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Ley de Comunicación

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Más de 14 organizaciones internacionales y locales rechazaron la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación porque podría afectar a la libertad de expresión. Los criterios y preocupaciones coinciden en aspectos como el lenguaje amplio y ambiguo utilizado en la redacción de la norma, así como la creación de la figura de linchamiento mediático; la de una Superintendencia de Comunicación e Información y un Consejo que fiscalizará y regulará el contenido de los medios y cuya independencia genera dudas por su conformación.

A través de un comunicado difundido el 17 de junio, Frank la Rue, relator especial de las Naciones Unidas para promoción y protección de la Libertad de Expresión  lamentó, “que se haya emitido esta Ley sin tomar en cuenta las recomendaciones que hiciera al Congreso en el 2011” y reiteró su “preocupación de que dicha Ley no se haya sometido a una amplia consulta con los diferentes actores sociales incluyendo los periodistas».

En ese sentido La Rue apuntó que la norma legal «tiene elementos que gravemente afectan la libertad de prensa y la libertad de expresión, tales como la creación del concepto de linchamiento mediático que, por supuesto, no existe y pretende ser una forma irónica de limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las políticas públicas o funcionarios de Estado», por lo que también recomendó al Presidente de la República “que no sancione esta ley sino la envíe de regreso al Congreso de la República para ser más ampliamente discutida”.

La relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero también manifestó su preocupación por la aprobación de la Ley que, a su criterio, tiene elementos que “podrían resultar incompatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos” y que podrían“impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática”.

A través de una carta dirigida al canciller Ricardo Patiño, con fecha del 28 de junio, la Relatora detalla en una carta de 12 páginas, 10 puntos por los que la nueva Ley resulta incompatible con los estándares internacionales en los que menciona la imposición de obligaciones a todos los medios de comunicación sin distinguir su formato o tamaño; el establecimiento de instancias administrativas, con autoridad para establecer controles, límites y sanciones que puedan afectar sustancialmente el ejercicio de derechos fundamentales y la autocensura, al establecer incentivos muy fuertes para que los periodistas, editores y propietarios de los medios adopten autorrestricciones desproporcionadas como medida de protección frente a la posibilidad incierta de ser objeto de las sanciones que la propia Ley establece, entre otras.

En la misiva Botero también cuestiona que el Estado, al considerar a la comunicación como un servicio público, “asume facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a expresarse libremente”.

Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) también se pronunció en rechazo del cuerpo legal. En un comunicado difundido el 17 de junio, se asegura que la norma “debilita gravemente la libertad de expresión en el país e incluye un lenguaje excesivamente amplio que limitará la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW enfatiza en que “las disposiciones que favorecen la censura y los juicios penales contra periodistas constituyen claros intentos por silenciar las críticas”.

De igual forma, el Comité para la Protección de los Periodistas CPJ, en su blog institucional cuestionó la nueva norma a la que la calificó de “mordaza para silenciar críticas”, tal y como reza el título de la nota difundida el 21 de junio. En ella, la organización aseveró que la Ley “no sólo crea un órgano estatal fiscalizador para regular el contenido de los medios, sino que está llena de frases ambiguas que les exigen a los periodistas ofrecer información exacta y equilibrada bajo pena de enfrentar sanciones civiles o penales”. Mientras que para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador sancionada por el presidente Rafael Correa, oficializa la mordaza con una nueva serie de “delitos de prensa” que privilegian al gobierno por sobre el derecho humano a la información de los ciudadanos, tal cual es concebido en los tratados internacionales sobre la materia, según un comunicado difundido el 24 de junio.

A estas críticas se suman las entidades representativas de la prensa de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Perú, quienes alzaron su voz de preocupación por la ley de Comunicación de Ecuador al advertir que vulnera las libertades de expresión, opinión y prensa.

A través de una declaración conjunta divulgada el 24 de junio, las asociaciones de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, Nacional de Jornais (ANJ) de Brasil, de Diarios de Colombia (ANDIARIOS) y Nacional de la Prensa (ANP) de Chile y del Consejo de la Prensa Peruana, alertaron que la Ley establece “inaceptables controles gubernamentales” y aseveran que “el poder político instala un marco jurídico propicio para la censura previa, así como un precedente de responsabilidades cuyas consecuencias pueden ser nefastas para el ejercicio libre e independiente del periodismo”.

