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Ley de Comunicación

Los periodistas y editores de medios de comunicación, académicos, políticos y miembros de organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Grupo Democrático por las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, expresamos la necesidad de realizar de manera urgente dicha reforma con el fin de eliminar la Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, en razón de que se violan los derechos de comunicación, libertad de pensamiento y opinión consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La Asamblea Nacional, aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, el 14 de junio del 2013, por tanto, exigimos: derogar los artículos desde el 55 hasta el 59 que contienen las disposiciones relativas a la Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM.

La Constitución muy bien señala que, la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

Además, de que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal y, no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones.

Los derechos garantizados a los particulares en la Constitución, se resumen en el concepto de igualdad ante la ley y de libertad. Tales principios aplicados al derecho judicial, constituyen la base del procedimiento civil; la igualdad jurídica da lugar a la igualdad de trato y a la seguridad jurídica, fundamental en un estado de derecho.

Es necesario que, para garantizar la seguridad jurídica, la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos y el debido proceso, que habla claramente la Constitución de la República, se deben derogar los artículos señalados, en razón que, un mismo órgano administrativo, hace las veces de juez y parte, dentro de los procesos administrativos, que se iniciaban en contra de los medios de comunicación privados.

Lo cual infringe los artículos 75, 76, numeral 7, letra k, y, 82 de la Constitución Política, que muy bien prescribe: La persona tiene que ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, que le proteja efectiva e imparcialmente, lo cual lleva a que tenga seguridad jurídica, en virtud que se respetan los preceptos constitucionales y legales.

La Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, inició procesos administrativos, en contra de varios medios de comunicación, aplicando de forma arbitraria y prepotente una Ley contraria a la Constitución; expedientes administrativos inconstitucionales e ilegales, que en su mayoría sirvieron para sancionar a numerosos medios de comunicación independientes que no se sometían a los caprichos y exigencias del gobierno de turno.

Como resultado de la señalada persecución se cerraron algunos medios de prensa escritos, dejando sin trabajo, a cientos de valiosos ecuatorianos, entre ellos periodistas de gran valía intelectual y moral.

Rechazamos la persecución efectuada por la Superintendencia de Comunicación, en contra de los medios de comunicación.

Es necesario recalcar que la SUPERCOM infringió varios artículos de: La Constitución; la Ley Orgánica de Comunicación; Tratados Internacionales; la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por las razones expuestas, solicitamos al señor Presidente de las República, Lenin Moreno Garcés, que en vista de ser necesaria la supresión de dicha entidad pública, no envíe la terna para Superintendente de Información y Comunicación al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y recomiende la eliminación de este organismo que tanto daño ha hecho al país.

 

Quito, 5 de marzo de 2018.

CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

LOC.EC está conformado por: Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA); Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), César Ulloa, catedrático y vicepresidente UNP; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS; Tania Tinoco, presentadora/realizadora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, Betty Escobar, articulista de Diario El Universo; Carlos Rojas, director del programa Políticamente Correcto de Ecuavisa; Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios; Marlon Puertas, editor general del portal Focus Ecuador; Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Sara España, periodista de diario Expreso y corresponsal de diario El País; Saudia Levoyer, directora del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar; Jaime Vintimilla, catedrático de la USFQ; Mónica Mendoza, macroeditora de diario El Comercio (Guayaquil); Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V; y el periodista y activista Carlos Vera.

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Con el objetivo de impulsar reformas profundas y radicales a la Ley de Comunicación (LOC) que propicie medios y periodismo para el futuro donde el concepto de cooperación sea un eje central, representantes de la sociedad civil, periodistas y abogados, han conformado el Grupo Democrático para las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC.EC), en el marco de la aplicación de la Hoja de Ruta para la Libertad de Expresión 2017-2019.

“Es hora de dejar el viejo régimen atrás, es hora de cambiar radicalmente la Ley de Comunicación. No proponemos regresar al pasado, proponemos nuevos medios para nuevos tiempos”, señaló César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, en la rueda de prensa ofrecida el 21 de febrero, en el Hotel Hilton Colón de Quito, en la que se realizó la presentación oficial del Grupo LOC.EC.

Varios representantes del Grupo participaron en la rueda de prensa: Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de RTU; César Ulloa, catedrático y vicepresidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP); y César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS.

“Queremos construir una Ley que promueva derechos. Es indispensable que la Ley de Comunicación sea tratada, desde el sector público y privado, y desde la ciudadanía”, resaltó Francisco Rocha.

