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Este 12 de diciembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) a instancias de las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, las organizaciones acompañantes y los Estados de Ecuador y Colombia para dar seguimiento al cumplimiento de las Medidas Cautelares, presentó el Informe Final de su mandato. Consideramos que es un aporte decisivo para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición en el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio

Queremos volver a resaltar la importancia de este mecanismo especial, como una experiencia pionera que debe ser valorada como el mayor esfuerzo que se ha realizado desde el Sistema Interamericano de DDHH para hacer seguimiento en tiempo real a las investigaciones policiales y fiscales, así como a los procesos legales en los casos que involucran el asesinato de periodistas y, con ello, cortar el círculo de impunidad que rodea a los delitos contra comunicadores en Latinoamérica

Tras 17 meses de trabajo, creemos que es fundamental que CIDH, RELE, sociedad civil, Estados y víctimas evaluemos exhaustiva, honesta y contextualizadamente este mecanismo especial con el fin de reconocerlo como una herramienta válida, aplicable en cientos de casos.

Sobre el contenido del informe, el ESE insta a los Estados de Ecuador y Colombia-y Fundamedios se hace eco- a que exista una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. 

Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias Ortega, Rivas y Segarra. Solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas

Como organización que ha acompañado el caso desde el primer momento, precisamos respuestas luego de que el ESE concluye que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para enfrentar la situación de riesgo extraordinario generado por la presencia de los grupos delincuenciales armados con presencia transnacional. Grupos que violaron el derecho a la vida de tres periodistas en ejercicio de su profesión.

Además, para hablar a futuro de justicia y no repetición es necesario que el país, a través de sus autoridades, examine el efecto de las descoordinaciones y omisiones en brindar protección al equipo periodístico antes de ser secuestrados en Mataje (Esmeraldas).

El informe del ESE es uno de los primeros pasos hacia la determinación de responsables. Exigimos, junto a los familiares, amigos y colegas de los periodistas asesinados, que se cumplan las recomendaciones del documento presentado en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obedecerlas significa la creación de una Comisión Especial, que cuente con suficientes garantías de independencia y transparencia para investigar en Ecuador.

a) Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro.

b) Qué papel cumplió el Comité de crisis.

c) Quién tomaba las decisiones de lo que debía hacerse.

d) Cuando se tomó la decisión de la ruta a seguir.

e) Si se autorizó a las Fuerzas Armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro del equipo periodístico.

El secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no puede abordarse como un hecho aislado. Está, tal como concluye el Equipo de Seguimiento Especial, vinculado estrechamente a la situación de orden público en la frontera entre Ecuador y Colombia entre octubre de 2017 y enero de 2018. Esto significa que las autoridades son las responsables de las respuestas que están pendientes.

Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico. 

El ESE también reconoce que la colaboración penal internacional entre Ecuador y Colombia para sancionar a los responsables ha sido insuficiente. “La cooperación binacional se ha quedado estancada y muchos esfuerzos directos que pudieron esclarecer los hechos han sido dejados de lado por ambos Estados. El nivel de respuesta ha sido lento”, concluye el documento de 103 páginas.

Finalmente, solicitamos formalmente a la Comisión Interamericana que no cierre las Medidas Cautelares a favor de Paúl, Javier y Efraín que han permitido crear este mecanismo especial contra la impunidad. Pedimos a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que acoja la causa para que no se produzca el cierre de las mismas. 

Fundamedios permanecerá junto a las víctimas, sus familias y las decenas de periodistas de a pie y sin cadenas que en el Ecuador cada día gritan: “Por Paúl, Javier y Efraín, nadie se cansa”. 

Porque siempre nos faltarán 3.

Descargue el Informe Final

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El caso de secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio pasará a la Comisión de la Verdad de la Fiscalía. Belén Corredores será la nueva agente encargada del caso, en reemplazo de Wilson Toainga.

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, comentó a FUNDAMEDIOS que la decisión es alentadora porque el caso debe analizarse desde la perspectiva de los derechos humanos. “Esta comisión tendrá el enfoque de establecer responsabilidad de agentes estatales, ya sea por acción y omisión y este ha sido uno de las exigencias que hemos presentado en este caso que lleva abierto 1 año y 3 meses”, mencionó.

Aguagallo, quien considera que con el cambio de fiscal se pueden encontrar nuevos “enfoques de investigación”, argumentó que sería muy importante que también se recojan las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está próximo a entregarse.

En una entrevista vía telefónica con FUNDAMEDIOS, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, mencionó que en julio solicitarán una cita a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para expresarle sus preocupaciones respecto a la investigación que se ha realizado hasta el momento sobre el secuestro y asesinato de los periodistas en la frontera norte a manos del frente Oliver Sinisterra.

A esta Comisión también pasó el expediente relacionado con la desaparición y muerte del soldado Wilson Ilaquiche y el caso de los ecuatorianos Óscar Villacís y Katy Velasco, también asesinados.