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Ley Orgánica de Comunicación

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Luego de analizar el proyecto de reforma a la Ley de Orgánica de Comunicación, que el pasado 5 de septiembre fue aprobado por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para ser debatido en el Pleno, se detectaron nueve aspectos que deben considerarse para que el próximo cuerpo legal cumpla con lo que determinan los estándares internacionales. Este 12 de septiembre, FUNDAMEDIOS convocó a una reunión, donde se analizaron dichas observaciones.

La mañana de este jueves, Indira Salazar, oficial nacional de Comunicación e Información de Unesco; Henry Cucalón y Paola Vintimilla, asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC); Ximena Peña, de Alianza PAIS; Jeannine Cruz, de CREO; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, participaron de un encuentro en donde Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), expuso los puntos de un documento  elaborado por las dos organizaciones como un insumo técnico a tomar en cuenta en la discusión de las reformas.

El objeto y ámbito de la LOC es el primer factor que debe analizarse. Con base en lo que recomienda la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debe modificarse el artículo 1 de la norma, incorporando que su objeto sea la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación.

En lo que se refiere a códigos deontológicos, se propone mantener los artículos 9 y 16 que obligan a los medios a elaborar y publicar sus principios. De esa manera, debería eliminarse el artículo 10 que establece el contenidos de los mismos.

Los participantes coincidieron en la necesidad de eliminar del artículo 18 la prohibición de censura previa para los accionistas y socios de los medios; y establecer en el 19 responsabilidad ulterior en los casos en que se vulneren la reputación de las personas, la seguridad nacional o el orden, moral y salud públicas.

Otro aspecto que se discutió fue la modificación del artículo 36 de la LOC, para que la obligación de difundir contenidos interculturales y plurinacionales recaiga únicamente en los medios públicos y sea opcional para los privados. Sin embargo, se recomienda mantener lo determinado en el artículo 37, sobre la inclusión de personas con discapacidad.

De cara a la difusión de asuntos judiciales e información reservada, se plantea mantener el artículo 27 que permite la divulgación de casos judiciales, cuando se garantice el derecho de ambas partes de manifestar sus argumentos en condiciones de igualdad. El 31, referente a la protección de niñas, niños y adolescentes, tampoco debería modificarse.

A los asambleístas y a la Oficial de la UNESCO se les expuso la importancia de eliminar el artículo 42, a través del cual se exige título profesional para el ejercicio de la comunicación. La CIDH reconoce el derecho de toda persona a comunicar sus opiniones por cualquier medio, por lo tanto lo contenido en la LOC se convierte en un limitante.

En el debate de la Ley de Comunicación es necesario considerar cambiar el artículo 48, para que la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) cumpla con el estándar internacional. El ente rector debe gozar e independencia, libre de cualquier injerencia económica y/o política.

Es importante que los legisladores tomen en cuenta reformar el artículo 74 con el objetivo de establecer que la obligación de transmitir las cadenas nacionales solo se aplique en caso de emergencia. Durante el régimen de Rafael Correa se registraron, al menos, 5584 cadenas a escala nacional…

Finalmente, los asistentes a la reunión reflexionaron sobre la modificación del artículo 108 para organizar concursos diferenciados en la asignación de frecuencias para medios privados y comunitarios. También se abordó la reforma del 106, con el objetivo de eliminar la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los públicos, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

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La tarde de este 8 de agosto se realizó en Asamblea Nacional el foro ‘Pluralidad de voces para la libertad de expresión: Aportes desde los medios comunitarios para la Ley de Comunicación’. En el encuentro participaron Jorge Guachamín, director de la  Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape); y Gissela Dávila, directora general de Ciespal. En ambas exposiciones se concluyó que “el 33% de las frecuencias del espectro para medios comunitarios es un derecho que no se puede perder, porque sería un retroceso”.

Para Guachamín, “estamos hablando de espacios, que los medios sean un puente con las autoridades para resolver problemas, contar con la información de primera mano, espacios de construcción ciudadana y democracia. Pero el Estado ha priorizado la asignación de frecuencias hacia el sector privado, los comunitarios no han sido tomados en cuenta y esto atenta contra la democratización de la información”.