Por su parte, Susana Piedra señaló: “Buscamos que en esta nueva Ley se recoja el protocolo de Naciones Unidas para seguridad de los periodistas. Nuestro trabajo debe estar amparado en la Ley de Comunicación”, señaló.

A la misma hora, se llevó a cabo una rueda de prensa en la Fundación El Universo, que fue liderada por Tania Tinoco, periodista y directora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; y María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, que tenía como objetivo presentar al Grupo LOC.EC y a sus representantes en Guayaquil.

“Hemos decidido brindar nuestro aporte para reformar la Ley de Comunicación, en pro del cumplimiento del derecho que tienen los ecuatorianos”, explicó Tania Tinoco.

El Grupo Democrático plantea trabajar en base a una alianza social que involucre a los diferentes sectores de la sociedad para propiciar la unión y superar el viejo esquema de la Ley elaborada para castigar y disciplinar y pasar así a una Ley propositiva enfocada en construir el periodismo y los medios ecuatorianos del futuro, y de esta manera, generar el desarrollo de medios de comunicación fuertes, competitivos y dispuestos a afrontar los grandes retos que conlleva la digitalización de la comunicación.

Conforman LOC.EC: Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de RTU; Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), César Ulloa, catedrático y vicepresidente UNP; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, Tania Tinoco, periodista y directora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, Betty Escobar, articulista de Diario El Universo; Carlos Rojas, director del programa Políticamente Correcto de Ecuavisa; Daniela Salazar, abogada y defensora de Derechos Humanos, catedrática de la USFQ; Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios; Marlon Puertas, editor general del portal Focus Ecuador; Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo , Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Sara España, periodista de diario Expreso y corresponsal de diario El País; Saudia Levoyer, directora del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar; Jaime Vintimilla, catedrático de la USFQ; Mónica Mendoza, macroeditora de diario El Comercio (Guayaquil); Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V; Luis Verdesoto, presidente de la Plataforma de Derechos Humanos; y el periodista Carlos Vera.

En la pasada década se registraron más de 2000 ataques a la prensa, en los que se incluyen agresiones verbales, físicas, y judiciales. Pero, el punto de inflexión para que el Ecuador sea considerado uno de los países con la peor situación de libertades fundamentales en el Hemisferio Occidental fue la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. Las consecuencias para el periodismo y los medios de comunicación fueron nefastos.

Descargue el Manifiesto del Grupo

Hoy los periodistas, académicos, activistas que hemos decidido conformar este Grupo Democrático por las Reformas a la LOC expresamos al país lo siguiente:

Durante 10 años, el Ecuador sufrió el mayor deterioro de sus libertades y derechos, especialmente de las libertades de prensa, expresión y asociación.

Han quedado registrados más de 2 000 ataques a la prensa, verbales, físicas, judiciales. Pero, el punto de inflexión para que el Ecuador sea considerado uno de los países con la peor situación de libertades fundamentales en el Hemisferio Occidental fue la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. Las consecuencias para el periodismo y los medios de comunicación fueron nefastos. Pero las consecuencias más negativas se dieron para los ciudadanos que fueron privados de su derecho a la información y opinión plural e independiente, el cual fue reemplazado por un estado de propaganda asfixiante.

Es hora de dejar el viejo régimen atrás. Es hora de cambiar radicalmente una de las principales herramientas del autoritarismo populista: la Ley Orgánica de Comunicación. El mínimo del que se debe partir es el cumplimiento de los tratados y estándares internacionales.

Una reforma política e institucional, como la que pretende impulsar el Gobierno desde los resultados de la consulta popular, no puede ser completa si no se impulsa un cambio radical del sentido y concepto base de la Ley de Comunicación.

Son nuevos tiempos. Queremos nuevos medios. Es necesaria una nueva Ley, en el sentido de que la actual Ley Orgánica de Comunicación debe ser profundamente reformada para que no solo garantice las libertades y derechos fundamentales, sino que promueva el desarrollo comunicacional. No proponemos un retorno al pasado.

Cuando hablamos de nuevos tiempos y nuevos medios lo hacemos con la visión de que los sistemas democráticos están cambiando aceleradamente y en ese cambio las nuevas redes de comunicación exigen a los medios transformaciones y nuevos roles. Para ello proponemos construir una alianza social para generar una Ley que propicie una comunicación para el futuro dónde el concepto de cooperación y redes sea un eje central. La Ley de Comunicación debe ser reformada profundamente para incluir una agenda positiva enfocada en un desarrollo armónico de los tres sectores de medios: públicos, comunitarios y privados.

