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Javier Ortega

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La Procuraduría General de Colombia a través del Boletín 603 censuró que por causa de la congestión que registra el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, Nariño, en los últimos cuatro meses más de un centenar de personas privadas de la libertad quedó libre por vencimiento de términos. Dentro de ese grupo se encuentran los procesados por el secuestro y homicidio de los periodistas de diario El Comercio: Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

El 4 de agosto de 2020 el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. El sujeto se encontraba con medida de aseguramiento por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir.

Previamente, el 17 de junio, el mismo Juzgado concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para aplicar la Ley 1809, según la cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Óliver Sinisterra (FOS) como un grupo armado organizado.

Para la Procuraduría, las libertades otorgadas por vencimiento de términos lesionan indiscutiblemente los derechos de las víctimas, quienes reclaman una justicia pronta y oportuna.

El 12 de agosto de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares en el caso del secuestro y posterior asesinato de los miembros del equipo periodístico. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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Ecuador, 12 de agosto de 2020.- Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares 45/2020, en el caso del secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen. 

Resolución CIDH

El 12 de abril de 2018 la CIDH otorgó las medidas cautelares en respuesta al pedido realizado por Fundamedios, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) y los familiares de las víctimas. Entonces se consideró que la situación cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, necesarios para otorgar dichas resoluciones. 

Parte de las acciones de la Comisión incluyó la conformación de un equipo de seguimiento especial (ESE) para acompañar la investigación de los asesinatos. A través de esta instancia, en diciembre de 2019, se presentó un informe que conmina a Ecuador y Colombia a una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico. Esto no ha ocurrido.

En el comunicado de este 12 de agosto, la Comisión explica que las medidas cautelares fueron otorgadas con miras a que se “adopten las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra” y “las medidas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”. Tras conocerse del asesinato, la CIDH recuerda que el ESE se implementó “en el entendido de que la obligación de investigar y determinar las responsabilidades que dieran lugar a los hechos recae sobre el Estado”.

En ese contexto, dos años y cuatro meses después, al no existir los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, el organismo estima que corresponde levantar las medidas cautelares.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano.

En el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano. (Al final de este comunicado pueden consultar una línea de tiempo con las fechas del proceso contra Angulo Arboleda.)

Resulta pertinente recordar que en junio de este año también quedó en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien no se ha presentado a las audiencias que se continúan adelantando en su contra.

En 2018, el Estado anunciaba a las familias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haría todo lo posible para que los responsables fueran sometidos a la justicia, pareciera que ese compromiso se hubiese borrado con el paso del tiempo.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el acceso a la justicia ha sido indignante, y desgastante: “No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese: darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”.

Para Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH.

En ese sentido, el Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, debe adoptar lineamientos para priorizar la procuración de justicia en este caso, de conformidad con los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Como víctimas también nos afecta. Nos hace pensar que lamentablemente es un camino duro el cual tenemos que seguir labrando y luchando hasta poder conseguir el objetivo de llegar a esa justicia y a esa verdad y a esa equidad en este caso”, Ricardo Rivas.

200805 Comunicado Libertad por Vencimiento de Términos Cherry.docx

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Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra hacían su trabajo cuando, en abril de 2018, los asesinaron. Buscaban la noticia y a sus personajes. Defendían el derecho de ejercer su oficio y el de toda la sociedad de estar informada. Historias urgentes es una recopilación de voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este libro reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que no descansan en su exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.

El crimen también puso en evidencia las limitaciones de las instituciones ecuatorianas, y la estulticia de muchos funcionarios y políticos. Además, desató enormes muestras de solidaridad en la sociedad ecuatoriana. Pero quizá lo más conmovedor fue que mostró la humanidad, la dolorosa templanza de sus familias y colegas, que lucharon y luchan por esclarecer las razones profundas de su muerte y señalar no solo a los autores materiales, sino a los perpetradores intelectuales, a sus cómplices y encubridores.

Un manto de silencio no debe invisibilizar las deficiencias y omisiones de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a sus habitantes y al trabajo periodístico.

Agradecemos a todos quienes participaron en el proceso. Y recordamos que Fundamedios acompañará a las familias en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición: Historias urgentes.

 

 

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Dos años han pasado: y no hay respuestas. Un día como hoy, el 26 de marzo de 2018, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, de Diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje (norte de Esmeraldas) y trasladados a territorio colombiano por el Frente Óliver Sinisterra (FOS). El grupo narcoguerrillero, a cargo de Walter Patricio Arizala Vernaza, Guacho, los captó en medio de una escalada de violencia y días después los tres se convirtieron en víctimas de un crimen que tras 24 meses no tiene responsables. 