A criterio de Guamachín, el sector privado “usufructúa el mismo espacio y no se han asignado frecuencias a quienes somos el Estado y que formamos parte de sectores organizados que están solicitando esas frecuencias”. El Director de Corape destacó que “falta mucho por hacer para lograr el 34% del espectro, pero es un derecho que no podemos dar marcha atrás. El principio de pluralidad debe garantizarse para que se democratice el espectro, cuando podamos encontrar varios contenidos y no unos solo, en ese momento podríamos hablar de una verdadera democratización de la comunicación”.

La representante de Ciespal afirmó que con la distribución que formula la LOC, darle el 34% a los medios comunitarios, uno por ciento por encima del 33% de medios públicos y el otro 33% de medios privados, “el Estado estaría pagando una deuda por haber desatendido a este sector durante años. Por ello hoy el 95% de las frecuencias está en manos privadas”.

Dávila insistió en que la “democratización del espectro no tiene nada que ver con factores tecnológicos o técnicos. Durante 50 años nos dijeron que el espectro estaba saturado y era imposible redistribuirlo, luego se demostró que con disposición y la voluntad política se puede redistribuir y por ello no se garantiza el derecho de tener más información, más voces”.

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El recientemente nombrado Superintendente de Comunicación, Édison Toro participó este lunes 6 de agosto en la sesión número 180 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, donde se analizan reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Allí expuso que es necesario definir cómo se manejarán los procesos administrativos adelantados en contra de medios de comunicación.

Toro informó que se levantó un registro, desde hace una semana que asumió el cargo, donde «existen 706 sanciones administrativas de la Supercom, de las cuales 154 no podrían ser revisadas porque están ya en la vía judicial». Además confirmó que «se tienen indicios de que varias resoluciones sancionatorias sí violentaron, no solamente el debido proceso, sino también normas materiales en su aplicación”.

Según el Superintendente, «es parte del plan de trabajo trazado, en los días siguientes serán convocados para plantear el plan de acción frente al debate de la ley que se hará una revisión de los actos administrativos bajo el Código Orgánico Administrativo (COA)».

El funcionario dijo que estos cambios no implican «licencia abierta para los medios. Hay vías para que se hagan cargo de su responsabilidad, si vulneran derechos. Será el juez el más encargado y el mejor capacitado para ponderar eso”. Toro también comentó que la figura de linchamiento mediático está entre los puntos más discutidos del proyecto que, «luego de la fase de socialización, entra en una etapa de análisis previo a la votación del informe para primer debate que irá a discusión del Pleno».

En relación a la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), sostuvo que tal medida es «necesaria. No se amerita su existencia, porque no tiene sentido una institución administrativa que controla y sanciona la libertad de expresión».

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La mañana del pasado 1 de agosto, tres periodistas se incorporaron al debate sobre las reformas a la Ley de Comunicación (LOC): Tania Tinoco, Gustavo Cortez y María Josefa Coronel. Su intervención fue absolutamente oportuna, por una razón. Situar la discusión en el plano real: el de los atropellos a la prensa durante 10 años y la LOC como el dispositivo con el cual se completó la política de acoso y derribo al periodismo.

Los testimonios de Tania, Gustavo y María Josefa fueron claves para silenciar ese lado censurador y controlador que subsiste en buena parte de los actores, dentro y fuera de la Asamblea. El contar de primera mano cómo operó la censura disfrazada de Ley causó el efecto de sensibilización necesaria para avanzar en un debate complejo.

Tan complejo como el del diseño institucional que ya lo esbozó el relator Edison Lanza, durante su comparencia en el seno de la Comisión y donde dijo que no quería recomendar ningún modelo, porque de haberlos hay muchos y que más bien los ecuatorianos debíamos darnos el tiempo, para que incluso después de aprobadas las reformas y como parte del proceso de transición, discutamos cuál es el mejor diseño institucional que integre los mecanismos más adecuados de regulación, autorregulación y corregulación.

