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la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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El Derecho de Respuesta es el quinto punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trata dentro de las observaciones hechas al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

El organismo internacional aseguró que, ante eventuales abusos de la libertad de expresión que perjudiquen derechos ajenos, el Estado debe imponer las medidas menos restrictivas para el ejercicio de ese derecho. En ese sentido, apuntó que el derecho de rectificación o respuesta, consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana, es recomendado como una medida adecuada para la protección de la reputación y la reparación ante un posible daño, como un posible agravio o una inexactitud.

Sin embargo, la Relatoría advirtió que el derecho de respuesta podría implicar una forma de restricción a la libertad de expresión, si existe una reglamentación del mecanismo inadecuada, o la imposición de cargas o sanciones exorbitantes a los medios de comunicación en el ejercicio de este derecho, lo que puede derivar en abusos o formas de afectación desproporcionadas a la libertad de expresión.

Según la Relatoría, la LOC vigente otorgó una amplia discrecionalidad a la Supercom para imponer rectificaciones y réplicas a los medios de comunicación, disponiendo del espacio y estableciendo sanciones económicas desproporcionadas que amenazaron la sustentabilidad financiera de los medios.

La Relatoría sugirió revisar de manera integral la redacción de los artículos 16 al 21 del proyecto de reformas entregado por el Ejecutivo, así como un repaso cuidadoso de los términos en que se reglamenta el derecho de rectificación y respuesta.

La Relatoría recordó que el artículo 14 de la Convención Americana en forma taxativa admite el derecho de respuesta, pero únicamente para responder a «informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio» de la persona afectada a través de medios legalmente reglamentados. Por lo tanto, el solicitante no tiene la posibilidad de responder o pedir la rectificación ante cualquier información que lo involucre, sino cuando pueda acreditar que hay una inexactitud o un agravio en la información publicada y que ese error le afecta.

Por otra parte, advirtió que la imposición de condicionamientos previos, como la veracidad, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió a la responsabilidad ulterior, dentro de las observaciones hechas al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

De acuerdo a los estándares internacionales, la Relatoría fue enfática en señalar que, pese a que el Código Penal ecuatoriano establece responsabilidades ulteriores por eventuales abusos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la Convención Americana estableció que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios y asuntos de interés público resulta incompatible.

El Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “Los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

En esa línea, el Principio 10 establece que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles…”. En cuanto a una eventual responsabilidad civil, la Corte Interamericana establece que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionales de manera que no causen un efecto inhibitorio. Se debe tener presente que si la reparación civil es elevada, puede jugar un efecto tan inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión como el de una sanción penal, y tener un efecto de autocensura.

Respecto al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, la Relatoría observó el artículo 15 y recomendó revisarlo a la luz de los estándares señalados. Dicho artículo   establece la posibilidad de atribuir responsabilidad a los medios de comunicación por la difusión de información cuando no esté debidamente identificado el autor de la misma. Sobre este punto, la Relatoría Especial recordó que la difusión de información, sin identificación del autor por parte de los medios de comunicación, forma parte de la dinámica comunicacional y de la protección del derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes de información.

Otro aspecto que fue observado es el de mantener una regulación de los comentarios del público en los medios de comunicación. “Si bien constituye una buena práctica que los medios de comunicación social tengan normas transparentes para moderar los comentarios del público, una regulación con base en sanciones podría llevar a los medios de comunicación a prescindir de estos espacios, lo que podría causar un efecto inhibitorio en la deliberación sobre asuntos de interés público”, concluyó la Relatoría.

El pasado 25 de julio de 2018, el relator especial para la libertad de expresión, Édison Lanza, compareció ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para dar su visión y entregar las observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que presentó el presidente Lenín Moreno.

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Las normas deontológicas son el tercer punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó y observó, tras revisar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que propuso el presidente Lenin Moreno.

Al respecto, la Relatoría destacó que la reforma modifica varias disposiciones de la Ley vigente que imponían a los medios de comunicación una serie de normas de actuación ética o deontológica, cuya aplicación es supervisada por un defensor elegido e impuesto por el Estado.

En este aspecto, la Relatoría aseguró que la reforma se alinea con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, en cuanto establece que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados. Sin embargo, mencionó que si bien varios de los contenidos mínimos explicitados en la norma son compatibles, hay otros que por su amplitud y vaguedad -y el hecho de ser de obligatoria inclusión en el propio funcionamiento de los medios-, podrían tener un efecto inhibitorio o dar lugar a restricciones en el ejercicio del periodismo.