En este sentido también rechazaron que “mediante la incorporación de figuras inéditas, como el denominado ‘linchamiento mediático’, la regulación del Internet, la imposición de contenidos, cuotas de programación, se “vulnera abiertamente las normas contenidas en jurisprudencia y tratados internacionales que privilegian la libre expresión, información y la opinión crítica como mecanismos esenciales de una democracia, suscritos por el gobierno del Ecuador”.

En tanto, la Asociación Nacional de la Prensa de Chile se solidarizó con los medios y periodistas ecuatorianos y, a través de un comunicado individual, se dijo que “la aprobación de esta ley representa un grave daño al ejercicio de la libertad de expresión en Ecuador y significa la ausencia de las mínimas garantías que deben existir en un estado de Derecho para su libre ejercicio por parte de los medios de comunicación.

Asimismo, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en ingles) expresó su preocupación por la reciente aprobada Ley de Comunicación. En un informe especial, difundido el 11 de julio desde Viena, la Organización cuestionó la «excesiva regulación estatal” que determina la norma y que constituye una «seria e inmediata amenaza para el periodismo independiente» en el país.

Para el IPI lo más «preocupante» de la nueva ley es la creación de dos instrumentos estatales de regulación: el «Consejo de Regulación y Desarrollo de Información» y la «Superintendencia de Información y Comunicación» con poder para «disciplinar» a la prensa «mediante una combinación de sanciones legales y administrativas». «La combinación de poderes excesivos y la falta de garantías sobre su independencia hace que estos dos órganos reguladores sean propensos a tomar acciones arbitrarias contra o abusar de los medios de comunicación y periodistas», señala el informe.

En la misma línea, La Unión Europea, Estados Unidos, medios internacionales también han cuestionado la aprobación de la norma porque podría limitar el libre ejercicio a la libertad de expresión y vulnerar derechos fundamentales.

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COMUNICADO DE LA LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CIDH DONDE MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LA APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR

Washington D.C., 28 de junio de 2013. − La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la aprobación en Ecuador de la Ley Orgánica de Comunicación e insta a las autoridades a adecuar su normativa a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

La Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el pasado 14 de junio y sancionada por el Presidente de la República el 22 de junio de 2013. En su articulado la ley consagra algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. No obstante, al regular dichos principios la ley establece gravosas restricciones que hacen que los principios mencionados resulten prácticamente ineficaces. En efecto, tales restricciones, estudiadas en una carta remitida por la Relatoría Especial al Estado, podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática.

La gravosa regulación que se impone a todos los medios de comunicación –impresos, de radio, televisión, audio y video por suscripción, así como a los medios cuyos contenidos pueden ser generados o replicados a través de Internet– parte de considerar que el ejercicio de la libertad de expresión mediante cualquier medio de comunicación es un servicio público. En esa medida, entendido como servicio público, el Estado asume facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a expresarse libremente mediante el medio que cada persona escoja para hacerlo.

Como se explica más detalladamente en la carta remitida al Estado, al asimilar a todos los medios de comunicación con empresas prestatarias de servicios públicos, la ley establece un riguroso marco regulatorio que impone decenas de obligaciones aplicables a todos los medios y periodistas, autoriza a los órganos administrativos para controlar e intervenir en los contenidos de dichos medios, consagra responsabilidades y causales de falta administrativa de notable vaguedad y otorga a un funcionario, elegido por un órgano administrativo de una terna enviada por el Presidente de la República, la facultad de vigilar el cumplimiento de dicha ley, aplicarla e imponer las correspondientes sanciones.

Esta Relatoría Especial tuvo la oportunidad de poner en conocimiento del Estado los temas arriba mencionados en diversas cartas enviadas a lo largo de los últimos tres años. Ciertamente, pese a que el texto de la ley difiere en algunos aspectos sustanciales de los proyectos previamente publicados, los temas de mayor preocupación en materia de libertad de expresión ya habían sido expuestos en el marco de proyectos anteriores. La Relatoría Especial lamenta que las autoridades competentes no hubiesen atendido a los estándares internacionales puestos de presente en las cartas e informes enviados oportunamente.

La Relatoría Especial considera de la mayor importancia que las autoridades revisen la norma aprobada a la luz de los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos y modifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión de todas las personas en Ecuador. La Relatoría Especial manifiesta su plena voluntad de colaborar con el Estado en todo aquello que considere procedente para adecuar sus normas a los citados estándares internacionales.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

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CARTA ABIERTA A LOS ASAMBLEÍSTAS NACIONALES:

«10 RAZONES POR LAS QUE EL PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DEBE SER ARCHIVADO»

Miércoles, 11 de abril de 2012

Hoy, 11 de abril, se someterá a votación el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación por parte de los integrantes de la Asamblea Nacional. Por ello, FUNDAMEDIOS ha enviado una Carta Abierta a los Asambleístas del país en la que se desarrollan 10 razones por las que este debiese ser archivado; no obstante, se reconocen algunos avances en el proyecto que será finalmente votado.

Entre las razones para el archivo de la Ley se encuentra el imponer condicionamientos previos al ejercicio de la libertad de expresión, no limitar la emisión de cadenas nacionales y crear un Consejo de Regulación de amplios poderes que amenazan la libertad de expresión y viabilizan la censura previa.

10 RAZONES POR LAS QUE EL PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN DEBE SER ARCHIVADO

Existen muchas razones por las que el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación debe ser archivado. En el debate social sobre los distintos proyectos de Ley han aparecido varias causas que demuestran que la intención primigenia de quienes han elaborado esas propuestas es el control y castigo al ejercicio del periodismo, así como al trabajo de los medios de comunicación. Esta intención se desliza debajo de las capas de sucesivo maquillaje que se ha tratado en todos los documentos que han aparecido en un debate legislativo tortuoso y confuso, en el cual se han irrespetado todos los procedimientos.

Si bien se pueden destacar algunos aspectos positivos de los últimos proyectos -como la garantía de acceso en iguales condiciones a la tecnología, así como la protección de derechos de niños y adolescentes- no se puede decir lo mismo de la supuesta democratización de frecuencias, como veremos más adelante.

Estas son las 10 razones que queremos aportar para que los asambleístas valoren cuidadosamente su voto y no aprueben una Ley que viola de forma flagrante la Constitución y -por lo menos- seis tratados internacionales de derechos humanos.

PRIMERA RAZÓN

El proyecto de Ley infringe el principio de legalidad al contener disposiciones vagas y ambiguas para imponer sanciones administrativas a conductas contrarias a lo dispuesto en la Ley.

En este sentido, varias disposiciones en el texto establecen prohibiciones y  limitaciones a la información de contenidos discriminatorios, incitación directa al uso ilegítimo de la violencia (…) a la apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso”.

La CIDH ha indicado que las normas sancionatorias vagas o imprecisas que, por vía de su ambigüedad terminan otorgando facultades discrecionales muy amplias a las autoridades administrativas, son incompatibles con la Convención Americana y pueden terminar amparando decisiones arbitrarias que impongan responsabilidades ulteriores desproporcionadas a las personas o medios.

En este sentido, cualquier sanción impuesta en aplicación de este tipo de normas, resulta violatorio al derecho a la libertad de expresión.

SEGUNDA RAZÓN 

El Proyecto de Ley incorpora disposiciones destinadas a evitar la crítica sobre funcionarios públicos.

En cuanto a este punto, consideramos que se debe establecer una distinción entre la protección del honor a personas naturales y funcionarios públicos, que por la naturaleza de sus cargos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio.

Tal como están redactadas dichas normas, podrían ser utilizadas como un mecanismo para silenciar la crítica y el debate sobre quienes ejercen la función pública o temas de interés público.

En este sentido, es importante que se establezca una diferenciación clara excluyendo a funcionarios públicos o temas de interés público del ámbito de aplicación de éstos artículos.

TERCERA RAZÓN

Imposición de condicionamientos previos al ejercicio a la libertad de expresión.

