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Ley de Comunicación

Hoy los periodistas, académicos, activistas que hemos decidido conformar este Grupo Democrático por las Reformas a la LOC expresamos al país lo siguiente:

Durante 10 años, el Ecuador sufrió el mayor deterioro de sus libertades y derechos, especialmente de las libertades de prensa, expresión y asociación.

Han quedado registrados más de 2 000 ataques a la prensa, verbales, físicas, judiciales. Pero, el punto de inflexión para que el Ecuador sea considerado uno de los países con la peor situación de libertades fundamentales en el Hemisferio Occidental fue la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. Las consecuencias para el periodismo y los medios de comunicación fueron nefastos. Pero las consecuencias más negativas se dieron para los ciudadanos que fueron privados de su derecho a la información y opinión plural e independiente, el cual fue reemplazado por un estado de propaganda asfixiante.

Es hora de dejar el viejo régimen atrás. Es hora de cambiar radicalmente una de las principales herramientas del autoritarismo populista: la Ley Orgánica de Comunicación. El mínimo del que se debe partir es el cumplimiento de los tratados y estándares internacionales.

Una reforma política e institucional, como la que pretende impulsar el Gobierno desde los resultados de la consulta popular, no puede ser completa si no se impulsa un cambio radical del sentido y concepto base de la Ley de Comunicación.

Son nuevos tiempos. Queremos nuevos medios. Es necesaria una nueva Ley, en el sentido de que la actual Ley Orgánica de Comunicación debe ser profundamente reformada para que no solo garantice las libertades y derechos fundamentales, sino que promueva el desarrollo comunicacional. No proponemos un retorno al pasado.

Cuando hablamos de nuevos tiempos y nuevos medios lo hacemos con la visión de que los sistemas democráticos están cambiando aceleradamente y en ese cambio las nuevas redes de comunicación exigen a los medios transformaciones y nuevos roles. Para ello proponemos construir una alianza social para generar una Ley que propicie una comunicación para el futuro dónde el concepto de cooperación y redes sea un eje central. La Ley de Comunicación debe ser reformada profundamente para incluir una agenda positiva enfocada en un desarrollo armónico de los tres sectores de medios: públicos, comunitarios y privados.

Es decir, debemos superar el viejo esquema de la Ley elaborada para castigar y disciplinar y pasar a una Ley propositiva enfocada en construir el periodismo y los medios ecuatorianos del futuro.

Ese futuro creemos que será colaborativo y en redes. De hecho ya lo es en este momento. Por eso, debemos ser capaces de diálogo entre los distintos sectores involucrados en los procesos comunicacionales para conectar medios y vida. Medios y grupos sociales y convertir a los medios en un mecanismo de cohesión social.

Desde hoy llamamos a construir una alianza social sólida para los nuevos tiempos, los nuevos medios y una Ley de Comunicación que una vez profundamente reformada garantice el derecho humano a la libre expresión del pensamiento.

 

MANIFIESTO LOC

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Con la ausencia del Estado ecuatoriano se desarrolló este 23 de octubre de 2017, la audiencia temática sobre la situación de la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Montevideo, Uruguay.

En la cita, la Relatora de país, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño lamentó la no participación del Estado. También lo hizo el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, quien destacó el cambio de actitud y de discurso del Gobierno de Lenín Moreno, pero se mostró extrañado por la ausencia del mismo en un espacio que considera “útil para el diálogo”.

Al respecto, los peticionarios, Francisco Rocha, Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios aseguraron que la ausencia del Estado ecuatoriano es una oportunidad perdida para el actual Gobierno. En su exposición, Ricaurte presentó un balance de lo que significó la década del Gobierno de Rafael Correa para el estado de la libertad de expresión. En cifras, dio cuenta de las 2238 agresiones ocurridas entre 2007 y 2017, relacionadas con aplicación de la Ley de Comunicación, agresiones físicas, verbales, amenazasa a los derechos digitales y el uso abusivo del poder del Estado. (491 en 2016 y 188 entre enero y mayo de 2017).

También recordó casos como el del periodista Fernando Villavicencio actualmente con grillete electrónico, por denunciar la corrupción en los sectores estratégicos de la Economía, y el de Freddy Aponte, periodista de Loja, quien ha sido acosado durante 10 años por el Alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, como ejemplos de persecución, impunidad y represión.

El caso de Villavicencio despertó especial preocupación por parte del Relator Especial para la Libertad de Expresión, quien aseguró que debe ser difícil hacer un periodismo libre. Lanza también se mostró preocupado por la situación del concurso de frecuencias y el marco jurídico restrictivo que existe en el Ecuador y aseguró que, de mantenerse, este podría servir como una herramienta para abusos y arbitrar edades. “Como una espada de damocles y un arma represiva para la prensa”.

Por su parte, a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño también le inquieta el cómo se debería garantizar el pluralismo en los medios de comunicación en una reforma normativa y el tema de los concursos y asignación de frecuencias, sobretodo, las comunitarias.

Durante la audiencia, Rocha expuso acerca de las acciones propuestas en la Hoja de Ruta, para una transición plena hacia la democracia y aseveró que si bien hay mejoras en el clima en el cual se ejerce el periodismo, la situación de la libertad de expresión es de enorme fragilidad pues la estructura legal e institucional heredada de la década autoritaria de Rafael Correa se muestra intacta, al punto que altos funcionarios de Gobierno siguen demandando por la vía penal a ciudadanos que ejercen su derecho a la crítica.

La exposición de los peticionarios concluyó con cuatro pedidos muy específicos para la CIDH.

  • Que la Comisión inste al Estado a que se establezca un cronograma que permita a la Comisión monitorear y elaborar un informe sobre la situación de la libertad de expresión durante el proceso electoral.
  • Que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH elabore un estudio especial sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación y su compatibilidad con estándares internacionales.
  • Que la Comisión brinde acompañamiento al proceso de reformas normativas y reinstitucionalización del país que vienen impulsando las distintas organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos que construyeron la antes señalada “Hoja de Ruta”.
  • Que se brinde especial atención a los distintos procesos contenciosos sobre libertad de expresión en los que está involucrado el Estado ecuatoriano y que actualmente tramita el sistema. Asimismo, solicitamos a esta Comisión que la resolución de estos casos permitan sentar precedentes que busquen la plena garantía y ejercicio de la Libertad de expresión a nivel regional.

Sobre las peticiones, la comisionada Arosemena de Troitiño reafirmó la necesidad de alcanzar un mecanismo de acercamiento y participación del Estado ecuatoriano. En esa misma línea, el comisionado Paulo Vannuchi, presente en la audiencia, saludó el espíritu de apertura del Gobierno de Moreno y aseguró que se podría aprovechar una invitación que le hicieron para ser embajador de buena voluntad para temas de los derechos de personas con discapacidad para entablar el diálogo. “Ojalá la no asistencia del Estado ecuatoriano sea por un motivo técnico y no por la decisión del nuevo gobierno de no asistir”, apuntó Vannuchi.

Finalmente, Ricaurte afirmó que si bien ha bajado el nivel del Estado de propaganda, es necesario una evaluación profunda de la aplicación de la Ley de Comunicación para poder tener parámetros regionales, mientras que Rocha manifestó que un primer compromiso de los medios es de no callar frente al abuso, y las agresiones a las que han estado sometidas por 10 años.

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Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.
Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.
Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.

Esta mañana, Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitaron a la Fiscalía que se incluya al CORDICOM en el proceso penal que siguen estas instituciones contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien fue denunciado por falsificación de instrumento público, así como por su uso.

Según Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el Consejo de Regulación de Información y Comunicación (CORDICOM) también manipuló el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación de Ecuador, función que solo le compete a la Asamblea Nacional.  Esta adulteración consta en el “Reglamento para la aplicación del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos musicales”, elaborado por ese organismo y publicado en el Registro Oficial el 29 de octubre de 2014.

Este cambio consta en los considerandos del reglamento sobre el inciso segundo de la transitoria sexta que se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional. El texto que publicó fue: “La Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Comunicación dispone la gradualidad para la aplicación del artículo 103 de la referida Ley, debiéndose aplicar la difusión de contenidos musicales en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la Ley…”. El texto original de la Ley menciona el 102.

“Tanto la SUPERCOM como el CORDICOM manipulan el texto de la Ley. Esto se denomina en derecho falsedad ideológica. Es decir adulteran y cambian el texto a efecto de posibilitar -en el caso del CORDICOM- un reglamento que permita la aplicación de sanciones utilizando un texto que no es el aprobado por el Legislativo”, dijo García en rueda de prensa.

Informó además que han solicitado a la Fiscalía que les envíe copia certificada de la resolución del CORDICOM y que se certifique quienes fueron los que votaron por esa resolución, así como el cargo que esas personas ocuparon.

De su parte, César Ricaurte, director de Fundamedios, recalcó la fecha del reglamento: 29 de octubre de 2014 y dijo que fue suscrito por Patricio Barriga, actual secretario Nacional de Comunicación. “Recordemos que las sanciones a los medios de comunicación por parte de la Supercom, aplicando este reglamento y modificación de la Ley de Comunicación, datan de principios de 2016. Es decir, un año después de que se aprueba este reglamento. La primera modificación o posible falsificación de la Ley de Comunicación la hace el CORDICOM”. La organización ha reportado 11 sanciones a medios con el texto adulterado.

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El director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS), César Ricaurte; la presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE), Susana Piedra; el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), Diego Cornejo; y el representante de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, Luis Verdesoto, que reúne a 25 organizaciones de la sociedad civil, solicitaron, el martes 2 de agosto de 2016, una reunión de trabajo a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para iniciar un debate urgente hacia la reforma integral a Ley Orgánica de Comunicación (LOC) siguiendo el mandato expreso realizado al Estado ecuatoriano por el Comité de DDHH de Naciones Unidas, en su documento de recomendaciones.

Las observaciones remitidas por el Comité, conformado por 18 expertos internacionales en DDHH, son claras y surgen del seguimiento a la situación del Ecuador, el análisis de la documentación entregada por el Estado ecuatoriano y de los informes presentados por la sociedad civil. En el párrafo 30 de las recomendaciones se lee: “El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas, de conformidad con el artículo 19 del Pacto. Al respecto, debe velar por que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación, sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto y que cualquier restricción del ejercicio de la libertad de expresión cumpla plenamente con las estrictas exigencias establecidas en el artículo 19, párr. 3, del Pacto y desarrolladas en la Observación general núm. 34 (2011) sobre libertad de opinión y libertad de expresión del Comité. Asimismo, el Estado parte debe ofrecer protección efectiva a todos aquellas personas que sean objeto de actos de acoso o amenazas por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión y asegurar que todas las alegaciones relativas a actos de esa naturaleza se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia”.

En declaraciones para la prensa, César Ricaurte explicó que si bien el Comité señala principalmente dos aspectos de la LOC: el linchamiento mediático y la censura por omisión que se ha convertido en un mecanismo para imponer contenidos, esos sólo son dos ejemplos en un conjunto de preocupaciones que fueron expresadas durante el examen a Ecuador. “Por eso estamos pidiendo que se abra un gran debate nacional, en el que participen los actores involucrados en el mundo de la comunicación para que al final tengamos una ley que sí cumpla los estándares, que se sujete plenamente al artículo 19 del Pacto y a las recomendaciones recogidas en la observación 34”, afirmó a los medios de comunicación.

En la solicitud, los representantes de las organizaciones también le recordaron a la Presidenta de la Asamblea que el cumplimiento de las observaciones del Comité de DDHH es obligatorio y al Órgano Legislativo que preside le corresponde tomar las acciones pertinentes para que la Ley de Comunicación deje de ser el principal mecanismo de censura y restricción a la libertad de prensa y expresión de los ecuatorianos, como ha sucedido en sus tres años de vigencia.

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valeFundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha presentaron hoy un denuncia penal contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, por alterar una transitoria de la Ley de Comunicación de Ecuador, función que solo le compete a la Asamblea Nacional.  Esta modificación ocurrió cuando el funcionario encargó la impresión de la normativa en 300.000 textos de bolsillo. Pero además con este cambio sancionó a 11 medios durante el 2016.

La denuncia fue presentada esta tarde ante la Fiscalía. En ella, los demandantes solicitaron el inicio de la instrucción fiscal contra Ochoa por la falsificación de instrumento público, así como por su uso. Para ello se basan en el artículo 328 del Código Penal Integral (COIP) que se refiere a la falsificación y uso de documento falso. Su texto dice: “La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando se trate de documentos privados la pena será de tres a cinco años. El uso de estos documentos falsos, será sancionado con las mismas penas previstas en cada caso.”

El cambio que hizo la Supercom se ubica en el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley. Este se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional y su texto original es: «La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley…«. Pero en los textos impresos menciona el artículo 103 (que trata sobre la difusión progresiva de contenidos musicales) en lugar del 102 (referente al fomento de la producción nacional independiente).

La sanción por incumplir el artículo 103 es el pago equivalente a 10 salarios básicos. Según el registro de Fundamedios, al menos 22 radios han sido sancionadas con este artículo desde el 2014. Sin embargo desde enero del 2016, son 11 los medios sancionados con la transitoria modificada al artículo 103. Las multas suman más de USD 40.000.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explicó en rueda de prensa que hubo uso doloso del documento alterado. “Hemos considerado con Fundamedios que este es un tema jurídico que no puede permitirse”.

Mientras que César Ricaurte, director de Fundamedios, informó que los medios sancionados con este cambio son Radio Canela, Radio Alfa 98.5 FM , Radio Bonita 93.7 FM (Ambato), Radio Cariamanga 104 FM (Cariamanga), Genial Radio (Santa Elena), Radio Encuentro (Santa Elena) Radio Disney 93.7 FM (Guayaquil), Radio Turbo de Guaranda 93.9 FM, Radio Turbo de Ambato 93.3 FM y en dos ocasiones a Radio EXA FM. Además recordó que existen un pedido de juicio político en la Asamblea contra Ochoa por la misma razón, pero además de sus responsabilidades políticas hay claros indicios de que se ha cometido un delito. En la plataforma Change.org, Fundamedios ha logrado hasta el momento que 203 personas respalden este pedido.

García recalcó que hay “un delito cometido” y reconocido por el propio Superintendente. Se refirió así a la entrevista que Ochoa diera a El Universo, el 11 de julio de 2016. Allí, el funcionario afirmó que “lo único que hizo fue generar un arreglo, en vez de ser el artículo 102, se puso lo que obviamente constaba, que era el espíritu de la ley”. El abogado espera que la Fiscalía inicie las correspondientes investigaciones. “El señor Ochoa reconoce haber actuado dolosamente, no se trata de un error de tipeo ni de imprenta”, manifestó el jurista.

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La Superintendencia de la Información y Comunicación alteró una transitoria de la Ley de Comunicación; lo hizo cuando encargó la impresión de nuevas versiones de la Ley Orgánica de Comunicación y aplicó esa norma para emitir 11 sanciones contra medios de comunicación durante el 2016. Arrogándose funciones del Legislativo, el superintendente Carlos Ochoa modificó la transitoria sexta de la Ley y la aplicó en varias las resoluciones de ese organismo.

Por esa razón, Fundamedios considera que existen motivos suficientes para el inicio de un juicio político y censura de la autoridad de la Supercom, el señor Ochoa. Más aún cuando el funcionario admitió su falta, al declarar a la prensa: “Todos sabemos de ese error en el acápite seis. Va al artículo 102 ‘Fomento a la producción nacional’, cuando esto supuestamente tenía que ver con el 1×1. Esta ley (de bolsillo) lo único que hizo fue generar un arreglo, en vez de ser el artículo 102, se puso lo que obviamente constaba, que era el espíritu de la Ley y a lo que se refería, que era el artículo 103”.

El texto de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación, aprobada por la Asamblea Nacional el 23 de junio del 2013, no es el mismo que se lee en las ediciones de bolsillo impresas por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). La entidad reguladora modificó un aparente “error” de la LOC, y lo repite en sus resoluciones amparadas en esta transitoria.

El cambio que hizo la Supercom se ubica en el inciso segundo de la transitoria sexta de la LOC: se modificó el número del artículo 102, referente al fomento de la producción nacional independiente, por el 103, sobre la difusión progresiva de contenidos musicales.

El segundo inciso de la transitoria sexta de la norma, que refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional, menciona lo siguiente: “La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley…”. Sin embargo, en las ediciones de bolsillo de la Supercom, el texto menciona que “La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 103…”

Las 11 resoluciones dictadas contra medios se basaron en este artículo falseado de la Ley de Comunicación (LOC). De esta manera, el Superintendente y los intendentes zonales Jeoconda Loor Chancay y Gustavo Merino, violaron el artículo 56 de la misma, al no fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación. Pero, sobre todo, violaron el principio de legalidad contenido en la Constitución y tratados internacionales, según el cual nadie puede ser sancionado sino en estricta aplicación de la ley y según lo que esté expresamente señalado en ella.

La sanción por incumplir el artículo 103 es el pago equivalente a 10 salarios básicos. Según el registro de Fundamedios, al menos 22 radios han sido sancionadas con este artículo desde el 2014. Sin embargo desde enero del 2016, son 11 los medios sancionados con la transitoria modificada al artículo 103. Las multas suman más de USD 40.000.

En estas resoluciones se hace mención a la transitoria sexta modificada sancionando a: Radio Canela, Radio Alfa 98.5 FM , Radio Bonita 93.7 FM (Ambato), Radio Cariamanga 104 FM (Cariamanga), Genial Radio (Santa Elena), Radio Encuentro (Santa Elena) Radio Disney 93.7 FM (Guayaquil), Radio Turbo de Guaranda 93.9 FM, Radio Turbo de Ambato 93.3 FM y en dos ocasiones a Radio EXA FM.

El artículo 131 de la Constitución faculta a la Asamblea Nacional para iniciar un proceso de enjuiciamiento político “a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, (…) de Superintendencias, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado”. Las acciones del superintendente Ochoa se corresponden con esta causal, por lo que el juicio político debería finalizar en su censura y destitución. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, la misma Asamblea dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.

En el caso específico de que se llegue a comprobar que Carlos Ochoa, Gustavo Merino y Jeoconda Loor cometieron un uso abusivo de la Ley y podrían enfrentar cargos penales por falsificación y uso de documento falsificado. La causa la podrían iniciar los perjudicados o terceras personas.

Todos estos hechos son motivo suficiente para que Fundamedios, en su calidad de organismo no gubernamental que trabaja en la defensa de la libertad de expresión, demande de los legisladores el inicio de juicio político y la destitución contra el Superintendente Carlos Ochoa, enviando de esa manera un claro mensaje sobre la importancia de respetar el Estado de Derecho en el Ecuador.

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Representantes de la sociedad civil harán el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de DDHH de la ONU por parte del Estado ecuatoriano.
Representantes de la sociedad civil harán el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de DDHH de la ONU por parte del Estado ecuatoriano.
Representantes de la sociedad civil harán el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de DDHH de la ONU por parte del Estado ecuatoriano.

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil [1] que presentaron informes alternativos sobre la situación del Ecuador, con el apoyo de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), afirmaron que han sido contundentes las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el sexto informe periódico del Ecuador. Así lo expresaron hoy en rueda de prensa y aseguraron que ven reflejadas sus preocupaciones en las recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas.

César Ricaurte, director de Fundamedios, destacó el rol determinante de la sociedad civil y la importancia del informe emitido por el Comité que incluye 33 recomendaciones y se concentra en tres ejes principales: Comisión de la Verdad; libertad de expresión y reunión pacífica; y jurisdicción indígena. Además destacó que el Comité de DDHH da un año al Estado ecuatoriano para que implemente políticas y acciones efectivas alrededor de estos temas. Ricaurte también destaca que el Comité es enfático en el tema de libertad de expresión y muestra su preocupación “sobre los casos de personas críticas al Gobierno, incluyendo periodistas y usuarios de redes sociales, que habrían sufrido acoso y amenazas luego de ser mencionadas específicamente por oficiales del Gobierno”. El informe del Comité recuerda que el Estado ecuatoriano “debe velar por que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto”, por lo que “desde la sociedad civil, exigimos que la Asamblea Nacional inicie inmediatamente el proceso de reforma a la LOC, con participación activa de la sociedad civil, para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión”, aseveró Ricaurte. El informe también se al derecho de asociación: “El Estado parte debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción puedan ejercer en la práctica su derecho a la libertad de reunión pacífica”.

La activista Lotty Andrade se congratuló de que el Comité se haya referido en el informe a los abusos y violencia sexual en centros educativos. El organismo manifiesta su “preocupación por el bajo número de sentencias condenatorias en relación con el elevado número de denuncias sobre delitos sexuales en el ámbito educativo registradas y la presunta impunidad de algunos perpetradores de tales actos”. Destacó que el informe manifiesta la necesidad de intensificar sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación y las políticas sobre igualdad de género existentes para alcanzar la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Los expertos también recomiendan adoptar medidas efectivas para aumentar la participación de las mujeres en los cargos de elección unipersonal a nivel local. Andrade también resaltó el Comité observa con preocupación que el nuevo Código Orgánico Integral Penal criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo y establece que el Estado debe revisar el Código Orgánico Integral Penal a fin de introducir excepciones a la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellas, la despenalización del aborto por violación.

De izquierda de derecha:  Karla Calapaqui, Pamela Troya, César Ricaurte, Martha Roldós y Lotty Andrade.
De izquierda de derecha: Karla Calapaqui, Pamela Troya, César Ricaurte, Martha Roldós y Lotty Andrade.

La activista Pamela Troya destacó las recomendaciones del Comité en cuanto a la discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género. También recordó que en el informe el Comité “lamenta no haber recibido información detallada” acerca de las acciones de carácter penal desplegadas contra los responsables de los “tratamientos” en las llamadas ‘clínicas para tratar la homosexualidad’ y sus resultados. Asimismo, enfatizó en que el Comité concluyó que el Ecuador debe redoblar esfuerzos “para combatir estereotipos y prejuicios contra personas LGBTI y garantizar que se prevengan los actos de discriminación”.

La activista Martha Roldós comentó sobre el capítulo acerca de la independencia judicial que incluye el informe y resalta la contundencia de la recomendación: “El Estado parte debe incrementar sus esfuerzos para asegurar y proteger la plena independencia e imparcialidad de la judicatura, garantizando que pueda desempeñar sus funciones judiciales sin ningún tipo de presiones o injerencias”. Pidió a las autoridades que lean detalladamente las recomendaciones.

La activista Karla Calapaqui se refirió a las observaciones sobre uso excesivo de la fuerza en el las manifestaciones sociales y la criminalización de la protesta bajo figuras penales como el sabotaje y el terrorismo. Destacó además la recomendación de agilitar la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. En sus resoluciones, el Comité también conmina al Estado a proteger la vida de los pueblos indígenas en aislamiento, garantizando que no se realicen actividades extractivas que los coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad. En cuanto a la jurisdicción indígena, recomienda al Estado parte tomar las medidas necesarias para adoptar un marco legal e institucional específico que regule la división de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, asegurando el respeto de los derechos de las comunidades.

En general, el informe lamenta la falta de información en las respuestas orales y escritas de la delegación ecuatoriana. Sobre todo la no entrega de cifras sobre cuántas personas han sido criminalizadas por terrorismo y sabotaje durante este periodo. Por último, los representantes de la sociedad civil dijeron que se mantendrán vigilantes de las acciones que tome el Estado, ya que las recomendaciones del Comité de DDHH son de cumplimiento obligatorio. Asimismo, informaron que dentro del seguimiento que hace el Comité se prevé la visita de relatores para monitorear la aplicación de las recomendaciones al Estado ecuatoriano, en el transcurso de un año.

[1] Las organizaciones que presentaron los informes sombra al Comité de DDHH de la ONU fueron: Fundamedios, Conaie, Ecuarunari, Confeniae, Frente Popular, Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, Asamblea Plurinacional Permanente en Mujeres en Resistencia, Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador, Fundación Yerbabuena y Observatorio de DDHH colectivos y minorías, Área de Derecho y Programa Andino de DDHH de la Universidad Andina Simón Bolívar, Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Conaie, Cofenaie, Pueblo Kichwa de Sarayaku, Nación Sapara del Ecuador, Terramater, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Ecuatoriana Equidad (FEE), Global Initiative for Sexuality & Human Rights, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador (CEDHU), Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas y Matrimonio Civil Igualitario.

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A tres años de vigencia y aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la falta de transparencia ha sido una constante. Negativas, evasivas, desorganización y trabas en la entrega de información resume gran parte del actuar de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y las distintas intendencia zonales a la hora de entregar información sobre las sanciones a los medios.

Eso ha impedido realizar un exhaustivo proceso de monitoreo de la LOC y que los ciudadanos tengan un cabal conocimiento de la verdadera masacre que se ha perpetrado bajo una aplicación abusiva y arbitraria de una normativa que viola todos los estándares de protección a la libertad de expresión, denuncia Fundamedios.  

Hasta el 14 de junio de este año, Fundamedios contabilizó un total de 554 procesos en contra de medios de comunicación, de los cuales, 398 culminaron en sanción. De los procesos que tienen sanción, el 55% (220) fueron multas económicas; el 27% (107) fueron amonestaciones escritas y el 11% (45) fueron disculpas públicas. Cifras que muestran el hostigamiento a los medios y el riesgo que estas multas representan para la estabilidad económica de los mismos.  (Descargue las cifras completas)

Los medios más sancionados han sido los medios privados. El ranking lo encabeza diario La Hora que ha acumulado un total de 17 sanciones, seguido por Canal UNO con 16; Diario Extra con 15; Radio Fútbol FM con 11 y el canal local Cayambe Visión Canal 9, con siete sanciones.  Este último medio representa la persecución de una autoridad local, puesto que todas las denuncias en contra de ese canal  fueron interpuestas por el ahora exalcalde de Cayambe, William Perugachi. Por su parte, tan solo se conocen siete sanciones en contra de medios en manos del Estado: 4 a TC, 1 a Gama TV y Ecuador TV y 1 a El Telégrafo.

De hecho, los funcionarios públicos y la Supercom son los que más han aplicado la LOC.  El 73% (290) de las denuncias analizadas fueron presentadas por estos actores entre octubre de 2013 y abril de 2016. Los ciudadanos usaron el sistema en un 27% (108).

Los artículos más utilizados en estos tres años han sido: el Art. 28 de la LOC, que hace referencia a las Copias de programas o impresos es el más reclamado por los denunciantes 17% (67). Otros artículos usados son referentes a: Normas Deontológicas 15% (60), Honra 6% (22), Rectificación 5% (20) y; otros  57% (229).  

Luego de estos tres años es evidente que los medios son las principales víctimas. ¿Cómo olvidar la sanción que recibió el caricaturista Bonil y diario El Universo el 31 de enero de 2014, cuando la Superintendencia de la Información y Comunicación los multó con el pago equivalente al 2% de su facturación promediada de los últimos tres meses y exigió la rectificación de una caricatura?

Si este hecho parecía inverosímil, en los meses siguientes las sanciones aumentaron con casos que bien podrían ser retratados en un museo de lo increíble. No hay que olvidar que la Supercom ha sancionado a los medios por “no evitar el morbo”; por lo que opinó un oyente al aire (Radio Novedades,  marzo 2015); por hablar de “tríos” y “amantes” en horario familiar, o por contar chistes sobre chinos que podrían ser discriminatorios (Radio Fútbol FM, 2015, 2016); por “abstenerse de publicar contenido intercultural”, que ha merecido la sanción del 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses a varios medios. Y así, la lista podría resultar interminable y ya más de un medio se ha declarado en resistencia como lo hizo El Universo y La Hora, por considerar que la entidad reguladora carece de independencia a la hora de juzgarlos y sancionarlos.