La Relatoría sugiere que la elaboración del contenido de los códigos formen parte de un Consejo de Prensa o de Medios, como ya existen a nivel comparado, integrado por representantes de los medios y de la ciudadanía.En este aspecto, concluyó que para asegurar la autonomía de los medios es indispensable respetar su independencia en la línea editorial o informativa. Según la Relatoría, la prohibición de la censura previa en los instrumentos internacionales refiere al Estado, sus poderes y a sus funcionarios, pero no puede asimilarse a una restricción a la independencia editorial de los medios.

 

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió este 25 de julio de 2018 a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que presentó el presidente Lenín Moreno.

Dichas observaciones fueron divididas por la Relatoría en seis ejes: 1. Fortalecimiento y respeto a la normativa internacional y apego a las normas constitucionales. 2. Eliminación de la Supercom. 3. Fortalecimiento de la participación ciudadana. 4. Fomento de autorregulación de medios públicos y privados. 5. Diferenciación en sistema de comunicación para tener medios de comunicación públicos, privados y medios ciudadanos, cada uno con roles y objetivos. 6. Pasos necesarios para el traspaso que el gobierno tiene de acciones en medios de comunicación incautados.

Con el objetivo de dar a conocer con mayor profundidad acerca de estas observaciones y aportar el debate de cara a las reformas a la LOC, FUNDAMEDIOS publicará una serie de notas para exponer de manera más amplia el análisis de la Relatoría.

Respecto al primer punto, sobre el fortalecimiento y respeto a la normativa internacional y apego a las normas constitucionales, el organismo internacional destacó que el Proyecto de Ley muestra la voluntad de adoptar las reformas necesarias para que el marco normativo sobre libertades y el funcionamiento de los medios de comunicación esté alineado a los estándares internacionales y se atiendan las preocupaciones manifestadas sobre la definición de comunicación como un «servicio público».

La Relatoría mencionó que Jurisprudencia Interamericana ha observado que las diversas manifestaciones de la libertad de expresión, que incluye el ejercicio del periodismo, la expresión escrita, artística o simbólica, entre otros, no pueden concebirse meramente como la prestación de servicios públicos porque están vinculados con un derecho inherente a todo ser humano.

En la primera parte de las observaciones al Proyecto de Reformas a la LOC, la Relatoría Especial se refirió a los principios rectores que debería tener la normativa.

El primero de ellos es el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual reconoce que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, así como lo hace el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana.

De igual manera, la Relatoría apuntó como un principio básico el respecto a la libertad de expresión y la existencia de medios de comunicación libres, independientes, pluralistas y diversos son esenciales en una sociedad democrática, según dictmaina la jurisprudencia intreamericana.

En esa línea, y citando a la Corte Interamericana, mencionó que «la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. De allí la importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se dediquen profesionalmente a ella”.

Tras analizar los artículos 1 y 2 de la reforma propuesta por el Ejecutivo, la Relatoría concluyó que la normativa busca proteger los estándares más elevados en materia de libertad de expresión y celebró, en ese aspecto específico, la incorporación de los instrumentos internacionales que garantizan la libertad de expresión; entre ellos el artículo 13 de la Convención Americana, como principios que deben guiar la interpretación y aplicación de la nueva normativa en materia de medios de comunicación en Ecuador.

En cuanto a las sugerencias de ese apartado, la CIDH sugirió incorporar, en el artículo 1 de la reforma como objeto de la ley, la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión, y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación. “Esta definición fortalecería la interpretación general de la norma y sería un reconocimiento explícito al rol que el periodismo y los medios de comunicación juegan en el fortalecimiento de la democracia”, apuntó.

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Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza fue recibido la tarde de este 25 de julio de 2018 por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramita las reformas a la Ley de Comunicación.

En su intervención el Relator saludó la iniciativa del gobierno y el legislativo de abrir un proceso para adaptar y adoptar las reformas necesarias para que la legislación esté acorde a las directrices y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, considerando que la actual ley ha sido motivo de preocupación por no estar alineada a estándares internacionales, desde que fue promulgada en 2013.

Al respecto presentó un análisis del proyecto de reformas del ejecutivo y aseguró que si bien el texto presenta algunos avances, hay otros que sugiere ser observados para adecuarse a los estándares antes mencionados.

En ese sentido celebró que el proyecto de ley suprima disposiciones que representan responsabilidades ulteriores que limitan de manera desproporcionada la libertad de prensa como la figura del linchamiento mediático. También aseguró que le parece positivo que se reserve un porcentaje del espectro radioeléctrico para medios comunitarios, más no para medios públicos.