En este sentido, son cuestionables el Art. 10.3.a y el Art.23 que se refieren al deber de los medios y profesionales de la comunicación de difundir información verificada, oportuna, contextualizada y contrastada, así como “el derecho a recibir información de relevancia pública veraz”.

Al respecto, el Principio 7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.

Cabe recordar que el derecho a la libertad de expresión ampara incluso aquellos discursos que perturban, impresionan y ofenden, con lo cual, las expresiones no tienen que perseguir necesariamente un fin social para estar protegidos. Por otro lado, criterios como la oportunidad e imparcialidad son subjetivos y podrían abrir paso a sanciones arbitrarias, mientras que el requisito de veracidad podría limitar la facultad de investigar o denunciar sobre temas de interés público para dar origen a investigaciones sobre los mismos, limitando el papel fiscalizador de la prensa y la sociedad sobre la gestión de las autoridades públicas.

CUARTA RAZÓN

No se establecen limitaciones para la emisión cadenas nacionales.

Art. 78.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general: 1. Transmitir en cadena nacional o local los mensajes de interés general que dispongan el Presidente de la República y el Presidente de la Asamblea Nacional cuando lo consideren necesario. Los titulares de las demás funciones del Estado podrán hacer uso de este espacio hasta por cinco minutos semanales no acumulables. Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público (…).Al respecto, la  Relatoría Especial para la libertad de Expresión -en su Informe sobre el Derecho a la Libertad de Expresión en Venezuela 2003-  ha indicado que otra forma de menoscabar este derecho es mediante el uso abusivo de las cadenas nacionales, porque obligan a los medios de comunicación a cancelar su programación habitual para transmitir información impuesta por el Gobierno.

QUINTA RAZÓN

Se confunde lo público con lo particular.

La Ley pretende regular temas que recaen exclusivamente en la esfera privada mediante imposiciones a la emisión de publicidad. Aquí cabe mencionar el Art. 104 que regula las producciones y establece la prohibición de la “importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras” y obliga a contratar la publicidad con agencias nacionales.

Consideramos que cualquier regulación que se establezca mediante una Ley de Comunicación deberá apuntar a la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión o la protección de otros derechos que pudieran verse amenazados por el ejercicio irresponsable del primero. La prohibición de contratar publicidad extranjera no responde a esta necesidad, pues no constituye un mecanismo para fortalecer a una sociedad democrática ni a la vigencia de los derechos fundamentales, y pretende establecer limitaciones al ejercicio de derechos de libertad de contratación que son meramente de naturaleza privada, por lo que cualquier injerencia Estatal resulta arbitraria y contraria al régimen democrático.

SEXTA RAZÓN

La imposición de una ética desde el Estado.

Varias disposiciones del proyecto pretenden imponer valores y reglas de conducta a los medios de comunicación. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión consagra que “La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.

SÉPTIMA RAZÓN

En cuanto a los compromisos no cumplidos, podemos decir que en diciembre de 2009 las bancadas y grupos políticos representados en la Asamblea Nacional firmaron un Acuerdo Ético Político sobre el Proyecto de Ley de Comunicación, cuyos compromisos no se han respetado durante el proceso de elaboración de la versión final. Tampoco se cumplió el compromiso adquirido públicamente ante la CIDH, en octubre de 2010, de elevar a consulta el proyecto de ley ante el Sistema Interamericano, previa su aprobación.

OCTAVA RAZÓN

Se consagra la existencia de información “de circulación restringida”, limitando gravemente la posibilidad de los ciudadanos de acceder a información relevante, en poder de las autoridades y funcionarios públicos, que pueda darse a conocer a partir de investigaciones o denuncias periodísticas.

NOVENA RAZÓN

En cuanto a las amplias atribuciones del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, es también cuestionable que a este organismo se le otorguen -al menos- 19 atribuciones, con la facultad para sancionar, calificar contenidos, definir audiencias, clasificar programas y suspenderlos; además, podrá autorizar y disponer la reversión de frecuencias, administrar las acciones de los medios incautados que no pueden venderse y elaborar todo tipo de reglamentos.