En este momento las reformas a la LOC plantean la desaparición de la SUPERCOM y todos lo aplaudimos, no solo por lo que significa, sino porque ningún estándar recomienda que un derecho humano fundamental sea cuestión de superintendentes impuestos por el poder Ejecutivo en países que deseen llamarse democráticos. Entonces, quedan el CORDICOM y los mecanismos de autorregulación. Aunque por fuera, además, existan el ARCOTEL y el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) que, como se ha demostrado, también tienen mucho que decir en temas tan sensibles como la repartición de las frecuencias de radio y TV.

En todo caso, lo que recomiendan los estándares es respetar unos principios: independencia del órgano regulador, alto nivel técnico, autonomía administrativa y financiera.

Así que la composición del CORDICOM es una cosa vital. La propuesta del Ejecutivo es insuficiente en esos términos. Si bien incorpora un delegado de las carreras de comunicación de las universidades, la independencia del organismo hacia quien ocupa el poder político todavía no es del todo clara.

Una vez más, todo es una cuestión de diseño. Institucional. Estructural. De país. De Estado. Imaginemos que montamos una fábrica de autos y decidimos que vamos a construir Ferraris, pero compramos los diseños de un Chevrolet. Así que tenemos un problema, una seria limitación para construir instituciones regulatorias independientes: la Constitución prohíbe que los regulados sean parte de órganos regulatorios. Tiene alguna lógica cuando hablamos de bancos. Pero con una Ley de Comunicación los regulados somos todos. O para ser más precisos, medios, periodistas, publicistas, comunicadores, productores, artistas, actores, todos caen en el mismo saco.

Al final, hay que hacer piruetas y una pirueta de esas se aprobó el miércoles para el CORDICOM: aparte de los delegados que proponía el Ejecutivo, se incorpó a tres representantes de los pueblos montubios, indígenas y afros. Y se le dio voz, pero no voto, a una parte de los regulados: medios, periodistas. Y a quienes estamos por fuera de todo el quilombo, sociedad civil relacionada al “derecho de la comunicación” que no es más que el eufemismo para hablar de libertad de expresión.

La fórmula es imperfecta. Muy imperfecta, pero un avance, por un detalle: los delegados ya no serán delegados sino miembros nominados por X y nombrados por el Consejo de Participación y por lo tanto con responsabilidad política.

En todo caso, es un tema que hay que seguir discutiendo. No todo está acabado. No todo está perdido, como decía Fito Páez. Como país debemos darnos la oportunidad de seguirlo debatiendo, como ya lo decía el Relator Lanza.

 

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Sobre la comparecencia del relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison lanza, en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional el pasado 25 de julio, se pueden sacar varios puntos claves sobre los cuales es necesario retomar o abrir discusiones más profundas.

Por ejemplo, me quedo con la invitación para que, aún con las reformas aprobadas, como país nos tomemos un tiempo adicional para repensar el diseño institucional que regirá la comunicación, los medios y el periodismo en el Ecuador.

Ahora, ese diseño institucional luce bajo el análisis de la Relatoría y la lupa del sentido común como la colcha de retazos que no deberíamos haber tejido: instituciones dispersas, sanciones o no sanciones ambiguas, autorregulación que se queda en el enunciado, correlación que se insinúa y no se concreta e instituciones por fuera de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero que juegan papeles claves como Arcotel o el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel).

El diseño institucional es un tema fundamental para que la Ley tenga alguna relevancia futura y por eso es necesario hablar de ello, más adelante, con más profundidad.

La verdad es que me quedaron resonando otros aspectos de la intervención de Edison Lanza que consta, además, en el documento entregado en la Asamblea bajo el subtítulo de “Creación de un entorno favorable”: “En sus Informes Anuales, la Relatoría Especial ha señalado la frecuencia con que se profería, en el pasado, por autoridades nacionales expresiones de descrédito, estigmatización, amenazas y hostigamientos contra instituciones, medios de comunicación, periodistas y personas críticas del gobierno… Asimismo, la Relatoría ha recomendado que los Estados deben adoptar un discurso que contribuya a prevenir la violencia contra los periodistas… En ese sentido, esta reforma debería incluir disposiciones para garantizar que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aún cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

He eliminado las citas a los informes y declaraciones conjuntas, pero el mensaje en este párrafo es claro: las reformas a la LOC deberían partir del reconocimiento explícito del valor que tiene el periodismo en una sociedad democrática y el deber que tiene el Estado en la creación de un entorno favorable para su protección.