Para comenzar, señaló que la libertad de expresión se ejerce sin censura previa y sin condicionamientos previos de un Estado, por lo que criterios como la obligación de transmitir información veraz, verificada, contextualizada podría ser desproporcionada.

En esa línea, Lanza cree que la imposición de un código deontológico desde el Estado, o establecer criterios mínimos como plantea el actual proyecto de reforma del ejecutivo “podría ser un corsé” para los medios de comunicación. En su lugar, sugiere que se creen otros mecanismos como concejos de prensa, defensores de audiencias y la autorregulación desde cada medio.

En cuanto a la responsabilidad ulterior, el Relator sostuvo que esta debe ser aplicada bajo estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad y que en caso de una eventual vulneración de derechos a terceros, se debe utilizar la vía civil y excluir la vía penal.

El Relator también se refirió a los mecanismos de réplica y rectificación y cuestionó que la actual ley ha dado paso a un abuso de este mecanismo, por lo que sugirió que se revise este aspecto y se adecúe a lo que establece el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual menciona que se debe dar paso a una rectificación cuando se afecte a un tercero por información inexacta o agraviante. “Sino entraríamos en la lógica de que cualquier alusión a alguien podría dar paso a usar espacios e imponer contenidos”

Lanza también observó que el proyecto de Lenín Moreno mantiene las restricciones a la circulación de información, como la que está protegida por cláusula de reserva,  o datos personales, así como en casos judiciales en etapa de investigación. Para el experto, cuando se tratan de temas de interés público no debería existir esta restricción.

Finalmente, el Relator concluyó su intervención con la sugerencia de trabajar en un diseño institucional que permita tener instituciones con absoluta independencia y autonomía del ejecutivo. Al respecto propuso estudiar modelos comparados más apropiados para blindarse de presiones políticas. “El diseño institucional es un tema que no está resuelto, hay que  incorporar una serie de cuestiones (…) es como un rompecabezas que hay que armarlo”, apuntó.

A la sesión Sesión Nro 176 de la Comisión también participó la Asambleísta de la Izquierda democrática, Wilma Andrade, quien propuso su proyecto “Chao Supercom” que, en términos generales, sugiere que en lugar de la Supercom exista un ente administrativo, en la propia Cordicom, que lleve temas administrativos y que establezca sanciones como disculpas públicas, espacios de réplica y, en casos de incumplimiento, sanciones económicas entre el 0.1 al 1% de la facturación del trimestre anterior de los medios, con posibilidad a impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, Julio César Trujillo y el Contralor General encargado, Pablo Celi también fueron invitados a aportar con sus criterios. Sin embargo, no acudieron.

 

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La conferencia internacional «La libertad de expresión ante los desafíos democráticos del hemisferio – Celebración del 20° Aniversario de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión», se realizó el 2 y 3 de noviembre en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, para conmemorar la creación del organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997.

La actividad, organizada en conjunto con la Universidad de Palermo de Argentina, contó con varios paneles sobre violencia contra periodistas y medios de comunicación e impunidad en el hemisferio; libertad de expresión, periodismo y democracia; perspectivas regionales sobre los desafíos para garantizar y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos en internet; y la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la CIDH y su vigencia a la luz de los cambios producidos por la era digital. El director del diario El Tiempo, Roberto Pombo, intervino en la conferencia en representación de la Sociedad Interamericana de Prensa como moderador del panel «Libertad de Expresión, periodismo y democracia: desafíos en la coyuntura hemisférica».

Entre otros invitados especiales, los paneles contaron con la participaron de Jineth Bedoya, El Tiempo, Colombia; Carlos Dada, El Faro, El Salvador; Marianela Balbi, IFEX – ALC/IPYS Venezuela; Ana Ruelas, Artículo 19 México; Rachael Kay, IFEX; César Ricaurte, Fundamedios, Ecuador; Carlos Ayala Corao, expresidente de la CIDH y Ona Flores, CIDH, Estados Unidos.

De acuerdo a la Relatoría la conferencia sirvió como «una plataforma pública para volver a poner en la agenda hemisférica temas acuciantes para la defensa de la libertad de expresión como son la violencia y seguridad de periodistas; internet y privacidad; y libertad de expresión y democracia», y proporcionó una oportunidad para analizar los avances hemisféricos en la materia.

El evento también consistió de un diálogo abierto con presentaciones de los cinco relatores especiales: Santiago Cantón (1998-2002), Eduardo Bertoni (2002- 2005), Ignacio Álvarez (2006-2008), Catalina Botero (2008-2014 y Edison Lanza en el cargo desde 2014.