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Un documento de 104 páginas que indica que ese podría ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de las familias Ortega, Rivas y Segarra, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Para Fundamedios, se trata de un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra el periodismo es multidimensional. Además, es preciso garantizar su protección para que sea posible informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos ejerzan su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho.

Dos años después, la organización insiste en que el trabajo del ESE es inicial y deben crearse mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones. Instamos a la CIDH a que en el marco de las medidas cautelares aún en vigencia se haga un monitoreo exhaustivo a sus sugerencias, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse instrumentos regionales de seguridad. Pero también, una vez más, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Fundamedios exige que exista una desclasificación real de la información sobre los operativos en la zona de frontera y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias: solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

La coyuntura demuestra que, a pesar de este precedente, Ecuador todavía no ofrece las garantías necesarias a los trabajadores de la prensa para cumplir su rol. A pesar de que existen esfuerzos para que opere un Comité para la Seguridad de Periodistas, las condiciones de inseguridad afectan severamente el ejercicio periodístico. 

Se lo pido comprobar dramáticamente durante las protestas de octubre, con más de 200 reporteros agredidos. Y ahora se lo vuelve a percibir durante la crisis provocada por el COVID19

Los periodistas ecuatorianos enfrentan muchos retos al cubrir la pandemia en medio de la incertidumbre y sin que las autoridades adopten políticas de seguridad  y los medios de comunicación establezcan protocolos y medidas de prevención a quienes están altamente expuestos por su trabajo. En esas condiciones, la autoprotección es la única defensa de quienes informan desde las calles. 

A dos años del traumático secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín, la protección a los periodistas en el Ecuador es un pendiente que debe apelar a las conciencias de todos los actores.

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En abril de 2018 se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo: investigar y esclarecer el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana.

Esta iniciativa nació tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas; Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia).

El 12 de diciembre de 2019, el ESE presentó el Informe Final a las autoridades colombianas, ecuatorianas y a los familiares. En el capítulo tres se refiere a las investigaciones realizadas por Colombia y Ecuador y destaca aspectos a ser tomados en cuenta por las instituciones judiciales para definir una real teoría del caso.

Fundamedios explica los puntos más críticos que la Fiscalía ecuatoriana debería revisar para desarrollar una línea de indagación más clara y así evitar la impunidad.

 

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12 de diciembre de 2019 es una fecha clave en el esclarecimiento del crimen que segó la vida del reportero Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra. Esa fue la fecha escogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para entregar los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE), un documento de 104 páginas que indica que este puede ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Fundamedios, a través de su director jurídico y de DDHH, el exrelator Frank LaRue, expuso su posición en Washington D.C ante Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión; embajadores de Ecuador y Colombia; y las familias Ortega, Rivas y Segarra. 

Publicerat av Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Torsdag 12 december 2019

Para la organización, este es un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra la prensa se da de maneras diferentes y es multidimensional. Además, es preciso garantizar la seguridad y protección de los periodistas para que puedan informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos puedan ejercer su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho. 

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.  

Fundamedios insiste en que el trabajo del ESE es inicial y debe ser continuado. Instamos a la CIDH a dar seguimiento y monitoreo a sus recomendaciones, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse mecanismos regionales de seguridad. Tal como lo mencionó el exrelator especial de Naciones Unidas y actual asesor de la organización, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

 

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Los nombres del periodista Javier Ortega y del fotógrafo Paúl Rivas, quienes fallecieron en la frontera entre  Ecuador y Colombia en abril de 2018, ya constan en el Memorial del Newseum (Washington D.C). La mañana de este lunes, 3 de junio, durante una ceremonia conmemorativa, los nombres de los reporteros de El Comercio (Ecuador) se sumaron a otros 2,323 profesionales reconocidos en ese espacio.

Las fotografías de los ecuatorianos fueron presentadas con una breve reseña de ambos y su vinculación al ejercicio periodístico. Además, en la placa constan detalles de la forma en la que perdieron la vida mientras realizaban una cobertura en la frontera norte de Ecuador y Colombia.  En total, en este año, se rememoró a 21 comunicadores de todo el mundo que fallecieron en 2018.

El nombre de Efraín Segarra, conductor de El Comercio asesinado junto a Paúl y Javier, no consta en los paneles de re-dedicación, sin embargo fue destacado durante la ceremonia. El Newseum, es considerado el rincón más importante del periodismo y de los medios de comunicación, allí se conmemora a aquellos periodistas que murieron mientras cumplían con el deber de informar.

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, agradeció a FUNDAMEDIOS y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) por gestionar ante los directivos del Newseum la posibilidad de que se reconozca el trabajo de los reporteros. “Es un día agridulce, por un lado, sabemos que este homenaje es parte de esa reparación simbólica y del trabajo de la memoria que es tan necesario en estos casos. Sin embargo, a nosotros lo único que nos servía era su regreso con vida”, comentó.

Gene Policinski, presidente del Freedom Forum Institute, aseguró que el Memorial genera una mayor conciencia ciudadana respecto a los peligros y limitaciones que tienen los periodistas al momento de informar ya sea por amenazas de gobiernos represivos o por la delincuencia organizada.

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Los nombres del periodista Javier Ortega y del fotógrafo Paúl Rivas se agregarán a la muestra del Newseum: el rincón más importante de la memoria histórica en lo que refiere a periodismo y medios de comunicación. El Museo de las Noticias, ubicado en Washington D.C (EE.UU.), es un espacio interactivo que promueve la libertad de prensa.

Los familiares de los reporteros, Fundamedios y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) realizaron intensas gestiones ante los directivos del Newseum, con el fin de incorporar el legado de los integrantes del equipo periodístico ecuatoriano a este espacio. En el Memorial se honra a los trabajadores de la prensa fallecidos en todo el mundo, en cumplimiento de su deber de informar.

La directora ejecutiva y curadora del Newseum, Carrie Christoffersen, explicó que este 2019 los nombres de Juan Javier Ortega Reyes y Paúl Rivas serán agregados al Memorial como representantes de los 54 periodistas asesinados en 2018, según datos del CPJ. Expresó que el Newseum y el Freedom Forum Institute continúa ofreciendo sus condolencias por la pérdida de Paúl y Javier así como las de su colega, Efraín Segarra.   

Christoffersen puntualizó que el propósito del Memorial y del Newseum es recordar a sus visitantes la importancia del periodismo. Ofrecer un espacio en se que reconozcan los retos y riesgos que asumen quienes ejercen esta profesión: intimidación, prisión, violencia y muerte.

Ortega y Rivas forman parte del equipo periodístico que, en abril de 2018, fue asesinado a manos del frente Óliver Sinisterra, en la frontera entre Ecuador y Colombia. En el Journalists Memorial del Newseum se honra a aquellos reporteros, fotógrafos, presentadores de radio y televisión que murieron haciendo noticias. Más de 2200 profesionales de la información de todo el mundo están grabados en los paneles de cristal que cuelgan de las dos estructuras del museo. Este 2019, se incluirán 21 nombres.

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La mañana del 26 de marzo, familiares y colegas del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y asesinado en la frontera norte de Ecuador ofrecieron una rueda de prensa en la Plaza Grande, en el Centro de Quito. En el lugar los asistentes conmemoraron el primer aniversario del suceso y exigieron al Gobierno de Lenín Moreno respuestas concretas en torno a la muerte de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

Frente al Palacio de Carondelet, Yadira Aguagallo, expareja del fotógrafo Paúl, afirmó que los familiares y su equipo legal han exigido a la Fiscalía General del Estado que no se cierre la investigación en torno al asesinato de los comunicadores. “Hemos insistido a la Fiscalía que cambie su horizonte de investigación”, añadió.

“Lo más duro ha sido tener que vivir sin mi hijo y el resto del equipo” sentenció Galo Ortega, padre de Javier. Él se presentó al plantón con una cadena alrededor de su cuello y pecho como símbolo del encierro padecido por el equipo durante el secuestro, y el peso del doloroso proceso que han vivido los familiares de las víctimas.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl,  “la visión de reparación de las autoridades ecuatorianas fue muy corta”. El docente detalló que el accionar del Estado ecuatoriano en el caso ha sido deficiente, insensible e indignante, agregando que el hecho de que no exista un pronunciamiento oficial a sus demandas no hará que el país se olvide de este terrible atropello a los Derechos Humanos.

“Es una visión muy limitada, que piensa que los familiares solo buscamos favores económicos y lo que se busca exclusivamente en este caso es la verdad y la no repetición”, agregó Aguagallo.

Los familiares de las víctimas concuerdan en que durante el último año ha  primado una política de silencio alrededor del crimen contra el equipo periodístico. Los mismos sostuvieron que se han reunido con distintos asambleístas y otros funcionarios, sin embargo ninguno ha tomado el reto de fiscalizar las acciones de las autoridades que estuvieron al mando durante el secuestro.

Ricardo Rivas, Yadira Aguagallo y Galo Ortega esperan ansiosos el informe del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, creado para investigar este suceso. Anhelan que este instrumento sirva para llegar a la verdad no solamente en Ecuador sino también en Colombia.

Durante toda la semana, se realizarán varias actividades de vigilia para conmemorar al equipo.