¿Sucede eso? ¿Bajo ese espíritu se están discutiendo las reformas? Lamentablemente, creo que no. Vale una anécdota para ilustrarlo: en esos mismos días vi el tuit de un periodista que trabajó para el pasado gobierno dónde básicamente se decía que siempre los periodistas han cometido linchamiento mediático, ayer hoy y mañana, con LOC o sin LOC.

No voy a dar nombres, porque no me interesa entrar en polémicas estériles. Solo lo cito porque es el mismo tipo de razonamiento que subyace en muchas de las intervenciones  en la Comisión de Derechos Colectivos que intentan contribuir al debate para las reformas: los medios y periodistas como enemigos públicos, cuasi criminales a los que es necesario someter a una ley dura porque, de lo contrario, son un peligro para los ciudadanos y la sociedad.

Muchos pensarán: “bien ganado se lo tienen, prensa mediocre y corrupta”. Y entonces entra el siguiente punto clave de la intervención de Lanza sobre las “Reparaciones”: “Si el Gobierno, esta Asamblea reconocen que hubo violaciones a la libertad de expresión bajo la anterior normativa, habría que generar un mecanismo ad hoc para revisar las sanciones impuestas bajo una Ley que violaba la Libertad de Expresion y no dejarlos pasar así como ‘ya se verá qué podemos hacer’. Como una manera de reparación y no repetición, sugerimos que se constituya una comisión ad hoc con expertos nacionales e internacionales que puedan aplicar los principios de reparación y no repetición”.

En el documento que acompaña la intervención del Relator, este tema queda aún mejor definido:

“La Relatoría Especial considera que la Asamblea Nacional debería habilitar un proceso para revisar la aplicación de sanciones en consideración que esas sanciones fueron el resultado de la aplicación de una ley que irrespetaba principios básicos del derecho a la libertad de expresión, por un organismo que actuó sin independencia del gobierno de entonces, y violentando normas del debido proceso. En ese sentido, la Relatoría recomienda la creación de un mecanismo ad hoc, integrado por expertos nacionales e internacionales, para la completa revisión de los centenares de casos en los que se han aplicado sanciones graves (pecuniarias, imposición de información, interrupción de emisiones y otras por el estilo). De este modo, se aplicaría un sistema de reparaciones que podría revertir el efecto inhibitorio y de afectaciones en general infringido al periodismo ecuatoriano”.

Clarísimo: las violaciones a la libertad de expresión son graves violaciones a los Derechos Humanos. Si se violó masivamente la libertad de expresión con la aplicación de una ley viciada y transgresora de derechos, no basta mirar para otro lado o decir “¡Uy, qué pena!”. No, las instituciones del Estado, Asamblea, Ejecutivo, Comisión de Participación Ciudadana, Sistema de Justicia, Defensoría del Pueblo deberían crear los mecanismos para que se reconozcan esas violaciones de derechos y se proceda con acciones de reparación y no repetición.

Si no partimos de estos principios tan claros, estamos condenados a que hoy mismo sigan apareciendo los que, a pretexto de la prensa “corrupta” y “linchadora”, violen de forma masiva derechos fundamentales creyendo firmemente en su propia impunidad.

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Entre 2009 y 2013 se realizó un intenso debate en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el cual participaron absolutamente todos los sectores. Al final, la Ley fue aprobada en junio de 2013 en los términos que le dio la gana a la aplanadora de Alianza PAIS que había arrasado en las elecciones presidenciales y legislativas de ese año: más de 60 artículos que nunca se debatieron, entre ellos la creación de la Supercom y el régimen de sanciones se lo introdujo entre gallos y medianoche. El héroe de la jornada fue el inefable ‘Chato’ Castillo, dispuesto a hacer el trabajo sucio a cambio de que le aguantaran todos sus excesos autoritarios.