Los relatores, según un comunicado del organismo, destacaron el papel que la oficina ha desempeñado en la vigilancia de la situación de la libertad de expresión en el hemisferio, así como en la promoción de altos estándares en esta materia. Como ejemplo mencionaron que 23 países de las Américas han aprobado leyes de acceso a la información pública; en otros se han derogado las leyes de desacato; existe una progresiva tendencia en la región a la anulación o modificación de los delitos de calumnias e injurias, en particular con el objeto de proteger la expresión que se refiere a asuntos de interés público o sobre funcionarios públicos, y subrayaron la adopción de mecanismos especiales para la protección de los periodistas y la creación de fiscalías especializadas para investigar los crímenes y los actos de violencia.

Sin embargo, puntualizaron que pese a los notables avances en materia de la expansión de internet que ha potenciado el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la región y el importante impacto de la investigación periodística en la lucha contra la corrupción, persisten desafíos tales como la violencia contra periodistas y los elevados índices de impunidad, la criminalización de la crítica, la censura, el cierre arbitrario de medios y el uso de medios indirectos para interferir o controlar el funcionamiento de los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, entre otros problemas que afectan la libertad de expresión en la región.

Fuente: SIP.

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En diciembre de 2016, y durante la última campaña electoral, diversas organizaciones sociales, de medios y de periodistas desarrollamos la denominada “Hoja de Ruta para Recuperar la Libertad de Expresión en Ecuador”. En este documento se establecen una serie de principios básicos para que durante la nueva administración de Gobierno, el país se recuperara de los retrocesos que se habían producido en el régimen de Rafael Correa. Uno de los puntos centrales del documento es la recuperación de los medios financiados con dineros públicos para que se transformen de medios gubernamentales y al servicio de un partido político a medios al servicio de todos los ciudadanos del país.

Por esta razón consideramos que los recientes cambios producidos en la cúpula de los denominados “medios públicos” concuerdan con esa Hoja Ruta, pues quienes han sido separados de sus cargos no eran sino operadores políticos al servicio de un partido y no de la ciudadanía. Así, los ex funcionarios han sido los principales responsables de utilizar fondos públicos para satisfacer intereses particulares a través del aparato de comunicación estatal.

Respaldamos las acciones del Presidente Lenin Moreno, pero al mismo tiempo nos permitimos sugerir lo siguiente:

• El Gobierno debe deshacerse inmediatamente de los medios incautados al sector privado, a través de la venta o cualquier otro mecanismo que devuelva la autonomía financiera y editorial a los mismos. La venta de estos medios debe garantizar el pluralismo e impedir la concentración en grupos ya existentes, oportunamente denunciados por la organización. Mientras tanto, deben darse designaciones de directivos que garanticen esta autonomía.

• Debe garantizarse absolutamente la independencia editorial y financiera de los medios estatales para que puedan ser verdaderamente públicos. El Ejecutivo, por lo tanto, debe derogar la normativa vigente y generar normas que permitan que los medios públicos tengan directorios plurales, independientes y sometidos a control ciudadano. En este sentido, además, las cabezas editoriales de los medios deben ser periodistas de trayectoria, de reconocida independencia y capacidad profesional que ofrezcan la oportunidad de realizar una real transformación.

• Debe respetarse la estabilidad laboral de los periodistas, en base a sus capacidades profesionales, evaluando objetivamente el trabajo que realizaron previamente.

• Debe tenerse presente que la libertad de expresión y la pluralidad de voces es esencial en los medios públicos. Cualquier ciudadano, más allá de su ideología o simpatía política, tiene el derecho de participar en espacios en estos medios teniendo como límite el respeto a los valores democráticos y a los Derechos Humanos.

• Debe fiscalizarse las actuaciones de los pasados directivos de los medios estatales, oficiales e incautados, y de ser el caso establecerse las responsabilidades administrativas, civiles y penales por el mal manejo de recursos públicos.

Finalmente, creemos que el Gobierno Nacional debería acordar con las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión, del Sistema Interamericano y del Sistema de Naciones Unidas, para recibir asistencia técnica en el proceso de transformación de los medios del antiguo régimen en reales medios públicos en cumplimiento de los estándares internaciones.

Reiteramos que Fundamedios mantendrá una vigilancia activa sobre las libertades de expresión y de prensa en el país, para procurar que estas sean garantizadas plenamente. Mantenemos invariable nuestra posición de exigencia crítica al Estado para que cumpla sus obligaciones de respetar los Derechos Humanos fundamentales de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna.