Tags Posts tagged with "Lenín Moreno"

Lenín Moreno

382

 

 

Ecuador, 3 de mayo de 2020

Sr. Licenciado

Lenín Moreno

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 

Sr. Ingeniero

César Litardo

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador

Presente.-

Carta abierta de Fundamedios a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado ecuatoriano 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 decenas de medios de comunicación pueden extinguirse 

 

La situación de los medios de comunicación ecuatorianos es crítica. La pandemia de la COVID-19 supone una paradoja: hay un consumo elevado de información indispensable, pero el periodismo enfrenta un presente y futuro precarios. Durante las últimas semanas, Ecuador es un escenario donde se tornan comunes los despidos masivos de las redacciones e, incluso, el final de las operaciones: la prensa deja de imprimirse. 

Este problema no tiene únicamente dimensiones empresariales. Tampoco se reduce a la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Se trata de Derechos Humanos que impactan en la libertad de expresión, pues el silenciamiento de voces atenta contra el pluralismo y la circulación de ideas, indispensables en una sociedad democrática. 

Las complicaciones de las empresas mediáticas no nacen con el nuevo coronavirus. Pero sí se agudizan. La economía débil del país se agravó con la emergencia sanitaria y precipitó la crisis. Para ponerlo en números, desde la declaratoria del estado de excepción el pasado 16 de marzo: por lo menos siete periódicos dejaron de circular en su versión impresa y decenas de trabajadores han sido separados de los medios. 

La alerta se encendió el 21 de abril, cuando Diario El Universo notificó la reducción de personal de las distintas áreas. Más de 150 colaboradores pasaron a estar desempleados. El periódico, que desde 1921 circula a escala nacional, anunció que en mayo modificará el tamaño de su edición impresa.

Un día después, el 22, se supo de la situación de Canal UNO, que ya estaba golpeada. Quince de sus trabajadores fueron despedidos telefónicamente. Personal que no había recibido su salario desde junio de 2019 y que actualmente denuncia una serie de irregularidades ante este acto intempestivo: ni siquiera se le ha permitido el paso a las instalaciones de la televisora para dialogar con los directivos y mediar las indemnizaciones. 

Mientras esto ocurre, las imprentas se detienen -literalmente-. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reconoce que el sector más impactado son los impresos que no se aventuraron a la transformación digital, pues comprar insumos implica un costo. Además, la circulación y venta de los ejemplares se limitan por las condiciones del estado de excepción. En Ecuador, los efectos son claros. 

Desde diciembre de 2009, en el país se gravó al papel periódico con el 12 % de IVA. Y desde mediados de marzo de 2020 está en vigencia un toque de queda que impide que voceadores puedan expender los rotativos en las calles.  

“La situación de los medios de comunicación nacionales ha sido bastante difícil y dura desde hace 10 años, cuando el Gobierno utilizó todos sus mecanismos para imponer trabas al periodismo independiente”, reconoce Juan Manuel Yépez, editor de Contenidos de Gráficos Nacionales S.A (Granasa) que edita Extra y Expreso. Esto quiere decir el panorama ya era pantanoso. Sin embargo, la pandemia supuso una oportunidad para que esas marcas históricamente posicionadas defiendan su rol en una sociedad democrática, garanticen el derecho al acceso a la información y combatan en primera línea el fenómeno de desinfodemia que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como otro de los peligros que acechan: las epidemias nocivas de rumores e información engañosa. 

“La difusión de contenidos falsos ha apuntalado la credibilidad de quienes nos hemos preocupado por contrastar y verificar los datos que circulan, reportamos desde hospitales, morgues, barrios. Estamos empeñados en no bajar los brazos: en el papel y en el digital”, describe el periodista. Aunque Granasa todavía no ha recortado personal en su redacción, sí asumió una caída en el tiraje de sus productos. 

Extra, conocido por ser el de mayor circulación nacional, bajó su impresión en un 71 %. Y Expreso en 55 %.

Desde la Unesco se advierte que si ante esta crisis económica y de seguridad sanitaria no se hace algo, se asiste a un “evento de extinción de los medios”. Así de alarmante y real. 

El viernes 24 de abril, la editorial Minotauro, responsable de Diario La Hora, empezó un proceso de suspensión de la circulación total de sus ediciones. En la carta con que notifica a sus colaboradores expone que “las condiciones de evidente fuerza mayor provocaron la paralización de toda venta e ingreso, por lo que imposibilita completamente la continuidad normal de nuestras actividades y lamentablemente nos obliga a suspender de manera definitiva nuestras operaciones comerciales”. Así terminó la historia de un periódico que se fundó en 1982 y que destacó por su enfoque en la cobertura local y provincial.

Guilherme Canela, Consejero de la Unesco en Comunicación e Información, insiste en la necesidad de generar mecanismos que funcionen como salvaguardia en este naufragio, pero que no limiten la autonomía editorial. Desde el Gobierno de Lenín Moreno hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre posibles incentivos que permitan sostener la actividad periodística. ¿Es su responsabilidad? El artículo 17 de la Constitución reza que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Pero en la situación actual, ni siquiera se los considera para acceder a préstamos bancarios.

Ese es el caso de Diario El Norte, de Ibarra, que no ha podido ser sujeto de crédito porque “la prensa está en el grupo de riesgo”. Sus ingresos por venta de ejemplares y publicidad se desplomaron, puesto que ya no se imprime y se entrega virtualmente a través de Telegram. “No se ha dejado de informar, seguimos con el digital de 24 páginas y con un canal en línea en Facebook; pero en estos momentos es más difícil  monetizar porque las prioridades de la gente y de las empresas son otras”, reconoce Patricio Pérez, director del rotativo.

Instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE) adeudan cientos de miles de dólares a varios medios por pauta electoral correspondiente a 2018 y 2019. “Desde hace un año, el Estado debe una cantidad importante y no nos paga. Si lo hiciera, sería una gran ayuda”, revela Pedro Zambrano, director de Ediasa, responsable de los periódicos El Diario y La Marea (Manabí), Centro (Santo Domingo), el canal Manavisión y la radio Amiga. Actualmente su objetivo es encontrar un modelo que permita operar ante la coyuntura donde la web duplicó en visitas pero no en ventas como para mantener al personal que la actualiza. 

La situación se replica en las redacciones locales. Lucy Freire, vocera de la Asociación de Editores de Periódicos de Provincia, señala que, a pesar de las limitaciones, se trabaja más. Ahora enfrentan la imposibilidad de reponer insumos -como el papel-, la dificultad para llegar a tiempo con los salarios y la necesidad de cumplir con los lectores que demandan información. “Hay un exceso de trabajo, disminución de suministros, al no haber ingreso se complica hacer nuevos pedidos. Es una situación calamitosa”, confirma.

En la organización que representa también dan seguimiento a lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía que no pueden reponer sus reservas para imprimir. “Trabajan a través de Facebook, en una zona donde apenas el 18% tiene acceso a Internet”, comenta. 

Los porcentajes en la baja de los ingresos y circulación coincide con las cifras globales. Los datos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) apuntan a caídas bastante homogéneas en el mundo que van del 60 % al 80 % en ingresos publicitarios y del 20 % al 25 % en el tiraje de periódicos. Los medios privados resultan especialmente castigados. Los ingresos han mermado entre el 70 % y el 80 %.

¿Qué tienen el Gobierno y la Asamblea Nacional en sus manos? La posibilidad de aliviar la situación de quienes defienden el derecho de la ciudadanía a estar informada. ¿Cómo?

  • Exención de IVA 
  • Líneas de crédito específicas
  • Revisión de las directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre de 2020 del sector público que impide la contratación de pauta
  • Que el crédito fiscal a favor de la empresa de medios de comunicación sea utilizado para pagar cualquier tributo estatal. Quienes accedan al incentivo deben mantener la nómina bajo acuerdos laborales.
  • Que el gasto en publicidad de las empresas, de cualquier tamaño, en medios sea deducible al pago del Impuesto a la Renta.
  • Que el Gobierno mantenga el gasto programado en medios de comunicación.

La situación es tan alarmante que el mismo Diario El Telégrafo, a cargo de la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, abandonó su versión física desde mediados de marzo.

El 3 de mayo de 2018, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, usted, señor presidente Lenín Moreno, afirmó que “es deber de los medios de comunicación lograr que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a información verdadera y sin censura» y estos son una “piedra angular de la democracia”. 

Entonces, señores presidentes de la República y de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el destino de un país que asiste en silencio al entierro de sus medios?

Atentamente,

Fundamedios

118

El incidente del 4 de febrero en el cual un funcionario del Ejecutivo denunció al portal 4 Pelagatos (4P) por supuesta violación de propiedad intelectual está lejos de saldarse y deja muchas incógnitas abiertas respecto a la sobrevivencia de un aparato de censura sofisticado, heredado del correísmo en el seno de la misma Presidencia de la República, ante el cual ningún alto funcionario actuó durante los últimos años, pese a saber perfectamente lo que Juan Carlos Chávez y la llamada “Dirección de Síntesis y Alertas” hacían. Las denuncias públicas en este periodo se han acumulado, sin merecer ninguna respuesta. 

Chávez, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas, demandó a 4 Pelagatos por usar una fotografía de Lenín Moreno. Según la demanda introducida, esto viola la propiedad intelectual de Carondelet.

Luego de la denuncia de 4P y la condena temprana de organizaciones como Fundamedios, la Presidencia reaccionó y el mismo Presidente de la República llamó a los editores del portal. En la nota “Presidente, devuelva al país lo que no es suyo”, publicada el 5 de febrero en el portal, se describe que Moreno “se dijo molesto y sorprendido porque un funcionario de rango inferior hubiese podido, a nombre de la Presidencia, demandar a los pelagatos (…) ¿Qué podemos hacer? Preguntó el presidente. La respuesta: retirar la demanda, investigar quién tomó la decisión de demandar a 4P. por usar una fotografía de Lenín Moreno y, sobre todo, eliminar la falacia jurídica que Correa creó (y este gobierno conserva) para apropiarse ilegalmente de bienes públicos”. 

https://twitter.com/FUNDAMEDIOS/status/1224820600750989315?s=20

Esa misma noche, la Secretaría de Comunicación emitió un mensaje que matiza la condena del Mandatario e, incluso, justifica la censura con base en normas extranjeras de ‘copyright’: “El Gobierno Nacional, en su lucha contra la desinformación, al igual que muchos Estados, tiene derechos de autor sobre imágenes e información que genera. Y en función de sus facultades y la normativa general respectiva, precautela el buen uso de estos contenidos, sin que esto menoscabe el derecho que tienen los medios de informar”. 

El pronunciamiento contiene una falacia de fondo: la lucha contra la desinformación. El uso de normas de ‘copyright’ fue una forma creativa de censura generada durante el régimen autoritario de Rafael Correa y luego replicada por otros líderes del mismo tipo, como Viktor Orban, de Hungría; o Recep Erdogan, de Turquía; en lo que los expertos llaman “la curva de aprendizaje de los autoritarios”. 

Así es. En época de Correa el envío masivo de avisos de infracción de derechos de autor a los ciudadanos que criticaban su administración fue una práctica común. Medios, articulistas, tuiteros que utilizaron imágenes transmitidas por la televisión pública ecuatoriana, videos de YouTube donde figuraba el entonces Mandatario recibían estas alertas, caídas de sus portales o bloqueos de sus perfiles en redes sociales

Y hay un escenario que parece no mutar. Entre enero de 2018 y febrero de 2020, Fundamedios ha reportado 20 alertas de censura en Internet, las cuales contemplan el cierre de redes sociales pero también “abuso de normas de derechos de autor”. Existe preocupación de que el Gobierno abuse de las solicitudes de ‘copyright’ para silenciar a la prensa. Aquí un recuento de los casos más representativos.

El 11 de julio de 2019, el sitio de La Fuente fue suspendido por una orden de la Presidencia de la República. El argumento: violación de los derechos de copyright y autor, al usar material gráfico sin autorización en reportajes. El equipo denunció que las fotos aparecían en artículos relacionados a INA Papers, Arroz Verde e investigaciones que vinculaban a Santiago Cuesta, entonces consejero de Moreno. “Todos los contenidos que están vinculados con la Presidencia han sido censurados”, expuso el medio.

Previamente, el 8 de mayo, Fernando Villavicencio, director del portal, denunció un ataque por haber publicado fotografías de Presidencia de la República, reclamadas como protegidas con “derechos de autor”.

No fue el único. Entre el 29 y el 31 de julio de  2019, Ecuadorinmediato recibió 10 notificaciones en su servidor IWEB por infringir ‘copyright’ y mal uso de fotografías de “propiedad” de Carondelet. El proceso lo inició Juan Carlos Chávez Cevallos, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia; el consejero Cuesta y dos acusaciones anónimas. Se notificó al medio por uso de imágenes de Moreno con su homólogo colombiano, Iván Duque; y otras autoridades internacionales. También se reclamó la utilización de una gráfica de la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa

El 21 de noviembre del año pasado, los contenidos publicados en www.latindadd.org, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, fueron reportados y dados de baja con el mismo argumento: uso de una gráfica supuestamente protegida con derechos de autor desde Carondelet. En el artículo “Vicepresidente ecuatoriano se beneficiaría por desregularización de paraísos fiscales propuesta en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico” se publicó una imagen de Otto Sonnenholzner. El denunciante, una vez más, Juan Carlos Chávez.

El caso más reciente es el del portal 4 Pelagatos que 4 de febrero de 2020 alertó que el Gobierno de Lenín Moreno, a través del Técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia de la República, lo demandó por usar una fotografía del Primer Mandatario. 

Aunque el Gobierno se escuda en que Juan Carlos Chávez ya fue separado de la institución, hay una práctica que -aunque simulada- está vigente y abre serias interrogantes sobre lo que sucede en la Presidencia y en la estructura del Estado y que es posible resumir en un par de preguntas: ¿Qué tanto se desmontó en las instituciones estatales la estructura autoritaria correísta? Si esa estructura opera desde el mismo Palacio de Gobierno, aparentemente a espaldas de Moreno, ¿qué esperar de otros poderes del Estado?

Nótese que Chávez actuaba abierta y públicamente censurando contenidos a través de denuncias de copyright, por lo que cabe preguntarse, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo protegía? ¿Era solo Chávez o esta unidad de Síntesis y Análisis es, en realidad, una oficina de censura que opera desde Carondelet?

Si en febrero de 2019 Moreno firmó la Declaración de Chapultepec, herramienta que consagra la existencia de una prensa libre como “condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”, no puede -paralelamente- aprovecharse del mecanismo instaurado por un régimen autoritario como lo fue el de su antecesor para silenciar lo que pueda fastidiarle. Al no haberse desmontado las estructuras autoritarias, Ecuador está ante más de lo mismo: la acumulación de mordazas.

487

Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en loInforme FDM EC 2019 (2)s últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo 

284

Al concluir una lamentable jornada de violencia contra la prensa, el décimo día de Paro Nacional, FUNDAMEDIOS mira con mucha preocupación que el discurso de odio en contra los medios y los periodistas ha ido en aumento.

Nuevamente rechazamos la violencia y los actos vandálicos. Queremos dejar en evidencia la poca garantía y seguridad que tienen los comunicadores que salen a las calles a reportar lo ocurrido para informar a la ciudadanía y aquellos que lo hacen desde las sedes de sus medios de comunicación.  

Desde el inicio de la protesta el 03 de octubre hasta el 12 de octubre a las 22:00, contabilizamos 101 agresiones, es decir 18 más que las registradas ayer. Los principales agresores son los manifestantes con 49 casos, la Fuerza Pública con 36, desconocidos con 14 casos y el Estado con 2. Además sumamos 126 periodistas agredidos. 

David Bárcenas, camarógrafo de Telediario de Ecuador TV, resultó herido en su ojo mientras cubría la protesta en la zona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El comunicador fue atendido y la herida que tenía pudo ser suturada. Andrea Bernal, periodista de NTN24, también denunció hostigamiento, amenazas y agresiones en su cuenta de Twitter.

Un equipo de FUNDAMEDIOS, que estuvo en las inmediaciones de la Contraloría, en donde se desarrollaron fuertes protestas, incluso constató que la prensa se autocensura al momento de cubrir las manifestaciones. Muchos de Los reporteros deben ocultar su condición de tales para evitar ser identificados por manifestantes y vándalos desconocidos, principales agresores de la prensa

Las instalaciones de dos medios de comunicación fueron atacadas por grupos vandálicos. Pasada las 15:00, ingresaron a la fuerza a Teleamazonas. Gritaban consignas contra el medio, lanzaban pedradas y quemaron un bus que se encontraba al interior.

Milton Pérez, productor ejecutivo del noticiero, aseguró que más de 20 compañeros se refugiaron en el tercer piso mientras llamaban a la Policía. Aclaró que la gente que ingresó al medio no eran indígenas ni manifestantes, sino “encapuchados”. Tras una hora, el personal pudo salir. “Estábamos aterrorizados”, aseguró.

La sede de Diario El Comercio, al sur de Quito, también fue atacada por desconocidos, quienes quemaron llantas en la entrada del medio. La señal de Telesur fue retirada por dos plataformas de televisión pagada de su oferta de programación, mientras que Ecuavisa y los medios públicos evacuaron al personal por amenazas y temor a represalias.

El Gobierno decretó el toque de queda a partir de las 15:00 en Quito. Un equipo de La Posta, quien portaba con un salvoconducto para circular y se movilizaba en un vehículo, fue atacado por una turba de desconocidos cuando se dirigían a sus hogares. Hombres con palos atacaron el auto donde se encontraban.

A las 20:30, se dio un ‘cacerolazo’ ciudadano. A esa hora cientos de personas salieron a las calles del centro, norte y sur de la Quito para exigir la paz.

74

El libro «La Difícil Transición desde un Gobierno Autoritario: 10 años son muchos», que recopila hechos sociales, jurídicos y económicos durante el régimen de Rafael Correa y la transición hacia un nuevo período presidencial, fue presentado ayer, 25 de junio, en el auditorio del Consejo Nacional Electoral.

El libro, que consta de cuatro capítulos escritos por Gloria Ardaya, Alejandro Molina, Luis Verdesoto Custode, Alejandra Cárdenas Reyes, César Ulloa – Tapia y Fausto Camacho, es parte de una serie de publicaciones de la Plataforma Democracia y DDHH.

La socióloga y autora Gloria Ardaya explicó que una de las motivaciones que la llevó a escribir uno de los capítulos, fue dejar testimonio de una época autoritaria y, además, ser un aporte para consolidar la democracia en el país. «El Estado personificado en la figura del expresidente no garantizó la gobernabilidad, no solo por la judicialización de la política, sino porque el mandatario no aplicó sus propios planes de gobierno», aseguró la experta.

El juez de la Corte Constitucional y catedrático, Ramiro Ávila, quien participó en el panel de discusión, se refirió al aspecto jurídico del libro. Dijo que en la época pasada se crearon «reformas en todas las instancias de la vida». A su criterio, el Código Integral Penal fue uno de los instrumentos legales más importantes para penalizar, callar y sancionar.

El jurista explicó que solo en esos diez años se presentaron 60 mil actos de carácter administrativo, que representaron un 25% del total de actos presentados durante toda la vida republicana ecuatoriana.

El capítulo del libro que analiza la democracia en Ecuador, fue presentado por la académica Solanda Goyes, quien aseguró que las cuatro elecciones consecutivas y el apoyo de la mayoría de la bancada legislativa entregó mucho poder al Ejecutivo para imponer cualquier reforma. Esto, sumado a los altos réditos del petróleo y la politización de la justicia, fortalecieron la imagen del correísmo.

Una imagen que luego de la transición al gobierno de Lenín Moreno se vio debilitada por el nuevo rumbo político que ya no era afín a la década anterior.

Goyes destacó que los casos destapados de corrupción, de cambio de leyes, de tensiones internas en el partido, terminaron por resquebrajar al Estado. “Lo más complejo es que terminamos sin una visión de país y de estado nación”, sostuvo.

81

La mañana de este 20 de febrero, el presidente Lenín Moreno firmó la Declaración de Chapultepec. El documento, adoptado por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en Ciudad de México, en 1994, consagra la existencia de una prensa libre como “condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”. También manifiesta que no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa. ‘pl

A la firma también asistieron el vicepresidente Otto Sonnenholzner, y María Elvira Domínguez, presidenta de la Sociedad interamericana de Prensa (SIP), quien expresó que desde que Moreno asumió las riendas de Ecuador, es un país diferente, tolerante y democrático. “Felicito profundamente la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación y la eliminación de la Superintendencia de Comunicación. Esperamos que el Cordicom respete los derechos de los medios y comunicadores”, dijo.

El Presidente ecuatoriano expresó su convicción y compromiso para crear un país libre que respete los derechos de los periodistas y de los ciudadanos de expresarse sin miedo a los ataques y censura. “Las puertas de un gobierno nunca deben cerrarse a los trabajadores de la prensa. Estamos aquí para facilitar el trabajo de los comunicadores en la tarea noble que tienen de llevar la verdad a los ciudadanos independientemente de que nos guste o no” expresó.

La Declaración de Chapultepec es un decálogo de principios y que busca ratificar la democracia, libertad de expresión y de prensa en el continente americano. Ha sido firmado por más de 70 jefes de Estado de América.

135

Hace ocho meses, el Gobierno de Lenín Moreno remitió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Uno de los dispositivos más sofisticados que había construido el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de acallar al periodismo libre, arrinconar a las empresas mediáticas, evitar cualquier tipo de investigación sobre la corrupción y construir un relato único acerca de la trascendencia mesiánica de su personalidad.

Era ineludible, entonces, para un Gobierno que inició un camino complejo de transición hacia la democracia, desmontar la principal herramienta para el cercenamiento de las libertades y derechos fundamentales.

El camino elegido fue la presentación de un paquete de reformas en las cuales FUNDAMEDIOS y varios sectores de la sociedad civil trabajamos conjuntamente con técnicos del Gobierno, asambleístas y sus asesores pensando en contar con una legislación que cumpla con los estándares internacionales.

Durante el tratamiento de la Ley nos unimos a otros sectores de la sociedad, la Asamblea y el Ejecutivo en la organización de diálogos, foros, talleres, mesas de trabajo para convertir las reformas en un debate social amplio que saliera del Palacio Legislativo.

Por ese esfuerzo desplegado, nos congratulamos con las reformas aprobadas la noche de este 18 de diciembre. Como país hemos podido desmontar el sistema punitivo más represivo de la Región en materia de libertad de prensa. Eso es, básicamente, el gran logro de estas reformas.

Sin embargo, creemos que aún no se cumple plenamente el objetivo de respetar integralmente los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hay mucho por hacer e invitamos a todos los sectores democráticos del país: a medios de comunicación comunitarios, públicos y privados, a periodistas, sus agrupaciones y gremios, a la sociedad civil, a la academia y a las instituciones estatales del Ejecutivo, Legislativo y operadores de Justicia para unir esfuerzos y avanzar en la implementación de la nueva Ley de Comunicación vía la construcción de sólidos sistemas de autorregulación.

Al tener en mente la nefasta experiencia que significa entregar a los gobiernos la potestad de decidir sobre la calidad y contenidos del periodismo, debemos responder a las expectativas de los ciudadanos sobre la calidad, transparencia y capacidad de diálogo social de los medios.

Debemos, al mismo tiempo, trabajar con jueces y fiscales para que puedan tener la capacidad de aplicar los estándares internacionales. Debemos aportar en la revisión de los procesos de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) para decir “nunca más” abusar de las leyes para violar derechos y libertades. Debemos avanzar en un mecanismo efectivo de protección al trabajo periodístico. Hay muchas cosas por hacer.

Al mismo tiempo, es preciso observar que hay varias reformas legales más que se deben afrontar para desmontar del todo el régimen autoritario: Ley de Elecciones, Ley Antimonopolio, Ley de Participación Ciudadana, Código Penal. Y avanzar en normativas vitales como la de Medios Públicos, Publicidad Oficial, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información.

El 18 de diciembre supone un hito que nos llena de satisfacción, pero la tarea es aún larga y estamos decididos a aportar desde todas las perspectivas.

213

El pasado 24 de octubre, Santiago Cuesta, consejero gubernamental; y Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas; participaron en el espacio radial Revista Informativa Democracia, conducido por Gonzalo Rosero. En una de sus intervenciones, a propósito de distintas interrogantes, Cuesta se refirió despectivamente a los cuestionamientos de una periodista de quien no mencionó nombre, ni medio: “Ayer veía a una periodista que decía ‘por qué se gasta plata en el tren playero, es algo superflúo, que no debería poner un centavo el Estado’. A esa periodista le contesto: por amor de Dios, no sea retrasada mental, no existe inversión del Estado, esto es una concesión, el que invierte es el empresario privado…”.

Este 30 de octubre, dichas declaraciones se viralizaron a través de redes sociales y generaron reacciones de activistas, líderes de opinión y periodistas. Desde FUNDAMEDIOS rechazamos la descalificación del funcionario, la cual constituye la primera agresión a un periodista desde la Presidencia de la República durante el Gobierno de Lenín Moreno, luego de 10 años en que el expresidente Rafael Correa fue el principal agresor en contra de la prensa.

Es preciso recordar que, el pasado 23 de agosto, durante la visita del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, el presidente Moreno afirmó que actualmente se vive «un ambiente de respeto a la libertad de expresión, de respeto a la gestión y trabajo de los medios de comunicación, que son fundamentos básicos, esenciales de un sistema democrático». Un mes después, el 24 de septiembre, la Defensoría del Pueblo pidió disculpas públicas por las más de 2400 agresiones contra la libertad de expresión por el hostigamiento y persecución sistemática durante el gobierno de Rafael Correa. Lo dicho por Santiago Cuesta contradice lo expuesto por el Primer Mandatario y la política que intenta instaurar, en ruptura con lo que representó su antecesor, durante una década.

FUNDAMEDIOS, en coherencia con el mandato de los estándares internacionales, considera que el momento que se viola la libertad de expresión, se permite que se viole el resto de Derechos Humanos. Esperamos el pronunciamiento respectivo desde el Gobierno, tras las expresiones de su Consejero.

En mayo pasado, Moreno creó la Consejería de Gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado, a través del Decreto Ejecutivo 417. Las atribuciones de Santiago Cuesta son: asesorar en la optimización estratégica del Estado, dar seguimiento al cumplimiento del programa de austeridad fiscal, recomendar acciones para el mejoramiento de la eficiencia del Estado y la reducción de trámites.

196

El pasado 23 de agosto el Gobierno anunció la creación de un Comité de Protección para periodistas. La noticia se dio tras el encuentro que el presidente Lenín Moreno mantuvo con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, en el contexto de su visita oficial a Ecuador.

Dos meses antes, el 21 de junio, una delegación integrada por directivos de FUNDAMEDIOS, dirigentes de gremios como la UNP, la FENAPE, Cámara de Medios, CCREA, AER, colectivo Nos Faltan 3, comunicadores, solicitó al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, que se conforme oficialmente la Mesa de Coordinación para la Seguridad de los Periodistas que en el diálogo se convirtió en un Comité multisectorial que integra al Estado, Periodistas, Medios y Sociedad Civil. El funcionario mostró apertura y se comprometió a firmar un acuerdo para constituir dicho espacio en un plazo de 15 días, así como a buscar la fórmula para la constitución de un seguro universal para los profesionales de la comunicación.

Durante este lapso, se ha trabajado para constituir el Comité y el inicio de su trabajo, en la línea del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano para la protección de periodistas, los mandatos de la Asamblea General de la ONU, resoluciones del Consejo de DDHH de la ONU, informes y recomendaciones de la CIDH y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 16.10.1. Pese al anuncio del Presidente y el Secretario de Comunicación, durante la misión del relator Édison Lanza, periodistas y sociedad civil todavía no hemos sido informados sobre la fecha de constitución de dicho espacio, por lo cual pedimos al Gobierno información al respecto.

En ese sentido, la mañana de este 28 de agosto, Luis Vivanco (La Posta), Cristóbal Peñafiel (El Universo),  Susana Morán (Plan V), Susana Piedra (Federación Nacional de Periodistas -Fenape-), Jorge Imbaquingo (El Comercio), Desirée Yépez y César Ricaurte (Fundamedios), algunos de los miembros del Grupo para la conformación del Comité, se reunieron para discutir las próximas acciones a seguir para concretar el anuncio del Ejecutivo.

El Comité debe mantener su carácter de organismo multisectorial, que vincule a distintos actores del Estado: ministerios e instituciones del Ejecutivo, Fiscalía, sociedad civil y periodistas. En esa línea, los comunicadores deben participar en la elaboración del documento, de la guía, sobre la cual se cree dicho espacio que debe consolidarse como un mecanismo efectivo de protección para editores, reporteros bajo amenaza; así como trazar una política de reconocimiento de memoria y reparación para quienes han sido víctimas del ejercicio del periodismo en condiciones de riesgo e inseguridad.

Desde el Grupo se tiene listo un plan de acción que incluye la constitución de un mecanismo permanente de protección a periodistas, que incluya mapas de riesgos y protocolos a aplicar en las zonas y/o coberturas de riesgo y conflicto; un sistema de alertas tempranas y coordinaciones efectivas. Además, se plantearán estrategias para combatir la impunidad en las agresiones en contra de la prensa y las medidas necesarias de memoria y reparación frente a la política sistemática de persecución y agresión que se produjo en la década pasada. 

149

Cambios en el ambiente y una transición lenta. Así se podría resumir el primer año del gobierno de Lenín Moreno quien, desde un inicio, marcó un estilo distinto; abierto al diálogo y sin confrontación. Para el estado de la libertad de expresión, el bajar la polarización y el nivel de confrontación con la prensa fue una buena señal a la que hay que sumar hechos como la eliminación de los enlaces ciudadanos -como espacios de ataque y estigmatización a periodistas y ciudadanos críticos al poder-, el refrescamiento y cambios en la línea editorial de los medios en manos del Estado -acostumbrados a atacar y hacer campañas para descalificar a quienes pensaban distinto, la destitución del cuestionado Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, y el envío de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), con la respectiva eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), entidad que, desde su creación en octubre de 2013, se dedicó a sancionar y multar a los medios.

Las sanciones contra los medios de comunicación, el uso abusivo del poder estatal y las agresiones verbales, que en el gobierno de Rafael Correa ocupaban los primeros lugares, pasaron a un segundo plano. Con la salida de Carlos Ochoa de la SUPERCOM y las críticas a esta entidad, las multas y sanciones casi desaparecieron y el uso y abuso del aparataje estatal dejó de sumar cifras relevantes. Lo mismo ocurrió con las agresiones verbales que disminuyeron su intensidad tras el cambio de mando de gobierno y la eliminación de las llamadas sabatinas.

Sin embargo, esto no significa que las agresiones mencionadas no se produzcan, o que el total de agresiones dejen de ser preocupantes, de hecho, el 26 de marzo de 2018, el Ecuador vivió uno de los episodios más graves y tristes en la historia del periodismo con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, plagiados en la localidad de Mataje, ubicada en la frontera norte, en Esmeraldas por parte de grupos armados disidentes de las FARC, cuando ellos realizaban su trabajo de cobertura en la zona.

Además de este lamentable hecho, durante este primer año de gobierno de Moreno, los principales ataques se centraron en la vulneración a los derechos digitales, con hackeos, censura en internet, así como agresiones físicas, que en su mayoría, fueron perpetradas por agentes externos al Estado. Justamente, por hechos como lo ocurrido con el equipo periodístico y anteriores atentados en la frontera norte, que han cobrado la vida de cuatro militares, la principal preocupación de los últimos meses ha sido la inseguridad y el narcotráfico.

Por otra parte, a través del espacio de rendición de cuentas ¨El Gobierno informa¨ que se transmite todos los lunes, desde el 12 de junio de 2017 hasta el 14 de mayo del 2018 – primer año de gestión del presidente de la República, Lenin Moreno – se han realizado 47 enlaces, que suman 454 minutos con 1 segundo, lo que representa un total de 8 horas de un día laborable.

Los temas que más se trataron en este espacio fueron los políticos, específicamente los relacionados a la consulta popular, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, y el informe sobre las actividades semanales del presidente Moreno y sus ministros.

Otro de los ámbitos desarrollados en “Ël Gobierno Informa” fue el aspecto social, como: Casa para todos y Misión Manuela Espejo. Y también los planes: Agua para todos y Menos pobreza más desarrollo. 

Un año en cifras

El primer año de Lenín Moreno, contabilizado desde el 24 de mayo de 2017, hasta este 24 de mayo de 2018, registró un total de 156 ataques a la libertad de expresión. Una cifra que solo se equipara al número de agresiones registradas en los inicios del correísmo, cuando, en 2009, 2010 y 2011, se reportaron 103, 151 y 156 casos, respectivamente, contrastando con las cifras de 2015 y 2016, que cerró con 499 y 491 casos. Años que representaron la época más violenta para la libertad de expresión en el Ecuador, desde que se llevan registros.

2017 fue un punto de inflexión, ya que, además del cambio de gobierno que ocurrió el 24 de mayo de 2017,  fue el primer año en donde se dio una baja en las cifras de agresiones, con 297 casos.

En marzo, abril y mayo de 2017, los últimos meses del gobierno de Rafael Correa, se reportaron 113 ataques, en contraste con los primeros tres meses del gobierno de Moreno, en donde ya se evidenció una caída mayor al 50% de las agresiones, con 54 casos, entre junio, julio y agosto. Desde ese momento ya se vio una tendencia a la baja en las cifras de ataques.

Copy: ATAQUES contra la libertad de expresión
Infogram

La principal agresión en este primer año de gobierno de Moreno se dio en el mundo del ciberespacio, por vulneración a los derechos digitales, con 40 casos. Dentro de estos, se incluyen 17 ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales; 17 hechos de censura por internet y 6 de hackeos a portales de medios nativos digitales, así como a portales de medios tradicionales.

En este apartado cabe mencionar casos como las ciberamenazas que cada vez han ido reemplazando a las amenazas tradicionales. Es el caso ocurrido el pasado 15 de octubre de 2017 en contra de la periodista y conductora del espacio de entrevistas Desayunos de 24 Horas de Teleamazonas, Janeth Hinostroza. Desde la cuenta de Twitter “Alerta-911”, presumiblemente troll, se amenazó a la periodista con “meterle un tiro”. El hecho ocurrió en medio de una discusión entre Hinostroza y el exfuncionario de la Secretaría Nacional de Comunicación, Secom, Roberto Wohlgemuth. La periodista lo increpó en la red social por su defensa al vicepresidente Jorge Glas, quien ha sido investigado por actos de corrupción relacionados a la empresa Odebrecht,.

En segundo lugar se ubican las agresiones físicas, con 26 casos. De estas, el mayor número se concentra en ataques a la integridad física de periodistas y ciudadanos; 9 por actos de intimidación, acoso o persecución; 5 por impedimentos de cobertura y el hecho más grave de este período, con el secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Las semanas más tristes para el periodismo ecuatoriano

El episodio que vivió el Ecuador el pasado 26 de marzo de 2018 ha sido calificado como uno de los más impactantes en la historia del periodismo. La noticia se conoció a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación SECOM, que informó la madrugada del 27 de marzo, de la presunción de secuestro a los comunicadores. En ese sentido, el gobierno dijo que activó todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los periodistas. “Ministros de Defensa, del Interior y el Fiscal General del Estado se reunieron con los familiares y representantes del medio de comunicación para adoptar las acciones pertinentes” apuntó el comunicado oficial.

Horas más tarde, en una rueda de prensa, el ministro del interior César Navas confirmó que el secuestro de los comunicadores ocurrió en la mañana del día anterior, tras pasar un retén de control militar en donde fueron advertidos sobre los peligros de circular en la zona. En su momento, aseguró que los periodistas están bien, que podrían estar en territorio colombiano y que se había dado un primer contacto con los secuestradores, sin dar más detalles. Tras esto, hizo un llamado a los medios a acudir a las fuentes oficiales para obtener la información y anunció que, en este caso, la vocería será exclusiva del Ministro del Interior, a través de la Secretaría de Comunicación. Esa misma noche, periodistas, familiares, amigos y activistas realizaron la primera vigilia en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito y en la Plaza San Francisco en Guayaquil. La convocatoria se hizo bajo el hashtag #Nosfaltan3.

El  29 de marzo de 2018,  el ministro César Navas desmintió una información que fue enviada desde medios colombianos en donde se aseguró que se liberó al equipo periodístico. Al respecto, el ahora exMinistro indicó que la liberación es un dato falso y calificó como “una irresponsabilidad” la actuación de los medios colombianos y afirmó que el anuncio entorpeció las negociaciones. Eso lo dijo minutos antes de reunirse con los familiares de los secuestrados.

En la madrugada del 03 de abril de 2018, nuevamente los medios colombianos enviaron información sobre el caso. Ese día, Noticias RCN de Colombia difundió un video de la prueba de vida, en la que los tres secuestrados se dirigen al presidente Lenin Moreno y exponen las condiciones requeridas por los captores para su liberación.

