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Investigación

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado (CGE) firmaron el 5 de octubre de 2018 un convenio para supervisar el uso de los recursos públicos. Las autoridades afirmaron que el control sería exhaustivo antes, durante y después de la campaña para prevenir el desvío de fondos.

El artículo 211 del Código de la Democracia reza que el CNE “publicará durante y después del proceso electoral toda la información relativa al financiamiento y gasto de los sujetos políticos”, a través de su página oficial. El objetivo: permitir la consulta y supervisión oportuna de la ciudadanía.

Al revisar el portal del Consejo se encuentran los montos asignados para las campañas, pero no cuánto dinero tiene cada partido político, ni sus aportantes, tampoco un seguimiento del origen del dinero utilizado. Según Diana Atamaint, presidente del Consejo, esta información se puede obtener al finalizar la contienda. El Código de la Democracia puntualiza que, luego de noventa días contados desde el acto del sufragio, el responsable económico del partido político que apoyó una candidatura presentará al CNE sus ingresos y egresos, el listado de contribuyentes y los montos colocados.

Vea aquí la entrevista completa a la Presidente del Consejo Nacional Electoral

En diciembre, el CNE definió el límite máximo del gasto electoral total a escala nacional en USD 12’081.328. Cada localidad tiene un monto asignado, según su número de electores.

Conozca cuál es el límite del gasto electoral por ciudad y el monto del fondo de promoción:

http://cne.gob.ec/images/d/2019/promocion/NOTIFICACI%C3%93N_No._00057__PLE-CNE-2-15-1-2019_Fondo_de_promocion_electoral.pdf

Guayaquil, Quito y Cuenca son las ciudades con mayor presupuesto

Guayaquil 408.153,80 mil dólares
Quito 403.658,60 mil dólares
Cuenca   93.460,40 mil dólares

Aunque existen montos establecidos, los ecuatorianos no pueden fiscalizar si estos se cumplen. Ni siquiera se conoce de manera exacta si algún candidato se excedió en el límite de gasto, tomando en cuenta que algunos se adelantaron a la fecha oficial de inicio.

FUNDAMEDIOS solicitó al CNE conocer la lista de candidatos que incurrieron en esta infracción. La respuesta sostuvo que no es posible saberlo antes de el proceso concluya.

Conciertos, una estrategia para conquistar votantes

Jorge Yunda, candidato a la Alcaldía de Quito por la lista 19, convocó a cuatro conciertos gratuitos que se desarrollaron entre el sábado 9 y domingo 10 de febrero en el sur, centro y norte de la capital. En los eventos se presentaron 4AM, Sahiro, Señora Cumbia y el chileno Américo.

Se conoce que, por presentación, los honorarios de Américo son 20.000 dólares. A esta cifra se suman los boletos de avión: son dos asientos en primera clase para él y su representante; el resto de su equipo (14 personas) viajan en clase turista. También se le costea hospedaje y transporte en la ciudad. Por una hora de concierto, precio total ascendería a 55.000 dólares. Según el CNE todos los gastos incurridos en la campaña deben ser declarados en el gasto electoral de cada candidato.

El costo de producción de los cuatro conciertos organizados por el candidato de Unión Ecuatoriana sumaría 250.000 dólares. Un productor indicó que esto incluye los valores de sonido, iluminación, efectos, tarima, permisos, pago a los demás artistas y al presentador del espectáculo, Nicolás Espinoza, quien tiene un acuerdo de exclusividad con Yunda.  

Durante el pasado feriado de carnaval, el ‘Loro Homero’ organizó dos conciertos más sin Américo. La promoción de Quito Carnaval 2019 y de los otros eventos se transmitió por las radios vinculadas al grupo Yunda: Armónica, La Redonda, Canela, La Otra y Urbana. De estas, solo Armónica y La Redonda están acreditadas por el CNE para difundir publicidad electoral. Según una fuente del CNE, este proceder sería ilegal, pero se espera una denuncia formal para evaluar su caso al final del proceso.

Aquí puede ver la lista de medios acreditados por el CNE

http://cne.gob.ec/images/d/2019/promocion/NOTIFICACI%C3%93N_No._00071_PLE-CNE-1-21-1-2019.pdf

Pero la estrategia de los megaeventos, tipo conciertos, no fue exclusiva de Yunda. A escala nacional, algunos partidos y candidatos se valieron de este tipo de actividades para seducir a los votantes. Por ejemplo, en redes sociales se viralizó un evento en carnaval, organizado por Jaime Estrada, candidato a la Prefectura de Manabí. El político contrató los servicios del cantante venezolano ‘Nacho’. Según el productor consultado para este artículo, este artista cobra 50.000 dólares por presentación.

El venezolano también se sumó al cierre de campaña en Quevedo de los candidatos de Alianza PAIS, Irene Massuh y Juan Carlos Troya.

Una nota de Diario La Hora recoge que por CREO –FE, Marco Cortés y Patricio Mendoza, candidatos para la Alcaldía y Prefectura, respectivamente, prepararon un evento artístico con los reguetoneros Wisin y Yandel también en Quevedo como parte de sus cierres de campaña. Cortés manifestó que gracias al auspicio de algunas empresas hicieron posible la visita de los artistas en la ciudad.

 

Como parte de las estrategias electorales también se rifaron autos. Deyton Alcívar, quien busca la reelección a la Alcaldía de Chone, rifó un auto cero kilómetros. Foto: Facebook.

Otros candidatos también adoptaron la estrategia de los conciertos, como Douglas Alaña Jerves, candidato a la alcaldía del cantón Guabo, en El Oro.  Darío Macas, candidato a la alcaldía de Machala; y Paco Moncayo a la alcaldía de Quito.

¿Dinero del narcotráfico?

En febrero pasado, Luis Verdesoto, consejero del CNE, presentó ante la Fiscalía un informe en que se analiza cómo grupos vinculados al narcotráfico blanquean dinero a través de actos proselitistas. El estudio es un diagnóstico sobre el financiamiento de campañas con fondos ilícitos.

En ‘Financiamiento ilícito en campañas electorales’ se menciona que el narcotráfico entrega dinero a candidatos para luego tener control de los territorios. He ahí la importancia de indagar los perfiles políticos y el origen de fondos.

Según el artículo 296 del Código de la Democracia, si el CNE tiene indicios de que una candidatura tuvo ingresos ilícitos debe pasar el caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). De comprobarse, una de las sanciones es retirar del cargo a quien ganó.

Para el coronel Mario Pazmiño, consultor internacional en seguridad y defensa, es lógico sospechar que hay una penetración del crimen organizado en las campañas. Ecuador habría pasado de ser un país de tránsito del narcotráfico a uno de acopio. Hasta el momento, aquí operarían carteles mexicanos y colombianos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, a través de dos corredores: del pacífico y amazónico. El experto habla de ocho centros de acopio en el Ecuador: Sucumbíos, Baños, Machala, Guayaquil, Manta, Santo Domingo, Ibarra y Esmeraldas.

¿Cómo piensa el crimen organizado? “Ellos saben que el narcotráfico es un negocio, pero necesitan protección. Entonces, si pueden conseguir, por ejemplo, a 10 alcaldes, los consiguen. Pagan sus campañas para luego reclamar el favor”, indica Pazmiño. Y recuerda que, en la Fiscalía de Colombia, alias Chorizo testificó que las FARC hicieron campaña política por el expresidente Rafael Correa, a cambio de que se retire la base militar estadounidense de Manta.

