nos Faltan 3 que relata los principales momentos del secuestro y asesinado del equipo periodístico de El Comercio, ocurrido en 2018 en la frontera colombo ecuatoriana. 

Gabriela Loja, una de las autoras del documental, dijo que se trata de una recopilación histórica de hechos narrados en forma cronológica del asesinato de Javier, Paúl y Efrain y que el objetivo es mantener latente la memoria. 

¿Cómo nace el documental, las motivaciones y cómo fue el acceso a la información? fue la pregunta que realizó Billy Navarrete del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos para impulsar el conversatorio. 

Luego del documental, Gabriela Loja aseguró que escogieron este tema por el impacto que tuvo cuando cursaba el último año de la carrera de comunicación pues nos cuestionamos ¿qué hubiera pasado si nos pasaba a nosotras? Otro tema que les motivo es la desinformación que hubo alrededor del caso y la poca acción por parte de las actividades. 

Sobre el escaso acceso a la información por parte de las autoridades y directivos de Diario El Comercio las autoras del documental sostienen que hasta el final no pudieron obtener respuestas y recurrieron a los testimonios de familiares, colegas y amigos. 

Diego Cazar, de La Barra Espaciadora, dijo que celebra el ejercicio de memoria del Documental que marcó un antes y un después en la libertad de expresión en Ecuador pues significó la amenaza de esta libertad contra toda una sociedad.  Como sociedad debemos recordar que preservar la seguridad del ejercicio periodístico protege los derechos de toda una sociedad y que está viva en democracia.  

Cazar recordó que el Estado Ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y destacó la indolencia de las autoridades del Ecuador que no han desclasificado los documentos del caso y no han cumplido su palabra.

Loja aseguró que se mantiene en una vigilia informativa para que el caso de Nos Faltan 3 no queden en el olvido y que es necesario contribuir a la memoria histórica y que si luego de tres años se los sigue recordando “lo están cumpliendo”. 

Sobre las coberturas de riesgo en zonas fronterizas y la ausencia del Estado en estos espacios, Cazar dijo que dentro del cordón fronterizo norte, la provincia de Esmeraldas en donde se concentran focos de pobreza y está afectada por monocultivos, minería ilegal y narcotráfico se genera un ambiente adverso para el ejercicio periodístico. 

Esta es la segunda ocasión en la que el documental Nos Faltan 3 se proyecta en Ecuador, la primera vez fue en Quito y está prevista otras proyecciones en otras ciudades del país. 

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Ecuador, 12 de noviembre del 2020. La Sala del Cine Ocho y Medio en Quito fue el lugar escogido para la proyección del documental y posterior Conversatorio del caso “Nos Faltan 3”: una recopilación histórica y descriptiva del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, trabajadores de Diario El Comercio, ocurridos en los meses de marzo y abril del 2018 en la zona de Mataje, frontera entre Ecuador y Colombia.

Recuerda cómo el equipo periodístico salió a realizar su trabajo y fue secuestrado por el grupo de disidentes conocido como Frente Oliver Sinisterra. Durante tres semanas se activaron grupos de búsqueda y de negociación desde el Gobierno Nacional, con el objetivo de recuperar a los secuestrados, pero el viernes 13 de abril, el Presidente de la República confirmó que los tres integrantes de Diario El Comercio habían sido asesinados.

El documental de 1 hora con 13 minutos realiza un barrido histórico de estos acontecimientos, recoge testimonios potentes de amigos y familiares que insisten en que el Estado y el mal manejo del caso fueron los responsables de la muerte de Javier, Paul y de Efraín y revela los nudos críticos del caso.

Luego de la película se realizó un conversatorio que fue moderado por el Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte y contó con la participación de Gabriela Loja y Marisol Pesantez, autoras del video, Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas y de Luis Saavedra de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos.

Ricaurte aseguró que Javier Ortega era uno de los periodistas que mejor conocía la situación de inseguridad en esta zona y había advertido a través de reportajes las operaciones irregulares. Recordó que existen una serie de interrogantes que están planteadas en el documental y se refieren al papel del Estado y la inacción de las autoridades frente al secuestro.

“Lamentablemente lo que tenemos es una situación de impunidad, en Colombia se acaban de liberar a varios de los responsables y en el Ecuador no se ha avanzado nada en las investigaciones. Tenemos una situación de indolencia e impunidad que reflejan muchos casos en los cuales las autoridades se convierten en cómplices silenciosos de las violaciones de Derechos Humanos”, dijo Ricaurte.  

La primera pregunta del foro fue para las autoras a quienes se les preguntó por qué decidieron contar el caso a través de un documental.  Gabriela Loja contó que durante su último año de carrera en Periodismo le impactó el caso pues se cuestionó incluso si deseaba realizar periodismo, por lo que decidió , junto a Marisol Pesantez, investigar. “Que tres colegas han estado secuestrados y no saber lo que pasaba fue la razón principal por la que quisimos el tema”, explicó.

Para Marisol Pesantez este tipo de historias contribuyen para que la memoria histórica no se pierda y opina que se debe seguir investigando para que se conozca la verdad y para que se conozca la historia humana y los rostros que existen detrás de los periodistas.

Rivas se cuestionó: ¿Vale la pena seguir en la lucha? ¿Hasta qué punto es factible el desgaste familiar, económico, emocional? Respondió que sí vale la pena seguir luchando y ratificó que por parte del Gobierno han existido mentiras sistemáticas y que se han aprovechado del dolor de las familias: “Vivir esto es lo que te da más fuerza, es el motor es lo que te impulsa (..) Quisiera tenerle al presidente Moreno en la Casa y hacerle ver el ritual que hace mi madre día a día por su hijo a ver si eso no le cambia la perspectiva de buscar una verdad”. 

También Rivas aprovechó para criticar la lentitud del sistema de Justicia y ratificó que las familias están unidas para exigir justicia y evitar la impunidad por la negligencia de jueces y fiscales.

Ricaurte criticó la inacción de las autoridades pues recordó que con el proceso de Paz en Colombia las disidencias iban actuar en esa zona fronteriza y que ya se tenía nociones de que los carteles del narcotráfico habían tomado zonas de Tumaco que se habían convertido en las mayores plantaciones de hojas de coca.

Para analizar la situación de la frontera intervino Luis Saavedra quien sostuvo que en este tipo de casos están involucrados temas políticos y geopolíticos  y que como organización su postura desde un inicio  fue que se negocie a través de la Cruz Roja, pues sabían, que la única posibilidad de que los periodistas regresen con vida era negociando y adicionalmente no se intente operativos militares para un rescate. “El Gobierno actuó con prepotencia, con total desconocimiento de la situación de la zona y con total torpeza, pues no se entendía la ruta que querían tomar”, indicó 

Al finalizar hubo la intervención de los asistentes que giró en torno a la facilidad en el acceso a la información, así como las responsabilidades de las empresas periodísticas en el cuidado de sus trabajadores y los protocolos de seguridad para coberturas de riesgo. 

 

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La Procuraduría General de Colombia a través del Boletín 603 censuró que por causa de la congestión que registra el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, Nariño, en los últimos cuatro meses más de un centenar de personas privadas de la libertad quedó libre por vencimiento de términos. Dentro de ese grupo se encuentran los procesados por el secuestro y homicidio de los periodistas de diario El Comercio: Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

El 4 de agosto de 2020 el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. El sujeto se encontraba con medida de aseguramiento por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir.

Previamente, el 17 de junio, el mismo Juzgado concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para aplicar la Ley 1809, según la cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Óliver Sinisterra (FOS) como un grupo armado organizado.

Para la Procuraduría, las libertades otorgadas por vencimiento de términos lesionan indiscutiblemente los derechos de las víctimas, quienes reclaman una justicia pronta y oportuna.

El 12 de agosto de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares en el caso del secuestro y posterior asesinato de los miembros del equipo periodístico. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

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América Latina tiene una alta tasa de impunidad de crímenes contra periodistas y paradójicamente es la región que cuenta con más organizaciones de la sociedad civil que protegen el trabajo de la prensa. Así lo mencionó Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el foro El retrato de la impunidad: la violencia contra periodistas en América Latina. El encuentro se desarrolló este 8 de noviembre, en Quito.

“La violencia contra periodistas e impunidad es un binomio inseparable”, asegura Lanza tras identificar tres factores clave de agresiones a comunicadores: el crimen organizado, gobiernos autoritarios y una crisis de la democracia.

“Si hay más de 30 asesinatos de periodistas por año, centenares de amenazas, agresiones por doquier y todo esto queda impune, no hay sanción para quien es el actor de esta violencia contra quien ejerce un derecho fundamental, refuerza justamente esa violencia contra la prensa… La señal es que los periodistas son un blanco de ataque que el Estado debería proteger”, sostiene el Relator.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, cuestiona por qué, pese a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, las agresiones a la prensa no cesan. “Nosotros hacemos nuestra parte: campañas, presiones a los Estados, señalar culpables, pero siguen matando periodistas como moscas (…) ¿En qué hemos fallado?”, se cuestiona.

Ricaurte cree que el problema es estructural y muy arraigado a países con altos niveles de corrupción. “Los actores estatales lo hacen en complicidad con el crimen organizado y, muchas veces, son el crimen organizado. Esos actores son el gobernador, el teniente político, el juez o el mismo fiscal que después tiene que investigar esas agresiones. Esa convivencia entre crimen organizado y Estado es quizá uno de los factores más terribles que explican esos grados de violencia que desembocan en la prensa”, puntualiza.

Lourdes Arróliga es especialista de Medios de la Fundación Violeta Chamorro de Nicaragua, una organización que vela por los derechos de los periodistas. Asegura que en su país es muy complicado ejercer la profesión por el gobierno autoritario de Daniel Ortega, quien, amparado en la Policía Nacional, agrede la libertad de expresión.   

Desde abril de 2018 hasta abril de 2019, la Fundación ha registrado 1080 agresiones.  En sus reportes también documentan 89 casos de periodistas con exilio obligatorio y la cancelación arbitraria de la personería jurídica a ocho organizaciones de la sociedad civil. “Una cosa es conocer la cifra, pero cuando le pones rostro, cuando cuentas la historia de lo que hay detrás de esa cifra, es realmente espeluznante las amenazas a los periodistas.  Que te llamen a tu teléfono o a tu WhatsApp y que te digan: ‘ya sé dónde vives, dónde estudian tus hijas, puedes terminar incendiada o podemos violar a tus niñas’ es muy grave”, explicó.

Los expertos concordaron que es necesario crear un sistema de monitoreo preciso para que las agresiones y asesinatos a periodistas no queden impunes. Este mecanismo debería contar con apoyo de la sociedad civil del Estado. 

El foro fue organizado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, FUNDAMEDIOS, la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), IFEX-ALC en el marco del Proyecto Voces del Sur.

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Este 19 de octubre periodistas de distintos países de América Latina respondieron a las interrogantes ¿cuáles son los peligros del ejercicio periodístico?, ¿cómo luchar en contra de la impunidad? En el foro ‘El riesgo de informar’, impulsado por FUNDAMEDIOS, Unesco y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) participaron representantes de organizaciones de Ecuador, Honduras, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay.

El encuentro contó con la presencia de autoridades nacionales como Édison Toro, superintendente de la Información y Comunicación; Danilo Silva, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom); y Rosario Utreras, consejera representante de la Defensoría del Pueblo ante el Cordicom.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, indicó que junto a los colegas de siete organizaciones de la región, que desde hace varios años monitorean la situación de la libertad de expresión y de prensa, se trabajó para unificar los sistemas de monitoreo. Colectivamente se concluyó que existen cinco elementos básicos que expresan las agresiones más extremas en contra de periodistas, las cuales pueden ser generadas por actores estatales o no estatales: asesinato, desaparición forzada, secuestro, tortura y detención arbitraria.

“Desde 2019, entre las siete organizaciones entregaremos información sobre la situación de la prensa a los Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas”, explicó Ricaurte. El objetivo es generar conciencia en la sociedad y en las autoridades para que mejoren las condiciones del ejercicio profesional del periodismo, para que los ciudadanos puedan estar mejor informados y se pueda informar sin censura. “La meta es que esto se convierta en política pública”, resaltó.

Para el desarrollo de esta estrategia se partió de que la normalización de los asesinatos de periodistas en América Latina es alarmante. La mayoría de agresiones permanece impune.

Las estadísticas reflejan una realidad. Indira Salazar, oficial de Comunicación de Unesco, señaló que en 9 de cada 10 casos los autores de los crímenes no son procesados. Además, en los últimos años, cerca de 930 periodistas han sido asesinados por informar

Los datos de Reporteros sin fronteras también son preocupantes. Eric Samson indicó que, a escala mundial, en lo que va de 2018, 57 periodistas fueron asesinados. 168 comunicadores están en la cárcel.

Honduras es uno de los escenarios más desoladores. Miriam Elvir, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre, Honduras), expuso que desde 2003 a la actualidad se han emitido más de 2000 alertas. “De 2000 a 2018 hay 73 periodistas asesinados y el 95% de casos está en la impunidad”, enfatizó.

En el sur del continente el panorama no deja de ser complejo. Alfredo Zacarías, vicepresidente del Foro de Periodistas Argentino (FOPEA), indicó que en los últimos dos años, en su país, los casos de agresiones a la prensa crecen y la mayoría proviene de actores estatales; mientras que en Bolivia, desde la llegada de Evo Morales en 2006, las restricciones y la censura han ido en aumento a través de leyes y decretos, añadió Marcelo Miralles, de la Asociación Nacional de la Prensa boliviana.

En los últimos 15 años, en Perú se han asesinado a siete periodistas. “Todos los casos están impunes”, afirmó Adriana León, del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). El 85% de homicidios, según la UNESCO, no ha sido investigado. En ese sentido, Saudia Levoyer, directora del área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB, Ecuador), acotó que el asesinato es el último escalón de una escalera que busca instaurar el miedo no solo en los periodistas, sino en la sociedad.

Frente a eso, “la impunidad es una decisión política, porque garantizar los derechos de la población es un deber de los Estados”, insistió el uruguayo Fabián Werner, del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).

Por ejemplo, en Venezuela, se enfrenta un problema estructural, relacionado con una debilidad institucional. Mariaengracia Chirinos, de Ipys, explicó que entre 2013 y 2018 68 medios impresos salieron de circulación. Solo en este año, han cerrado 22 medios. En cinco estados ya no existen periódicos.  

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¿Cuáles son los peligros del ejercicio periodístico? ¿Cómo luchar en contra de la impunidad? Esas son las interrogantes en torno a las cuales el próximo 19 de octubre periodistas latinoamericanos reflexionarán, en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). En el foro ‘El riesgo de informar’ participarán representantes de organizaciones de Ecuador, Honduras, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay.

FUNDAMEDIOS se une a la primera etapa del encuentro Periodismo en Debate 2018 (Perdebate), organizado por la USFQ. En conjunto con otros organismos como Unesco impulsa un encuentro en donde se expondrá la realidad de siete países de la región alrededor del oficio, sus riesgos y la impunidad.   

El teatro Shakeaspeare, de la Universidad San Francisco (Cumbayá, Quito) acogerá el foro a partir de las 09:00 del próximo 19 de octubre. En la primera parte de la cita, ‘Rastreando el peligro: Monitoreo de agresiones contra periodistas’, participarán Adriana León, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS, Perú); César Ricaurte, Fundamedios (Ecuador); Alfredo Zacarías, Foro de Periodismo Argentino; Marcelo Miralles, Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia; y Eric Samson, Reporteros sin Fronteras.

A partir de las 11:00, en ‘El mecanismo de la impunidad’, intervendrán Mariaengracia Chirinos, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS, Venezuela); Miriam Elvir, Comité por la Libre Expresión (C-Libre, Honduras); Fabián Werner, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo, Uruguay); y Saudia Levoyer, Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador).

Para participar en este evento gratuito es posible registrarse en el siguiente enlace: bit.ly/2E9UhFi .