DÉCIMA RAZÓN

 Las disposiciones en materia de asignación, distribución y administración de frecuencias radioeléctricas consagradas en el Proyecto -si bien garantizan el acceso igualitario a medios comunitarios y públicos, así como establecen lineamientos para prevenir la formación de monopolios u oligopolios- ponen un techo inadecuado, ineficiente y arbitrario a los porcentajes de distribución.

Esto pudiese dar cabida a nuevas fuentes de corrupción y convertir al espectro radioeléctrico en nueva moneda de cambio para apaciguar cualquier posición crítica frente a las políticas del Gobierno de turno. Al respecto, es necesario que la normativa permita cierta flexibilidad en cuanto al porcentaje y cantidad de medios de determinados tipos, para que puedan adecuarse a la distribución, sobre la base de criterios de transparencia, necesidad, democracia y representatividad.

ASPECTOS POSITIVOS

Es positivo el reconocimiento del deber estatal de regir su política comunicacional con base en los estándares internacionales de igualdad, inclusión, democratización y no discriminación, favoreciendo a grupos de atención prioritaria en el acceso a frecuencias radioeléctricas, así como la obligación, por ley, de garantizar el acceso de manera igualitaria, no solo con respeto al espectro radioeléctrico o medios de comunicación, sino también a nuevas tecnologías. Ello es importante desde la perspectiva de la dimensión social del derecho a la libre expresión, pues impone al Estado el deber de asegurarse que todos los ciudadanos cuenten con los medios adecuados para buscar y recibir la información y opiniones emitidas a través de los medios de comunicación.

Por último, rescatamos la disposición tendiente a proteger a los niños, niñas y adolescentes de información o publicidad que pueda atentar contra su adecuada formación, o que ponga en riesgo su integridad psíquica o física.

BALANCE FINAL

Con todas las razones expuestas, es claro que los aspectos negativos, que afectan severamente al derecho humano fundamental a la libre expresión del pensamiento, la sana crítica a los poderes públicos, el derecho a exponer la disidencia, la vigilancia que debe desempeñar el periodismo frente al periodismo son demasiado graves y deben motivar que todo asambleísta consciente y respetuoso de los derechos y libertades fundamentales dé su voto para el archivo de la actual ley y se inicie un nuevo proceso social, amplio y genuinamente democrático para cumplir con un mandato constitucional y popular que es el tener una Ley de Comunicación concebida como herramienta para el desarrollo de los derechos fundamentales y no como una estocada final contra la democracia.

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Este miércoles 16 de noviembre, diversas organizaciones sociales fueron recibidas en comisión general por la Asamblea Nacional para exponer sus observaciones al Proyecto de Ley de Comunicación que se tramita en el seno legislativo.

Por ejemplo Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas  (UNP), dijo que el mandato popular exige la aprobación de una Ley de Comunicación pero con respeto a  los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Exigió que no priven a los periodistas de la libertad de informar y no los sometan al control del Gobierno de turno.

De su parte Álvaro Rosero, directivo de radio Exa, hizo observaciones en cuanto al artículo 81 del proyecto, que establece que el 50% de la programación deberá ser música nacional. “Esto está fuera de lugar y contexto”, dijo y añadió que los medios de comunicación se disputan las audiencias en base a lo que ellas demandan escuchar.

Según Rosero, el sector privado está abierto a cumplir con los derechos de la gente como el de la réplica, por lo que pidió a los legisladores construir una ley que garantice las libertades.

Luego de aclarar que quienes acudieron como peticionarios a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sufrido por parte del Estado una feroz campaña de descrédito hasta convertirlos en objetivos políticos, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios,  preguntó  ¿Qué tiene que ver esto con lo que ustedes discuten aquí el día de hoy?

Según el directivo, tiene mucho que ver, pues en el actual proyecto de Ley de Comunicación se imponen una serie de controles sobre los medios privados, pero casi nada se regula sobre los medios públicos y el sistema de propaganda estatal que incluye cadenas nacionales y publicidad estatal, que deben tener sistemas de control mucho más estrictos porque usan dineros y recursos públicos.

“En el actual proyecto de Ley se incluyen mecanismos nulos o muy débiles para el control del aparato estatal de propaganda, que incluye la publicidad oficial y las llamadas cadenas nacionales. Nosotros somos víctimas de esta ausencia de controles”, señaló.

Paúl Mena Erazo, representante del Foro de Periodistas de Ecuador, expuso doce temas preocupantes de la Ley de Comunicación, como es de las garantías al trabajo periodístico, la responsabilidad ulterior, la regulación para redes sociales en internet, las cadenas y la publicidad oficial, entre otros. “Como periodistas, nos preocupa que se cree un Consejo de Regulación que termine siendo dirigido por los gobiernos de turno”, señaló.

Como periodista del periódico alternativo Opción, intervino Franklin Falconí, quien consideró que el texto profundiza las diferencias que hay entre los medios de comunicación del país. Subrayó que este proyecto no concibe a la comunicación como un derecho de las personas y que, aunque el oficialismo diga lo contrario, sí pretende limitarla.
Advirtió que el derecho a la opinión está en riesgo, pues el proyecto de ley garantiza el derecho a la información, pero no a la libre opinión.

A quien también le preocupa cómo está concebida la ley es a Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quien solicitó se  garantice la libertad de expresión y el acceso de las comunidades indígenas a la creación de nuevos medios.

Otra postura
Otros expositores como Orlando Pérez, subdirector de diario estatal El Telégrafo, defendieron el proyecto de Ley de Comunicación. Dijo que hay la necesidad de una ley que otorgue igualdad de condiciones en el acceso a las frecuencias para los medios públicos, privados y comunitarios y que garantice el acceso pleno a la información pública.
Para el directivo los medios públicos, con independencia editorial y económica, crean condiciones para que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión sea de todos y con solo un slogan: “Estos deberán ser financiados y controlados por la sociedad”, expresó Pérez, quien apoya la regulación, sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior.

Quien también defendió el proyecto fue Enrique Arosemena, director de Ecuador TV, al explicar  que los medios públicos eficientes deben constituirse en un espacio plural para la ciudadanía, que promueva el régimen del buen vivir y que garantice sus derechos.
Precisó que la política editorial tiene que ser independiente de cualquier tendencia partidista. Para eso cree indispensable su fortalecimiento en el aspecto económico. Por ello propuso la inclusión de disposiciones que permitan a estos medios recibir publicidad comercial y con eso lograr autonomía económica.

En cambio Pilar Núñez, presidenta del Consejo Consultivo de Ecuador TV,  afirmó que el proyecto recoge los mandatos constitucionales por lo que debería ser inmediato y rechazó que el proyecto no coincida con las observaciones de Catalina Botero, relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otro de los que defendió el Proyecto de Ley fue Juan Camilo Zapata, estudiante de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central de Quito, quien promovió el tema de la profesionalización e insistió en que a través de la ley se establezca que el periodismo sea dirigido por comunicadores y periodistas formados en la academia. A su juicio, esta ley sí garantiza los derechos de los comunicadores y el de la ciudadanía a estar informada.
Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, suspendió el debate del Proyecto de Ley de Comunicación para los próximos días.

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La propuesta de incluir en la Ley de Comunicación la figura de la mediación, es decir sentar en una mesa a periodistas y los involucrados en los artículos periodísticos que se sientan afectados, con el fin de prevenir un conflicto legal, fue uno de los puntos polémicos analizados ayer en el panel “Consejo de Regulación: Estructura y Atribuciones”, organizado por el Foro de Periodistas de Ecuador (FOPE).

Éste y otros temas relacionados con el Consejo de Regulación y el proyecto de Ley de Comunicación fueron analizados por Rolando Panchana, asambleísta de Alianza País; Jimmy Pinoargote, asambleísta del Movimiento Municipalista; Juan Carlos Solines, jurista; Carlos Rojas, editor político de diario El Comercio; y Juan Carlos Calderón, editor general de la revista Vanguardia. El evento se desarrolló en la Unión Nacional de Periodistas (UNP).