Es decir, debemos superar el viejo esquema de la Ley elaborada para castigar y disciplinar y pasar a una Ley propositiva enfocada en construir el periodismo y los medios ecuatorianos del futuro.

Ese futuro creemos que será colaborativo y en redes. De hecho ya lo es en este momento. Por eso, debemos ser capaces de diálogo entre los distintos sectores involucrados en los procesos comunicacionales para conectar medios y vida. Medios y grupos sociales y convertir a los medios en un mecanismo de cohesión social.

Desde hoy llamamos a construir una alianza social sólida para los nuevos tiempos, los nuevos medios y una Ley de Comunicación que una vez profundamente reformada garantice el derecho humano a la libre expresión del pensamiento.

 

MANIFIESTO LOC

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Con la ausencia del Estado ecuatoriano se desarrolló este 23 de octubre de 2017, la audiencia temática sobre la situación de la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Montevideo, Uruguay.

En la cita, la Relatora de país, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño lamentó la no participación del Estado. También lo hizo el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, quien destacó el cambio de actitud y de discurso del Gobierno de Lenín Moreno, pero se mostró extrañado por la ausencia del mismo en un espacio que considera “útil para el diálogo”.

Al respecto, los peticionarios, Francisco Rocha, Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios aseguraron que la ausencia del Estado ecuatoriano es una oportunidad perdida para el actual Gobierno. En su exposición, Ricaurte presentó un balance de lo que significó la década del Gobierno de Rafael Correa para el estado de la libertad de expresión. En cifras, dio cuenta de las 2238 agresiones ocurridas entre 2007 y 2017, relacionadas con aplicación de la Ley de Comunicación, agresiones físicas, verbales, amenazasa a los derechos digitales y el uso abusivo del poder del Estado. (491 en 2016 y 188 entre enero y mayo de 2017).

También recordó casos como el del periodista Fernando Villavicencio actualmente con grillete electrónico, por denunciar la corrupción en los sectores estratégicos de la Economía, y el de Freddy Aponte, periodista de Loja, quien ha sido acosado durante 10 años por el Alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, como ejemplos de persecución, impunidad y represión.

El caso de Villavicencio despertó especial preocupación por parte del Relator Especial para la Libertad de Expresión, quien aseguró que debe ser difícil hacer un periodismo libre. Lanza también se mostró preocupado por la situación del concurso de frecuencias y el marco jurídico restrictivo que existe en el Ecuador y aseguró que, de mantenerse, este podría servir como una herramienta para abusos y arbitrar edades. “Como una espada de damocles y un arma represiva para la prensa”.

Por su parte, a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño también le inquieta el cómo se debería garantizar el pluralismo en los medios de comunicación en una reforma normativa y el tema de los concursos y asignación de frecuencias, sobretodo, las comunitarias.

Durante la audiencia, Rocha expuso acerca de las acciones propuestas en la Hoja de Ruta, para una transición plena hacia la democracia y aseveró que si bien hay mejoras en el clima en el cual se ejerce el periodismo, la situación de la libertad de expresión es de enorme fragilidad pues la estructura legal e institucional heredada de la década autoritaria de Rafael Correa se muestra intacta, al punto que altos funcionarios de Gobierno siguen demandando por la vía penal a ciudadanos que ejercen su derecho a la crítica.

La exposición de los peticionarios concluyó con cuatro pedidos muy específicos para la CIDH.

  • Que la Comisión inste al Estado a que se establezca un cronograma que permita a la Comisión monitorear y elaborar un informe sobre la situación de la libertad de expresión durante el proceso electoral.
  • Que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH elabore un estudio especial sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación y su compatibilidad con estándares internacionales.
  • Que la Comisión brinde acompañamiento al proceso de reformas normativas y reinstitucionalización del país que vienen impulsando las distintas organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos que construyeron la antes señalada “Hoja de Ruta”.
  • Que se brinde especial atención a los distintos procesos contenciosos sobre libertad de expresión en los que está involucrado el Estado ecuatoriano y que actualmente tramita el sistema. Asimismo, solicitamos a esta Comisión que la resolución de estos casos permitan sentar precedentes que busquen la plena garantía y ejercicio de la Libertad de expresión a nivel regional.

Sobre las peticiones, la comisionada Arosemena de Troitiño reafirmó la necesidad de alcanzar un mecanismo de acercamiento y participación del Estado ecuatoriano. En esa misma línea, el comisionado Paulo Vannuchi, presente en la audiencia, saludó el espíritu de apertura del Gobierno de Moreno y aseguró que se podría aprovechar una invitación que le hicieron para ser embajador de buena voluntad para temas de los derechos de personas con discapacidad para entablar el diálogo. “Ojalá la no asistencia del Estado ecuatoriano sea por un motivo técnico y no por la decisión del nuevo gobierno de no asistir”, apuntó Vannuchi.

Finalmente, Ricaurte afirmó que si bien ha bajado el nivel del Estado de propaganda, es necesario una evaluación profunda de la aplicación de la Ley de Comunicación para poder tener parámetros regionales, mientras que Rocha manifestó que un primer compromiso de los medios es de no callar frente al abuso, y las agresiones a las que han estado sometidas por 10 años.

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Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.
Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.
Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.

Esta mañana, Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitaron a la Fiscalía que se incluya al CORDICOM en el proceso penal que siguen estas instituciones contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien fue denunciado por falsificación de instrumento público, así como por su uso.

Según Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el Consejo de Regulación de Información y Comunicación (CORDICOM) también manipuló el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación de Ecuador, función que solo le compete a la Asamblea Nacional.  Esta adulteración consta en el “Reglamento para la aplicación del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos musicales”, elaborado por ese organismo y publicado en el Registro Oficial el 29 de octubre de 2014.

Este cambio consta en los considerandos del reglamento sobre el inciso segundo de la transitoria sexta que se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional. El texto que publicó fue: “La Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Comunicación dispone la gradualidad para la aplicación del artículo 103 de la referida Ley, debiéndose aplicar la difusión de contenidos musicales en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la Ley…”. El texto original de la Ley menciona el 102.

“Tanto la SUPERCOM como el CORDICOM manipulan el texto de la Ley. Esto se denomina en derecho falsedad ideológica. Es decir adulteran y cambian el texto a efecto de posibilitar -en el caso del CORDICOM- un reglamento que permita la aplicación de sanciones utilizando un texto que no es el aprobado por el Legislativo”, dijo García en rueda de prensa.

Informó además que han solicitado a la Fiscalía que les envíe copia certificada de la resolución del CORDICOM y que se certifique quienes fueron los que votaron por esa resolución, así como el cargo que esas personas ocuparon.

De su parte, César Ricaurte, director de Fundamedios, recalcó la fecha del reglamento: 29 de octubre de 2014 y dijo que fue suscrito por Patricio Barriga, actual secretario Nacional de Comunicación. “Recordemos que las sanciones a los medios de comunicación por parte de la Supercom, aplicando este reglamento y modificación de la Ley de Comunicación, datan de principios de 2016. Es decir, un año después de que se aprueba este reglamento. La primera modificación o posible falsificación de la Ley de Comunicación la hace el CORDICOM”. La organización ha reportado 11 sanciones a medios con el texto adulterado.

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El director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS), César Ricaurte; la presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE), Susana Piedra; el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), Diego Cornejo; y el representante de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, Luis Verdesoto, que reúne a 25 organizaciones de la sociedad civil, solicitaron, el martes 2 de agosto de 2016, una reunión de trabajo a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para iniciar un debate urgente hacia la reforma integral a Ley Orgánica de Comunicación (LOC) siguiendo el mandato expreso realizado al Estado ecuatoriano por el Comité de DDHH de Naciones Unidas, en su documento de recomendaciones.

Las observaciones remitidas por el Comité, conformado por 18 expertos internacionales en DDHH, son claras y surgen del seguimiento a la situación del Ecuador, el análisis de la documentación entregada por el Estado ecuatoriano y de los informes presentados por la sociedad civil. En el párrafo 30 de las recomendaciones se lee: “El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas, de conformidad con el artículo 19 del Pacto. Al respecto, debe velar por que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación, sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto y que cualquier restricción del ejercicio de la libertad de expresión cumpla plenamente con las estrictas exigencias establecidas en el artículo 19, párr. 3, del Pacto y desarrolladas en la Observación general núm. 34 (2011) sobre libertad de opinión y libertad de expresión del Comité. Asimismo, el Estado parte debe ofrecer protección efectiva a todos aquellas personas que sean objeto de actos de acoso o amenazas por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión y asegurar que todas las alegaciones relativas a actos de esa naturaleza se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia”.