 

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Del 5 de febrero al 21 de marzo era el periodo oficial designado para que 80.281 candidatos traten de obtener el favor de 13’261.994 de votantes. El próximo 24 de marzo se elegirán 221 alcaldes, 23 prefectos, 23 viceprefectos, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.094 vocales para juntas parroquiales. También, por primera vez, se elegirá a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El 21 de diciembre de 2018, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la convocatoria para este proceso. Si se toma en cuenta las fechas del calendario, parece que la campaña se inició hace poco. Sin embargo, se tiene registros, evidenciados en reportes de prensa y denuncias ciudadanas, que desde junio del año pasado ya ‘arrancaron’ las promociones, incumpliendo la Ley electoral y sin que alguna autoridad tome nota. En ese momento el CNE era de “transición”. El definitivo se posesionó el 20 de noviembre, un mes antes del llamado a elecciones.

Previo al arranque oficial, la propaganda se dejó ver en el territorio ‘digital’ e incluso en algunos barrios de las distintas ciudades aparecían pintados los rostros de los candidatos en las paredes. Aunque el Código de la Democracia es uno de los reglamentos más citados en esta época, resulta limitante para controlar tiempos, difusión, gasto y origen de los fondos de una campaña. Según el artículo 202, la contienda no podrá exceder 45 días. El 275 considera que “la realización anticipada de actos de precampaña o campaña; y, la contratación, en forma directa o por terceras personas, de espacios en cualquier modalidad en radio o televisión, para realizar campaña electoral” es una infracción que, según los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización del Gasto Electoral y su Resolución en Sede Administrativa será registrada por el CNE.

Entre el 6 de septiembre de 2018 y el 24 de enero de 2019, la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE rastreó 27.109 artículos promocionales en el sistema de monitoreo de vías, entre los que constan: 74 vallas publicitarias y 4 audios de radio reportados. El resto de artículos se refiere a propaganda como la que se instala en carreteras, postes, casas…

Los nombres de Paúl Carrasco, candidato a la Alcaldía de Cuenca (alianza Podemos-Participa); Jefferson Pérez, candidato a la Alcaldía de Cuenca (Movimiento Renace); Jimmy Jairala, que busca la Alcaldía de Guayaquil (Movimiento Centro Democrático); Kleber Falcón, candidato a la Alcaldía de Yaguachi, (Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero); César Montúfar, candidato a la Alcaldía de Quito (Concertación); Juan Carlos Solines, candidato a la Alcaldía de Quito (Movimiento Juntos Podemos); Jorge Yunda, candidato a la misma dignidad por el Movimiento Unión Ecuatoriana; Juan Carlos Holguín, candidato a la Alcaldía de la capital (CREO); Federico Pérez, candidato a la Prefectura de Pichincha (CREO) son algunos de los que figuran en el detalle de la campaña anticipada registrada por el CNE.

Lea aquí la lista de algunos candidatos y partidos que expusieron material publicitario antes de tiempo, según el registro del CNE: 

Campaña Anticipada CNE

FUNDAMEDIOS hizo un seguimiento de la “precampaña” entre diciembre de 2018 y enero 2019 en torno a los candidatos más destacados en Pichincha, Guayas y Azuay. Dicho ejercicio reflejó que los aspirantes ‘menos populares’ también se anticiparon.

Desde septiembre de 2018 hasta el 2 de febrero, la Delegación Provincial Electoral de Guayas registró 3.081 evidencias de publicidad anticipada. Según lo observado en el monitoreo para este reportaje, varios candidatos forraron postes y paredes con sus nombres y rostros a lo largo de las vías y puentes, como el de la Unidad Nacional que enlaza Guayaquil, con Samborondón y Durán. Por ejemplo, Alexandra Arce, alcaldesa de Durán que busca la reelección con la lista 5, incurrió en esta infracción.   

Alexandra Arce empezó su recorrido por zonas rurales de Durán antes del inicio de la campaña electoral. Foto Facebook de candidata.

No fue la única. En diciembre del año pasado, en la vía a la costa que une Guayaquil con Playas, se exhibieron en carros varias gigantografías con las imágenes de los postulantes de CREO, Poly Ugarte a la Prefectura de Guayas; y Francisco Jiménez, a la Alcaldía de Guayaquil. En lugares concurridos, como la calle 6 de Marzo, en el Puerto Principal, se observó un vehículo con propaganda del candidato a la Alcaldía por Alianza PAIS, Simón Bolívar Rosero.

En el portal de esa Delegación, hasta el 17 de enero de 2019, se informó que se evidenciaron 22.532 artículos promocionales anticipados; de estos, 590 se registraron en el monitoreo de vías -a escala nacional- entre el 28 de diciembre 2018 al 3 de enero. Hasta finales de enero se encontraron 68 vallas publicitarias.

Según lo monitoreado desde el año pasado en redes sociales, la mayoría de candidatos que aspiran a las alcaldías y concejalías en los cantones de la provincia del Guayas realizó mítines y recorridos puerta a puerta. También visitaron los medios de comunicación por cuenta propia o por invitación para entrevistas sobre sus actividades.

Uno de ellos fue Jimmy Jairala, exprefecto de la provincia y líder de Centro Democrático. Desde noviembre de 2018, el actual candidato a la Alcaldía de Guayaquil realizó sus recorridos por varios sectores presentando sus propuestas.

El exprefecto del Guayas inició su campaña electoral por la alcaldía desde el 2018.

A mediados de enero, la alcaldesa de Milagro, Denisse Robles, inaugura una obra municipal y hace campaña. Foto: Roxana Sanguña.

 

En enero la candidata a la alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri ya realizó campañas políticas junto al candidato a concejal Luis Almeida. Los dos recorrieron varios sectores de la urbe. Foto: Roxana Sanguña.

Jimmy Jairala desde el 2018 visitó zonas periféricas de Guayaquil junto a sus candidatos a concejales, como Aldo Farfán. Foto: Edilma Sanguña.
Jimmy Jairala junto a simpatizantes de su Movimiento Centro Democrático, quienes iniciaron la campaña por la alcaldía de Guayaquil cuatro meses antes del inicio oficial de la época de campañas. Foto: Edilma Sanguña.

Aquí podemos observar en la agenda de enero del 2019 los recorridos programados por Movimiento Centro Democrático para realizar la campaña electoral. Fotp: Edilma Sanguña.
Stallin Coca, candidato a la primera concejalía por Centro Democrático visitando las casas colectivas en Guayaquil. Foto: Edilma Sanguña.

 

Balerio Estacio, candidato a la alacaldía de Guayaquil junto a Abdala Bucaram, líder de FE.

Lo mismo se observó en Cuenca. Meses antes del inicio de la campaña electoral, los candidatos a alguna dignidad que ya tienen un cargo actual desde su sitio de poder empezaron el proselitismo. Pancartas, rostros y números pintados en las paredes y las dádivas (que el artículo 204 del Código de la Democracia prohíbe) se evidenciaron en Azuay.

Según el CNE de esa provincia, desde noviembre hasta febrero se recogieron 620 evidencias de campaña anticipada; pero, hasta la fecha, no hay sanciones para alguno de los 10 candidatos que participan por la Prefectura ni para los 13 que buscan la Alcaldía de Cuenca.