Sobre la figura de la mediación, el asambleísta Panchana sostuvo que la intención es “prevenir el conflicto”, es decir que no se llegue a la instancia penal o civil. Juan Carlos Calderón replicó que hacer comparecer a periodistas frente a abogados de personas mencionadas en los artículos periodísticos, es un hecho que puede ir en algunos casos contra la dignidad y el trabajo de los periodistas.

¿Cómo desarrollar un Consejo de Regulación que garantice el trabajo de los periodistas? El asambleísta Pinoargote dijo que es necesario tener un consejo autónomo e independiente que garantice los derechos y no sea represivo.

De su parte, Rolando Panchana defendió y comparó la propuesta de Consejo de Regulación con otros órganos similares de Francia, Chile y Argentina. Defendió su conformación al decir que éste tendrá mayoría ciudadana.

En su intervención el jurista Juan Carlos Solines analizó el tema del Consejo de Regulación bajo tres consideraciones básicas a tenerse en cuenta.

Una es la jerarquía, por la cual, según Solines, si no se respeta el concepto jerárquico se puede incumplir tratados internacionales con los que Ecuador se ha comprometido. Otro elemento a tomar en cuenta es el de la discrecionalidad de un órgano que puede ser arbitrario, promover la censura o coartar o no la libertad de expresión.

Finalmente sostuvo que el diseño institucional del país debe tener relación con el Consejo. “Si la estructura del Estado no funciona, el Consejo no funcionará. Por ejemplo el Quinto Poder está casi muerto por la injerencia política”, dijo.

Para el periodista Carlos Rojas el problema de fondo es que hay una desconfianza en las instituciones del país. “Necesitamos instituciones fuertes”, dijo Rojas, quien duda de que el Consejo de Regulación funcione debido a cómo está prevista su conformación, que sería con mayoría relacionada al gobierno.

A criterio de Juan Carlos Calderón, el Consejo de Regulación corre el riesgo de convertirse en un tribunal de inquisición. También es evidente un acto discriminatorio contra el ejercicio periodístico no oficial. “Coinciden los gobiernos autoritarios con el crimen organizado en acabar con los periodistas”, dijo.

Un video mostró a los asistentes hechos noticiosos como los casos Peñaranda, el atraco bancario, los contratos de empresas relacionadas con Fabricio Correa con el Estado, entre otros, que nunca se hubieran conocido si no fuera por el trabajo de la prensa.

Apoyado por la Fundación Andina para la Observación y el Monitoreo de Medios (FUNDAMEDIOS), el FOPE realizará el próximo 20 de julio el panel “Publicidad Oficial y las Cadenas del Gobierno”.

El FOPE es un espacio abierto de diálogo y debate en torno al ejercicio del periodismo en el país, conformado por periodistas en ejercicio, que no responden a interés partidista alguno.

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Con el objetivo de aportar mayores insumos al Proyecto de Ley de Comunicación, que se tramita en la Asamblea Nacional, el Foro de Periodistas de Ecuador (FOPE), realizó este miércoles 22 de junio el conversatorio “El Periodista frente a la Ley de Comunicación: Qué es ser Periodista”.

Alrededor de 70 personas, entre periodistas, representantes de gremios de periodismo, de organizaciones de la sociedad civil, docentes, etc., acudieron a este evento desarrollado en la Unión Nacional de Periodistas (UNP).

Los asambleístas Mauro Andino (Alianza País) y  César Montúfar, (Concertación Nacional Democrática); los periodistas Miguel

Rivadeneira, director de Radio Quito, Saudia Levoyer, editora de Investigación de diario Hoy y Christian Zurita, periodista coautor del libro “El Gran Hermano”, expusieron sus comentarios acerca del mencionado proyecto.

Ante la pregunta de qué es ser periodista en Ecuador?, Mauro Andino ubicó su respuesta en relación a los deberes y los riesgos de los periodistas.  Comentó que  el periodista tiene el deber de proporcionar información relevante y de calidad a la ciudadanía; además de contribuir con su trabajo al Estado de Derecho y a la Democracia. Criticó a los dueños de los medios de comunicación, quienes evaden sus responsabilidades laborales. También, quienes hacen periodismo, dijo, están sujetos a presiones internas y externas.

De su parte el legislador César Montúfar cuestionó el espíritu sancionador de la ley, mediante la cual, el Estado está llevando a criminalizar a los periodistas. “El Gobierno quiere adecuar la información que fluye en la sociedad”.

Saudia Levoyer expresó su preocupación por el tema de la responsabilidad ulterior. Dijo que los periodistas siempre han sido responsables de lo que escriben por eso buscan datos, confrontan fuentes, sustentan su información en documentos. Además, le preocupa el hecho de que cada día más los periodistas no tienen acceso a las fuentes informativas.

Durante su intervención Miguel Rivadeneira explicó que se han logrado trabajos de gran aporte en base al ejercicio periodístico que se centra en investigar e informar. Dijo que en más de 30 años de labor periodística nunca se le ha dicho qué y cómo debe informar por parte de los dueños de los medios de comunicación. Según Rivadeneira,  el ejercicio periodístico, siempre va a incomodar al poder pero hay que seguir informando e investigando.

Asimismo, Christian Zurita expresó  que la Ley de Comunicación  no puede irse en contra de los convenios internacionales firmados por el Ecuador. “Yo no soy optimista, al final el Presidente tendrá el sartén por el mango y mientras no conozcamos el veto no sabemos cómo va a salir esto” finalizó.

De esta manera el FOPE arrancó las Jornadas de Diálogo “Periodismo, Ley de Comunicación y Libertad de Expresión en Ecuador”. Entre julio y agosto se abordará temas como:  “Consejo de Regulación: Estructura y Atribuciones”; “Publicidad Oficial y las Cadenas del Gobierno”; “Medios Públicos, Privados y Comunitarios: Administración y Financiamiento”; “El Futuro del Periodismo con la Ley de Comunicación”. Finalmente, en Guayaquil se realizará el conversatorio El estado de la Libertad de Expresión en Ecuador.

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El Foro de Periodistas de Ecuador (FOPE) realizará este miércoles 22 de junio el conversatorio “El Periodista frente a la Ley de Comunicación: ¿Qué es Ser Periodista en Ecuador?”. Este evento, que se desarrollará entre las 11:00 y 13:00, en la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Iñaquito E2-32 y UNP, Quito, primer piso, tiene como fin analizar, en un debate abierto y pluralista, las implicaciones que tendrá para los periodistas la Ley de Comunicación que se tramita en la Asamblea Nacional, y reflexionar en torno a cómo se efectúa el ejercicio periodístico en el país.

Mauro Andino, asambleísta de Alianza País; César Montufar, asambleísta de Concertación Nacional Democrática; Miguel Rivadeneira, director de Radio Quito; Saudia Levoyer, editora de Investigación de diario Hoy, y Christian Zurita, periodista coautor del libro “El Gran Hermano”, serán los panelistas en este conversatorio, en el que además se expondrá un video que muestra cómo periodistas efectúan su labor noticiosa en el país.

Este conversatorio marca el inicio de las Jornadas de Diálogo “Periodismo, Ley de Comunicación y Libertad de Expresión en Ecuador”, una serie de encuentros que el FOPE organizará entre junio y agosto con el apoyo de organizaciones como Fundamedios y la UNP.

En el marco de estas Jornadas, entre julio y agosto se abordará temas como: “Consejo de Regulación: Estructura y Atribuciones”; “Publicidad Oficial y las Cadenas del Gobierno”; “Medios Públicos, Privados y Comunitarios: Administración y Financiamiento”; “El Futuro del Periodismo con la Ley de Comunicación”. Finalmente, en Guayaquil se realizará el conversatorio El estado de la Libertad de Expresión en Ecuador.

El Foro de Periodistas de Ecuador, que hizo su presentación oficial el pasado 27 de abril, es un espacio abierto de diálogo y debate en torno al ejercicio del periodismo en el país, está conformado por periodistas en ejercicio, que no responden a interés partidista alguno.

Las actividades del Foro son independientes de los medios de comunicación en los que trabajan sus participantes, y tienen entre sus bases la promoción de un periodismo de calidad en Ecuador y el reconocimiento del rol del periodista en la construcción de una sociedad democrática.