En declaraciones para la prensa, César Ricaurte explicó que si bien el Comité señala principalmente dos aspectos de la LOC: el linchamiento mediático y la censura por omisión que se ha convertido en un mecanismo para imponer contenidos, esos sólo son dos ejemplos en un conjunto de preocupaciones que fueron expresadas durante el examen a Ecuador. “Por eso estamos pidiendo que se abra un gran debate nacional, en el que participen los actores involucrados en el mundo de la comunicación para que al final tengamos una ley que sí cumpla los estándares, que se sujete plenamente al artículo 19 del Pacto y a las recomendaciones recogidas en la observación 34”, afirmó a los medios de comunicación.

En la solicitud, los representantes de las organizaciones también le recordaron a la Presidenta de la Asamblea que el cumplimiento de las observaciones del Comité de DDHH es obligatorio y al Órgano Legislativo que preside le corresponde tomar las acciones pertinentes para que la Ley de Comunicación deje de ser el principal mecanismo de censura y restricción a la libertad de prensa y expresión de los ecuatorianos, como ha sucedido en sus tres años de vigencia.

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valeFundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha presentaron hoy un denuncia penal contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, por alterar una transitoria de la Ley de Comunicación de Ecuador, función que solo le compete a la Asamblea Nacional.  Esta modificación ocurrió cuando el funcionario encargó la impresión de la normativa en 300.000 textos de bolsillo. Pero además con este cambio sancionó a 11 medios durante el 2016.

La denuncia fue presentada esta tarde ante la Fiscalía. En ella, los demandantes solicitaron el inicio de la instrucción fiscal contra Ochoa por la falsificación de instrumento público, así como por su uso. Para ello se basan en el artículo 328 del Código Penal Integral (COIP) que se refiere a la falsificación y uso de documento falso. Su texto dice: “La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando se trate de documentos privados la pena será de tres a cinco años. El uso de estos documentos falsos, será sancionado con las mismas penas previstas en cada caso.”

El cambio que hizo la Supercom se ubica en el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley. Este se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional y su texto original es: «La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley…«. Pero en los textos impresos menciona el artículo 103 (que trata sobre la difusión progresiva de contenidos musicales) en lugar del 102 (referente al fomento de la producción nacional independiente).

La sanción por incumplir el artículo 103 es el pago equivalente a 10 salarios básicos. Según el registro de Fundamedios, al menos 22 radios han sido sancionadas con este artículo desde el 2014. Sin embargo desde enero del 2016, son 11 los medios sancionados con la transitoria modificada al artículo 103. Las multas suman más de USD 40.000.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explicó en rueda de prensa que hubo uso doloso del documento alterado. “Hemos considerado con Fundamedios que este es un tema jurídico que no puede permitirse”.

Mientras que César Ricaurte, director de Fundamedios, informó que los medios sancionados con este cambio son Radio Canela, Radio Alfa 98.5 FM , Radio Bonita 93.7 FM (Ambato), Radio Cariamanga 104 FM (Cariamanga), Genial Radio (Santa Elena), Radio Encuentro (Santa Elena) Radio Disney 93.7 FM (Guayaquil), Radio Turbo de Guaranda 93.9 FM, Radio Turbo de Ambato 93.3 FM y en dos ocasiones a Radio EXA FM. Además recordó que existen un pedido de juicio político en la Asamblea contra Ochoa por la misma razón, pero además de sus responsabilidades políticas hay claros indicios de que se ha cometido un delito. En la plataforma Change.org, Fundamedios ha logrado hasta el momento que 203 personas respalden este pedido.

García recalcó que hay “un delito cometido” y reconocido por el propio Superintendente. Se refirió así a la entrevista que Ochoa diera a El Universo, el 11 de julio de 2016. Allí, el funcionario afirmó que “lo único que hizo fue generar un arreglo, en vez de ser el artículo 102, se puso lo que obviamente constaba, que era el espíritu de la ley”. El abogado espera que la Fiscalía inicie las correspondientes investigaciones. “El señor Ochoa reconoce haber actuado dolosamente, no se trata de un error de tipeo ni de imprenta”, manifestó el jurista.