El testimonio de moradores de las zonas rurales de Azuay da cuenta de que entre noviembre de 2018 hasta febrero pasado se inauguraron las obras prometidas por las autoridades que buscan la reelección, como asfaltado de carreteras. Al ver finalizada la obra pública, habitantes de Soldados, en la parroquia San Joaquín (Cuenca), aceptaron que se coloque la imagen del candidato en la fachada de sus casas.

Exviceprefecta del Azuay, Maria Cecilia Alvarado, más conocida como «Chechi Alvarado» es candidata a la prefectura del Azuay. En enero se observó uno de sus carteles de campaña colocados en una casa antigua. Foto: Segundo Cabrera.

Según residentes, la vía Patamarca-Chiquintad (Austro) estuvo abandonada durante años, pero actualmente la Prefectura del Azuay la interviene. En el lugar se pegaron afiches antes de tiempo para publicitar la Alcaldía de Paúl Carrasco. Lo mismo pasó en la vía Monay- Baguanchi. El artículo 204 del Código prohíbe que candidatas y candidatos, así como las organizaciones políticas entreguen donaciones, dádivas o regalos a la ciudadanía. Sin embargo, no se cumple. El político también regaló leche a nombre de la Prefectura que administra.
En San Joaquín, antes de la campaña electoral, un vehículo promocionó las obras que realizó la Prefectura. El exprefecto es candidato a la alcaldía de Cuenca. El morador Diego Pauta señaló que durante la contienda se vio con más frecuencia obra en el sector.

Paradójicamente, se observa una valla publicitaria donde Marcelo Cabrera, actual alcalde de Cuenca que busca la reelección, expone la obra hecha bajo su administración. La publicidad se instaló a inicios de febrero, días próximos a iniciar la campaña. El artículo 203 del Código también se incumplió. En este proceso se ha usado la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, pero no para informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas… Así lo demuestra esta gráfica. Foto: Leonel Astudillo.

 

El artículo 219 del Código de la Democracia es claro. La ley “prohíbe a los servidores, servidoras, organismo o instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo”.

A pesar que el Código de la Democracia prohíbe la utilización de bienes públicos con fines electorales, el alcalde de Azogues, Virgilio Saquicela utiliza el carro del municipio para acudir a las reuniones de su partido CREO y así realizar campaña política. Un morador del lugar captó estas imágenes:

Antes del 5 de febrero, taxis y carros particulares publicitaban a Paúl Carrasco, Marcelo Cabrera y Jefferson Pérez en Cuenca.

La Delegación Provincial Electoral de Pichincha se negó a dar datos exactos de cuántos productos promocionales se registraron antes de que la contienda arranque. Pero a inicios de diciembre de 2018 ya se observaron pancartas de candidatos a la Alcaldía de la capital, tanto en el norte como en el sur.

El pasado 2 de enero, un mes antes de que empiece la campaña, se desarrollaron eventos masivos, como caravanas, concentraciones, convenciones y presentaciones de candidatos. La Izquierda Democrática (ID) hizo una gran convención con simpatizantes donde intervinieron algunos dirigentes que resaltaron la figura del expresidente Rodrigo Borja. Ahí participó el candidato Paco Moncayo quien, casi entre lágrimas, afirmó que con el ejemplo del exmandatario es momento de dar a Quito esperanzas de igualdad.

Ese día, José Vásquez, del movimiento Acción Democrática Ecuatoriana, presentó sus candidatos a concejales y juntas parroquiales ante 200 personas en el parque El Ejido. En La Vicentina, Pachakutik expuso las candidaturas de Pablo Vélez y Sandra Yépez, a la Prefectura y Viceprefectura de Pichincha, respectivamente.

César Montúfar candidato por Concertación a la alcaldía de Quito, inició su campana antes del calendario del CNE.
Paco Moncayo, candidato a la alcaldía de Quito, por la alianza alianza entre la Izquierda Democrática, Democracia Sí y Vive empezó la socialización de su campaña en diciembre del 2018. Foto: Instagram de la alianza.

Jorge Yunda, candidato por el Movimiento Unión Ecuatoriana, listas 19, también inició su campaña electoral en diciembre del 2018. Foto: Instagram del Movimiento.

Carlos Sevilla, candidato para la alcaldia de Quito por el movimiento politico Libertad es Pueblo también mostró su publicidad en una valla al sur de la capital. Foto: Facebook.

 

Candidatos a concejales de la Iquierda Democrática también mostraron su publicidad antes de tiempo. Esta foto fue registrada en Carapungo.

El artículo 275 del Código de la Democracia señala que la realización de actos de precampaña o campaña anticipada es una de las infracciones de sujetos políticos, personas naturales o políticas. De acuerdo al CNE, el valor ‘invertido’ en la promoción previa será imputado al gasto electoral. Sin embargo, Enrique Pita, vicepresidente de la institución, advierte que la norma no contempla una sanción para la propaganda anticipada.

El funcionario indica que el artículo 76 de la Constitución establece que “nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley…”.

Redes sociales, otra vitrina de publicidad electoral

El CNE no tiene potestad jurídica para controlar las redes sociales. De hecho el artículo 207 del Código de la Democracia con respecto a los nuevos “medios de comunicación” cita la Resolución 28 de la Corte Constitucional del Ecuador, la cual aclara que el uso de la tecnología en el internet ha afianzado el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación y han permitido que se desarrolle una mejor democratización de la web.

Aquí puede leer la Resolución de la Corte Constitucional

file:///D:/FDM/Downloads/028-12-SIN-CC.pdf

Desde mediados de 2018 se publicaron en redes sociales videos promocionales e imágenes de los recorridos que, para ese entonces, los candidatos realizaban. Facebook, Instagram, Youtube y Twitter son las plataformas principales para la difusión, sin tomar en cuenta el calendario dispuesto por el CNE.

Por ejemplo, algunos de los más populares en redes sociales son los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala (Centro Democrático) y Cinthya Viteri (PSC-Madera de Guerrero). El 15 de julio de 2018, Viteri irrumpió en Twitter con un video de 1:50 minutos, en el que habla sobre el progreso del Puerto Principal y su interés en trabajar en la senda del “modelo exitoso”. El video superó las 15.700 reproducciones en siete días. También hay imágenes en que aparece en eventos municipales junto a Jaime Nebot, actual líder de la urbe. En esta dirección electrónica se puede observar su campaña: 

 https://www.facebook.com/CynthiaViteriJimenez/

Esta foto se capturó y compartió en la página de Facebook de Viteri antes del 5 de febrero.

Desde diciembre, Paúl Carrasco también activó su perfil en la red social para promocionar su candidatura.

https://www.facebook.com/PaulCarrascoC/

Otros candidatos que aparecen con facilidad en las redes sociales son los candidatos del Movimiento Democracia Sí. Es el caso del candidato a la alcaldía de San Lorenzo, en Esmeraldas,  Gleen Arroyo, quien inició su campaña electoral en 2018. Esta foto se encuentra en su página de Facebook Amigos de De Gleen Arroyo Colectivo Juventud: https://www.facebook.com/amigosdegleenarroyo.colectivojuventud.5/photos

Esta foto se compartió en septiembre del 2018 y se observa cómo se pintaba una pared con su nombre.

Foto de la pared, donde simpatizantes de Gleen Arroyo pintaron su nombre antes del calendario electoral. Foto: Facebook del candidato.

*¿Gasto electoral sin supervisión? Lea aquí la segunda parte de esta investigación.

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En Ecuador se oculta información. Es complejo acceder a datos que reposan en instituciones públicas. Más aún si están vinculados a la construcción de obras, presupuestos, funcionarios que toman decisiones y autoridades de gobiernos seccionales.

En el país se viola la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lotaip, aprobada en 2004 y cuyo objetivo es que todo ciudadano pueda acceder a la información pública, esa que se archiva en entidades estatales, instituciones que perciben rentas del Estado y en las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben fondos públicos.

Las instituciones públicas no responden a los pedidos de información

Para esta investigación se realizaron 24 solicitudes de acceso a la información a 11 instituciones del Estado. De estas, solo tres respondieron y ninguna entregó la información completa.

El resto de instituciones contestó parcialmente, con negativas, direccionó a sus páginas web, entregó información que no correspondía a la solicitud y, en el caso de los ministerios de Defensa, de Salud, Consejo de la Judicatura y Secretaría de Comunicación (Secom), hasta ahora guardan silencio.


El director general de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, indicó que en el país existe una cultura de ocultar información, de creer que los funcionarios son sus dueños. Y, precisamente, es la Defensoría la responsable de velar por el ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

Sistema de corrupción detrás de negativas para acceder a la información pública

Luego de solicitar información pública a las 11 instituciones del Estado, se procedió a ubicar casos de ciudadanos y periodistas a quienes se les negó información. Sus historias revelan que la negativa oculta un sistema deshonesto que juega con los recursos económicos de los ecuatorianos e incluso, con sus vidas.

Exalumno de la FACSO quiere saber qué hicieron con el dinero que canceló por sus derechos de grado  

En 2014, Diego Castro, exalumno de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central del Ecuador, pidió información sobre el destino del dinero que pagó por los derechos de grado para obtener su título, pues este rubro no se debía cobrar. Según el artículo 10 del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación superior pública, aprobado por el Consejo de Educación Superior, CES, durante toda la carrera, incluyendo la obtención del título, se prohíbe a ese tipo de instituciones cobrar directa o a través de terceros algún rubro. Todavía se desconoce el paradero del dinero cobrado para su titulación y el de sus compañeros.

En 2018, con base en lo que determina la ley, la Defensoría del Pueblo acogió su denuncia y la judicializó, luego de haberla archivado en 2015. En la audiencia celebrada a finales de 2018, la Universidad Central expuso ante el juez parte de la información solicitada; sin embargo no fue entregada al solicitante. Solo le permitieron tomar fotos de las hojas expuestas.

Castro considera que la información que se presentó fue incompleta e incorrecta. El juez indicó que su única responsabilidad era constatar que se presentó la documentación. El demandante, junto al abogado de la Defensoría, apeló. Actualmente el caso está en espera a que la Corte Provincial cumpla con seis medidas de reparación, una de las cuales es la entrega total de la información.  

Burbano enfatiza en que los servidores públicos no cumplen con la Lotaip. Pero, si se quiere hacer respetar el derecho, se debe acudir a la Defensoría del Pueblo y solicitar un abogado que acompañe el proceso. Toda información debe ser entregada al ciudadano, salvo la que se considera reservada, secreta y secretísima. Sin embargo, incluso la Constitución dictamina que no puede invocarse reserva cuando se trata de investigaciones sobre violaciones a Derechos Humanos.

Los ministerios se niegan a dar información sobre temas polémicos

Susana Morán, periodista del portal Plan V, cuenta que ha realizado innumerables pedidos para acceder a información pública. En el régimen de Rafael Correa, estos no tuvieron cabida y, actualmente, la información que se entrega es parcial. Para ella, el Ministerio de Justicia fue una de las fuentes que se convirtió en inaccesible durante el gobierno anterior.

Los datos a los que no se podía acceder estaban relacionados a violencia contra la mujer y niños; situación de las cárceles de Ecuador, específicamente la de Latacunga. En el último año, el tema catalogado como reservado ha sido el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

La ley es clara. El artículo 4 de la Lotaip señala que la información es de los ciudadanos y el Estado y las instituciones privadas depositarias de archivos públicos son solo sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información. Sin embargo, la ciudadanía lo desconoce. Hay quienes incluso la confunden con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Paradójicamente, el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina que el sistema educativo, público y privado debe desarrollar programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de este derecho.

Información vinculada al desastre del 16 de abril de 2016 se oculta

El terremoto que sufrió Ecuador, el 16 de abril de 2016 de 7.8 grados dejó 671 fallecidos, 248​ desaparecidos y 6.274 heridos. Ante la tragedia, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa anunció que se desarrollaría un plan de vivienda para los damnificados. Dos años después, en abril de 2018, cientos de casas que figuraban en los contratos no se construyeron.

Los periodistas Desirée Yépez y Jean Cano investigaron el tema y solicitaron información al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre la construcción de 45.455 obras, entre casas y reparaciones.

Tras el silencio de las autoridades, a inicios de 2018, luego de realizar solicitudes de información y no obtener resultados, se presionó por la información a través de Twitter. La respuesta del Gobierno llegó 69 días después de realizado el pedido.

La información que se negaban a dar guardaba datos reveladores de los incumplimientos. En el reportaje titulado “A dos años del terremoto en Ecuador, se encienden las alertas por corrupción con los fondos de la reconstrucción”, difundido en el portal Univisión, los periodistas exponen que:

  • Alrededor de 1.000 contratos no se fiscalizaron.
  • 44 contratistas incumplieron los contratos en su totalidad
  • El perjuicio económico supera los 15 millones de dólares
  • 75.000 damnificados se inscribieron para recibir ayuda, pero esta solo llegó al 50% de inscritos.  

En el artículo se revela que hubo contratistas que recibieron el dinero y no levantaron ninguna casa.

Se dictaminó reserva para 37 casos archivados que comprometen a Jimmy Jairala  

Martha Roldós, exintegrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, solicitó en enero de 2018 los archivos de las denuncias por corrupción correspondiente a la prefectura de Jimmy Jairala, actual candidato para la alcaldía de Guayaquil. Los 37 casos están archivados; sin embargo, se negó el acceso aduciendo que en la sentencia para el archivo se dijo que esa información era reservada porque existen indicios de responsabilidad penal. El juez habría dictaminado reserva sobre los mismos para que no se atente contra la honra del exprefecto,

Para la Directora del Portal Mil Hojas, esta sentencia es “inaudita”, ya que todo caso que esté archivado puede ser revisado al no corresponder a una etapa de investigación que pueda interferir con el proceso. Por esta razón se apeló a la resolución y, a pesar que la última audiencia se realizó el 30 de enero, se desconoce la sentencia.

Por solicitar información en este caso, miembros de la Comisión, incluida ella, han sufrido agresiones y robos.

FUNDAMEDIOS solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que responda en qué normativa se basó para declarar la reserva de los archivos de las investigaciones relacionadas al exprefecto. La respuesta fue que el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica que “el informe con indicios de responsabilidad penal se mantendrá en reserva de terceros ajenos a su trámite y del público en general, pero se garantiza el derecho a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a éste, por parte del ofendido, de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados…”.

Una reforma necesaria

15 años después de aprobada la Lotaip, se habla de la necesidad de un proyecto de reforma o el diseño de una nueva norma que se ajuste de manera efectiva a los estándares internacionales. Permanentemente, FUNDAMEDIOS ha impulsado un cambio a esta ley. César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, considera que existe la necesidad de emprender reformas integrales para incorporar avances normativos.