La LOC, en esos términos, no fue más que una colcha de retazos, una mezcla de agendas particulares cercanas a lo delirante y disfrazadas de promoción de derechos o de actividades artísticas, pero que en realidad tenía un solo esqueleto que le daba algo de coherencia: el régimen represivo de sanciones.

Si uno le quita eso, la LOC es una masa gelatinosa, sin ninguna forma.

Y ahora que se reabre el debate y participan los más diversos sectores, nuevamente, la discusión se convierte en un diálogo de sordos, donde cada sector y cada actor van a tratar de colocar sus agendas y visiones particulares. Pocos aportes se tienen desde la generosidad, el desinterés genuino y lo que debería ser la columna vertebral de la nueva Ley de Comunicación: el cumplimiento de los estándares internacionales. Allí el papel de actores como Unesco y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) han sido voces que claman en el desierto. Será determinante la presencia del relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza.

En la sesión de este lunes 16 de julio, lo vimos en toda la dimensión. Se alternaron expertos, dirigentes empresariales, gremiales (también de algún gremio desconocido), académicos. Lamentablemente, nadie de los periodistas.

No hay espacio para unos mínimos con los cuales buscar consensos. Un directivo de ALER sostiene que no deberían existir empresas privadas de comunicación. Secundado el grito de los malditos intereses corporativos de académicos y alucinados. Van empresarios y dirigentes gremiales y hablan de que los medios pequeños no pueden pagar los salarios sectoriales mínimos a los periodistas y arde Troya, aunque este punto no esté ni lejanamente considerada en las reformas (ya hablaré de esto en otra columna). Pero no importa, el conflicto, la confrontación están instalados a flor de piel.

El lunes 16, hay quienes sostienen -y puede haber razones técnicas- que la repartición del espectro radioeléctrico es un disparate. En respuesta a la posición del otro sector que en cambio, a toda costa quiere una división del espectro en tercios rígidos, pese a todas las evidencias de que lo necesario es una reserva para medios comunitarios y de ninguna forma un 33% para medios en manos de los gobiernos nacionales, regionales o locales, que han convertido esta disposición legal en el marco legal de pequeños imperios mediáticos con los que los caudillos parroquiales intentan dominar sus territorios.

Podremos encontrar un lugar dónde encontrarnos. Valga el juego de palabras. A estas alturas, me parece que hay poco espacio para ello. Quienes fueron abusados durante 10 años no han tenido espacio para desfogar el vapor atrapado en la olla de presión. Los correístas desembozados, tapiñados o bloqueados, no han hecho ningún gesto para buscar la redención. Y así seguimos buscando una Ley justa, en medio de un clima hostil.

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La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional recibió el pasado 18 de junio al exvocal del Cordicom, Hernán Reyes, como parte del proceso de recepción de propuestas para las posibles reformas que se harán a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El exfuncionario indicó que dicho instrumento legal “fue debatido cuatro años en esta Asamblea y recibió insumos de todos los sectores políticos. No estaría demás que el ámbito legislativo revise los argumentos que se utilizaron para calificar a la comunicación como un servicio público».

A criterio de Reyes “se ha pretendido deslegitimar la Ley de Comunicación”. Señaló que “quieren calificarla como una ley de medios, lo cual no es cierto, y se la ha calificado como una ley mordaza, pero esta ley busca que se respeten los derechos de la audiencia”.

Daniela Salazar, abogada, experta en Derechos Humanos y docente, también intervino en la Comisión. Ella expuso que “es necesaria una Ley de Comunicación para hacer efectivos los derechos que determina nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, regular la opinión es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos”.

La Vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) señaló la “complejidad de regular el contenido transmitido vía internet, la diversidad del debate público, las formas de veeduría ciudadana, las cadenas nacionales, el derecho a recibir información de calidad”.