En el video casero difundido por Noticias RCN, se observa a los tres hombres con cadenas que rodean sus cuellos y candados, con semblante de preocupación y tristeza. Se escucha a Javier Ortega, periodista secuestrado, decir: “Presidente Lenín Moreno en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas para ir sanos y salvos a Ecuador. Y también la anulación de ese convenio que tiene Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo”.  

Hasta ese momento se conocía de la existencia de dos videos que daban fe de que el equipo periodístico de Diario El Comercio continuaba con vida. En el primero, el cual fue presentado por autoridades ecuatorianas a los representantes de los familiares de los secuestrados, se observa que ellos no están encadenados y se los ve estables, mientras en el segundo las condiciones de los periodistas cambian.

El gobierno de Ecuador, a través de un comunicado, manifestó su profundo malestar. “Rechazamos enérgicamente la mediatización del video por parte del canal de televisión colombiano y reiteramos el pedido a los medios de comunicación nacionales para un uso responsable y correcto de la información, que no lesione a los familiares, ni afecte de modo alguno el proceso de investigación….”, rezaba el documento.

Tras días de vigilias y una escasa respuesta de parte del Estado, los familiares del equipo reporteril de El Comercio se reunieron la mañana del 10 de abril con el Presidente Lenín Moreno y su equipo ministerial en el Palacio de Carondelet y una de las propuestas hechas al Ejecutivo fue aumentar el nivel de comunicación con los captores para estar seguros del estado de salud de los plagiados.

La mañana del 11 de abril medios colombianos como Revista Semana, Radio Blu, entre otros dieron la primera alerta al divulgar un comunicado atribuido al frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que opera en el suroccidente del país, en el que daban por hecho los asesinatos.  En el documento se afirmaba que los gobiernos de Ecuador y Colombia “no quisieron salvarle la vida” a los tres comunicadores secuestrados y se fueron por la vía militar, haciendo desembarcos en varios puntos donde se encontraban los retenidos, lo cual produjo su muerte.

Navas se limitó a desmentir información respecto a que se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. “Hemos realizado operaciones de control permanente pero no ofensivas, y del mismo modo, una vez que conocimos del secuestro pedimos que no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los tres compatriotas secuestrados”, apuntó el Ministro. Sobre este supuesto comunicado, la Secretaría de Comunicación también informó a través de su cuenta oficial en Twitter, que las autoridades están verificando la información y que una vez que se cuenten con datos verídicos al respecto, lo darán a conocer a través de los canales oficiales.

Tras este comunicado, el 12 de abril llegó a FUNDAMEDIOS fotografías  que dieron cuenta de la situación de los tres comunicadores. Tras recibirlas de manos del medio colombiano RCN, se envió inmediatamente a verificación de las autoridades. Cerca de las 20:00, el ministro del interior, César Navas y el Coronel Fausto Olivo, coordinador de criminalística informaron que se realizaron análisis periciales a las fotografías, y que pudieron concluir que, por métodos pre científicos, las prendas son coincidentes con las dos personas secuestradas y por medio del análisis biométrico del rostro, existe una alta probabilidad de que sea coincidente con la identidad de otro de ellos. Horas más tarde, el presidente Lenín Moreno, quien se encontraba en Lima para la Cumbre de las Américas, anunció su retorno inmediato al país y cerca de la medianoche dio una rueda de prensa en donde dio un plazo de 12 horas para que los secuestradores envíen una prueba de vida de los comunicadores.

Cerca de las 13:00 del 13 de abril y al cumplirse el plazo de 12 horas que dio el presidente Lenín Moreno, el Primer Mandatario confirmó de manera oficial el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. “Lamentablemente tenemos información que confirman el asesinato (…) los criminales nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos, querían ganar tiempo”, apuntó Moreno, quien anunció que se tomarán medidas enfocadas al combate de estos grupos armados.

Un nuevo comunicado atribuido al ‘Frente Oliver Sinisterra’, al mando de alias ‘Guacho’, anunció el 16 de abril de 2018 la suspensión de cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los comunicadores de diario El Comercio. El documento, que estaba dirigido al Comité de la Cruz Roja y familiares de los periodistas, mencionó cuatro puntos en donde detalló las razones de esta suspensión. Una de ellas es que los gobiernos de Ecuador, Colombia y los “gringos”, insisten en la represión, enviando a más tropas a la zona; también mencionan que los gobiernos de ambos países continúan “secuestrando a gente inocente. Según RCN, el comunicado ya está en conocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, de los gobiernos y familiares de los tres periodistas ecuatorianos.

Hasta el cierre de este informe, no ha sido posible recuperar los cuerpos de los comunicadores pese a los pedidos e intentos de diálogo entablados por los familiares de las víctimas, con las autoridades de Ecuador y Colombia. Por esta razón, legalmente, los periodistas están en situación de desaparecidos, no de asesinados

Mientras tanto, los familiares, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, de Colombia pidieron a la CIDH la conformación de un Grupo de Expertos que acompañe las investigaciones sobre el secuestro y desaparición de los periodistas. Este pedido ha sido aceptado por el Gobierno ecuatoriano y después de una reunión de las familias con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, Colombia también se uniría a la conformación de este grupo investigador.

La disminución de la polarización o la caída de las agresiones verbales 

Las agresiones verbales, con 22 casos. Si bien esta dejó de ser la principal agresión de este período, aún ocupa un puesto importante. Dentro de esta categoría se contabilizan 10 amenazas, 8 Insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas y 4 insultos o descalificaciones de particulares, cuando estos generan consecuencias negativas para la libertad de expresión.

De estas, cabe destacar la amenaza más reciente ocurrida el 18 de abril de 2018, cuando la periodista colombiana Herlency Gutiérrez, directora del sistema regional informativo Cardenal, de la ciudad de Valledupar, ubicada al nororiente de la Costa AtlÁntica de Colombia, fue amenazada de muerte por informar y dar cobertura al secuestro y asesinato de los tres comunicadores del equipo periodístico de diario El Comercio, cuyo crimen se le atribuye a la organización narcoterrorista liderada por alias ‘Guacho’.

Una alerta emitida por la La Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) aseguró que momentos después de la finalización de la primera emisión del noticiero, un hombre, que dijo ser integrante del ELN, llamó a la emisora donde trabaja la periodista y le dijo que tenía un mensaje de alias “Guacho”. Le advirtió que debía dejar su cargo y que tenía 72 horas para abandonar la ciudad “porque están hablando mucho de Guacho…”. Según la FECOLPER, una segunda amenaza de este mismo sujeto ocurrió cinco minutos después, cuando el mismo hombre marcó nuevamente e hizo extensiva la amenaza a los miembros de la emisora y ordenó apagar el sistema radial en ese mismo lapso de tiempo, si no quieren que haya consecuencias.

Otro hecho grave ocurrió con la agresión al periodista Roberto Aguilar por parte de Omar Simon, exsecretario de la Presidencia durante el mandato de Rafael Correa, durante la concentración de simpatizantes del expresidente, la tarde del 28 de noviembre de 2017, en los exteriores de la sede del movimiento oficialista Alianza PAÍS. Aguilar fue perseguido, acosado e insultado  por el funcionario, quien cuestionó al periodista por sus crónicas en 4 Pelagatos, y posterior a la denuncia de la agresión, fue calificado de mentiroso y cobarde en redes sociales.

Durante esa concentración, los simpatizantes correístas también agredieron verbalmente a los periodistas que acudieron a cubrir el encuentro con gritos y consignas como “prensa corrupta”, “fuera prensa corrupta”, según se pudo ver en imágenes y videos que circularon en redes sociales.

El inicio del fin de la SUPERCOM y la derogatoria de la «Ley Mordaza»

En cuarto lugar se ubicaron las sanciones a medios de comunicación en aplicación a la LOC. De nuestros registros propios que se desprenden del monitoreo que hace FUNDAMEDIOS, durante el año de gobierno de Moreno, se reportaron 17 sanciones en aplicación a la Ley Orgánica de Comunicación. Una cifra que solía ubicarse en los primeros lugares por tipos de agresión en reportes previos, como lo ocurrido en 2016, cuando se reportaron 168 casos en la SUPERCOM, considerando el subregistro de estas sanciones debido a una falta de transparencia de esa entidad.

De los procesos más polémicos durante el primer período bajo el mando de Moreno, cabe destacar la sanción de Teleamazonas, que el pasado 12 de diciembre de 2017 fue multado con el pago del 10% de su facturación promediada de los últimos tres meses y fue obligado a difundir un video de réplica del entonces Superintendente, Carlos Ochoa, tras un proceso que inició de oficio esta misma Superintendencia, actuando como juez y parte.

La sanción ocurrió porque el canal no divulgó un video de réplica de Ochoa, quien se sintió aludido por las opiniones que en días pasados virtió la asambleísta de oposición Lourdes Cuesta, en el espacio de entrevistas “Los Desayunos de 24 Horas”, en donde cuestionó el accionar de la Supercom y sugirió que se debería reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Pablo Ortiz, abogado de Teleamazonas señaló que se concedió la oportunidad de réplica a Carlos Ochoa en donde fue invitado a ser entrevistado en el mismo espacio de opinión en donde se entrevistó a la legisladora y que es conducido por Janeth Hinostroza. Sin embargo, Ochoa se negó y, en su lugar, envió un video que el canal se ha negado a difundir por considerar que no era la forma adecuada de dar una réplica. “En un comunicado difundido la tarde del 12 de diciembre, Teleamazonas rechazó la  sanción por considerarla «ilegal, inconstitucional y sobre todo fuera de toda lógica», en la que se dispone una sanción para el mencionado canal de televisión.

Sobre este caso, el canal puso una acción de protección para frenar la sanción, que les fue favorable, por lo que Carlos Ochoa se vio obligado a pedir disculpas públicas que llegaron al canal través de una carta.

En otro caso, la SUPERCOM sufrió un nuevo revés el 5 de marzo de 2018, cuando el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de la resolución y sanción emitida en contra de diario La Hora por la supuesta censura previa ejercida por no replicar una publicación del diario argentino Página 12, en relación al entonces candidato a la presidencia Guillermo Lasso. Dicha sentencia fue emitida durante el gobierno de Correa, el pasado 21 de abril de 2017 en contra de La Hora y  otros seis medios de comunicación como: El Comercio, El Universo, Expreso, Ecuavisa, Teleamazonas y Televicentro, a quienes se les ordenó una multa de 10 salarios básicos. Durante la audiencia, los jueces del Tribunal concluyeron que no se vulneraron derechos o se incurrió en censura previa por no replicar dicha información generada de un medio extranjero afín al Kichnerismo.

Todo esto ocurría mientras, desde la Asamblea Nacional se llevaba a cabo un proceso de juicio político para la destitución y censura de Carlos Ochoa, no solo por su cuestionada actuación como titular de la SUPERCOM, sino porque fue señalado por la Contraloría General, con dos glosas por USD 115 811 y la sanción administrativa de destitución y multa de USD 7320, tras una auditoría en Gama TV.

La resolución fue notificada este lunes 11 de diciembre del 2017 a Ochoa, como consecuencia del informe DAAC-0065-2017 a la administración y a los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol de Gama TV. Según el examen de la Contraloría, Ochoa utilizó fondos de Gama TV, medio incautado por el Estado desde el 2008, para adquirir un vehículo para su uso particular.

Tras esto, el 7 de marzo de 2018, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio cesó en sus funciones a Ochoa basándose en el informe de la Contraloría. Días después, el 12 de marzo de 2018 la asamblea lo destituyó por incumplimiento de funciones en el desempeño de su cargo.  Actualmente, Paulina Quilumba asumió el mando de la Supercom tras la salida de Ochoa.

Pese a que la SUPERCOM aún está vigente, y sigue trabajando con 321 funcionarios, según datos de diario El Comercio, ya hay anuncios oficiales para su eliminación.

El 3 de mayo de este año, el presidente Lenín Moreno dijo que se debía enmendar la Ley de Comunicación dentro de un diálogo amplio con todos los sectores hasta que se atenga a los estándares internacionales, y reconoció que durante la pasada década se vulneró «expresamente» el derecho a la libertad de prensa.

«La mejor iniciativa que podemos promover como Gobierno es avanzar en cambios normativos que se enmarquen en el respeto a los estándares internacionales de plena protección», afirmó. Aseguró en ese sentido que Ecuador pasará «de un estado regulador de contenidos y sancionador de las expresiones libres, a otro que garantice el ejercicio del derecho a la comunicación, que es sin duda alguna la piedra angular de la democracia».

En ese marco, el 14 de mayo, durante su informe de labores que realiza cada lunes, el presidente Moreno anunció que en una semana enviará un proyecto de reformas a la LOC, en donde se contempla eliminar la SUPERCOM. Recordó que la ley de comunicación va a cumplir cinco años de existencia y durante este tiempo ha generado observaciones y cuestionamientos respecto de su aplicación, sobre todo relacionados a la actuación de la SUPERCOM, organismo que se suprime de acuerdo al proyecto de reforma.

En esa línea, el presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), Danilo Sylva, aseguró que eliminación de la entidad reguladora restablecerá la libertad de expresión en el país. «Las superintendencias son órganos para controlar, supervisar y sancionar, y tener una para la libertad de expresión era ir contra esta misma».

La SUPERCOM fue creada en octubre del 2013 y desde sus inicios fue cuestionada por sus acciones polémicas como la primera multa por una caricatura, ocurrida en enero de 2014, con una sanción a El Universo y al caricaturista Bonil, por dibujar sobre el allanamiento de la casa de Fernando Villavicencio. Otras sanciones polémicas se dieron a Radio La Redonda, por hablar de amantes en horario familiar, por hacer chistes sobre chinos, entre otras.

Desde octubre de 2013 hasta enero de 2018, Fundamedios contabilizó un total de 1037 procesos, ingresados en esa institución, de los cuales 561 son sanciones, 334 corresponden a multas, 137 pertenecen a amonestaciones escritas y 51 disculpas públicas. Los artículos más utilizados, para sancionar a los medios, fueron los artículos: 10, referente a normas deontológicas,  artículo 28 (con 102 sanciones) sobre la obligación en la entrega de copias de programas o impresos, y los artículos 60. con 58 casos sobre la identificación y clasificación de los tipos de contenidos. Por último existen un total de 374 sanciones iniciadas por oficio y un total de 187 sanciones iniciadas por ciudadanos.

Las agresiones por abuso estatal, en quinto lugar y otros casos 

El uso abusivo del poder estatal se ubicó en este período en quinto lugar, con 16 casos, de estos, 11 se dieron por abusos de organismos de control del Estado y 5 por abuso de cadenas y otras herramientas de comunicación del gobierno, principalmente, por exigencias o imposiciones de réplicas o rectificaciones a los medios por parte de funcionarios del Estado.

La baja en la emisión de cadenas también responde a una política distinta marcada desde el gobierno de Moreno, quien cambió las sabatinas por un informe semanal de actividades que se difundió por primera vez el 12 de junio de 2017, y que se difunde todos los lunes en cadena nacional bajo el  nombre de “El Gobierno informa”con una duración de hasta 16 minutos.

El refrescamiento de las líneas editoriales y el personal directivo de los medios estatales también refleja un cambio con indicios de un mayor pluralismo. Desde el 17 de julio, se conoció públicamente que Andrés Michelena, exsubsecretario de Comunicación de Lenín Moreno en la vicepresidencia, fue designado como gerente general de los Medios Públicos, y Fernando Larenas, conocido periodista, se sumó como director a este equipo, que antes estaba liderado por Orlando Pérez, quien aseguraba una línea de militancia gobiernista. Tras esta designación, los cambios se notaron desde los primeros editoriales y análisis ya que antes no se trataban ciertos temas que resultan perjudiciales para el gobierno, como la corrupción y vinculaciones de funcionarios estatales que actualmente sí se pueden ver y leer en estos medios.

Meses después, Michelena fue nombrado Secretario de Comunicación. Mediante el Decreto Ejecutivo N° 318, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó el pasado 20 de febrero a Michelena, quien reemplazó al entonces secretario, Alex Mora Moya, quien ejercía el cargo desde el 24 de mayo de 2017.

Tras su designación, el titular de la Secom anunció una comunicación más directa entre el ciudadano y el Presidente; un plan de austeridad y reformas a la LOC.

«Las instrucciones del Presidente de la República han sido muy claras, vamos a trabajar en una Secom que sirva de herramienta de comunicación ciudadana», apuntó Michelena en rueda de prensa.  El Secretario de Comunicación dijo que habrá apertura total a todos los medios, tanto públicos como privados y comunitarios, con los que trabajará de la mano en «un proceso de recrear los valores de la institución: honestidad, transparencia, veracidad y pluralidad».  

Recalcó que se buscará que «nunca más exista información que trate de dañar a ninguna persona en su honra y su honestidad». Michelena anunció que se construirá un proceso de comunicación «uno a uno con el ciudadano de a pie», además el Presidente será cercano al ciudadano en llamadas telefónicas, contactos y visitas.  También mencionó un plan de austeridad «para hacer de la comunicación no un negocio, sino un proceso de información con todos los ciudadanos».

Copy: LAS AGRESIONES
Infogram

Algunos procesos penales se resuelven 

Retomando las agresiones, en menor grado se reportaron 10 casos de censura, 6 procesos penales y 4 agresiones en la categoría de marco jurídico contrario a estándares.

Sobre los casos penales, el más grave de este período fue el del articulista Enrique Rosales Ortega, columnista de El Universo en la provincia costera de Santa Elena, quien fue detenido la tarde del 30 de noviembre de 2017 en cumplimiento de una sentencia de dos años de prisión que le fue impuesta en octubre de 2016 por el delito de calumnias contra la exasambleísta del Movimiento oficialista Alianza PAIS, Vanessa Fajardo, actual asesora de la vicepresidenta Alejandra Vicuña. Sin embargo y pese a que fue detenido, este salió libre en diciembre de 2017 tras el perdón que le concedió Fajardo, a propósito de las fechas navideñas.

En este período también se dieron buenas noticias sobre casos judiciales anteriores que se originaron en el gobierno de Rafael Correa. Es el caso del exasambleísta Cléver Jiménez y el activista político y periodista, Fernando Villavicencio, quienes fueron declarados inocentes del delito de divulgación de documentos reservados de correos electrónicos intercambiados entre funcionarios del anterior gobierno, sobre el caso Chevron. El Tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia tomó esta decisión el 22 de febrero de 2018, tras la abstención de la fiscal Thania Moreno.

Este juicio penal en contra de Jiménez y Villavicencio se activó tras una providencia emitida por el juez Jorge Blum, quien el pasado 27 de diciembre de 2013 ordenó el allanamiento de la vivienda de Villavicencio y las oficinas del ahora ex legislador de oposición por Pachakutik. La prisión preventiva fue ordenada en octubre de 2016 y cambiada el año pasado por el uso de dispositivos electrónicos.

Dicho proceso inició tras un pedido del entonces secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, el Presidente Rafael Correa y el Vicepresidente Jorge Glas para que se abra una investigación en contra de Jiménez y Villavicencio por la revelación de una serie de correos electrónicos de la Presidencia de la República que mostraban la injerencia directa del Ejecutivo en la Función Judicial.

Otro caso que tuvo un final favorable fue el del presidente y representante de la encuestadora CEDATOS, Ángel Polibio Córdova quien fue sobreseído de la acusación penal que pesaba en su contra por el delito de falsificación de documento privado y uso doloso de documento privado falso. Según la Fiscalía, el empresario habría alterado datos de las encuestas de las elecciones presidenciales de febrero del 2017.

El 23 de febrero de 2018, la jueza María Elena Lara dictó el auto de sobreseimiento a favor Córdova, tras determinar que la Fiscalía no demostró la materialidad de la infracción que se investigaba. La jueza Lara también resolvió que se levanten todas las medidas cautelares que pesaban en contra de Córdova.

Este proceso se originó en la advertencia del expresidente Rafael Correa, quien en el enlace ciudadano 518 del pasado 8 de abril de 2017, aseguró que tanto Ecuavisa como CEDATOS deberán responder a la ley, y que tendrán “responsabilidades civiles, administrativas y de toda índole” por una denuncia que presentó, la en ese entonces asambleísta oficialista Rosana Alvarado por considerar que la encuestadora atentó contra la fe pública, al manipular datos de la empresa para beneficiar al candidato opositor.

Los funcionarios públicos y el Estado siguen siendo los principales agresores y los periodistas, las principales víctimas  

Los funcionarios públicos fueron los principales agresores, con 40 casos perpetrados por estos, principalmente, por parte de 15 autoridades locales, y 4 ministros de Estado. Esta cifra, aunque es elevada, se diferencia de años anteriores cuando el Presidente de la República, en la figura de Rafael Correa era el principal agresor. En el actual periodo no se contabiliza ni una sola agresión atribuible al presidente Lenin Moreno.

En segundo lugar por tipo de agresor se ubican los ataques perpetrados desde el Estado, por medida administrativa, legislativa o judicial, con 39 casos, mientras que desde los actores fuera del aparato estatal, 18 agresiones fueron causadas por desconocidos, 14 por parte de grupos, gremios, o turbas de manifestantes y 12 por políticos que no pertenecen al Estado.

También se reportaron 12 casos de compañías que limitan libertad de expresión en Internet, cifra que va de la mano con la censura en la red.

En cuanto a agresores fuera del Estado, 9 casos fueron perpetrados desde la esfera privada por parte de empresarios, y 3 por parte de personal de seguridad privada.

Copy: LOS AGRESORES
Infogram

 

En cuanto a las víctimas, el grupo más vulnerable es el de los trabajadores de los medios de comunicación, con 55 casos de agresiones. Dentro de este grupo, se agredieron a 12 trabajadores de prensa escrita, a 11 radiodifusores y a 9 de TV.

En segundo lugar se ubican las agresiones a los medios de comunicación, con 49 casos. A pesar del cambio de gobierno, este grupo continúa siendo el más agredido, tal y como ocurría en el gobierno de Rafael Correa.

En menor medida también se agredieron a 18 personajes públicos, 14 ciudadanos y 11 ciberactivistas.

Finalmente, sobre la localización de las agresiones, la provincia de Pichincha sigue concentrando el mayor número, con el 66% de los casos, seguido por Loja, con el 5%, y Guayas y Esmeraldas con el 4, 4%. Cabe anotar que en los últimos meses, la provincia fronteriza de Esmeraldas se convirtió en una de las zonas más peligrosas tras los atentados y el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. Actualmente la zona está militarizada y restringida por motivos de seguridad, mientras sigan las amenazas en la frontera norte.

 

INFORME COMPLETO