El periodista señala que se debe revisar y reforzar el papel de cumplimiento de la entidad encargada de velar por su cumplimiento. Ricaurte sugiere que dicha autoridad debe ser independiente, con autonomía económica y facultades para sancionar a quien la incumpla. Y agrega que los pedidos para acceder a la información pública deben hacerse en línea, para que sean más ágiles y queden debidamente registrados.

Por otro lado, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), anuncia que se trabajará con la sociedad civil un cuerpo legal renovado con base a la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA. “El acceso a la información es una condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto de un derecho”, afirma.

Sanciones a quien viola la LOTAIP

Existen sanciones para quienes no entreguen información: multas, suspensión de sus funciones por 30 días sin derecho a sueldo o, incluso, la destitución. Pero la Defensoría del Pueblo no tiene un dato de cuántos funcionarios han sido, si es que los hay, sancionados.

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Periodistas sin cadenas es el colectivo más joven de los participantes. Somos un grupo de periodistas ecuatorianos que hacemos investigación y que nació a raíz de la muerte de nuestros colegas para seguir su historia

Una investigación periodística revela detalles, negociaciones fallidas, errores de dos Gobiernos y encubrimientos en el secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos.

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana. Ortega, reportero; Rivas, fotógrafo; y Segarra, conductor, trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, habían sido secuestrados el 26 de marzo de 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, una narco disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderada por el excombatiente Walther Patricio Arizala Vernaza, identificado así en Ecuador, y conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez. En ambos países tiene el mismo alias: Guacho.

Durante seis meses, un consorcio binacional de periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Ortega, Rivas y Segarra fueron ejecutados. La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados,  revela, además, detalles que los Gobiernos de Ecuador y Colombia sabían y decidieron no divulgar.

Ortega, Rivas y Segarra realizaban un viaje de reportería en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde a inicios de 2018 el Frente Oliver Sinisterra había volado un cuartel de policía con una bomba, un ataque que el país nunca había padecido en su historia. Días más tarde, un explosivo fue activado al paso de una patrulla militar en el pueblo fronterizo de Mataje y cuatro soldados ecuatorianos murieron.

Patrullaje de militares ecuatorianos ante la petición del primer grupo de periodistas en entrar a Mataje. Foto Edu León/ Periodistas Sin Cadenas

El 25 de marzo, los periodistas de El Comercio llegaron a la ciudad fronteriza de San Lorenzo y se alojaron en un hotel, de donde salieron a las 07:10 del día siguiente. Alrededor de las 09:00 pasaron por el control militar de ingreso a Mataje, en plena zona de frontera. Ahí, dicen las autoridades ecuatorianas, fueron registrados y advertidos del peligro. Llegaron, estacionaron en el sector de Nuevo Mataje y salieron a caminar. La gente del pueblo cuenta que alguien se les acercó, que conversaron y luego siguieron a esta persona. “Ellos le van siguiendo a ese señor”, dijo una fuente bajo pedido de anonimato, “se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión, y cuando llegan allá y los meten más adentro (les dicen): ‘ahora sí, están detenidos’”.

A las 17:00 del 26 de marzo, el mayor de la Policía de Ecuador Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de una persona que se identificó como Guacho. El remitente le escribió “tengo tres personas retenidas, ecuatorianos, dos periodistas de Quito y el chófer” y le exigió una respuesta en 10 minutos, de lo contrario “desaparecerán esos señores”.

Durante el breve chat, Zaldumbide -que llevaba cerca de dos meses comunicándose con los disidentes- saludó al secuestrador con cortesía y familiaridad: “Saludos, Guacho. Buena tarde. ¿Te puedo llamar?”. A lo que este respondió: “Usted sabe, no recibo llamadas” y le lanzó que si no tenía una respuesta “día a día van a tener bajas, como militares y civiles. Ustedes provocaron”. Luego se despidió, con un displicente: “Chaoooo pues”, y le envió por lo menos tres fotografías de los secuestrados. Javier, Paúl y Efraín aparecen con la misma ropa que vestían al salir del hotel.

Esa noche, los familiares de los periodistas fueron contactados, pero solo hasta el otro día se informó oficialmente del secuestro en Ecuador, en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados. Así empezó el secretismo oficial que se mantiene hasta hoy.

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Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas , en una de las manifestaciónes en la calle que pedía verdad y justicia por los tres periodistas secuestrados.

Seis meses después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, los Gobiernos de Ecuador y Colombia no han dado respuestas claras sobre los hechos. Al principio, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que el plagio había ocurrido en Ecuador, y que alias Guacho era de nacionalidad ecuatoriana. Después tuvo que retractarse. Por su parte, el Gobierno de Ecuador no ha divulgado hasta ahora que el 28 de marzo de 2018, cuando circuló el rumor de que los periodistas serían liberados, se preparó en efecto un operativo de rescate. Este es quizá el hallazgo más relevante de Frontera cautiva.

Esa noche, 48 horas después del secuestro, diario El Tiempo de Bogotá reportó la supuesta liberación como un hecho. El medio atribuía su información a altas fuentes militares de “altísima” credibilidad y verificó los datos en terreno; Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, le contó a esta alianza periodística que tuvo conocimiento de que la información vino del entonces ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.

En Ecuador, ese día, un fiscal (cuyo nombre se protege por seguridad) esperó a los secuestrados en la Base Naval de San Lorenzo para acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Esmeraldas, donde tomarían un avión a Quito. En una entrevista que el exministro del Interior, César Navas, dio -ya fuera del cargo- confirmó que se había preparado un avión para trasladarlos. Supuestamente, se le avisó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y la Secretaría de Comunicación estaba organizando una rueda de prensa para anunciar el desenlace. Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron.

Hay también un mensaje de texto que habría sido intercambiado por miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este, al que tuvo acceso este equipo periodístico, se dice que los “tres periodistas retenidos por irregulares (…) estarían siendo liberados a 1K de Mataje y llevados a RTNIM y de ahí Y Mataje – San Lorenzo para disposición final. (…) Mantén linea tengo mi gente adentro. QAP 7/3”.

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Una de las libretas de apuntes de Javier Ortega.Los habitantes de la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el 5 de octubre del año pasado

Otro hallazgo de esta investigación revela que el Gobierno de Ecuador y la banda de Guacho mantenían una comunicación constante. Aunque este equipo periodístico tuvo acceso a parte de los mensajes intercambiados, el Gobierno de ese país se ha negado a entregar información completa sobre las conversaciones.

Sin embargo, se sabe que la agrupación exigía, desde enero de 2018, la liberación de tres de sus miembros detenidos en Ecuador, y la cancelación de un acuerdo contra el narcotráfico suscrito entre ese país y Colombia. Además, en reiteradas ocasiones, el grupo de Guacho emitió amenazas directas contra civiles, información que nunca fue compartida ni con militares, ni con el Ministerio de Interior, ni con los periodistas enviados a la región.

Durante la larga negociación establecida entre el Gobierno ecuatoriano y los secuestradores, hubo mensajes cruzados y múltiples amenazas vía WhatsApp. Las autoridades de Ecuador recibieron imágenes de los periodistas cautivos, encadenados, y por lo menos un video sigue sin hacerse público.

El 7 de abril, Guacho envió su último mensaje: “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas, y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”. Seis días después, el 13 de abril, el presidente de Ecuador confirmó el asesinato.

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Testimonio: moradora de Mataje

Al día de hoy, los pueblos fronterizos entre Ecuador y Colombia continúan desvalidos, sitiados por el miedo y bajo una férrea ley de silencio.

El 1 de agosto de 2018, en uno de los tres viajes realizados por el consorcio de periodistas, Mataje parecía un pueblo fantasma: nadie pasaba por allí. Aunque el calor asfixiaba, las puertas y las ventanas de las casas permanecían cerradas. Los periodistas recorrieron el lugar con el resguardo de una caravana militar y 20 soldados.

Desde hace décadas, los alrededores del río del mismo nombre han sido zona de enfrentamientos. A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las FARC: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, así como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas. Todos cruzan entre ambos países con total libertad, se disputan las más de 19 000 hectáreas de coca cultivadas en el área, las rutas al mar para sacar toneladas de cocaína al mes y los contactos con los grandes  carteles mexicanos.

Como en San Lorenzo, del lado colombiano, en el municipio de Tumaco, el miedo es también un estado cotidiano. La mayoría de las personas consultadas por el consorcio de periodistas no permitió que las entrevistas fueran grabadas, ni siquiera en audio, por temor a posibles represalias.

Las poblaciones a ambos lados de la frontera son usadas en la cadena del narcotráfico. En Ecuador, específicamente en Mataje Nuevo, guardan el armamento y el dinero en caletas. Las cocinas para el procesamiento de la hoja de coca se ubicaban en Campanita, a ocho kilómetros de Mataje, río arriba. También hay sicarios que circulan por poblaciones más urbanas como San Lorenzo. Un funcionario judicial, que habló bajo la condición de anonimato, agregó que esta parte de la frontera sirve para el abastecimiento de combustibles y precursores para la fabricación de la cocaína que se exporta desde el lado colombiano. Tumaco es el municipio con los mayores sembradíos de hoja de coca para uso ilícito del mundo.

Novena por la muerte de siete campesinos en Tandil, Nariño, cuando protestaban contra la erradicación forzada del cultivo de la coca.Los habitantes de la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el 5 de octubre del año pasado.Este hecho se considera el inicio del conflicto en la zona.Tandil area in Nariño, Colombia, October 2017. Manu Brabo.

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El Estado ecuatoriano dice que siempre prefirió una salida negociada, y descartó las operaciones militares para rescatar a Javier, Paúl y Efraín, pero los resultados fallaron. En un momento dado, los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira, frontera natural entre los dos países. Según un testigo de la Fiscalía colombiana, en ese momento Efraín Segarra, el mayor de los tres, entendió que su suerte estaba echada, y preguntó a sus captores si los iban a matar. Alias Perú, un gatillero, le habría contestado:

—Sí, porque el Gobierno ecuatoriano no cumplió con el acuerdo.

Pasarían más de dos meses para que equipos forenses y policías rescataran los cuerpos, el 21 de junio. Cuando los encontraron, Javier, Paúl y Efraín ya no tenían las cadenas que los apresaron durante su cautiverio. Diecisiete tiros las volvieron innecesarias.

El 15 de septiembre, Iván Duque, recién posesionado presidente de Colombia, aseguró que Guacho estaba herido y que había escapado a una operación militar. Dos días después, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el general Alberto Mejía, dijo que no podía “ni confirmar ni negar” la noticia. Yadira Aguagallo, la compañera de Paúl Rivas, mencionó en una entrevista que para las familias es imperativo capturar a Guacho vivo y poder dar un “paso adelante contra la impunidad”. Es decir, conocer la verdad que tres familias y dos países aún esperan.

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14646790_1756669901268967_1206264862_oNo tiene oficinas. Tampoco asignación de recursos en el Presupuesto General del Estado. No tiene funcionarios ni ha celebrado contratos públicos. Pero contra toda evidencia sí existe: es la Unidad de Gestión de Medios, que se encarga de manejar los paquetes accionarios de los medios incautados, una entidad pública que trabaja en las sombras.

Fue creada mediante el Decreto Ejecutivo 699 y se encarga, entre otras cosas, de administrar los medios de comunicación incautados a los hermanos Isaías Dassum, expropietarios del Filanbanco. Se instituyó una vez que se disolvió el Fideicomiso Medios y, desde entonces es la principal accionista de GamaTV y TC Televisión.

Ese Decreto se firmó el 8 de junio de 2015, exactamente un mes antes de que se cumplan siete años de la incautación de los bienes relacionados con el Filanbanco. Allí también se nombra como representante y delegado del Presidente a Fernando Alvarado Espinel, entonces secretario de Comunicación y actual ministro de Turismo.

Es decir, en el papel, la Ugemed existe. Aparece en la Superintendencia de Compañías como la principal accionista de los canales: es la dueña de estas empresas. Pero en la realidad parece que no existiera, pues no tiene una página web, instalaciones físicas propias, personal a su nombre, ni recursos.

Funciona en una oficina en el tercer piso de GamaTV, donde antes estaban las oficinas de la Secretaría Técnica del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad-Medios. Allí hay cuatro escritorios y la persona que atiende, vestida con el uniforme del canal incautado, informa que quien está a cargo es Denisse Romero Pacheco, la delegada de Fernando Alvarado.

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Sin embargo, en los papeles, nadie trabaja para Ugemed. Fundamedios interpuso una acción de acceso a la información para que, entre otros puntos, se entregue la nómina de personal que trabaja para esa entidad pública. José Daniel Morán, quien compareció como abogado de Alvarado, señaló que esa información no existe pues no hay personal que trabaje para esa institución.

En un oficio del Ministerio de Finanzas, obtenido a través de esta acción judicial, se certifica también que la Ugemed “no consta en el Catálogo de Instituciones y Entidades Operativas del Sector Público Vigente, además no registra asignaciones en el Presupuesto General del Estado al 24 de mayo del 2016”.

Denisse Romero Pacheco, de hecho, no es funcionaria de la Ugemed, a pesar de que ese es su trabajo. En su afiliación a la Seguridad Social, aparece como empleada de GamaTV. Ella es quien acude a las reuniones en representación de Alvarado, o FAE, como es conocido en el canal. Antes, fue secretaria técnica del Fideicomiso Medios.

Pero entonces, ¿de dónde saca sus recursos la Ugemed para funcionar? El abogado Morán, durante la audiencia de acceso a la información, señaló hay funcionarios que, según su disponibilidad, pueden atender a los ciudadanos. Es decir, hay gente que hace su trabajo para Ugemed, como el caso de Romero Pacheco o de la persona que recibe los oficios en su oficina en el edificio del canal… pero su sueldo viene de GamaTV. Dicho de otra manera: hay personas trabajan para la entidad pública, pero ganan su salario desde el canal.

Eso ya pasaba desde antes. Los salarios de los miembros de la Secretaría Técnica del Fideicomiso Medios ya se pagaban con recursos de los medios incautados, según un informe de Contraloría. Estos funcionarios son los que pasaron a Ugemed, según el decreto presidencial.

Romero no es la única que gana un sueldo en GamaTV y tiene funciones en Ugemed. El gerente del canal, Ulises Alarcón Miranda, también es asesor jurídico de la entidad pública (también trabajaba antes en la Secretaría Técnica). Él también se presentó en la audiencia, junto con el abogado Morán, pero no intervino sino que estuvo en las bancas del público.

Pero la existencia misma de la Ugemed es cuestionable. Esta entidad fue creada el el 8 de junio del 2015, mediante el Decreto Ejecutivo 699, en el que se liquida el Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad-Medios, a cargo de los medios incautados. Tampoco da mayores argumentos para esta la decisión, solo menciona que “es conveniente extinguir la figura transitoria de este régimen de fideicomiso una vez que la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público UGEDEP va a terminar su existencia legal”. Entre sus objetivos, no se señala la venta de los medios incautados, sino la “administración” de sus paquetes accionarios.

De hecho, la UGEDEP se suprimió días después, el 25 de junio. Pero todos los otros bienes incautados que manejaba esa entidad siguen estando en el Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, pues este no fue disuelto, sino que pasó a manos del Banco Central. Es decir, todas las otras empresas incautadas a los Isaías siguen bajo la figura del fideicomiso.

Solo los medios de comunicación dejaron de estar en un fideicomiso y pasaron a manos de la Ugemed, una entidad pública, que en otras palabras, es la dueña de los canales… Y dentro de la crisis financiera que viven, esa dueña sigue sacando dinero a un canal que no tiene ni para pagar los sueldos de sus verdaderos empleados.

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14646790_1756669901268967_1206264862_oPara el Gobierno, los medios de comunicación son diferentes que el resto de las empresas confiscadas a los hermanos Isaías. Tres años después de la incautación, en 2011, se dieron cuenta que estas empresas tenían un valor más importante que todo lo demás: podían formar parte del aparato de propaganda estatal.

Los cambios en la línea editorial de GamaTV vienen desde 2008, cuando se nombró a Enrique Arosemena Robles, entonces gerente general de EcuadorTV, como administrador de los medios incautados. Y aunque Correa ofreció que se haría un concurso de méritos para que se compruebe que el Gobierno no quería intervenir la línea editorial, tampoco se cumplió.

En 2011, fue directamente la Secretaría Nacional de Comunicación la que entró a jugar en la parte administrativa de los medios. Ese año, el Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, que manejaba todas las empresas incautadas a los exdueños del Filanbanco, se dividió en dos. Los medios de comunicación fueron separados y puestos en el Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad-Medios (mejor conocido como Fideicomiso Medios).

Esta nueva conformación se hizo para que GamaTV y los otros medios sean administrados “con mayor criterio de especialidad”, según reza la escritura de constitución del Fideicomiso, inscrita en la Notaría Vigésimo Séptima del cantón Quito. Con ese objetivo, se incluyó a dos representantes de Secom en la Junta del Fideicomiso, que es la que tomaba las decisiones con respecto a los medios incautados: Fernando Alvarado y Karina Peralta (luego se incorporó también Paúl Mena Zapata, asesor jurídico en la Secom).

Esa Junta creó la Secretaría Técnica del Fideicomiso Medios, conformada por ocho miembros: Patricio Salas, Antonio García, Nicolás Vega, José Ortiz, Leonor Linares, Ulises Alarcón (actual gerente de GamaTV) y Denisse Romero, según información entregada a Fundamedios por la Corporación Financiera Nacional. Esta Secretaría se encargaría de la parte administrativa del Fideicomiso.

Sin embargo, todos los costos de funcionamiento de esta Secretaría corrían a cargo de GamaTV y TC. Contraloría detalla en su informe DAAC-0219-2015 que los sueldos, arriendos, movilización, suministros y materiales de esa entidad fueron pagados de esta manera:

Y esto además incluye sueldos e incluso el pago de un chofer. En la página 20 del informe de Contraloría, se establece que se gastaban más de USD 352.000 en ocho meses de sueldos de los trabajadores de la Secretaría Técnica.

Todos los gastos de la Secretaría del Fideicomiso, incluidos los sueldos de las personas que trabajaban allí, se pagaban con recursos de los dos canales incautados. Es decir, los costos de la administración de todos los medios incautados se financiaban a través de los mismos medios incautados.

Para Contraloría, esto viola el Reglamento de funcionamiento de la Secretaría Técnica, pues allí se señala que este es un órgano con “independencia financiera y administrativa de las empresas supervisadas”.

Pero además, esta acción significa más gastos para GamaTV, que ya para ese entonces enfrentaba una crisis financiera y reportaba altas pérdidas.

El informe de Contraloría examina los recursos hasta abril del 2014. Un año después, en junio del 2015, el Fideicomiso Medios fue disuelto y las empresas de comunicación pasaron a manos de una nueva entidad, la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed), dirigida por Fernando Alvarado Espinel. Y la situación es similar… se sigue manteniendo con recursos del canal.

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Las pérdidas acumuladas son millonarias. La situación financiera de GamaTV, uno de los canales incautados a los hermanos Isaías, se ha ido agravando. Desde que pasó a manos del Estado, en 2008, va acumulando resultados negativos. La incautación del canal en ese año por parte del Gobierno golpeó duramente las finanzas del canal y, por primera vez en cinco años, reportó pérdidas. Lo cual abre serias dudas sobre la viabilidad de una venta que reporte algún beneficio al Estado, tal como anunció el presidente Correa.

Según una revisión de los estados financieros auditados, disponibles en el portal de la Superintendencia de Compañías, la empresa se encontraba estable hasta el 2008, cuando comienza a tambalearse. Ese año, reportó pérdidas por USD 2,08 millones, y poco a poco, la situación siguió empeorando, hasta que en el 2015 las pérdidas netas suman USD 4,11 millones. Con ese déficit, el patrimonio de la empresa también ha ido decreciendo. 

¿Qué pasó para que un canal que tenía una situación sólida ahora esté tambaleándose? Los balances financieros arrojan varias pistas: por ejemplo, la abultada cartera vencida que acumula GamaTV y que, en el 2015, suma USD 16 millones. Se trata principalmente de deudas que las agencias de publicidad mantienen con el canal, es decir: pautan pero no pagan después de que esta ha sido transmitida. Por esta razón, a pesar de que las ventas se mantienen al alza, la situación financiera de la empresa no mejora.  Fundamedios solicitó una entrevista con Ulises Alarcón, el gerente del canal y funcionario público, el 10 de agosto pasado. También se insistió con su secretaria; sin embargo, no se obtuvo una respuesta. Además hay que sumarle los costos de ventas, que son por ejemplo los costos de operación del canal. Estos también han ido creciendo al mismo ritmo que las ventas han crecido, lo que no permite mejorar las finanzas de la empresa.  Es decir, ¿de qué le sirve a una empresa vender USD 34 millones, como en el 2015, si la producción cuesta USD 24 millones y no se puede cobrar USD 20 millones (cifra acumulada de varios años)?

¿Esta crisis financiera ha hecho más difícil que el canal se venda? Esta es una de las preguntas que fue enviada a Fernando Alvarado, quien está al frente de la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed), la principal accionista de los medios incautados, por correo electrónico el 26 de agosto pasado. Sin embargo, no hubo una respuesta hasta el cierre de esta edición.

La realidad es que el ofrecimiento de venta en seis meses que hicieron funcionarios del actual Gobierno en el 2008, en plena campaña por la consulta popular que dio paso a la Asamblea Constituyente, no se ha cumplido: los canales incautados no se han vendido.

Desde entonces, los rumores corren por sus pasillos. Se habla de posibles compradores, de que se está realizando la valorización de la empresa para ponerle un precio de venta… pero oficialmente, solo se conoce lo que el presidente Rafael Correa ha dicho. La última vez que habló sobre la venta de los canales incautados es el 24 de mayo pasado, en su informe a la Nación. Antes, en un sabatina, dijo que siempre han estado a la venta.

“Ustedes saben que estos canales pertenecían a los Isaías. Hay amenazas de que cuando se vaya el Gobierno los van a devolver y van a enjuiciar a los que compraron. Entonces asustan a los interesados, pero están valorados”, aseguró Correa el 30 de abril pasado. Además señaló que GamaTV cuesta USD 25 millones, que según dijo es el valor de su patrimonio, aunque esa cifra no concuerda con los balances a los que se tuvo acceso.

 Ver video desde 2:06:19

El verdadero precio actual de la empresa se desconoce. La cifra que dio Correa en su sabatina es la que se fijó en el 2010. Desde ese año, la situación financiera del canal ha empeorado, los inmuebles y los equipos han envejecido, los problemas se acumulan… Fernando Alvarado dijo en junio pasado a El Universo que se había contratado una empresa “de prestigio internacional” para hacer una nueva valoración.

Las pantallas del canal muestran también su mala situación. La deuda con Televisa, que ascendía a USD 2,3 millones hasta el 2014, hizo que perdiera la programación de esta cadena y los derechos de esta cadena pasaron al grupo de Remigio Ángel González, propietario de RTS y del recientemente aparecido Televicentro. Con esto, GamaTV perdió su principal oferta, las telenovelas mexicanas, que transmitía desde 1995. La razón: esa deuda.

 La crisis del canal hizo que otros programas de alto rating, como “Los Simpsons” y “No-Noticias”, también salieran de su programación.

A esto se suman los despidos y las molestias de los trabajadores, que realizan constantes protestas por la falta de pago de sueldos o de los aportes a la Seguridad Social. Hasta mediados de agosto, la deuda de GamaTV con el IESS ascendía a USD 114 814,87. Además, mantenía pendientes con el SRI pagos por USD 610 043,56.

El ambiente dentro de GamaTV no es cómodo. Entre sus trabajadores hay constante preocupación, pues si se llegara a concretar la venta del canal, no saben si podrán mantener sus puestos de trabajo. Además la crisis es evidente: en el hall del edificio de Quito, que antes estaba siempre lleno de gente, ahora no hay ni siquiera una recepcionista.

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Mientras tanto, las cifras empeoran: las deudas y las cuentas por cobrar se acumulan, haciendo que GamaTV malviva con pérdidas cada año, mientras las negociaciones para una posible venta se mantienen a puerta cerrada.

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Las instalaciones de Tropical FM, en Pedernales. Los dos medios de esa ciudad fueron los más afectados. Foto: Jorge Sárchez

Los medios de comunicación de Manabí y Pedernales también resultaron afectados con el terremoto que, el pasado sábado 16 de abril del 2016, azotó la Costa ecuatoriana, con epicentro en la ciudad de Pedernales. La fuerza del movimiento telúrico causó que el flujo de información se suspendiera en esas provincias durante varias horas.

Frente a esta situación, Fundamedios realiza un mapeo de los 86 medios de comunicación de prensa, radio y televisión que operan en las dos provincias. Hasta el momento, hemos logrado contactarnos con 40 y verificar su situación: ocho presentan daños severos, 16 daños moderados y 16 leves.

El mapa completo de las afectaciones a los medios de comunicación de las provincia de Manabí y Esmeraldas estará disponible en línea a partir de las 15:00 del miércoles 27 de abril.

La situación de los medios de comunicación es especialmente complicada en Manabí, la provincia más afectada por el movimiento telúrico. En Pedernales, las instalaciones de las dos únicas radios de la ciudad, Altamar y Tropical FM, se derrumbaron. La primera está saliendo al aire desde un estudio improvisado; la segunda suspendió su transmisión, allí fallecieron cuatro personas.

En Portoviejo, el edificio de radio Sono Onda Musical se derrumbó y su director, Frank Zambrano, estima unos $40.000 en pérdidas. La radio Farra sufrió graves afectaciones en su infraestructura, por lo que debió ser desalojada y permanece fuera del aire. Las instalaciones de radio Scandalo también resultaron fuertemente dañadas y están funcionando desde un local arrendado, al igual que las instalaciones de TV Manabita, que está saliendo desde la Universidad San Gregorio.

Los periódicos El Diario y La Marea se encuentran circulando con normalidad, aunque no salieron a la venta el domingo posterior al terremoto.

En Manta, Oromar TV, que transmite desde esa ciudad con señal nacional, no tuvo mayores daños en su infraestructura y está al aire con normalidad. En radio Gaviota Laser, en cambio, parte del techo se cayó pero ya fue solucionado.

El diario El Mercurio tuvo graves daños en su rotativa, por lo que se está imprimiendo particularmente y no circuló hasta el miércoles.

El principal problema que sufrieron las comunicaciones fue por la falta de electricidad. Por esto, todas las radios y estaciones de televisión debieron dejar de transmitir durante, al menos, 12 horas, dependiendo de la ciudad en la que se ubican.

En Esmeraldas, los más afectados fueron los medios audiovisuales. El terremoto causó averías en las antenas, que se ubican en el cerro Gatazo. La vía de acceso a la cima de este cerro sufrió deslizamientos, por lo que la señal se mantuvo con intermitencia durante los días posteriores al percance. También hubo cuarteaduras en las instalaciones de algunos medios, sin embargo ninguno de ellos quedó inoperativo.

 

Un informe completo y el mapeo de medios estará disponible en línea a partir de las 15:00, hora de Quito (UTC -5), del miércoles 27 de abril.

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La Superintendencia de Control de Mercado llamó a nuevas reuniones para investigar dos medios de comunicación vinculados con el mexicano Remigio Ángel González. El llamado se hizo después de que Fundamedios y cinco medios digitales publicaran una investigación sobre el nuevo canal de televisión de este emporio, Televicentro.

Por oficios, la Superintendencia citó a entidades públicas y privadas para reuniones, que se desarrollan desde el pasado 19 de febrero. El objetivo es, según señalan los oficios, “tratar el tema relativo a la compra de acciones efectuada por Telecomunicaciones Globales de Entretenimiento Televisivo Teglovisión S.A. a Grupo el Comercio C.A., su posterior inicio de actividades televisivas en la frecuencia en la que operaba Telecuatro Guayaquil C.A.”. Además, la Superintendencia pide abordar la investigación de la ONG y los portales digitales 4 Pelagatos, Focus, Plan V, Rayuela Radio, Wambra Radio, Fundación Mil Hojas y Fundamedios.

El informe publicado la semana pasada revela que, detrás de una cortina societaria, González posee al menos 17 medios de comunicación en Ecuador y tiene concesiones para 87 frecuencias de radio, televisión analógica y televisión digital. También señala que Televicentro, que sale al aire con un noticiero que usa la marca de El Comercio, está operando con frecuencias temporales.

La Superintendencia de Control de Poder de Mercado citó a la Superintendencia de Comunicación, el Consejo de Regulación de la Comunicación, la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones, Telecomunicaciones Globales de Entretenimiento Televisivo Teglovisión S.A., Grupo el Comercio C.A., el diario El Universo ya los partícipes de la investigación de los medios digitales y ONGs.

A través de un boletín de prensa, la Superintendencia señala que investiga desde el 6 de enero del 2015 la transacción de compra de El Comercio. Dice que la convocatoria responde a “la notificación de concentración económica con fines informativos”.